BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Las explotaciones que se dedican a la producción vegetal tienen una gran dificultad en la lucha contra los agentes nocivos en sus explotaciones. Esta dificultad se ha acentuado en los últimos años con la detección de nuevas plagas y enfermedades, junto con métodos de lucha innovadores, lo que hace necesarias una mayor cualificación, una especialización y una formación constante del personal que se dedica a esta tarea, que los agricultores no pueden asumir si no es con el asesoramiento externo de técnicos cualificados.

Para superar estos obstáculos, los agricultores se han asociado en agrupaciones de defensa vegetal (ADV). El Decreto 52/2013, de 29 de noviembre, regula las agrupaciones de defensa vegetal en el ámbito de las Islas Baleares y crea el Registro Oficial de Agrupaciones de Defensa Vegetal de las Islas Baleares (BOIB nº 166, de 30.11.2013). Con esta inscripción se asegura que el técnico de la ADV tenga la titulación, la experiencia y la fiabilidad adecuadas en materia de asesoramiento.

El 17 de marzo de 2005 se publicó, en el Boletín Oficial de las Islas Baleares nº 43, la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca, de 10 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a los sectores agrario y pesquero. El artículo 1.2 de esta Orden señala que serán objeto de ayuda, entre otras, todas aquellas actividades de utilidad pública, de interés social o para la consecución de una finalidad pública relacionadas con los sectores agrario y pesquero que se establezcan en las convocatorias correspondientes.

De acuerdo con el marco jurídico actual, se ha optado por someter estas ayudas al artículo 22.3.e), relativo a las ayudas por servicios de asesoramiento, del Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas ayudas en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De acuerdo con el artículo 9 del mencionado Reglamento, esta convocatoria se ha comunicado a la Comisión Europea, identificada con el número SA. 52227 (2018/XA).

La ADV es la figura adoptada en España a través de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal para que la lucha contra las plagas pueda hacerse de manera eficiente y, sobre todo, respetuosa con la salud de las personas y de los animales y sea compatible con el desarrollo de una agricultura sostenible respetuosa con el medio ambiente, para cumplir así con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009.

Por otra parte, el Decreto 64/2005, de 10 de junio, de Creación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) establece en su artículo 2a) que el FOGAIBA tiene por objeto ejecutar la política de la consejería competente en materia de agricultura y pesca relativa a la aplicación de las medidas de fomento y mejora de los sectores agrario y pesquero, incluidas las derivadas de la Política Agrícola Común y de los fondos procedentes del Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), de las medidas de desarrollo rural y de otros regímenes de ayudas previstos por la normativa de la Unión Europea.

De acuerdo con lo establecido en la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca de 23 de diciembre de 2005, el FOGAIBA asume desde el 1 de enero de 2006, con carácter pleno, la ejecución de la política de la Consejería de Agricultura y Pesca relativa a la aplicación de las medidas de fomento y mejora de los sectores agrario y pesquero.

Mediante el Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Islas Baleares, se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la comunidad autónoma de las Islas Baleares. Concretamente, en el anexo 1 se acuerda la adscripción del FOGAIBA a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.

De acuerdo con lo que disponen el artículo 15 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones y el artículo 3 de la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca, de 10 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a los sectores agrario y pesquero, corresponde aprobar la convocatoria de estas ayudas mediante una resolución.

Por todo esto, en virtud de lo establecido en el artículo 6.1 g) del Decreto 64/2005, de 10 de junio, de Creación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA), y a propuesta del director gerente del FOGAIBA, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero

Objeto de las ayudas

1. Se aprueba la convocatoria de ayudas, para el año 2019, destinadas a las agrupaciones de defensa vegetal con el fin de asesorar en defensa vegetal y colaborar con la Administración en la lucha colectiva contra los agentes nocivos de los vegetales, de acuerdo con lo establecido en la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca, de 10 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a los sectores agrario y pesquero, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares nº 43, de 17 de marzo de 2005.

2. Las ayudas se concederán de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea de 1 de julio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.

