BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

A fin de evitar el abandono de la tierra en zonas con limitaciones específicas, son necesarias ayudas destinadas a compensar las dificultades naturales, que indemnicen por los costes adicionales relativos a la doble y triple insularidad en los que incurren los agricultores que desarrollan la actividad agraria en diferentes municipios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para asegurar el uso continuado y sostenible de las tierras y evitar de esta forma los riesgos naturales y sociales derivados de su falta de uso. Asimismo, con esta medida se contribuye a conservar el paisaje tradicional balear como parte de su riqueza social y natural y a mantener una comunidad rural viable.

Mediante la Decisión de Ejecución de la Comisión de 31 de agosto de 2022 se aprueba el Plan estratégico de la PAC 2023-2027 de España (PEPAC) para la ayuda de la Unión financiada por el FEAGA y por el FEADER. En este plan se recogen las intervenciones para el desarrollo rural programadas para las Illes Balears y establecidas en el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre del 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (Planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los reglamentos (UE) núm. 1305/2013 y (UE) núm. 1307/2013.

Las actuaciones financiadas con cargo a esta convocatoria se encuadran en el marco de la intervención con código 6613 - SIG, correspondiente a las “ayudas a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas”, que está incluida en el Plan estratégico nacional de la PAC aprobado por España (PEPAC) y amparado en el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de diciembre de 2021.

De acuerdo con lo establecido en el PEPAC para la intervención 6613 mencionada, en la que se amparan estas ayudas, las actuaciones subvencionadas contribuirán de manera específica a apoyar una renta agrícola viable y la resiliencia del sector agrícola en todo el territorio de la Unión con la finalidad de mejorar la seguridad alimentaria a largo plazo y la diversidad agrícola, así como a garantizar la sostenibilidad económica de la producción agrícola en la Unión.

De esta manera, se da respuesta a la necesidad 01.02 definida en el PEPAC de tener en cuenta las diferencias existentes entre las dimensiones económicas de las diferentes explotaciones en el diseño de las ayudas a la renta (diferencias de dimensión en renta) y a la necesidad 01.03 de tener en cuenta, en el diseño de ayuda a la renta, las diferencias existentes entre las diferentes orientaciones (ratio de ocupación/ha) de los diferentes territorios (diferencias de ocupación/ha en renta).

La actividad agraria y ganadera en las Illes Balears está condicionada por la insularidad, un factor determinante que condiciona el acceso a los recursos productivos, el tamaño de las explotaciones, su dimensión económica, la estructura de costes, los canales de comercialización y, por tanto, su viabilidad. En el cálculo de la renta, adquiere una importancia esencial la consideración de los costes de producción y los sobrecostes derivados de la insularidad. El contexto balear determina un modelo de explotación pequeño o mediano en dimensión económica y, además, muy diversificado, con gran variedad de agrosistemas.

El carácter insular determina también el pequeño tamaño medio de las explotaciones, su dispersión parcelaria y el régimen de tenencia de la tierra. De acuerdo con esta estructura productiva, el proceso de abandono de la actividad agraria se considera una problemática esencial en las Illes Balears, no solo de cara al mantenimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales, sino también desde el punto de vista medioambiental en relación con el mantenimiento de gran parte del territorio del archipiélago. En estas áreas, la agricultura tiene una incidencia crucial en términos de conservación del paisaje, prevención de incendios, calidad del entorno y conservación de hábitats, protección de especies y mantenimiento de razas autóctonas y variedades locales, así como en la conservación de elementos etnológicos y tradiciones rurales. Esta dinámica impacta de una forma mucho más aguda en las islas con doble y triple insularidad, es decir, en Menorca, Ibiza y Formentera.

En función de todo lo anterior, se delimita todo el archipiélago de las islas Baleares como zona con limitaciones específicas de la producción. Puesto que las zonas de montaña tienen su propia compensación dentro de la misma intervención, en esta línea entra todo el resto del territorio de las Illes Balears, estableciéndose, además, dos zonas: el resto de municipios de la isla de Mallorca no incluidos en las zonas de montaña y las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, con una ayuda compensatoria en la que prevalecerá la doble y triple insularidad.

En fecha 6 de abril de 2023 se publicó en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43 la Orden 10/2023 de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 5 de abril de 2023, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco de las intervenciones para el desarrollo rural de las Illes Balears 2023-2027 que, en su artículo 2, señala que serán objeto de ayuda las actuaciones que deriven de la ejecución de las intervenciones para el desarrollo rural aprobadas en el PEPAC y cita, entre estas, los pagos compensatorios para zonas con limitaciones específicas.

