Boletín Oficial de las Illes Balears

La fiebre Q o coxielosis forma parte de la lista de enfermedades que se deben someter a vigilancia de acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»).

Esta enfermedad es producida por la bacteria Coxiella burnetti y afecta a un elevado número de animales, sobre todo rumiantes, provocándoles abortos y muertes perinatales.

Además, la fiebre Q es una enfermedad que puede transmitirse de los animales infectados a los humanos y que sobre todo puede afectar al personal que trabaja en contacto directo con los animales (ganaderos, veterinarios, personal de mataderos, etc.).

Cuando se detecta un brote de fiebre Q en una explotación ganadera, a los efectos de proteger la sanidad animal y salud humana, deben aplicarse varias medidas de control, entre las que puede incluirse la vacunación de los animales de acuerdo con los programas autonómicos y nacional de actuación. Esta vacunación gana efectividad ante la enfermedad si se lleva a cabo durante un periodo continuado a lo largo del tiempo.

En las Illes Balears, desde el año 2019, han tenido lugar diferentes brotes de abortos en los que se detecta la presencia de Coxiella burnetti. Hoy en día, todavía siguen apareciendo casos de esta enfermedad, y con el fin de ayudar a las explotaciones con los gastos ocasionados para controlar esta enfermedad, se considera necesario financiar parcialmente el coste de la vacunación de los animales.

El Reglamento (UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, establece las condiciones que deben cumplir las ayudas a efectos de considerarlas exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado.

En fecha 17 de marzo del 2005, se publicó en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43 la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca de 10 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en los sectores agrario y pesquero. El artículo 1.2.j) de esta orden señala que son objeto de ayudas las actividades relacionadas con la sanidad y la producción ganadera.

El Decreto 64/2005, de 10 de junio, de creación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears, establece, en el artículo 2.a), que el FOGAIBA tiene por objeto ejecutar la política de la consejería competente en materia de agricultura y pesca referente a la aplicación de las medidas de fomento y mejora de los sectores agrario y pesquero, incluidas las derivadas de la política agrícola común y de los fondos procedentes del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), de las medidas de desarrollo rural y de otros regímenes de ayudas previstos por la normativa de la Unión Europea.

Mediante el Decreto 10/2025, de 14 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Concretamente, en el anexo 1 se acuerda la adscripción del FOGAIBA a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, y en el artículo 3 de la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca de 10 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en los sectores agrario y pesquero, corresponde aprobar la convocatoria de estas ayudas mediante resolución.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 6.1.g) del Decreto 64/2005, de 10 de junio, de creación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears, y a propuesta del director gerente del FOGAIBA, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero  Objeto de las ayudas y ámbito de aplicación

1. Se aprueba la convocatoria de las ayudas de minimis para el año 2025 para el control y la erradicación de la fiebre Q en las explotaciones de ganado bovino, caprino y ovino de las Illes Balears, de acuerdo con lo establecido en la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca de 10 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en los sectores agrario y pesquero, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) núm. 43, de 17 de marzo de 2005.

2. Estas ayudas se deberán conceder de acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) núm. 352, de 24 de diciembre de 2013.

3. El ámbito territorial de aplicación de estas ayudas es la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (CAIB).

Segundo  Importe máximo de la convocatoria y financiación

1. Para esta convocatoria se destina un importe máximo de treinta mil euros (30.000,00 €), con cargo al presupuesto del FOGAIBA del año 2025.

2. Los créditos que se destinan a esta convocatoria se pueden incrementar con cargo a los presupuestos del FOGAIBA.

Tercero  Personas beneficiarias

1. Pueden beneficiarse de las ayudas previstas en esta Resolución los titulares de las explotaciones ganaderas de las Illes Balears que cumplan los siguientes requisitos:

a. Ser una explotación de ganado bovino, caprino y/u ovino inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de las Illes Balears (REGA). La persona peticionaria y su explotación deben estar inscritas y tener los datos actualizados en este registro, como máximo en la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOIB.

b. Disponer de un programa higienicosanitario supervisado por el veterinario responsable y aplicarlo a su explotación. En caso de que la explotación se encuentre en el ámbito territorial de una agrupación de defensa sanitaria (ADS) reconocida oficialmente y no pertenezca, deben aplicar, al menos, el programa sanitario de la agrupación.

c. En el momento de presentar la solicitud de ayuda, deberán haberse detectado y notificado a la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural o al consejo insular correspondiente problemas de abortos en ganado bovino, ovino y/o caprino, que se hayan producido dentro de los 5 años anteriores a la presentación de la solicitud.

