BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Hechos

1. En fecha 11 de octubre de 2022, el director general de Atención a la Dependencia emitió informe justificativo relativo a la convocatoria de la acción concertada del servicio de vivienda supervisada para personas con diagnóstico de salud mental, necesidad de apoyo extenso y discapacidad, en Inca, para los años 2022-2023.

2. En fecha 13 de octubre de 2022, la consejera de Asuntos Sociales y Deportes resolvió iniciar el expediente de concertación del servicio de vivienda supervisada para personas con diagnóstico de salud mental, necesidad de apoyo extenso y discapacidad, en Inca, para los años 2022-2023.

Fundamentos de derecho

1. La Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

2. La Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Islas Baleares.

3. El Decreto 48/2017 , de 27 de octubre, por el que se establecen los principios generales a los que deben someterse los conciertos sociales.

4. El Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Cartera básica de servicios sociales de las Islas Baleares 2017-2020 y se establecen principios generales para las carteras insulares y locales.

5. El Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidades, y se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población.

6. El Decreto 9/2019, de 2 de julio, de la presidenta de las Islas Baleares, por el que se determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, modificado por el Decreto 8/2021, de 13 de febrero.

7. El Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Islas Baleares, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

8. El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 de mayo de 2022 por el que se aprueba la previsión de las prestaciones y los servicios que deben concertarse durante el año 2022 y se declaran los servicios de interés económico general (BOIB núm. 65, de 19 de mayo), modificado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de junio de 2022 (BOIB núm. 77, de 14 de junio).

Por todo ello, dicto la siguiente

 

Resolución

1. Convocar la acción concertada y establecer el procedimiento de la convocatoria para el servicio de vivienda supervisada para personas con diagnóstico de salud mental, necesidad de apoyo extenso y discapacidad, en Inca, para los años 2022-2023, de acuerdo con anexo.

2. Aprobar el Pliego general de condiciones técnicas para la concertación, entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes y entidades que gestionan el servicio de vivienda supervisada para personas con diagnóstico de salud mental, necesidad de apoyo extenso y discapacidad, en Inca, para los años 2022-2023, que puede consultarse en la Sede Electrónica de la CAIB.

3. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante la consejera de Asuntos Sociales y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

También se puede interponer un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29 /1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

 

Palma, en la fecha de la firma electrónica (23 de noviembre de 2022)

La consejera de Asuntos Sociales y Deportes

Fina Santiago Rodríguez

 

ANEXO

Convocatoria del concierto social del servicio de vivienda supervisada para personas con diagnóstico de salud mental, necesidad de apoyo extenso y discapacidad, en Inca, para los años 2022-2023

1. Objeto y ámbito de aplicación

1.1. Se establece el procedimiento de convocatoria del concierto del servicio de vivienda supervisada para personas con diagnóstico de salud mental, necesidad de apoyo extenso y discapacidad, en Inca, para los años 2022-2023, y se dicta al amparo de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Islas Baleares, y del Decreto 48/2017, de 27 de octubre, por el que se establecen los principios generales a los que deben someterse los conciertos sociales.

1.2. Se sujetan a este procedimiento los conciertos de plazas del servicio de vivienda supervisada para personas con diagnóstico de salud mental en Inca. Este servicio está recogido en el punto 2.6.1 del anexo del Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Cartera básica de servicios sociales de las Islas Baleares 2017-2020.

2. Órgano instructor

El órgano instructor del procedimiento es la Dirección General de Atención a la Dependencia .

3. Lugar y plazo de presentación de solicitudes

3.1. El plazo para presentar las solicitudes es de cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears .

3.2. Las personas interesadas deben presentar las solicitudes electrónicamente mediante el trámite telemático disponible en la Sede Electrónica de esta Administración, al que, de conformidad con el artículo 66.6 de la Ley

39/2015, deberá adjuntarse la solicitud específica del procedimiento que estará disponible en la Sede Electrónica de esta Administración, firmada electrónicamente.

3.3. En caso de que presenten la solicitud presencialmente, la Administración les requerirá que la formalicen en la forma indicada, de acuerdo con lo que establece el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. No se tendrán por presentadas en el registro las solicitudes que se presenten por cualquier otra vía telemática distinta de este trámite telemático.