3. El ámbito territorial de aplicación de estas ayudas es la isla de Mallorca.

Segundo

Importe máximo de la convocatoria y financiación

A esta convocatoria se destina un importe de doscientos cincuenta mil euros (250.000,00 €), con la posibilidad de ampliar la dotación de la partida presupuestaria y de acuerdo con la siguiente distribución anual:

Año 2019: 125.000,00€

Año 2020: 125.000,00€

Dicha cantidad será financiada por la comunidad autónoma de las Islas Baleares (CAIB).

Tercero

Beneficiarios

1. Pueden solicitar y, por tanto, ser beneficiarias directas de estas ayudas las agrupaciones de defensa vegetal que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar constituidas de acuerdo con el Decreto 52/2013, de 29 de noviembre, por el que se regulan las agrupaciones de defensa vegetal en el ámbito de las Islas Baleares y se crea el Registro Oficial de Agrupaciones de Defensa Vegetal de las Islas Baleares (BOIB nº 166, de 30.11.2013), estar inscritas en el Registro de ADV con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes y disponer, antes de la emisión del informe de la unidad gestora previsto en el punto 2 del apartado octavo, de un plan de actuaciones que defina las líneas de trabajo de la ADV, aprobado por el Servicio de Agricultura de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

b) Prestar asesoramiento, en relación con esta ayuda, a productores agrarios activos que cumplan los requisitos para ser considerados como pymes dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas, según la definición que establece el anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014. Este requisito, de PYME dedicada a la producción primaria de productos agrícolas, debe acreditarse antes de la propuesta de resolución, mediante declaración responsable de los productores asesorados cumplimentada de acuerdo con el modelo del anexo IV que figura en la página web del FOGAIBA.

En todo caso, tendrán la consideración de beneficiarios finales de estas ayudas los productores que se indican en el punto 1 b) de este apartado que soliciten la prestación del servicio de asesoramiento a la ADV y las ADV tendrán la condición de prestatarios de los servicios subvencionados.

Para poder acceder a este asesoramiento subvencionado no es necesario que el solicitante esté asociado a la ADV a la que solicita los servicios.

En todo caso, no podrán ser beneficiarios de estas ayudas, ni directos ni finales, los que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente después de una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior y los que sean empresas en crisis.

2. Además de los requisitos establecidos en los apartados anteriores, también deberán cumplir los requisitos previstos en el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones.

3. No podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en esta Resolución las personas, las entidades ni las asociaciones que concurran en algunas de las prohibiciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 10 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones. La justificación de no estar sometidos a las prohibiciones mencionadas se hará tal y como establece el apartado 6 del artículo 10 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre.

4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1 e) del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, se considerará que los beneficiarios se encuentran al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social cuando se verifique lo que disponen el artículo 38 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, que desarrolla determinados aspectos de la Ley de Finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, y los artículos 18 y 19 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La circunstancia de estar al corriente de las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas y con la Seguridad Social deberá quedar acreditada antes de que se dicte la propuesta de resolución de concesión. La comprobación del cumplimiento del requisito mencionado la realizarán el FOGAIBA y/o la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, dado que la presentación de la solicitud supone la autorización para su comprobación, excepto manifestación expresa en contra. Cuando el solicitante de la ayuda no esté obligado a presentar las declaraciones o los documentos a que se refieren las obligaciones anteriores, se acreditará su cumplimiento mediante declaración responsable.

5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres, tampoco podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en esta Resolución las empresas y las entidades solicitantes sancionadas o condenadas en los últimos tres años, por resolución administrativa o sentencia judicial firmes por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género.

Cuarto

Actuaciones subvencionables

1. La actuación subvencionable es la prestación del servicio de asesoramiento, que realiza la ADV a los beneficiarios finales de las ayudas, en cuanto a las actuaciones que se detallan a continuación:

a) Asesorar a los agricultores en la lucha contra los agentes nocivos que afectan a los cultivos y las superficies de labranza de la ADV.

b) Realizar el seguimiento de las plagas, las enfermedades y las malas hierbas que el Servicio de Agricultura considere necesario para dar el servicio adecuado a los agricultores.

c) Facilitar periódicamente la información obtenida de acuerdo con los planes de actuación presentados al Servicio de Agricultura.

