Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos
CONSEJO INSULAR DE EIVISSA
Núm. 836363
Modificación de las bases generales que tienen que regir los procesos de selección de personal laboral del Consell Insular d’Eivissa, derivados de las correspondientes ofertas de ocupación pública
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En sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo del Consell Insular d'Eivissa, de fecha 16 de octubre de 2026, se acordó la aprobación del texto refundido de las Bases generales que tienen que regir los procesos de selección de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa derivados de las correspondientes ofertas de ocupación pública, rectificado por acuerdo del Consejo Ejecutivo de fecha 6 de noviembre de 2026, que ha quedado del siguiente tenor literal:
Bases generales que tienen que regir los procesos de selección de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa, derivados de las correspondientes ofertas de ocupación pública
Primera. Objeto y régimen jurídico
1.1. El objeto de estas bases es regular el proceso selectivo para la provisión de plazas de personal laboral del Consell Insular d'Eivissa (en adelante CIE) que se encuentren incluidas en las correspondientes ofertas de ocupación pública.
1.2. El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso-oposición y constará de dos fases: fase de oposición y fase de concurso.
1.3. Las especificidades de cada proceso selectivo serán objeto de regulación en las bases específicas correspondientes.
1.4. Estas bases generales se ajustan a lo que establece el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (en lo sucesivo TREBEP); la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, que regula las Bases del Régimen Local; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el cual se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que tiene que ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado; la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (LFPCAIB); el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre; la Ley 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva de mujeres y hombres; el convenio colectivo del personal laboral (Boletín Oficial de las Islas Baleares –en lo sucesivo, BOIB- n.º 131, de 19 de septiembre de 2006, modificaciones en el BOIB n.º 160, de 30 de octubre de 2012, en el BOIB n.º 162, de 1de noviembre de 2012, en el BOIB n.º 170, de 17 de noviembre de 2012 y en el BOIB n.º 117, de 22 de septiembre de 2018) y los criterios generales de gestión y funcionamiento de las bolsas de trabajo del CIE, BOIB n.º 60, de 3 de mayo de 2014, modificaciones en el BOIB n.º 135, de 30 de octubre de 2018 y en el BOIB n.º 11 de 24 de enero de 2019).
1.5. De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), se fija como medio de comunicación la Sede Electrónica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) de las publicaciones que se deriven de los actos integrantes de estos procedimientos.
1.6. La participación de las personas interesadas en los procesos selectivos implica la autorización a tratar los datos de carácter personal recogidas en la solicitud y en la tramitación del proceso selectivo, así como a publicar en los boletines oficiales, tablones de anuncios, Sede Electrónica y, en general, en cualquier medio que se utilice para comunicar los resultados parciales o definitivos del proceso selectivo, conformemente con las previsiones establecidas en el artículo 8 y la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, dado que los procedimientos selectivos están regidos por el principio de publicidad.
1.7. Los procesos de reclasificación de plazas se regirán por las bases específicas que se aprueben para esta finalidad y, en lo que no esté regulado, por las presentes bases.
1.8. Al número total de plazas convocadas podrán adicionarse las vacantes que se produzcan después de incluirlas en la Oferta de ocupación pública correspondiente, siempre y cuando no se haya publicado la resolución provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas. En este caso se abrirá un nuevo plazo para la presentación de nuevas solicitudes.
Segunda. Requisitos de las personas aspirantes
2.1. Requisitos generales
2.1.1. Para ser admitidas en los procesos selectivos correspondientes, las persones aspirantes tienen que cumplir, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y durante el proceso selectivo, los requisitos siguientes:
a) Tener la nacionalidad española o la de un estado miembro de la Unión Europea o la de los estados a los cuales, en virtud de tratados internacionales subscritos por la Unión Europea y ratificados por España, sea aplicable la libre circulación de trabajadores, con excepción de las plazas que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por proyecto la salvaguardia de los intereses del Estado o las administraciones públicas.
También pueden ser admitidos el/la cónyuge, los descendentes y los descendentes del cónyuge, tanto de los ciudadanos españoles como de los nacionales de los estados miembros de la Unión Europea, sea cual sea su nacionalidad, siempre y que los cónyuges no estén separados de derecho y los descendentes sean menores de 21 años o mayores de esta edad pero que vivan a cargo de sus progenitores y al cónyuge siempre que no estén separados de derecho, de conformidad con el artículo 57 del TREBEP.
Para las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y de su origen no se desprende el conocimiento de la lengua castellana, tienen que acreditar el conocimiento mediante la aportación del diploma de español como lengua extranjera, regulado en el RD 1137/2002, de 31 de octubre, por el cual se regulan los diplomas de español como lengua extranjera (DELE), o del certificado de aptitud de español para extranjeros, expedidos por las escuelas oficiales de idiomas, o mediante la acreditación que están en posesión de una titulación académica española expedida por el órgano oficial competente en el territorio español.
En cualquier caso, las persones aspirantes que no tengan nacionalidad española tienen que acreditar documentalmente su nacionalidad.
b) Haber cumplido 16 años de edad en la fecha de acabamiento del plazo de presentación de solicitudes y no superar la edad establecida para la jubilación forzosa.
c) No haber sido separadas, mediante expediente disciplinario, del servicio de ninguna administración pública, o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni encontrarse inhabilitadas de forma absoluta o especial para ocupaciones o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escalera de funcionario, en el supuesto de que hubieran sido separadas o inhabilitadas. En el caso de nacionales de otro estado, no encontrarse inhabilitadas o en situación equivalente ni haber sido sometidas a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su estado y en los mismos términos, el acceso a una ocupación pública.
d) Haber satisfecho los derechos de examen en la forma establecida en la base tercera de estas bases.
e) Poseer la capacidad funcional para desarrollar las tareas de la plaza a proveer.
f) Estar en posesión de la titulación que se requiera en las bases específicas de cada convocatoria, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que acabe el plazo de presentación de las solicitudes.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se tendrá que estar en posesión de la convalidación correspondiente o de la credencial que acredite la homologación.
g) Acreditar el requisito de conocimientos de lengua catalana que se determine en las bases específicas, de conformidad con el Decreto 11/2017, de 24 de marzo, de exigencia de los conocimientos de la lengua catalana en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública para ocupar puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Los conocimientos de lengua catalana se tienen que acreditar mediante la aportación de un certificado correspondiente a un nivel igual o superior al que exige el Decreto 11/2017, expedido o reconocido como equivalente o que esté homologado por el órgano competente en materia lingüística, o bien expedido por la Escuela Balear de Administración Pública.
