Boletín Oficial de las Illes Balears

Antecedentes

1. La Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ejerce las competencias en materia de dependencia y discapacidad atribuidas por el Decreto 10/2025, de 14 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, mediante la Dirección General de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad.

2. El Decreto 91/2019, de 5 de diciembre, por el que se regulan el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad y los principios generales del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia, establece en el apartado 3 del artículo 9 que, para facilitar las valoraciones conjuntas del grado de discapacidad y de dependencia, corresponde al Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia determinar los supuestos de valoración de casos mediante informes facultativos, sin necesidad de citar a la persona interesada, a la cual posteriormente se dará audiencia con carácter previo a la propuesta de resolución, y determinar las equivalencias en la valoración entre grados de discapacidad y de dependencia.

3. Por otra parte, el apartado 4 del artículo 9 del Decreto 91/2019 establece que, con el objetivo de asegurar la transparencia en la información sobre el proceso de valoración y una aplicación objetiva para toda la ciudadanía, las decisiones que tome el Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia en relación con el contenido del apartado 3 de este artículo se deben publicar en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la página web de la Consejería de Familias y Asuntos Sociales mediante una instrucción informativa dictada por el director general de Atención a la Dependencia, y serán de aplicación a partir de esta publicación.

4. El Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, la declaración y la calificación del grado de discapacidad, ha supuesto también un cambio sustancial en la forma y el procedimiento técnico para valorar el grado de discapacidad. En desarrollo del artículo 8.3 del citado Real Decreto, relativo a la evaluación y la calificación del grado de discapacidad mediante la valoración por medios no presenciales o telemáticos, el director general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales dictó la Resolución de 17 de mayo de 2023 por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la Valoración del Grado de Discapacidad relativo a las circunstancias especiales que pueden dar lugar a la valoración del grado de discapacidad por medios no presenciales o telemáticos. En concreto, el apartado 2.e) de este Acuerdo señala que se puede hacer la valoración del grado de discapacidad por medios telemáticos o no presenciales, entre otros, cuando la documentación que conste en el expediente o que esté disponible en los sistemas de información de los servicios públicos de salud, servicios sociales y educación aporte información objetiva y suficiente para hacer la valoración y, si procede, la revisión, y se estime que la cita presencial no aportaría una información relevante que pudiera modificar la valoración de la discapacidad.

5. Con fecha 2 de junio de 2021, el director general de Atención a la Dependencia dictó una Instrucción 2/2021 para informar de las decisiones del Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia relativas a los criterios de valoración mediante informes y equivalencias. Estos criterios afectaban a la valoración de casos mediante informes; al establecimiento de una fase de audiencia previa de la persona interesada en caso de valoración de la discapacidad mediante informes, y a la valoración mediante equivalencias en los casos de personas usuarias de 65 años o más con un grado de dependencia III permanente, a las cuales correspondía, a partir de la citada Instrucción, una clase V de discapacidad, equivalente al 75 % del grado de discapacidad definitivo.

6. Con fecha 6 de noviembre de 2023, el director general de Atención a la Dependencia dictó una nueva Instrucción 7/2023, que modificaba el apartado 3 de la Instrucción informativa 2/2021, para informar de las decisiones del Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia relativas a los criterios de valoración mediante informes y equivalencias, que determinaba dos nuevos supuestos adicionales de equivalencias en la valoración entre grados de discapacidad y de dependencia.

7. Con fecha 26 de mayo de 2025, la directora general de Atención a la Dependencia dictó una nueva Instrucción 1/2025, que modificaba el apartado 3 de la Instrucción informativa 2/2021, modificada por la Instrucción 7/2023, para informar de las decisiones del Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia relativas a los criterios de valoración mediante informes y equivalencias, que establecía cinco supuestos posibles de equivalencias en la valoración entre grados de discapacidad y de dependencia.

8. La Ley 4/2026, de 1 de octubre, de extensión y refuerzo de los derechos de las personas con discapacidad y de las personas en situación de dependencia, que modifica ciertos aspectos del Texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, incorpora un nuevo criterio legal de consideración de la discapacidad vinculado al reconocimiento de la situación de dependencia, al establecer que se consideran personas con una discapacidad del 33 % las personas que tengan reconocida oficialmente una situación de dependencia en grado I, y personas con una discapacidad del 65 % las personas que tengan reconocida oficialmente una situación de dependencia en grado II o III, a los efectos previstos en la normativa aplicable, sin perjuicio de las limitaciones y excepciones expresamente previstas por el ordenamiento jurídico, no siendo de aplicación en el ámbito tributario.

