Boletín Oficial de las Illes Balears

El artículo 70.4 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears establece como competencia propia de los consejos insulares los servicios sociales y la asistencia social; el desarrollo comunitario y la integración; la política de protección y atención a las personas dependientes; los complementos de la Seguridad Social no contributiva; el voluntariado social, y las políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de pobreza o necesidad social.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, corresponde a los consejos insulares estudiar, planificar y programar las necesidades que deben cubrirse en su ámbito territorial, mediante los planes estratégicos y sectoriales de ámbito insular; así como concertar la gestión de servicios sociales en su ámbito territorial con entidades públicas o privadas, de conformidad con esta ley y con el resto de la normativa vigente aplicable.

La gestión de los servicios sociales puede llevarse a cabo mediante diversas fórmulas, tal como indica el artículo 89 de la citada Ley 4/2009. Entre otras, la acción concertada es la figura de colaboración entre el sector público y el privado que mejor se adecúa a los principios que deben regir el sistema de servicios sociales, especialmente a raíz de la aprobación de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

El artículo 2 de la Ley 12/2018 prevé que las administraciones competentes de las Illes Balears, para complementar el sistema público y garantizar una equidad y calidad adecuadas de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios, pueden encargar la prestación de estos servicios de su competencia, mediante el sistema de acción concertada, a entidades sin ánimo de lucro del tercer sector social, tal como se definen en los artículos 3 y 4 de la Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social, o, en su caso, a entidades privadas, preferentemente del tercer sector social, cuando existan condiciones análogas de eficacia, calidad y costes, de acuerdo con los requisitos establecidos en esta ley y respetando los principios de publicidad, transparencia y no discriminación.

Además, el mismo artículo 2 define el régimen de acción concertada como la prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la Cartera de servicios sociales, en la que la financiación, el acceso y el control administrativo son públicos.

Cabe mencionar que, en sesión de carácter extraordinario de 27 de enero de 2025, el Pleno del CIM aprobó definitivamente el Reglamento por el que se define la Cartera de servicios sociales de Menorca 2025-2029 (BOIB núm. 28, de 4 de marzo de 2025), que consta en el expediente 03121-2019-000005, y que contiene el conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales de aplicación en la isla de Menorca y es complementaria de la Cartera básica de servicios sociales aprobada por el Gobierno de las Illes Balears.

Posteriormente, el Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca, en sesión de carácter ordinario de 27 de julio de 2026, aprobó el Plan de Concertación Social del Departamento de Bienestar Social para el período 2026-2027 (expediente núm. 1852-2026-000001). Dicho plan fue publicado posteriormente en el BOIB núm. 99, de 8 de agosto de 2026.

De acuerdo con el artículo 5.4 de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la formalización de la colaboración concertada se efectuará mediante un documento administrativo denominado acuerdo de acción concertada, modelo que debe aprobar la persona titular del departamento competente.

Por todo ello, y en mi condición de titular del Departamento de Bienestar Social, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 33 de la Ley 4/2022, de 28 de junio, de consejos insulares, en relación con el Decreto de Presidencia núm. 227/2023, de 17 de noviembre, de extinción de un departamento y reestructuración del resto de departamentos (BOIB núm. 158, de 21 de noviembre de 2023),

RESUELVO:

Primero. Aprobar el modelo de acuerdo de acción concertada que figura como anexo a esta resolución.

Segundo. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en el portal de transparencia del CIM.

ANEXO

Núm. de expediente: ……………………….

Modelo de acuerdo de acción concertada entre el Consell Insular de Menorca y la entidad ...........................para el servicio ........................(indicar el servicio/prestación)

De una parte, la señora Carmen Reynés Calvache, consejera ejecutiva del Departamento de Bienestar Social del Consell Insular de Menorca, que interviene en nombre y representación de este, de conformidad con el Decreto de Presidencia núm. 104/2023, de 14 de julio (BOIB núm. 99, de 18 de julio de 2023).

De otra parte, el/la señor/a .............................., con DNI núm. .............................., en representación de la entidad .............................., titular del NIF .............................., y con domicilio social en .............................. (completar los datos correspondientes)

Ambas partes se reconocen mutuamente la competencia y capacidad necesarias para formalizar este acuerdo de acción concertada y, a tal efecto,

EXPONEN

I. (...) Hacer referencia al acuerdo del Consejo Ejecutivo por el que se aprueba el correspondiente Plan de Concertación Social.

II. (...) Hacer referencia al acuerdo del Consejo Ejecutivo por el que se aprueba la correspondiente convocatoria del concierto social, así como a su posterior publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears, indicando el plazo establecido para presentar las solicitudes.

III. (...) Indicar las solicitudes recibidas dentro del plazo establecido, la fecha y el número de registro de entrada (RE).

