BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

La experiencia adquirida con plagas de cuarentena ha demostrado que los mejores métodos de lucha han sido los dirigidos a prevenir su incidencia sobre el material vegetal de reproducción (MVR). En consecuencia, es fundamental establecer medidas fitosanitarias que protejan la producción de los materiales vegetales de reproducción de las especies vegetales sensibles a las plagas de cuarentena que son transmitidas por insectos vectores.

La inversión en instalaciones de protección en viveros contra los insectos vectores que transmiten las plagas de cuarentena es la primera medida para hacer frente a estas plagas y, por lo tanto, la ayuda a los productores de MVR es el primer pilar contra estas plagas.

En fecha 18 de febrero del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Con la finalidad de recibir el apoyo financiero previsto en el mecanismo citado, el Estado español presentó un plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) que establecía las inversiones y reformas para los años 2021 a 2023 y que fue aprobado mediante Decisión de ejecución del Consejo Europeo el día 13 de julio del 2021. Este plan está estructurado en torno a diez políticas, entre las cuales se encuentra la número 1, referida a la “Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura”, y dentro de esta se integra el componente 3 sobre “Transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y pesquero”, que tiene como objetivo la mejora de la resiliencia y la competitividad de un sector económico estratégico como el sector agroalimentario.

De acuerdo con el marco normativo citado, en fecha 3 de noviembre del 2021 se publicó en el BOE núm. 263 el Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.a de la Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Las subvenciones para inversiones en bioseguridad en viveros se ajustan a lo dispuesto en los artículos 143.e y 155 de las directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales del 2014 al 2020 (2014/C 204/01). El régimen de ayudas ha sido declarado compatible con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea mediante la Decisión de la Comisión de 30 de julio de 2021, ayuda SA.63699 (2021/N), publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2021.

El artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, establece que las ayudas deben regirse por el régimen jurídico de aplicación al ente que las establezca, sin perjuicio de las especialidades organizativas y procedimentales de la administración gestora. En todo caso, se establece que esta Ley debe aplicarse con carácter supletorio respecto a la normativa reguladora de las subvenciones financiadas por la Unión Europea.

Por otra parte, el Decreto 64/2005, de 10 de junio, de creación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears, establece en su artículo 2.a que el FOGAIBA tiene por objeto ejecutar la política de la consejería competente en materia de agricultura y pesca referente a la aplicación de las medidas de fomento y mejora de los sectores agrario y pesquero, incluidas las derivadas de la política agrícola común y de los fondos procedentes del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca, de las medidas de desarrollo rural y de otros regímenes de ayudas previstas en la normativa de la Unión Europea.

Mediante el Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. En concreto, en el anexo 1 se acuerda la adscripción del FOGAIBA a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Considerando la naturaleza de las ayudas previstas en esta convocatoria, no está justificada la incorporación de ningún criterio de valoración en relación con posibles actuaciones dirigidas a la consecución efectiva de la igualdad de género por parte de las personas solicitantes.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del texto refundido de la Ley de subvenciones, corresponde aprobar la convocatoria de estas subvenciones mediante una resolución.

Por todo ello, en virtud de lo establecido en el artículo 6.1.g del Decreto 64/2005, de 10 de junio, y a propuesta del director gerente del FOGAIBA, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero

Objeto de las ayudas y ámbito de aplicación

1. En el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, aprobado para el periodo 2021-2023, se aprueban las convocatorias de ayudas para inversiones en bioseguridad vegetal en las Illes Balears previstas en el capítulo III del Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, publicado en el BOE núm. 263, de 3 de noviembre de 2021.

2. Estas ayudas tienen por objeto dar apoyo a los operadores profesionales de categoría productor de determinados materiales vegetales que realicen inversiones en instalaciones de protección contra insectos vectores.

3. Las convocatorias serán un total de tres.

4. Estas ayudas se conceden de acuerdo con el Reglamento (UE) núm. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y con las cirectrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 (2014/C 204/01).

5. El ámbito territorial de aplicación de estas ayudas es la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

6. Para la presente resolución son de aplicación las definiciones previstas en las directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales del 2014 al 2020 (2014/C 204/01); en el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, relativo a las medidas de protección contra las plagas de los vegetales; en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, y en la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de vivero y de recursos fitogenéticos y su normativa de desarrollo.