Por la confirmación de la existencia o no de la fiebre Q, se deberá disponer del informe previo de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural durante el periodo mencionado.

d. Tener considerada idónea la vacunación y que esta esté dentro de un programa de vacunación coherente. A este efecto, la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural deber haber emitido un informe favorable.

2. La comprobación de los requisitos anteriores se deberá realizar de oficio ante del órgano competente, excepto que el peticionario manifieste lo contrario. En caso de que esta comprobación se deniegue expresamente, deberán aportarse los documentos acreditativos correspondientes.

No obstante, en caso de que la persona beneficiaria no pertenezca a una ADS, deberá aportar el certificado del veterinario responsable de la explotación que acredite que la explotación dispone de un programa higienicosanitario y que lo aplica, de acuerdo con el punto 2.c) del apartado sexto de esta Resolución.

3. Cuando se trate de una agrupación sin personalidad jurídica propia, se deberá hacer constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución que asume cada miembro y también el porcentaje de la subvención que se deben aplicar a cada uno, los cuales tienen igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, se debe nombrar a un representante o apoderado único de la agrupación, con el poder suficiente para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación. La agrupación no se podrá disolver hasta que no haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 24 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en los artículos 57 y 60 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.

4. Además de los requisitos establecidos en el 1 punto anterior, deben cumplirse los requisitos previstos en la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca de 10 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en los sectores agrario y pesquero, así como los establecidos en el Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.

5. Los requisitos generales establecidos en el punto 1 deben mantenerse durante un plazo no inferior a un año, a contar desde la fecha de la resolución de concesión de la ayuda.

6. No pueden ser beneficiarias de las subvenciones previstas en esta Resolución las personas, entidades o asociaciones que incurran en alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 10 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre. La justificación de no encontrarse dentro de estas prohibiciones se efectuará de la manera prevista en el apartado 6 del artículo 10.

7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1.e) del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, se considerará que las personas beneficiarias están al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social cuando se verifique lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio. La circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias —estatales y autonómicas— y con la Seguridad Social deberá quedar acreditada antes de que se dicte la propuesta de resolución del procedimiento. 

La acreditación de que se cumple este requisito se deberá realizar mediante la presentación de las certificaciones previstas en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio. No obstante, la persona interesada puede autorizar al FOGAIBA y/o a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural para que compruebe de oficio que se cumple dicho requisito y, en este caso, no hay que presentar los certificados correspondientes. Cuando la persona solicitante de la ayuda no esté obligada a presentar las declaraciones o los documentos a que se refieren las obligaciones previstas en el párrafo anterior, deberá acreditarse su cumplimiento mediante una declaración responsable.

8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, tampoco podrán ser beneficiarias de las subvenciones previstas en esta Resolución las empresas y las entidades solicitantes sancionadas o condenadas, en los últimos tres años, por resolución administrativa o sentencia judicial firmes, por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias en razón de sexo o de género.

Cuarto  Actuaciones subvencionables

1. Se pueden subvencionar los gastos por la compra y la administración de vacunas para la lucha y la prevención de la fiebre Q.

2. Únicamente son subvencionables los gastos efectuados y pagados desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, ambos incluidos.

3. En todo caso, los gastos subvencionables se deberán avalar mediante pruebas documentales claras, específicas y actualizadas.

4. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no es subvencionable, excepto cuando no lo pueda recuperar la persona beneficiaria.

