BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

La agricultura se enfrenta a un proceso de transformación estructural derivado, entre otros factores, de la progresiva liberalización del comercio mundial, la reforma de la política agrícola común (PAC), el desarrollo tecnológico, el aumento de las exigencias medioambientales y las nuevas demandas de calidad y seguridad alimentaria. A todas estas circunstancias estructurales se han sumado los efectos de la COVID-19 que, al igual que en el resto de los sectores de la economía, han impactado fuertemente en su estructura productiva y en los canales de comercialización. Cuando se empiezan a superar los peores momentos de la pandemia, la fase de reconstrucción, transformación y resiliencia de la economía debe centrarse en las potencialidades y objetivos que permitan reconstruir el sector sobre las bases de la sostenibilidad y resiliencia.

Por eso, en las Illes Balears es necesario promover el desarrollo sostenible del sector agroalimentario, a nivel económico y medioambiental, mejorando su eficiencia y competitividad en el mercado mediante inversiones físicas que impulsen la implantación de nuevas tecnologías, la orientación hacia productos de calidad reconocida, especialmente la producción ecológica, la diversificación de las producciones y, todo ello, bajo la perspectiva de la mejora medioambiental, la seguridad laboral y el mantenimiento de las condiciones de higiene y bienestar animal.

Los efectos de la pandemia sobre la economía han tenido una respuesta extraordinaria por parte de la Unión Europea a través de la aprobación de los Fondos Next Generation regulados a través del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia incorpora una dotación de fondos adicional a las políticas de desarrollo rural que se gestionarían a través del FEADER.

El Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia del Reino de España aprobado por la Unión Europea debe basarse en proyectos que permitirán la realización de reformas estructurales que deben permitir tanto un cambio de modelo productivo, para la recuperación de la economía después de la pandemia, como una transformación hacia una estructura más resiliente, para que nuestro modelo sepa afrontar con éxito otras posibles crisis o desafíos en el futuro.

Por otra parte, en el marco de la estrategia Farm to Fork del Green Deal, la Comisión Europea ha fijado el objetivo de "al menos el 25% de las tierras agrícolas de la UE dedicadas a la agricultura ecológica y un aumento significativo de la acuicultura ecológica para 2030". A tales efectos, la UE ha diseñado un plan de acción basado en tres ejes, uno de los cuales consiste en estimular la reconversión y reforzar la cadena de valor.

Atendiendo este objetivo, se hace necesario fomentar la producción ecológica favoreciendo su industrialización, transformación y comercialización para que las producciones primarias dispongan de una salida al mercado complementaria a su venta en fresco, por lo que se pone a disposición del sector la presente convocatoria.

El Programa de desarrollo rural (PDR) de las Illes Balears para el periodo 2014-2020 prevé una serie de medidas de ayuda destinadas al sector agrario, según el Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo, que establece las normas generales que regulan la ayuda de la Unión al desarrollo rural financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), y se complementan las disposiciones comunes para los fondos estructurales y de inversión europeos, establecidas en la segunda parte del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. Concretamente, entre otras medidas, se contempla en el PDR la submedida 4.2, destinada a dar apoyo a las inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.

En fecha 28 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) núm.2020/2220 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022 y por el que se modifican los reglamentos (UE) núm. 1305/2013, (UE) núm. 1306/2013 y (UE) núm. 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en los años 2021 y 2022.

El 26 de febrero del 2015 se publicó en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29 la Orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de febrero de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa de desarrollo rural de las Illes Balears 2014-2020, que en su artículo 2 señala que, entre otros, será objeto de ayuda la medida de inversiones en activos físicos y, en concreto, la submedida 4.2, destinada a dar apoyo a las inversiones en transformación y comercialización de productos agrícolas.

Las convocatorias que se han aprobado anteriormente, en relación con dicha submedida, han incentivado la transformación y comercialización de las producciones agrarias incrementando el valor añadido de las producciones primarias y se han convertido en un instrumento adecuado para alcanzar los objetivos planteados en el PDR.

Por otra parte, el Decreto 64/2005, de 10 de junio, de creación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears, establece en su artículo 2.a que el FOGAIBA tiene por objeto ejecutar la política de la consejería competente en materia de agricultura y pesca referente a la aplicación de las medidas de fomento y mejora de los sectores agrario y pesquero, incluidas las derivadas de la política agrícola común y de los fondos procedentes del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, de las medidas de desarrollo rural y de otros regímenes de ayudas previstos en la normativa de la Unión Europea.

Dada la naturaleza de las ayudas previstas en esta convocatoria, no está justificada la incorporación de ningún criterio de valoración en relación con posibles actuaciones dirigidas a la consecución efectiva de la igualdad de género por parte de las personas solicitantes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, y en el artículo 3 de la Orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de febrero de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa de desarrollo rural de las Illes Balears 2014-2020, corresponde aprobar la convocatoria de estas ayudas mediante una resolución.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 6.1.g del Decreto 64/2005, de 10 de junio, de creación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears, a propuesta del director gerente del FOGAIBA y de acuerdo con la autoridad de gestión, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero

Objeto de las subvenciones y ámbito de aplicación

1. Se aprueba la convocatoria de subvenciones, correspondiente al año 2022, para fomentar las inversiones en transformación, comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas ecológicos, de acuerdo con lo previsto en la Orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de febrero de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa de desarrollo rural de las Illes Balears 2014-2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrero de 2015.

2. El ámbito territorial de aplicación de las subvenciones es la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Segundo

Importe máximo de la convocatoria y financiación

1. A esta convocatoria se destina un importe máximo de un millón de euros (1.000.000,00 €), con cargo a los presupuestos del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears del año 2022.

Esta cuantía podrá incrementarse con créditos que pueden destinarse a esta finalidad.