Segundo

Financiación de la convocatoria

1. A esta convocatoria se destina un importe máximo de ciento diecinueve mil quinientos sesenta y cinco euros con sesenta céntimos (119.565,60 €), con la posibilidad de ampliación, con cargo a los presupuestos del FOGAIBA.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación debe financiar las actuaciones previstas en esta resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre, con cargo a los presupuestos generales del Estado y a través del fondo del Instrumento Europeo de Recuperación de la Unión Europea (Next Generation EU).

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, la cuantía prevista en el punto 1 anterior puede incrementarse con la cuantía adicional máxima de 500.000,00 euros. La efectividad de esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como consecuencia de las circunstancias señaladas en el punto 2.a de dicho artículo 58 y a la aprobación previa de la modificación presupuestaria, en su caso, con anterioridad a la resolución de concesión de la subvención.

3. El resto de convocatorias de ayudas que establece esta resolución quedan sometidas a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar el cumplimiento de las obligaciones generadas, en función de las transferencias futuras que efectúe el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Tercero

Beneficiarios

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas previstas en esta resolución las persones física y jurídicas o los entes sin personalidad jurídica de las Illes Balears que, antes de dictarse la propuesta de resolución, cumplan los siguientes requisitos:

a. Ser operador profesional inscrito como productor, de derecho público o privado, en el Registro de operadores profesionales de vegetales (ROPVEG) y, por lo tanto, estar autorizado por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a producir MVR.

b. Ser productor de MVR susceptibles de, entre otras, las siguientes plagas de cuarentena que son transmitidas por insectos vectores: 1.º Xylella fastidiosa. 2.º Bursaphelenchus xilophilus. 3.º HLB o greening de los cítricos. 4.º Flavescencia dorada.

c. Ser productor de MVR de alguno o varios de los siguientes lugares de producción:

1.º Campos de planta madre de frutales y vid de categoría inicial y campos de planta madre de cítricos de categoría base.

2.º Campos de planta madre de frutales y vid de categorías base (excepto cítricos), certificada, CAC (Conformitas Agraria Communitatis) y estándar.

3.º Viveros de plantones de frutales y vid de las categorías certificadas, CAC y estándar.

4.º Campos de material de reproducción de especies aromáticas y ornamentales.

5.º Campos de plantas madre para la producción de material forestal de reproducción.

6.º Viveros forestales.

7.º Campos de producción de semillas de especies hortícolas de categorías prebase, base y estándar.

8.º Campos de material de multiplicación de hortalizas.

Estos requisitos se comprobarán de oficio por parte del FOGAIBA, mediante consulta al ROPVEG, excepto manifestación expresa en contra del solicitante.

En caso de que el operador profesional cumpla los requisitos a y b de este punto y tenga varios lugares destinados a la producción de los materiales descritos en el apartado c, debe presentar tantas solicitudes como a inversiones en lugares de producción realice.

2. Cuando se trate de personas físicas o jurídicas sin personalidad jurídica propia, se deben hacer constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución que asume cada uno de los miembros y también el porcentaje de la subvención que debe aplicarse a cada uno de ellos, los cuales tienen igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, se debe nombrar a un representante o apoderado único de la agrupación, con poder suficiente para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación. La agrupación no podrá disolverse hasta que hayan transcurrido los plazos de prescripción previstos en el artículo 24 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en el artículo 57 del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.

3. Además, deberán cumplirse los requisitos previstos en el artículo 5 del Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre, así como los establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.2.e de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se considerará que los beneficiarios están al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social cuando quede verificado lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en los artículos 18 y 19 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. La circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social debe quedar acreditada antes de que se dicte la propuesta de resolución de concesión y en el momento del pago.

La acreditación del cumplimiento de este requisito debe realizarse mediante la presentación de las certificaciones previstas en el artículo 22 del Real decreto 887/2006. No obstante, la persona interesada puede autorizar al FOGAIBA y/o a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación para que compruebe de oficio el cumplimiento del requisito mencionado y, en este caso, no es necesario presentar los certificados correspondientes. Cuando el solicitante de la ayuda no esté obligado a presentar las declaraciones o los documentos a los que se refieren las obligaciones previstas en el párrafo anterior, se acreditará su cumplimiento mediante una declaración responsable.