4. Requisitos de las entidades

4.1. Los requisitos que deben cumplir las entidades que se presenten a la convocatoria de este concierto social son los siguientes:

a) Tener el servicio autorizado de conformidad con el Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidades, y se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población; y la normativa complementaria insular.

b) Haber solicitado la acreditación del servicio en la Administración.

c) Tener una experiencia mínima de un año en materia de servicios para personas con diagnóstico de salud mental en el ámbito de los servicios sociales de las Islas Baleares.

d) Tener el carácter de entidad del tercer sector social, de conformidad con lo que establece el artículo 5.1 de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

4.2. Asimismo, las entidades deben cumplir los requisitos mínimos que se establecen en desarrollo del título VII de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Islas Baleares, así como los requisitos que fijan el artículo 5 de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Islas Baleares, y el artículo 4.2 del Decreto 48/2017 , de 27 de octubre, por que se establecen los principios generales a los que deben someterse los conciertos sociales.

5. Documentación a presentar

5.1. Las entidades interesadas que cumplan los requisitos establecidos en el punto 4 de esta convocatoria deben formular una solicitud, que ha de firmar la persona representante legal de la entidad. El modelo de solicitud se encuentra disponible en la Sede Electrónica de la CAIB.

5.2. Las entidades han de presentar una solicitud para el servicio de vivienda supervisada que gestionen y deben indicar el número de plazas que ofrecen para concertar con la Administración.

5.3. A la solicitud debe adjuntarse la siguiente documentación:

a) Certificado de autorización o acreditación del servicio a concertar. En caso de que no esté acreditado, es necesario haber solicitado la acreditación del servicio a la Administración.

b) Acreditación de la experiencia mínima de un año en materia de servicios para personas con diagnóstico de salud mental en el ámbito de los servicios sociales de las Islas Baleares , mediante resolución de autorización o acreditación.

c) Declaración responsable de que la entidad no está sometida a las prohibiciones de contratar con la Administración, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ni en ninguno de los supuestos de prohibición por ser beneficiaria de subvenciones, establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 10 del Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Subvenciones.

d) Declaración responsable de no incurrir en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de Igualdad de Mujeres y Hombres, y de no haber sido sancionada por resolución firme en los últimos cuatro años por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de relaciones laborales, empleo, empresas usuarias de empresas de trabajo temporal, seguridad social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros.

e) Acreditación de solvencia financiera, según el documento disponible en la Sede Electrónica de la CAIB.

f) Acreditación de solvencia técnica, según el documento disponible en la Sede Electrónica de la CAIB.

g) Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

h) Declaración del número de plazas acreditadas, firmada por la dirección del servicio, con la diferenciación entre disponibles y no disponibles.

i) Acreditación de la titularidad de las viviendas o de la disponibilidad por cualquier título jurídico válido por un período no inferior a un año.

j) Acreditación del carácter de entidad del tercer sector social.

k) Declaración, firmada por el responsable de la entidad, de que el servicio cumple con la normativa general o específica aplicable, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de servicio objeto de concertación.

l) Acreditación de la disposición de los medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo de acción concertada.

m) Comunicación, a efectos de la acreditación preceptiva, de los cambios de accionariado o de titularidad, para preservar la identidad institucional que haya justificado el acuerdo.

5.4. La presentación de la solicitud supone que la entidad autoriza a los técnicos de la Dirección General de Atención a la Dependencia para que puedan pedir a otras administraciones cualquier documentación, datos e informes que consideren necesarios para tramitar el expediente.

6 . Tramitación de los conciertos

6.1. Los servicios técnicos de la Dirección General de Atención a la Dependencia deben examinar las solicitudes y la documentación adjunta para determinar si cumplen los requisitos que establece la convocatoria.

6.2. En caso de que las solicitudes no cumplan los requisitos legales o los que exige esta convocatoria o no incorporen la documentación mencionada en el apartado anterior, se requerirá a la entidad interesada para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane el defecto o aporte la documentación que falta, con la indicación de que, si no lo hace, se considerará que desiste de su petición, previa resolución a dictar en los términos dispuestos en el artículo 21 de la Ley 39 /2015.