2. Las subvenciones mencionadas serán financiadas por la Comunidad Autónoma de las Islas Balears (CAIB) en un 100,00%.

Tercero

Requisitos de los beneficiarios

1. Pueden ser beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria las personas físicas o jurídicas que lleven a cabo las actuaciones mencionadas en el apartado cuarto de esta resolución y que, en el momento de la propuesta de resolución, reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser una entidad dedicada a la transformación y comercialización o desarrollo de los productos agrícolas previstos en el anexo I del Tratado de la Unión Europea, excepto los productos de la pesca, y disponer de cualquiera de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) correspondientes a la industria alimentaria.

b) No estar en crisis de acuerdo con la definición establecida por la Unión Europea en el apartado 2.2 de las Directrices sobre las ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis.

c) Que estén inscritas en el Consejo Balear de la Producción Agraria Ecológica (CBPAE) como elaboradores ecológicos o mixtos, y que las inversiones solicitadas sean exclusivamente para transformar productos ecológicos.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado décimo de esta resolución, los requisitos mencionados en el punto anterior deberán mantenerse durante un periodo mínimo de seis meses, a contar a partir de la solicitud de la ayuda, y deben mantenerse, como mínimo, hasta el momento del pago de la subvención.

3. Además del requisito anterior, deberán cumplirse los requisitos previstos en el artículo 10 de la Orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de febrero de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa de desarrollo rural de las Illes Balears 2014-2020, así como los establecidos en el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1.e del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, se considerará que los beneficiarios se encuentran al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social cuando se verifique lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como en los artículos 18 y 19 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. La circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social deberá quedar acreditada con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión.

La comprobación del cumplimiento del requisito mencionado la realizará el FOGAIBA y/o la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya que la presentación de la solicitud supone la autorización para su comprobación, excepto manifestación expresa en contra.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, tampoco pueden ser beneficiarias de las subvenciones previstas en esta resolución las empresas y las entidades solicitantes sancionadas o condenadas en los últimos tres años, por resolución administrativa o sentencia judicial firmes, por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

Cuarto

Actuaciones subvencionables

1. Pueden ser subvencionables las inversiones materiales o inmateriales que se realicen en las Illes Balears y afecten a la transformación, la comercialización o el desarrollo de productos agrícolas ecológicos incluidos en el anexo I del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, excepto los productos de la pesca. El resultado del proceso de transformación podrá ser un producto no previsto en el anexo mencionado.

En todo caso, deben perseguir alguno de los siguientes objetivos:

- Mejorar el rendimiento, la competitividad y el desarrollo económico.

- Fomentar los productos de calidad.

- Favorecer la innovación y el respeto al medio ambiente, la seguridad laboral, la higiene y el bienestar animal y mejorar las ratios de sostenibilidad social, económica y ambiental.

2. Únicamente serán subvencionables los siguientes gastos:

a) La construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles.

b) La compra de nueva maquinaria y equipos hasta el valor de mercado del producto.

c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a y b, como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, así como honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad.

d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor y marcas registradas.

3. Solo serán subvencionables los gastos realizados después de la presentación de la solicitud de ayuda y, en el caso de obra civil e instalaciones fijas, además de la visita previa de inspección por parte del órgano competente in situ, que acredite que las inversiones no estaban iniciadas (excepto en el caso de los gastos previstos en el punto 2, relativos a los “costes generales”, que se podrán realizar antes de la presentación de la solicitud), de conformidad con lo dispuesto en la Orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de febrero de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa de desarrollo rural de las Illes Balears 2014-2020.

La actuación subvencionada la deberá haber realizado y pagado el beneficiario en el periodo comprendido entre la fecha de comienzo del periodo de elegibilidad prevista en el párrafo anterior y el plazo previsto en el punto 1 del apartado undécimo de esta resolución. En ningún caso este plazo podrá superar el 1 de diciembre del 2025.

4. No serán subvencionables las actuaciones y los gastos siguientes:

a) Los dirigidos al comercio minorista en destino, excepto la comercialización de sus productos propios o de otros productores, transformadores o comercializadores asociados.

b) Las inversiones subvencionables mediante el ‘Programa de apoyo al sector vitivinícola', en el marco del Reglamento (UE) núm.1308/2013.

c) Las inversiones de reposición o simple sustitución de equipos y maquinaria, excepto cuando la nueva adquisición corresponda a equipos o maquinaria diferentes de los anteriores por la tecnología utilizada o por su rendimiento.

d) La compra de equipos o maquinaria de segunda mano.

e) Cualquier tipo de intereses bancarios, recargos y sanciones administrativas y penales.

f) La adquisición de terrenos.

g) El IVA, excepto cuando no sea recuperable, conforme a la legislación nacional sobre el IVA.

h) Los gastos de procedimientos judiciales.

i) Material fungible o que sea vendido con la mercancía. Las inversiones deben tener una vida superior a los cinco años desde el pago de las ayudas. Las cajas de campo solo serán subvencionables en empresas de nueva creación.

j) Nóminas y gastos de personal pagados por el beneficiario.

k) Los vehículos, con excepción de los de transporte interno y de las carrocerías específicas para vehículos que sean necesarias para la actividad productiva de la empresa, siempre que estos equipos formen parte de un proyecto de inversiones y su importe no supere el 40% del total de la actuación.

l) Reparaciones, mobiliario de oficina, jardinería, obras de embellecimiento y de equipamientos de ocio, compra de edificios que deban derribarse, proyectos de investigación.

m) Los destinados a la transformación o comercialización de productos de países no comunitarios. En caso de que la empresa utilice materias primas agrícolas o ganaderas de países terceros en el proceso de transformación, con una proporción inferior al 50% del volumen total de materias primas, se podrá subvencionar aplicando la reducción que corresponde a la proporción “kg materia prima de fuera” / “kg materia prima total utilizada” (media de los últimos tres años). Para verificar la procedencia de la materia prima se podrá requerir la trazabilidad u otros documentos acreditativos.

n) Todos los que no se deriven de las actuaciones o inversiones previstas en los puntos 1 y 2 de este apartado.

o) Todos los que incrementen la producción, sobrepasando las restricciones o limitaciones impuestas por una organización común de mercado o un régimen de ayuda directa financiada por el FEAGA.

p) Todos los que no tengan la condición de gasto elegible de acuerdo con la normativa vigente.