5. No pueden ser personas beneficiarias los solicitantes que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente después de una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

6. Las empresas en crisis no pueden beneficiarse de las ayudas, excepto aquellas que no estaban en crisis el 31 de diciembre del 2019, pero que pasaron a estarlo durante el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2020 y el 30 de junio del 2021.

7. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, tampoco pueden ser beneficiarias de las subvenciones previstas en esta resolución las empresas y las entidades solicitantes sancionadas o condenadas, en los últimos tres años, por resolución administrativa o sentencia judicial firmes, por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

Cuarto

Actuaciones subvencionables

1. Pueden ser subvencionadas las actuaciones realizadas y pagadas con posterioridad a la presentación de la solicitud de la subvención y hasta un año después de la fecha de notificación de la resolución de concesión y como máximo el 31 de diciembre del 2023.

2. Serán subvencionables las siguientes inversiones:

2.1. Instalación o modernización de estructuras y mallas en los lugares de producción de MVR para protegerse contra la introducción de insectos vectores de plagas de cuarentena.

2.2. Instalación de todas o alguna de las siguientes infraestructuras adicionales, siempre que el resultado final de la inversión establezca un sistema de protección eficaz contra insectos vectores de plagas de cuarentena: a. Sistema de doble puerta (incluida la puerta interior) y con anchura suficiente para que se permita la entrada de la maquinaria necesaria para operar en el interior de las instalaciones. b. Implantación de un borde exterior perimetral, de al menos un metro de anchura y cubierta con material impermeable. c. Instalación de una red de mallado en las aperturas de bandas y cumbreras y ventilación lateral y cenital. d. Aislamiento de las canaletas abiertas para el agua y la implantación de un sistema de no retorno. e. Aislamiento hermético en las uniones con las ventanas. f. Cualquier otra innovación o mejora que vaya encaminada al aislamiento del material vegetal frente a insectos vectores.

2.3. Instalaciones de equipos de tratamientos mediante termoterapia en viveros de vid.

3. No son subvencionables las licencias, tasas, impuestos o tributos. Y en ningún caso se podrán financiar ni incluir en el proyecto las siguientes actividades: a. Actividades relacionadas con los combustibles fósiles, salvo los casos debidamente justificados conforme a la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar daño significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 2021/ C 58/01-C/2021/1054. b. Actividades cubiertas por el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE) en que se prevean emisiones equivalentes de CO₂ que no sean sustancialmente inferiores a los parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos. c. Compensación de costes indirectos del sistema de comercio de derechos de emisión. d. Actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento biológico mecánico que impliquen un aumento de la capacidad o de la vida útil. e. Actividades en las que la eliminación de desechos puede causar daños a largo plazo al medio ambiente.

4. En cuanto a los gastos subvencionables, se aplicará lo establecido en los artículos 31 a 33 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en el artículo 83 del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

5. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000,00 euros, en caso de coste por ejecución de obra, o de 15.000,00 euros, en caso de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por parte de empresas de consultoría o de asistencia técnica, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de proveedores diferentes, con carácter previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, excepto cuando, a causa de las características especiales de los gastos subvencionables, no exista en el mercado un número suficiente de entidades que lo suministren o lo ofrezcan.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación de la subvención o, si procede, en la solicitud de la subvención, se realizará de acuerdo con los criterios de eficiencia y economía, con la justificación expresa en una memoria de la elección cuando esta no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

Quinto

Cuantía de las ayudas

1. La cuantía máxima de las ayudas es del 70% de la inversión subvencionable, pero en función del número de solicitudes presentadas y del presupuesto disponible podrá disminuirse hasta un mínimo del 40% de la inversión subvencionable.

2. La inversión máxima subvencionable es de 120.000 euros por cada instalación y la cuantía máxima de ayuda por inversión será de 84.000 euros.

Sexto

Solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes para la primera convocatoria será desde el 2 de mayo de 2022 hasta el 28 de junio del 2022. Para las siguientes convocatorias podrán presentarse las solicitudes:

- Segunda convocatoria, entre el 1 de septiembre del 2022 y el 31 de octubre del 2022, ambos incluidos.

