Boletín Oficial de las Illes Balears

El Pleno del Ayuntamiento de Muro, en sesión ordinària de día 22 de diciembre de 2025, adoptó el acuerdo de aprobar el “Convenio entre la Agencia Tributaria de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Muro para la gestión de expedientes sancionadores en materia de tráfico y seguridad vial”:

<<Convenio entre la Agencia Tributaria de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Muro para la gestión de expedientes sancionadores en materia de tráfico y seguridad viaria. >>

Partes

Antoni Costa Costa, presidente de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares, con competencia por este acto en virtud del artículo 7.2.b) de la Ley 3/2008, de 14 de abril, de creación y regulación de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares.

Miquel Porquer Tugores, alcalde del Ayuntamiento de Muro, facultad para este acto por el Acuerdo del Pleno de día 22 de diciembre de 2025.

Antecedentes

1. El Ayuntamiento de Muro firmó el 7 de mayo de 2019 con la Agencia Tributaria de las Islas Baleares un Convenio para la gestión de expedientes sancionadores en materia de tráfico y seguridad viaria.

2. La gestión de los expedientes sancionadores en materia de tráfico y seguridad viaria y la recaudación de las multas correspondientes que los órganos competentes del Ayuntamiento de Muro imponen en el ejercicio de sus competencias, compuerta una problemática específica, que justifica la articulación de un convenio que haga posible un servicio de recaudación de estas multas de más calidad, teniendo en cuenta que la finalidad de las sanciones es el efecto de ejemplificación.

El tiempo transcurrido desde la firma de este Convenio, los cambios y avances que habido en cuanto a los aspectos organizativos u operativos, así como aquello que establece la cláusula 8 del Convenio firmado el 7 de mayo de 2019 en cuanto a la duración del mismo, justifican la firma de un nuevo Convenio.

En este sentido, hay que destacar el desarrollo de nuevas herramientas de gestión del procedimiento sancionador en materia de tráfico por parte de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares, las modificaciones normativas a regulación del procedimiento contenida en el Texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre, y normativa complementaria de aplicación). Por eso, este Convenio incluye, por un lado, la posibilidad de utilizar por parte de los agentes de policía local del Ayuntamiento las aplicaciones desarrolladas en su tarea de control del tráfico y, si procede, formular denuncias, mediante dispositivos e instrumentos informáticos y telemáticos así como de captación de imágenes (radares). Y, por la otra, que las personas denunciadas suban conocer los detalles de la infracción denunciada a través de las aplicaciones del Portal web o la Sede electrónica de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (www.atib.es) así como hacer el pago telemático de la sanción.

3. De acuerdo con el que disponen los artículos 3 y 140 y concordantes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las administraciones públicas se rigen, en cuanto a sus relaciones, por el principio de cooperación y, en cuanto a su actuación, por el principio de eficacia en el servicio a los ciudadanos, y pueden llevar a cabo convenios de colaboración que, en el supuesto de que afecten corporaciones locales, se tienen que regir por el que establece la legislación reguladora del régimen local.

4. El artículo 57 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, establece que la cooperación económica, técnica y administrativa entre la Administración local y las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se tiene que desarrollar con carácter voluntario bajo las formas y en los términos que prevén las leyes, y puede tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o convenios administrativos que se subscriban.

5. El Pleno del Ayuntamiento de Muro en la sesión llevada a cabo el día 22 de diciembre de 2025, ha adoptado, entre otros, el acuerdo de aprobar el Convenio con la Agencia Tributaria de las Islas Baleares para la gestión de expedientes sancionadores en materia de tráfico y seguridad viaria.

Ambas partes nos reconocemos mutuamente la capacidad legal necesaria para formalizar este Convenio, de acuerdo con las siguientes

Cláusulas

1. Objeto del Convenio

El objeto de este Convenio es la realización, en régimen de prestación de servicios, por parte de la Agencia Tributaria de las Islas Baleares (de ahora en adelante, ATIB), de determinadas tareas relacionadas con la tramitación de los expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Muro (de ahora en adelante, el Ayuntamiento) en materia de tráfico y seguridad viaria, de acuerdo con el que establecen las cláusulas siguientes.