5. En todo caso, se aplicarán las normas en materia de gastos susceptibles de subvención, comprobación de subvenciones y comprobación de valores que establecen los artículos 40, 41 y 42 del texto refundido de la Ley de subvenciones y el artículo 83 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

Se entenderá que los gastos previstos en el punto 2.c de este apartado se ajustan a los valores de mercado hasta un máximo del 8% del coste de los gastos detallados en los puntos 2.a y 2.b en caso de obra civil, y del 4% en las demás inversiones. La cantidad que exceda de los porcentajes anteriores no será auxiliable.

6. En todo caso, para que pueda considerarse subvencionable, será necesario que la inversión en obra civil se realice cumpliendo las normas urbanísticas en esta materia. A tales efectos, será preceptivo acreditar, previamente al pago, el cumplimiento de tales extremos, adjuntando la documentación mencionada en el apartado undécimo de la presente resolución.

7. Las actividades que prevé el punto 4.5) del apartado sexto de esta convocatoria deberá de ser técnicamente viables.

8. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000,00 euros, en caso de coste por ejecución de obra, o de 15.000,00 euros, en caso de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por parte de empresas de consultoría o de asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de proveedores diferentes, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, excepto cuando, por las características especiales de los gastos subvencionables, no exista en el mercado un número suficiente de entidades que lo suministren u ofrezcan.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse a la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, con la justificación expresa en una memoria de la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

9. En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y mejora de bienes inventariables, inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura que el beneficiario deberá destinar los bienes a la finalidad concreta para la que se concedió la subvención durante un periodo de cinco años desde el pago de la ayuda, así como el importe de la subvención concedida, siendo objeto de inscripción estos extremos en el registro público correspondiente. A tales efectos será preceptivo acreditar, previamente al pago, el cumplimiento de tales extremos, adjuntando la documentación mencionada en el apartado undécimo de la presente resolución.

La anotación en el registro público correspondiente podrá acreditarse una vez efectuado el pago de la ayuda a requerimiento del órgano gestor.

10. Únicamente serán subvencionables los expedientes que obtengan una puntuación mínima de acuerdo con los parámetros definidos en el apartado séptimo, y que será de 21 puntos (la puntuación máxima es de 70 puntos) o del 30% de la mayor puntuación posible.

11. En virtud de lo establecido en el artículo 45.1 del Reglamento (UE) núm. 1305/2013, las operaciones de inversión que, de acuerdo con la legislación nacional o autonómica de aplicación, tengan que someterse a evaluación de impacto ambiental, para poder ser elegibles, deben contar con la correspondiente declaración, informe o resolución de impacto ambiental emitida por la Comisión Balear de Medio Ambiente en sentido positivo.

Además, las operaciones no podrán afectar negativa y significativamente a los objetivos de conservación de lugares de la Red Natura 2000.

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de ejecución 807/2014, las instalaciones deberán cumplir, cuando resulten de aplicación, los preceptos definidos en el Real decreto 390/2021, d'1 de juny, de 5 d'abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética dels edificis.

Quinto

Intensidad y límite de las subvenciones

1. En el caso de inversiones en las que el producto final sea un producto del anexo I del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, la ayuda será de un 60% de los costes elegibles y podrá incrementarse en cada uno de los casos siguientes hasta el máximo del 75%.

a) Si el beneficiario dispone de acuerdos de suministro con un mínimo de 5 productores que determinen productos y calendarios: 10 % de ayuda adicional.

b) Si el solicitante del proyecto demuestra que la producción transformada o comercializada supone al menos un 20% de la producción ecológica en el sector productivo de que se trata calculado en relación con la producción de la isla en la que se ubique. La concentración de oferta se demostrará sumando a la producción estándar del propio promotor la producción recogida en los contratos o acuerdos de suministro de productores en la industria: 10 % de ayuda adicional.

c) Si el proyecto té una puntuación de más del 50% de los puntos posibles según los criterios de selección: 5 % de ayuda adicional.

La puntuación obtenida a través de los supuestos a y b es incompatible entre sí.

2. En el caso de inversiones en las que el producto final no sea un producto del anexo I del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, el importe total de las ayudas a una única empresa no podrá exceder los 200.000,00 € durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, de acuerdo con el artículo 3.2 del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, ni podrá exceder del 40% de la inversión.

A dicho efecto, el beneficiario debe efectuar declaración sobre la posible vinculación con otras empresas en los términos previstos en el artículo 2.2 del Reglamento 1407/2013, así como de todas las ayudas recibidas. Esta declaración no exime de los controles y las verificaciones posteriores que se prevén en el texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005.

3. En el caso de inversiones en las que el producto final sea un producto del anexo I, la inversión máxima auxiliable para esta convocatoria será de 500.000,00 € por un mismo beneficiario.

4. Para poder solicitar las ayudas, la inversión auxiliable debe tener un importe mínimo de 50.000,00 euros.

Sexto

Solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes comienza a contar a partir del día siguiente al de la publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de esta resolución hasta el 30 de diciembre de 2022.

2. Las personas interesadas que cumplan los requisitos previstos en esta convocatoria podrán presentar las solicitudes, según el modelo del formulario, que figura en la página web del FOGAIBA, dirigidas al Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (A04026954).

No obstante lo anterior, para las personas obligadas a relacionarse electrónicamente de acuerdo con el que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las solicitudes de ayuda se han de presentar mediante el trámite telemático correspondiente, disponible en la Sede electrónica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Será necesario el suministro de todas y cada una de los datos que se indican en el formulario de la solicitud, y también la asunción de compromisos, otorgamientos de autorizaciones y realización de declaraciones contenidas en éste.

3. La presentación de la solicitud de ayuda supone la aceptación, por parte de la persona interesada, de todo el contenido de esta convocatoria, así como de las bases reguladoras establecidas en la Orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de febrero de 2015, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones en el marco del Programa de desarrollo rural de las Illes Balears 2014-2020, y del resto de normativa de aplicación.