- Tercera convocatoria, entre el 2 de enero del 2023 y el 28 de febrero del 2023, ambos incluidos.

2. Las personas interesadas que cumplan los requisitos previstos en esta convocatoria pueden presentar las solicitudes de ayuda de acuerdo con el formulario que figura en la página web del FOGAIBA, dirigidas al Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (A04026954).

Las solicitudes deberán presentarse por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.3 del Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre, en relación con los artículos 14.2.a y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Se deberán suministrar todos los datos indicados en este formulario, así como asumir los compromisos, otorgar las autorizaciones y hacer las declaraciones que contiene el mismo.

Estas solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

a. Si procede, fotocopia del NIF del solicitante.

b. Si procede, acreditación de la representación con la que actúa quien firma la solicitud.

c. Memoria descriptiva de las actuaciones a realizar y documentación que acredite el presupuesto de ejecución de la inversión.

d. En el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica, también deben aportarse:

- Documento en el que queden reflejadas las normas o la reglamentación del funcionamiento que hayan suscrito todos los miembros.

- Copia del NIF de la agrupación.

- Documento suscrito por todos los miembros de la agrupación en el que queden identificados y se hagan constar expresamente los compromisos de ejecución que asume cada uno de ellos.

- Nombramiento de una persona en representación o apoderado único de la agrupación con poder suficiente para cumplir las obligaciones que corresponden a la agrupación como beneficiaria.

- Documento suscrito por todos los miembros de la agrupación en el que se haga constar el compromiso de no disolver la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en el artículo 24 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en el artículo 57 del texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.

e. Declaración responsable del titular/representante de la entidad beneficiaria de la ayuda, de acuerdo con el modelo que figura en la página web del FOGAIBA.

3. La comprobación del DNI del solicitante y, si procede, del representante, así como de la inscripción y de datos obtenidos del Registro de operadores profesionales de vegetales (ROPVEG), la realiza de oficio el FOGAIBA. En caso de que la persona interesada no autorice expresamente al FOGAIBA o a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación para obtener el DNI y los certificados del Registro y de estar al corriente de las obligaciones tributarias —estatales y autonómicas— y con la Seguridad Social, debe aportar los certificados o la documentación correspondientes. En caso de que no se esté obligado a presentar las declaraciones o los documentos a que se refieren las obligaciones anteriores, deberá presentarse una declaración responsable de su cumplimiento.

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, no será necesario presentar la documentación o los datos que se puedan obtener por medios telemáticos.

Además, en caso de que por motivo de la tramitación de otros expedientes en el FOGAIBA y/o en la Consejería de Agricultura y Pesca ya se haya presentado alguno de estos documentos, no será necesario aportarlo de nuevo y bastará con que se indique el expediente en el que consta o, en su caso, que la información figure en la base de datos documental prevista en el Decreto 53/2006, de 16 de junio. No obstante, la acreditación de facultades debe estar vigente en la fecha en que se presenta la solicitud.

5. Si la solicitud de ayuda o cualquiera de los documentos que sean necesarios no reúne los requisitos señalados, deberá requerirse a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, repare la falta o adjunte los documentos preceptivos, con la indicación de que, si no lo hace, se considerará que desiste de su petición con la resolución previa que debe dictarse en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

6. La presentación de la solicitud supone la aceptación, por parte de la persona interesada, de todo el contenido de esta convocatoria, de las bases reguladoras establecidas en el Real decreto 949/2021, de 2 de febrero, y del resto de la normativa aplicable.

Séptimo

Selección de beneficiarios y criterios objetivos y de preferencia

1. La selección de los beneficiarios de las ayudas se realizará mediante el procedimiento de concurrencia competitiva entre las solicitudes presentadas.

2. Para los beneficiarios de la subvención se establece el siguiente orden de puntuación: 

2.1. Productores de derecho privado de campos de planta madre de frutales y vid de categoría inicial y los campos de planta madre de base de cítricos: 3 puntos.

2.2. Resto de productores de derecho privado de los lugares de producción definidos en el punto 1.c del apartado tercero: 2 puntos.

