BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Antecedentes

1.- En fechas de 17 de diciembre de 2019 y 17 de abril de 2020 tuvieron entrada en el Servicio Jurídico sendas propuestas del Servicio de Infancia y Familia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (en adelante IMAS) solicitando la tramitación de un procedimiento administrativo para la concertación del servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental, si bien, éstas han sido sometidas a las pertinentes correcciones y / o modificaciones.

2.- En fecha 16 de juliol de 2020 tuvo entrada en el Servicio Juridicoadministrativo una nueva solicitud del jefe del Servicio de Infancia y Familia, por la que se solicita la tramitación de un procedimiento administrativo para la concertación del servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental.

3.- En fecha 7 de agosto de 2020 el jefe del Servicio de Infancia y Familia del IMAS, con el visto bueno de la directora insular de Infancia y Familia, emitió informe sobre los criterios de preferencia aplicables a dicha concertación.

4.- En fecha de 8 de octubre de 2020, la Presidencia del IMAS dictó resolución relativa a la aprobación de la previsión y fijación de precios de los servicios a concertar durante el segundo semestre del año 2020 por la Dirección Insular de infancia y Familia del IMAS (BOIB núm. 179, de 17 de octubre de 2020), rectificada mediante resolución de rectificación de errores materiales de fecha 2 de noviembre de 2020 (BOIB núm. 193, de 10 de noviembre de 2020 ).

5.- En fecha 11 de noviembre de 2020 tuvo entrada en el Servicio Jurídico nueva solicitud del jefe del Servicio de Infancia y Familia del IMAS, por el que se solicita la modificación del expediente en tramitación relativo al procedimiento administrativo para la concertación del servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental, al objeto de su adaptación a la anteriormente mencionada resolución de la Presidencia del IMAS de fecha 8 de octubre de 2020, rectificada por resolución de fecha 2 de noviembre de 2020.

6.- El jefe del Servicio de Infancia y Familia del IMAS, con el visto bueno de la directora insular de Infancia y Familia, emitió, en fecha 10 de noviembre de 2020, el informe justificativo relativo a la necesidad de convocar, por el procedimiento de urgencia, la concertación de 75 plazas del servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental por una anualidad.

7.- El Servicio Jurídicoadministrativo y la Intervención Delegada ha emitido los informes favorables correspondientes.

Fundamentos de derecho

 1.- La Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, en especial su artículo 70.8 que establece que el Consell de Mallorca ejerce las competencias propias en materia de tutela, guarda, acogimiento familiar y adopción.

2.- La Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y de los derechos de la infancia y adolescencia de las Islas Baleares (BOIB núm. 26 de 28 de febrero de 2019), regula en el artículo 73 las competencias de los Consejos insulares.

3.- La Ley 8/8/1997, de 18 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores.

4.- El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, como organismo autónomo creado por el Consell de Mallorca, adscrito al Departamento de Derechos Sociales del Consell de Mallorca, es el organismo que ejerce las competencias atribuidas por cualquier título al Consell de Mallorca en materia de servicios sociales y menores, de conformidad al artículo 2 de los Estatutos del Instituto Mallorquín de Asuntos sociales (BOIB núm. 67, de 18 de mayo de 2019) aprobado por acuerdo del Pleno del Consell de Mallorca de fecha 11 de abril de 2019.

5.- De acuerdo con el título IV de la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y de los derechos de la infancia y adolescencia de las Islas Baleares se regula el conjunto de medidas y actuaciones de prevención, detección, intervención y reparación de situaciones de riesgo, de desamparo y de conductas inadaptadas o problemas de conducta en el que el niño o adolescente o, en su caso, el concebido se puede encontrar, tendentes a garantizar su pleno desarrollo y autonomía personal, así como la integración familiar y social, y promover su inserción en un contexto social y familiar normalizado, con la prevalencia, en todo caso, del interés superior del menor de edad.

6.- La Ley orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor (reformada por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 28 de julio, de reforma del sistema de protección de la infancia y la adolescencia).

7.- La Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 / UE y 2014/24 / UE, de 26 de febrero de 2014, en el su artículo 11.6 establece que: "Queda excluida de la presente Ley la prestación de servicios sociales por entidades privadas, siempre que ésta se realice sin necesidad de celebrar contratos públicos, a través, entre otros medios, del simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones a todas las entidades que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, sin límites ni cuotas, y que este sistema garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación ».

8.- El Decreto 46/1997, de 21 de marzo, por el que se ordena, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el establecimiento y la regulación de los requisitos para la acreditación y habilitación de las entidades colaboradoras de la Administración en materia de guarda de menores e integración familiar que prevé un procedimiento específico de concertación con estas entidades. Este Decreto se vio parcialmente afectado por la entrada en vigor de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Islas Baleares que establece un régimen incompatible con el anterior ampliando el concepto de entidades colaboradoras o de iniciativa privada a las entidades mercantiles.

