Boletín Oficial de las Illes Balears

El Pleno del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2025, aprobó las bases que a continuación se transcriben:

“Convocatoria de prestaciones económicas de urgencia social, para cobertura de necesidades de vivienda de personas afectadas por el desalojo de viviendas del bloque A del edificio Don Pepe, en es Codolar, Sant Josep de sa Talaia

Primero. Justificación

La Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears tiene por objeto la configuración de un sistema de servicios sociales que dé respuesta a las necesidades de las personas. Entre los objetivos, destaca el de prevenir y atender las situaciones de vulnerabilidad de las personas, así como el de detectar y atender las situaciones de falta de recursos básicos y las necesidades sociales.

El artículo 5 de la Ley 4/2009 establece que, en todo caso, son personas destinatarias de los servicios sociales las que se encuentren en las Illes Balears en una situación de necesidad personal básica, las cuales pueden acceder a las prestaciones del sistema de servicios sociales que permitan atender esta situación. El personal profesional de los servicios sociales la debe valorar de acuerdo con la gravedad, precariedad y perentoriedad.

Por otra parte, el artículo 20 de la referida Ley 4/2009, de 11 de junio, establece que las prestaciones del sistema público de servicios sociales pueden ser técnicas, económicas o tecnológicas. El artículo 22 define las prestaciones económicas como aportaciones dinerarias que tienen como finalidad atender determinadas situaciones de necesidad en que se encuentran las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para hacerles frente y no están en condiciones de conseguirlos o recibirlos de otras fuentes.

La Ley 4/2023, de 27 de febrero, de Prestaciones Sociales de Carácter Económico de las Illes Balears tiene por objeto regular las prestaciones sociales de carácter económico que se enmarcan en el ámbito de los servicios sociales de las Illes Balears. En el título IV regula las prestaciones económicas de urgencia social. Establece que las referidas ayudas son prestaciones sociales de carácter económico del sistema público de servicios sociales acotadas por concepto y temporalmente. Tienen por finalidad resolver situaciones que requieren urgencia en el apoyo económico que afecten a personas o unidades de convivencia que por situaciones sobrevenidas, gastos imprevistos, déficit temporal de ingresos económicos, emergencias, apoyo familiar o procesos de inserción social, dé lugar a una situación de necesidad de acceso a recursos de primera necesidad, entre la cual podemos encontrar la imposibilidad transitoria de continuar haciendo uso y disfrute de la vivienda habitual.

Asimismo, la referida Ley 4/2023, de 27 de febrero, establece que las prestaciones sociales de carácter económico que se regulan en la referida Ley no tienen carácter de subvención, de acuerdo con lo establecido en el art. 22.3 de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears.

Ante la situación de emergencia social en la que pasaron a encontrarse los vecinos y vecinas del bloque A del edificio Don Pepe a causa de la declaración de ruina y orden de desalojo del mencionado edificio mediante decreto de Alcaldía 2021/1759, de 2 de junio de 2021, ratificada por acto judicial de 17 de noviembre de 2021, el Ayuntamiento solicitó colaboración en fecha 22 de diciembre de 2021 a la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno de las Illes Balears con el fin de poder facilitar la máxima ayuda posible a las familias afectadas, que se encontraban con la imposibilidad de continuar haciendo uso de la vivienda habitual.

El mercado inmobiliario en toda la isla de Ibiza se caracteriza por la falta de viviendas disponibles y por los precios elevados, muy por encima de la media estatal y de las Illes Balears. Esto dificulta especialmente el acceso a una nueva vivienda a las personas afectadas por esta situación.

El interés del Gobierno por esta preocupante situación se materializó con el Decreto 7/2022 de 14 de marzo, por el cual se creó la comisión de seguimiento de la solución de vivienda de las personas que habitaban los apartamentos Don Pepe y del restablecimiento de los valores ecológicos en la zona afectada (BOIB n.º 37, de 15 de marzo). A pesar de este interés, la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes (actualmente Familias y Asuntos Sociales) no dispone de los medios y recursos, y tampoco cuenta con la implantación necesaria para poder gestionar directamente las ayudas que necesitan las familias afectadas.