2.3. Productores de derecho público de los lugares de producción definidos en el punto 1.c del apartado tercero: 1 punto.

3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre, en primer lugar, se concederá la subvención que corresponda a los beneficiarios que tengan el carácter de prioritarios hasta la cuantía máxima de subvención de 84.000,00 € por instalación.

En caso de que los importes correspondientes a estos beneficiarios prioritarios superen el presupuesto disponible, se reducirá el porcentaje de la subvención por beneficiario hasta un mínimo del 40% por beneficiario hasta ajustarse al presupuesto disponible.

En caso de no agotarse el presupuesto disponible, podrá concederse la ayuda a los beneficiarios no prioritarios hasta la cantidad máxima de 84.000 euros por instalación.

4. En caso de empate se prorrateará el importe restante entre las personas solicitantes que resulten empatadas.

Octavo

Comisión Evaluadora

1. La Comisión Evaluadora estará integrada por:

- El presidente: secretario general de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación o la persona en quien delegue.

- El vicepresidente: director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural o la persona en quien delegue.

- Vocales:

• Director gerente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) o la persona en quien delegue.
• Jefe del Departamento Jurídico del FOGAIBA o la persona en quien delegue.
• Jefe del Servicio de Gestión Económica del FOGAIBA o la persona en quien delegue.
• Jefe del Servicio de Ayudas OCM, del Estado y de Pesca o la persona en quien delegue.
• Un representante del Consejo Insular de Mallorca.
• Un representante del Consejo Insular de Menorca.
• Un representante del Consejo Insular de Ibiza.
• Un representante del Consejo Insular de Formentera.

- El secretario: actuará como secretario uno de los vocales de la Comisión Evaluadora.

2. La Comisión Evaluadora es el órgano colegiado al que corresponde examinar las solicitudes presentadas, aplicar los criterios de valoración previstos en el apartado séptimo de esta resolución y emitir el informe que debe servir de base para la elaboración de la propuesta de resolución. Esta comisión únicamente se constituirá si las solicitudes con derecho a ayuda superan las cuantías destinadas a esta convocatoria y se debe establecer una prelación entre las solicitudes presentadas aplicando los criterios de selección previstos en el apartado séptimo.

No obstante, en caso de renuncia o desistimiento de la persona solicitante, así como de desestimación de la subvención por no reunir los requisitos exigidos, no será preceptiva la intervención de la Comisión Evaluadora y el órgano competente declarará conclusos estos expedientes sin ningún otro trámite.

3. Para que la Comisión Evaluadora se entienda válidamente constituida, se requerirá la presencia del presidente y del secretario o, si procede, de las personas que los sustituyan y, al menos, de la mitad de sus miembros que pertenezcan al FOGAIBA.

Noveno

Instrucción del procedimiento

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas es el Área de Gestión de Ayudas del FOGAIBA. Este órgano llevará a cabo, de oficio, las actuaciones necesarias para determinar, conocer y comprobar los datos en virtud de los cuales debe dictarse la resolución.

2. La resolución de los expedientes la dicta el vicepresidente en materia agraria del FOGAIBA, a propuesta del jefe del Servicio de Ayudas OCM, del Estado y de Pesca y, si procede, con el informe previo de la Comisión Evaluadora. Con anterioridad a la emisión del informe de la Comisión, la unidad gestora emitirá un informe en el que se acrediten, en caso de que sea favorable, la legalidad de la ayuda y el importe.

3. En las resoluciones de concesión de las subvenciones se hará constar expresamente que los fondos con los que se sufragan proceden de los presupuestos generales del Estado y de los fondos Next Generation, en aplicación del artículo 34 del Reglamento núm. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Y contendrá las condiciones que tengan que cumplir los beneficiarios, o la documentación que deben remitir, para justificar que se cumplen los condicionantes establecidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.

4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa es de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el BOIB, y esta debe notificarse individualmente a las personas interesadas. Una vez transcurrido este plazo sin que se haya notificado ninguna resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

5. En caso de que alguna de las personas beneficiarias renuncie total o parcialmente a la subvención, se acordará la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de puntuación, siempre que con la renuncia se haya liberado crédito suficiente para atender, al menos, una de las solicitudes denegadas.