9.- La Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Islas Baleares, prevé en su artículo 3, entre otros, objetivos que deben guiar la actuación de las administraciones públicas, los siguientes:

• Mejorar la calidad de vida y promover la normalización, la participación y la integración social, política, económica, laboral, cultural y educativa y de salud de todas las personas.
• Prevenir y atender las situaciones de vulnerabilidad de las personas y de los grupos en situación de exclusión social.

Por otra parte, el artículo 6.e) recoge que las personas con prioridad de atención desde el servicios sociales, entre otros, son las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, riesgo o desamparo para la gente mayor, niños y adolescentes.

10.- El artículo 37.k) de la misma Ley 4/2009 establece que corresponde a los Consejos Insulares "concertar la gestión de servicios sociales, en su ámbito territorial, con entidades públicas o privadas, ...". En el artículo 89.1 se dispone que "las administraciones públicas de las Islas Baleares, en el ámbito de sus competencias, pueden organizar la prestación de los servicios del Catálogo de Prestaciones y Servicios Sociales de las Islas Baleares a través de las fórmulas siguientes: gestión directa, régimen de concierto previsto en esta Ley, gestión indirecta en el marco de la normativa de contratación de las administraciones públicas y convenios con entidades sin ánimo de lucro ".

11.- La Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 146 de 22 de noviembre de 2018), regula en el Capítulo I el «Régimen de colaboración privada en la gestión de servicios sociales para las personas mediante la acción concertada »(en adelante Ley 12/2018).

12.- Según el artículo 2.1 de la Ley 12/2018, las administraciones competentes de las Islas Baleares, para complementar el sistema público y garantizar una adecuada equidad y calidad de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios o del servicio de orientación profesional, pueden encargar la prestación de estos servicios de su competencia, mediante el sistema de acción concertada, a entidades sin ánimo de lucro del tercer sector social, tal como se definen en los artículos 3 y 4 de la Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de Acción social, o en su caso, a entidades privadas, preferentemente del tercer sector social, cuando existan análogas condiciones de eficacia, calidad y costes, de acuerdo con los requisitos que establece esta ley y con respeto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminación. Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 12/2018, se entiende por régimen de acción concertada la prestación por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y del servicio de orientación profesional recogido en la cartera común del Sistema Nacional de Empleo, la financiación, el acceso y el control administrativo de los que son públicos.

13.- El Decreto 48/2017, de 27 de octubre, (BOIB número 132 de 28 de octubre de 2017) por el que se establecen los principios generales a los que deben someterse los conciertos sociales (en adelante Decreto 48/2017) , cuya vigencia se ha visto parcialmente afectada por la Ley 12/2018 y, en consecuencia, está en vigor en todo aquello que no contradiga ni se oponga a lo dispuesto en esta ley.

14.- La disposición adicional segunda del Decreto 48/2017 de 27 de octubre, dispone que el «El régimen de concierto regulado en este Decreto se establece como diferenciado de la modalidad contractual de concierto que regula el Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y, por tanto, está excluido del ámbito de aplicación de este texto refundido».

15.- La disposición final primera de la Ley 12/2018 de excepciones al requisito de la acreditación determina que «por motivos de urgencia o cuando se trate de servicios de implantación reciente, siempre que no se puedan satisfacer las necesidades de la población con otros servicios idóneos, la administración, previa acreditación de estas circunstancias, puede suscribir acuerdos de acción concertada con las entidades de iniciativa privada que tengan autorizados los servicios. Estos conciertos se celebrarán por un año y se pueden ampliar y renovar si, en este periodo, los servicios obtienen la acreditación o si subsisten las necesidades que motivaron la formalización ».

16.- La disposición transitoria primera del Decreto 48/2017 fija el «Procedimiento de urgencia» para la concertación.

17.- La Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social (BOIB núm. 67 de 2018) regula en su artículo 3 y 4 las entidades que tienen la consideración de entidades del tercer sector de acción social.

18.- El artículo 14 de la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social, establece la potestad reglamentaria normativa atribuida a los consejos insulares en materia de servicios sociales, dentro el marco de la regulación básica establecida por el Gobierno de las Islas Baleares.

19.- Como se establece en el artículo 27 y en la disposición final cuarta de la Ley 4/2009, cada Consejo Insular, en el marco de sus competencias, debe definir las prestaciones propias de servicios sociales, complementando la cartera básica de servicios sociales que aprueba el Gobierno de las Islas Baleares, la cual fue aprobada mediante el Decreto 66/2016, de 18 de noviembre, por el que se establecen principios generales para las carteras insulares y locales.