5. En cualquier caso, se aplicarán las normas en materia de gastos susceptibles de subvención, comprobación de subvenciones y comprobación de valores establecidos en los artículos 40, 41 y 42 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, y también el establecido en el artículo 83 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

6. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de quince mil euros (15.000,00 €), en caso de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios para empresas de consultoría o asistencia técnica, la persona beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, a menos que por las características especiales del gasto subvencionable no exista en el mercado un número suficiente de entidades que lo suministren o a no ser que el gasto se haya efectuado antes de la fecha de publicación de la convocatoria.

La elección entre las ofertas presentadas, que se deberá aportar con la solicitud de subvención, se hará de acuerdo con criterios de eficiencia y economía, los cuales se deben justificar en una memoria cuando la elección no corresponda a la oferta económicamente más ventajosa.

Quinto  Cuantía de las ayudas

1. El importe de las ayudas es el siguiente:

- Del 75,00 % de los gastos derivados de la compra y administración de la vacuna, en explotaciones que hayan notificado problemas de abortos y en las que se haya confirmado la presencia de fiebre Q.

- Del 25,00 % de los gastos derivados de la compra y administración de la vacuna, en explotaciones que hayan notificado problemas de abortos, pero no se haya confirmado la presencia de fiebre Q.

2. Así mismo, de conformidad con lo establecido en el punto 2 del artículo 3 del Reglamento (UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, la cuantía total de ayudas de minimis no puede exceder los 50.000,00 euros por beneficiario durante cualquier periodo de tres años o, si procede, la cuantía que establezca el reglamento que lo modifique o sustituya siempre que sea superior a esta y se cumplan las condiciones para aplicarlo, siempre que no exista disposición aplicable en contra.

3. En todo caso, deberán tenerse en cuenta los límites y la acumulación previstos en los artículos 3 y 5 del Reglamento (UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, mencionado.

Sexto  Solicitudes y documentación

1. El periodo para presentar solicitudes va desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el BOIB hasta el 30 de enero de 2026.

2. Las personas interesadas que cumplan los requisitos previstos en esta convocatoria pueden presentar las solicitudes de ayuda de acuerdo con el modelo de formulario que figura en la página web del FOGAIBA (A04026954). Las solicitudes deberán presentarse correctamente rellenadas ante los registros de entrada del FOGAIBA, de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural o de cualquier otro registro de los previstos en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en el artículo 37 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Las personas obligadas a relacionarse electrónicamente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán presentar la solicitud de ayuda mediante el trámite telemático correspondiente, disponible en la Sede electrónica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Deberán suministrarse todos y cada uno de los datos que se indican en dicho formulario, así como asumir los compromisos, otorgar las autorizaciones y realizar las declaraciones que contiene.

Estas solicitudes deberán incluir la siguiente documentación:

a. Copia del NIF de la persona solicitante, en caso de personas jurídicas.

b. Si procede, documentación acreditativa de la representación con la que se firma la solicitud.

c. En el caso de no pertenecer a una ADS, certificado del veterinario responsable de la explotación que acredite que la explotación dispone de un programa higienicosanitario y que lo aplica. En caso de que la explotación se encuentre en el ámbito territorial de una agrupación de defensa sanitaria reconocida oficialmente y no pertenezca a esta, debe aplicarse, al menos, el programa sanitario de la agrupación.

d. En el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica propia, deberá aportarse, además:

- Documento en el que se reflejen las normas o la reglamentación de funcionamiento que hayan suscrito todos los miembros.

- Copia del NIF de la agrupación, si se dispone de él. En caso de que alguno de los asociados sea una persona jurídica, deberá aportar, además, una copia del NIF y del documento acreditativo de su representación.

- Documento suscrito por todos los miembros de la agrupación en que haya constancia expresa de los compromisos de ejecución que asume cada uno, así como el número de DNI y de la cuenta bancaria (IBAN de 24 dígitos) de cada uno.

- Nombramiento de un representante o apoderado único de la agrupación con el poder suficiente para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación como beneficiaria.

- Documento suscrito por todos los miembros de la agrupación en el que se haga constar el compromiso de no disolver la agrupación hasta que no haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 24 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en los artículos 57 y 60 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.