6. Las comunicaciones y notificaciones a la persona interesada en este procedimiento se realizarán de manera telemática.

7. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.4 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Décimo

Obligaciones de los beneficiarios

1. Son obligaciones de los beneficiarios, además de las previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, las establecidas en el artículo 5 del Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Concretamente deben:

a. Remitir al FOGAIBA la información que permita medir la contribución de la actividad subvencionada al correspondiente indicador, en función de lo previsto en el capítulo VI del Real decreto 949/2021, así como la que sea solicitada por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears o por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a los efectos del sistema de gestión y seguimiento del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

b. Declarar la obtención de otras ayudas para la financiación de la misma actividad subvencionada.

c. Cumplir las obligaciones de información específicas en relación con la financiación por la Unión Europea de la actividad subvencionada.

d. Custodiar todas las facturas y otros documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la subvención en que hayan incurrido y tenerlos a disposición del órgano concedente y de los órganos de comprobación y control, que podrán requerirlos para su comprobación. Tal y como establece el artículo 22.2.f del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la documentación debe custodiarse conforme al plazo establecido en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

e. Colaborar en los controles necesarios para el correcto seguimiento y control de estas subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

f. Conforme al artículo 27 del Real decreto 949/2021 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR), en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en la normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar daño significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 2021/C 58/01 (DOUE de 18/02/2021), así como lo requerido en la Decisión de ejecución del Consejo Europeo de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR español, los beneficiarios de las subvencionas deben garantizar el pleno cumplimiento en todos los proyectos de inversión que deben llevarse a cabo en cumplimiento del presente Real decreto 949/2021, del principio de no causar daño significativo al medio ambiente —principio DNSH por las siglas en inglés (Do No Significant Harm)— durante todas las fases del diseño y ejecución del proyecto de que se trate y, de manera individual, para cada actividad dentro del mismo.

g. Los beneficiarios deben mostrar garantías de que sus actuaciones no inciden negativamente sobre el objetivo medioambiental de la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, en la forma prevista en el artículo 16 del Real decreto 949/2021.

h. Los beneficiarios deben haber iniciado las actuaciones subvencionables antes del 1 de enero del 2024.

i. Las entidades beneficiarias deben contribuir a los objetivos de soberanía digital y autonomía estratégica de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro, teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.

j. Las entidades beneficiarias deben cumplir con las siguientes obligaciones en materia de empleo, sin perjuicio de las eventuales limitaciones al respecto relacionadas con el régimen de normativa de ayudas de Estado que sea de aplicación:

1.º Tener el domicilio fiscal y el principal centro operativo en España y mantenerlos, al menos, durante el periodo de prestación de las actividades objeto de subvención.

2.º Prestar las actividades objeto de la subvención desde centros de trabajo situados en España.

3.º Contribuir a la creación y mantenimiento en España de todo el empleo necesario para la prestación de la actividad objeto de la subvención, que se realizará con personal contratado y afiliado a la Seguridad Social en el territorio nacional.

Además, corresponde al beneficiario:

- Mantener el destino de la inversión subvencionada durante un periodo de cinco años en caso de bienes inscribibles en un registro público o de dos años para el resto de bienes, a contar desde la fecha de pago de la ayuda.

- Hacer constar en las actuaciones, incluyendo cualquier documentación o publicación de cualquier índole y soporte, actuación de comunicación o visibilidad, premios y publicidad, que son financiadas con cargo a los fondos Next Generation, en aplicación del artículo 34 del Reglamento núm. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

2. El régimen jurídico aplicable por el incumplimiento de estas obligaciones es el previsto en el artículo 20 del Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con las especificidades procedimentales y organizativas previstas en el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, y comprende desde el reintegro de la ayuda y el pago del interés de demora hasta la imposición de las sanciones correspondientes.

Undécimo

Justificación y pago de las ayudas

1. El plazo para justificar la ejecución de la actuación y los gastos objeto de subvención termina dieciocho meses después de la fecha de notificación de la resolución de concesión y son elegibles aquellas inversiones que el beneficiario haya realizado y pagado a partir de la fecha de presentación de la solicitud hasta un año después de la fecha de notificación de la resolución de concesión y, como máximo, el 31 de diciembre del 2023.