IV. (...) Hacer referencia al informe de evaluación correspondiente emitido por el órgano instructor del expediente.

V. (...) Hacer referencia al acuerdo del Consejo Ejecutivo por el que se aprueba el correspondiente concierto social.

VI. (...) Mencionar la resolución mediante la cual se aprueba el modelo de acuerdo de acción concertada, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.4 de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

VII. Existe crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones económicas derivadas de este acuerdo, de acuerdo con la documentación contable que consta en el expediente.

VIII. En consecuencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en el artículo 7 del Decreto 48/2017, de 27 de octubre, por el que se establecen los principios generales a los que deben someterse los conciertos sociales, se formaliza el presente acuerdo de acción concertada de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

1. Objeto del acuerdo de acción concertada

Indicar la finalidad del servicio y las definiciones necesarias, así como especificar el número total de plazas concertadas (o reserva de plazas) a disposición del CIM.

En definitiva, esta cláusula debe responder al contenido y a la delimitación de los servicios/prestaciones (art. 8.d de la Ley 12/2018).

2. Naturaleza de la concertación y régimen jurídico aplicable

Esta concertación se regirá, en cuanto a sus efectos y extinción, por lo establecido en la Ley 12/2018, de 22 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 146, de 22 de noviembre de 2018), y en el Decreto 48/2017, de 27 de octubre, por el que se establecen los principios generales a los que deben someterse los conciertos sociales (BOIB núm. 132, de 28 de octubre de 2017).

Asimismo, se regirá por el Reglamento por el que se aprueba la Cartera de servicios sociales de Menorca 2025-2029, aprobado definitivamente por el Pleno del Consell Insular de Menorca el 27 de enero de 2025 (BOIB núm. 28, de 4 de marzo de 2025), que contiene el conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales de aplicación en la isla de Menorca y que es complementaria de la Cartera básica de servicios sociales aprobada por el Gobierno de las Illes Balears.

También será aplicable la convocatoria de concertación social del servicio .............................. y los pliegos de condiciones técnicas de ejecución de dicha concertación, que se adjuntan como anexo a este documento y que ambas partes suscriben expresamente.

3. Condiciones técnicas de ejecución

Informar sobre las condiciones técnicas de ejecución del servicio/prestación, es decir, cómo debe prestarse el servicio, indicando cuáles son los requisitos funcionales y las particularidades técnicas del servicio, así como los objetivos previstos, los principios de intervención y la metodología de trabajo (art. 8.a de la Ley 12/2018).

Puede hacerse una referencia expresa al pliego de condiciones técnicas de ejecución, que ya contiene toda la información que debería incluir esta cláusula.

4. Sistema de acceso de las personas usuarias y cobertura del servicio

Explicar cómo se derivará a las personas usuarias al servicio, el procedimiento de ingreso, si procede, y la gestión de las altas, bajas y mantenimiento de las plazas. Asimismo, indicar si existe un régimen predeterminado de ocupación de plazas (art. 8.b de la Ley 12/2018).

5. Garantía de los derechos de la persona usuaria e información sobre sus derechos y deberes

Se deberá informar sobre los derechos de los menores y la garantía de su cumplimiento, así como sobre los mecanismos para informar al menor y a su familia o representantes legales acerca de sus derechos, deberes y normas de convivencia del centro. Asimismo, cuando proceda, deberá establecerse un procedimiento accesible para la recogida y tramitación de quejas (art. 8.c de la Ley 12/2018).

6. Acreditación de la disponibilidad de medios suficientes

La entidad acredita que dispone de los medios personales, materiales, técnicos y organizativos necesarios y adecuados para garantizar la correcta prestación del servicio objeto de la concertación, de acuerdo con las condiciones establecidas en este acuerdo, en el pliego de condiciones técnicas de ejecución del servicio y en la normativa aplicable.

Asimismo, la entidad se compromete a mantener estos medios durante toda la vigencia del concierto y a comunicar a la Administración cualquier circunstancia que pueda afectar al correcto funcionamiento del servicio.

7. Derechos y deberes de las partes

Definir las obligaciones de la entidad concertada, como, por ejemplo, mantener la acreditación y/o autorización administrativa del centro, prestar el servicio de acuerdo con el pliego de condiciones técnicas, etc. y las obligaciones del Consell Insular, como financiar el servicio mediante el pago establecido en el régimen económico del acuerdo, ejercer la supervisión y el seguimiento técnico, y derivar a las personas usuarias, etc. (art. 7.1 del Decreto 48/2017).

8. Régimen económico, facturación del servicio y pago

Indicar los precios unitarios, diferenciando por tipología de plazas, si procede; el gasto máximo total; la partida presupuestaria correspondiente; el sistema de facturación y la forma de pago, y la justificación, si procede (art. 8.e de la Ley 12/2018).

9. Duración

Indicar la duración del acuerdo (estableciendo el período temporal) así como la posibilidad de prórroga y sus condiciones, procedimiento y límite máximo (art. 8.f de la Ley 12/2018).

