BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Hechos

1. Mediante la Resolución del 27 de enero de 2025 ( BOE de 10 de febrero), la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes convocó el concurso ordinario número 320 para la provisión de registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles. Entre las plazas ofrecidas había dos vacantes correspondientes al ámbito de las Illes Balears, según la relación anexa a la documentación enviada.

2. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resolvió el concurso mediante la Resolución de 6 de marzo de 2025 ( BOE núm. 63, de 14 de marzo de 2025) y, en el ámbito de las Illes Balears, proveyó las vacantes siguientes:

- Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Palma de Mallorca número 1, que se adjudicó al señor Iñigo Basurto Solagurenbeascoa.

- Registro de la Propiedad de Inca número 2, que se adjudicó a la señora Carmen Sáenz de Santamaría García-Avello.

3. En fecha 20 de marzo de 2025, la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento ha formulado la propuesta de resolución de estos nombramientos.

Fundamentos de derecho

1. El apartado 2 del artículo 99 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en la redacción de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de Reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, establece que corresponde a la Comunidad Autónoma la facultad de nombrar a los registradores que deben prestar sus servicios en las Illes Balears. Con el fin de cumplir este precepto legal, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha remitido a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el expediente del concurso mencionado.

2. El artículo 8.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que si alguna disposición atribuye competencia a una administración pública, sin especificar el órgano que la debe ejercer, se entiende que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia. En virtud del Decreto 12/2023, de 10 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por medio de la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, es competente en cuanto a las relaciones con los operadores jurídicos.

Por todo esto, dicto la siguiente

Resolución

1. Nombrar al Sr. Iñigo Basurto Solagurenbeascoa, registrador adjudicatario del Registro Mercantil y de Bienes Muebles de Palma de Mallorca número 1.

2. Nombrar a la Sra. Carmen Sáenz de Santamaría García-Avello, registradora adjudicataria del Registro de la Propiedad de Inca número 2.

3. Dar traslado de estos nombramientos a las persona interesadas y a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

4. Disponer la publicación de este nombramiento en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas el plazo de un mes contador desde el día siguiente de la publicación en el BOIB, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publicación en el BOIB, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

(Firmado electrónica: 21 de  marzo de 2025)

La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas Antònia Maria Estarellas Torrens