d) Transmitir a todo el territorio los avisos fitosanitarios que dé el Servicio de Agricultura.

e) Participar en las actividades y las reuniones de coordinación convocadas por el Servicio de Agricultura.

f) Desarrollar, en colaboración con el Servicio de Agricultura y con otras ADV, los ensayos, los experimentos y las actuaciones de seguimiento en común de plagas, enfermedades y malas hierbas para mejorar los procesos de obtención de información sobre el seguimiento de daños y plagas, así como sobre la detección y la identificación de patógenos, y para implementar nuevas técnicas de lucha necesarias para la prevención, el control o la erradicación.

2. Las actuaciones subvencionables deben realizarse y pagarse en el período comprendido entre la presentación de la solicitud de ayuda y el 31 de diciembre de 2019.

3. Son gastos subvencionables:

-Gastos de los honorarios de la persona técnica contratada por la ADV: nóminas, IRPF, Seguridad Social, facturas de prestación del servicio, kilometraje.

-Otros gastos subvencionables: material necesario para ensayos, experimentos, y actuaciones de seguimiento y los gastos derivados de la formación de la persona técnica contratada.

Quinto

Cuantía de las ayudas

1. El importe de la ayuda no puede superar la cantidad correspondiente al 60% de los honorarios de la persona técnica contratada dedicada a las actuaciones indicadas en el apartado anterior ni del 75% de los gastos diferentes a honorarios, con los límites siguientes:

a) Una base de 9.000,00 euros por persona técnica contratada para las ADV.

b) Un complemento de 3.000,00 euros por persona técnica contratada para las ADV que colaboren en la gestión de redes de vigilancia de organismos nocivos de cuarentena y actuaciones de seguimiento de plagas y enfermedades.

c) Un complemento de 2.000,00 euros por persona técnica contratada para las ADV que colaboren en el desarrollo de ensayos y experimentos, que deberán tener la aprobación del Servicio de Agricultura.

d) Un complemento de 2.000,00 euros por material necesario para ensayos, experimentos y actuaciones de seguimiento.

e) Un complemento de 1.000,00 euros para la formación continuada de la persona técnica contratada para las ADV. Para que pueda ser subvencionable, la formación continuada del personal deberá tener el visto bueno del Servicio de Agricultura.

2. En el caso de que los técnicos contratados no estén a jornada completa, la ayuda correspondiente se calculará proporcionalmente. Los límites porcentuales fijados en el punto 1 anterior podrán modificarse cuando las ADV trabajen en al menos el 50% de su superficie en producción ecológica. En tales casos, podrá llegarse hasta el 75% de los honorarios.

3. La necesidad de contratar a más de un técnico debe estar justificada por la ADV y se exigirá un informe favorable del Servicio de Agricultura de la Dirección General de Agricultura y Ganadería.

4. En todo caso, el importe máximo de ayuda se limitará a 1.500,00 € por beneficiario final asesorado y de 30.000,00€ por ADV.

5. Cualquier contribución de los no afiliados a los costes administrativos de estas agrupaciones u organizaciones debe limitarse al coste de la prestación del servicio de asesoramiento.

Sexto

Solicitudes

1. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta resolución en el BOIB hasta el 28 de febrero de 2019.  

2. Las personas interesadas que cumplan los requisitos previstos en esta convocatoria deben presentar las solicitudes de ayuda, de acuerdo con el modelo del anexo I que figura en la página web del FOGAIBA, dirigidas al Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares. Las solicitudes deben presentarse, correctamente cumplimentadas, en el registro de entrada del FOGAIBA, en el registro de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del artículo 37 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

Será necesario aportar todos y cada uno de los datos que se indican en el anexo mencionado, así como asumir los compromisos, otorgar las autorizaciones y hacer las declaraciones que contiene este anexo I.

Estas solicitudes deben adjuntar la siguiente documentación:

a) Fotocopia compulsada del NIF de la entidad.

b) Acreditación de la representación con la que se firma la solicitud.

c) Declaración responsable de los productores agrarios asesorados, de acuerdo con el modelo del anexo IV que figura en la página web del FOGAIBA.