Por este motivo, en fecha 11 de julio de 2022, el Consejo de Gobierno acordó autorizar el gasto derivado del convenio de colaboración entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno de las Illes Balears y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia para desarrollar actuaciones de cobertura de necesidades de vivienda para los afectados por el desalojo del edificio Don Pepe, para los años 2022 a 2025. El mencionado convenio entre ambas administraciones se firmó en fecha 25 de agosto de 2022. Este convenio y la posterior convocatoria de ayudas hecha por el Ayuntamiento en cumplimiento del convenio tenían vigencia hasta el 30 de junio de 2025.

Antes del vencimiento, y dada la persistencia de la situación de necesidad de las personas afectadas, el Ayuntamiento solicitó la prórroga del convenio. La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales, en sesión celebrada el 10 de junio de 2025, aprobó la prórroga de la financiación del mencionado convenio.

En fecha 30 de junio de 2025 se firma adenda de prórroga del convenio de colaboración entre la Consejería de Familias y Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia para desarrollar actuaciones de cobertura de necesidades de vivienda para las personas afectadas por el desalojo del edificio Don Pepe por un período de tres años adicionales, es decir, por el período comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2028.

Con la aprobación de la presente convocatoria de prestaciones, el Ayuntamiento de Sant Josep, en cumplimiento de la adenda de prórroga del convenio firmado con la Consejería de Familias y Asuntos Sociales del Gobierno de las Illes Balears, quiere dar apoyo de manera urgente a las personas afectadas en relación con el desalojo de viviendas del bloque A del edificio Don Pepe que, siendo propietarios o familiares directos hasta primer grado de consanguinidad de la persona propietaria, residían en el edificio en el momento del desalojo, y que se encuentran con la imposibilidad de continuar haciendo uso de lo que era la vivienda habitual.

Segundo. Objeto

El objeto de la presente convocatoria es establecer los requisitos y el procedimiento para otorgar las prestaciones económicas de urgencia social, en cumplimiento de la adenda de prórroga del convenio firmada con la Consejería de Familias y Asuntos Sociales del Gobierno de las Illes Balears en fecha 30 de junio de 2025, para personas afectadas en relación con el desalojo de viviendas del bloque A del edificio denominado Don Pepe, en es Codolar, Sant Josep de sa Talaia, que, en calidad de propietarios o de familiares directos hasta primer grado de consanguinidad, residían en el mencionado edificio en el momento del desalojo, y que se encuentran con la imposibilidad de continuar haciendo uso de lo que era la vivienda habitual.

La finalidad de esta convocatoria es dar apoyo a la situación de necesidad en la que se encuentran estas personas, y poner en marcha una línea de ayudas de urgencia social, con la finalidad de ayudarles a cubrir los gastos de alquiler de una nueva vivienda. Esta convocatoria de ayudas se hará en el marco de la Ley 4/2023, de 27 de febrero, de Prestaciones Sociales de Carácter Económico de las Illes Balears.

Tercero. Consignación presupuestaria habilitada para atender las prestaciones

El presupuesto que se habilita para esta convocatoria es de un máximo de ochocientos setenta y cuatro mil ochocientos euros (874.800,00 €) con cargo al presupuesto del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, y se distribuye en las siguientes anualidades y partidas:

Las cantidades correspondientes a los ejercicios 2026, 2027 y 2028 quedan condicionadas a lo que dispongan los correspondientes presupuestos municipales.

La dotación económica se financia mediante adenda de prórroga de convenio con la Consejería de Familias y Asuntos Sociales del 30 de junio de 2025, según el cual la Consejería aporta esta cuantía al Ayuntamiento con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears con el fin de poner en marcha esta línea de ayudas.

En ningún caso el importe máximo concedido a una misma persona al amparo de esta convocatoria puede superar las cuantías que se detallan en el punto quinto de la presente convocatoria.