20.- El Decreto 10/2013, de 28 de febrero, por el que se fijan los principios generales del registro Unificado de Servicios Sociales de las Islas Baleares y de los procedimientos para la autorización y la acreditación de servicios sociales, y se regulan la sección insular del registro y los procedimientos para autorizar y acreditar servicios sociales de ámbito insular.

21.- En Pleno del Consell de Mallorca del 13 de julio de 2017 se da aprobación definitiva al reglamento por el que se aprueba la Cartera Insular de Servicios Sociales y los Servicios a Menores y Familia de Mallorca (BOIB núm. 97, de 18 de julio de 2017 y corrección de errores materiales publicada BOIB núm. 161, de 30 de diciembre de 2017).

22.- La resolución de la Presidencia del IMAS, de fecha de 8 de octubre de 2020, relativa a la aprobación de la previsión y fijación de precios de los servicios a concertar durante el segundo semestre del año 2020 por la Dirección Insular de Infancia y Familia del IMAS (BOIB núm. 179, de 17 de octubre de 2020, rectificada mediante resolución de rectificación de errores materiales de fecha 2 de noviembre de 2020 (BOIB núm. 193, de 10 de noviembre de 2020 ).

23.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015).

24.- El órgano competente para aprobar esta resolución es la Presidencia del IMAS, de acuerdo con el artículo 2.7.28 de los Estatutos del IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de mayo de 2019).

RESUELVO

PRIMERO.- DECLARAR que de acuerdo con los antecedentes de esta resolución, queda acreditada la concurrencia de las circunstancias que hacen necesario recurrir a la acción concertada para la gestión de la prestación del servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental.

SEGUNDO.- DECLARAR la urgencia de la concertación del servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental, por una anualidad, a los efectos de lo establecido en la disposición final primera de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 146 de 22 de noviembre de 2018).

TERCERO.- CONVOCAR por el procedimiento de urgencia la concertación de 75 plazas del servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental, por una anualidad y de acuerdo con los siguientes términos:

«Convocatoria por procedimiento de urgencia de la concertación del servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental

1. Objeto y ámbito de aplicación

1.1. Se establece la regulación del procedimiento de convocatoria de la concertación para el servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental, por una anualidad, y se dicta al amparo de la Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autónoma de las Islas Baleares (BOIB núm. 146 de 22 de noviembre de 2018), (en adelante Ley 12/2018), y del Decreto 48/2017, de 27 de octubre , por el que se establecen los principios generales a los que deben someterse los conciertos sociales (BOIB Núm. 132, de 28 de octubre de 2017), (en adelante Decreto 48/2017).

1.2. Se sujetan a este procedimiento de concertación las plazas del servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental.

2. Ámbito territorial.

El ámbito territorial de esta concertación es la Isla de Mallorca.

3. Plazas a concertar.

La previsión del número total máximo de plazas a concertar, en el marco de la presente convocatoria, del servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental, es de 75 plazas.

4. Vigencia del concierto.

La vigencia de este concierto será de un año a contar desde la fecha de su formalización, y se podrá ampliar y renovar siempre y cuando las entidades, en este periodo, hayan obtenido la acreditación del servicio correspondiente o subsistan las necesidades que motivaron su formalización, de acuerdo con lo establecido en la disposición final primera de la Ley 12/2018.

5. Presupuesto y precio máximo del servicio.

5.1. El importe máximo estimado por el presente concierto es de ciento setenta y un mil setecientos veinte euros (171.720,00.- €), exento de IVA, para la anualidad de 2021.

El gasto real quedará limitado por el número total de plazas que ofrezcan las entidades, por los servicios efectivamente requeridos por el IMAS y la atención efectiva de las plazas.

5.2. El precio de referencia máximo mensual por plaza concertada, en virtud de lo establecido en la resolución de la Presidencia del IMAS, de fecha 8 de octubre de 2020, relativa a la aprobación de la previsión y fijación de precios de los servicios concertar durante el segundo semestre del año 2020 por la Dirección Insular de Infancia y Familia del IMAS (BOIB núm. 179, de 17 de octubre de 2020), rectificada por resolución de fecha 2 de noviembre de 2020 ( BOIB núm. 193, de 10 de noviembre de 2020), es de 190,80 euros (IVA exento).