Se excluyen de este Convenio los expedientes sancionadores relativos a faltas en materia de tráfico y seguridad viaria, y las sanciones previsibles o ciertas de cuantía inferior a 40 euros.

2. Competencias en materia sancionadora

2.1. En virtud de este Convenio el Ayuntamiento no delega ninguna competencia sancionadora en materia de tráfico y seguridad viaria.

De acuerdo con esto, el ATIB, mediante el servicio territorial de la recaudación de zona Mallorca (de ahora en adelante, recaudación de zona), únicamente hará los trabajos materiales que sean necesarios para tramitar los expedientes sancionadores en materia de tráfico y seguridad viaria y el Ayuntamiento dictará los actos administrativos correspondientes.

2.2. El Ayuntamiento tiene que mantener actualizado en todo momento el cuadro de infracciones y de importes en función de las modificaciones hechas en la Ordenanza correspondiente y tiene que comunicar a la ATIB cualquier modificación o cambio que se efectúe.

3. Aplicaciones y herramientas informáticas y telemáticas

3.1. El ATIB tiene que desarrollar las tareas a que se refiere este Convenio mediante sus aplicaciones informáticas y telemáticas.

3.2. En el supuesto de que el Ayuntamiento lo solicite, el ATIB tiene que poner a su disposición los medios materiales o dispositivos necesarios para que los agentes de policía puedan llevar a cabo su tarea de control del tráfico y, si procede, formular denuncias, mediante herramientas e instrumentos informáticos. En particular, además de la elaboración y el mantenimiento de las aplicaciones y los software informáticos, el ATIB tiene que suministrar, en función de las necesidades del Ayuntamiento y a solicitud de este, los terminales (con la tarjeta de transferencia de datos correspondiente) y las impresoras (con lector de tarjeta bancaria) necesarias, como también el papel para las impresoras. Así mismo, en los términos que se acuerden con el Ayuntamiento, el ATIB pondrá su disposición un sistema de captación de imágenes (radar) que permite llevar a cabo un control de velocidad en la circulación de vehículos y, en su caso, iniciar el procedimiento sancionador.

En el supuesto de que se utilicen estos dispositivos, la persona denunciada que tenga del correspondiente certificado digital admitido por el ATIB, puede consultar los detalles de la infracción cometida mediante el módulo habilitado a efectos del Portal web o la Sede electrónica de la ATIB (www.atib.es), en la que también podrá consultar sus deudas pendientes y pagadas.

4. Tareas que tiene que llevar a cabo la recaudación de zona y resolución de recursos

4.1. La recaudación de zona tiene que llevar a cabo los trabajos materiales y el apoyo necesarios para tramitar los expedientes sancionadores en materia de tráfico y seguridad viaria que le encarguen los órganos competentes del Ayuntamiento, como también la recaudación en vía voluntaria y ejecutiva de las multas correspondientes. En todo caso, la recaudación de zona notificará los actos administrativos dictados por estos órganos.

Así mismo, la recaudación de zona cada quince días tiene que preparar las comunicaciones pertinentes en el Ayuntamiento de las sanciones por la comisión de infracciones graves y muy graves y la detracción de puntos en los permisos y las licencias de conducción, una vez sean firmes en vía administrativa, para que el Ayuntamiento las tramite a la Dirección Provincial de Tráfico con los medios que se establezcan a tal efecto. No obstante, en el supuesto de que el Ayuntamiento así lo solicite, esta comunicación a la Dirección Provincial de Tráfico la podrá hacer directamente la recaudación de zona a través de las aplicaciones y sistemas de interconexión establecidos al efecto.

4.2. Los recursos contra los actos dictados por el Ayuntamiento en el seno de los expedientes sancionadores los tiene que resolver el Ayuntamiento, sin perjuicio de la posible colaboración de la recaudación de zona en el caso en que el Ayuntamiento lo pida, y que pueda corresponder al ATIB la tramitación y ejecución de las devoluciones de ingresos indebidos que se puedan reconocer.

