BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Hechos

1. El 24 de abril de 2019, Elisabet María Reynés Coronado, en calidad de promotor de la organización sindical denominada ATAP – Asociación de Trabajadores de las Administraciones Públicas, presentó en la Oficina de depósito de estatutos de la Dirección General de Trabajo, Economía Social y Salud Laboral (con número de registro de entrada 07/2019/000021) una solicitud, con documentación anexa, para proceder al depósito del acta de constitución y de los estatutos de la asociación mencionada.

2. Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por Elisabet Maria Reynés Coronado, Bernardo Pedro Pons Salvà, Eulogio Herreros Berzosa i Andrés Lagares Obrador, todos ellos en calidad de promotores de la organización sindical.

3. El 6 de mayo de 2019, se requirió a la persona interesada para que subsanara una serie de deficiencias, dado que, revisada la documentación adjunta, se comprobó que no cumplía todos los requisitos de constitución que figuran en el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

4. El 30 de agosto de 2019, la persona interesada, presentó escrito con documentación anexa para subsanar las referidas deficiencias.

Fundamentos de derecho

1. La competencia para conocer este expediente y resolverlo corresponde a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 98/1996, de 26 de enero (BOE del 29-2) de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado en materia laboral (ejecución de la legislación laboral) y el Decreto 31/1996, de 7 de marzo (BOCAIB del 19) de asunción y distribución de las competencias transferidas y es atribuida al consejero de trabajo. Comercio e Industria, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.2.e) del Decreto 21/2019, de 2 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura básica de las consejerías de la Administración de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears.

2. El artículo 13.3 del Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, dispone que si se cumplen todos los requisitos, la oficina pública competente dictará una resolución que acuerde el depósito y la publicidad de éste, en el plazo de diez días a contar desde el día en que se presente la solicitud o se reparen o resuelvan los defectos advertidos.

3. El último párrafo del citado artículo 13.3 dispone también que simultáneamente a la resolución, la oficina pública competente la hará pública ordenando su publicación en el boletín oficial correspondiente y hay que indicar al menos la denominación, ámbito territorial y funcional, y la identificación de los promotores y firmantes del acta de constitución.

4. El artículo 23 del citado Real Decreto dispone que el texto de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales es de acceso público y lo puede examinar cualquier persona. La oficina pública competente debe facilitar una copia auténtica a quien lo solicite.

5. La Ley orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, así como la Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical.

6. El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los trabajadores (BOE núm. 255, de 24/10/2015).

7. La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11/10/2011).

8. Supletoriamente la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo de las Administraciones Públicas y la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.

Por tanto, procede a dictar la siguiente

Resolución

1. Admitir el depósito del acta de constitución y de los estatutos de la organización sindical llamada ATAP – Asociación de Trabajadores de las Administraciones Públicas, el código de inscripción es el 07100010. El domicilio de la organización se fija en la calle Vicente Mut, núm. 6, 3ºA de Palma, su ámbito territorial es el de las Illes Balears y el funcional comprende al personal relacionado con las administraciones públicas.

2. Disponer la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears, para dar publicidad a la admisión efectuada.

3. Hacer constar que las decisiones de las organizaciones sindicales y empresariales de afiliación a federaciones o confederaciones de ámbito superior, tanto de carácter funcional como territorial, así como su desvinculación de estas deben ser objeto de depósito en cumplimiento el artículo 8.1 del Real decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.

4. Notificar esta Resolución y entregar la documentación correspondiente a la persona interesada.

Interposición de Recursos

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de haber recibido la notificación, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

También se puede interponer directamente una demanda en impugnación de este acto administrativo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, de acuerdo con los artículos 167 y siguientes de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11 de octubre), en relación con sus artículos 2.J y 7.a, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación o publicación de la Resolución, de acuerdo con el artículo 151.7 en relación con el artículo 69.2 de la misma ley.

Palma, 27 de septiembre de 2019

El secretario general

Jaume Colom Adrover

Por delegación del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

(BOIB 97/2019)