6. Requisitos de las entidades.

Las entidades que quieran optar a esta concertación social deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Inscripción en el Censo de organizaciones del Tercer Sector Social de las Islas Baleares, de acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social (BOIB núm. 67, 31 de mayo de 2018).

b) Cumplir los requisitos mínimos que se establecen en el título VII de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales de las Islas Baleares (BOIB núm. 89, de 18 de junio de 2009).

c) Tener el servicio objeto de esta convocatoria legalmente constituido y autorizado por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (en adelante, el IMAS), y haber solicitado la pertinente acreditación del servicio.

d) Tener el servicio inscrito en el Registro Unificado de Servicios Sociales.

e) Tener, como mínimo, un año de experiencia en la prestación del servicio y perfil de usuarios objeto de este concierto. La experiencia sólo podrá ser acreditada según los documentos que establece el punto 7.2 apartado c de esta convocatoria.

f) Tener solvencia financiera y técnica para prestar el servicio objeto del concierto, que se acreditará de acuerdo con el punto 7.2 de esta convocatoria.

g) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones económicas con el Consell de Mallorca y con el IMAS y de las otras obligaciones tributarias y con la Seguridad Social que vengan impuestas por la normativa vigente.

h) Que respecto el servicio a concertar, la entidad no haya recibido una resolución de expediente sancionador en materia de servicios sociales de las recogidas en los artículos 128 y 129 de la Ley 4/2009 de Servicios Sociales de las Islas Baleares durante los últimos 24 meses anteriores al concierto, a excepción de que, con carácter previo a la presentación de la solicitud, la entidad haya satisfecho el pago íntegro de la totalidad del importe de la sanción y acreditado ante el órgano sancionador que se han corregido las causas que motivaron la sanción. Esta acreditación, en cualquier caso, requerirá necesariamente la verificación y el correspondiente informe por parte del órgano administrativo competente.

i) No estar afectadas por ninguna prohibición de contratar con la Administración, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ni a ninguno de los supuestos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.

j) No incurrir en la prohibición establecida en el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.

k) No haber sido sancionadas en los últimos cuatro años mediante resolución firme por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de relaciones laborales, empleo, empresas usuarias de empresas de trabajo temporal, seguridad social, emigración, movimientos migratorios y trabajo de extranjeros.

l) Cuando el objeto del concierto consista en servicios que, de acuerdo con la normativa vigente, deban prestar en un espacio físico determinado, acreditar la titularidad del centro, o la disponibilidad para cualquier título jurídico válido por un periodo no inferior al de la vigencia del concierto.

m) Acreditar el cumplimiento de la normativa que, con carácter general o específico, les sea aplicable, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de servicio objeto de concertación.

7. Presentación de solicitudes.

7.1. Lugar y plazo de solicitudes.

El plazo para presentar las solicitudes es de 7 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Las entidades que cumplan los requisitos generales y los específicos de esta convocatoria, o estén en condiciones de cumplirlos en el plazo de presentación de solicitudes, pueden presentar las solicitudes de acuerdo con los modelos normalizados que figuran en la sede electrónica del ConseLL o que serán facilitados por el IMAS en las oficinas que se indican o en la web www.imasmallorca.net.

Las instancias se dirigirán a la Presidencia del IMAS y se pueden presentar en el Registro General del IMAS (C / General Riera, 67 07010 - Palma) y en las delegaciones de Inca (C / General Luque, 223. 1º pabellón izquierda, 1er piso 07300) y de Manacor C / del Bon Jesús, 2 07500), así como en las oficinas de Registro del Consell de Mallorca, o en los lugares previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Si la solicitud se envía por correo, la documentación correspondiente se presentará en la oficina de correos en un sobre abierto para que el ejemplar destinado al IMAS se feche y selle por parte del personal de correos antes de que se certifique, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula la prestación de los servicios postales (BOE núm. 313, de 31 de diciembre). En caso de que la oficina de correos correspondiente no feche y selle la solicitud, se entenderá como fecha válida de presentación la de entrada en el registro del IMAS.

En caso de que la solicitud se envíe por correo certificado, se deberá enviar la hoja de la solicitud escaneado con el sello de correos en que conste el envío dentro de plazo, durante las 24 horas siguientes a la finalización de este, en la dirección electrónica que figura a continuación. Para cualquier información o asesoramiento sobre esta convocatoria se puede contactar con el Servicio de Menores y Familia del IMAS (C / General Riera, 67 a 07010) o en la siguiente dirección electrónica: serveidemenors@imas.conselldemallorca.net.

7.2. Documentación a presentar.

Las entidades interesadas que cumplan los requisitos establecidos en el punto 6 de esta convocatoria deberán formular una solicitud, de acuerdo con el modelo general disponible en la sede electrónica del Consell (MOD-1), que tiene que firmar la persona representante legal de la entidad indicando expresamente el número de plazas que solicitan concertar con el IMAS en el marco de la presente convocatoria.