​​​​​​​e. Una relación de justificantes imputados, de acuerdo con el modelo de formulario que figura en la página web del FOGAIBA.

f. Documentación justificativa de los gastos que se han efectuado. La justificación del gasto se efectuará mediante la presentación de facturas pagadas que cumplan los requisitos y las formalidades previstos en el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE núm. 289, de 1 de diciembre de 2012), y justificantes de pago.

Pueden considerarse justificantes de pago los siguientes documentos:

1.º Un extracto bancario en el que quede identificado el pago que se ha realizado y en el que se indique el concepto, el importe, el pagador y el destinatario.

2.º Los pagos en efectivo deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, exclusivamente. No es necesario que la factura pagada en efectivo, con un importe igual o inferior a 1.000,00 euros, esté firmada si cumple con lo mencionado anteriormente. En el caso de una factura, esta deberá incluir la acreditación que se ha pagado en efectivo y la fecha de pago.

3.º Un comprobante de transferencia bancaria en el que quede identificado el pago que se ha realizado y en el que se indique el importe, el pagador y el destinatario.

4.º Cualquier otro documento de valor probatorio equivalente, válido en derecho, mediante el que se acredite la realización efectiva del pago.

Esta documentación permanecerá a disposición de la Agencia Tributaria y de la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación para llevar a cabo cualquier control que se considere oportuno.

g. Si procede, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 40.3 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, haya solicitado la persona beneficiaria, como también la memoria justificativa de la elección, si procede.

h. Certificado tributario de la condición del sujeto pasivo del IVA actualizado o documento de la Agencia Tributaria equivalente que demuestre que la persona beneficiaria no puede recuperar el IVA, en caso de solicitar la subvencionabilidad del IVA.

3. La comprobación del DNI de la persona beneficiaria, de su representante o de los miembros de la agrupación, en caso de entidades sin personalidad jurídica, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado tercero, la realizará de oficio el FOGAIBA. En caso de que se quiera denegar expresamente la autorización o no autorizar al FOGAIBA o la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Natural para que obtengan el DNI, los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias —estatales y autonómicas— y con la Seguridad Social, así como los certificados del REGA, el certificado del Registro de ADS, y para comprobar que se cumplen el resto de requisitos del apartado tercero de esta Resolución, deberá aportar los certificados o la documentación correspondientes. En caso de que no se esté obligado a presentar las declaraciones o los documentos a que hacen referencia las anteriores obligaciones para acreditar que se está al corriente de las obligaciones tributarias —estatales y autonómicas— y con la Seguridad Social, o cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 3.000,00 euros, deberá acreditarse su cumplimiento mediante declaración responsable.

Si la persona interesada ha presentado una declaración responsable y durante la instrucción del procedimiento el importe de la subvención es superior a 3.000,00 euros, o en caso de que el FOGAIBA considere oportuno realizar la comprobación efectiva del cumplimiento de este requisito, se requerirá a esta persona que aporte la justificación de este requisito, a menos que se haya autorizado al FOGAIBA para llevar a cabo la comprobación de oficio.

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, no hay que presentar la documentación o los datos elaborados por cualquier Administración que se puedan obtener por medios telemáticos o de los que ya disponga el FOGAIBA. En el caso de denegación expresa para llevar a cabo esta comprobación, deberá aportarse el documento correspondiente.

Las personas interesadas tampoco están obligadas a presentar datos o documentos que hayan aportado ellas mismas ante cualquier Administración. A tal efecto, estas personas deben comunicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentaron los documentos, y el FOGAIBA es quien debe obtenerlos electrónicamente. Excepcionalmente, si el FOGAIBA no pudiera obtener los documentos mencionados, puede solicitar nuevamente su aportación a las personas interesadas.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente puede requerir a la persona solicitante la presentación o, por defecto, la acreditación por otros medios del cumplimiento de los requisitos a los que se refiere el documento, antes de formular la propuesta de resolución.

5. Si la solicitud tiene algún defecto o no incluye toda la documentación señalada, o bien si los documentos que hay que presentar durante la tramitación del expediente presentan enmiendas o texto tachado, se requerirá a la persona solicitante que enmiende el defecto o aporte la documentación en el plazo de diez días, con la indicación de que si no lo hace se entenderá desistida su solicitud y, con la resolución previa, se archivará el expediente sin ningún otro trámite.