4. A estas solicitudes debe adjuntarse la siguiente documentación:

a) Personas físicas: si procede, documento que acredite su representación.

b) Personas jurídicas: fotocopia del NIF de la entidad, de los estatutos sociales debidamente inscritos en el registro correspondiente y del documento que acredite su representación.

c) Memoria agronómica que detalle:

1) Inversiones a realizar.

2) Materias primas agrarias y productos finales, especificando su procedencia, las capacidades productivas y de transformación.

3) Beneficio económico de la inversión para los productores de materias primas agrícolas y ganaderas.

4) Repercusión de las actuaciones, como mínimo, en uno de estos puntos:

 

- Mejorar el rendimiento, la competitividad y el desarrollo económico.

- Fomentar los productos de calidad.

- Favorecer la innovación y el respeto al medio ambiente, la seguridad laboral, la higiene y el bienestar animal y mejorar las ratios de sostenibilidad social, económica y ambiental.

5) Viabilidad técnica del proyecto, especificando capacidades productivas y de transformación, instalaciones y salidas comerciales.

d) Copia del proyecto básico, en caso de realizar obra mayor.

e) Certificado de un auditor externo que acredite que la empresa no está en crisis, de acuerdo con el punto 2.2 de las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).

f) Planos o croquis en los que figure el emplazamiento de las inversiones.

g) En su caso, presupuestos o facturas proforma de las inversiones objeto de ayuda elaborados por sus fabricantes o instaladores autorizados. Se deben presentar los tres presupuestos en el caso de lo que establece el apartado 4.8 de esta resolución.

h) En caso de compra de edificios, certificado de tasador independiente debidamente acreditado e inscrito en el registro oficial, y declaración jurada del vendedor por si el edificio ha obtenido otra subvención nacional o comunitaria en los últimos diez años.

i) Solicitud de licencia de obras, en su caso.

j) Si procede, documentación justificativa del cumplimiento de alguno de los supuestos establecidos en el apartado 5.1 de esta resolución, de incremento de porcentaje de ayuda.

k) En su caso, documentación justificativa del cumplimiento de alguno de los criterios de puntuación establecidos en el apartado 7.2 de la presente resolución.

La comprobación del DNI de la persona o de su representante la realizará de oficio el FOGAIBA. En el caso de que se quiera denegar expresamente la autorización al FOGAIBA y/o a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación para obtener el DNI de la persona solicitante o de los representantes, o los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social, deberán aportarse un documento de denegación y los certificados correspondientes. En caso de que no se esté obligado a presentar las declaraciones o los documentos a que se refieren las obligaciones anteriores para acreditar que se está al corriente de las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social, se acreditará su cumplimiento mediante declaración responsable.

5. En el supuesto de que, con ocasión de la tramitación de otros expedientes en el FOGAIBA, ya se haya presentado alguno de los documentos mencionados, no será necesario aportarlo de nuevo, siempre que se hagan constar la fecha y el órgano o la dependencia en que se presentó o, en su caso, se emitió y no hayan pasado más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que corresponda. Tampoco habrá que aportarlo de nuevo si el documento exigido se ha incorporado a la base de datos documental del FOGAIBA, prevista en el Decreto 53/2006, de 16 de junio, con la comprobación previa de la autenticidad del documento. No obstante, la acreditación de facultades deberá estar vigente en el momento de presentación de la solicitud de ayuda.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la persona solicitante la presentación o, por defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a los que hace referencia el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

6. De la misma manera, y con carácter potestativo, la persona solicitante podrá aportar la documentación complementaria que quiera, con el objetivo de acreditar el cumplimiento de uno o varios de los criterios de selección establecidos en el siguiente apartado.

7. De acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, no será necesario presentar la documentación o los datos que se puedan obtener por medios telemáticos.

8. Si las solicitudes tienen algún defecto o no incluyen toda la documentación señalada, o si los documentos que deben presentarse durante la tramitación del expediente presentan enmiendas o tachaduras, se requerirá a las personas solicitantes, mediante una publicación en la web del FOGAIBA, en el caso de personas físicas y telemáticamente en el caso de personas jurídicas, para que enmienden el defecto o aporten la documentación en el plazo de diez días, tal como indica el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, con la indicación de que, si no lo hacen, se entenderán como desistidas las solicitudes y, con la resolución previa, se archivará el expediente sin ningún otro trámite. Las diferentes notificaciones de enmienda de defectos que se dicten se publicarán en la web cada lunes o el día hábil siguiente si este es festivo.

9. La presentación de la solicitud de ayuda supone la aceptación, por parte de la persona interesada, del contenido de esta convocatoria, de las bases reguladoras establecidas en la Orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de febrero de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa de desarrollo rural de las Illes Balears 2014-2020, y del resto de normativa aplicable.

Séptimo

Selección de los beneficiarios y criterios de selección

1. La selección de los beneficiarios de las ayudas se realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva entre las solicitudes presentadas.

2. En el supuesto de que las solicitudes con derecho a ayuda superen las cuantías destinadas a esta convocatoria, las solicitudes se atenderán en función de la puntuación más alta obtenida aplicando los siguientes criterios de prioridad, cuyo cumplimiento se valorará en el momento de la presentación de la solicitud:

2.1 En función de las características de la persona beneficiaria: (máximo 25 puntos)

a) Si la persona beneficiaria es una pyme: 5 puntos

b) Si la persona beneficiaria es titular de una explotación agraria: 5 puntos

c) Si la persona beneficiaria es una cooperativa: 10 puntos.

d) Si la persona beneficiaria es una SAT: 5 puntos.

e) Si la persona beneficiaria está reconocida como OPFH: 5 puntos.