Por otra parte, el artículo 2.a del Decreto 64/2005, de 10 de junio, de creación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears, dispone que el FOGAIBA tiene por objeto ejecutar la política de la consejería competente en materia de agricultura y pesca referente a la aplicación de las medidas de fomento y de mejora de los sectores agrario y pesquero, incluidas las derivadas de la política agrícola común y de los fondos procedentes del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), de las medidas de desarrollo rural y de otros regímenes de ayudas previstos por la normativa de la Unión Europea.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, y en el artículo 10 de la Orden 10/2023 de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 5 de abril de 2023, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco de las intervenciones para el desarrollo rural de las Illes Balears 2023-2027, corresponde aprobar la convocatoria de estas ayudas mediante una resolución.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 6.1.g del Decreto 64/2005, de 10 de junio, de creación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears, a propuesta del director gerente del FOGAIBA y de conformidad con la autoridad regional de gestión, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero Objeto de las ayudas y ámbito de aplicación

1. Se aprueba la convocatoria, correspondiente al año 2023, de las ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas, de acuerdo con lo establecido en la Orden 10/2023 de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 5 de abril de 2023, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco de las intervenciones para el desarrollo rural de las Illes Balears 2023-2027, publicada en el BOIB núm. 43, de 6 de abril de 2023.

2. Las ayudas objeto de la esta convocatoria tienen como finalidad indemnizar a los agricultores por la totalidad o una parte de los costes adicionales y las pérdidas de ingresos derivadas de las dificultades que plantea la producción agrícola en zonas con limitaciones específicas, evitar riesgos naturales y sociales derivados de su falta de uso y conservar el paisaje tradicional balear como parte de su riqueza social y natural, de acuerdo con lo establecido en el Plan estratégico de la PAC 2023-2027 de España (PEPAC) y en el artículo 71 del Reglamento (UE) 2021/2115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de diciembre de 2021.

3. El ámbito territorial de aplicación de las subvenciones serán todas las zonas con limitaciones específicas elegibles de las Illes Balears, de conformidad con lo establecido en el punto 4 del artículo 32 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y comprende los siguientes municipios:

- Mallorca: Palma, Marratxí, Llucmajor, Campos, Ses Salines, Santanyí, Algaida, Porreres, Muro, Son Servera, Felanitx, Manacor, Sant Llorenç, Artà, Petra, Santa Margalida, Ariany, Llubí, Maria de la Salut, Lloret, Costitx, Montuïri, Sineu, Alcúdia, Binissalem, Búger, Capdepera, Consell, Inca, Sa Pobla, San Joan, Sencelles, Santa Eugènia y Villafranca de Bonany.

- Menorca: Ciudatella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Mercadal, Alaior, Maó, Es Castell y Sant Lluïs.

- Ibiza: Eivissa, Sant Joan de Labritja, Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de la Talaia.

- Formentera: Formentera.

Segundo Importe máximo de la convocatoria y financiación

1. Para la presente convocatoria se destina un importe máximo de tres millones de euros (3.000.000,00 €) con cargo a los presupuestos del FOGAIBA del año 2023, cuantía que podrá incrementarse con créditos que se puedan destinar a tal finalidad.

2. Dichas subvenciones se cofinanciarán en un 54,00% a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en un 10,80% a cargo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA) y en un 35,20% a cargo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Tercero Requisitos de las personas beneficiarias y de las explotaciones

1. Requisitos específicos de las personas beneficiarias.

Pueden ser beneficiarias de las ayudas previstas en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas, o agrupación de personas físicas o jurídicas, que en el momento de presentar la solicitud de ayuda:

a. Tengan la condición de agricultor activo, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo I del título II del Real decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir de 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan estratégico de la PAC, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.

b. Tengan la consideración de agricultor no pluriactivo. A tal efecto:

 

- Se considerará agricultor no pluriactivo al agricultor que tenga como actividad principal la agricultura.

- Se considerará que un agricultor tiene como actividad principal la agricultura cuando el 50% de sus ingresos provengan de la actividad agraria.

- Se entiende por actividad agraria la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, incluyendo la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas, así como el mantenimiento de una superficie agraria en estado adecuado para el pasto o el cultivo sin ninguna acción preparatoria que vaya más allá de los métodos y la maquinaria agrícolas habituales.

- Se entienden por ingresos agrarios los definidos en el artículo 5.5 del Real decreto 1048/2022, de 27 de diciembre.

 

c. Sean titulares de una explotación agraria inscrita en el Registro Interinsular Agrario (RIA).

2. Requisitos específicos de las explotaciones.

Las explotaciones agrarias para las que se solicite el pago compensatorio deben reunir, en el momento de presentar la solicitud de ayuda, los siguientes requisitos:

a. Estar ubicadas, total o parcialmente, en los municipios incluidos en el ámbito territorial de aplicación de esta resolución, conforme al punto 3 del apartado primero de esta resolución. La ayuda solo se concederá para la superficie elegible de la explotación incluida en zona con limitaciones específicas. 

b. Les explotaciones que soliciten el pago deben estar inscritas a nombre de la persona solicitante de la ayuda en el Registro Interinsular Agrario de las Islas Baleares (RIA).

c. Las parcelas agrícolas de hectáreas subvencionables deben estar a disposición del agricultor o agricultora que solicita la ayuda en la forma establecida en el artículo 11 del Real decreto 1048/2022, de 27 de diciembre.