Los estudios de lengua catalana de la ESO y del bachillerato se pueden homologar con los certificados oficiales de conocimientos de lengua catalana A2, B1, B2 y C1 del órgano competente en materia lingüística, del Govern de les Illes Balears.
Se aceptará la homologación de los certificados de catalán siempre que se haya realizado antes de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
Los certificados obtenidos en Cataluña y en la Comunidad Valenciana y los estudios de ESO o bachillerato realizados en estas comunidades autónomas no son directamente válidos y se tiene que solicitar la homologación correspondiente al órgano competente en materia lingüística.
h) Las bases específicas correspondientes determinarán, si procede, la necesidad de presentar un certificado médico para poder realizar las pruebas físicas que se prevean.
2.1.2. El cumplimiento de las condiciones y los requisitos exigidos para poder participar en el proceso selectivo se tiene que producir en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del contrato como personal laboral fijo.
Sin embargo, si durante los procesos selectivos los tribunales consideran que hay razones suficientes que pongan en entredicho el cumplimiento de las condiciones y los requisitos exigidos, pueden preguntar a cualquiera de las personas aspirantes que acrediten el cumplimiento de todas o alguna de las condiciones y los requisitos exigidos.
2.2. Promoción interna
2.2.1. Puede presentarse a la promoción interna el personal que esté en cualquier de las situaciones siguientes:
- Encontrarse en servicio activo o servicios especiales, o en cualquier otra situación que comporte reserva de lugar de trabajo en el CIE.
2.2.2. Aparte de los requisitos generales, son requisitos específicos para ser admitido/a a las pruebas convocadas por el turno de promoción interna haber prestado servicios efectivos al menos durante dos años como funcionario/aria de carrera o personal laboral fijo en el CIE, en un grupo o subgrupo de titulación inferior de la misma escalera (general o especial) a que se pretenda acceder, de acuerdo con el que establezca cada convocatoria específica.
De acuerdo con la disposición transitoria tercera del TREBEP el personal funcionario del subgrupo C1 que reúna la titulación exigida podrá promocionar al grupo A sin necesidad de pasar por el grupo B. Sin embargo, la promoción interna se tendrá que realizar al subgrupo inmediatamente superior (A2) sin que sea posible el acceso directo al subgrupo A1.
2.3. Personas con discapacidad: reserva de plazas
2.3.1. La opción en las plazas reservadas en las convocatorias para quién tenga la condición legal de persona con discapacidad tiene que formularse en la solicitud de participación correspondiente a cada convocatoria.
El porcentaje reservado a personas con discapacidad será aquel que establezca la normativa vigente en cada momento.
2.3.2. Las personas que opten a las plazas reservadas para personas con discapacidad física, sensorial o psíquica que no tenga el origen en una discapacidad intelectual, moderada, ligera o límite no pueden participar, en el mismo proceso, en las plazas del turno libre o del turno de promoción interna no reservadas. No obstante, las persones aspirantes que participen por el turno de reserva para personas con discapacidad pero no obtengan plaza por esta reserva y que, por la puntuación conseguida, obtendrían plaza por el turno libre o por el turno de promoción interna, en todo caso se incluirán, con el orden de prelación que les corresponda por su puntuación, en la lista de personas aspirantes que han superado la oposición por estos turnos.
2.3.3. Las personas que mediante un informe de la dirección general competente en materia de personas con discapacidad acrediten una discapacidad intelectual moderada, ligera o límite pueden participar en las pruebas selectivas que, con reserva exclusiva y con bases específicas que pueden modificar algunos puntos de estas bases generales para adaptarlas a las necesidades específicas de las personas con discapacidad, se convoquen para este colectivo.
2.3.4. Las personas que accedan por el turno de reserva, además de los requisitos generales de la base 2.1, tienen que tener reconocida la condición legal de persona con discapacidad en un nivel igual o superior al 33 % y acreditar, mediante un certificado expedido por el equipo multiprofesional correspondiente de la dirección general competente en materia de personas con discapacidad, las condiciones personales de aptitud para ejercer las funciones correspondientes en la plaza a la cual aspiran.
Estas condiciones se tienen que acreditar mediante un dictamen que se tiene que emitir antes de empezar las pruebas selectivas y que tiene que certificar que la persona aspirante se encuentra en condiciones de cumplir las tareas fundamentales de la plaza a la que aspira, mediante, si proceden según el parecer de la Administración, las adaptaciones necesarias de las plazas y de las pruebas de acceso, respetando en todo caso los principios de mérito y capacidad.
Por otro lado, solo tienen que presentar el certificado acreditativo del reconocimiento de la condición legal de discapacidad en un nivel igual o superior al 33 % antes mencionado las persones aspirantes que superen el proceso selectivo.
De acuerdo con lo que establece el artículo 4.2 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se consideran afectados/afectadas por una discapacidad en grado igual o superior al 33 % los y las pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y los y las pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio.
Estas personas aspirantes tienen que aportar, si superan las pruebas selectivas, el documento de reconocimiento de esta situación, y no será necesaria una nueva declaración de los equipos de valoración.
2.3.5. Las convocatorias tienen que indicar expresamente que en el desarrollo de las pruebas selectivas se tienen que establecer, para las personas con discapacidad que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempos y de medios para llevarlas a cabo.
Las personas interesadas tienen que formular la petición concreta de las adaptaciones que necesiten en la solicitud de participación.