2.2 En función del tipo de inversión: (máximo 45 puntos)

f) Inversiones que mejoren la eficiencia energética: 5 puntos.

g) Inversiones que mejoren la competitividad de la empresa: 10 puntos.

h) Inversiones que reduzcan el impacto ambiental: 5 puntos.

i) Inversiones que tengan incidencia directa en el sector productor. Se entenderá que las inversiones tienen incidencia directa en el sector productor cuando la materia prima agraria utilizada se produzca en las Illes Balears. Si el porcentaje de producción local transformada y/o comercializada en términos de cantidad es:

• Superior o igual al 60%: 25 puntos.
• Superior al 30% o igual e inferior al 60%: 15 puntos.
• Inferior al 30%: 0 puntos.

Para demostrar el cumplimiento de los criterios punto 2.2 f y/o 2.h, será necesario aportar un certificado firmado por un técnico competente en el que se explique esta mejora, y para obtener la puntuación, al menos el 30% del coste total de las inversiones será para cumplir este objetivo. Se considera que una obra nueva no puede optar a estas puntuaciones salvo si se trata de un traslado de una ubicación obsoleta a una nueva construcción, adjuntando igualmente certificado del técnico correspondiente que acredite la mejora.

La puntuación máxima de los criterios de selección será de 70 puntos.

Octavo

Comisión Evaluadora

1. La Comisión Evaluadora estará integrada por:

- El presidente: secretario general de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación o la persona en quien delegue.

- El vicepresidente: director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural o la persona en quien delegue.

- Vocales:

• Director gerente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) o la persona en quien delegue.
• Jefe del Departamento Jurídico del FOGAIBA o la persona en quien delegue.
• Jefe del Servicio de Gestión Económica del FOGAIBA o la persona en quien delegue.
• Jefe del Servicio de Ayudas al Desarrollo Rural o la persona en quien delegue.
• Un representante del Consejo Insular de Mallorca.
• Un representante del Consejo Insular de Menorca.
• Un representante del Consejo Insular de Ibiza.
• Un representante del Consejo Insular de Formentera.

- El secretario: actuará como secretario uno de los vocales de la Comisión Evaluadora.

2. La Comisión Evaluadora es el órgano colegiado al que corresponde examinar las solicitudes presentadas, aplicar los criterios de valoración previstos en el apartado séptimo de esta resolución y emitir el informe que debe servir de base para la elaboración de la propuesta de resolución. Esta comisión únicamente se constituirá si las solicitudes con derecho a ayuda superan las cuantías destinadas a esta convocatoria y se debe establecer una prelación entre las solicitudes presentadas aplicando los criterios de selección previstos en el apartado séptimo.

No obstante, en caso de renuncia o desistimiento de la persona solicitante, así como de desestimación de la subvención por no reunir los requisitos exigidos, no será preceptiva la intervención de la Comisión Evaluadora y el órgano competente declarará conclusos estos expedientes sin ningún otro trámite.

3. Para que la Comisión Evaluadora se entienda válidamente constituida, se requerirá la presencia del presidente y del secretario o, si procede, de quienes los sustituyan y, al menos, de la mitad de sus miembros que pertenezcan al FOGAIBA.

Noveno

Instrucción del procedimiento

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas es el Área de Gestión de Ayudas del FOGAIBA. Este órgano llevará a cabo, de oficio, las actuaciones necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales debe dictarse la resolución. En caso de que sea necesario notificar la enmienda de deficiencias o la propuesta de resolución, esta notificación se hará mediante su publicación en la web del FOGAIBA en caso de personas físicas, cada lunes y los días 1 y 15 de cada mes o el día hábil siguiente si aquellos son inhábiles; en caso de personas jurídicas la notificación se hará de manera telemática.

2. La resolución de los expedientes la dictará el vicepresidente en materia agraria del FOGAIBA, a propuesta del jefe del Servicio de Ayudas al Desarrollo Rural, si procede, con un informe previo de la Comisión Evaluadora. Con anterioridad a la emisión del informe de la Comisión Evaluadora, la sección 1.ª del Servicio de Ayudas al Desarrollo Rural del FOGAIBA emitirá un informe en el que se acreditarán, si es favorable, la legalidad de la ayuda y su importe. En la resolución de concesión de la ayuda se harán constar la financiación por parte de las diferentes administraciones, el fondo europeo al que se imputa el gasto y el eje prioritario del programa correspondiente.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa es de seis meses a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y la resolución se notificará a las personas interesadas mediante su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el caso de personas físicas i de manera telemática en el caso de personas jurídicas, de acuerdo con los términos previstos en el artículo 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Si, una vez transcurrido este plazo, no se ha notificado ninguna resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

Excepcionalmente y de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se podrá acordar la ampliación del plazo máximo para dictar resolución. En este caso, el acuerdo de ampliación debe producirse antes del vencimiento del plazo y se notificará a las personas interesadas mediante su publicación en el BOIB.

4. Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.4 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

5. En la resolución del procedimiento se podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que, a pesar de cumplir las condiciones administrativas y técnicas para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas porque exceden la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con la indicación, si procede, de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos.

En este caso, si alguno de los beneficiarios renuncia a la subvención en los seis meses siguientes a la notificación de su concesión, el órgano que concede dicha subvención deberá acordar, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la persona solicitante o a las personas solicitantes siguientes por orden de puntuación, siempre que con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios se haya liberado crédito suficiente para poder atender como mínimo una de las solicitudes denegadas. El órgano que concede la subvención comunicará esta opción a las personas interesadas para que acepten la propuesta de subvención en el plazo de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte de la/s persona/s solicitante/s, se dictará el acto de concesión y se procederá a su notificación.

Décimo

Obligaciones de los beneficiarios

1. Son obligaciones de los beneficiarios las siguientes:

- Realizar y justificar las inversiones o actividades auxiliadas en el plazo establecido.

- Mantener las inversiones realizadas durante al menos cinco años, a contar desde la fecha de pago de la ayuda.

- Cumplir las normas comunitarias aplicables a la inversión y, en especial, las relativas a la durabilidad de las operaciones previstas en el artículo 71 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.

- Someterse a los controles que lleve a cabo la Administración, necesarios para comprobar la correcta concesión de la ayuda y el posterior mantenimiento de los compromisos.

