BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

La aprobación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 determina la necesidad de velar por los intereses de las empresas instaladas en inmuebles de titularidad de la Fundación Balear de Innovación y Tecnología (en adelante, Fundación Bit).

Las restricciones establecidas en el Real Decreto 463/2020, han provocado en muchas empresas del Estado un cambio de paradigma. En algunos casos éstas han cesado su actividad, en otras, la han disminuido. En la misma situación se encuentran las empresas instaladas en inmuebles propiedad de la Fundación Bit.

Una de las finalidades fundacionales de la Fundación Bit es contribuir al desarrollo de la Sociedad de la información en las Illes Balears, mediante la realización de un conjunto de operaciones que resulten necesarias para la urbanización y promoción del desarrollo integral del área conocida como Parcbit.

Entre estas operaciones están la adquisición, venta, arrendamiento y cesión de uso de terrenos y bienes inmuebles. Actualmente las empresas arrendatarias de estos bienes inmuebles son 82.

La declaración del mencionado estado de alarma puede tener efectos negativos sobre la economía de estas empresas.

Por todo ello, el Consejo de Gobierno a propuesta de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización, en la sesión extraordinaria de 18 de marzo de 2020 adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero. Autorizar al órgano competente de la Fundación Balear de Innovación y Tecnología  para que, mientras se mantenga la declaración  del estado de alarma, se exonere a  las empresas arrendatarias de inmuebles de la titularidad de la Fundación Bit del pago del arrendamiento, con el fin de paliar los efectos que la aplicación del estado de alarma tenga sobre la economía de estas empresas.

Segundo. Este Acuerdo debe desplegar sus efectos mientras se mantenga el estado de alarma, cuya finalización debe implicar la recuperación inmediata de las obligaciones contractuales establecidas con cada empresa arrendataria. 

Palma, 18 de marzo de 2020