BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Hechos

1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, reconoce el derecho de las personas interesadas a no presentar datos y documentos que ya estén en poder de las administraciones públicas o que hayan sido elaborados por estas, y establece la obligación de las administraciones públicas de solicitar los documentos electrónicamente mediante, entre otros sistemas, la consulta a las plataformas de intermediación, salvo oposición de la persona interesada.

2. En el ámbito autonómico, la solución tecnológica que posibilita la consulta de datos entre administraciones públicas es la Plataforma de Interoperabilidad de las Illes Balears (PINBAL), que permite realizar consultas al personal autorizado de las administraciones firmantes del Convenio de colaboración en materia de interoperabilidad telemática entre las administraciones públicas del ámbito territorial de las Illes Balears (disponible en: https://interoperabilitat.caib.es) y de las otras administraciones y entidades que se adhieran al mismo. Estas consultas se realizan, a través de una aplicación web o mediante servicios web, a los servicios disponibles a través de la Plataforma de Intermediación del Estado y a los servicios propios definidos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Una vez realizada la consulta, la Plataforma genera automáticamente el justificante de transmisión de datos, que recoge el resultado de dicha consulta, y se firma con el sello electrónico denominado «Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears», cuyo titular es la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Fundamentos de derecho

1. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 41, define la actuación administrativa automatizada como cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una administración pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de manera directa un empleado público y, para el caso de que se tenga que utilizar, prevé que deberá establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente, con la indicación del órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

2. El artículo 42 de la Ley 40/2015 establece que, en el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración pública podrá determinar como supuestos de utilización de los sistemas de firma electrónica la utilización del sello electrónico, basado en un certificado electrónico cualificado, que reúna los requisitos exigidos por la normativa de firma electrónica, o bien un sistema de código seguro de verificación.

3. Los artículos 19 y 20 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, sobre la identificación de las administraciones públicas mediante sello electrónico basado en certificado electrónico cualificado que reúna los requisitos que exige la legislación de firma electrónica y los sistemas de firma electrónica para las actuaciones administrativas automatizadas.

4. El artículo 28 de la Ley 39/2015 sobre el derecho de las personas interesadas a no aportar documentos que ya estén en poder de las administraciones públicas o que hayan sido elaborados por estas y la obligación de las administraciones públicas de recabar los documentos electrónicamente mediante, entre otros sistemas, la consulta a las plataformas de intermediación, salvo oposición de la persona interesada.

5. El artículo 2.8.b) del Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Por todo ello, dicto la siguiente

Resolución

1. Autorizar la actuación administrativa automatizada consistente en la generación del justificante de transmisión de datos consultados mediante los servicios de interoperabilidad con otras administraciones públicas que ofrece la Plataforma de Interoperabilidad de las Illes Balears (PINBAL).

2. Utilizar como sistema de firma de la actuación administrativa automatizada autorizada el sello electrónico denominado «Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears», cuyo titular es la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y que reúne los requisitos exigidos en la legislación de firma electrónica.

Las características del certificado electrónico cualificado en que se basa este sello se pueden consultar en la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Este certificado puede validarse con la aplicación de validación de firma y certificados en línea y demostrador de servicios de @firma, VALIDe, accesible desde la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o directamente en la web https://valide.redsara.es/valide/.

3. Establecer, como órgano competente para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente, y también como órgano responsable a efectos de impugnación, a la Dirección General de Modernización y Administración Digital.

4. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears, fecha a partir de la cual produce efectos, y en la Sede Electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

(Firmado electrónicamente:4 de mayo de 2023)

El director general de Modernización y Administración Digital ​​​​​​​Ramón Roca Mérida