Cuarto. Personas beneficiarias, criterios y condiciones para acceder

Pueden ser personas beneficiarias de las prestaciones económicas que se regulan en esta convocatoria las personas físicas afectadas por el desalojo que cumplan con los requisitos siguientes:

• Ser propietario/a o familiar directo de primer grado de consanguinidad de la persona propietaria y residir en una vivienda del bloque A del edificio Don Pepe en el momento del desalojo.
• Estar empadronado en el domicilio antes de la aplicación efectiva del decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia 2021/1759, de 2 de junio de 2021.
• Haber residido en las Illes Balears, como mínimo, 12 meses antes de la solicitud.
• Que la vivienda objeto de alquiler esté situada en el ámbito territorial de las Illes Balears.
• No poseer la persona solicitante, ni ningún miembro de la unidad familiar o de convivencia, la titularidad de ningún derecho que permita disponer del uso de una vivienda estable y en condiciones de habitabilidad.

No se considera que se incurre en esta prohibición en los casos siguientes:

• Si solo se tiene la propiedad o usufructo sobre una parte alícuota de la vivienda y se ha obtenido por herencia.
• Si se tiene la propiedad o usufructo de la totalidad de la vivienda, pero no se puede disponer de esta por las causas siguientes:
  • Separación o divorcio.
  • Traslado obligatorio del domicilio por motivos laborales, siempre que el domicilio esté situado fuera de las Illes Balears.
  • Víctima de violencia de género.
  • Cuando la vivienda no sea accesible por razón de discapacidad de la persona solicitante o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia.
  • Cualquier otra causa ajena a su voluntad, acreditada documentalmente.
• Que los ingresos anuales de la persona solicitante y los miembros de la unidad familiar, descontando, en su caso, lo que paguen de hipoteca del piso desalojado del edificio Don Pepe, no sea superior a 33.600,00 € (4 IPREM del año 2024 en 14 pagas) en el caso de que esté formada por una sola persona y de 8.400,00 € adicionales (1 IPREM del año 2024 en 14 pagas) por cada persona más que forme parte de la unidad de convivencia cuando esté compuesta por más de un individuo.

Estos ingresos económicos deben acreditarse mediante la declaración de la renta de las personas físicas del último ejercicio de todas las personas mayores de 18 años que formen parte de la unidad familiar, o certificado tributario de IRPF en caso de no estar obligado a presentar la declaración de la renta.

En el supuesto de que en una misma vivienda haya diversos propietarios, únicamente puede ser beneficiario de la prestación uno de los propietarios por vivienda.

Cada persona solicitante, aunque tenga más de una vivienda en propiedad, solo puede recibir una única ayuda dentro de esta convocatoria.

Para las personas que reúnan estos requisitos, estas ayudas son tramitadas por los Servicios Sociales Comunitarios Básicos del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, independientemente del municipio de las Illes Balears donde hayan ido a vivir después del desalojo.

Quinto. Cuantía de la prestación, efectos y duración

Los importes máximos dentro de esta convocatoria son los siguientes:

• Para unidades de convivencia formadas por una persona sola: hasta un máximo de 750 € mensuales.
• Para unidades de convivencia de dos personas: hasta un máximo de 900 € mensuales.
• Para unidades de convivencia de más de dos personas: hasta un máximo de 1.200 € mensuales.

La cuantía de la prestación no puede ser, en ningún caso, superior al importe del alquiler de la nueva vivienda.

El importe máximo a adjudicar a un solicitante es el correspondiente a 12 mensualidades. Si se mantiene la situación de vulnerabilidad de la persona beneficiaria, y previa valoración social de los servicios sociales comunitarios, se puede tramitar una nueva concesión.

El período máximo por el cual se pueden recibir ayudas dentro de esta convocatoria es de tres anualidades.

​​​​​​​Sexto. Régimen de incompatibilidad con otras prestaciones

Esta prestación es complementaria y compatible con todas las prestaciones de carácter económico definidas en la Ley 4/2023, de 27 de febrero, de Prestaciones Sociales de Carácter Económico de las Illes Balears, así como con el resto de prestaciones o pensiones públicas, salvo que su legislación reguladora establezca la incompatibilidad.

En ningún caso, sin embargo, la suma total de las ayudas percibidas por esta misma finalidad, aisladamente o en concurrencia con otras ayudas, puede ser superior al coste total de las mensualidades de alquiler del período por el cual se justifica la ayuda concedida.

