BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Hechos

1. Mediante la Resolución de 12 de septiembre de 2024 (BOE del 23 de septiembre), la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública convocó un concurso ordinario para la provisión de notarías vacantes. Entre las plazas ofrecidas, había las vacantes de las notarías correspondientes en el ámbito de las Illes Balears, según la relación aneja a la documentación enviada.

2. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública resolvió el concurso mediante la Resolución de 17 de octubre de 2024 (BOE del 24 de octubre) y, en el ámbito de las Illes Balears, proveyó las siguientes vacantes:

- Notaría en Palma de Mallorca, vacante por jubilación, que se adjudicó a la señora Isabel Bonet Puerto.

- Notaría en Palma de Mallorca, vacante por jubilación, que se adjudicó al señor Francisco García de la Rosa Homar.

- Notaría en Sa Pobla, vacante por jubilación, que se adjudicó al señor Jesús María Morote Mendoza.

- Notaría en Pollença, vacante por traslado, que se adjudicó al señor Rafael Luque Doncel.

3. En fecha 29 de octubre de 2024, la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento ha dictado la propuesta de resolución de estos nombramientos.

Fundamentos de derecho

1. El apartado 2 del artículo 99 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en la redacción de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, establece que corresponde a la comunidad autónoma la facultad de nombrar a los notarios que tienen que prestar sus servicios en las Illes Balears. Con el fin de cumplir este precepto legal, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública ha remitido a la comunidad autónoma de las Illes Balears el expediente del citado concurso.

2. El artículo 8.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que la debe ejercer, se entiende que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia. En virtud del Decreto 12/2023 de 10 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por medio de la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, es competente en las relaciones con los operadores jurídicos.

Por todo ello, dicto la siguiente

Resolución

1.Nombrar a la señora Isabel Bonet Puerto, notaria adjudicataria de una notaría en Palma de Mallorca.

2.Nombrar al señor Francisco García de la Rosa Homar, notario adjudicatario de una notaría en Palma de Mallorca.

3.Nombrar al señor Jesús María Morote Mendoza, notario adjudicatario de una notaría en Sa Pobla.

4.Nombrar al señor Rafael Luque Doncel, notario adjudicatario de una notaría en Pollença.

5.Dar traslado de estos nombramientos a las personas interesadas, al decano del Colegio Notarial de las Illes Balears y a la Dirección General Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

6.Disponer la publicación de estos nombramientos en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Interposición de recursos

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas en el plazo de un mes contador desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

(Firmado electrónicamente: 29 de octubre de 2024)

La consejera de Presidencia y Administraciones Públicas Antonia Maria Estarellas Torrens