3. Los requisitos generales establecidos en los puntos anteriores deben mantenerse durante todo el año 2023.

4. La comprobación de la inscripción en el Registro Interinsular Agrario de las Illes Balears se realiza de oficio, salvo manifestación contraria de la persona solicitante, ya que con la presentación de la solicitud de la ayuda se entiende otorgada esta autorización.

5. Además de los requisitos establecidos en los puntos anteriores, deberán cumplirse los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones y en el artículo 5 de la Orden 10/2023 de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 5 de abril de 2023, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco de las intervenciones para el desarrollo rural de las Illes Balears 2023-2027.

6. Cuando se trate de una agrupación de personas físicas o jurídicas sin personalidad jurídica propia, deben hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución que asume cada uno de sus miembros, así como el importe de la subvención que debe aplicarse a cada uno de ellos, los cuales tienen igualmente la consideración de beneficiarios. Asimismo, se debe identificar al socio que cumple el requisito de ser agricultor activo.

En cualquier caso, se debe nombrar a un representante o apoderado único de la agrupación, con poder suficiente para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación. La agrupación no se puede disolver hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 24 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de las Illes Balears, y en el artículo 57 del Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones.

7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1.e del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, se considerará que las personas beneficiarias están al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social cuando se verifique lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como en los artículos 18 y 19 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. La circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias —estatales y autonómicas— y con la Seguridad Social deberá quedar acreditada antes de que se dicte la propuesta de resolución de concesión.

La comprobación del cumplimiento del requisito mencionado la realiza el FOGAIBA y/o la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya que la presentación de la solicitud supone la autorización para su comprobación, salvo manifestación expresa en contra. Cuando la persona solicitante de la ayuda no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones previstas en el párrafo anterior o cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 3.000,00 euros, debe acreditar su cumplimiento mediante declaración responsable. En caso de que la persona interesada haya presentado declaración responsable, si durante la instrucción del procedimiento resulta que el importe de la subvención es superior a 3.000,00 euros, se la requerirá para que aporte la justificación de este requisito, a no ser que se haya autorizado al FOGAIBA para efectuar su comprobación de oficio.

8. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, tampoco pueden ser beneficiarias de las subvenciones previstas en esta resolución las empresas y las entidades solicitantes sancionadas o condenadas, en los últimos tres años, por resolución administrativa o sentencia judicial firmes, por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

Cuarto Superficies agrícolas subvencionables

1. Son subvencionables las superficies de cultivos permanentes, cereales, pastos permanentes y otros cultivos herbáceos, declaradas como tales en la solicitud única del año 2023.

2. Las superficies de pastos permanentes (con uso SIGPAC: PA, PR) deben ajustarse al coeficiente de subvencionalidad de los pastos (CSP) y solo serán admisibles aquellas con un CSP superior al 20%. Además, esta superficie debe ajustarse a las unidades de ganado mayor (UGM) que tenga la explotación, con la equivalencia de dos hectáreas auxiliables por cada UGM.

Quinto Importe de las ayudas

1. Para calcular la ayuda a la que tiene derecho la persona solicitante, a la superficie subvencionable de su explotación se aplican las siguientes primas:

- 110,00 € por hectárea, en los municipios de la isla de Mallorca;

- 256,00 € por hectárea, en los municipios de las islas de Ibiza, Formentera y Menorca.

Estas primas deben ser moduladas conforme se indica en el siguiente punto.

2. Las ayudas por explotación se concederán según el siguiente sistema de modulación:

Hasta 25 ha subvencionables: 100% de la prima.

Más de 25 ha y hasta a 50 ha subvencionables: 75% de la prima.

Más de 50 ha y hasta a 75 ha subvencionables: 50% de la prima.

Más de 75 ha y hasta a 100 ha subvencionables: 25% de la prima.

Más de 100 ha subvencionables: 10% de la prima.

3. No se concederá la ayuda a la persona solicitante si el importe a conceder resulta inferior a los 300 €. 

Sexto Solicitudes

1. Las solicitudes de ayuda del pago compensatorio para el año 2023 deben presentarse junto con la solicitud única, correspondiente al ejercicio 2023, prevista en el artículo 104 del Real decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, y en la forma prevista en la Resolución de la presidenta del FOGAIBA de 24 de febrero de 2023, de convocatoria, para el año 2023, de las ayudas correspondientes a las intervenciones en forma de pagos directos previstas en el Plan estratégico de la PAC (PEPAC), publicada en el BOIB núm. 26, de 28 de febrero de 2023.

Se deben suministrar todos los datos que se indican en este formulario de las ayudas mencionadas, que figura en la página web del FOGAIBA, así como asumir los compromisos, otorgar las autorizaciones y hacer las declaraciones que contiene el mismo.

2. El plazo de presentación de solicitudes empieza el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOIB y, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 del Real decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, finaliza el día 31 de mayo del 2023. 