Séptimo. Publicidad

Esta convocatoria se publica en el BOIB y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia

(https://santjosep.sedelectronica.es).

El Ayuntamiento da publicidad a la financiación de estas ayudas de la Consejería de Familias y Asuntos Sociales de la CAIB en la web municipal u otras vías de difusión.

Octavo. Presentación de solicitud de la prestación, plazos y documentación a adjuntar

El plazo para presentar las solicitudes es de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Las solicitudes de la prestación se formalizan mediante instancia, según el modelo normalizado que figura como anexo I de esta convocatoria.

Las solicitudes se dirigen a la Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia y se presentan en el Registro General de la misma institución. También existe la posibilidad de registrar las solicitudes telemáticamente en la misma sede electrónica habilitada a tal fin, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes deben ir acompañadas de la documentación siguiente:

• DNI, NIE u otro documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante, y del representante, en su caso.
• Documento acreditativo de la representación, en su caso.
• DNI, NIE u otro documento acreditativo de la identidad de las personas que forman parte de la unidad de convivencia.
• Libro de familia o documentación análoga oficial que lo sustituya, en su caso.
• Documento que acredite régimen de tenencia de la vivienda afectada por el desalojo: escrituras de propiedad o autorización de uso por parte del/la propietario/a (en este caso, acompañado por el DNI del/la propietario/a y documento que acredite la relación familiar).
• Autorización para obtener la información a efectos de acreditar el empadronamiento en la vivienda objeto del desalojo antes de la aplicación efectiva del Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia 2021/1759, de 2 de junio de 2021, la residencia en las Illes Balears 12 meses antes de la solicitud y la composición de la unidad de convivencia (anexo I). En caso de no dar esta autorización, la persona debe aportar el certificado o certificados que lo acrediten. También los debe aportar en los supuestos de no estar actualmente empadronado en el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia.
• Autorización para obtener la información de carácter fiscal y tributario en relación con la renta del último ejercicio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), de todos los miembros mayores de edad de la unidad familiar de convivencia (anexo II). En caso de no dar esta autorización se debe aportar la declaración de renta o certificado tributario de IRPF de todos los miembros mayores de edad de la unidad familiar de convivencia.
• Las personas que sigan pagando hipoteca del piso donde vivían del edificio Don Pepe, justificantes del pago de la hipoteca del período correspondiente al año anterior a la solicitud.
• Copia del contrato de alquiler en vigor firmado por el arrendador/a y arrendatario/a.
• Certificado de índices (localización de propiedades) del Registro de la Propiedad actualizado que acredite que ni la persona solicitante ni ningún miembro de la unidad familiar de convivencia mayor de edad son titulares de ningún derecho de propiedad, usufructo u otro derecho que permita el uso de una vivienda en España. En caso de serlo, se debe acreditar la no disponibilidad del uso y disfrute de la vivienda por alguna de las causas previstas en el punto cuarto de esta convocatoria.
• Compromiso de obligaciones como persona beneficiaria de la prestación, según el modelo normalizado que figura en esta convocatoria (anexo III).
• Impreso de transferencia bancaria facilitado por el Ayuntamiento debidamente cumplimentado con los datos bancarios actualizados o certificado de titularidad bancaria.
• Cualquier otro documento que se considere oportuno aportar o pueda ser requerido por los Servicios Sociales municipales.

Las personas que hayan presentado en este Ayuntamiento cualquiera de estos documentos en virtud de anteriores solicitudes solo deben aportar la documentación que sea necesario actualizar o renovar, siempre que no hayan transcurrido más de cinco años desde que la documentación fue presentada y se señale el procedimiento por el cual se aportaron y el año.

Si la solicitud no reúne los datos de identificación, tanto de la prestación solicitada como de la persona solicitante, o algunos de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, se debe requerir de acuerdo con lo que establece el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para que, en un plazo no superior a los diez días, se enmiende la falta o se acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hace, se tiene por desistida la petición, con resolución previa expresa.

Noveno. Instrucción, resolución y notificación

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia es la competente para instruir el procedimiento de tramitación de solicitudes. Las ayudas se conceden por resolución de la Junta de Gobierno Local por delegación del Pleno.

