Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE SALUD
Núm. 840518
Resolución de la consejera de Salud por la que se modifica la Resolución de la consejera de Salud de 16 de julio de 2026 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar proyectos transformadores y de impacto de investigación e innovación en salud para el período 2026-2029 (PROSALUT2026), BOIB núm. 90, de 18 de julio de 2026, para ampliar el plazo máximo de justificación final de las ayudas y modificar la composición de la Comisión Evaluadora
Versión PDF
Hechos
1. Que mediante Resolución de la consejera de Salud de 16 de julio de 2026 se publicó la convocatoria de subvenciones para apoyar proyectos transformadores y de impacto de investigación e innovación en salud para el período 2026-2029 (PROSALUT2026), BOIB núm. 90, de 18 de julio de 2026, para ampliar el plazo máximo de justificación final de las ayudas. El apartado decimotercero de esta convocatoria establece que la Dirección General de Investigación en Salud, Formación y Acreditación es el órgano competente para instruir los procedimientos de concesión de las ayudas.
2. Que en fecha 6 de noviembre de 2026 la entidad evaluadora debe entregar a la Dirección General los informes de evaluación científico-técnica externa.
3. Que en fecha 13 de noviembre de 2026 debe reunirse la Comisión Evaluadora encargada de llevar a cabo la segunda fase del proceso de evaluación y selección de las propuestas presentadas a dicha convocatoria.
4. Que, en los días siguientes a la reunión de la Comisión Evaluadora, el órgano instructor debe formular las correspondientes propuestas de resolución, que deben comunicarse a las entidades interesadas. En caso de propuesta de concesión, debe otorgarse a la entidad un plazo de tres días desde su recepción para manifestar su aceptación o desistimiento.
5. Que las fechas de inicio y finalización de los proyectos, así como las fechas de justificación de cada período, deben establecerse en la resolución definitiva de concesión de la ayuda.
6. Que, si las entidades agotan el plazo para aceptar o desistir de las solicitudes, después de la aceptación todavía debe tramitarse la fiscalización correspondiente de los expedientes y formularse la resolución definitiva de concesión. Esta secuencia de trámites puede reducir el tiempo disponible para la ejecución de los proyectos y la preparación de la justificación final, dado que la convocatoria fija actualmente el 15 de noviembre de 2029 como fecha máxima de justificación.
7. Que, para evitar esta situación, el órgano instructor considera necesario modificar la convocatoria para ampliar hasta el 1 de diciembre de 2029 el plazo máximo de justificación final de las ayudas. La modificación pretende establecer un plazo coherente con el calendario de concesión y con las fechas que se asignen a los proyectos en las resoluciones de concesión.
8. Además, se modificará la composición de la Comisión Evaluadora, dado que desde la publicación de la convocatoria ha quedado vacante la plaza de jefe/a del Servicio de Investigación de la Consejería de Educación y Universidades.
9. A la vista de lo expuesto, se considera necesario modificar la convocatoria en lo que respecta a la fecha máxima de justificación final de las ayudas. Esta propuesta no modifica los importes concedidos ni las obligaciones materiales de justificación; se limita a modificar el plazo máximo de justificación.
Fundamentos de derecho
1. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
2. El texto refundido de la Ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.
3. La Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación biomédica.
4. La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, modificada por la Ley 17/2022, de 5 de septiembre.
5. La Ley 7/2022, de 5 de agosto, de la ciencia, la tecnología y la innovación de las Illes Balears.
6. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
7. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.
8. El Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados.
9. El Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión.
10. La Orden HFP/1414/2023, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027.
11. El Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, y se eximen determinadas categorías de ayudas a la inversión para las ayudas a proyectos de investigación y desarrollo (artículo 25).
12. La Comunicación de la Comisión sobre el Marco de ayudas estatales de investigación y desarrollo e innovación (2014/C 198/01), publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea C 198, de 27 de junio de 2014.
13. La Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
14. La Orden de la consejera de Salud y Consumo 36/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para conceder subvenciones en materia de investigación e innovación en salud (BOIB núm. 166, de 22 de diciembre de 2022).
15. Los principios fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial (en su revisión vigente), en el Convenio del Consejo de Europa relativo a los derechos humanos y la biomedicina, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre el genoma humano y los derechos humanos, así como los requisitos establecidos por la legislación española en el ámbito de la investigación biomédica, la protección de datos de carácter personal y la bioética.
16. El Decreto 10/2025, de 14 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que dispone que la Consejería de Salud, a través de la Dirección General de Investigación en Salud, Formación y Acreditación, tiene atribuidas las competencias relativas a la promoción de las políticas de investigación e innovación en el ámbito sanitario.