6.3. Debe resolverse el procedimiento de concertación de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Si el cómputo total de plazas que ofrecen las entidades no supera el número máximo de plazas previstas en el servicio y, por tanto, existe disponibilidad presupuestaria suficiente para atender toda la oferta, las plazas se adjudicarán directamente a las entidades solicitantes.

b) Si el cómputo total de plazas que ofrecen las entidades supera la disponibilidad presupuestaria, se actuará según los criterios de preferencia previstos en la Ley 12/2018 en el artículo 6.3:

- el arraigo de la persona en el entorno de atención y las condiciones de atención que requiere,

- la implementación en la localidad donde deba prestarse el servicio,

- la libre elección y la lista de espera de acceso a los servicios,

- cualesquiera otros que resulten determinantes para valorar la capacidad y la idoneidad de las entidades.

c) En caso de que alguna entidad renuncie, las plazas que haya ofrecido se distribuirán de la misma forma entre el resto de entidades.

7. Formalización de los conciertos

7.1. Los conciertos que se establezcan al amparo de esta convocatoria deben formalizarse mediante un documento administrativo denominado acuerdo de acción concertada, en el que se haga constar el contenido mínimo previsto en el artículo 8 de la Ley 12/ 2018, así como las características concretas del servicio y otras circunstancias derivadas de la Ley 4/2009, de la Ley 12/2018, de la normativa de despliegue y del Pliego general de condiciones técnicas del concierto. Los acuerdos de acción concertada deben publicarse en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de conformidad con lo que establece la letra f) del artículo 3 de la Ley 12/2018.

7.2. En el momento de formalizar el concierto, debe presentarse una declaración responsable de que se siguen cumpliendo los requisitos para poder concertar el servicio.

8. Plazas del servicio y distribución territorial

La previsión del número máximo de plazas a concertar es de 10 en Inca para un período de un año.

9. Vigencia del concierto

La vigencia de la acción concertada del servicio de vivienda supervisada para personas con diagnóstico de salud mental, necesidad de apoyo extenso y discapacidad es de un período de doce meses. El régimen del concierto se iniciará el 1 de noviembre de 2022, o en la fecha en que se formalice, y finalizará el 31 de octubre de 2023 o transcurridos doce meses desde su formalización.

10. Presupuesto y precio máximo del servicio

10.1. El importe máximo estimado para asignar es de 277.890,00 € (exento de IVA), que se distribuirá entre las anualidades de 2022 y 2023. En todo caso, este valor estimado tiene carácter orientativo y no vinculante. El gasto real quedará limitado por el número de plazas que ofrezca la entidad y por los servicios que la Administración requiera efectivamente.

10.2. Este importe se indica únicamente a efectos de publicidad y no supone ningún compromiso de gasto. Por ello, no consta ninguna consignación presupuestaria, que debe acreditarse en el momento en el que se materialice el servicio de concierto.

10.3. El coste estipulado es de 74,76 € por plaza/día para el año 2022 y de 76,41 € por plaza/día para el año 2023, de acuerdo con la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de fecha 13 d octubre de 2022 por la que se actualizan los precios de los servicios concertados, dado el contenido del acuerdo sectorial en materia salarial para centros especiales de empleo y centros de atención especializada de las Illes Balears, incluidos en el Convenio colectivo estatal de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, por el que se amparan los servicios concertados (BOIB núm. 135, de 18 de octubre).

11. Condiciones técnicas de ejecución

11.1. Las condiciones técnicas de ejecución deben ajustarse al Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidades, y se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población; al Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, por el que se aprueba la Cartera básica de servicios sociales de las Illes Balears 2017-2020 y se establecen principios generales para las carteras insulares y locales; y a la normativa insular complementaria.

11.2. El Pliego general de condiciones técnicas detalla el objeto, los derechos y las obligaciones de ambas partes, los servicios a prestar, los criterios de intervención con los usuarios, los medios que debe aportar la entidad concertada y el sistema de coordinación con la Administración.

