BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Uno de los objetivos del Gobierno de las Illes Balears, de conformidad con el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, es garantizar el derecho a la educación de calidad y acceder a ellos en condiciones de igualdad.

Asimismo, de acuerdo con el Estatuto, las instituciones propias de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para cumplir las finalidades que les son propias y en el marco de las competencias que les atribuye este Estatuto, deben promover, como principios rectores de la política económica y social, el desarrollo sostenible encaminado al pleno empleo, la cohesión social y el progreso científico y técnico, de forma que se asegure a toda la ciudadanía el acceso a los servicios públicos y el derecho a la salud, la educación, la vivienda, la protección social, el ocio y la cultura.

El capítulo I del Título V de la Ley 1/2022, de 8 de marzo, de educación de las Illes Balears, regula la red de centros educativos de las Illes Balears. En el artículo 102, de Creación de centros, establece que la creación, la supresión y la transformación de centros públicos corresponde al Gobierno de las Illes Balears, que debe establecer los tipos de enseñanzas que se van a desarrollar. En el punto 3 del mismo artículo determina que el Gobierno de las Illes Balears debe promover una red de centros públicos suficiente para cubrir la demanda de la población escolar de las Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de marzo).

Con el fin de cumplir estos objetivos, se considera necesario y urgente adecuar la red pública de equipamientos, de forma que permita afrontar las demandas en materia sanitaria, educativa y social de la población, motivada no sólo por el importante incremento experimentado población residente en las Illes Balears, sino también por la situación de paralización que la crisis económica ha causado. Así pues, a fin de paliar estas deficiencias en el lapso de tiempo más breve posible, el día 20 de enero de 2018, se publicó en el Boletín Oficial de las Illes Balears el Decreto ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas urgentes para la mejora y/o la ampliación de la red de equipamientos públicos de usos educativos, sanitarios o sociales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Por lo que se refiere a la atención de las demandas en el ámbito de la educación y a la adecuación de la red pública de equipamientos, mediante el Real decreto 1876/1997, de 12 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears en materia de enseñanza no universitaria, se hizo efectivo el traspaso de las competencias en materia de enseñanza no universitaria y la Comunidad Autónoma asumió, entre otras , la competencia en materia de «la elaboración, supervisión, aprobación, contratación y ejecución de proyectos de nuevas construcciones, reforma, ampliación o mejora de las existentes, así como, la dotación y el equipamiento en lo referente a los centros públicos. Convocatoria y resolución de concursos y proyectos de edificios y material [...]»

Corresponde a la Consejería de Educación y Formación Profesional, a través de la Dirección General de Planificación, Ordenación y Centros, entre otras competencias, la coordinación de las infraestructuras y de los servicios educativos, de acuerdo con el artículo 2.6.a ) del Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

El Decreto ley 1/2018, de 19 de enero, establece la regulación relativa a los efectos de la declaración de inversiones de interés autonómico de las Illes Balears con el fin de atender la creciente demanda de servicios y prestaciones en los ámbitos recogidos en el Decreto ley.

El municipio de Santa Margalida ha incrementado su población en los últimos años. Los tres centros de Educación Infantil y Primaria del municipio se encuentran con una ocupación superior a la prevista en el momento de su construcción, especialmente el CEIP Vera Mar de Can Picafort, que cuenta actualmente con cuatro aulas modulares.

Con el objetivo de rebajar la presión actual sobre los centros del municipio, y especialmente en Can Picafort, el Ayuntamiento de Santa Margalida puso a disposición de la Consejería de Educación y Universidad la parcela de referencia catastral 2518909EE1021N0001KT, de 8.416 ,00 m2, situada en Can Picafort, de titularidad municipal, situada en Can Picafort, según el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Santa Margalida de la sesión ordinaria de día 29 de febrero de 2016, y rectificada en el Acuerdo del Pleno en la sesión ordinaria de 25 de julio de 2016.

Esta parcela permite la construcción de un nuevo CEIP de dos líneas (6 de EI+12 de EP), está calificada como equipamiento docente (EQ-DO-DO) y clasificada como suelo urbano. A la parcela se le aplican las normas urbanísticas del planeamiento vigente de Santa Margalida, del año 1986. Las soluciones adoptadas en el proyecto de construcción no se encuentran en contradicción con el cumplimiento de lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 12/2017 (LUIB), se cumplen todos los parámetros urbanísticos de aplicación y la parcela reúne todas las condiciones de solar según el artículo 25 de la Ley 12/2017.

En estos momentos la Consejería de Educación y Formación Profesional, por medio del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) está redactando el proyecto de ejecución para la construcción de este nuevo centro.

La superficie construida resultante será de 3.606,00 m2 desarrollados en planta sótano, planta baja y dos plantas piso. El proyecto contempla la construcción de 6 aulas de Educación Infantil, 12 aulas de Educación Primaria y 1 aula para una unidad educativa específica en centro ordinario (UEECO), además del resto de espacios contemplados en el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que imparten las enseñanzas de segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. De esta forma se crearán 450 nuevas plazas escolares.

Dado lo anteriormente expuesto, es del todo necesario iniciar con carácter de urgencia los trámites oportunos para construir un nuevo centro Can Picafort, en el término municipal de Santa Margalida.

De acuerdo con lo que recoge artículo 8.6 del Decreto ley 1/2018, la Administración dispone de un plazo de dos años desde la declaración de interés

autonómico para presentar el proyecto y otros dos, a continuación, para iniciar su ejecución, mientras que el incumplimiento de cualquiera de ellos determina la caducidad de la declaración.

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto ley 1/2018, en relación con el artículo 5 de la Ley 4/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para el impulso de la inversión de las Illes Balears, corresponde al Consejo de Gobierno declarar como inversión de interés autonómico un equipamiento público de uso educativo.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Educación y Formación Profesional, en la sesión del día 27 de diciembre de 2022 adoptó, entre otros, el Acuerdo siguiente:

Primero. Declarar inversión de interés autonómico las obras de construcción de un nuevo CEIP en Can Picafort, en la parcela catastral 2518909EE1021N0001KT, de equipamiento educativo en suelo urbano, de propiedad municipal, en el término municipal de Santa Margalida, de acuerdo con los artículos 7 y 8 del Decreto ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas urgentes para la mejora y/o la ampliación de la red de equipamientos públicos de usos educativos, sanitarios o sociales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Segundo. Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Santa Margalida.

Tercero. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 27 de diciembre de 2022

La secretaria del Consejo de Gobierno Mercedes Garrido Rodríguez