2. En cuanto a la forma de justificación del gasto realizado y a los justificantes del gasto, se aplicará lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y en los capítulos II y III del título II del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Si la subvención a pagar no excede de 100.000 euros, para la justificación podrá presentarse cuenta justificativa simplificada por parte del beneficiario de la subvención, con el contenido previsto en el artículo 75.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. En todo caso, se permitirán compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la subvención.

3. En el plazo de justificación establecido, los beneficiarios deberán presentar el formulario de solicitud de pago, que debe ajustarse al modelo que figura en el web del FOGAIBA, dirigido al Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (A04026954).

Se deberán suministrar todos los datos indicados en este formulario, así como asumir los compromisos, otorgar las autorizaciones y hacer las declaraciones que contiene el mismo.

Estas solicitudes deberán incluir la siguiente documentación:

a. Memoria de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b. Documentación justificativa de los gastos realizados. La justificación del gasto se entenderá efectuada mediante la presentación de:

- Facturas que reúnan los requisitos y las formalidades previstos en el Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BOE núm. 289, de 1 de diciembre de 2012), y justificantes de pago.

Se pueden considerar justificantes de pago los siguientes documentos:

1.º Extracto bancario en el que quede identificado el pago realizado mediante la indicación del concepto, el importe y la identificación del pagador y del destinatario.

2.º Factura que incorpore la acreditación del cobro por parte de su emisor o la persona responsable de la empresa con capacidad de cobro. A tal efecto, deberán quedar consignados en la factura los siguientes datos: la fecha de cobro, la identificación con indicación del nombre, el NIF y la firma del declarante del cobro de la factura y el sello de la empresa. Este último será facultativo en caso de que el emisor sea una persona física.

3.º Comprobante de transferencia bancaria en el que quede identificado el pago realizado mediante la indicación del importe y la identificación del pagador y del destinatario.

4.º Cualquier otro documento de valor probatorio equivalente, válido en derecho, mediante el cual se acredite la realización efectiva del pago.

Esta documentación permanecerá a disposición de la Agencia Tributaria y de la Consejería de Hacienda y Relaciones Exteriores para la realización de cualquier control que se considere oportuno efectuar.

No se admitirán pagos en efectivo iguales o superiores a 1.000,00 euros en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación a la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones y de la lucha contra el fraude.

c. Si procede, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley general de subvenciones, haya solicitado el beneficiario, así como la memoria justificativa de la elección.

d. Cuenta justificativa, que debe incluir la relación de justificantes imputados, de acuerdo con el modelo que figura en la página web del FOGAIBA.

4. En caso de que la persona interesada no autorice expresamente al FOGAIBA y/o a la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación para obtener los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias —estatales y autonómicas— y con la Seguridad Social, deberá aportar los certificados correspondientes.

5. El importe de la ayuda concedida se abonará al beneficiario mediante transferencia bancaria, una vez que se haya justificado el cumplimiento de la finalidad y la aplicación de la subvención, con la autorización previa del director gerente del FOGAIBA. El hecho de no presentar la documentación justificativa en el plazo y en los términos establecidos supone un incumplimiento al que es aplicable lo establecido en el punto 2 del apartado noveno de esta resolución.

En caso de que el interesado no realice el 100% de la actividad objeto de la ayuda, solo percibirá la parte proporcional correspondiente a la actividad realizada, siempre que al menos haya realizado el 50% de la inversión solicitada y concedida.

6. A petición de la persona beneficiaria, se puede hacer un pago parcial, con una justificación previa de los gastos que se han llevado a cabo de manera efectiva, de un mínimo del 50% del coste de la actuación objeto de ayuda, en los términos establecidos en los puntos anteriores. Los pagos parciales y las obligaciones de justificación que se derivan de los mismos no eximen al beneficiario de la ayuda de la obligación de justificar la realización completa y el coste total de la actividad subvencionada.

7. No obstante, se suspenderá el pago de la ayuda a una empresa que se haya beneficiado de una ayuda ilegal anterior declarada incompatible por una decisión de la Comisión hasta que la empresa en cuestión haya reembolsado o ingresado en una cuenta bloqueada el importe total de la ayuda ilegal e incompatible y los correspondientes intereses de recuperación.