10. Coordinación y supervisión

Indicar todo lo que se considere oportuno sobre la coordinación y supervisión del servicio entre las partes. Por ejemplo, que la entidad concertada debe designar a una persona responsable del servicio, que deberá coordinar y supervisar su prestación. Esta persona responsable deberá recibir y ejecutar las indicaciones que el CIM considere oportunas en relación con la prestación del servicio, y deberá disponer de atribuciones suficientes para adoptar de manera inmediata las decisiones necesarias para garantizar su buen funcionamiento.

11. Inspección

El Servicio de Autorizaciones, Acreditación, Registro e Inspección de Servicios Sociales del Consell Insular de Menorca podrá inspeccionar en cualquier momento el funcionamiento del servicio concertado, con el fin de comprobar si se ajusta a lo establecido en este acuerdo de acción concertada, en todo aquello que pueda repercutir, en general, sobre las personas usuarias del servicio.

12. Revisión y modificación del acuerdo

El presente acuerdo podrá ser objeto de revisión y, en su caso, de modificación cuando varíen las circunstancias que motivaron su formalización o cuando concurran otras causas previstas en la normativa aplicable, con la finalidad de adaptar sus condiciones económicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades del servicio. (art. 7.2 de la Ley 12/2018).

13. Prohibición de cesión

Queda prohibida la cesión total o parcial de los servicios objeto del acuerdo de acción concertada, salvo en el supuesto de declaración de concurso de acreedores de la entidad, previsto en el artículo 7.4 de la Ley 12/2018, de 22 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

14. Penalizaciones

Indicar el sistema de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones del acuerdo, la graduación de los incumplimientos, el cuadro de penalidades y el procedimiento que debe seguirse (art. 8.g de la Ley 12/2018).

15. Causas de resolución

Los acuerdos de acción concertada se extinguen, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 12/2018, por cumplimiento y vencimiento del plazo, siempre que no se hayan renovado, o por resolución.

Concretamente, son causas de resolución las siguientes:

a) Acuerdo mutuo de las partes.

b) Incumplimiento de las normas de carácter obligatorio a las que debe someterse el servicio objeto de esta concertación y de las obligaciones en materia de seguridad e instalaciones.

c) Prestación defectuosa de las obligaciones acordadas.

d) Incumplimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos, siempre que el incumplimiento sea imputable a la entidad concertada, así como de las estipulaciones esenciales del acuerdo y del pliego de condiciones técnicas de ejecución del servicio.

e) Infracción de la legislación fiscal, laboral, de la Seguridad Social, de integración social de personas con discapacidad y de prevención de riesgos laborales.

f) Pérdida sobrevenida de los requisitos de participación en la convocatoria correspondiente o de las condiciones técnicas, económicas y financieras que hayan habilitado el acuerdo de acción concertada, así como la revocación o caducidad de la autorización de apertura y funcionamiento y/o de la acreditación del servicio.

g) Alteración del control de la entidad como consecuencia de cambios en la participación del accionariado, cuando esta circunstancia haya sido determinante para la formalización del acuerdo concertado.

h) Renuncia de la entidad concertada, manifestada con una antelación mínima de dos meses para garantizar la continuidad del servicio.

i) Fallecimiento de la persona física titular del servicio o extinción de la persona jurídica a la que corresponde la titularidad, salvo lo previsto en el artículo 29 del Decreto 48/2017.

j) Declaración de concurso de acreedores de la entidad titular del servicio, con excepción de lo previsto en el artículo 7.4 de la Ley 12/2018.

k) Revocación de la acreditación/autorización administrativa del servicio.

l) Cese voluntario, debidamente autorizado, de la actividad del servicio. 

m) Modificación de las condiciones técnicas o de las condiciones económicas por parte de la Administración, siempre que la entidad de iniciativa privada no haya dado su conformidad.

n) Negativa a atender a las personas usuarias derivadas por el Consell Insular de Menorca.

p) Cualesquiera otras que puedan establecerse reglamentariamente.

16. Publicidad y transparencia

Este acuerdo deberá publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en el Portal de Transparencia del Consejo Insular de Menorca (art. 3, letras f) y g), de la Ley 12/2018).

17. Jurisdicción competente

La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la formalización de este acuerdo de acción concertada, así como las que surjan entre las partes en relación con su interpretación, modificación, cumplimiento, efectos y extinción.

Contra este acuerdo —que no agota la vía administrativa— se puede interponer un recurso de alzada ante el Consejo Ejecutivo en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El citado recurso se entenderá desestimado si, transcurridos tres meses desde su interposición, no se ha notificado la resolución correspondiente. Contra la desestimación del recurso de alzada por silencio administrativo, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Palma.

 

Maó, (firmado electrónicamente: 27 de octubre de 2026)

La consejera ejecutiva Carmen Reynés Calvache (DP 227/2023, de 17 de noviembre) (BOIB núm. 158 de 21 de noviembre de 2023)