BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Hechos

1. El día 21 de diciembre de 2018, el Consejo de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears acordó aprobar el Informe 158/2018 sobre los acuerdos y las resoluciones contrarios a los reparos que la Intervención local ha formulado del ejercicio 2016.

2. El día 2 de octubre de 2019, el presidente del Parlamento de las Illes Balears comunicó que se había llevado a cabo el último trámite parlamentario referente a dicho Informe, que tuvo lugar con la presentación y el debate del Informe en la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos del día 24 de febrero de 2019.

Fundamentos de derecho

1. El artículo 12.3 de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears, regula los informes o las memorias de fiscalización y dispone su remisión al Parlamento, a los sujetos fiscalizados y al Tribunal de Cuentas, y también su publicación en el BOIB después del último trámite parlamentario.

2. El artículo 32.1 del Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas establece que esta institución publicará el resultado de la fiscalización en el BOIB, una vez recibida la comunicación expresa de que se ha llevado a cabo el último trámite parlamentario.

Por todo ello, y de acuerdo con lo que disponen la mencionada Ley 4/2004 y el Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears,

Resuelve

Publicar en el Boletín Oficial de las Illes Balears el resultado de la fiscalización del Informe 158/2018 sobre los acuerdos y las resoluciones contrarios a los reparos que la Intervención local ha formulado del ejercicio 2016, que se adjunta como anexo.

  

Palma, 10 de octubre de 2019

El síndico mayor,

Joan Rosselló Villalonga

 

ANEXO

INFORME 158/2018 SOBRE LOS ACUERDOS Y LAS RESOLUCIONES CONTRARIOS A LOS REPAROS QUE LA INTERVENCIÓN LOCAL HA FORMULADO DEL EJERCICIO 2016

I. INTRODUCCIÓN

1. PRESENTACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 82 del Estatuto de autonomía de las Illes Balears y los artículos 1 y 2.1.b de la Ley 4/2004, de 2 de abril, de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears (LSCIB), corresponde a este organismo la fiscalización externa de la actividad económica, financiera y contable de las entidades locales de las Illes Balears sin perjuicio de las competencias que, en relación con todo el territorio del Estado, corresponden al Tribunal de Cuentas.

De acuerdo con el artículo 6 de la mencionada Ley, la Sindicatura de Cuentas ha de coordinar su actividad con la del Tribunal de Cuentas. Así, esta fiscalización se ha realizado coordinadamente con el Tribunal de Cuentas y el resto de órganos de control externo autonómicos.

El artículo 12 de la mencionada Ley 4/2004 especifica que el resultado de la fiscalización se expondrá mediante informes o memorias, que se elevarán al Parlamento y publicarán en el Boletín Oficial de las Illes Balears, y hace referencia a su contenido fundamental.

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, modificó, entre otros, el artículo 218 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (TRLRHL) y estableció la obligación para los órganos de Intervención de las entidades locales de remitir al Tribunal de Cuentas los acuerdos y las resoluciones contrarios a los reparos formulados por los interventores locales, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Con esta finalidad, y de acuerdo con las competencias reconocidas en la Ley 4/2004, la SCIB emite el Informe sobre los acuerdos y las resoluciones contrarios a los reparos que ha formulado la Intervención local del ejercicio 2016, de acuerdo con las directrices técnicas que para este Informe aprobó el Consejo de la SCIB el 28 de febrero de 2018.

De acuerdo con el artículo 27 del Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas, se trata de un informe de carácter específico, sobre el ejercicio del control interno que han realizado los órganos de la Intervención de las entidades locales durante el ejercicio 2016 (artículo 27.3 del Reglamento de régimen interior de la Sindicatura de Cuentas de las Illes Balears). En concreto, es una revisión limitada de los sistemas de control interno implantados y del resultado de su ejercicio en la modalidad de función interventora a partir del análisis de los acuerdos contrarios a reparos, de los expedientes acordados con omisión de fiscalización previa y de las anomalías en materia de ingresos que los órganos de la Intervención de las entidades locales han tenido que remitir en cumplimiento del artículo 218.3 del TRLRHL y de la Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la remisión telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

La iniciativa de la fiscalización corresponde a la propia Sindicatura de Cuentas, según lo establecido en los artículos 10 y 16 de la LSCIB, y ha sido incluida en el Programa de actuaciones para el año 2018, aprobado el 20 de diciembre de 2017.

Un control interno efectivo es clave para que una entidad pueda alcanzar sus objetivos y lo haga de forma eficiente, eficaz y económica, cumpliendo la legalidad vigente.

Los trabajos de fiscalización se han llevado a cabo en las dependencias de la Sindicatura de Cuentas y la fecha de finalización de los trabajos de campo ha sido el mes de octubre de 2018.

2. OBJETIVOS

Los objetivos generales de la fiscalización son los siguientes:

• Verificar el cumplimiento de la obligación de remitir la información sobre los acuerdos contrarios a los reparos formulados por la Intervención local, los expedientes con omisión de fiscalización previa y las principales anomalías de ingresos de las entidades locales del ámbito territorial respectivo.

• Determinar las situaciones y las causas concretas que dieron lugar a los acuerdos contrarios a los reparos que ha formulado la Intervención local, a expedientes con omisión de fiscalización previa y a las principales anomalías de ingresos.

• Con respecto a las entidades locales de la muestra y como resultado de la revisión de la información remitida por los órganos interventores, identificar las áreas de mayor riesgo en la gestión.

• Exponer y analizar los ámbitos en los que sea más significativa la falta de homogeneidad en los criterios y los procedimientos aplicados por los órganos interventores en el ejercicio de su función y en la remisión de información al Tribunal de Cuentas.

3. NORMAS DE AUDITORÍA APLICADAS

La fiscalización se ha llevado a cabo de conformidad con las Normas internacionales de auditoría del sector público «ISSAI-ES 100 Principios fundamentales de la fiscalización del sector público, ISSAI-ES 400 Principios fundamentales de la fiscalización de cumplimiento» y «ISSAI-ES 4000 Norma para las auditorías de cumplimiento», asumidas por la Sindicatura mediante el Acuerdo del Consejo de 11 de julio y el de 18 de diciembre de 2014.

Por otra parte, los criterios y las técnicas que se han aplicado a la fiscalización son los generalmente aceptados en la realización de trabajos de auditoría de entidades públicas, y especialmente los principios y las normas de auditoría elaborados por la Intervención General del Estado, la Comisión de Coordinación de los Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español, y también, supletoriamente, las Normas técnicas de auditoría del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Finalmente, se ha tenido en cuenta la guía práctica de fiscalización de los órganos de control externo «GPF-OCEX 4001: Las fiscalizaciones de cumplimiento de legalidad y modelos de informes».

4. ÁMBITO SUBJETIVO

El ámbito subjetivo de la fiscalización está constituido por las entidades locales de las Illes Balears sometidas a control interno bajo la modalidad de fiscalización previa de acuerdo con el art. 218.3 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, es decir, consejos insulares, ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores.

A continuación, se muestra un cuadro resumen con el ámbito subjetivo del Informe:

ÁMBITO SUBJETIVO DEL INFORME
Entidades	Mallorca	Menorca	Ibiza	Formentera	Illes Balears
Consejos insulares	1	1	1	1	4
Ayuntamientos	53	8	5		66
Entidad local menor	1				1
Mancomunidades	4		1		5
TOTAL	59	9	7	1	76

El Consejo Insular de Formentera, constituido en el 2007, tiene una dualidad competencial, dado que también es el ayuntamiento del municipio, sin embargo en este Informe aparece únicamente como consejo insular y no se incluye como ayuntamiento. Por ello, en el ámbito subjetivo del Informe hay 66 ayuntamientos, aunque en las Illes Balears haya 67 municipios.

La Mancomunidad de la Zona Nord de Mallorca, que estaba inactiva, se disolvió durante el ejercicio 2016, por este motivo no se ha incluido en el ámbito subjetivo de este Informe. Sin embargo, esta Mancomunidad envió un certificado negativo de acuerdos contrarios a reparos formulados, de expedientes con omisión de fiscalización previa y de anomalías en materia de ingresos.

En el anexo I consta el detalle de las entidades locales del ámbito subjetivo del Informe.

En cuanto a la parte específica de la fiscalización, la muestra de entidades locales está formada, de acuerdo con los criterios establecidos por el Tribunal de Cuentas, por los consejos insulares y los ayuntamientos de municipios con población superior a 25.000 habitantes.

Así, las entidades locales que integran la muestra respecto de la parte específica de la fiscalización son 15: los cuatro consejos insulares y los once municipios que, a 1 de enero de 2016, ámbito temporal de la fiscalización, tenían una población superior a 25.000 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La población de estos once municipios más la del Consejo Insular de Formentera, que también es el ayuntamiento del municipio, representan el 70,0% del total de la población de las Illes Balears a 31 de diciembre de 2016.

Los doce municipios mencionados son los siguientes:

RECIBE 2016. ÁMBITO SUBJETIVO. MUNICIPIOS DE MÁS DE 25.000 HABITANTES Y FORMENTERA
Municipio	Población	% / Total
Palma	402.949	36,4%
Calvià	49.580	4,5%
Eivissa	49.549	4,5%
Manacor	40.279	3,6%
Santa Eulària des Riu	36.119	3,3%
Marratxí	36.001	3,3%
Llucmajor	35.057	3,2%
Inca	30.944	2,8%
Ciutadella de Menorca	28.641	2,6%
Mahón	28.099	2,5%
Sant Josep de sa Talaia	25.849	2,3%
Consejo Insular de Formentera	12.124	1,1%
Población de los municipios de la muestra	775.191	70,0%
TOTAL DE POBLACIÓN DE LAS ILLES BALEARS	1.107.220

5. ÁMBITO OBJETIVO

El ámbito objetivo general está constituido por los sistemas de control implantados por las entidades locales y, en particular, por los tres aspectos de la función interventora siguientes: acuerdos contrarios a reparos, expedientes acordados con omisión de fiscalización previa y anomalías en materia de ingresos. Estos tres aspectos son aquellos sobre los que los órganos interventores de las entidades locales han de enviar la información, en cumplimiento del art. 218.3 del TRLRHL y de la Resolución de 10 de julio de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 30 de junio de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la remisión telemática de información sobre acuerdos y resoluciones de las entidades locales contrarios a reparos formulados por interventores locales y anomalías detectadas en materia de ingresos, así como sobre acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

No es objetivo de este informe analizar las discrepancias entre la información que han remitido los órganos interventores de las entidades locales, que consta en la Plataforma de rendición de cuentas y en el cuestionario enviado, y la información obtenida como consecuencia de otros trabajos de fiscalización realizados sobre las mismas entidades locales del ámbito subjetivo.

En cuanto la parte específica de la fiscalización, el ámbito objetivo son los acuerdos contrarios a reparos y los expedientes con omisión de fiscalización previa por un importe superior a 50.000,00 euros, y las principales anomalías en materia de ingresos.

6. ÁMBITO TEMPORAL

El ámbito temporal de la fiscalización se extiende a la información correspondiente al ejercicio 2016, que consta en la Plataforma de rendición de cuentas a 31 de diciembre de 2017, sin perjuicio de análisis y comprobaciones relativas a ejercicios anteriores o posteriores que se consideren necesarios.

7. ALCANCE DEL TRABAJO Y LIMITACIONES

El Informe se ha elaborado con los datos que han remitido las entidades locales mediante la Plataforma de rendición telemática de cuentas, desarrollada en el marco del convenio suscrito entre el Tribunal de Cuentas y varios órganos de control externo de ámbito autonómico.