5. Formas de pago de las sanciones

El pago anticipado, en periodo voluntario y en periodo ejecutivo del las multas se puede hacer a cualquier oficina de las entidades de crédito colaboradoras a tal efecto del ATIB.

Así mismo, en cuanto al pago anticipado y en periodo voluntario también se puede hacer en las entidades financieras autorizadas al efecto por la Agencia Tributaría y también por vía telemática mediante la pasarela de pagos telemáticos del Portal web del ATIB [www.atib.es > Tributos locales > Pago de multas de tráfico (periodo voluntario)], que posibilita la emisión telemática del correspondiente justificante del pago realizado.

Aun así, en el supuesto de que se usen las herramientas informáticas a que se refiere la cláusula 3.2 de este Convenio, los agentes de policía podrán cobrar las multas por medio de terminales suministrados por la ATIB mediante tarjeta de crédito y/o débito.

En cuanto al pago en vía ejecutiva, también se podrá hacer por medio del Portal web o la Sede electrónica de la ATIB (www.atib.es), que posibilita la emisión telemática del justificante del pago realizado.

6. Contraprestación económica

6.1. Por cada expediente sancionador en materia de tráfico y seguridad viaria en que, de acuerdo con este Convenio, intervenga el ATIB y se abone la sanción, el Ayuntamiento abonará al ATIB un importe de 38 euros, con independencia de si el pago se realiza dentro del plazo voluntario establecido en la resolución sancionadora o en periodo ejecutivo.

Aun así, en los casos siguientes, el importe a abonar será de 22 euros:

• Cuando el pago de la sanción se realice antes de la resolución sancionadora.
• Cuando, una vez iniciada el procedimiento y notificada la infracción por parte de la ATIB, se produzca por el Ayuntamiento a la anulación de la infracción o la baja del cargo de la sanción.

Sin perjuicio del que dispone el párrafo anterior respecto al importe a satisfacer en los casos de anulación o baja, si el Ayuntamiento utiliza los sistemas informáticos a que hace referencia la cláusula 3.2 de este Convenio, tendrá que abonar al ATIB las siguientes cantidades:

• En todo caso, como coste por inicio de gestión, 3 euros por cada infracción cargada mediante los terminales o dispositivos suministrados por el ATIB.
• 25 euros, si el pago de la sanción se hace antes de que, si procede, se dicte la resolución sancionadora.
• 30 euros, si el pago de la sanción se hace en el plazo voluntario de pago abierto con la notificación de la resolución sancionadora.
• 37 euros, si el pago de la sanción se hace en el periodo ejecutivo.

Corresponde al ATIB el mantenimiento y la reparación de los terminales y dispositivos que se libren en el Ayuntamiento. Sin embargo, en caso de pérdida del dispositivo o de desperfectos irreparables, la reposición irá a cargo del Ayuntamiento. El coste de la reposición se descontará de la liquidación anual prevista en el apartado 4 de esta cláusula, previa notificación al Ayuntamiento.

6.2. Las cantidades indicadas en el apartado anterior se revisarán automáticamente cada año, de acuerdo con la variación anual del índice de precios de consumo (IPC) para las Islas Baleares entre los meses de enero y diciembre del año inmediatamente anterior, publicado por el Instituto Nacional de Estadística.

6.3. Los importes obtenidos por la recaudación en periodo voluntario de sanciones no se incluirán en la base de cálculo de los anticipos mensuales que establezca el Convenio para la recaudación de tributos y otros ingresos de derecho público no tributarios. Así mismo, la contraprestación derivada de este Convenio será incompatible con la retribución prevista para la recaudación de sanciones en vía ejecutiva en el marco del citado Convenio.