2.4. Requisitos para el acceso a profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad
De conformidad con el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la infancia y la adolescencia ante la violencia, será requisito para el acceso y el ejercicio de cualesquier profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales tipificados en el título VIII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, así como por cualquier delito de tráfico de seres humanos tipificado en el título VII bis del Código penal. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades tendrá que acreditar esta circunstancia mediante la aportación de un certificado negativo del Registro Central de delincuentes sexuales.
A estos efectos, son profesiones, oficios y actividades que implican contacto habitual con personas menores de edad todas aquellas que por su propia naturaleza y esencia comportan el trato repetido, directo y regular y no meramente ocasional con niños, niñas o adolescentes, así como, en todo caso, todas aquellas que tengan como destinatarias principales personas menores de edad.
Tercera. Derechos de examen
3.1. Las persones aspirantes tienen que satisfacer los derechos de examen según la convocatoria específica correspondiente.
La tasa se fija de acuerdo con el artículo 7 de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos del CIE, publicado el texto íntegro consolidado en el BOIB n.º 55, de 30 de abril de 2026.
3.2. Las tasas por derechos de examen son las siguientes:
3.3. Las personas aspirantes tendrán que acompañar a la solicitud el documento acreditativo de haber abonado el importe correspondiente por derechos de examen, mediante modelo de autoliquidación que figura en la Sede Electrónica del CIE.
La solicitud se tiene que acompañar con el resguardo original del ingreso efectuado.
3.4. Las bonificaciones se fijan de acuerdo con el artículo 8 de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos del CIE (BOIB n.º 55, de 30 de abril de 2026), y tendrán derecho a bonificación del pago de la tasa, las siguientes personas y según los porcentajes que se indican:
La acreditación de estas circunstancias se tiene que hacer mediante informe del SOIB u oficina correspondiente de las comunidades autónomas donde conste la situación de parado/a en el momento de presentación de las solicitudes, mediante el título de familia numerosa o acompañando a la solicitud de un certificado acreditativo de la condición de la discapacidad.
3.5. La falta de justificación del abono de la tasa determina inicialmente la exclusión de la persona aspirando. Esta justificación se podrá aportar dentro del plazo de enmienda a la lista de aspirantes admitidos y excluidos.
En ningún caso, el pago de la tasa por derechos de examen sustituye el trámite de presentación, en el plazo y en la forma oportuna, de la solicitud.
La falta de abono de los derechos de examen durante el plazo de presentación de solicitudes no será subsanable.
No será procedente en ningún caso la devolución de la tasa en los supuestos de exclusión de la convocatoria por causa imputable a la persona interesada.
Cuarta. Solicitudes
4.1. Teniendo en cuenta que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, se considera conveniente que las persones aspirantes se relacionen por medios electrónicos en todas las fases del procedimiento.
4.2. Las solicitudes se tendrán que presentar en la Sede Electrónica del CIE (http://conselldeivissa.convoca.online.es). También se podrán presentar en la forma que determina el artículo 16 de la LPACAP.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (en lo sucesivo BOE). Si el último día de presentación de solicitudes cae en sábado o festivo, se prorroga hasta el día hábil siguiente.
Para poder ser admitidas a las pruebas selectivas las persones aspirantes tienen que manifestar en la solicitud que son ciertos los datos que indican y que cumplen todas las condiciones establecidas en las bases, bajo su responsabilidad y con independencia de la posterior acreditación al finalizar el proceso selectivo. La carencia de la mencionada manifestación es causa de exclusión de la persona aspirante.
Los datos correspondientes al domicilio, teléfono y dirección electrónica que figuren en la solicitud se consideran como las únicas válidas a efectos de notificaciones y es responsabilidad de las personas aspirantes comunicar la modificación puntual de estos datos al CIE.
No presentar la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de las personas aspirantes.
4.3 Las personas aspirantes que opten al turno de reserva para personas con discapacidad lo tienen que indicar expresamente en la solicitud. Tanto si se opta por el turno de reserva como si no, en caso de que sean necesarias adaptaciones para la realización de las pruebas tienen que indicarlo en la solicitud y tienen que adjuntar a la solicitud el informe de aptitud y/o adaptación emitido por el órgano competente en materia de dependencia. Si no se dispone del informe durante el plazo de presentación de solicitudes se tendrá que presentar con un mínimo de quince días antes del inicio de las pruebas.
4.4. Las personas aspirantes tendrán que acompañar a la solicitud del documento acreditativo de haber abonado la cantidad que para cada convocatoria se determina por derechos de examen, mediante modelo de autoliquidación que figura en la Sede Electrónica del CIE.
4.5. Los errores de hecho que pudieran advertirse como tales en la solicitud se pueden subsanar en cualquier momento, de oficio o a instancia de parte.
4.6. Las persones aspirantes quedan vinculadas por los datos que hayan hecho constar en sus solicitudes y podan únicamente preguntar la modificación mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para presentar solicitudes.
En caso de falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el derecho a participar en el proceso selectivo.
4.7. A la solicitud se tiene que acompañar necesariamente de:
- Justificante original de haber satisfecho los derechos de examen (en el caso de realizarse el pago en una entidad bancaria) o el documento con código CSV que se genera en la tramitación telemática.
4.8. La documentación acreditativa de los méritos a valorar en la fase de concurso solo la tienen que aportar las personas aspirantes que superen la fase de oposición, de conformidad con el que establece la base 7.5.
4.9. La convocatoria o las bases, una vez publicadas, solo se pueden modificar con sujeción estricta a las normas de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Quinta. Admisión de las personas aspirantes
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el consejero o la consejera que tenga atribuida la competencia de Recursos Humanos tiene que dictar resolución, en el plazo máximo de un mes, en la cual declara aprobada la relación provisional de personas admitidas y excluidas.
Esta resolución se expondrá en la Sede Electrónica del CIE y se publicará en el BOIB, en la cual constarán el nombre y los apellidos de las personas aspirantes y cuatro cifras aleatorias del documento nacional de identidad y la causa de su exclusión, en su caso.