3. En caso de que el interesado no autorice expresamente al FOGAIBA y/o a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca para la comprobación de la inscripción en el Registro de ADV y para la obtención del DNI del representante o de los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas y con la Seguridad Social, deberá aportar los correspondientes documentos acreditativos. En caso de que no esté obligado a presentar las declaraciones a que se refieren las obligaciones tributarias o con la Seguridad Social anteriores, deberá presentar declaración responsable de su cumplimiento.

4. Si la solicitud de ayuda o cualquiera de los documentos que sean necesarios no reúne los requisitos mencionados, deberá requerirse al interesado que, en un plazo de diez días, repare la falta o adjunte los documentos preceptivos, indicando que, de no hacerlo, se considerará que desiste de su petición mediante la resolución previa que debe dictarse en los términos que prevé el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

5. En caso de que, con motivo de la tramitación de otros expedientes en el FOGAIBA o en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, ya se haya presentado algunos de estos documentos, no será necesario aportarlo de nuevo y bastará con que se mencione el expediente en que consta. No obstante, la acreditación de facultades debe ser vigente en la fecha en la que se presenta la solicitud.

6. Además de la documentación que debe aportar la persona solicitante, el órgano instructor, para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos, debe solicitar al Servicio de Agricultura de la Dirección General de Agricultura y Ganadería un certificado que debe incluir, como mínimo, los siguientes aspectos:

- Aprobación del plan.

- Nombre y NIF de la ADV.

- Si la ADV está inscrita en el registro oficial.

- Técnico contratado por la ADV que dirigirá el programa de lucha contra los agentes nocivos de los vegetales.

- Si la ADV debe contratar a más de un técnico, el certificado deberá informar favorablemente de ello.

Esta comprobación la realizará de oficio el FOGAIBA, puesto que la presentación de la solicitud de ayuda supone su autorización ante la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, sin perjuicio de que la persona solicitante pueda denegar expresamente este consentimiento y presentar los certificados correspondientes.

7. La presentación de la solicitud supone la aceptación, por parte de la persona interesada, de lo que contiene esta convocatoria, de las bases reguladoras establecidas en la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca, de 10 de marzo de 2005, mencionada y del resto de normativa de aplicación.

Séptimo

Selección de beneficiarios y criterios objetivos y de preferencia

1. La selección de los beneficiarios de las ayudas se hará mediante el procedimiento de concurrencia no competitiva. En consecuencia, las subvenciones se concederán en condiciones de igualdad a todas las solicitudes que cumplan los requisitos que se exigen en esta Resolución y que aporten la documentación correspondiente.

2. En el supuesto de que el conjunto de solicitudes con derecho a ayuda supere el importe que se destina a esta convocatoria, se reducirán los importes de las ayudas previstas en el porcentaje unitario resultante del ajuste presupuestario.

Octavo

Instrucción del procedimiento

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas es el Área de Gestión de Ayudas del FOGAIBA. Este órgano llevará a cabo, de oficio, las actuaciones necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los que debe dictarse la resolución.

2. La resolución de los expedientes será dictada por el vicepresidente del FOGAIBA, a propuesta del jefe del Servicio de Ayudas OCM, del Estado y de Pesca, sobre la base del informe previo de la unidad gestora de este Servicio, en el que se acreditarán, en caso de que sea favorable, la legalidad de la ayuda y su importe. Este órgano llevará a cabo, de oficio, las actuaciones necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de datos en virtud de los cuales debe dictarse la resolución.

3. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa es de seis meses, contados a partir del final del plazo de presentación de solicitudes, y debe notificarse individualmente a las personas interesadas. Si transcurre este plazo sin que se haya notificado ninguna resolución expresa, debe entenderse desestimada la solicitud.

4. De conformidad con lo que establecen el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y los artículos 17 y siguientes del Decreto 113/2010, de 5 de noviembre, de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, los interesados podrán solicitar que la práctica de las notificaciones en este procedimiento se realice por medios electrónicos, de la manera prevista en la Resolución del vicepresidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA), de 16 de marzo de 2012, por la que se determinan los trámites que pueden llevarse a cabo de forma electrónica en el ámbito de actuación del FOGAIBA (BOIB nº 41, de 20 de marzo de 2012).

5. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de alzada ante el consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la notificación de la resolución, de acuerdo con lo que establecen el artículo 58.4 de la Ley 3/2006, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Noveno

Obligaciones de los beneficiarios

1. Son obligaciones de los beneficiarios las que establecen el artículo 11 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones y el artículo 15 de la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca, de 10 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a los sectores agrario y pesquero.

2. Además de las obligaciones señaladas en el punto 1 anterior, el beneficiario está obligado a desarrollar el plan y el presupuesto aprobado.

La no realización total o parcial de las acciones previstas en el plan aprobado o de las actuaciones no justificadas, en el plazo y en los términos establecidos, sin suficiente motivación valorada por el Servicio de Agricultura de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, que debe emitir el certificado de cumplimiento correspondiente, dará lugar a las reducciones contempladas, según el grado de cumplimiento, en el artículo 18 de la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca, de 10 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en los sectores agrario y pesquero.

3. La ADV, como prestadora del servicio de asesoramiento, respetará las obligaciones de confidencialidad a que hace referencia el apartado 2 del artículo 13 del Reglamento (UE) 1306/2013 sobre la financiación, la gestión y el seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo.

4. El régimen jurídico aplicable en caso de incumplimiento de estas obligaciones es el previsto en el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones y comprende desde el reintegro de la ayuda y el pago del interés de demora hasta la imposición de las correspondientes sanciones.

Décimo

Justificación y pago de las ayudas

1. El plazo para justificar la ejecución de la actuación y los gastos objeto de la subvención termina el 31 de marzo de 2020 y son elegibles los gastos realizados y pagados efectivamente entre la solicitud de la ayuda y el 31 de diciembre de 2019. No obstante, se aceptará el pago de los gastos correspondientes a los salarios y a la Seguridad Social del mes de diciembre y a las retenciones del IRPF del cuarto trimestre del año 2019, hasta el día de la solicitud de pago.

2. En cuanto a la forma de justificación del gasto realizado y de los justificantes del gasto, será de aplicación lo que disponen el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los capítulos II y III del título II del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. Durante el plazo de justificación establecido, los beneficiarios deberán presentar la solicitud de pago, que debe incluir la cuenta justificativa correspondiente, que debe ajustarse al modelo del anexo II, que figura en la página web del FOGAIBA, dirigida al FOGAIBA. Será necesario suministrar todos y cada uno de los datos que se indican en el anexo mencionado, así como asumir los compromisos, otorgar las autorizaciones y realizar las declaraciones contenidas en este anexo.

Estas solicitudes deben adjuntar la siguiente documentación:

a) Memoria, firmada por el técnico responsable, de las actuaciones realizadas durante el período elegible, en la que conste la información obtenida, estructurada en los mismos apartados y detalles que el plan de actuación aprobado. Si se han hecho ensayos, experimentos o actuaciones en común, una memoria de las actuaciones realizadas y de los resultados alcanzados durante el año de la convocatoria.

b) Relación de los justificantes imputados, de acuerdo con el modelo del anexo III que figura en la página web del FOGAIBA.

c) Documentación justificativa de los gastos realizados. La justificación del gasto se entenderá efectuada mediante la presentación de:

c.1 Facturas pagadas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa que reúnan los requisitos y las formalidades previstos en el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, (BOE nº 289, de 1 de diciembre de 2012) y justificantes de pago.

c.2 Nóminas de los trabajadores con contratación laboral como personal técnico, pagadas.

c.3 Justificantes del pago de la Seguridad Social correspondiente al técnico contratado.

c.4 Justificantes de pago. Se considerarán como justificantes de pago los siguientes documentos:

1.º Extracto bancario en el que quede identificado el pago realizado mediante la indicación del importe y la identificación del pagador y del destinatario.

2.º Factura que incorpore la acreditación del cobro por parte de su emisor o de la persona responsable de la empresa con capacidad de cobro. Con este fin, en la factura deberán consignarse los siguientes datos: la fecha de cobro; la identificación con indicación del nombre, el NIF y la firma del declarante del cobro de la factura, y el sello de la empresa. Este último será facultativo si el emisor es una persona física.

