Sección II. Autoridades y personal
Subsección segunda. Oposiciones y concursos
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN
Núm. 3932
Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 19 de mayo de 2020, a propuesta de la directora general de Personal Docente, por la que se deja sin efecto la suspensión del plazo para presentar las solicitudes de comisiones de servicios y se deja sin efecto la posibilidad de formalizarlas de manera presencial
En fecha 14 de mayo de 2020, la directora general de Personal Docente ha formulado la propuesta de resolución siguiente:
Hechos
1. En el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 34, de 14 de marzo de 2020, se publicó la Resolución de la directora general de Personal Docente de 12 de marzo 2020 por la que se aprueban las instrucciones que deben regir el proceso dirigido a funcionarios de carrera docentes con destino definitivo para solicitar y adjudicar destinos en comisiones de servicios para el curso 2020-2021 en centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de Educación, Universidad e Investigación. Esta Resolución fue objeto de una rectificación de errores, publicada en el BOIB núm. 45, de 28 de marzo de 2020.
De acuerdo con la instrucción sexta del anexo 1 de dicha Resolución, el plazo para presentar las solicitudes de participación era del 20 al 27 de abril, ambos incluidos.
No obstante lo anterior, desde el día 14 de marzo, fecha en que se publicó y entró en vigor el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el plazo mencionado quedó suspendido.
2. Por otro lado, la instrucción quinta del anexo 1 de la Resolución mencionada prevé las instrucciones para rellenar, tramitar y presentar la solicitud, y establece un sistema de tramitación telemático que culmina con la presentación de la solicitud en cualquiera de los registros oficiales.
Ante la situación actual, el Decreto Ley 7/2020, de 8 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes en el ámbito de la educación para hacer frente a los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha establecido reglas de carácter extraordinario para determinados procesos, entre los que se incluyen los procedimiento de provisión de plazas, con el fin de que se hagan efectivas las recomendaciones de las autoridades sanitarias de evitar situaciones de aglomeraciones o saturación de personas, en este caso en las oficinas de registro oficiales. Entre estas reglas se encuentra la obligación de que las personas interesadas en participar en estos procedimientos lo hagan mediante los canales de acceso, los sistemas y las aplicaciones que en cada caso se determinen.
Fundamentos de derecho
1. El apartado 1 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspende los términos e interrumpe los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. Así mismo, determina que el cómputo de los plazos se retomará en el momento en que pierda vigencia este Real Decreto o, en su caso, sus prórrogas. Además, el apartado 4 de la misma disposición, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, determina que las autoridades competentes pueden acordar, de forma motivada, la continuación de aquellos procedimientos administrativos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
Se debe recordar que el estado de alarma ha sido prorrogado sucesivamente.
2. El artículo 9 del Decreto Ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, referente a medidas en materia de suspensión de plazos administrativos, establece, en los apartados 1 y 2:
En el marco de lo que establece la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, corresponde a los consejeros y las consejeras del Gobierno de las Illes Balears y a las personas titulares de la presidencia o del órgano unipersonal equivalente de los entes del sector público instrumental autonómico acordar, en el ámbito de sus competencias, mediante resolución motivada, y entre otras posibles medidas de ordenación e instrucción, dejar sin efecto la suspensión de los plazos administrativos de los procedimientos administrativos en los casos en que la suspensión o paralización pueda causar perjuicios graves en los derechos o los intereses de las personas que tengan la condición de interesadas en el procedimiento. Así mismo, pueden adoptar en este ámbito cualquier medida destinada a evitar o paliar situaciones de vulnerabilidad originadas por el estado de alarma. En estos casos, es necesario obtener la conformidad expresa de las personas interesadas respecto de las medidas a adoptar o respecto de la no suspensión de los plazos.
Así mismo, corresponde a las autoridades mencionadas en el apartado anterior decidir motivadamente la continuación o incluso el inicio de los procedimientos administrativos referidos a los hechos justificativos del estado de alarma y de aquellos que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. En estos casos, no habrá que obtener la conformidad de las personas interesadas.
3. El servicio educativo es un servicio esencial derivado del derecho a la educación, derecho fundamental constitucionalmente reconocido. Y es una obligación de la Administración asegurar, en la medida en que las circunstancias lo permitan, un inicio normalizado del curso escolar 2020-2021, que, entre otros aspectos, pasa por el hecho de que todo el profesorado pueda incorporarse a su puesto de trabajo el 1 de septiembre.