5.2. Las persones aspirantes excluidas dispondrán de un plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a aquel en que se publica la dicha resolución en el BOIB, para que puedan presentar subsanaciones y posibles reclamaciones. Las alegaciones presentadas se tienen que resolver en el plazo máximo de los treinta días siguientes a la finalización del plazo de presentación de alegaciones. Transcurrido este plazo, si no se ha dictado resolución, las alegaciones se entienden como desestimadas.
Si se acepta alguna reclamación, se tiene que notificar a la persona recurrente en los términos que establece la LPACAP.
Las personas aspirantes que no presenten alegaciones dentro del plazo señalado, en que justifiquen su derecho de estar admitidas, se excluirán definitivamente del proceso.
Transcurrido el plazo fijado para presentar alegaciones y una vez resueltas las que se hayan aportado, se dictará resolución que declarará aprobada la relación definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas.
5.3. Esta resolución se expondrá en la Sede Electrónica del CIE y se publicará en el BOIB y se indicarán también el lugar y la fecha en que tenga lugar la primera prueba de la fase de oposición.
Sexta. Tribunal calificador
6.1. El tribunal calificador valorará los ejercicios y los méritos de los procesos selectivos. Su composición colegiada se tiene que ajustar a los principios de imparcialidad y de profesionalidad de sus miembros, tendente a la paridad entre el hombre y la mujer.
6.2. El tribunal calificador tendrá la composición siguiente:
Las personas que formarán parte de los diferentes tribunales calificadores serán designadas por resolución del consejero/de la consejera competente en Recursos Humanos.
Así mismo, se nombrará una persona suplente para cada uno de los miembros del tribunal.
En los supuestos de ausencia del presidente o de la presidenta titular o suplente, las funciones de presidencia serán ejercidas por los vocales designados siguiendo para lo cual la orden en que hayan sido designados en la resolución de nombramiento.
El personal de elección o de designación política, los/las funcionarios/funcionarias interinos/interinas y el personal eventual no pueden formar parte de los órganos de selección. Tampoco pueden formar parte los/las representantes de las empleadas y de los empleados públicos, sin perjuicio de las funciones de vigilancia y cuidado del buen desarrollo del proceso selectivo.
Todos los miembros del tribunal calificador tendrán que estar en posesión de un nivel de titulación igual o superior al exigido para el ingreso en la plaza convocada y tienen que ser funcionarios/funcionarias de carrera o personal laboral fijo que pertenezcan al mismo grupo/subgrupo de entre los previstos en el artículo 76 del TREBEP.
La pertenencia al tribunal calificador será siempre en título individual, no se puede ejercer en representación ni por cuenta de nadie.
6.3. A los efectos del que establecen los artículos 23 y 24 de la LRJSP, la designación con los nombres de los miembros titulares y de sus respectivos suplentes se publicará en el BOIB y en la Sede Electrónica del CIE.
6.4. Si corresponde, a solicitud del tribunal calificador cuando este lo estime necesario por dificultades técnicas o de otra índole, podrá disponerse la incorporación de asesores/oras especialistas para desarrollar todas o de algunas de las pruebas de acuerdo con el previsto en las correspondientes convocatorias específicas.
Los asesores/Las asesoras especialistas se designarán por resolución del consejero/de la consejera competente en Recursos Humanos y estarán sujetos a idéntico régimen de abstención y recusación que el previsto para los miembros del tribunal calificador.
Colaborarán con el tribunal calificador exclusivamente en el ejercicio de sus especialidades técnicas y tendrán voz pero no voto.
Estas designaciones tendrán que publicarse en el BOIB y en la Sede Electrónica del CIE.
6.5. El consejero/La consejera competente en Recursos Humanos podrá nombrar personal colaborador o de apoyo para facilitar el desarrollo de las pruebas selectivas, designando el número que estime necesario para garantizar el normal funcionamiento de las pruebas selectivas, en función del número de personas aspirantes, el tipo de pruebas y el local o locales donde se realicen.
Este personal realizará tareas de vigilancia, control, coordinación, fotocopiado o similares en el desarrollo de las diferentes pruebas selectivas, evitando cualquier otra función que, por su propia naturaleza o importancia, corresponda realizar a los miembros del tribunal calificador, en el trabajo de los cuales no tienen que interferir en ningún caso.
6.6. Los tribunales calificadores resolverán todas las cuestiones derivadas de la aplicación de las bases de las respectivas convocatorias durante el desarrollo de los procesos selectivos.
6.7. Todos los miembros de los tribunales calificadores, los/las asesores/oras especialistas y el personal colaborador o de apoyo tienen que percibir, en la cuantía vigente, las dietas que les correspondan por la asistencia a las sesiones, de acuerdo con el que prevé la normativa de aplicación.
6.8. Los tribunales interpretarán las presentes bases en el sentido finalista que mejor garantice la preservación de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
6.9. Los tribunales tienen que garantizar la confidencialidad del contenido de las pruebas hasta el momento que se lleven a cabo.
6.10. El procedimiento de actuación de los tribunales se ajustará al que se dispone en los artículos 15 y siguientes de la LRJSP; a partir de su constitución, para actuar válidamente los tribunales requerirán la presencia de la mayoría de sus miembros, titulares o suplentes, que actuarán indistintamente, incluidos los que ejerzan la presidencia y la secretaría.
El régimen de suplencias será el previsto a la normativa reguladora de los órganos colegiados según el que prevé el artículo 13 de la LRJSP.
Séptima. Desarrollo del proceso selectivo
7.1. Las ofertas de ocupación públicas de varios años se podrán acumular en una sola convocatoria, tanto por promoción interna como por turno libre, correspondientes a cada una de las plazas convocadas, de acuerdo con estas bases y con las específicas correspondientes.