6.4. Anualmente, el ATIB tiene que liquidar la cuenta resultante de la recaudación de las sanciones y de la contraprestación económica meritada. Si el importe recaudado es superior al importe de la contraprestación, la ATIB ingresará la diferencia en el Ayuntamiento. En caso contrario, no se tendrá que ingresar ninguna cantidad, y la diferencia a favor de la ATIB se compensará con los ingresos derivados de la recaudación de los años siguientes.

6.5. Una vez finalizada este Convenio, se procederá a la liquidación definitiva de la cuenta resultante de la recaudación y de la contraprestación meritada. Si la recaudación supera el importe de la contraprestación, la ATIB abonará la diferencia al Ayuntamiento. En caso contrario, no se exigirá ninguna cantidad en el Ayuntamiento, y la deuda se considerará extinguido.

7. Incumplimiento de las obligaciones y de los compromisos asumidos

Cuando, cualquiera de las partes, considere que la otra ha incumplido alguna de las obligaciones y compromisos asumidos con el presente Convenio, en primer lugar requerirá la convocatoria de la Comisión de seguimiento prevista en la cláusula 8, con el fin de escuchar la otra parte, aclarar los términos y el alcance del incumplimiento e intentar encontrar soluciones de futuro. Si, una vez reunida la Comisión, la parte denunciando del incumplimiento considera que este es de tal gravedad que no permite mantener la vigencia del Convenio, de forma motivada comunicará a la otra parte la resolución unilateral del Convenio, con una antelación mínima de 3 meses a la fecha en que la resolución tenga que tener efectos.

8. Comisión de seguimiento del Convenio

8.1. Se crea una Comisión de seguimiento del Convenio integrado por cuatro miembros, dos representantes del ATIB, designados por el director o la directora de la ATIB, y dos en representación del Ayuntamiento designados por el Alcalde.

8.2. Las funciones de la Comisión, que se reunirá cada vez que lo solicite cualquier de las dos partes firmantes, serán las siguientes:

a) Interpretar el Convenio.

b) Asesorar sobre las cuestiones necesarias para desarrollar este Convenio o que tenguin relación con la gestión recaudatoria en la medida que puedan afectar el contenido de este Convenio.

c) Resolver la mejor forma de poner en práctica los aspectos incluidos en este Convenio, así como vigilar y controlar su ejecución.

8.3. En todo aquello que no esté previsto expresamente en esta cláusula, la Comisión se regirá respecto al que hace a su funcionamiento y régimen jurídico por aquello que establece la sección 3.ª del Capítulo II del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

9. Naturaleza y jurisdicción competente

9.1. El presente Convenio es de carácter administrativo. De acuerdo con aquello que establece el artículo 6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contactos del sector público, este Convenio queda excluido del ámbito de aplicación de esta Ley, sin que, de conformidad con el que prevé el artículo 48.9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, sean de aplicación las normas contenidas en el Capítulo VI del Título preliminar de esta última Ley.

9.2. Las controversias sobre la interpretación y ejecución del Convenio serán resueltas por la Comisión de seguimiento prevista en la cláusula 8 del presente Convenio. En caso contrario, las partes se someten a los juzgados y tribunales competentes de la orden jurisdiccional contencioso–administrativo.

10. Condiciones de uso y protección de datos: Confidencialidad, tratamiento y seguridad de los datos personales

10.1. En virtud de este Convenio, el tratamiento e intercambio de los datos de carácter personal con trascendencia tributaria a que tengan acceso las entidades firmantes se regirá por aquello que prevé el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y las disposiciones de despliegue o complementarias que se dicten en esta materia.

10.2. Las entidades firmantes, al tratar datos por cuenta de la entidad responsable de los datos, adquieren la posición de encargadas del tratamiento en el marco de aquello que prevé el artículo 28 del RGPD.

La naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos tratados y las medidas de seguridad a adoptar para garantizar la integridad, confidencialidad y autenticidad se concretan con las previsiones contenidas en el anexo de este Convenio.

11. Duración del Convenio

Este Convenio, que sustituye el Convenio firmado el día 7 de mayo de 2019, tiene efectos a partir de la fecha de su firma, sin perjuicio que se considera como primer año de aplicación el 2025.

