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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Sección III. Otras disposiciones y actos administrativos

CONSEJO DE GOBIERNO

Núm. 5546
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de junio de 2020 por el que se aprueba definitivamente el proyecto de construcción «Puesto de adelantamiento de trenes entre Sineu y Petra (PAET 2) en el tramo Enlace - Manacor», se declara la urgente ocupación de los terrenos afectados por la expropiación y se otorga la autorización previa a Servicios Ferroviarios de Mallorca para iniciar el expediente de gasto correspondiente a la licitación de las obras para la ejecución de este proyecto

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Texto

Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM, en adelante) es una entidad pública empresarial integrante del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, adscrita a la Consejería de Movilidad y Vivienda. Tiene como finalidad institucional, de acuerdo con sus Estatutos, aprobados por el Decreto 44/2015, de 22 de mayo (BOIB n.º 77, de 23 de mayo), que rigen su actuación, la gestión y la explotación del transporte público ferroviario prestado en Mallorca en el marco competencial del Gobierno.

SFM se rige, además de por sus Estatutos, por las disposiciones de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, aplicables a las entidades públicas empresariales, y por el resto de disposiciones que le sean de aplicación. Se somete a los principios de legalidad, servicio e interés general, eficacia, eficiencia, estabilidad y transparencia, ajustándose al principio de instrumentalidad respecto a las finalidades y objetivos que tiene asignados.

El ramal del ferrocarril entre la estación de Enlace y la de Manacor consta de una vía única electrificada. Antes de ponerse en servicio la electrificación, la capacidad de la línea estaba limitada, aparte de por la distancia entre estaciones, por las pobres prestaciones del material móvil de tracción diésel. Esto supone que las frecuencias de trenes en el tramo aún es de un tren cada hora por sentido.

Tras la finalización de las obras de electrificación de la línea, una vez eliminadas les restricciones ocasionadas por el material móvil diésel y a fin de resolver las limitaciones de capacidad de la infraestructura, se redactan los proyectos para la construcción de diversos puntos de adelantamiento y estacionamiento de trenes (denominados PAET), que permitirán el aumento de las frecuencias entre las estaciones de Inca y Manacor.

Esta actuación permitirá mejorar la oferta de transporte público en los municipios afectados, haciendo más atractivo el ferrocarril como opción para los desplazamientos a las localidades de Inca, Sineu, Petra y Manacor.

Para lograr este objetivo, mediante la Resolución del director general de Movilidad y Transporte Terrestre de 10 de septiembre de 2019, se acordó aprobar inicialmente el proyecto de construcción «Puesto de adelantamiento de trenes entre Sineu y Petra (PAET 2) en el tramo Enlace – Manacor de la red de SFM», que se publicó en el BOIB n.º 128, del día 19 de septiembre 2019, así como en varios medios de prensa de gran difusión, en cumplimiento de lo que dispone en este sentido la legislación de expropiación forzosa.

Una vez finalizado el plazo de la información pública del proyecto, se han presentado y contestado dos alegaciones.

Según establece la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, no es preceptiva la elaboración de ningún estudio de impacto ambiental a causa de las actuaciones descritas en este proyecto.

Como se desprende de los antecedentes, una vez que se ha tramitado el proyecto de obras y se ha evacuado el trámite de información pública correspondiente a efectos de lo que dispone la normativa sectorial ferroviaria (Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, de aplicación en cuanto a la tramitación de los proyectos por aplicación supletoria de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, según se recoge en su disposición final novena), así como en la legislación de expropiación forzosa (artículo 18 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, y concordantes de su Reglamento, de 26 de abril de 1957), el director general de Movilidad y Transporte Terrestre dictó una resolución en fecha 27 de abril de 2020, por la que se acuerda dar el visto bueno al informe de alegaciones, notificar a los interesados las respuestas razonadas a las cuestiones planteadas en sus escritos de alegaciones y aprobar técnicamente el proyecto a efectos administrativos, para que posteriormente pueda ser elevado al órgano competente para su aprobación definitiva.