Contra la resolución que recaiga en este procedimiento, que pone fin a la vía administrativa, se pueden interponer, alternativamente, los recursos siguientes:

• El recurso potestativo de reposición ante el órgano que dicta la resolución, en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta resolución. Contra la desestimación expresa del recurso de reposición se puede interponer el recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de la notificación de la desestimación del recurso de reposición. Contra la desestimación por silencio del recurso de reposición se puede interponer el recurso contencioso administrativo en el plazo de seis meses, contados a partir del día siguiente a la desestimación presunta.
• O, directamente, el recurso contencioso administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de la notificación del acuerdo.

Los expedientes se resuelven en un plazo máximo de tres meses a contar desde la presentación de la solicitud. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado acto expreso, la solicitud se debe entender desestimada.

La notificación de la resolución de las ayudas se hace a la persona solicitante.

Undécimo. Pago de la prestación

El pago se hace mediante transferencia bancaria al número de cuenta que conste en el impreso presentado junto con la solicitud de prestación, una vez dictada y notificada la correspondiente resolución.

La prestación se concede por un período máximo de 12 mensualidades por el total que resulte según las condiciones particulares referidas de cada beneficiario y las cuantías máximas recogidas en el punto quinto de la convocatoria. La prestación concedida se abona mediante pagos periódicos. Se pueden pagar de manera anticipada hasta un máximo de tres mensualidades del importe concedido. Los posteriores pagos, también como máximo por importe de tres mensualidades del importe concedido, se hacen una vez justificado el uso dado a la prestación abonada hasta ese momento. La justificación se debe presentar, como muy tarde, el día 15 del último mes del trimestre abonado. La duración de la prestación y la periodicidad de los pagos es la que proponga el personal técnico de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos en el informe propuesta.

En caso de que la persona no justifique el uso dado a la prestación abonada, el pago de la ayuda queda suspendido.

En caso de que finalmente no se justificase el uso dado a alguna cantidad abonada o en los supuestos en los cuales, aunque se cumpla con lo establecido anteriormente, los Servicios Sociales consideren que no se ha hecho un buen uso de la prestación, se debe reintegrar la prestación percibida indebidamente.

Duodécimo. Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias de esta prestación están obligadas a:

• Destinar el importe de la ayuda a los gastos de alquiler de la nueva vivienda de la persona beneficiaria y de los miembros de la unidad de convivencia, en su caso.
• Presentar los justificantes de pago de la renta de alquiler de la vivienda, que se hace preferentemente por transferencia, domiciliación o mediante ingreso, todos ellos a través de una entidad financiera o de crédito. En este justificante bancario debe constar la información siguiente:
• La identificación del inquilino o inquilina que efectúa el pago de la renta.
• La identificación de la persona y cuenta bancaria de la persona arrendadora o autorizada que la recibe.
• El concepto de renta que especifica a qué mes corresponde.
• El importe de la renta.
• La fecha de pago.

Excepcionalmente se aceptan recibos pagados en efectivo, siempre que recojan los datos referidos anteriormente.

• Reintegrar el importe de las cuantías percibidas indebidamente.
• Facilitar la tarea y colaborar con el personal de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia designado para verificar su situación, y proporcionarles toda la información y documentación que sea necesaria.
• Comunicar los cambios que se puedan producir durante el tiempo de concesión de la prestación que puedan afectar a los aspectos por los cuales esta se concedió (composición de la unidad de convivencia, cambio de lugar de residencia, modificaciones de la situación económica del núcleo familiar de convivencia...).

Decimotercero. Causas específicas de extinción de la prestación

Las causas específicas de extinción de la prestación son:

• Falsificación u ocultación de datos para obtener o aumentar la prestación.
• Renuncia de la persona beneficiaria a la prestación económica.
• Traslado de residencia fuera de las Illes Balears.

Decimocuarto. Régimen jurídico

En todo lo no previsto en la presente convocatoria deberá aplicarse lo que prevén la Ley 4/2023, de 27 de febrero, de Prestaciones Sociales de Carácter Económico de las Illes Balears, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.”

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sant Josep de sa Talaia, documento firmado electrónicamente (6 de agosto de 2025

El alcalde Vicente Roig Tur)