Las principales limitaciones al trabajo realizado son las siguientes:

• La falta de remisión de la información por parte de los órganos interventores de algunas entidades locales o su remisión incompleta, dado que no todos los órganos interventores han cumplido la obligación de enviar la información sobre los acuerdos contrarios a reparos antes de la fecha límite prevista para elaborar este Informe, 31 de diciembre de 2017 (consejos insulares de Ibiza, Mallorca y Menorca; ayuntamientos de Binissalem, Estellencs, Mancor de la Vall y Sineu, y mancomunidades de Es Raiguer y de Tramuntana). En algunos casos, no se han presentado todos los ficheros exigidos, lo que ha dado lugar a la reclamación correspondiente por parte de la Sindicatura.

• La falta de remisión del cuestionario sobre la función interventora debidamente rellenado de quince entidades locales (consejos insulares de Ibiza, Formentera y Menorca; ayuntamientos de Banyalbufar, Binissalem, Escorca, Esporles, Maria de la Salut, Es Migjorn Gran, Pollença, Puigpunyent, Santa Eugènia, y las mancomunidades de Es Raiguer, Servicios Públicos Insulares de Ibiza y Tramuntana), que representan el 19,7% del total de entidades del ámbito subjetivo del Informe.

• La clasificación, en algunos casos, errónea en la Plataforma de rendición telemática de cuentas de la información relativa a los expedientes con omisión de fiscalización previa como acuerdos contrarios a reparos, y la incoherencia entre afirmaciones hechas en el cuestionario y en los formularios de la Plataforma.

​​​​​​​8. METODOLOGÍA

Los procedimientos que se han aplicado, para la consecución de los objetivos de la fiscalización y en relación con cada una de las áreas principales sobre las que se han realizado las actuaciones, son los siguientes:

1. En relación con el primer objetivo, se han realizado las siguientes actuaciones:

• Un análisis en términos absolutos y relativos sobre el cumplimiento de la remisión de la información por islas, por tipo de entidad y por población en el caso de los ayuntamientos.

• Un examen de la evolución temporal del grado de cumplimiento entre 2015 y 2016.

2. En relación con el segundo objetivo, se han realizado las siguientes actuaciones:

Sobre los acuerdos contrarios a reparos formulados por el órgano interventor y expedientes con omisión de fiscalización previa, se ha analizado lo siguiente:

• Una visión general del conjunto de la información recibida: se han analizado el número y el importe de los acuerdos (por tipo de entidad, por islas, por tamaño de las entidades y por tipo de órganos, entre otros); las deficiencias y las irregularidades según la modalidad de gasto y del tipo de gasto, así como la motivación de los reparos de los órganos interventores.

• Una visión específica de la información recibida en relación con las entidades de la muestra. Se han examinado los informes de fiscalización previa, los acuerdos de los órganos de gobierno las entidades locales y, cuando ha sido pertinente, las memorias justificativas de los órganos gestores de las entidades que forman parte de la muestra específica, de los cuales han resultado los tipos de trámites o procedimientos que han dado lugar a la interposición de reparos.

• Una visión específica de la información recibida de los órganos interventores de las entidades locales de la muestra con respecto a los expedientes con omisión de fiscalización previa.

Sobre las principales anomalías de ingresos, se ha llevado a cabo el siguiente análisis:

• Cuantitativo por tipo de ingresos, clasificación económica y fase de la ejecución del presupuesto de ingresos.

• Cualitativo de las propuestas de enmienda y/o mejora de los órganos interventores, en función de la tipología de las incidencias.

