BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Palma, 23 de junio de 2017

REUNIDOS

Por un lado, la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez, Presidenta de la Agencia de defensa del territorio de Mallorca, que actúa en nombre y representación del Consejo de Mallorca, corporación con domicilio a la calle Palau Real, 1, de Palma, con el núm. de identificación fiscal S0711002F, en virtud de la delegación de firma de la presidencia del Consejo de Mallorca hecha por Decreto de fecha 21 de noviembre de 2016, y con fundamento en el acuerdo del Pleno del Consejo de Mallorca de día 8 de junio de 2017.

Y de otra parte, el Sr. Rafel Fernández Mallol, Alcalde de Capdepera, que actúa en nombre y representación del municipio de Capdepera, con domicilio a la calle Ciutat, 20, con el número de identificación fiscal P0701400D, con fundamento en el acuerdo de pleno del Ayuntamiento de Capdepera adoptado en sesión de fecha 6 de abril de 2017.

 EXPONEN

I.- Los Estatutos de la Agencia de defensa del territorio de Mallorca fueron aprobados por el acuerdo del Pleno del Consejo de Mallorca de día 12 de enero de 2017, publicado en el BOIB núm. 9, de 21 de enero del mismo año.

De acuerdo con su artículo primero, la Agencia de defensa del territorio de Mallorca es un organismo autónomo, de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica, patrimonio y presupuestos propios, con capacidad de actuación en el cumplimiento de sus funciones, para el desarrollo, por parte de la administración del Consejo de Mallorca, de las tareas de inspección, restauración de la legalidad y sanción en materia de urbanismo y litoral, así como de todas las otras competencias que le asignan sus Estatutos.

El artículo 7, por su parte, dispone que, en conformidad con los artículos 58 y 64.1 in fine de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares, los municipios de la Isla de Mallorca podrán delegar las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística en el Consejo de Mallorca, el cual las ejercerá mediante la Agencia de defensa del territorio de Mallorca, en los términos y condiciones establecidos en sus Estatutos y en los correspondientes convenios de delegación.

II.- El Ayuntamiento de Capdepera tiene atribuidas competencias en materia de disciplina urbanística en virtud del que disponen los artículos 29.2.c) de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares, y 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

La precitada Ley 7/1985, en su artículo 10, determina que la Administración local y las restantes Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respecto a los ámbitos competenciales respectivos; y que procederá la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y, especialmente, con las de las restantes Administraciones públicas, cuando las actividades o los servicios locales trasciendan el interés propio de las correspondientes entidades, incidan o condicionen relevantemente los de las dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de estas.

Por otro lado, el Texto refundido de las disposiciones vigentes en materia de régimen local, aprobado por el Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, en su artículo 69, establece que las competencias compartidas o concurrentes podrán ser ejercidas conjuntamente por la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma y la Local, mediante la constitución de entes instrumentales de carácter público o privado.

III.-En virtud de lo que expresa el artículo 70.1 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares, en la redacción dada por la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, son competencias propias de los consejos insulares las materias de urbanismo y habitabilidad. A la vez, el artículo 15.5 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, en la redacción dada por la disposición final séptima de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares, recoge que, de acuerdo con la normativa específica, se pueden crear entidades urbanísticas especiales dependientes de las administraciones de base territorial mencionadas en los apartados anteriores del mismo precepto, que pueden asumir o recibir de los municipios delegaciones de competencias en materia de planificación y gestión, en los casos en que actúan como administración, como también en materia de intervención en la edificación y el uso del suelo, disciplina urbanística y otras hasta análogos. Las delegaciones de competencias municipales se pueden realizar directamente a las entidades urbanísticas especiales, o también a las administraciones matriz de base territorial, que pueden desconcentrar o descentralizar su ejercicio en las entidades urbanísticas especiales dependientes, y corresponde a cada administración decidir si participa con otras administraciones públicas, de acuerdo con la legislación propia de organización, procedimiento y régimen jurídico.

De conformidad con el artículo 3.2 de los Estatutos de la Agencia, es función de esta el ejercicio de las competencias de inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística que los municipios voluntariamente le deleguen, en las condiciones que se determinen en los correspondientes convenios de delegación.

En este sentido, el artículo 8.2 dispone que tal delegación producirá necesariamente la atribución a la Agencia de las competencias de inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística que correspondan al municipio, en los supuestos de obras ejecutadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a sus condiciones, según se establezca en el correspondiente convenio.

IV.- El presente convenio de delegación ha tenido la previa aprobación del Pleno del Ayuntamiento de Capdepera, mediante acuerdo de fecha 6 de abril de 2017, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, en conformidad con los artículos 94.3.h) de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Islas Baleares, y 47.2.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local.