3.º Comprobante de transferencia bancaria en el que quede identificado el pago realizado mediante la indicación del importe y la identificación del pagador y del destinatario.

4.º Cualquier otro documento de valor probatorio equivalente, válido en derecho, mediante el cual se acredite la realización efectiva del pago.

No se admitirán pagos en efectivo superiores a 2.500,00 euros en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de Modificación de la Normativa Tributaria y Presupuestaria y de Adecuación a la Normativa Financiera para la Intensificación de las Actuaciones y la Lucha contra el Fraude.

Esta documentación permanecerá a disposición de la Agencia Tributaria y de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para la realización de cualquier control que se considere oportuno efectuar.

d) Si procede, indicación de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados en la relación de justificantes de gastos.

e) Si procede, los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 40 del Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones, haya solicitado el beneficiario.

4. Antes del trámite de pago de la subvención que corresponda, se solicitará un informe de conformidad del Servicio de Agricultura de la Dirección General de Agricultura y Ganadería en el que se expresen el grado de cumplimiento de las actuaciones realizadas por el beneficiario, la idoneidad de la formación recibida por el técnico contratado en relación con estas actuaciones, la adecuación de los materiales adquiridos en relación con la actividad propia de la ADV y las fechas en las que el técnico ha dirigido el programa de la ADV.

5. El importe de la ayuda concedida se abonará al beneficiario directo mediante transferencia bancaria, una vez haya justificado el cumplimiento de la finalidad y la aplicación de la subvención.

6. El hecho de no presentar la documentación justificativa en los plazos y términos establecidos, así como la no realización de la totalidad de la inversión objeto de ayuda, supondrá un incumplimiento al que es aplicable lo establecido en el punto 4 del apartado noveno de esta Resolución.

7. A petición del beneficiario, podrá realizarse un pago parcial, previa justificación de los gastos efectivamente realizados, por un mínimo del 50% del coste de la inversión o la actuación objeto de ayuda, en los términos establecidos en el punto 2 de este apartado. Los pagos parciales y las obligaciones de justificación que se derivan de estos no eximen al beneficiario de la ayuda de la obligación de justificar la realización completa y el coste total de la actividad subvencionada.

Undécimo

Compatibilidad de las ayudas

1. Las ayudas objeto de esta convocatoria son compatibles con las ayudas que la persona beneficiaria reciba para la misma finalidad de cualquier administración pública o de otra entidad pública o privada, pero el importe recibido, aislada o conjuntamente, no puede superar en ningún caso el valor de los gastos originados por la realización de las actividades y deben cumplirse siempre los requisitos que prevé el artículo 8 del Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014.

2. Pueden acumularse a cualquier ayuda estatal, siempre que esta ayuda se refiera a costes subvencionables identificables diferentes, o bien a cualquier otra ayuda estatal en relación con los mismos costes subvencionables, parcial o totalmente solapados, solo si esta acumulación no supera la intensidad de la ayuda o el importe de ayuda más elevado aplicable a dicha ayuda en virtud de este reglamento.

Decimosegundo

Régimen jurídico aplicable

El régimen jurídico aplicable a esta convocatoria será el que prevén la Orden de la consejera de Agricultura y Pesca, de 10 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a los sectores agrario y pesquero; el Decreto Legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones en el ámbito de las Islas Baleares, y los preceptos que resulten de aplicación previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decimotercero

Publicación e información

1. De acuerdo con el artículo 9.2 del Reglamento (UE) nº 702/2014, esta Resolución debe publicarse en la página web http://www.caib.es.

2. La información a que se hace referencia en el punto anterior se publicará en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la concesión de la ayuda y estará disponible durante al menos diez años a partir de esta fecha, de acuerdo con el artículo 9.4 del Reglamento (UE) nº 702/2014.

3. Esta Resolución debe comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y debe publicarse, junto con su extracto, en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

 

Palma, 16 de enero de 2019

El presidente del FOGAIBA

Vicenç Vidal Matas