Duodécimo

Compatibilidad de las ayudas

Estas ayudas son compatibles con otras de finalidad idéntica concedidas al mismo beneficiario, con cualquier otra ayuda procedente de cualquier administración o ente público o privado, nacional, incluida la de minimis, siempre que con la acumulación no se supere el 80% de los costes de la inversión.

En caso de superarse los respectivos límites mencionados, se reducirá en el porcentaje y cuantía correspondientes la subvención prevista en esta norma a efectos de no superar este porcentaje.

De conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) núm. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, la ayuda concedida en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se sumará a la proporcionada de acuerdo con otros programas e instrumentos de la Unión. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión siempre que esta ayuda no cubra el mismo coste. Asimismo, las actuaciones que sean financiadas por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia deberán quedar claramente diferenciadas de las que sean financiadas a través de otras fuentes, con identificación de los hitos u objetivos que les correspondan.

Decimotercero

Incumplimiento y reintegro

El incumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención, con independencia de otras responsabilidades en que hubiera podido incurrir la persona beneficiaria, dará lugar a la pérdida del derecho a la subvención concedida, con la obligación de reembolsar las cantidades ya percibidas, incrementadas con los intereses de demora legalmente establecidos.

Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los otros supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, incluido el incumplimiento total o parcial de la actividad subvencionada o de los objetivos previstos.

Específicamente, en caso de incumplimiento del principio de «no causar daño significativo», del etiquetado climático o del resto de condiciones recogidas en los apartados 3, 6 y 8 del componente 3, en los términos previstos en el artículo 5.2, letras f y g, del Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre, la persona o entidad beneficiaria deberá reintegrar las cuantías percibidas.

Decimocuarto

Control de las ayudas

1. Los perceptores de las ayudas reguladas en la presente resolución quedan sujetos a las disposiciones comunitarias de control establecidas en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como a lo establecido en el Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.5 del Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre, la presentación de la solicitud supone la autorización para el acceso a la información que contiene el Registro de titularidades reales previsto en la Orden JUS/794/2021, de 29 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, y la cesión de información al Sistema de Fondos Europeos, a efectos de cumplir con lo previsto en el artículo 22.2.d del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como su inclusión en una base de datos única a efectos del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

Igualmente, la presentación de la solicitud supondrá el compromiso expreso del solicitante, en caso de ser beneficiario final de la ayuda, de conceder los derechos y acceso necesarios para garantizar que los organismos europeos ejerzan sus competencias, de conformidad con el artículo 22.2.e del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y el artículo 129 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los reglamentos (UE) núm. 1296/2013, (UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. 1303/2013, (UE) núm. 1304/2013, (UE) núm. 1309/2013, (UE) núm. 1316/2013, (UE) núm. 223/2014 y (UE) núm. 283/2014 y la Decisión núm. 541/2014/UE, y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) núm. 966/2012.

3. Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que puedan constituir fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner estos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado a tal efecto por dicho servicio en la dirección web https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/.sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx, en los términos establecidos en la Comunicación 1/2017, de 3 de abril, del servicio mencionado.

Decimoquinto

Régimen jurídico aplicable

El régimen jurídico aplicable a esta convocatoria será el que establecen:

- El Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el cual se establece un instrumento de recuperación de la Unión Europea para dar apoyo a la recuperación a consecuencia de la crisis de la COVID-19.

- El Reglamento (UE) núm. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

- El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020.

- El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

- El Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

- El Real decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

- El Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

- El Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de subvenciones, en lo relativo a las especialidades organizativas y procedimentales.

- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

- La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

- La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar para las entidades del sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.

- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

- Las directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 (2014/C 204/01).

- El resto de normativa de aplicación vigente, en caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a esta ley.

 

Decimosexto

Eficacia

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real decreto 949/2021, de 2 de noviembre, la concesión y el pago de las ayudas previstas en esta convocatoria están condicionados a su adaptación, si fuera preciso, a las nuevas directrices que sustituyan las actuales Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020.

Decimoseptimo

Publicación

Esta resolución se debe comunicar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y se debe publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 26 de abril de 2022

La presidenta del FOGAIBA María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño