Boletín Oficial de las Illes Balears

Antecedentes

La organización sindical Sindicato Médicos Unidos, con fecha 28 de octubre de 2026, acordó convocar huelga en el ámbito estatal y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares del personal médico que presta servicios en los centros e instituciones sanitarios públicos del Servicio de Salud de las Islas Baleares.

La organización sindical Sindicato Médicos Unidos presentó el preaviso a la autoridad laboral el día 5 de noviembre de 2026.

La huelga tiene carácter indefinido y comenzará a las 8 horas del lunes 16 de noviembre de 2026. Consistirá en el cese total de la actividad del personal convocado, salvo los servicios mínimos que se establezcan, y se desarrollará por fases. La primera fase se extenderá desde ese momento hasta las 8 horas del día 28 de noviembre de 2026. La fecha de inicio y la duración de cada fase posterior se comunicarán a la autoridad laboral y a los empleadores afectados con una antelación mínima de diez días naturales, conforme al artículo 4 del Real decreto ley 17/1977. La huelga se mantendrá convocada hasta que la junta directiva la desconvoque y se comunicará por el mismo medio.

La huelga afecta al personal médico, incluido el personal en formación por el sistema de residencia, que presta servicios en los centros e instituciones sanitarios públicos del Servicio de Salud de las Islas Baleares, cualquiera que sea su naturaleza estatutaria, funcionarial o laboral de su relación de servicio. Coincide en sus fechas con la huelga de ámbito estatal convocada por el sindicato, de la que es independiente y cuyos objetivos son distintos.

Fundamentos de derecho

1. El artículo 28.2 de la Constitución española de 1978 establece como derecho fundamental el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. No obstante, reserva que la ley que regule el ejercicio de este derecho debe establecer las garantías que sean necesarias para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

A tal efecto, cabe considerar que dicho artículo 28 reconoce el derecho a la huelga como derecho fundamental de los trabajadores para la defensa de sus intereses otorgando a la huelga la misma protección que la conferida a los derechos más relevantes que el texto constitucional relaciona y protege, como la vida, la integridad física y la salud, entre otros, todos los cuales — junto con el de derecho a la huelga— gozan de la máxima tutela constitucional.

No obstante, la jurisprudencia constitucional ha matizado y cohonestado el ejercicio del derecho a la huelga y la fijación de los servicios mínimos cuando este ejercicio afecta a los servicios esenciales para la comunidad, dado que el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto al derecho a la huelga (fundamento jurídico 18 de la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 11/1981). A tal efecto, se consideran servicios esenciales los destinados a garantizar el contenido esencial de los derechos constitucionales, es decir, el derecho a la vida, a la salud, a la libertad personal, a la libre circulación, a la comunicación, a la información, a la tutela judicial efectiva y a la educación.

Así pues, las previsiones del artículo 28.2 al hacer referencia a las garantías precisas para asegurar, en caso de huelga, que se mantengan los servicios esenciales para la comunidad tienen el significado de expresar que el derecho de los trabajadores a defender y promover sus intereses por medio de este instrumento de presión cede cuando con ello ocasiona o puede ocasionar un daño más grave que el que los huelguistas padecen.

En consecuencia, en la medida que la destinataria y acreedora de estos servicios esenciales es la comunidad entera y los servicios son al mismo tiempo esenciales para esta, la huelga no puede imponer el sacrificio de los intereses de sus destinatarios, y el derecho de la comunidad a estas prestaciones vitales es prioritario respecto al derecho a la huelga (STC 11/1981). De todo ello se deriva que la concreción de los servicios esenciales supone una limitación del ejercicio del derecho a la huelga, lo que hace imprescindible establecer una ponderación adecuada de los intereses en juego y de ello debe derivarse que el ejercicio del derecho a la huelga cede cuando la huelga pueda ocasionar un daño más grave a la comunidad o al destinatario o titular del derecho a la prestación del servicio esencial que la hipotética falta de éxito de sus reivindicaciones o pretensiones.

En este caso, la convocatoria de huelga afecta al personal médico, incluido el personal en formación por el sistema de residencia, que presta servicios en los centros e instituciones sanitarios públicos del Servicio de Salud de las Islas Baleares, cualquiera que sea su naturaleza estatutaria, funcionarial o laboral de su relación de servicio. Considerando que afecta a un servicio público esencial (el sanitario), es necesario garantizar tanto el derecho a la huelga como —dado que se trata de un servicio vital— el funcionamiento de este servicio sanitario para la población, al menos en la atención urgente y en la que no se pueda demorar, y también en la programación de los actos médicos y sanitarios en que la demora en la intervención ponga en riesgo la vida o la integridad física del paciente. Por tanto, se trata de ponderar los intereses en conflicto, que son el ejercicio del derecho a la huelga con el derecho de los ciudadanos a la salud y a la atención sanitaria, de modo que este no puede impedir el ejercicio de aquel, pero tampoco aquel puede ser tan exorbitante que ponga en riesgo la salud y la atención sanitaria de la población.

2. El Servicio de Salud presta un conjunto de servicios que hay que considerar esenciales para la comunidad porque se trata de intereses protegidos constitucionalmente, cuyo funcionamiento no puede quedar paralizado por el ejercicio del derecho a la huelga. Por ello, es obligatorio armonizar el interés general y el derecho a la huelga adoptando las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de estos servicios, que —limitando el contenido de este derecho en el grado más bajo posible— deben ser a la vez suficientes para garantizar las actividades de carácter esencial que se presten en el Servicio de Salud y deben permitir que los ciudadanos ejerzan los derechos que les amparan.

3. Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 10 del Real decreto ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, dispone lo siguiente:

Cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad gubernativa podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. El Gobierno, asimismo, podrá adoptar a tales fines las medidas de intervención adecuadas.

4. Por todo ello, si una huelga se declara en empresas encargadas de la prestación de servicios públicos de cualquier naturaleza o de necesidad reconocida e inaplazable y se presentan circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa puede acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. A tal efecto, es indiferente que el servicio se preste por medio de una relación funcionarial o simplemente mediante empleados vinculados por una relación laboral, dado que lo que resulta determinante es el carácter y la finalidad de las funciones desempeñadas.

5. El ejercicio del derecho a la huelga debe ser compatible con el mantenimiento de estos servicios esenciales, aspecto que no se ha cuestionado en este documento.

6. De acuerdo con la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 33/1981, la alusión a la autoridad gubernativa que contiene el citado artículo del Real decreto ley 17/1977 hace referencia, respectivamente, al Estado o a la comunidad autónoma con competencias en los servicios afectados.

Así pues, esta Sentencia reconoce a las comunidades autónomas competencias dentro de su ámbito para establecer las medidas de garantía de los servicios esenciales. El Tribunal Constitucional reconoce lo siguiente:

Cuando se trata de servicios que, considerados conjuntamente, están comprendidos en el área de las competencias autonómicas [...], velar por su funcionamiento regular corresponde a la titularidad y a la responsabilidad de las autoridades autonómicas.

7. El 12 de noviembre de 2026 se han negociado con el Sindicato Médicos Unidos los servicios mínimos que se detallan en el anexo.

8. De acuerdo con el citado artículo del Real decreto ley 19/1977, la competencia para aprobar las medidas que garanticen los servicios mínimos en el ámbito de los servicios públicos o esenciales corresponde a la autoridad gubernativa.

Por todo ello, dicto la siguiente

Resolución

1. Establecer los servicios mínimos que se indican en el anexo de esta resolución para la huelga que afecta al personal médico, incluido el personal en formación por el sistema de residencia, que presta servicios en los centros e instituciones sanitarios públicos del Servicio de Salud de las Islas Baleares, y convocada por la organización sindical Sindicato Médicos Unidos, entre los días 16 y 28 de noviembre de 2026.

2. Determinar que la vigilancia y la designación del personal que debe atender los servicios mínimos corresponden a la dirección de cada centro.

Los servicios mínimos deben cubrirse prioritariamente con personal que no haga huelga, pero si es insuficiente los puestos de trabajo esenciales deben cubrirse obligatoriamente.