7.2. El sistema de selección será el de concurso-oposición y constará de las fases siguientes: una primera fase de oposición, que estará valorada con un máximo de 60 puntos, y una segunda fase de concurso, valorada con un máximo de 40 puntos, con una puntuación total de 100 puntos.
7.3. No se valorará la fase de concurso si no se ha superado la fase de oposición.
Los puntos de la fase de concurso se sumarán a la puntuación obtenida en la fase de oposición a efectos de establecer el orden definitivo de las personas aspirantes aprobadas, teniendo en cuenta que no podrá proponerse para su contratación ninguno persona aspirando que no haya superado la fase de oposición.
7.4. La calificación de los ejercicios se tiene que hacer de acuerdo con los criterios que se determinen en cada caso en las convocatorias específicas. A tal efecto, el consejero o la consejera ejecutiva que tenga atribuida la competencia de personal puede dictar las instrucciones que considere oportunas para homogeneizar los criterios de calificación de los diferentes tribunales. Por otro lado, los tribunales tienen que acordar los criterios específicos de corrección de cada uno de los ejercicios de desarrollo, según los temas o los supuestos concretos que las personas opositoras hayan desarrollado. Estos criterios tienen que constar al acta.
7.5. Fase de oposición
7.5.1. Normas generales
De acuerdo con los principios de mérito y capacidad y con el objetivo de asegurar la máxima adecuación de las personas aspirantes a las funciones propias del puesto de trabajo, los procesos selectivos se fundamentarán en pruebas que incorporarán la evaluación de competencias.
Constará de dos pruebas de carácter obligatorio y eliminatorio, una teórica (temarios general y específico) y una práctica. El resultado final de la fase de oposición será la suma de ambas pruebas. Sin embargo, a las convocatorias específicas se podrá determinar un número de pruebas diferente.
Solo hay una convocatoria para cada prueba, y se excluirá del proceso selectivo la persona que no comparezca.
Para las mujeres en estado de gestación que durante la fecha de celebración de la prueba o pruebas se encuentren hospitalizadas por embarazo de riesgo o parto que imposibilite su asistencia, la prueba se pospondrá al día siguiente que desaparezca la causa y en todo caso con un límite de un mes. Así mismo, se tendrá que valorar la posibilidad de posponer la celebración de la prueba en casos de fuerza mayor, considerando causa de fuerza mayor aquella situación imprevista, inevitable y ajena a la voluntad del aspirante (hospitalización de urgencia, causa meteorológica, motivo urgente familiar que sea indispensable su presencia, etc.), debidamente acreditada mediante documento oficial (certificado médico oficial, declaración de emergencia por la autoridad competente,...). La causa tiene que ser valorada y aceptada por el Tribunal. Este retraso no puede impedir el desarrollo normal de las pruebas previstas para el resto de personas aspirantes. La persona aspirando tendrá que comunicarlo con antelación y aceptar realizar una prueba alternativa.
El tribunal tiene que adaptar la realización de los ejercicios a las personas aspirantes con discapacidad, siempre que así lo hayan indicado en la solicitud para tomar parte en los correspondientes procesos selectivos y se haya acreditado la necesidad mediante certificado emitido por el equipo oficial de valoración indicado en la base 4.
Las personas aspirantes se convocarán en un llamamiento único, sin perjuicio de las sesiones que se necesiten para el desarrollo de las pruebas, y decaerán en su derecho las que no comparezcan a su realización, salvo los casos de fuerza mayor, debidamente justificados y apreciados por el tribunal.
El tribunal tiene que adoptar las medidas oportunas para garantizar que la prueba práctica se corrija sin que se conozca la identidad de las personas que participan.
El tribunal tiene que excluir las personas en las hojas de examen de las cuales figuren nombres, trazos, marcas o signos que permitan conocer la identidad, excepto en el supuesto que el tribunal previamente haya acordado que la corrección de la prueba práctica se haga de forma que cada persona aspirante lea su ejercicio en voz alta ante los miembros del tribunal.
El mismo día o, si no, el primer día hábil siguiente a la realización de la primera prueba se tienen que colgar en la Sede Electrónica del CIE las preguntas con las respuestas correctas y dar un plazo de tres días hábiles para posibles impugnaciones a las preguntas. El tribunal tiene que resolver las impugnaciones el día hábil siguiente al del final del plazo.
A los efectos de la posible impugnación de preguntas, todas las pruebas de preguntas con respuestas alternativas tienen que tener un 10 % de preguntas de reserva que las persones aspirantes tienen que contestar pero que no puntuarán salvo que haya impugnación de alguna pregunta.
Una vez corregida la prueba teórica, se tienen que publicar, en la Sede Electrónica del CIE, las puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes. El mismo anuncio hará pública la fecha y el lugar de realización de la prueba práctica, que solo podrán realizar las personas aspirantes que hayan superado la prueba teórica. Esta segunda prueba se tiene que convocar en el plazo mínimo de quince días y máximo de un mes desde la realización de la primera prueba.
Las persones aspirantes dispondrán de tres días hábiles a partir de la publicación del anuncio para revisar la prueba teórica y presentar posibles alegaciones. El tribunal tiene que resolver las alegaciones en el plazo de siete días.
Realizada la prueba práctica, las persones aspirantes dispondrán de tres días hábiles a partir de la publicación del anuncio para la revisión de la prueba y para posibles alegaciones. El tribunal tiene que resolver las alegaciones en el plazo de siete días.
Finalizada la fase de oposición, se tiene que hacer pública la relación provisional de las personas aspirantes que lo hayan superado, que se expondrá en la Sede Electrónica del CIE.