Esta solicitud se acompañará de los documentos que se detallan a continuación. En este sentido, todos los modelos normalizados que se indican están disponibles en la sede electrónica del Consell:

a) Copia de la inscripción en el registro unificado de servicios sociales.

b) Copia de la resolución de autorización o de acreditación vigente del servicio para concertar. En caso de que no esté acreditado, solicitud de acreditación debidamente registrada.

c) Declaración de solvencia técnica y experiencia en la prestación del servicio de acuerdo con el modelo disponible en la sede electrónica del Consell (MOD-2).

d) Declaración responsable de solvencia financiera, de acuerdo con el modelo facilitado en la sede electrónica del Consell (MOD-3).

e) Declaración responsable emitida de acuerdo con el modelo facilitado en la sede electrónica del Consell (MOD-4), donde la entidad tiene que manifestar que:

• No esté sometida a las prohibiciones de contratar con la Administración, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ni a ninguno de los supuestos de prohibición previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
• No incurra en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres.
• No ha sido sancionada durante los últimos 4 años mediante resolución firme por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de relaciones laborales, empleo, seguridad social, emigración, movimientos migratorios y empleo de extranjeros.

f) Autorización para consultar los datos de estar al corriente en las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de acuerdo con el modelo facilitado en la sede electrónica del Consell (MOD-5).

g) Cuando el objeto del concierto consista en servicios que, de acuerdo con la normativa vigente, deban prestar en un espacio físico determinado: Acreditación de la titularidad del servicio o de disponibilidad por cualquier título jurídico válido al inicio del concierto 

h) Certificación de ser una entidad colaboradora de la Administración en materia de guarda de personas menores de edad, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, de acuerdo con el Decreto 46/1997 de 21 de marzo por el que se ordena el establecimiento y la regulación de los requisitos para la acreditación y habilitación de las entidades colaboradoras de la Administración en materia de guarda de menores, o conforme a una norma de aplicación similar al Estado.

i) Relación y categoría de profesionales con los que realizará el servicio concertado; con declaración responsable de no tener antecedentes penales ni de conducta que les impidan trabajar con personas menores de edad, certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales, y títulos académicos o experiencia laboral acreditada.

j) Tipo de relación laboral o de prestación de servicios con el personal destinado a la ejecución del servicio objeto de esta convocatoria.

k) En el caso de disponer de personal con discapacidad destinado a la ejecución de este concierto, ya los efectos de baremación de los criterios de preferencia previstos en el punto 8.4 de la presente convocatoria, certificado de discapacidad actualizado.

l) En el caso de disponer de personal que haya sido tutelado por el IMAS, y los efectos de baremación de los criterios de preferencia previstos en el punto 8.4 de la presente convocatoria, certificado de persona tutelada emitido por la administración competente en materia de protección de menores .

m) Título académico y currículo básico del director del centro; declaración personalizada de no tener antecedentes penales y certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

n) Seguro de riesgos profesionales y de responsabilidad civil específica para todo el periodo de duración del concierto, con una cobertura mínima de 150.000 euros por víctima y 600.000 euros por siniestro. Si el concierto se renueva, la entidad deberá justificar la vigencia de la misma.

o) Declaración responsable relativa a las garantías de calidad en la atención de las personas menores de edad con indicadores y evaluación.

p) En el caso de disponer de un proyecto de investigación o de estudio del servicio, y los efectos de baremación de los criterios de preferencia previstos en el punto 8.4 de la presente convocatoria, el proyecto de investigación, la planificación, la temporalización y la memoria final del estudio o investigación.

q) Plano de la sede u oficina de la entidad y, en su caso, del local donde se llevará a cabo la prestación del servicio.

r) Auditoría externa de las cuentas anuales.

La presentación de la solicitud supone que la entidad autoriza al equipo técnico del IMAS para que puedan pedir a otras administraciones cualquier documentación, los datos y los informes que consideren necesarios para tramitar el expediente.

7.3. Corrección de deficiencias

Si la solicitud no reúne los requisitos legales y los que se derivan de la presente convocatoria de concertación de este servicio, se requerirá la entidad solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas para que, en un plazo no superior a diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hace, se tendrá por desistida de su petición, previa resolución expresa en los términos que establece el artículo 21 de esta Ley.

8. Instrucción del procedimiento.

8.1. Procedimiento de los conciertos sociales.

La convocatoria, la concesión y el seguimiento de los conciertos sociales se rigen por los principios de la acción concertada previstos en el artículo 3 la Ley 12/2018 y, en especial, los de transparencia y publicidad.

8.2. Órgano competente para la instrucción.

El órgano competente para instruir el procedimiento es la directora insular de Infancia y Familia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, el cual tendrá la prerrogativa de interpretarlo y resolver las dudas que surjan durante el cumplimiento.