Su vigencia es de 4 años. Una vez transcurrida el plazo inicial de vigencia, el Convenio se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de un año, salvo que cualquiera de las partes lo denuncie expresamente. La denuncia tendrá que ser comunicada por escrito con una antelación mínima de seis meses a la fecha de finalización del periodo de vigencia correspondiente.

Como muestra de conformidad, firmamos este Convenio en dos ejemplares.

Palma, __ de ____________ de 2025

Por la Agencia Tributaria de las Islas Baleares Por el Ayuntamiento de Muro

ANEXO

Mediante este anexo, las partes formalizan, de acuerdo con el que dispone el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en aquello que respecto al tratamiento de datos personales (de ahora en adelante, RGPD), el encargo de tratamiento de datos de carácter personal y las obligaciones y previsiones convenientes para garantizar la protección de los derechos de las personas interesadas en relación con los datos de carácter personal a que tienen acceso el ATIB y el Ayuntamiento de Muro.

El tratamiento de datos a que hace referencia el apartado anterior puede consistir en cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, modificación, transmisión y cancelación de datos, como también las cesiones previstas por la ley que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias. El encargo puede consistir directamente a realizar de manera exclusiva uno o más tratamientos, o bien otros prestaciones que, de forma instrumental comporten cualquier tratamiento de datos personales.

El ATIB se compromete a no utilizar los datos con otras finalidades distintas de las que se describen en este Convenio y de las que correspondan en ejercicio de las funciones de gestión recaudatoria o de cobro de deudas. Se prohíbe cualquier tipo de cesión, transferencia o comunicación, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo que tenga la autorización exprés del Ayuntamiento y en los supuestos legalmente previstos.

1. Medidas de seguridad.

De acuerdo con aquello que establezca la normativa vigente en materia de protección de datos, los ficheros objetes del encargo de tratamiento tienen que adoptar, para evitar la alteración, la pérdida, el tratamiento o el acceso no autorizado de los datos personales que contiene, un nivel medio de seguridad.

Para procurar a los datos tratados por cuenta del responsable el nivel medio de seguridad legalmente requerido, la ATIB tiene que adoptar las medidas de índole técnica y organizativa previstas a la normativa vigente en materia de protección de datos.

A estos efectos:

• El ATIB tiene que mantener una relación de usuarios asignados a los diferentes perfiles, que estará disponible para el Ayuntamiento, que podrá solicitarla en cualquier momento.
• Los usuarios del ATIB únicamente pueden tener acceso autorizado a los datos personales y a los recursos de información que sean necesarios para llevar a cabo sus funciones y se tienen que comprometer de manera exprés y por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las cuales se tiene que informar convenientemente (la documentación correspondiente estará a disposición del responsable). Así mismo, tienen que tener la formación necesaria en materia de protección de datos personales
• Los usuarios tienen que tener un código de identificación, que es único y que está asociado a una contraseña, que solo sabe el usuario y que es personal e intransferible. No hay ninguna posibilidad que un mismo par usuario-contraseña sea asignado a dos usuarios diferentes.
• La gestión de contraseñas tiene que seguir los procedimientos según las directrices del Esquema Nacional de Seguridad a nivel medio. El Ayuntamiento puede solicitar al ATIB el procedimiento de gestión de contraseñas en cualquier momento.

No se permite el acceso de personal externo al ATIB a las dependencias de ubicación de los ficheros.

• Los sistemas de información y los ficheros automatizados procesados por estos se encuentran en la sala de servidores de Islalink (ubicada en la calle Eusebi Estancia, 0, 07007 Palma) y en la sede de la ATIB (ubicada en la calle de Francesc de Borja Moll, 22, 07003 Palma), sin perjuicio de tener una tercera copia de los ficheros en un lugar diferente por el caso de contingencia.

Solo el personal autorizado por el ATIB puede tener acceso físico a los sistemas de información ubicados a la sala y tiene que seguir el procedimiento que consta en el documento de seguridad correspondiente.