- Mantener los requisitos y las condiciones exigibles respecto a la persona beneficiaria, a los que hace referencia el apartado tercero de esta resolución.

2. Además, deberán cumplirse las normas de información y publicidad previstas en el anexo III del Reglamento de ejecución (UE) núm. 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

3. Estas obligaciones se entenderán sin perjuicio de la obligación de cumplir lo previsto en el artículo 11 del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, y en el artículo 11 de la Orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de febrero de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa de desarrollo rural de las Illes Balears 2014-2020, así como las demás obligaciones que se deriven de la normativa estatal y comunitaria aplicable.

4. El régimen jurídico aplicable por el incumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio de lo establecido en el apartado undécimo de la presente resolución y la normativa específica, estatal y comunitaria, es el previsto en el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, y comprende desde el reintegro de la ayuda y el pago del interés de demora hasta la imposición de las sanciones correspondientes.

Undécimo

Justificación y pago de las ayudas

1.- El plazo para notificar y justificar la realización de las inversiones propuestas en la resolución es de dieciocho meses para las inversiones inmuebles y de seis meses para las inversiones muebles, a contar desde el día siguiente al de la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda. En el supuesto de que se solicite conjuntamente una subvención para inversiones inmuebles y muebles, el plazo es de dieciocho meses.

En ningún caso este plazo podrá superar el 1 de diciembre del 2025.

2. La actuación subvencionada la deberá haber realizado y pagado el beneficiario en el periodo comprendido entre la fecha de comienzo del periodo de elegibilidad prevista en el apartado cuarto de la presente resolución y el plazo previsto en el punto anterior, que también se especificará en la resolución de concesión. En ningún caso este plazo podrá superar el 1 de diciembre del 2025.

3. Por razones justificadas de demora en la concesión de licencias por parte de los ayuntamientos o consejos insulares, bajas laborales e incidencias graves que no sean imputables al solicitante, las personas beneficiarias podrán solicitar la ampliación del plazo de realización y justificación establecido en la resolución de concesión. Esta solicitud deberá presentarse durante el plazo de ejecución.

El FOGAIBA puede acordar la ampliación solicitada, siempre que con ello no se perjudiquen los derechos de terceras personas ni la ejecución del PDR. El acuerdo de ampliación debe notificarse individualmente a la persona interesada y no es susceptible de recurso.

4. Durante los plazos de justificación establecidos, los beneficiarios deberán presentar las solicitudes de pago correspondientes, de acuerdo con el modelo del formulario 2, que figura en el web del FOGAIBA, debidamente cumplimentadas y dirigidas al Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (A04026954), en los registros de entrada del FOGAIBA o de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación o en cualquiera de los lugares previstos en el apartado 4 del artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y en el artículo 37 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Las personas obligadas a relacionarse electrónicamente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deben presentar la solicitud por medios electrónicos a través de la Sede electrónica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Se deberán suministrar todos los datos que se indican en el formulario 2, así como asumir los compromisos, otorgar las autorizaciones y hacer las declaraciones que contiene dicho formulario.

Esta solicitud de pago deberá ir acompañada de los siguientes documentos justificativos:

a) Facturas que reúnan los requisitos y las formalidades previstos en el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE núm. 289, de 1 de diciembre de 2012), y que contengan el desglose de las inversiones efectuadas.

En el caso de pago de tasas, será suficiente aportar el comprobante administrativo correspondiente, que también servirá como documento justificativo de pago, si de este se deriva la acreditación de tal extremo.

b) Documentación justificativa del pago del importe de las facturas presentadas; el pago del importe de estas facturas quedará acreditado de alguna de las siguientes maneras, presentando:

- Justificante de la orden de transferencia bancaria o del documento bancario acreditativo de la transferencia del pago de cada factura en el que figuren la fecha de la transferencia, el importe transferido y la identificación del concepto de la transferencia y los datos del ordenante y del destinatario, que deben coincidir con el beneficiario y con el emisor de la factura, respectivamente, acompañado del extracto bancario correspondiente del beneficiario de la ayuda.

- Copia del cheque nominativo o pagaré nominativo, siempre que esté vencido, acompañado del extracto bancario correspondiente del beneficiario de la ayuda, en el que aparezca el cargo de este cheque o pagaré.

Si el importe de la inversión auxiliable no coincide con el importe del cheque, este documento deberá ir acompañado de un certificado del emisor de la factura en el que haya constancia de que dicho cheque o pagaré se ha cobrado efectivamente, con indicación de la fecha de cobro y de la factura a la que corresponde el pago. Dicho certificado deberá estar firmado y sellado por la entidad emisora con indicación del nombre y el cargo o la responsabilidad que tiene el abajo firmante.

No se admitirán pagos en efectivo.

c) En el caso de adquisición de bienes inmuebles, deberá aportarse copia de la escritura pública de compraventa. En este supuesto, no será necesario aportar el justificante de pago siempre que se derive el pago efectuado.

d) En el caso de realización de obra civil, deberá aportarse copia de la escritura pública de obra nueva y, en su caso, licencia de obras y certificado final de obra del técnico facultativo director del proyecto.

Las escrituras públicas previstas en los epígrafes c y d anteriores deben hacer constar que el beneficiario deberá destinar los bienes a la finalidad para la que se concedió la subvención durante un periodo de cinco años, así como el importe de la subvención concedida, siendo objeto de inscripción estos extremos en el registro público correspondiente. No obstante, la anotación en el registro público correspondiente podrá acreditarse una vez efectuado el pago de la ayuda a requerimiento del órgano gestor.

e) Relación detallada de correspondencia de las facturas presentadas con los presupuestos presentados en la solicitud de ayuda (lista que relacione las facturas proforma con las facturas y justificantes finales presentados).

f) En caso de modificación de las inversiones solicitadas inicialmente y, si corresponde, presupuestos o facturas proforma de las inversiones objeto de ayuda confeccionados por sus fabricantes o instaladores autorizados.

g) Justificación de la titularidad de la cuenta bancaria.