7.5.2 Pruebas de la fase de oposición
Esta fase consta de dos pruebas, obligatorias y eliminatorias para todas las persones aspirantes o las que determinen las convocatorias específicas correspondientes.
a) Primera prueba
1. Turno libre
Consistirá en responder un cuestionario con cuatro respuestas alternativas (con un 10 % más de preguntas de reserva) referidas al contenido de los temarios general y específico de cada una de las plazas convocadas, el cual estará conformado de la manera siguiente:
Grupo agrupaciones profesionales: 10 temas (2 general y 8 específico)
El número de preguntas que integrará el cuestionario, según la escala y el grupo y subgrupo de clasificación, será el siguiente:
Cada pregunta sólo puede tener una respuesta correcta. Las preguntas que las personas aspirantes no hayan contestado o en las que hayan marcado más de una respuesta no se tendrán en cuenta, y por tanto no restan, y las respuestas erróneas se valoran de manera negativa en el sentido que cada tres preguntas erradas penalizarán con el valor correspondiente a una pregunta acertada.
Esta prueba se valorará de la siguiente forma:
La primera parte del cuestionario, temario general, se puntuará de 0 a 6 puntos y será necesario conseguir una puntuación mínima de 3 puntos para superarla.
La segunda parte del cuestionario, temario específico, se puntuará de 0 a 24 puntos y será necesario conseguir una puntuación mínima de 12 puntos para superarla.
El tribunal calificador no corregirá la segunda parte del cuestionario referida al temario específico si la persona aspirando no ha superado la primera parte, temario general.
La calificación final de esta prueba será la suma de los puntos obtenidos en las dos partes del cuestionario. La puntuación máxima será de 30 puntos y para superar la prueba será necesario conseguir una puntuación mínima de 15 puntos.
2. Promoción interna
Consistirá en responder un cuestionario con cuatro respuestas alternativas, referidas al contenido del temario específico de cada una de las plazas convocadas, el cual estará conformado de la manera siguiente:
El número de preguntas que integrará el cuestionario, según la escalera y el grupo y subgrupo de clasificación, será el siguiente:
Cada pregunta solo puede tener una respuesta correcta. Las preguntas que las persones aspirantes no hayan contestado o en qué hayan marcado más de una respuesta no se tendrán en cuenta, y por tanto no restan, y las respuestas erróneas se valoran de manera negativa en el sentido que cada tres preguntas erradas penalizarán con el valor correspondiente a una pregunta acertada.
Esta prueba se valorará de 0 a 30 puntos y será necesario conseguir una puntuación mínima de 15 puntos para superarla.
b) Segunda prueba
La prueba práctica consistirá en la resolución de uno o algunos ejercicios prácticos, que podrán consistir en supuestos de tratamientos de textos, tests psicotécnicos, redacción de informes y proyectos, solución de supuestos y similares. En el supuesto de que consista en la resolución de un supuesto práctico a desarrollar por escrito, este se tendrá que elegir por sorteo entre tres casos prácticos propuestos por el tribunal. Sea cual sea la opción propuesta por el tribunal calificador, de acuerdo con el que establezcan cada una de las convocatorias, esta siempre tiene que estar relacionada con las funciones de la plaza a proveer y en relación con el temario específico. El tribunal calificador fijará el tiempo para realizar la prueba, que no podrá superar el tiempo máximo de 180 minutos.
El tribunal informará antes del inicio de la prueba de los criterios de valoración del caso práctico.
El tribunal podrá decidir, si lo considera imprescindible para resolver los casos, que se pueda disponer de material de consulta, que ofrecerá a todas las persones candidatas, ya sea de forma individual o bien con algunos ejemplares de consulta conjunta.
El número de puntos que podrán ser otorgados por cada miembro del tribunal será de cero hasta el número que constituya la puntuación máxima otorgada a esta prueba.
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntuaciones otorgadas por cada miembro del tribunal y dividiendo el total por el número de asistentes, y el cociente será la calificación definitiva.
Este ejercicio se valorará de 0 a 30 puntos y será necesario conseguir una puntuación mínima de 15 puntos para superarlo.
7.5.3. Puntuación final de la fase de oposición
El resultado final de la fase de oposición será la suma de las puntuaciones obtenidas en la prueba teórica y en la prueba práctica. La puntuación mínima para superar la fase de oposición será de 30 puntos y la puntuación máxima será de 60 puntos.
7.5.4. Plazas con características especiales
Atendidas las características especiales de las plazas de bombero/a u otros, la fase de oposición estará formada por las pruebas y las puntuaciones que se indiquen en las bases específicas correspondientes. Así mismo, podrán determinar el acceso a las bolsas de trabajo según las necesidades de provisión de plazas solo con una fase del proceso o de alguna fase adicional (curso de formación, etc.)
7.5.5. Grupo B
En el supuesto de que interese cubrir plazas vacantes del grupo B, las bases específicas dispondrán las características concretas que tengan que regir las pruebas.
7.6. Fase de concurso
7.6.1. Esta fase es aplicable a las personas aspirantes que superen la fase de oposición.
Las persones aspirantes que hayan superado la fase de oposición tendrán que aportar, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a haberse publicado la lista provisional, la documentación relativa a los méritos que se tienen que valorar en esta fase, junto con el modelo de autobaremo de méritos que se adjuntará en las bases específicas correspondientes. No se valorarán los méritos alegados y no justificados en la manera indicada.
Los méritos tendrán que valorar preferentemente la experiencia laboral a la categoría que se convoca, sin embargo las convocatorias tienen que expresar concretamente cuál será la valoración de cada uno de los supuestos.
Los méritos obtenidos en el extranjero se tienen que acreditar mediante la traducción jurada correspondiente, a cualquier de las dos lenguas oficiales en las Islas Baleares. Si no se presentan de esta forma, no se valorarán.
7.6.2. La puntuación final de la fase de concurso será el resultado de la puntuación de todos los apartados que la conforman.
7.6.3. Las persones aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de los resultados provisionales de la fase de concurso, para enmiendas y posibles reclamaciones.
El tribunal tendrá un plazo de siete días hábiles para resolver las reclamaciones.
7.6.4. La inexactitud, la falsedad o la omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore o la no-presentación ante la Administración competente de la documentación que, si se tercia, se requiere para acreditar el cumplimiento del que se ha declarado, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento desde el momento en que se tenga constancia de estos hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que correspondan.