11.3. Las aplicaciones informáticas del Servicio de Atención a la Discapacidad son las únicas válidas para gestionar las plazas del servicio y para cualquier uso aplicable que se derive de la ejecución de este concierto.

12. Seguimiento

12. 1. Los técnicos del servicio de vivienda supervisada para personas con diagnóstico de salud mental grave son los responsables del seguimiento de los casos atendidos y deben coordinarse con el Servicio de Atención a la Discapacidad y los servicios sociales comunitarios básicos, de salud, educativos u otros que se requieran.

12.2. Los técnicos del Servicio de Atención a la Discapacidad pueden realizar visitas de comprobación del funcionamiento del servicio y requerir documentación cuando lo consideren necesario.

12.3. La entidad concertada debe facilitar las actuaciones de seguimiento y comprobación que lleve a cabo la Dirección General de Atención a la Dependencia.

12.4. Asimismo, la entidad concertada debe facilitar toda la información que le requieran el órgano instructor, la Intervención General de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la Sindicatura de Cuentas u otros órganos de control externo.

13. Obligaciones de las entidades concertadas

Mediante el concierto social, las entidades que presten el servicio se obligan a cumplir el Pliego general de condiciones técnicas, que establece las obligaciones de las entidades concertadas, y las normas establecidas en el título VII de la Ley 4/2009, en el capítulo I de la Ley 12/2018 y en los decretos de desarrollo y de aplicación correspondientes.

14. Penalidades

El incumplimiento de las condiciones previstas para prestar el servicio puede dar lugar a la imposición de penalizaciones, de acuerdo con el pliego general de condiciones técnicas.

15. Criterios de acceso de los usuarios y lista de espera

15.1. El criterio de acceso de los usuarios y la lista de espera del servicio de vivienda supervisada se rigen de acuerdo con los capítulos II y III del Decreto 7/2016, de 12 de febrero, por el que se regulan el acceso al servicio ocupacional para personas con discapacidad por trastorno mental grave y la gestión de la lista de espera de las plazas de este servicio.

15.2. Las personas que hayan solicitado el acceso al servicio de vivienda supervisada y que formen parte de la lista de espera para iniciar el nuevo servicio serán valoradas por los profesionales del Servicio de Atención a la Discapacidad y derivadas a la entidad prestamista del servicio.

16. Publicidad

16.1. Las entidades de iniciativa privada acogidas al concierto social, junto con su denominación, deben hacer constar en la documentación, en todas las comunicaciones (informes, hojas, documentos, trípticos de difusión, mensajes electrónicos, webs, inserciones en prensa, artículos en diarios y en revistas especializadas) y en la publicidad la adscripción funcional del servicio a la red pública de servicios sociales, según las indicaciones del Manual de identidad corporativa que les facilitará la Administración, siempre con el visto bueno de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes.

16.2. Las entidades de iniciativa privada acogidas al régimen de concierto social deben colocar en un lugar visible de sus instalaciones la indicación «Servicio de vivienda supervisada concertada con el Gobierno de las Illes Balears» con el logotipo correspondiente, que les proporcionará la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes. Asimismo, debe hacerse referencia a esta circunstancia en las comunicaciones y en las relaciones que establezcan por escrito con las personas usuarias del servicio concertado.

17. Prerrogativas de la Administración

17.1. El órgano instructor del procedimiento de concertación tiene la prerrogativa de interpretarlo y resolver las dudas que surjan durante su cumplimiento. Por otra parte, el órgano competente para resolver el procedimiento tiene, además, la prerrogativa de modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar sus efectos.

17.2. Los acuerdos que adopte el órgano resolutorio a partir de las citadas prerrogativas ponen fin a la vía administrativa y son inmediatamente ejecutivos.

18. Causas de extinción

Son causas de extinción del acuerdo de acción concertada las que establece el artículo 9 de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de Servicios a las Personas en el Ámbito Social en la comunidad autónoma de las Islas Baleares.

19. Jurisdicción competente

La jurisdicción contencioso-administrativa es la competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la formalización de esta acción concertada y también las surgidas entre las partes sobre su interpretación, modificación, cumplimiento, efectos y extinción.​​​​​​​