No obstante, de acuerdo con lo establecido en el apartado tercero del artículo 108 del Real decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, y sin perjuicio del resto de exclusiones y penalizaciones establecidas en la normativa de aplicación, son admisibles las solicitudes presentadas hasta el día 15 de junio del 2023, pero el importe de la ayuda será reducido en un 1% por cada día hábil de retraso, a excepción de los casos de fuerza mayor y circunstancias excepcionales. Esta reducción también se aplicará respecto a la documentación que tenga que presentarse junto con la solicitud cuando sea un elemento constitutivo de la admisibilidad de la ayuda. Las solicitudes presentadas posteriormente se considerarán como no presentadas.

3. La solicitud de ayuda para el pago compensatorio debe incluir la siguiente documentación:

a. NIF del solicitante que tenga la consideración de persona jurídica o de agrupación sin personalidad jurídica propia.

b. Si procede, estatutos, reglamento o escritura de constitución de la entidad, debidamente inscritos en el registro correspondiente.

c. En su caso, acreditación de la representación con la que se firma la solicitud, que debe estar vigente en el momento de solicitar la ayuda.

d. En el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica propia, además, hay que aportar:

 

- Documento en el que se reflejen las normas o la reglamentación de funcionamiento, suscrito por todos los miembros.

- En caso de que alguno de los asociados sea una persona jurídica, documento de autorización al FOGAIBA para la comprobación de los NIF de los miembros de la agrupación.

- Documento suscrito por todos los miembros de la agrupación en el que se haga constar el compromiso de no disolver la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2007, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

 

e. A efectos de acreditar los ingresos a los que se hace referencia en el punto 1.b del apartado tercero, debe aportarse lo siguiente:

 

- Personas físicas: última declaración presentada del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), a no ser que se otorgue una autorización para consultarla de oficio. En caso de inicio de actividad, se admite el modelo presentado de alta censal (036), que debe ser completado con la declaración del IRPF del ejercicio 2022.

- Entidades jurídicas

i. Impuesto de sociedades del ejercicio fiscal más reciente (modelo 200).

ii. Resumen anual del IVA del ejercicio fiscal más reciente (modelo 390), junto con las copias de las facturas de las ventas agrarias y/o ganaderas gravadas al 10% y al 21% de IVA. En los expedientes de más de diez facturas se podrá presentar una declaración responsable en la que se hagan constar una relación de facturas, además de los datos identificativos, el número, la fecha, el concepto, el cliente, el importe y el desglose de IVA. El servicio gestor podrá solicitar la verificación de todos los datos declarados o de una parte.

iii. En el caso de entidades en régimen de atribución de rentas: modelo 184, de declaración informativa anual del ejercicio fiscal disponible más reciente en el momento de la presentación de la solicitud de ayuda, o bien la declaración de todos los socios del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) del periodo impositivo más reciente.

 

f. En el caso de los agricultores que elaboren vino, debe aportarse la declaración de cosecha de la campaña anterior, así como declaración jurada del porcentaje de uva que es de producción propia y del porcentaje que se compra a un tercero. La producción propia debe estar justificada con la inscripción correspondiente en el registro vitivinícola.

g. Declaración jurada del porcentaje de producción propia. En el caso de que se compre parte de producto agrario y/o ganadero a terceros y este producto sea comercializado, o transformado y posteriormente comercializado, por parte del agricultor solicitante, este debe justificar económicamente qué cantidad de producto, así como el importe, se adquiere a un tercero y qué parte es producción propia, en su caso, mediante facturas.

h. En su caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siempre que la subvención supere los 30.000,00 €, certificación emitida por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas que acredite su cumplimiento por la persona solicitante de la ayuda, con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la empresa proveedora. A tal efecto, si del informe de auditoría de las últimas cuentas anuales se deduce un cumplimiento del 100% de los plazos de pago a proveedores por parte del solicitante, será suficiente un certificado emitido por el auditor que indique que en su trabajo de auditoría ha realizado procedimientos para obtener evidencia de la corrección del contenido de la memoria de las cuentas anuales como certificación de cumplimiento del requisito del artículo 13.3 bis. En caso de que no sea posible emitir este certificado (por no existir cuentas anuales auditadas o porque estas reflejan un porcentaje de cumplimiento de plazos de pago a proveedores inferior al 100%), se presentará certificación, basada en un “informe de procedimientos acordados”, que acredite que el solicitante en el momento de presentación de la solicitud de ayuda no tiene ninguna factura pendiente de pago en la que se hayan superado los plazos legales de pago. Esta certificación no puede tener, en ningún caso, una antigüedad superior a un mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud.

i) Justificación de la titularidad de la cuenta bancaria en la que se solicita el pago de la ayuda. En el caso de entidades sin personalidad jurídica se debe facilitar el número de cuenta de la entidad.

El FOGAIBA puede requerir cualquier documentación complementaria que se considere necesaria.

4. La comprobación del DNI tanto de la persona interesada como del representante, de la declaración de IRPF de la persona beneficiaria y del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de la inscripción en el RIA, la hará de oficio el FOGAIBA y/o la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación. Si se quiere denegar expresamente la autorización al FOGAIBA y/o a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación para que obtengan los certificados correspondientes, deben aportarse un documento de denegación y los certificados o, en su caso, la declaración responsable correspondiente.