17. El Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para los ejercicios 2024-2026, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2024, y sus modificaciones correspondientes.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
Primero. Aprobar la modificación del apartado 3, 4 y 10 del punto vigésimo segundo, que quedarán redactados de la siguiente manera:
Vigésimo segundo Período de inversión, seguimiento y justificación de las ayudas
3. Las fechas finalmente asignadas como fecha de inicio y fecha de finalización deben ser las estipuladas en la resolución de concesión de la ayuda. Las fechas de justificación de cada período, la distribución presupuestaria anual y los importes mínimos que deben justificarse para cada período también deben comunicarse a las personas interesadas una vez concedido el proyecto. La fecha de justificación final de la ayuda no podrá ser, en ningún caso, posterior al 1 de diciembre de 2029.
4. La justificación del gasto debe efectuarse de acuerdo con la naturaleza de la entidad beneficiaria y el régimen de pagos establecido en esta convocatoria, en los términos siguientes:
a) En el caso de entidades públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro, la justificación que debe llevarse a cabo en las anualidades 2027 y 2028 tiene carácter de seguimiento. El importe mínimo que debe justificarse en cada período de justificación debe corresponder, como mínimo, al 15 % del importe concedido del proyecto para cada una de las anualidades, con la finalidad de permitir el seguimiento de la ejecución. Si no se justifica este porcentaje mínimo del 15 %, se entenderá que existe un incumplimiento de las condiciones mínimas de ejecución del proyecto subvencionado, lo que podrá dar lugar al inicio del procedimiento de reintegro, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de subvenciones.
La justificación final, que debe presentarse como máximo el 1 de diciembre de 2029, debe acreditar el 100 % del importe total del proyecto (que será igual a la ayuda concedida más la cantidad de fondos propios, si los hubiera).
En caso de que la justificación final no acredite la totalidad del gasto del proyecto, se procederá, si corresponde, a la regularización de las cantidades no justificadas mediante el inicio del correspondiente procedimiento de reintegro, de acuerdo con la normativa aplicable.
b) En el caso de las entidades privadas, debe justificarse el 100 % del presupuesto adjudicado a dicha entidad correspondiente a cada período de justificación como condición previa al pago.
A estos efectos, y de acuerdo con el régimen de pagos previsto en el apartado vigésimo primero:
La opción por el régimen de justificación y pago debe determinarse en el momento de aceptación de la ayuda y debe quedar recogida en la resolución de concesión. Cualquier modificación posterior de este régimen debe estar debidamente motivada, ser solicitada por la entidad beneficiaria y autorizada previamente por el órgano instructor.
En el caso de justificaciones anuales, debe acreditarse el 100 % del gasto adjudicado a la entidad privada y correspondiente al período de justificación. En el caso de justificaciones intermedias, debe acreditarse, como mínimo, el 50 % del importe adjudicado a la entidad privada y correspondiente a cada anualidad, de acuerdo con el ritmo de ejecución del proyecto.
En caso de que la justificación presentada no acredite la totalidad del gasto correspondiente al importe adjudicado a la entidad privada y al período justificado, el importe del pago debe minorarse proporcionalmente al gasto efectivamente justificado.
La justificación final, que debe presentarse como máximo el 1 de diciembre de 2029, debe acreditar el 100 % del importe total del proyecto, que será igual a la ayuda concedida más la cantidad de fondos propios. En caso de que la justificación final no acredite la totalidad del gasto del proyecto, se procederá, si corresponde, a regularizar las cantidades no justificadas mediante el inicio del procedimiento de reintegro correspondiente, de acuerdo con la normativa aplicable.
10. En la última justificación (que debe presentarse como máximo el 1 de diciembre de 2029) debe presentarse el informe final, que debe incluir la misma documentación detallada en el apartado anterior (con las particularidades de la memoria final), además de una cuenta justificativa (impreso 8) para cada proyecto o subproyecto, con los gastos realizados durante todo el período de ejecución y toda la documentación acreditativa prevista al respecto para las memorias económicas anuales.
Segundo. Aprobar la modificación del apartado 1 del punto decimoséptimo para adaptar la Comisión Evaluadora a la realidad de la CAIB y a los nuevos puestos de la RPT. El apartado correspondiente quedará redactado de la siguiente manera:
«Decimoséptimo
Composición de la Comisión Evaluadora
1. La Comisión Evaluadora es única y tiene la composición siguiente, de acuerdo con el artículo 11 de la Orden de subvenciones:
Tercero. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Interposición de recursos
Contra esta resolución —que agota la vía administrativa— puede interponerse un recurso potestativo de reposición ante la consejera de Salud, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su aprobación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
También puede interponerse directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Palma, (firmado electrónicamente: 5 de noviembre de 2026)
La consejera de Salud Manuela García Romero