BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Antecedentes

1. La Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en el artículo 6, establece las competencias que tiene atribuidas el consejero o consejera competente en materia de función pública.

2. Además, el punto 4 del artículo 6 de la Ley 3/2007 dispone que también corresponden al consejero o consejera competente en materia de función pública las competencias que, en materia de personal, le atribuye la normativa vigente y, en general, las que no estén atribuidas expresamente a otros órganos. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta el resto de normas vigentes para saber a quién corresponden ciertas competencias no mencionadas en los puntos 2 y 3 de este artículo.

3. Así mismo, el artículo 7.2 de la Ley 3/2007 dispone que el consejero o consejera competente en materia de función pública, en los términos que establece la normativa vigente, puede delegar las competencias que le atribuye esta Ley en los consejeros y en los presidentes de las entidades autónomas dependientes de la Administración autonómica. Este apartado igualmente permite que los órganos que ejerzan estas competencias por delegación puedan, por otro lado, delegarlas en órganos dependientes jerárquicamente y en órganos de las entidades autónomas dependientes.

4. Además, el artículo 25.1 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, establece que, mediante acto motivado, los órganos administrativos podrán delegar el ejercicio de sus competencias, conservando la titularidad de las mismas, en otros órganos de la Administración autonómica del mismo rango o inferior, aunque no sean jerárquicamente dependientes.

5. A raíz de esta posibilidad de delegación, se dictó la Resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización de 15 de julio de 2019 por la que se delegan competencias en materia de gestión de personal docente (BOIB núm. 100, de 20 julio de 2019).

6. El artículo 11.d) de la Ley 3/2003 establece que corresponde a los consejeros, en el ámbito de las competencias materiales atribuidas a su consejería, dirigir sus recursos humanos, de acuerdo con la legislación específica. La legislación a la que se refiere es, principalmente, la Ley 3/2007 y la normativa de desarrollo.

7. El 14 de febrero de 2021 se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears el Decreto 8/2021, de 13 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, de modificación del Decreto 9/2019, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y el 15 de febrero de 2021 se publicó el Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

8. Esta nueva estructura orgánica de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears hace recomendable dictar una nueva resolución que deje sin efecto la anterior.

Fundamentos de derecho

1. El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en cuanto a las delegaciones de competencias.

2. Los artículos 25 y 42.c) de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en cuanto a la delegación interorgánica de la Administración autonómica, así como los artículos 11 y 14 de la misma Ley, en cuanto a las personas titulares de las consejerías y en cuanto a las personas titulares de las secretarías generales, respectivamente, con relación a la gestión de los recursos humanos de la consejería correspondiente.

3. Los artículos 6 y 7 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en cuanto a las competencias del consejero o consejera competente en materia de función pública y la alteración de las competencias.

4. El Decreto 8/2021, de 13 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, de modificación del Decreto 9/2019, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

5. El Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Por todo esto, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Delegar en el consejero competente en materia de función pública docente el ejercicio de las competencias administrativas, incluida la firma de las resoluciones derivadas de los expedientes administrativos en materia de gestión de personal que se enumeran a continuación:

1. Declarar las situaciones administrativas del personal funcionario docente.
2. Reconocer el tiempo de servicios previos del personal funcionario docente.
3. Reconocer los trienios y los sexenios del personal docente.
4. Tramitar y formalizar los contratos de trabajo del personal docente en los casos en que, según la disposición adicional tercera de la Ley 3/2007, no tiene atribuida esta competencia.
5. Resolver los procedimientos disciplinarios incoados a personal docente por faltas graves o muy graves, cuando no implican separación del servicio.
6. Tramitar y resolver las solicitudes de reconocimiento de compatibilidad del personal docente.
7. Proponer al Consejo de Gobierno la aprobación de la oferta pública de ocupación del personal docente.
8. Tramitar y declarar la jubilación forzosa, voluntaria y por incapacidad permanente del personal docente.
9. Instruir y resolver los procedimientos de cambio o adaptación del puesto de trabajo del personal docente por motivos de salud.

2. Disponer que la delegación de facultades a que se refiere esta Resolución no altera la competencia del órgano delegante y que se entiende sin perjuicio de las potestades de revocación y avocación de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, en cuanto al conocimiento o la resolución de los asuntos o procedimientos en que lo considere oportuno, siempre de acuerdo con lo que prevén los artículos 25 y 28 de la Ley 3/2003.

3. Disponer que la delegación implica la transmisión global del ejercicio de la competencia y, por lo tanto, incluye la resolución del recurso de reposición y cualquier otro trámite que se derive.

4. Disponer que el órgano en el cual se han delegado las competencias mencionadas puede, a su vez, delegarlas en órganos dependientes jerárquicamente y en órganos de los organismos autónomos dependientes, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 7.2 de la Ley 3/2007.

5. Disponer que las resoluciones adoptadas en virtud de cualquier de las delegaciones de competencias a las cuales se refiere esta Resolución deben indicar expresamente esta circunstancia, junto con la especificación del órgano delegante y de la publicación oficial de esta delegación.

6. Ordenar la aplicación de esta Resolución a todos los actos que se tengan que dictar a partir de su entrada en vigor, por lo cual también se incluyen los que resuelvan expedientes ya iniciados.

7. Dejar sin efecto la Resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización de 15 de julio de 2019 por la que se delegan competencias en materia de gestión de personal docente (BOIB núm. 100, de 20 julio de 2019).

8. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

9. Establecer que los efectos de esta Resolución se producirán a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 24 de febrero de 2021

La consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad Mercedes Garrido Rodríguez