En el caso de que el solicitante de la ayuda no esté obligado a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren las obligaciones mencionadas anteriormente o cuando la cuantía de la subvención sea igual o inferior a 3.000,00 euros, debe acreditarse su cumplimiento mediante declaración responsable.

5. De acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimento administrativo común de las administraciones públicas, no es necesario presentar la documentación o los datos elaborados por cualquier Administración que se puedan obtener por medios telemáticos o que se encuentren en poder del FOGAIBA. En el caso de denegación expresa, se deberá aportar el documento correspondiente.

Las personas interesadas tampoco están obligadas a presentar datos o documentos que hayan sido aportados por ellas mismas ante cualquier Administración. A dicho efecto, las personas citadas deben comunicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentaron los documentos, y el FOGAIBA será quien las debe obtener electrónicamente. Excepcionalmente, si el FOGAIBA no pudiese obtener los documentos señalados, podrá solicitar nuevamente la aportación a las personas interesadas.

En el supuesto de imposibilidad material de obtener el documento, antes de la propuesta de resolución, el órgano competente puede requerir a la persona solicitante que lo presente o, por defecto, que acredite por otros medios los requisitos a los que se refiere el documento.

6. Si las solicitudes tienen algún defecto o no incluyen toda la documentación señalada, o si los documentos que deban presentarse durante la tramitación del expediente presentan enmiendas o tachaduras, se requerirá a la persona solicitante, mediante una publicación en la página web del FOGAIBA para que, en el plazo de diez días, subsane el defecto o aporte la documentació, con la indicación de que, si no lo hace, se entenderá que desiste de la solicitud y, con la resolución previa, se archivará el expediente sin ningún otro trámite. Las diferentes notificaciones de enmienda de defectos que se dicten se publicarán en la página web en los días 1 y 15 de cada mes, o el día hábil siguiente si estos caen en festivo, y cada lunes y viernes.

7. La presentación de la solicitud supone la aceptación, por parte de la persona interesada, de todo el contenido de esta convocatoria, así como de las bases reguladoras establecidas en la Orden 10/2023 de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 5 de abril de 2023, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco de las intervenciones para el desarrollo rural de las Illes Balears 2023-2027.

Séptimo Selección de los beneficiarios

1. El procedimiento para la selección de los beneficiarios del pago compensatorio convocado mediante la presente resolución será el de concurrencia no competitiva.

2. Para ajustar la concesión de las ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con limitaciones específicas objeto de esta convocatoria a los recursos presupuestarios disponibles, en el caso de que el conjunto de peticiones supere la dotación prevista en el apartado segundo de esta resolución, se prorrateará el importe global máximo entre todos los solicitantes que cumplan los requisitos para ser beneficiarios.

Octavo Instrucción del procedimiento

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas es el Área de Gestión de Ayudas del FOGAIBA. Este órgano llevará a cabo, de oficio, las actuaciones necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales debe dictarse la resolución. En el caso de que sea necesario notificar la propuesta de resolución, esta notificación se hará mediante su publicación en la página web del FOGAIBA. Las diferentes propuestas de resolución se publicarán en la página web los días 1 y 15 de cada mes, y cada lunes, o el día hábil siguiente si estos son inhábiles.

2. La resolución de los expedientes la dicta el vicepresidente en materia agraria del FOGAIBA, a propuesta del jefe del Servicio de Ayudas al Desarrollo Rural. Antes de dictar la propuesta, la sección competente del Servicio de Ayudas al Desarrollo Rural emitirá un informe en el que se acreditarán, en caso de que sea favorable, la legalidad de la ayuda y su importe. En la resolución de concesión de la ayuda deben hacerse constar la financiación por parte de las diferentes administraciones.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa es de seis meses, a contar a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y debe notificarse mediante su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Transcurrido este tiempo sin que se haya notificado la resolución expresa, la persona interesada puede entender desestimada su solicitud.

Excepcionalmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se puede acordar la ampliación del plazo máximo para dictar resolución. En este caso, el acuerdo de ampliación debe producirse antes del vencimiento del plazo y debe notificarse a las personas interesadas mediante su publicación en el BOIB.

4. Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.4 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Noveno Obligaciones y compromisos de los beneficiarios

1. Son compromisos y obligaciones de las personas beneficiarias:

a. Mantener la actividad agraria al menos durante el año 2023, excepto en el caso de jubilación o fuerza mayor, y cumplir los requisitos y condiciones exigibles respecto a las condiciones de la explotación durante este periodo.

b. Cumplir, en su explotación, los requisitos legales de gestión, así como las buenas condiciones agrarias y medioambientales establecidas en el Real decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la política agrícola común, que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI).

c. Someterse a las actuaciones de comprobación y de control que sean procedentes por parte de las administraciones autonómica, estatal o comunitaria, la Sindicatura de Cuentas u otros órganos de control externo, así como facilitar toda la información que requieran estos órganos en relación con las ayudas concedidas.