Esta modificación supone, por tanto, el reconocimiento legal de una asimilación entre determinados grados de dependencia y determinados porcentajes de discapacidad, con la finalidad de extender y reforzar los derechos de las personas afectadas, simplificar su acreditación ante las administraciones públicas y evitar procedimientos valorativos innecesarios cuando una situación de dependencia ya ha sido reconocida oficialmente.

Teniendo en cuenta la acumulación de expedientes pendientes de valoración y el consiguiente incremento de los tiempos de espera para el reconocimiento del grado de discapacidad, se hace necesario seguir adoptando medidas organizativas y procedimentales de carácter temporal y excepcional que permitan agilizar la tramitación y dotar de mayor fluidez al sistema de valoración, sin mermar las garantías procedimentales ni los derechos de las personas interesadas, justificadas en el contexto de las modificaciones introducidas por la Ley 4/2026, de 1 de octubre, que refuerza la coordinación entre los sistemas de discapacidad y dependencia y reconoce determinados efectos jurídicos asociados al grado de dependencia reconocido.

9. En consecuencia, resulta necesario adaptar los criterios de equivalencia aplicados por el Órgano de Valoración y Orientación de la Discapacidad y de la Dependencia al nuevo marco normativo estatal, garantizando la coherencia entre la normativa autonómica y la legislación básica estatal vigente.

En este sentido, y con fecha 22 de octubre de 2026, durante la reunión del Órgano de Valoración y Orientación de la Discapacidad y de la Dependencia, se acuerda el criterio de valoración de las solicitudes de discapacidad por la vía de informes en los casos de equivalencia (garantizando en todo caso el trámite de audiencia a la persona interesada con carácter previo a la resolución) y se ha acordado eliminar y modificar algunos supuestos de equivalencia vigentes en la valoración de los grados de discapacidad y dependencia, tanto para adecuarlos a la experiencia acumulada en su aplicación como para adaptarlos a las modificaciones introducidas por la Ley 4/2026, de 1 de octubre, estableciendo únicamente 3 supuestos posibles de equivalencia. Este acuerdo supone dejar sin efectos las Instrucciones anteriores, y dictar una nueva Instrucción informativa para informar de las decisiones del Órgano relativas a las nuevas equivalencias.

10. Por todo ello, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el ejercicio de las funciones competenciales que reconoce el Decreto 10/2025, de 14 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que dispone que la Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, mediante la Dirección General de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, tiene competencias, entre otras, en personas con discapacidad; y de acuerdo con la Resolución de la consejera de Familias y Asuntos Sociales de 21 de julio de 2023 por la que se delegan diferentes competencias y la firma en determinados órganos directivos de la Consejería y se establece su régimen de suplencia (BOIB núm. 103, de 22 de julio), dicto la siguiente

Instrucción Informativa

Primera. Objeto de la Instrucción

Esta Instrucción tiene por objeto informar de las decisiones adoptadas por el Órgano de Valoración y Orientación de la Discapacidad y de la Dependencia en relación con los criterios de valoración mediante informes facultativos y las equivalencias entre grado de dependencia y grado de discapacidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 del Decreto 91/2019, de 5 de diciembre, por el que se regulan el procedimiento para el reconocimiento del grado de discapacidad y los principios generales del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia.

Atendiendo a la normativa mencionada, la valoración de la discapacidad mediante equivalencias se fundamenta en el expediente de dependencia previamente valorado, y por tanto, se podría entender como una tipología específica de valoración mediante informes. Por otra parte, para garantizar los derechos de las personas interesadas, la valoración mediante este sistema supone, en todo caso, dar audiencia a la persona interesada, que puede decidir y solicitar, con carácter previo a la resolución de determinación del grado de discapacidad, ser valorada presencialmente de acuerdo con el procedimiento ordinario.

