BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

El artículo 7 del Decreto ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas urgentes para la mejora y/o la ampliación de la red de equipamientos públicos de usos educativos, de investigación, sanitarios o sociales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dispone que un equipamiento público de uso educativo, de investigación, sanitario o social se considera como una inversión de interés autonómico cuando así lo declare expresamente el Consejo de Gobierno de las Illes Balears, en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión a las Illes Balears, y en las condiciones que el Consejo de Gobierno determine para ejecutarlo.

Para la declaración de un equipamiento público de uso educativo, de investigación, sanitario o social como una inversión de interés autonómico, el Consejo de Gobierno de las Illes Balears tiene que identificar los terrenos donde se ubica o se tiene que ubicar el equipamiento público, indicar la administración a la cual corresponde la titularidad, determinar el uso concreto que se tiene que dar al equipamiento y señalar el sistema general de equipamiento al suelo al cual se adscribe o, si el equipamiento ya existe, informar de la clasificación y la calificación urbanística correspondiente.

Previamente, la Ley 4/2010 ya había establecido, en el artículo 4, que son inversiones de interés autonómico las declaradas como tales por el Gobierno de las Illes Balears por su especial relevancia para el desarrollo económico y social en su ámbito territorial. En cuanto a la declaración de estas inversiones, el artículo 5 de la Ley 4/2010 dispone que la declaración de una inversión de interés autonómico es adoptada por el Consejo de Gobierno a propuesta de cualquier consejero en el ámbito de su respectiva competencia. Y añade que esta declaración se puede acordar en cualquier momento de la tramitación administrativa, pero solo tendrá efecto a partir de la fecha en que se declare el interés autonómico de la inversión. La declaración de inversión de interés autonómico implica un impulso preferente y rápido en los diferentes trámites administrativos, ante cualquier administración de las Illes Balears.

Mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de diciembre de 2010, se creó el Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears (en adelante, el Consorcio), fruto de la fusión de los consorcios de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, con el fin de impulsar, programar, promover, financiar y ejecutar la creación de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y, en general, todo tipos de recursos sociosanitarios, asistenciales y sociales (BOIB núm. 190, de 30 de diciembre de 2010).

En fecha 5 de julio de 2017 la Junta Rectora acordó adecuar el Plan de Actuaciones del Consorcio del año 2017 al Plan de Actuación para la Ampliación de la Red Pública de Servicios Sociales y delegar en la presidenta la facultad para la firma de los convenios con las diferentes administraciones, para la creación de plazas de centros de día y de residencias previstos dentro del Plan de Actuaciones del Consorcio.

En fecha 28 de diciembre de 2022 la Junta Rectora aprobó el Plan de Actuaciones del año 2023, en el que se prevé la firma de nuevos convenios para la construcción de centros de día municipales, entre estos, el del Ayuntamiento de Maria de la Salut y el del Ayuntamiento de Alaior.

En fecha 17 de marzo de 2023 se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Maria de la Salut para la cesión gratuita de uso de un solar de la calle Nou, 43, de una superficie de 834 m², y con referencia catastral 6304501E0960S0001SU para la construcción de un centro de día para personas dependientes. El centro de día tendrá una capacidad de treinta plazas, las cuales se integrarán en la Red Pública de Atención a la Dependencia.

En fecha 27 de marzo de 2023 se firmó un convenio con el Ayuntamiento de Alaior para ceder el uso gratuito de una parte del solar de las calles de sa Bassa Roja y de Margalida Camps, de 986 m², con referencia catastral número 7506910EE9270F0001BL, finca registral número 13.948 de Alaior, para la construcción de un centro de día para personas dependientes. El centro tendrá una capacidad de treinta plazas, de las cuales un mínimo de veinticinco se integrarán en la Red Pública de Atención a la Dependencia.

El Estatuto de Autonomía de las Illes Balears prevé en el artículo 30.15 que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene la competencia exclusiva en materia de políticas de atención a personas dependientes. Por lo tanto, corresponde a la Comunidad Autónoma la ejecución de las previsiones de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Esta Ley tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y la participación de todas las administraciones públicas. Este Sistema responde a una acción coordinada y cooperativa de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas que establece medidas en todas las áreas que afectan las personas en situación de dependencia, con la participación, si cabe, de las entidades locales, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley 39/2006.

La atención social a la gente mayor y a las personas con discapacidad se ha estructurado en redes de centros residenciales y centros comunitarios, tal como establece la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Illes Balears. Esta red asistencial históricamente ha sufrido carencia de recursos públicos que permitan dar una respuesta ajustada a los estándares de referencia a escala estatal. Por eso, y atendida la aprobación de la Ley 39/2006, se ha procurado la implantación de nuevos recursos, en ejecución de los mandatos incluidos en la Ley y atendiendo a la creación de los nuevos derechos subjetivos. Entre los recursos que se tienen que ofrecer a las personas beneficiarias se encuentran los servicios residenciales, que se encuentran regulados por el Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el cual se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidad. Sin embargo, las posibilidades de acceder a los diferentes recursos previstos legalmente no siempre es posible.

Las memorias justificativas de la necesidad de la declaración de inversión de interés autonómico tanto del centro de día para personas mayores del municipio de Alaior y como del centro de día del municipio de Maria de la Salut, emitidas respectivamente, por el gerente del Consorcio en fecha de 26 de octubre de 2023, establecen que, en la conformación actual de la Red Pública de Atención a la Dependencia se constatan la carencia de servicios residenciales y la saturación de las plazas residenciales públicas de titularidad de las diferentes administraciones. La realidad de ocupación y reserva, y las listas de espera de la Red Pública de Atención a la Dependencia nos indican claramente la insuficiencia actual de recursos.

El Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Illes Balears integra el sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y se adscribe a la Consejería de Familias y Asuntos Sociales, según la disposición adicional primera, punto 1, y el anexo 1 del Decreto 12/2023, de 10 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el cual se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, modificado por el Decreto 16/2023, de 20 de julio y, por el Decreto 17/2023, de 23 de agosto.

Así mismo, al artículo 2.8.a) de la mencionada regulación se atribuye a la Consejería de Familias y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Asuntos Sociales, la competencia en materia de planificación de la política de servicios sociales, fomento de la construcción de equipamientos de servicios sociales y fomento de las inversiones en servicios sociales.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 7 del Decreto ley 1/2018, en relación con el artículo 5 de la Ley 4/2010, corresponde al Consejo de Gobierno la declaración de una inversión de interés autonómico, a propuesta de un consejero o consejera en el ámbito de su respectiva competencia.

Por todo esto, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Familias y Asuntos Sociales, en la sesión de 10 de noviembre de 2023, adoptó entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero. Declarar inversión de interés autonómico la construcción de un centro de día para personas mayores dependientes en el municipio de Alaior, en las calles de sa Bassa Roja y de Margalida Camps, en una parte de un solar de 986 m², con referencia catastral número 7506910EE9270F0001BL, que tiene la consideración de equipamiento comunitario y está clasificada como suelo urbano.

Segundo. Declarar inversión de interés autonómico la construcción de un centro de día para personas Mayores dependientes en el municipio de Maria de la Salut, en el solar situado en la calle Nou, 43, de una superficie de 834 m², con referencia catastral número 6304501E0960S0001SU, que tiene la consideración de equipamiento comunitario y está clasificada como suelo urbano.

Tercero. Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Alaior y al Ayuntamiento de Maria de la Salut.

Quinto. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 10 de noviembre de 2023

La secretaria del Consejo de Gobierno Antònia Maria Estarellas Torrens