7.6.5. Las respectivas convocatorias específicas concretarán los méritos a valorar en la fase de concurso, que consistirá en la valoración de los méritos alegados y acreditados documentalmente por las personas aspirantes, hasta un máximo de 40 puntos.
Octava. Relación de personas aprobadas y orden de clasificación definitiva
8.1. La orden de clasificación definitiva, lo determinará la suma de las puntuaciones obtenidas en las fases de oposición y de concurso.
En caso de empate, el orden se fijará teniendo en cuenta lo siguiente:
1º. Haber obtenido la mejor puntuación en la fase de oposición.
2º. Haber obtenido la mejor puntuación en la fase de concurso.
3º. Las mayores puntuaciones obtenidas en el bloque de servicios efectivos prestados en la administración pública de análoga naturaleza o contenido técnico a las de la plaza solicitada.
4º. En igualdad de condiciones de méritos y de capacidades, se seleccionará el sexo con menos representación en el puesto de trabajo que corresponda en el proceso de selección.
5º. Sorteo.
8.2. Las vacantes de promoción interna y de las plazas reservadas a personas aspirantes con discapacidad que queden desiertas por no haber obtenido las persones aspirantes la puntuación mínima exigida para superar las correspondientes pruebas se acumularán en las plazas objeto de oferta por el turno libre.
8.3. El tribunal calificador no puede proponer el acceso a la condición de personal laboral de un número de personas aprobadas superior al de plazas convocadas, sin perjuicio del que dispone el arte. 61.8 del TREBEP. Contra este resultado se puede interponer recurso de alzada ante el presidente/la presidenta del CIE en el plazo y con el efecto que establece la LPACAP.
8.4. Se considerarán aprobadas, de entre las personas aspirantes que hayan superado las pruebas, aquellas que hayan obtenido la puntuación más alta.
8.5. El tribunal hará público en la Sede Electrónica del CIE el anuncio con la relación provisional de personas aspirantes que hayan superado las fases del proceso selectivo y hayan resultado seleccionadas para acceder a la categoría correspondiente, por orden de puntuación lograda, con indicación de la calificación total obtenida.
Las persones aspirantes dispondrán de un plazo de tres días hábiles, a partir de la publicación del anuncio, para efectuar las reclamaciones oportunas.
El tribunal tiene que resolver en el plazo de siete días y, a continuación, hará pública la relación definitiva de personas aprobadas, por orden de puntuación, la cual no podrá contener un número de personas aprobadas superior al de las plazas vacantes objeto de oferta.
8.6. El tribunal calificador elevará al órgano competente del Consell Insular d'Eivissa la relación de personas aprobadas y propondrá la contratación correspondiente.
Novena. Presentación de documentos
9.1. Las personas propuestas tendrán que presentar a la Oficina de Asistencia en Materia de Registro dentro del plazo de veinte días naturales, a partir de la publicación de la relación definitiva de personas aprobadas y sin requerimiento previo, los documentos acreditativos de las condiciones de capacidad y de los requisitos exigidos que se detallen en la base 2.1.1. Cuando los documentos a presentar tengan una medida superior a DIN-A4 se tendrá que presentar el original y una copia del documento en una medida DIN-A4 o inferior porque la Oficina de Asistencia en Materia de Registro las pueda escanear.
La presentación podrá hacerse también telemáticamente en los casos que se pueda comprobar la autenticidad de los documentos mediante el código seguro de verificación (CSV).
La documentación que se tiene que presentar es la siguiente:
a) Original del DNI o NIF para que se pueda comprobar la autenticidad del documento, en los casos en los cuales la persona aspirante no haya dado consentimiento para el acceso a los datos del DNI, o documento acreditativo de la nacionalidad certificado por la autoridad competente del país de origen, en su caso.
b) Original del título exigido para tomar parte en la convocatoria o resguardo de haber abonado los derechos para su expedición, para comprobar la autenticidad del documento, en caso de que no se pueda comprobar a través del CSV. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se tiene que adjuntar la orden ministerial de reconocimiento del título expedito, de conformidad con la normativa que regula la homologación y la consolidación de títulos y estudios extranjeros.
c) Declaración de no estar inhabilitado/a para el ejercicio de las funciones públicas ni estar separado/a mediante expediente disciplinario de cualquier administración pública. Las personas aspirantes que no tengan la nacionalidad española tienen que acreditar, mediante declaración jurada o promesa, que no están sometidos a ninguna sanción disciplinaria o condena penal que les impida el acceso a la función pública en su estado de origen.
d) Declaración de no estar en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la legislación vigente o bien declaración que se solicitará la autorización de compatibilidad establecida en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas.
e) Original del documento acreditativo del nivel de catalán exigido en las bases específicas, en el supuesto de que no se pueda comprobar la autenticidad del documento a través del CSV.
f) En las plazas en las cuales así se determine en las bases específicas y las persones aspirantes no hayan dado el consentimiento al CIE para el acceso a los datos, habrá que presentar el certificado de antecedentes por delitos sexuales.
g) Certificado médico oficial de no sufrir ninguna enfermedad ni defecto físico o psíquico que imposibilite el desarrollo de las tareas propias de las plazas que hay que cubrir. Las bases específicas podrán establecer la obligación de someterse en un reconocimiento médico al cual sean convocados por el CIE.
En el supuesto de que la persona aspirante sufra algún tipo de limitación o grado de discapacidad otorgado por órgano competente, hay que aportar junto con el certificado médico oficial un certificado de la Dirección General de Atención a la Dependencia de la Consellería de Servicios Sociales y Deportes que acredite su capacidad para desarrollar las funciones del puesto de trabajo y prestar el servicio público correctamente, y en el cual se indiquen el grado de discapacidad, el cumplimiento de las condiciones de aptitud personal en relación con el puesto de trabajo, la necesidad de adaptación del puesto de trabajo y la existencia de dificultades de integración laboral y de autonomía personal.