​​​​​​​Segunda. Valoración de casos mediante informes facultativos

Para facilitar las valoraciones conjuntas del grado de discapacidad y de dependencia, corresponde al Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia determinar los supuestos de valoración de casos mediante informes facultativos, sin necesidad de citar a la persona  valorada, de acuerdo con el artículo 9.3.a) del Decreto 91/2019, y el artículo 8.3 del Real Decreto 888/2022.

Los informes aportados junto con la solicitud o aquellos a los que el equipo técnico de Valoración y Orientación de la Discapacidad y de la Dependencia tenga acceso mediante la historia de salud, serán lo más detallados posible y con el máximo rigor para que se pueda llevar a cabo la valoración de discapacidad sin que sea precisa la exploración del usuario y/o familiares.

Además, se aplicarán los siguientes criterios:

1. Necesidad de un diagnóstico previo (indicando la patología que ha dado lugar a la deficiencia) debidamente documentado mediante informes médicos y/o psicológicos y sociales.

2. El diagnóstico de la enfermedad no es un criterio de valoración por sí mismo; las pautas para valorar están basadas en la severidad de las consecuencias de la enfermedad.

3. Se deben haber aplicado medidas terapéuticas, debidamente documentadas mediante informes médicos y/o psicológicos y sociales.

4. Se valorarán las deficiencias permanentes.

5. Deben haber transcurrido un mínimo de 6 meses entre el diagnóstico, el tratamiento y el acto de valoración.

Tercera. Audiencia previa

Si el Órgano de Valoración y Asesoramiento de la Discapacidad y de la Dependencia considera que puede valorar un caso mediante informes facultativos, sin necesidad de citar a la persona valorada, dará audiencia a esta con carácter previo a la propuesta de resolución.

Las personas interesadas tienen un plazo de diez días hábiles, al objeto de que puedan manifestar su disconformidad con el grado de discapacidad propuesto. En el caso de que la persona interesada manifieste su disconformidad, se la citará para hacer la valoración de acuerdo con el procedimiento ordinario, de manera presencial o por videoconferencia.

En el supuesto de que venza el plazo máximo de audiencia previa sin que la persona interesada manifieste nada en contra, se entenderá que acepta la valoración propuesta, al objeto de continuar el procedimiento.

Cuarta. Valoración mediante equivalencias

4.1 De acuerdo con el apartado 3 del artículo 9 del Decreto 91/2019, se establecen las siguientes equivalencias en la valoración entre grados de discapacidad y de dependencia:

a) A las personas usuarias con una edad igual o superior a 70 años con un grado de dependencia I permanente les corresponde un 33% de grado de discapacidad y una movilidad del 25%.

b) A las personas usuarias con una edad igual o superior a 65 años con un grado de dependencia II permanente les corresponde un 65% de grado de discapacidad y una movilidad del 25%.

c) A las personas usuarias con una edad igual o superior a 25 años con un grado de dependencia III permanente les corresponde un 65% de grado de discapacidad y una movilidad del 25%.

4.2. Salvo que la persona interesada haya solicitado conjuntamente el reconocimiento de la discapacidad y el de dependencia, estas equivalencias únicamente se aplicarán en el caso de que la persona interesada cumpla los requisitos de edad y grado de dependencia en la fecha de la presentación de la solicitud de discapacidad.

Quinta. Efectos de esta Instrucción

De acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 9 del Decreto 91/2019, esta Instrucción se debe publicar en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la página web de la Consejería de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

Los efectos de esta Instrucción quedan condicionados a que se realicen los cambios informáticos oportunos en el programa informático de información de discapacidad y dependencia.

Disposición derogatoria única

Quedan sin efectos:

a) La Instrucción informativa 2/2021, de 2 de junio, del director general de Atención a la Dependencia, sobre la aplicación del Decreto 91/2019, de 5 de diciembre, en lo referente a los criterios de valoración mediante informes y equivalencias.

b) La Instrucción informativa 7/2023, de 6 de noviembre, del director general de Atención a la Dependencia.

c) La Instrucción informativa 1/2025, de 26 de mayo, de la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad.

 

Palma, en la fecha de la firma electrónica (3 de noviembre de 2026)

La directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad Maria Castro Amor Per delegación de la consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ​​​​​​​(BOIB núm. 103, de 22 de julio de 2023)