Las medidas de seguridad se tienen que regir por las siguiente reglas de actuación:

• Garantizar la confidencialidad de la información que trate, tanto si se encuentra en apoyo informático como en papel, con especial atención a prevenir los accesos no autorizados, la divulgación indebida de información, y su pérdida o alteración en cualquier de las fases del tratamiento ( recogida, almacenamiento, transporte, consulta y transmisión).
• Garantizar la integridad de la información, su conservación en buen estado y la prevención de los riesgos físicos relacionados con cualquier de las fases del tratamiento (recogida, almacenamiento, transporte, consulta y transmisión).
• Garantizar la capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de manera rápida, en caso de incidente físico o técnico.
• Implantar las medidas técnicas y/u organizativas necesarias para disponer de la trazabilidad de los accesos a la información.
• Informar todo el personal que intervenga en los tratamientos previstos en este acuerdo de las medidas de seguridad que los corresponde aplicar.
• Comunicar a los usuarios su obligación de custodiar con diligencia las claves de acceso a los sistemas de información, que son de uso exclusivamente personal para cada usuario, protegiendo su confidencialidad e informando inmediatamente en caso de pérdida.
• Gestionar sin más dilación las altas, bajas y modificaciones de usuarios que se produzcan.

2. Gestión de apoyos.

La gestión de apoyos e inventario con los cuales se almacena tiene que seguir los procedimientos según las directrices del Esquema Nacional de Seguridad a nivel medio. El Ayuntamiento puede solicitar al ATIB el procedimiento de gestión de apoyos en cualquier momento.

3. Copias de seguridad y recuperación de datos y criterios de archivo, custodia de documentación y almacenamiento de apoyos no automatizados.

La gestión de copias de seguridad y recuperación de datos y criterios de archivo, custodia de documentación y almacenamiento de apoyos no automatizados tiene que seguir los procedimientos según las directrices del Esquema Nacional de Seguridad a nivel medio. El Ayuntamiento puede solicitar al ATIB el procedimiento pertinente en cualquier momento, así como los informes de pruebas de restauración generales.

El ATIB tiene que volver al Ayuntamiento como responsable del tratamiento, los datos de carácter personal y, si procede, los apoyos donde consten, una vez se resuelva definitivamente este Convenio.

La devolución comportará el borrado total de los datos existentes a los equipos informáticos utilizados por el encargado.

No obstante, el encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras se puedan derivar responsabilidades de la ejecución de las funciones que lo correspondan.

4. Gestión de incidencias de seguridad de la información.

Las incidencias se clasifican en diferentes niveles (leves, intermedias o de carácter crítico) y quedarán grabadas. El registro de incidencias tiene que estar a disposición del Ayuntamiento, que puede solicitarlo en cualquier momento al ATIB.

Las incidencias se registran en el libro de registro de incidencias correspondiente, que es coordinado y controlado por el responsable técnico de seguridad.

El Ayuntamiento delega a los órganos del ATIB la tarea de autorizar la recuperación de los datos de ficheros ubicados a sus instalaciones.

El encargado del tratamiento informará el responsable del tratamiento, sin más dilación indebida y en cualquier caso antes del plazo máximo de 48 horas, de las violaciones de la seguridad de los datos personales a cargo suyo de las que tenga conocimiento, junto con toda la información relevante para documentar y comunicar la incidencia.

La notificación no es necesaria cuando sea improbable que esta violación de la seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas.

Si se dispone, se facilitará, como mínimo, la información siguiente:

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, incluidas, cuando sea posible, las categorías y el número aproximado de personas interesadas afectadas y las categorías y el número aproximado de registros de datos personales afectados.

2. Nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto donde se pueda obtener más información.

3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.

4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los datos personales, incluidas, si procede, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la información simultáneamente, y en la medida que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin más dilación indebida. >>

Muro, en fecha de la firma electrónica (23 de diciembre de 2025 ​​​​​​​El alcalde Miquel Porquer Tugores)