5. Podrá presentarse solicitud de un pago parcial de la actuación subvencionable siempre que se hayan concedido todos los permisos y autorizaciones exigibles en el punto en que se encuentra la inversión. El pago se efectuará cuando se hayan comprobado la realización y la justificación de las inversiones correspondientes, previa deducción, en su caso, del importe recibido en concepto de anticipo de pago.

6. El importe de la ayuda concedida se abonará al beneficiario mediante transferencia bancaria cuando se hayan justificado el cumplimiento de la finalidad y la aplicación de la subvención, con la autorización previa del director gerente del FOGAIBA, previa deducción, en su caso, del importe recibido en concepto de anticipo de pago, y se abonará en las anualidades que así se determinen en la resolución de concesión.

7. El hecho de no presentar la documentación justificativa o de no ejecutar la inversión objeto de la ayuda en el plazo y en los términos establecidos supone un incumplimiento al que es aplicable lo dispuesto en el punto 4 del apartado décimo de la presente resolución.

8. Podrán presentarse solicitudes de anticipo de pago sobre la subvención concedida, de acuerdo con las condiciones del apartado duodécimo de la presente resolución.

9. No obstante, en los casos en los que se produzcan desviaciones entre la inversión realizada y la aprobada, se ajustará la ayuda total concedida al importe de la inversión realizada, siempre que la finalidad de la subvención, dada su naturaleza, sea susceptible de satisfacción parcial, y siempre y cuando se acerquen de manera significativa al cumplimiento total de los objetivos previstos y supongan al menos un 50% de ejecución de la cantidad total de inversión aprobada en la resolución de concesión inicial.

Este ajuste se realizará aplicando el porcentaje de subvención que corresponda a la inversión total justificada. No se reducirá el importe de la subvención concedida siempre que la inversión ejecutada sea igual o superior a la máxima auxiliable.

10. En cualquier caso deberán tenerse en cuenta las reducciones y exclusiones previstas en el Reglamento de ejecución (UE) núm. 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad, y en el anexo I que se adjunta a esta resolución.

Duodécimo

Anticipo de pago de la ayuda

1. Los beneficiarios podrán solicitar un anticipo de hasta el 50% de la ayuda concedida, cuando hayan constituido una garantía por un importe igual al 100% del anticipo solicitado. Esta garantía deberá aportarse de acuerdo con el formulario 3 que figura en la página web http://www.caib.es.

2. La solicitud del anticipo se formulará de acuerdo con el formulario 3 que figura en la página web http://www.caib.es debidamente cumplimentado, junto con la documentación acreditativa de la garantía prestada, de conformidad con los términos establecidos en el punto 1 anterior.

Se deberán suministrar todos los datos que se indican en el formulario 3, así como asumir los compromisos, otorgar las autorizaciones y hacer las declaraciones que contiene dicho formulario.

3. La concesión del anticipo no exime al beneficiario de la obligación de justificar la realización de la actividad objeto de subvención, así como la aplicación de los fondos percibidos, en el plazo y los términos previstos en el apartado duodécimo de esta resolución. La falta de justificación implicará el reintegro de las cantidades percibidas, además de los intereses legales a cuenta desde el momento del pago del anticipo.

4. Junto con la solicitud de pago y justificación final del proyecto, deberá solicitar la devolución de la garantía consignada. A estos efectos, deberá presentar la solicitud de pago, de acuerdo con el modelo que figura en el formulario 2, junto con la documentación justificativa a la que hace referencia el punto 4 del apartado undécimo.

Decimotercero

Incompatibilidad de las subvenciones

Las ayudas objeto de esta convocatoria son incompatibles con las ayudas que, para las mismas actuaciones concretas, pueda recibir el beneficiario de cualquier Administración pública o de otra entidad pública o privada.

Decimocuarto

Controles

1. Los perceptores de las ayudas reguladas en la presente resolución quedan sujetos a las disposiciones comunitarias de control establecidas en el Reglamento de ejecución (UE) núm. 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad.

2. Los controles tienen como finalidad dar cumplimiento a lo establecido en el título III del Reglamento de ejecución (UE) núm. 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014.

3. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria puede poner estos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado a tal efecto por dicho servicio en la dirección web http://igaepre.central.sepg.minhac.age/sitios/igae/es-ES/Paginas/Denan.aspx y en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del servicio mencionado.

Decimoquinto

Régimen jurídico aplicable

Para lo previsto en la presente convocatoria, será de aplicación lo siguiente:

- El Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1083/2006 del Consejo

- El Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1698/2005 del Consejo.

- El Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agrícola común, por el que se derogan los reglamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm. 485/2008 del Consejo.

- Reglamento (UE) núm. 2220/2020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en los años 2021 y 2022 y por el que se modifican los reglamentos (UE) núm. 1305/2013, (UE) núm. 1306/2013 y (UE) núm. 1307/2013 en lo que respecta a sus recursos y a su aplicación en los años 2021 y 2022.

- Reglamento delegado (UE) núm. 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y que introduce disposiciones transitorias.

- El Reglamento de ejecución (UE) núm. 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

- El Reglamento de ejecución (UE) núm. 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad.

- El Reglamento delegado (UE) núm. 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta al sistema integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad.

- El Programa de desarrollo rural de las Illes Balears 2014-2020.

- Orden del consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de febrero de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa de desarrollo rural de las Illes Balears 2014-2020.

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

- El Reglamento de la Ley general de subvenciones (Real decreto 887/2006, de 21 de julio).

- Texto refundido de la Ley de subvenciones (Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre).

- Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears.

- El resto de normativa de desarrollo y aplicación.

 

Decimosexto

Eficacia

La efectividad de esta resolución queda condicionada a la aprobación definitiva por parte de la Comisión Europea de la modificación del Programa de desarrollo rural de las Illes Balears para el periodo 2014-2020, así como a la aprobación de los nuevos criterios de selección por parte del Comité de Seguimiento del PDR, en los términos previstos en la presente resolución. En caso contrario, se procederá a su modificación con la finalidad de adaptarla al programa y a los criterios aprobados.