6. La presentación de la solicitud supone la aceptación, por parte de la persona interesada, del contenido de esta convocatoria, de las bases reguladoras establecidas en la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca de 10 de marzo de 2005 y del resto de normativa de aplicación.

Séptimo Selección de las personas beneficiarias

1. La selección de las personas beneficiarias se realizará mediante el procedimiento individual de selección de beneficiarios; en este caso, las solicitudes podrán resolverse individualmente, a medida que entren en el registro del órgano competente, aunque no haya finalizado el plazo para presentar solicitudes de subvención, siempre que se haya presentado toda la documentación requerida, de acuerdo con esta convocatoria.

2. Si se agotan los créditos destinados a la convocatoria antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, deberá suspenderse la concesión de nuevas ayudas mediante una resolución del presidente del FOGAIBA, que deberá publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Octavo  Instrucción del procedimiento

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas es el Área de Gestión de Ayudas del FOGAIBA. Este órgano llevará a cabo, de oficio, las actuaciones necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales se dictará la resolución.

2. La resolución de los expedientes la dicta el vicepresidente del FOGAIBA en materia agraria, a propuesta del jefe del Servicio de Ayudas OCM, del Estado y de Pesca. Antes de emitir la propuesta, la unidad gestora deberá emitir un informe en el que se debe acreditar, si es favorable, la legalidad de la ayuda y su importe.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa es de seis meses a contar desde la presentación de la solicitud, y esta resolución deberá notificarse individualmente a las personas interesadas. Una vez transcurrido este plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, se entiende desestimada la solicitud. En la resolución de concesión de la ayuda se deberá hacer constar expresamente el carácter de minimis de la ayuda, conforme a lo previsto en el punto 5 del artículo 7 del Reglamento (UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013.

4. La práctica de las comunicaciones y notificaciones a las personas interesadas en este procedimiento deberá realizarse de manera individual.

Las personas solicitantes que, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, estén obligadas a relacionarse electrónicamente deberán realizar, de manera telemática, todos los trámites de este procedimiento, mediante el trámite telemático que está disponible en el procedimiento publicado en la Sede electrónica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

5. Contra esta Resolución puede interponerse recurso de alzada ante el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Natural en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.4 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Noveno  Pago de las ayudas

El pago de la ayuda se realizará mediante transferencia bancaria, una vez que se haya dictado la resolución de concesión, con la autorización previa del director gerente del FOGAIBA, ya que la justificación se ha realizado y acreditado con carácter previo a la concesión de la ayuda.

Décimo  Obligaciones de las personas beneficiarias

1. Son obligaciones de las personas beneficiarias las establecidas en el artículo 11 del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado mediante el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, y en el artículo 15 de la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca de 10 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en los sectores agrario y pesquero.

2. El régimen jurídico aplicable por incumplir las obligaciones que se señalan es el previsto en el Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, y comprende desde el reintegro de la ayuda y el pago del interés de demora hasta la imposición de las sanciones correspondientes.

Undécimo Incompatibilidades

Las ayudas objeto de esta convocatoria son incompatibles con las ayudas que, para las mismas actuaciones concretas, pueda recibir la persona beneficiaria de cualquier administración pública o de otra entidad pública o privada.

Duodécimo Régimen jurídico aplicable

El régimen jurídico aplicable a esta convocatoria es el establecido en la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca de 10 de marzo de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en los sectores agrario y pesquero; el Reglamento (UE) núm. 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola; el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de subvenciones en el ámbito de las Illes Balears, así como los preceptos que sean aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el resto de normativa aplicable. 

Decimotercero Controles

El FOGAIBA deberá realizar los controles administrativos y sobre el terreno que considere necesarios para verificar que se cumplen las condiciones reglamentarias para conceder y pagar la ayuda.

Decimocuarto  Publicación

Esta Resolución deberá comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y deberá publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la fecha de la firma electrónica (20 de octubre de 2025)

El presidente del FOGAIBA Joan Simonet Pons