2. Estas obligaciones se entienden sin perjuicio de la obligación de cumplir lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, y en el artículo 17 de la Orden 10/2023 de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 5 de abril de 2023, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco de las intervenciones para el desarrollo rural de las Illes Balears 2023-2027.

3. El régimen jurídico aplicable por el incumplimiento de estas obligaciones es el previsto en el texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, y comprende desde el reintegro de la ayuda y el pago de interés de demora hasta la imposición de las sanciones correspondientes.

Décimo Cesión y traspaso de la explotación

1. Si, después de la presentación de una solicitud de ayuda y antes de la fecha límite de modificación de la solicitud, una explotación es cedida por un beneficiario a otro en su totalidad, no se concederá al cedente ninguna ayuda en relación con la explotación cedida.

La ayuda o el pago solicitados por el cedente se concederán al cesionario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 del apartado 3 del Real decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, siempre y cuando el nuevo titular:

a. Informe en un plazo de diez días hábiles al FOGAIBA de la cesión y solicite el pago de la ayuda.

b. Presente la documentación mencionada en el apartado sexto de esta resolución.

c. Cumpla todas las condiciones exigidas para la concesión de la ayuda respecto de la explotación cedida.

2. La comprobación del DNI del cesionario, de la inscripción al Registro Interinsular Agrario (RIA) y de la información fiscal detallada en el apartado sexto de esta resolución se hace de oficio, excepto que la persona solicitante se manifieste en contra, ya que con la presentación de la solicitud de subrogación de la ayuda se entiende otorgada esta autorización. Si se quiere denegar expresamente esta autorización, deben aportarse un documento de denegación y los certificados o, en su caso, la declaración responsable correspondiente.

Igualmente, la comprobación del cumplimiento de estar al corriente de las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social se realizará en los términos previstos en el punto 6 del apartado tercero de esta convocatoria.

Undécimo Pago de las compensaciones para zonas con limitaciones específicas

1. El pago de las ayudas se realizará mediante transferencia bancaria, con la autorización previa del director gerente del FOGAIBA, una vez dictada la resolución de concesión, ya que con carácter previo se ha acreditado que se encuentra en situación que motiva la concesión y que cumple los requisitos exigidos para concederla, de acuerdo con los créditos disponibles que se indican en el apartado segundo de la presente convocatoria.

2. En cualquier caso, deben tenerse en cuenta las reducciones y exclusiones previstas en la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la política agrícola común y otras materias conexas, el Real decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, y el Real decreto 147/2023, de 28 de febrero, así como las previstas en el anexo 1 de esta resolución.

Duodécimo Ayudas no reintegrables

De conformidad con lo establecido en el artículo 23.6 de la Orden 10/2023 de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 5 de abril de 2023, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco de las intervenciones para el desarrollo rural de las Illes Balears 2023-2027, y en el artículo 4 del Real decreto 1047/2022, no se reintegrarán las ayudas recibidas cuando el incumplimiento de alguno de los requisitos, obligaciones o compromisos exigidos a la persona beneficiaria sea a causa de alguno de los siguientes casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales:

a. Muerte o desaparición de la persona beneficiaria.

b. Incapacidad laboral de larga duración de la persona beneficiaria.

c. Catástrofe natural grave o fenómeno climatológico adverso asimilable a catástrofe natural que haya afectado seriamente a las tierras agrarias de la explotación.

d. Destrucción accidental de los locales de la explotación destinados al ganado.

e. Epizootia, reconocida por la autoridad competente, que haya afectado a una parte o a la totalidad del ganado de la explotación de la persona beneficiaria.

f. Plaga vegetal o enfermedad vegetal causada por microorganismos patogénicos o factores ambientales, reconocida por la autoridad competente, que hayan afectado a una parte o a la totalidad de los cultivos de la explotación de la persona beneficiaria.

g. Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud.

h. La pérdida de la producción en una parte o en la totalidad del cultivo o del rebaño, por daños producidos por la fauna silvestre que hayan sido reconocidos por la autoridad competente.

No obstante, todo esto queda condicionado al cumplimiento por parte de la persona beneficiaria de la obligación de notificar al órgano gestor los casos de fuerza mayor o las circunstancias excepcionales, junto con las pruebas pertinentes a satisfacción de este órgano, en el plazo de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que la persona beneficiaria o su derechohabiente esté en condiciones de hacerlo.

Decimotercero Compatibilidades

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20 del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, estas ayudas son compatibles con el resto de ayudas convocadas en el marco del PEPAC.

Decimocuarto Control de las ayudas

1. Los perceptores de las ayudas reguladas en la presente resolución quedan sujetos a las disposiciones comunitarias de control establecidas en el Reglamento 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, y a las disposiciones nacionales establecidas en el Real decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan estratégico y otras ayudas de la política agrícola común, y en el Real decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la política agrícola común que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI).