3. En relación con el tercer objetivo, se han realizado las siguientes actuaciones:

• Del análisis de los resultados de los trabajos en cumplimiento de los objetivos 2 y 4, se han identificado las principales áreas de riesgo, se han determinado los tipos de negocios y operaciones en los que tienden a producirse acuerdos contrarios a reparos y tramitación de expedientes con omisión de fiscalización previa, las causas y las circunstancias que dan lugar a su existencia, así como las irregularidades advertidas con más frecuencia.

4. En relación con el cuarto objetivo, se han realizado las siguientes actuaciones:

• Un examen de estos aspectos:

  • Entorno de control: forma de ocupación del puesto de trabajo de interventor de la entidad local, cuantificación de los recursos dirigidos a los órganos interventores, existencia y características del alcance de la fiscalización limitada previa, del control financiero y de eficacia, y del nivel de procedimentación establecido en las entidades locales.

  • Actividades de control: características de las actuaciones de control financiero realizadas, existencia de informes desfavorables del órgano interventor en materia de gestión presupuestaria (aprobación del presupuesto general y su liquidación, así como en sus modificaciones) y de estabilidad presupuestaria.

• Se ha analizado el alcance del control interno llevado a cabo en las entidades locales de la muestra (el régimen de control interno, el alcance de la fiscalización limitada previa o de los requisitos básicos y la dotación de su personal, entre otras posibles causas de la inexistencia de acuerdos contrarios a reparos) y de la eventual heterogeneidad en los aspectos objeto de comprobación.

• Se han identificado los posibles casos de heterogeneidad en las entidades de la muestra en relación con la tramitación de los acuerdos contrarios al informe del órgano interventor o de los expedientes tramitados con omisión de fiscalización previa, tanto con respecto a la actuación y los criterios de los órganos interventores como de los órganos que adoptan los acuerdos.

9. TRÁMITE DE ALEGACIONES

De acuerdo con el artículo 30.c del Reglamento de la Sindicatura, una vez aprobado provisionalmente el Informe, se remitió a las entidades locales del ámbito subjetivo, para que pudieran formular las alegaciones y presentar los documentos que consideraran adecuados.

Sólo ha presentado alegaciones el Ayuntamiento de Palma y constan como anexo de este Informe.

Las alegaciones han sido analizadas y evaluadas, y se ha suprimido o modificado el texto del Informe cuando la Sindicatura ha aceptado su contenido. Cuando no se ha alterado el Informe ni se ha emitido opinión sobre el contenido de las alegaciones, es que estas o son explicaciones que confirman los hechos y las valoraciones expuestos, o no se han justificado de forma adecuada los criterios o las afirmaciones mantenidos en la alegación, o se trata de supuestos en que se manifiesta la voluntad de enmendar la deficiencia en el futuro.

II. CONCLUSIONES

Las principales conclusiones de este Informe son las siguientes:

Respecto al cumplimiento de la obligación de informar

1. Un 88,2% de los órganos interventores de las entidades locales del ámbito subjetivo del Informe cumplió, antes del 31 de diciembre de 2017, la obligación de remitir la información correspondiente al ejercicio 2016 establecida en el art. 218.3 del TRLRHL. No obstante, los órganos interventores que cumplieron en plazo esta obligación sólo son el 48,7%.

2. Los órganos interventores que, a 31 de diciembre de 2017, no habían remitido la información correspondiente al ejercicio 2016 establecida en el art. 218.3 del TRLRHL corresponden a las entidades locales siguientes: los consejos insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza; los ayuntamientos de Binissalem, Estellencs, Mancor de la Vall y Sineu, y las mancomunidades de Es Raiguer y Tramuntana.

3. De los órganos interventores de las entidades locales que remitieron la información del ejercicio 2016, un 53,7% presentó un certificado negativo de acuerdos contrarios a reparos, de expedientes con omisión de fiscalización previa y de anomalías en materia de ingresos, de los que destacan el consejo insular que ha remitido la información y cinco ayuntamientos de más de 25.000 habitantes.