8.3. De la Comisión Evaluadora.

La presente Comisión Evaluadora actuará de conformidad con el artículo 15 relativo al «Comité técnico de asesoramiento» del Decreto 48/2017 y, consecuentemente, tendrá los mismos efectos que dicho Comité Técnico de Asesoramiento.

i. Composición.

La comisión evaluadora estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: La directora insular de Infancia y Familia o persona que la sustituya.

Vocales:

El jefe de Servicio de Infancia y Familia, o persona que lo sustituya;

La jefa del Servicio de Gestión Económica, o persona que la sustituya y;

El gerente del IMAS o persona que lo sustituya.

Secretario (con voz y sin voto): La jefa del Servicio jurídico del IMAS, o persona que la sustituya.

ii. Funciones.

La comisión evaluadora tiene las siguientes funciones:

• Llevar a cabo la adecuada tramitación del procedimiento y resolver las incidencias que puedan surgir.
• Emitir el informe que debe servir al órgano instructor para elaborar la propuesta de resolución.
• Definir las equivalencias entre la nomenclatura de los servicios la cartera insular de servicios y la denominación que consta en el registro unificado para los servicios que se hayan autorizado previamente a esta normativa.

iii. Régimen de funcionamiento.

La comisión evaluadora se convocará exclusivamente a petición del órgano instructor y una vez que éste haya evaluado las solicitudes presentadas. Esta comisión analizará e interpretará las incidencias detectadas y emitirá un informe que servirá de base al órgano instructor para elaborar la propuesta de resolución.

La Comisión Evaluadora queda válidamente constituida con la asistencia, como mínimo, los siguientes miembros: la presidenta o el presidente suplente, el secretario o secretario suplente y dos vocales.

8.4. Criterios de preferencia.

Los criterios de preferencia para resolver el presente concierto social son:

a) En primer lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 de la Ley 12/2018, se aplicará el criterio de preferencia relativo al arraigo de la persona en el entorno de atención y las condiciones de atención que requiere.

b) En segundo lugar, una vez aplicado el criterio anterior y de conformidad a lo previsto en el citado artículo 6.3 de la Ley 12/2018, se aplicará el criterio de preferencia relativo a la implantación en la localidad donde se deba prestar el servicio .

c) En tercer lugar, una vez aplicado el criterio anterior y hasta agotar el crédito presupuestario disponible para atender las solicitudes presentadas, se seguirá el orden de prelación en función de la puntuación obtenida a partir de la valoración de las solicitudes presentadas de acuerdo con los siguientes criterios:

 

Criterios	Puntos	Máximo por criterio
Para la presentación de un contrato en vigor de personal con discapacidad	2 puntos	4 puntos
Para la presentación de un contrato en vigor de un profesional que haya estado bajo medida jurídica de guarda o tutela con el IMAS	2 puntos	4 puntos
Para presentar programas de investigación o de estudio del servicio por el que se presenta	1 punto	2 puntos

Una vez aplicados estos criterios, la comisión evaluadora emitirá el informe propuesta de adjudicación de las plazas a concertar del servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental que elevará al órgano instructor.

9. Resolución y notificación.

9.1. Órgano competente para la resolución

El órgano competente para aprobar esta resolución es la Presidencia del IMAS, de acuerdo con el artículo 2.7.28 de los Estatutos del IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de mayo de 2019).

9.2. Plazo

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de la presente concertación es de tres meses a partir del día siguiente en que termine el plazo de presentación de solicitudes. Se entenderán desestimadas las solicitudes no resueltas en el plazo indicado anteriormente. Cualquier alteración de las condiciones exigidas para conceder la concertación, puede dar lugar a la modificación de la resolución.

9.3. De la notificación

La resolución de concesión o denegación del concierto social objeto de la presente convocatoria, se notificará individualmente a las entidades interesadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 de la Ley 39/2015, deben ser expresas, motivadas y fijarán la cuantía individual del concierto. Además, esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y en la Sede electrónica del Consell de Mallorca.

9.4. Modificación resolución

Cualquier alteración de las condiciones exigidas para conceder el concierto, puede dar lugar a la modificación de la resolución.

9.5. De los Recursos

Contra las resoluciones que adopta la Presidencia se puede interponer recurso de alzada ante el Consejo Ejecutivo del Consell de Mallorca en el plazo y con los efectos del artículo 112 de la Ley 39/2015, del 1 de octubre, de procedimiento común de las administraciones públicas.

