BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Hechos

1. El 3 de julio de 2020, Antonio Oliver Miró, en representación de la organización empresarial denominada Asociación de informadores técnicos sanitarios de Baleares, presentó en la Oficina de depósito de estatutos de la Dirección General de Trabajo y Salud Laboral (con número de registro de entrada 07/2020/000030) una solicitud, con documentación anexa, de depósito de la modificación de sus estatutos consistente en añadir un párrafo al artículo 27.

2. Esta modificación fue aprobada en la Asamblea general celebrada el 5 de junio de 2020.

Fundamentos de derecho

1. La competencia para conocer este expediente y resolverlo corresponde a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 98/1996, de 26 de enero (BOE del 29-2) de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia laboral (ejecución de la legislación laboral) y el Decreto 31/1996, de 7 de marzo (BOCAIB del 19) de asunción y distribución de las competencias transferidas y es atribuida al consejero de Trabajo. Comercio e Industria, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.2.e) del Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura básica de las consejerías de la Administración de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 de agosto).

2. El artículo 13.3 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, dispone que si se cumplen todos los requisitos, la oficina pública competente dictará una resolución que acuerde el depósito y la publicidad de éste, en el plazo de diez días a contar desde el día en que se presente la solicitud o se reparen o resuelvan los defectos advertidos.

3. El último párrafo del citado artículo 13.3 dispone también que simultáneamente a la resolución, la oficina pública competente debe hacerla pública ordenando su publicación en el boletín oficial correspondiente y debe indicar al menos la denominación, ámbito territorial y funcional.

4. El artículo 23 del citado Real Decreto dispone que el texto de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales es de acceso público y lo puede examinar cualquier persona. La oficina pública competente debe facilitar una copia auténtica a quien lo solicite.

5. La Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, así como la Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical.

6. El Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los trabajadores (BOE núm. 75, de 03.29.1995).

7. La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11/10/2011).

8. Supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

Por tanto procede a dictar la siguiente

Resolución

1. Admitir el depósito de la modificación de los estatutos de la organización empresarial denominada Asociación de informadores técnicos sanitarios de Baleares, cuyo código de depósito es el 07000016. La modificación consiste en añadir un párrafo al artículo 27 de los estatutos.

2. Disponer la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears, para dar publicidad a la admisión efectuada.

3. Notificar esta Resolución y entregar la documentación correspondiente a la persona interesada

Interposición de Recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Trabajo, Comercio e Industria en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de haber recibido la notificación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears.

También se puede interponer directamente una demanda para impugnar este acto administrativo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 167 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11 de octubre), en relación con sus artículos 2.J y 7.a, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la Resolución, de acuerdo con el artículo 151.7 en relación con el artículo 69.2 de la misma ley.

Palma, 11 de agosto de 2020

La directora general de Trabajo y Salud Laboral Virginia Abraham Orte Por delegación del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo (BOIB 97/2019)