Respecto al entorno de control

4. Los sistemas de control interno de las entidades presentan debilidades significativas y, así, con respecto a su entorno de control, según los cuestionarios remitidos, un 49,2% no dispone de una persona que ocupe el puesto de la Intervención que tenga habilitación de carácter nacional, y sólo dos entidades locales disponen de procedimientos para cuatro de las actuaciones de control importantes de la función interventora, como son: la fiscalización previa, la tramitación de los expedientes con reparos, la tramitación de expedientes con omisión de fiscalización previa y la tramitación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito.

5. El personal de las unidades de Intervención de las entidades locales del ámbito subjetivo del Informe tiene que controlar, por término medio, 9.027 miles de euros de presupuesto inicial en el ejercicio 2016. Esta ratio, que mide el nivel de recursos humanos destinados al control interno, varía significativamente entre las diferentes entidades locales, así en el Ayuntamiento de Palma esta ratio es de 93.297 miles de euros, más de diez veces superiores a la media.

6. A pesar de un mismo marco legal y un reparto competencial homogéneo, existe una dispersión significativa entre los complementos específicos retribuidos a los interventores de ayuntamientos, y así el importe más alto es cincuenta veces superior al importe más bajo. Tampoco existe una relación clara con el importe del presupuesto y, así, destacan el Ayuntamiento de Palma, que retribuye el quinto complemento específico por importe, y el Ayuntamiento Mahón, que retribuye el quinto más bajo, cuando su presupuesto es el sexto más alto por importe. Destaca, con diferencia, el Consejo Insular de Mallorca con los complementos específicos más altos.

7. El Consejo Insular de Formentera y la mayoría de ayuntamientos circunscriben el régimen de control interno al ejercicio de fiscalización previa, sin establecer un control posterior, excepto 14 ayuntamientos.

Respecto a la evaluación de riesgos

8. El 69,5% de las entidades no fija objetivos de control relativos a sus operaciones, a la información y al cumplimiento, ni tampoco realiza una evaluación de los riesgos asociados.

9. El 87,1% de las entidades señaló como mayor factor riesgo para las entidades locales los de cariz organizativo; en concreto, destacan la falta de personal, la inexistencia de procedimientos y la poca calificación del personal.

Respecto a las actividades de control

10. El Consejo Insular de Formentera y treinta y un ayuntamientos presentan, del ejercicio 2016, certificados negativos de la existencia de acuerdos contrarios a reparos, de expedientes con omisión de fiscalización previa y de anomalías de ingresos. Este hecho puede obedecer a una gestión económico-financiera y presupuestaria escrupulosamente legal de acuerdo con el criterio de la Intervención, a una gestión con reparos, pero que todos son enmendados por los órganos de gobierno de la entidad local, o a la falta de un sistema de control interno efectivo durante este ejercicio.

11. Los órganos de gobierno de los ayuntamientos son los que adoptan más resoluciones con el informe desfavorable del órgano interventor, y de estos destacan los ayuntamientos del tramo de población entre 5.000 y 20.000 habitantes. Los órganos de Intervención de las mancomunidades y de la entidad local menor no informan de ningún acuerdo y, en general, son los de los ayuntamientos de Mallorca los que más reparos presentan.

12. La mayoría de acuerdos adoptados en contra de un reparo del órgano interventor, durante el ejercicio 2016, son relativos a expedientes de contratación, tanto por número (71,0%) como por importe (71,1%), y su motivación es la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. El caso más repetido en la muestra analizada es la prestación de un servicio por parte de un tercero con un contrato finalizado o sujeto a prórrogas extraordinarias.

13. La omisión de fiscalización previa se produce únicamente en los ayuntamientos y, especialmente, en el Ayuntamiento de Palma y en los del tramo de población entre 5.000 y 20.000 habitantes. Las mancomunidades y la entidad local menor no informan de ningún caso de omisión de fiscalización previa.