10. Formalización de los conciertos

Los conciertos que se establecen al amparo de esta convocatoria se formalizarán mediante un documento administrativo denominado acuerdo de acción concertada, cuyo modelo deberá aprobar por resolución de la Presidencia del IMAS. En este acuerdo de acción concertada se harán constar los contenidos mínimos previstos en el artículo 8 de la Ley 12/2018 así como, según lo establecido en el artículo 7 del Decreto 48/2017, los derechos y obligaciones recíprocos, las características concretas del servicio, otras circunstancias derivadas de la Ley 4/2009 y de los decretos de desarrollo, y del Pliego general de condiciones técnicas de la presente concertación.

Estos conciertos se celebrarán por un año, sin perjuicio de poder ampliar o renovar el concierto según establece la disposición final primera de la Ley 12/2018.

11. Obligaciones de las entidades concertadas.

La entidad titular del servicio concertado contrae las obligaciones establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas generales y especial desde el momento de suscribir el acuerdo de la acción concertada objeto de la presente convocatoria.

12. Cesión.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 7.4 de la Ley 12/2018 queda prohibida la cesión, total o parcial, del servicio objeto del acuerdo de acción concertada. Sin embargo, cuando la entidad concertada sea declarada en concurso de acreedores, la administración pública competente podrá autorizar la cesión con la adopción de las medidas necesarias para garantizar la continuidad y la calidad del servicio.

13. Condiciones técnicas de ejecución

Las condiciones técnicas de ejecución se ajustarán al Decreto 10/2013, de 28 de febrero, por el que se fijan los principios generales del Registro Unificado de Servicios Sociales de las Islas Baleares y de los procedimientos para la autorización y la acreditación de servicios sociales, y se regulan la sección suprainsular del Registro y los procedimientos para autorizar y acreditar servicios sociales de ámbito suprainsular, y los reglamentos de desarrollo vigentes en su ámbito territorial de actuación, así como también se han de ajustarse a la Ley 12/2018 y en el Decreto 48/2017.

Por otra parte, la ejecución del concierto social objeto de la presente convocatoria se regirá por el contenido de los pliegos de prescripciones técnicas generales y particulares aplicables en esta tipología de servicios y que se aprueban conjuntamente con esta convocatoria. Concretamente, este pliego, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 48/2017 detalla: el objeto, la definición del servicio, el perfil de las personas usuarias, la prestación del servicio, el proyecto educativo, los recursos materiales , los seguros, el régimen económico, la cobertura del servicio, el número de plazas y financiación del concierto, la justificación, coordinación y seguimiento, las obligaciones de la entidad concertada, la protección de datos de carácter personal, la modificación del concierto, los incumplimientos y penalidades, así como el plazo del concierto.

Al respecto, el artículo 9.3 del Decreto 48/2017 establece las obligaciones de las entidades y determina que mediante el concierto social, la entidad titular del servicio se obliga a cumplir los pliegos técnicos, así como las normas establecidas en el título VII de la Ley 4/2009 y en los correspondientes decretos de desarrollo y de aplicación de esta Ley. La entidad debe disponer de un programa informático para la gestión de las plazas concertadas.

14. Seguimiento

Desde la Dirección Insular de Infancia y Familia se hará el seguimiento técnico de los servicios concertados objeto de la presente convocatoria, de conformidad con lo mencionado en el artículo 10 de la Ley 12/2018 y en el artículo 27 del Decreto 48 / 2017.

Este seguimiento se dirigirá a revisar la situación e intervenciones con cada persona usuaria, así como el funcionamiento del servicio, la aplicación del modelo de atención detallado a los pliegos técnicos. Para realizar este seguimiento, se podrá solicitar la documentación y las evidencias que se consideren necesarias.

La entidad concertada debe facilitar las actuaciones de seguimiento y comprobación que realice la Dirección Insular de Infancia y Familia.

15. Criterios de acceso de las personas usuarias.

El IMAS, a través del Servicio de Infancia y Familia, gestionará directamente el acceso a los programas.

16. Difusión y publicidad.

Las entidades acogidas al acuerdo de acción concertada, junto con su denominación, deben hacer constar en toda la documentación del centro relacionada con las personas menores de edad y las familias, la mención de esta concertación y la leyenda « entidad Colaboradora del IMAS para la intervención y mediación familiar », como mínimo en idioma catalán y ha de reproducir esta expresión y hacer constar esta condición, en toda documentación relativa al servicio destinada a otras entidades, autoridades, instituciones y actos públicos o abiertos. Los rótulos de las distintas dependencias donde se presten los servicios objeto de esta concertación también deben ir, al menos en idioma catalán.

17. Penalidades.

El incumplimiento de las condiciones previstas para la prestación del servicio podrá dar lugar a la imposición de penalizaciones, de acuerdo con el pliego de prescripciones técnicas generales de este concierto social.