9.2. Las persones aspirantes que dentro del plazo fijado, excepto casos de fuerza mayor, no presenten la documentación que demuestre que cumplen los requisitos señalados en la base 2.1.1. no pueden ser nombradas y, en consecuencia, se tendrían que anular sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir para falsear la solicitud inicial.
En este caso, como también en el supuesto de renuncia de la persona aspirante propuesta, se podrá contratar a la persona siguiente de la relación de personas por orden de puntuación que ha superado el proceso de selección pero no ha sido propuesta por el tribunal calificador para ser contratadas como personal laboral.
En este caso, la persona aspirante propuesta, mediante un requerimiento previo, dispondrá de un plazo de veinte días naturales para presentar la documentación mencionada antes.
9.3. Toda la documentación que se presente en lengua extranjera tiene que ir acompañada de la correspondiente traducción jurada.
Decena. Formalización de los contratos
10.1. Agotado el periodo de presentación de documentos, y en el plazo máximo de un mes, el consejero o la consejera competente en materia de recursos humanos resolverá las contrataciones y formalizará lo contratas. La duración del periodo de prueba no podrá exceder de seis meses para los técnicos y técnicas titulados ni de dos meses para los demás trabajadores y trabajadoras.
Sin embargo, las personas propuestas que acrediten haber prestado servicios en la administración pública durante un periodo igual o superior al previsto para el periodo de prueba, siempre que lo hayan hecho en el mismo subgrupo o grupo, en el supuesto de que no hubiera subgrupo, serán contratados/contratadas directamente. Si los servicios han sido prestados por un periodo inferior, el periodo de prueba será por el tiempo necesario para completar el periodo establecido.
10.2. Las personas contratadas tienen que incorporarse al servicio del Consell Insular en el momento en que estén requeridas, y en un plazo máximo de un mes desde la fecha de la resolución que se dicte para formalizar el contrato.
Las persones aspirantes que injustificadamente no se incorporen al servicio de la Corporación perderán todos los derechos derivados del proceso de selección y de la contratación subsiguiente como personal laboral fijo.
10.3. Transcurrido el periodo de prueba sin que se haya producido la dejación, el contrato producirá plenos efectos.
10.4. La resolución que se adopte para la formalización de los contratos se tendrá que publicar en el BOIB. Los contratos con las personas aspirantes se efectuarán en el plazo máximo de un mes desde la fecha de publicación de la resolución en el BOIB.
La contratación por parte de las personas aspirantes propuestas a la respectiva convocatoria determinará la finalización del contrato del personal que hasta entonces haya ocupado las plazas objeto de la convocatoria.
Undécima. Bolsa para contrataciones temporales y/o interinidades y lista de espera
11.1. En el acta de la última sesión, se incluirá una relación única, de todas las personas aspirantes que hayan superado, como mínimo, la primera parte del cuestionario, temario general, de la primera prueba de la fase de oposición, a efectos de poder ser contratadas como personal laboral interino, para cubrir de forma provisional las vacantes que se produzcan de las ausencias de personal, de las necesidades de los servicios, etc.
11.2. La bolsa de trabajo se constituirá de la manera siguiente:
Sin embargo, las bases específicas correspondientes podrán determinar otro mínimo para ser incluido/incluida a la bolsa para interinidades.
11.3. También, si por cualquier circunstancia, alguna persona aspirante incluida en la propuesta de contratación no formalizara el contrato como personal laboral fijo, se podrá contratar otra persona por orden de puntuación de quienes hayan superado todo el proceso selectivo y no hayan obtenido plaza.
11.4. La constitución y publicación de una nueva bolsa de trabajo, de cualquier modalidad o turno, extinguirá automáticamente la vigencia de las bolsas anteriores de la misma categoría (tanto ordinarias como extraordinarias).
En cumplimiento de los principios de promoción profesional, desarrollo de carrera y movilidad interna del personal laboral de la Corporación, la cobertura temporal de lugares vacantes o de sustitución con reserva del puesto de trabajo se ofrecerá, con carácter preferente, al personal laboral fijo de la categoría o grupo profesional inmediatamente inferior que cumpla los requisitos exigidos para el lugar, de acuerdo con las listas o procedimientos internos que se establezcan a tal efecto.
La aplicación de este mecanismo de promoción temporal interna no será procedente en los supuestos siguientes:
a) Cuando el lugar esté expresamente incluido en la planificación de recursos humanos o en la oferta pública de empleo para su cobertura definitiva mediante un proceso selectivo de turno libre.
b) Cuando, por necesidades organizativas o de prestación del servicio, la cobertura temporal mediante promoción interna pueda ocasionar disfunciones graves en otros servicios o unidades administrativas.
c) Cuando no existan personas trabajadoras que cumplan los requisitos exigidos o cabe de ellas manifieste su disponibilidad para la ocupación temporal del lugar.
Cuando la necesidad temporal no pueda ser cubierta mediante este sistema, la contratación se efectuará mediante la correspondiente bolsa de trabajo de turno libre o, si procede, de la bolsa extraordinaria vigente, respetando estrictamente la orden de prelación establecido.
11.5. Estas bolsas se regirán por los Criterios generales de gestión y funcionamiento de las bolsas de trabajo del Consell Insular d'Eivissa (BOIB n.º 60, de 3 de mayo de 2014, modificaciones al *BOIB n.º 135, de 30 de octubre de 2018 y al *BOIB n.º 11, de 24 de enero 2019).
Duodécima. Régimen de recursos
Los actos administrativos que se deriven de las presentes bases generales, así como las actuaciones realizadas por los tribunales de selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida a la LPACAP.
Decimotercera. Publicación
Estas bases generales se publicarán íntegramente en el BOIB. Las bases específicas se publicarán íntegramente en el BOIB y el anuncio de las convocatorias se publicará en el BOE, excepto las de promoción interna del personal laboral que la publicación se hará en el BOIB.
Eivissa, 9 de noviembre de 2026
El secretario general del Consell Insular d'Eivissa Pedro Bueno Flores