14. La mayoría de expedientes con omisión de fiscalización previa corresponde a expedientes de contratación, 88,1% de los expedientes, aunque por importe destacan los correspondientes a gastos de personal, 72,3% del importe total, y entre sus motivos sobresale, por número, la ausencia de fiscalización. El caso más reiterado en la muestra analizada es el de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.

15. Los controles financieros permiten alcanzar objetivos operativos, informativos y de cumplimiento con respecto al control interno. Destaca que sólo el 4,5% de las entidades locales en el ejercicio 2016 afirma que ha realizado controles financieros, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 220 del TRLRHL. Un 14,1% de las entidades locales afirma en el cuestionario que no revisa nunca la nómina o, si lo hace, esta revisión es con una periodicidad superior al año.

16. Los controles de eficacia, con el fin de revisar el cumplimiento de los objetivos, el coste de funcionamiento y el rendimiento de servicios e inversiones, sólo los establece un 7,1% de las entidades locales del ámbito subjetivo del Informe.

Respecto a supervisión y seguimiento

17. La percepción de control de los órganos interventores sobre el presupuesto de un ejercicio es de un 81,9% por término medio y del 81,6% en un periodo de tres ejercicios consecutivos. No obstante, vistas las debilidades generalizadas de los sistemas de control interno de las entidades locales del ámbito subjetivo del Informe con respecto a su alcance, el nivel de procedimiento y la dotación de recursos humanos y materiales, se hace evidente que no existe una percepción clara de qué es el control interno y cuáles son sus objetivos.

III. RECOMENDACIONES

Respecto al sistema de control interno

1. Concebir el control interno como un proceso integral, sistemático y dinámico, en el que participan los órganos de gobierno, la dirección y el resto del personal de la entidad local, diseñado para proporcionar una seguridad razonable de la consecución de los objetivos, los cuales no sólo son de cumplimiento, sino también operativos o de ejecución y de información.

2. Diseñar e implantar sistemas de control interno de acuerdo con la definición del Committee of Sponsoring Organizations (COSO), que consten de los cinco componentes interrelacionados: entorno de control, evaluación de riesgos, actividad de control, información y comunicación, y supervisión y seguimiento.

3. Establecer el complemento específico del puesto de trabajo de interventor o de secretario-interventor de acuerdo con la responsabilidad y la dificultad técnica de la entidad local que tiene que controlar, según el importe del presupuesto y la complejidad organizativa y operativa.

Respecto al entorno de control

4. Establecer procedimientos documentados y normalizados para las tareas de la función interventora, del control financiero y del control de eficacia.

5. Incrementar los recursos humanos y materiales destinados a tareas de control interno, especialmente con respecto al Ayuntamiento de Palma.

Respecto a la evaluación de riesgos

6. Identificar, evaluar y documentar los riesgos que pongan en peligro la consecución de los objetivos de la entidad local, con el fin de diseñar un sistema de control efectivo que proporcione una seguridad razonable de la consecución de estos objetivos.

Respecto a las actividades de control

7. Implantar la fiscalización previa limitada, que se ha complementar con controles posteriores en los términos previstos en el artículo 219 del TRLRHL, vistos los recursos humanos limitados y el alcance de la función interventora.

8. Recurrir a los controles financieros y de eficacia y, si procede, incrementar su frecuencia y alcance, con el fin de poder alcanzar todos los objetivos de control interno, dado que la fiscalización previa no resulta suficiente.

Respecto a la información y la comunicación

9. Informar adecuadamente del resultado de las actuaciones de control realizadas, especialmente en los casos en que existe una omisión de fiscalización previa.

​​​​​​​Respecto a la supervisión y el seguimiento

10. Asegurar, con medios propios o externos, el control efectivo, como mínimo, del ochenta por ciento del presupuesto general consolidado del ejercicio, mediante la aplicación de las modalidades de función interventora y control financiero y, en el transcurso de tres ejercicios consecutivos y sobre la base de un análisis previo de riesgos, haber alcanzado el cien por cien de este presupuesto.