18. Causas de extinción.

Los acuerdos de acción concertada extinguen, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Ley 12/2018, por el cumplimiento y vencimiento del plazo, siempre que no se hayan renovado, o por resolución.

Son causas de resolución de los acuerdos de acción concertada las siguientes:

a) Acuerdo mutuo de las partes, manifestado con la antelación de dos meses.

b) Renuncia de la entidad concertada, manifestada con una antelación mínima de dos meses para garantizar la continuidad del servicio.

c) Incumplimiento de las normas de carácter obligatorio a las que deben someterse el servicio objeto de la presente concertación y de las obligaciones en materia de seguridad e instalaciones.

d) Incumplimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos, siempre que el incumplimiento sea imputable a la entidad concertada, así como de las estipulaciones esenciales del acuerdo y de los pliegos de prescripciones técnicas aplicables.

e) Prestación defectuosa de las obligaciones acordadas.

f) Negación a atender a las personas usuarias derivadas por el IMAS.

g) Infracción con carácter grave de la legislación fiscal, laboral, de la Seguridad Social, de integración social de discapacitados y de prevención de riesgos laborales.

h) Pérdida sobrevenida de los requisitos de participación en la presente convocatoria o de las condiciones técnicas, económicas y financieras que hayan habilitado el acuerdo de acción concertada, así como la revocación o la caducidad de la autorización de apertura y funcionamiento y / o de la acreditación del servicio.

i) Muerte de la persona física titular del servicio o la extinción de la persona jurídica a la que corresponde la titularidad, salvo lo previsto en el artículo 29 del Decreto 48/2017.

j) Declaración de concurso de acreedores de la entidad titular del servicio, a excepción de lo previsto en el artículo 7.4 de la Ley 12/2018.

k) Modificación de las condiciones técnicas o de las condiciones económicas por parte de la Administración, siempre que la entidad de iniciativa privada no haya dado su conformidad.

l) No disponibilidad sobrevenida del título jurídico que acredita la titularidad del servicio durante la vigencia del acuerdo.

m) Así como también las cláusulas de revocación previstas en los pliegos técnicos objeto del presente servicio.

19. Modificación y / o ampliación del acuerdo de acción concertada.

El procedimiento de ampliación de plazas concertadas del servicio objeto de la presente convocatoria, así como de modificación de dicho concierto, se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 7.2 de la Ley 12/2018 y lo establecido en los artículos 18 y siguientes del Decreto 48/2017.

20. Jurisdicción competente.

La jurisdicción contencioso administrativa es la competente para resolver las cuestiones litigiosas relativas a la formalización de este concierto y también las surgidas entre las partes sobre la interpretación, la modificación, el cumplimiento, los efectos y la extinción. »

CUARTO.- APROBAR los pliegos de prescripciones técnicas generales y especiales para el concierto de 75 plazas del servicio de intervención familiar de trabajo del vínculo parental, por una anualidad, el modelo solicitud de concierto social (MOD-1), el modelo declaración responsable solvencia técnica y experiencia (MOD-2), el modelo declaración responsable de solvencia financiera para concertar (MOD-3), el modelo declaración responsable de no estar incurso en prohibición para concertar (MOD-4) y el modelo de consentimiento informado ( MOD-5).

QUINTO.- AUTORIZAR el gasto derivado de este expediente por el importe total de 171.720,00 euros (IVA exento) con cargo a la partida presupuestaria 202313522709 de los presupuestos del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales, para la anualidad de 2021.

La ejecución del gasto correspondiente del 2021 está condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de gastos de este ejercicio.

SEXTO.- PUBLICAR esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, así como en el apartado de Transparencia de la web del IMAS y en la Sede Electrónica del Consell de Mallorca.

SÉPTIMO.- NOTIFICAR esta resolución a la Dirección Insular de Infancia y Familia, el Servicio de Gestión Económica y la Intervención Delegada.

Esta resolución no pone fin a la vía administrativa y contra ella se puede interponer, de acuerdo con el artículo 28.1 de los Estatutos del IMAS aprobados por el Pleno del Consell de Mallorca de fecha 11 de abril de 2019 (BOIB núm. 67 , de 18 de mayo de 2019), recurso de alzada ante el Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Mallorca, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Contra la desestimación expresa del recurso de alzada podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la desestimación del mencionado recurso.

Contra la desestimación por silencio del recurso de alzada podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en cualquier momento a partir del día siguiente a la desestimación presunta (tres meses desde la interposición del recurso sin que se haya notificado la resolución).

No obstante lo anterior, se puede ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que se estime pertinente. Todo ello de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

 

Palma, 16 de noviembre de 2020

El presidente

Javier de Juan Martín​​​​​​​