Boletín Oficial de las Illes Balears

En fecha de la firma electrónica, la directora general de Bienestar Social ha formulado la propuesta de resolución siguiente:

Hechos

1. El Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, establece los criterios de distribución de la ayuda del bono social térmico entre los beneficiarios y el procedimiento para la determinación y pago de la ayuda.

2. Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 134/2020, de 23 de septiembre de 2020, las comunidades autónomas son las responsables de la gestión y pago de la ayuda, previa transferencia del crédito presupuestario por parte de la Administración General del Estado.

3. En fecha 20 de diciembre de 2021, se recibió la correspondiente transferencia de crédito por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, por lo que se tiene que iniciar la tramitación del pago de las ayudas por parte de las comunidades autónomas.

4. En la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la competencia para la gestión y pago de esta ayuda corresponde a la Dirección General de Bienestar Social de la Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

5. El Real decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, determina que se tiene que garantizar la posibilidad de renuncia a la ayuda por parte de los beneficiarios que así lo soliciten.

6. Las empresas Comercializadoras de Referencia remitieron a la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes el listado de personas beneficiarias del Bono Social Eléctrico 31 diciembre de 2020, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

7. La condición de beneficiario no requería por lo tanto de la presentación de ninguna solicitud pero, de acuerdo con lo que establece el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, el listado de beneficiarios se tenía que publicar y se tenía que dar al usuario la posibilidad de renunciar a la ayuda. En caso contrario, el usuario tenía que comunicar a la Dirección General de Bienestar Social una declaración de veracidad de datos bancarios para comprobar la autenticidad de la cuenta bancaria y que su titularidad corresponda al beneficiario.

8. En fecha 16 de junio de 2022, la consejera de Asuntos Sociales y Deportes dictó la resolución por la que se hace público el listado de los 14.525 potenciales beneficiarios de la ayuda consistente en el Bono Social Térmico 2020 y se concede un plazo para aportar la documentación correspondiente (BOIB n.º 81, de 23 de junio de 2022).

9. Dado que el listado de posibles beneficiarios se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears el 23 de junio de 2022 y, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el 23 de junio de 2026 prescribe el derecho al cobro de la ayuda consistente en el Bono Social Térmico 2020.

Fundamentos jurídicos

1. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene competencia exclusiva en materia de acción y bienestar social, protección social de la familia y protección de menores, de acuerdo con lo que establece el artículo 30 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears.

2. La Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears tiene por objeto regular y ordenar el sistema de servicios sociales de las Illes Balears con el fin de promover y garantizar su acceso universal, y contribuir al bienestar y a la cohesión social. Así mismo, pretende configurar un sistema de servicios sociales que dé respuestas a las necesidades de las personas, potenciando su autonomía y su calidad de vida. Su artículo 1 establece que este sistema tiene que dar respuesta a las necesidades de las personas, potenciando su autonomía y calidad de vida.

3. El artículo 3 de esta ley relaciona los principios que tienen que regir el sistema de servicios sociales y, entre otros, incluye el de prevenir y atender las situaciones de vulnerabilidad de las personas y de los grupos en situación de exclusión social y el de detectar y atender las situaciones de carencia de recursos básicos y las necesidades sociales tanto de las personas como de los grupos y la comunidad en general. Al respecto, el artículo 6 prevé como situación con necesidad de atención prioritaria la vulnerabilidad, la exclusión y el aislamiento sociales.

4. La Ley 4/2023, de 27 de febrero, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears, tiene por objeto regular las prestaciones sociales de carácter económico que se enmarcan en el ámbito de los servicios sociales de las Illes Balears.

5. El Decreto 8/2023, de 10 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, incluye, bajo la dirección del Gobierno, la Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, de la cual depende la Dirección General de Bienestar Social.

6. El Decreto 10/2025, de 14 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, atribuye a la Dirección General de Bienestar Social las competencias, entre otras, de gestión de programas de servicios sociales y de fomento de los programas de inclusión social.

7. El artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico determina cuáles son los beneficiarios del bono social eléctrico.

8. Los artículos 5 a 11, ambos incluidos, del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

9. La Sentencia del Tribunal Constitucional 134/2020, de 23 de septiembre de 2020, que resolvía sobre el recurso de inconstitucionalidad 4178-2019 interpuesto por el Gobierno Vasco contra los artículos 9, 10 y 11 y la disposición adicional novena, la disposición final tercera y el Anexo I del Real decreto ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores.

10. La resolución de la Secretaría de Estado de Energía, de 24 de noviembre de 2021, por la que se conceden subvenciones directas a 11 comunidades autónomas para colaborar en la financiación del Bono Social Térmico con cargo al presupuesto del año 2021.

11. El artículo 30 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears establece que, excepto lo establecido en las leyes reguladoras de las varias obligaciones, el derecho al reconocimiento de las obligaciones y el derecho al pago de las ya reconocidas prescribirán a los cuatro años a contar desde que nazcan las obligaciones o desde que se reconozcan, respectivamente.

Propuesta de resolución

Propongo a la consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia que dicte una resolución en los siguientes términos:

1. Declarar la prescripción del derecho al cobro de la ayuda consistente en el Bono Social Térmico 2020 de las personas relacionadas en el anexo, que en fecha 31 de diciembre de 2020 eran beneficiarias del bono social de electricidad ─de acuerdo con lo que prevé el artículo 45 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico─, y que no han presentado la documentación correspondiente.

2. Publicar esta propuesta de resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Por esto, dicto la siguiente:

Resolución

Manifestar la conformidad con la propuesta de resolución y dictar resolución en los mismos términos.

​​​​​​​Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante la consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Palma, en fecha de la firma electrónica (9 de noviembre de 2026)

La consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia Sandra Fernández Herranz

La directora general proponente Marina Fiscaletti Marqués