BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Antecedentes

1. El Ayuntamiento de Palma cedió a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears el edificio situado en la calle de la Rosa, 3, de Palma, por un periodo de 99 años, mediante un Convenio suscrito el 15 de mayo de 1995 y aprobado por Consejo de Gobierno de 4 de mayo de 1995.

2. La entidad Dignidad y Solidaridad consta inscrita en el Registro de Asociaciones de las Illes Balears mediante la Resolución del consejero de Presidencia de fecha 19 de noviembre de 2013.

3. Esta asociación tiene como objetivo, entre otros, la promoción y defensa de los derechos de las personas en situación de riesgo de exclusión social, su incorporación a la dinámica social y la creación de redes de solidaridad complementarias a las ya existentes.

4. El 27 de marzo de 2019, el Servicio de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas recibió un oficio de la secretaria general de la Consejería de Salud instando al director general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio de la prórroga, por un periodo de cuatro años, de la cesión de uso gratuita y temporal del despacho 208 del Casal Ernest Lluch, a la asociación Dignidad y Solidaridad (ADIS). Se adjuntó la siguiente documentación:

• Propuesta de inicio por parte de la consejera<A[consejera|consellera]> de Salud del expediente de prórroga.

• Informe favorable emitido por la secretaria general de la Consejería<A[Consejería|Conselleria]> de Salud.

• Instancia de la asociación Dignidad y Solidaridad (ADIS) en la cual solicita la prórroga del Convenio hasta el 26 de mayo de 2023.

• Certificado del secretario de la asociación Dignidad y Solidaridad (ADIS)

que acredita la presidencia.

• Certificado del secretario de la asociación Dignidad y Solidaridad (ADIS) que acredita que en la sesión de la Junta Directiva celebrada el 3 de marzo de 2019 fue aprobado solicitar la prórroga de la cesión de uso del espacio arriba mencionado.

• Relación de las actividades que la asociación Dignidad y Solidaridad (ADIS) tiene previstas para los años 2019-2023 en el Casal Ernest Lluch.

Fundamentos<A[Fundamentos|Cimientos]> de derecho

1. Los artículos 63, 64 y 87 g de la Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Boletín Oficial de las Illes Balears nº 49, de 24 de abril).

2. Los artículos 128, 129 y 130 del Decreto 127/2005, de 16 de diciembre, por<A[por|para]> el cual se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 6/2001, de 11 de abril, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Boletín Oficial de las Illes Balears nº 192, de 24 de diciembre).

3. El Decreto 9/2015, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por<A[por|para]> el cual se dispone el nombramiento de los miembros del Gobierno de las Illes Balears (BOIB nº 97, de 2 de julio).

4. El Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por<A[por|para]> el cual se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías<A[consejerías|conselleries]> de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB núm. 120, de 8 de agosto).

5. El Decreto 49/2016, de 22 de julio, por<A[por|para]> el cual se nombra director general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio de la Consejería<A[Consejería|Conselleria]> de Hacienda y Administraciones Públicas de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB nº 93, de 23 de julio).

Propuesta de resolución

Propongo a la consejera<A[consejera|consellera]> de Hacienda y Administraciones Públicas que dicte una Resolución en los términos siguientes:

1. Autorizar la prórroga de la cesión de uso gratuita y temporal del despacho nº 208, segunda planta, situado en la calle de la Rosa nº 3 de Palma, a la asociación Dignidad y Solidaridad (ADIS), hasta 26 de mayo de 2023.

2. Establecer, para la cesión, las condiciones siguientes:

a) Se mantienen, para la cesión, las mismas condiciones estipuladas en el Convenio de cesión.

b) La cesión gratuita de uso comporta la obligación del cesionario de devolver el objeto de la cesión de uso a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears cuando finalice el plazo establecido.

c) Si los bienes y los derechos cedidos no se destinan al uso que prevé el acto que autoriza la cesión o dejan de destinarse posteriormente a lo mismo, la cesión se considerará revocada y revertirá a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que tiene derecho a percibir del cesionario, habiendo hecho previamente la tasación pericial pertinente, el valor de los detrimentos o los deterioros que hayan experimentado.

3. Notificar la Resolución a la Consejería<A[Consejería|Conselleria]> de Salud.

4. Anotar la cesión de uso gratuita y temporal en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

5. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Interposición de recursos

Contra esta Resolución —que agota la vía administrativa— se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante<A[ante|delante de]> la consejera<A[consejera|consellera]> de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de haberse notificado y publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

También se puede interponer directamente un recurso contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de haberse notificado y publicado la Resolución, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

 

Palma, 1 de abril de 2019

El director general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio

José Luis Gil Martín

Conforme con la propuesta.

Dicto resolución.

La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas      

Catalina Cladera i Crespí