BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Vista la propuesta de delegación en el presidente del IME de la aprobación de las bases específicas de la oferta pública de empleo 2023, el Consejo Rector, por unanimidad de los ocho miembros asistentes, aprueba los acuerdos que se transcriben a continuación:

Primero. Delegar en el presidente la aprobación de la modificación de la oferta de ocupación pública extraordinaria del IME correspondiente al año 2023, una vez esté aprobada la modificación de la plantilla del IME en los términos propuestos por el Consejo Rector en fecha 7 de diciembre de 2024.

Segundo. Delegar en el presidente la aprobación de las bases específicas de las 4 plazas que componen la oferta pública de empleo.

Tercero. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y en el tablón de edictos del IME, sin perjuicio de que produzca efectos desde el momento de su adopción.

Lo cual se publica para general conocimiento y para que tenga los efectos que correspondan, al mismo tiempo que se hace saber que contra el acuerdo precedente, que pone fin a la vía administrativa, se pueden interponer los recursos siguientes:

- En el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, recurso potestativo de reposición ante el Consejo Rector del Instituto Menorquín de Estudios. Este recurso se entenderá desestimado si no se ha notificado la resolución cuando haya transcurrido un mes desde su interposición. Contra la desestimación por silencio del recurso de reposición se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma.

- En el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma siempre que no se hubiera interpuesto recurso potestativo de reposición, dado que en este caso se tendrá que esperar que se dicte resolución.

Todo esto sin perjuicio de  que se pueda utilizar cualquier otro recurso que se considere procedente en derecho.

Todo lo anterior se ajusta a la Ley 29/1998, de 13 de julio, que regula de la jurisdicción contencioso-administrativa, y a la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Finalmente, procede de indicar que la interposición de los recursos pertinentes no suspende la eficacia de la resolución impugnada ni interrumpe los plazos que se puedan derivar, excepto que la autoridad competente lo acuerde expresamente.

Firmado en el lugar y la fecha que consta en la firma electrónica (1 de octubre de 2024)

El presidente Joan Pons Torres