La aprobación definitiva del proyecto, tal como se establece para la Red Ferroviaria de Interés General de las Illes Balears en su artículo 121.2 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, conlleva la declaración de utilidad pública o interés social y la urgencia de la ocupación a efectos de la expropiación forzosa de los terrenos que se incluyen, de acuerdo con lo que prevé la legislación de expropiación forzosa.

 

A efectos de expropiación, el órgano competente para declarar la urgente ocupación es, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Consejo de Gobierno, puesto que la competencia que otorga el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa al Consejo de Ministros se transfirió mediante el Real Decreto 2612/1982, de 24 de julio, y se prevé esta competencia ejecutiva en el artículo 32.1 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

En cuanto al ámbito presupuestario, el artículo 15 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, prevé la autorización del Consejo de Gobierno para gastos superiores a 500.000 € a aquellas entidades que no estén sometidas a fiscalización previa de la Intervención General de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, como el presupuesto de la obra es superior al umbral indicado, el Consejo de Gobierno deberá otorgar la autorización de gasto correspondiente.

Por todo esto, el Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Movilidad y Vivienda, en la sesión del día 26 de junio de 2020, adoptó, entre otros, el Acuerdo siguiente:

 

Primero. Aprobar definitivamente el proyecto de construcción «Puesto de adelantamiento de trenes entre Sineu y Petra (PAET 2) en el tramo Enlace – Manacor de la red de SFM», redactado por Servicios Ferroviarios de Mallorca (SFM).

Esta aprobación comporta, de acuerdo con lo que dispone el artículo 121.2 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, con relación al resto de normativa de aplicación, la declaración de utilidad pública o interés social y la urgencia de la ocupación, a efectos de la expropiación forzosa de los terrenos afectados por este proyecto, así como de los terrenos y bienes que puedan ser indispensables para previsibles ampliaciones o modificaciones del proyecto.

Segundo. Declarar, de conformidad con lo que dispone el artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa, y el artículo 56 de su Reglamento, la urgente ocupación de los terrenos y bienes afectados por la expropiación a la que da lugar este proyecto, así como de los terrenos y bienes que puedan resultar indispensables para ampliaciones previsibles del proyecto de que se trata; declaración que, como se ha indicado en el punto anterior, viene implícita con su aprobación, de conformidad con lo que dispone el artículo 121.2 de la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, con relación al resto de normativa de aplicación.

En cumplimiento de lo que dispone el artículo 56.1 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, este procedimiento excepcional viene motivado, además de por la previsión legal que establece la Ley 4/2014, de 20 de junio, de transporte terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears, y la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, y su Reglamento, por la necesidad de mejorar la calidad del servicio y la seguridad.

Esta actuación permitirá mejorar sustancialmente la red ferroviaria, con el incremento de los parámetros de seguridad en el tramo afectado.

Tercero. Facultar a la entidad pública empresarial Servicios Ferroviarios de Mallorca, beneficiaria de la expropiación, para llevar a cabo los trámites pertinentes para la adquisición de los terrenos afectados, así como para contratar la ejecución del proyecto de obras aprobado en el punto primero de este Acuerdo.

Cuarto. Otorgar a Servicios Ferroviarios de Mallorca, a los efectos indicados en el punto anterior, la autorización previa para iniciar el expediente de gasto correspondiente a la licitación y adjudicación del contrato de obras para la ejecución del proyecto de obras aprobado, con un presupuesto de licitación de 2.621.931,62 € (dos millones seiscientos veintiún mil novecientos treinta y un euros con sesenta y dos céntimos), IVA incluido; todo ello, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Quinto. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Sexto. Notificar este Acuerdo a todos los propietarios afectados por la expropiación y enviar copia de los informes emitidos referentes a sus alegaciones, en su caso.

Interposición de recursos

Contra este acuerdo, que agota la vía administrativa, se podrá interponer un recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación o publicación, de acuerdo con lo que disponen los artículos 124 y 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Así mismo, se podrá interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación o publicación de este Acuerdo, de conformidad con lo que se dispone en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

 

Palma, 26 de junio de 2020

La secretaria del Consejo de Gobierno ​​​​​​​Pilar Costa i Serra