2. Los controles tienen como finalidad dar cumplimiento a lo establecido en el título III del Real decreto 1047/2022.

3. De conformidad con lo dispuesto en el título II del capítulo III del Real decreto 1047/2002, de 27 de diciembre, se efectuarán controles mediante monitorización sobre todos los expedientes de ayuda. En caso de detectarse incidencias, se notificarán al beneficiario afectado los resultados provisionales de los controles y este puede:

- Aportar fotografías georreferenciadas de cada recinto (panorámicas y de detalle) mediante la aplicación SGAFot que justifiquen la validez de su declaración, o

- Adaptar la solicitud única para adecuarla a la realidad del terreno en el periodo permitido de modificación de la solicitud única, que se fija al artículo 96 del Real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre. Esta adaptación debe respetar los compromisos aprobados en la resolución de concesión para no tener penalización.

- En caso de que el titular no aporte fotografías ni adapte la solicitud única en el plazo establecido, se penalizará al titular según corresponda.

- Para cultivos protegidos (invernaderos, en túnel, etc.) es necesario que el titular realice fotografías preventivas cuando el cultivo ya esté desarrollado, ya que la monitorización no puede obtener datos de los cultivos protegidos. En caso de realizar diferentes cultivos (cultivo principal, cultivo secundario), se deberán realizar fotografías de cada uno de los cultivos.

4. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que puedan constituir fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de esta convocatoria puede poner estos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado a tal efecto por dicho servicio en la dirección web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del servicio mencionado.

Decimoquinto Régimen jurídico

Para todo lo previsto en esta convocatoria, son de aplicación:

- El Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre del 2021, por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y por el que se derogan los reglamentos (UE) núm. núm. 1305/2013 y (UE) núm. 1307/2013.

- El Reglamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la política agrícola común y por el que se derogan el Reglamento (UE) núm. 1306/2013.

- La Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la política agrícola común y otras materias conexas.

- El Real decreto 1048/2022, de 27 de diciembre, sobre la aplicación, a partir del 2023, de las intervenciones en forma de pagos directos y el establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan estratégico de la política agrícola comuna, y la regulación de la solicitud única del sistema integrado de gestión y control.

- El Real decreto 1046/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula la gobernanza del Plan estratégico de la política agrícola común en España y de los Fondos Europeos FEAGA y FEADER.

- El Real decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, por el que se regula el sistema de gestión y control de las intervenciones del Plan Estratégico y otras ayudas de la política agrícola común.

- El Real decreto 1049/2022, de 27 de diciembre, por el que se establecen las normas para la aplicación de la condicionalidad reforzada y de la condicionalidad social que deben cumplir las personas beneficiarias de las ayudas en el marco de la política agrícola comuna que reciban pagos directos, determinados pagos anuales de desarrollo rural y del Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI).

- El Real decreto 1054/2022, de 27 de diciembre, por el que se establece y regula el Sistema de información de explotaciones agrícolas y ganaderas y de la producción agraria, así como el Registro autonómico de explotaciones agrícolas y el Cuaderno digital de explotación agrícola.

- El Real decreto 1051/2022, de 27 de febrero, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.

- El Real decreto 1050/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, que establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios.

- El Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, por el que se establecen las normas para la aplicación de penalizaciones en las intervenciones contempladas en el Plan estratégico de la política agrícola común, y se modifican varios reales decretos por los que se regulan diferentes aspectos relacionados con la aplicación en España de la política agrícola común para el periodo 2023-2027.

– La Orden 10/2023 de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 5 de abril de 2023, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco de las intervenciones para el desarrollo rural de las Illes Balears 2023-2027.

- La Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears. 

- El resto de la normativa de desarrollo y aplicación.

Decimosexto Publicación

Esta resolución debe comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y debe publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 12 de abril de 2023

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

 

ANEXO 1 REDUCCIONES Y EXCLUSIONES

1. Reducciones por sobredeclaración de superficies

a. De acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del Real decreto 147/2023, de 28 de febrero, la sobredeclaración se calcula para cada grupo de cultivo como el resultado de la diferencia entre la superficie declarada en la solicitud y la determinada como resultado de los controles, dividida entre la superficie declarada y multiplicada por 100, es decir:

% sobredeclaración = ( (superficie declarada – superficie determinada): superficie declarada )x 100

b. Si la superficie declarada a efectos de grupo de cultivo sobrepasa la superficie determinada, tal y como se especifica en el punto a anterior, la ayuda para aquel grupo de cultivo se calculará de acuerdo con la superficie determinada, a la que será de aplicación la penalización que corresponda de entre las siguientes:

- El doble del porcentaje de sobredeclaración cuando esta es superior al 3% o a 2 ha pero inferior o igual al 20% de la superficie declarada.

- Por la totalidad de la ayuda si la diferencia es superior al 20% de la superficie declarada según la fórmula explicada en el punto a.