Decimoséptimo

Publicación

Esta resolución se debe comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y se debe publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 30 de noviembre de 2022

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño

 

ANEXO I REDUCCIONES Y EXCLUSIONES

1. Reducciones con motivo de los controles de admisibilidad de los gastos

Los pagos se calcularán sobre la base de los importes que se consideren admisibles después de los controles administrativos.

El Servicio de Ayudas al Desarrollo Rural examinará la solicitud de pago presentada por el beneficiario y determinará los importes admisibles. Además, fijará:

a) El importe que se pagará al beneficiario en función de la solicitud de pago y la resolución de concesión. En caso de que el primero sea superior al segundo, el importe solicitado se ajustará al límite de la concesión.

b) El importe que se pagará al beneficiario después del examen de admisibilidad del gasto que figure en la solicitud de pago.

Si el importe fijado de acuerdo con la letra a supera el importe fijado de acuerdo con la letra b en más de un 10%, se aplicará una reducción al importe fijado en la letra b. El importe de la reducción será igual a la diferencia entre los dos importes, pero no será superior al importe solicitado.

La reducción definida en el párrafo anterior se aplicará mutatis mutandis a los gastos no admisibles detectados en los controles sobre el terreno.

2. Reducciones en caso de incumplimiento de criterios de admisibilidad y de obligaciones

2.1. Aspectos generales

En este apartado se incluyen las penalizaciones detectadas en controles no financieros de admisibilidad (administrativos y sobre el terreno), controles específicos, controles a posteriori y cualquier otro que se realice de la operación.

Dentro de los criterios de admisibilidad y compromisos se pueden diferenciar los siguientes tipos:

- Compromisos excluyentes (CE): los incumplimientos que no respeten los criterios y/o requisitos establecidos en la concesión y, en su caso, el mantenimiento de la ayuda. El incumplimiento tiene asociada una sanción del 100% de la ayuda, la exclusión y, cuando sea procedente, se solicitará el reintegro de los importes percibidos en los años anteriores. En caso de compensación con pagos futuros, si estos importes no se pueden recuperar íntegramente en los tres años naturales posteriores a aquel en que se ha descubierto el incumplimiento, se cancelará el saldo pendiente. En caso de incumplimiento grave, falsedad, intencionalidad y negligencia, el beneficiario quedará excluido de la medida durante el año natural en cuestión y el siguiente.

- Compromisos evaluables (CV) en función de la gravedad, el alcance y la persistencia del incumplimiento observado. Estos compromisos evaluables se clasifican como:

• Compromiso básico (CB): aquel compromiso cuyo incumplimiento implica consecuencias relevantes para los objetivos perseguidos por la medida en cuestión, y estas repercusiones duran más de un año o es difícil ponerles fin con medios aceptables.
• Compromiso principal (CP): compromiso cuyo incumplimiento implica consecuencias importantes para los objetivos porque persigue la medida en cuestión, y estas repercusiones duran menos de un año o es posible ponerles fin con medios aceptables.
• Compromiso secundario (CS): compromiso que no se ajusta a las definiciones anteriores.

2.2. Reducciones por incumplimiento de criterios de admisibilidad

Se entienden por criterios de admisibilidad los requisitos vinculados a la concesión de la ayuda y se tipifican como excluyentes.

2.3. Reducciones por incumplimiento de compromisos

Se entienden por compromisos las obligaciones definidas en el apartado décimo de la resolución.

Los compromisos de la línea de ayuda de transformación y comercialización de productos agrarios tienen la siguiente tipificación:

- Realizar y justificar las inversiones o actividades auxiliadas en el plazo establecido. Este compromiso se considerará cumplido con la ejecución del 50% de la inversión aprobada. CB

- Adoptar las medidas que sean necesarias para proporcionar información al público y darles publicidad. CS

- Mantener las inversiones realizadas durante al menos cinco años, a contar desde la fecha de pago de la ayuda. CB

- Cumplir las normas comunitarias aplicables a la inversión y, en especial, las relativas a la durabilidad de las operaciones previstas en el artículo 71 del Reglamento (UE) núm. 1303/2013 del Parlamento Europeo y del de 17 de diciembre de 2013. CB

- Someterse a los controles que lleve a cabo la Administración, necesarios para comprobar la correcta concesión de la ayuda y el posterior mantenimiento de los compromisos. CB

- Mantener los requisitos y las condiciones exigibles respecto a la persona beneficiaria, a los que hace referencia el apartado tercero de esta resolución. CB

Las sanciones y exclusiones por incumplimientos de compromisos evaluables son las siguientes:

1. COMPROMISOS BÁSICOS

100% de la ayuda.

2. COMPROMISOS PRINCIPALES

Primer año de incumplimiento:

1 compromiso incumplido: 25% de la ayuda.

2 o más compromisos incumplidos: 50% de la ayuda.

Segundo año o más de incumplimiento: 50% de la ayuda.

3. COMPROMISOS SECUNDARIOS

Primer año de incumplimiento:

1 compromiso incumplido: 2% de la ayuda.

2 o más compromisos incumplidos: 10% de la ayuda.

Segundo año o más de incumplimiento: 10% de la ayuda.

4. EXCLUSIÓN

Solo en casos de incumplimiento grave, falsedad, intencionalidad y negligencia, se solicitará el reintegro de los importes de años anteriores. En caso de compensación con pagos futuros, si estos importes no se pueden recuperar íntegramente en los tres años naturales posteriores a aquel en que se ha descubierto el incumplimiento, se cancelará el saldo pendiente. Además, el beneficiario quedará excluido de la misma medida durante el año natural en que se ha detectado el incumplimiento y el año natural siguiente.

Cuando los beneficiarios no hayan podido cumplir sus compromisos por motivos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, conservarán el derecho a la ayuda en el momento en que se haya producido el caso de fuerza mayor o la circunstancia excepcional.