Por ello, razones de interés general hacen imprescindible dejar sin efecto la suspensión del plazo para presentar las solicitudes de comisiones de servicios, con el fin de continuar el procedimiento, y así, retomar el plazo para que la tramitación administrativa se pueda desarrollar y finalizar dentro de unos plazos razonables que permitan, primero, revisar las solicitudes y la documentación que presenten los funcionarios de carrera interesados, y, segundo, que el procedimiento de adjudicación de destinos provisionales se pueda terminar de manera que el profesorado pueda tomar posesión de las plazas adjudicadas e incorporarse el primer día lectivo del curso escolar próximo.
4. Por otro lado, el apartado 1 del artículo 6 del Decreto Ley 7/2020, de 8 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes en el ámbito de la educación para hacer frente a los efectos de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, en cuanto a la obligación de relacionarse electrónicamente con la Consejería de Educación, Universidad e Investigación en relación con los procedimientos de selección y los sistemas y procedimientos de provisión de plazas de personal docente no universitario, establece:
1. Las personas interesadas que participen en los procesos de selección de personal funcionario de carrera docente, de personal funcionario interino docente o de personal laboral docente están obligadas a participar en los procedimientos convocados o que se convoquen mediante los canales de acceso, los sistemas y las aplicaciones que en cada caso se determinen.
Considerando esto, corresponde dejar sin efecto las previsiones previstas en la instrucción quinta del anexo 1 de la Resolución en relación con la presentación de las solicitudes en las oficinas de registro oficial, con lo cual el único sistema para presentarlas será el telemático, mediante el trámite habilitado al efecto en la página web de la Dirección General de Personal Docente.
5. La competencia para dictar esta resolución corresponde al consejero de Educación, Universidad e Investigación, de acuerdo con el artículo 9 del Decreto Ley 4/2020, de 20 de marzo.
Propuesta de resolución
Por todo ello, propongo al consejero de Educación, Universidad e Investigación que dicte una resolución en los términos siguientes:
1. Declarar la continuación del procedimiento administrativo referido al proceso dirigido a funcionarios de carrera docentes con destino definitivo para solicitar y adjudicar destinos en comisiones de servicios para el curso 2020-2021 en centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de Educación, Universidad e Investigación, por considerarlo indispensable para la protección del interés general y para el funcionamiento básico de los servicios en conformidad con el apartado 2 del artículo 9 del Decreto Ley 4/2020, de 20 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
2. Dejar sin efecto la suspensión del plazo para presentar las solicitudes de comisiones de servicios.
3. Establecer que el plazo mencionado se retome el día 25 de mayo de 2020, de manera que el último día de presentación de las solicitudes sea el 1 de junio de 2020. Ambos días están incluidos dentro de este plazo.
4. Dejar sin efecto la instrucción quinta del anexo 1 de la Resolución de la directora general de Personal Docente de 12 de marzo 2020 por la que se aprueban las instrucciones que deben regir el proceso dirigido a funcionarios de carrera docentes con destino definitivo para solicitar y adjudicar destinos en comisiones de servicios para el curso 2020-2021 en centros públicos de enseñanzas no universitarias dependientes de la Consejería de Educación, Universidad e Investigación, en lo relativo a la posibilidad de presentar la solicitud de comisiones de servicios en las oficinas de registro oficiales.
5. Establecer, en consecuencia de lo anterior, que el único sistema de presentación de las solicitudes de comisiones de servicios será el telemático, mediante el trámite habilitado al efecto en la página web de la Dirección General de Personal Docente.
6. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Por todo ello, dicto la siguiente
Resolución
Manifestar la conformidad con la propuesta de resolución y dictar resolución en los mismos términos.
Interposición de recursos
Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el consejero de Educación, Universidad e Investigación en el plazo de un mes contador desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
También se puede interponer directamente un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Palma en el plazo de dos meses, contadores desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución, de acuerdo con los artículos 8.2.a) y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin embargo, y de acuerdo con las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se suspenden los términos y se interrumpen los plazos, respectivamente, previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, y para la tramitación de los procedimientos de las entidades de sector público. El cómputo de los plazos se retomará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto mencionado o, en su caso, sus prórrogas.
Palma, 19 de mayo de 2020
El consejero de Educación, Universidad e Investigación
Martí X. March i Cerdà
La directora general proponente
Rafaela Sánchez Benítez