- No se aplicará penalización, si el porcentaje de sobredeclaración es igual o inferior al 3% e inferior a 2 ha.

c. En caso de que el porcentaje de sobredeclaración es superior al 50%: no se concederá ninguna ayuda por superficie y, además, la persona beneficiaria estará sujeta a una penalización adicional igual al importe de la ayuda correspondiente a la diferencia entre la superficie declarada y la superficie determinada conforme a los puntos a y b anteriores. Si este importe de penalización adicional no se puede recuperar íntegramente en los tres años naturales siguientes al año en que se haya descubierto la irregularidad, se cancelará el saldo pendiente.

2. Reducciones en el caso de incumplimiento de criterios de subvencionalidad, así como de compromisos y otras obligaciones

Se entienden por criterios de subvencionalidad los requisitos, compromisos y otras obligaciones vinculados a la concesión de la ayuda, excepto los relativos a la medida de la superficie.

Las reducciones y exclusiones por incumplimiento de los criterios de subvencionalidad tendrán como base el artículo 31 del Real decreto 147/2023, de 28 de febrero.

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo del Real decreto 147/2023, de 28 de febrero, la determinación de las penalizaciones por incumplimiento de los criterios de subvencionalidad se realizará de acuerdo con la siguiente tipificación previa:

- Compromisos excluyentes (CE): compromisos cuyo incumplimiento no respeta los criterios y/o requisitos establecidos en la concesión y que deben mantenerse a lo largo de toda la duración de la ayuda. Su incumplimiento tiene asociada una sanción del 100% de la ayuda, su exclusión y, cuando proceda, se solicitará el reintegro de los importes de los años anteriores. En caso de compensación con pagos futuros, si estos importes no se pueden recuperar íntegramente en los tres años naturales posteriores al año en que se ha descubierto el incumplimiento, se cancelará el saldo pendiente. En caso de incumplimiento grave, falsedad, intencionalidad y negligencia, el beneficiario quedará excluido de la medida durante el año natural de que se trate y el siguiente.

- Compromisos evaluables (CV) en función de la gravedad, el alcance y la persistencia del incumplimiento observado. Estos compromisos evaluables se clasifican como:

 

1.º - Compromiso básico (CB): aquel compromiso cuyo incumplimiento conlleva consecuencias relevantes para los objetivos a alcanzar y estas repercusiones duran más de un año o es difícil ponerles fin con medios aceptables.

2.º - Compromiso principal (CP): aquel compromiso cuyo incumplimiento implica consecuencias importantes para los objetivos perseguidos por la intervención y estas repercusiones duran menos de un año o es posible ponerles fin con medios aceptables.

3.º - Compromiso secundario (CS): aquel compromiso cuyo incumplimiento tiene una baja relevancia con el objetivo de la línea de ayuda.

4.º - Compromiso terciario (CT): aquel compromiso cuyo incumplimiento tiene escasa relevancia con el objetivo de la línea de ayuda.

Los compromisos de estas ayudas destinadas al pago compensatorio para zonas con dificultades específicas están tipificados de la siguiente manera:

- Compromisos excluyentes (CE):

 

1. Mantener la actividad agraria durante el año 2023 y cumplir los requisitos y condiciones exigidos para ser beneficiario de la ayuda hasta finalizar el año 2023

2. Someterse a las actuaciones de comprobación y control.

Las sanciones y exclusiones por incumplimiento de los compromisos evaluables son las siguientes:

1. COMPROMISOS BÁSICOS: 100% de la ayuda.

2. COMPROMISOS PRINCIPALES

- Primer año de incumplimiento:

1 compromiso incumplido: 20% de la ayuda.

2 o más compromisos incumplidos: 40% de la ayuda.

- Segundo año o más de incumplimiento: 40% de la ayuda

3. COMPROMISOS SECUNDARIOS

- Primer año de incumplimiento:

1 compromiso incumplido: 5 % de la ayuda

2 o más compromisos incumplidos: 10% de la ayuda.

- Segundo año o más de incumplimiento: 10% de la ayuda

4. COMPROMISOS TERCIARIOS

- Primer año de incumplimiento:

1 compromiso incumplido: 1 % de la ayuda

2 o más compromisos incumplidos: 2% de la ayuda.

- Segundo año o más de incumplimiento: 2% de la ayuda.

Las penalizaciones por incumplimiento de los requisitos legales de gestión, así como las buenas condiciones agrarias y medioambientales, se regulan en el Real decreto 1049/2022, de 27 de diciembre. 

De acuerdo con lo que establece el artículo 31.5 del Real Decreto 147/2023, de 28 de febrero, si un mismo incumplimiento supone más de una penalización por los criterios o los requisitos de subvencionalidad, compromisos u otras obligaciones a que hacer referencia el artículo 9 de la Llei 30/2022, se aplicará la de mayor importe.

3. Incumplimientos intencionados

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Real decreto 1047/2022, de 27 de diciembre, no se concederá ninguna ayuda a los beneficiarios que hayan creado artificialmente las condiciones exigidas para obtener las ayudas.

Se consideran condiciones artificiales las establecidas en el anexo I del Real decreto 1047/2022, de 27 de diciembre.