3. Facultar a las gerencias para designar de manera expresa y nominal qué trabajadores deben integrar los servicios mínimos en el sector público establecidos en esta resolución.

4. Establecer que incumplir la obligación de atender los servicios mínimos implicará las responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico y, en su caso, las sanciones correspondientes según la normativa aplicable.

5. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Interposición de recursos

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse un recurso de reposición ante el órgano que la dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en relación con el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

También puede interponerse directamente un recurso contencioso administrativo ante cualquier juzgado de lo contencioso administrativo de Palma en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, de acuerdo con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se considere procedente interponer.

 

Palma, en la fecha de la firma electrónica (13 de noviembre de 2026)

La consejera de Salud Manuela García Romero

 

ANEXO Servicios mínimos para la huelga general convocada por el Sindicato Médicos Unidos del 16 de noviembre al 28 de noviembre de 2026

Durante la situación de huelga se adoptarán las medidas que se indican a continuación:

Se considera servicio mínimo asistencial el funcionamiento normal de los servicios de urgencias tanto con respecto a la atención de pacientes externos que lleguen como a los pacientes ingresados en las unidades de observación de urgencias que deben recibir asistencia plena según el criterio del médico que se encargue.

1) Atención hospitalaria

a) Con carácter general, los servicios mínimos deben ser los que están previstos para atender la asistencia sanitaria en días festivos, porque con estos se entiende que debería estar suficientemente cubierta la asistencia médica.

No obstante, en el caso del servicio de anestesia, es necesario aumentarlo, en turno de mañana, con dos especialistas respecto a los previstos para los días festivos.

b) En los servicios asistenciales que no hagan guardias en días festivos, se garantizará la presencia de un facultativo en turno de mañana.

c) En los servicios hospitalarios encuadrados dentro de lo que en la práctica hospitalaria se denomina actividad urgente o crítica, como es el caso de oncología médica y radioterápica, cirugía oncológica, diálisis, hospital de día, farmacia hospitalaria, ECMO y trasplantes, dado que son servicios que prestan una asistencia vital, es necesario el 100 % de la asistencia para garantizar la actividad programada y la continuidad de los tratamientos en curso.

d) Los servicios mínimos en el caso del servicio de urgencias y del servicio de UCI deben cubrirse con los facultativos que están previstos para atender la asistencia en día laborable.

e) Respecto a las unidades de reproducción asistida y fertilidad y de seguimiento gestacional, se debe garantizar la actividad programada y la urgente con el 100 % del personal que presta esta actividad normalmente.

f) En relación con el resto de los servicios, también hay que garantizar la actividad que asegure la debida rotación de pacientes hospitalizados.

g) Los servicios mínimos de guardia localizada deben ser el mismo número de efectivos que ordinariamente tienen asignada dicha actividad en los centros en que exista esta modalidad de prestación de servicios. Estos servicios mínimos servirán de salvaguarda para prestar la debida atención sanitaria en casos de extraordinaria urgencia sobrevenida que no pueda ser asumida por el personal disponible en ese momento.

h) Es necesario el 100 % de la asistencia para garantizar la actividad del cribado de cáncer.

2) Atención primaria

Deben estar abiertos los centros de salud, los cuales, a efectos de prestar la asistencia sanitaria adecuada, deben disponer de lo siguiente:

a) En el turno de mañana: una plantilla mínima de un médico y un pediatra, excepto en los centros con más de 20.500 tarjetas sanitarias, que será de dos médicos y un pediatra.

b) En el turno de tarde de 15.00 h a 20.00 h: un médico y un pediatra (en el caso de que lo hubiera).

c) En la atención continuada de las 15.00 h a las 24.00 h: todos los médicos y pediatras que prestan la atención continuada en los PAC.

3) Servicios de urgencia y emergencia (SUAP y 061)

Dada su naturaleza y la de los servicios que prestan, la cobertura debe ser del 100 % en todos los servicios sanitarios.

4) Personal MIR

No se establecen servicios mínimos para el personal MIR en atención a las características específicas de su relación laboral.