Igualmente, y previo informe preceptivo del Consejo de Dirección de la Agencia de fecha 28 de abril de 2017, este convenio ha sido aprobado por el Pleno del Consejo de Mallorca, mediante acuerdo de fecha 8 de junio de 2017, adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, en atención al que dispone el artículo 47.2.h) de la Ley 7/1985 antes mencionado.

Las partes se reconocen, por la representación con que actúan, la capacidad suficiente para formalizar este convenio, por lo cual, y atendidos todos los anteriores antecedentes, convienen las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.- Delegación de competencias

1.- El Ayuntamiento de Capdepera delega en el Consejo de Mallorca, para su ejercicio mediante la Agencia de defensa del territorio de Mallorca, las competencias municipales de inspección, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística, en relación con las obras, usos del suelo y actuaciones que se desarrollen sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a sus condiciones en las diferentes categorías de suelo rústico de su término municipal.

2.- La delegación de competencias se entiende efectuada sin perjuicio que por parte del Ayuntamiento se puedan adoptar a suelo rústico protegido las medidas cautelares previas al inicio del expediente previstas en el artículo 150.1 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo (LOUS), así como en el artículo 416.5 del Reglamento general de la LOUS

3.- Esta delegación de competencias no incluye la de las potestades sancionadora y de restitución de la legalidad urbanística relativas a los procedimientos ya incoados por el Ayuntamiento y que se encontraran en tramitación en el momento de la entrada en vigor del presente convenio, ni respecto a infracciones ya denunciadas ante el Ayuntamiento, que serán ejercidas por la corporación municipal.

4.- La resolución de los recursos administrativos y de las solicitudes de revisión de oficio contra los actos dictados por la Agencia en ejercicio de las competencias municipales delegadas corresponderá a los órganos competentes de esta. En cambio, corresponderá a los órganos del Ayuntamiento tanto respecto a los actos adoptados antes de la entrada en vigor de este convenio, como en relación con los dictados con posterioridad a esta fecha dentro de expedientes que entonces se encontraran en tramitación.

5.- La delegación de competencias podrá ser revocada en cualquier momento mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. La revocación será efectiva una vez  comunicada al Consejo de Dirección de la Agencia y publicada por esta en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

Segunda.- Condiciones financieras

1.- El Ayuntamiento no tiene que abonar ninguna aportación económica al Consejo de Mallorca por el coste del ejercicio de las competencias delegadas.

2.- La Agencia tiene que facilitar financiación al Ayuntamiento porque este lo destine a cualquier de las siguientes finalidades, sin que ninguno de ellas tenga que ser preferente:

- La adquisición de suelo destinado a viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

- La conservación, mejora, ampliación, urbanización y, en general, gestión urbanística de los propios bienes del patrimonio público de suelo correspondiente.

-  La promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de protección pública.

- Otros usos de interés social. Se entienden por usos de interés social los definidos al artículo 313.3 RLOUSM (los relativos a la ejecución de actuaciones que tengan por finalidad la mejora, la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de la ciudad existente, preferentemente de zonas degradadas, así como la implantación de dotaciones o las mejoras de espacios naturales, el paisaje o los bienes inmuebles del patrimonio cultural) o los que sean definidos por la normativa urbanística de aplicación en cada momento.

- Excepcionalmente, la reducción de la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, siempre que se cumplan todos los requisitos del artículo 313.4 RLOUSM.

3.- Esta financiación tiene que provenir de los excedentes de los ingresos de la Agencia respecto a sus necesidades de mantenimiento, que son, en todo caso, el coste de la actividad administrativa por los gastos recogidos en el artículo 443.3 RLOUSM.

4.- Los excedentes se tienen que distribuir entre los municipios adheridos en proporción a la cuantía de las sanciones impuestas por la Agencia dentro del término municipal de cada ayuntamiento adherido, a contar desde el último ejercicio en que se hayan repartido excedentes. No obstante, en la primera distribución que la Agencia realice de acuerdo con este criterio, se tienen que computar todas las sanciones impuestas en los municipios adheridos desde la fecha de creación de este organismo.

Tercera.- Obligaciones asumidas por el Ayuntamiento

1.- El Ayuntamiento asume en todo caso las siguientes obligaciones:

a) Prestar la cooperación y asistencia activa que la Agencia pudiera solicitar para el eficaz cumplimiento de sus competencias.

b) Facilitar al personal de la Agencia toda la información, documentación y ayuda material que tengan que necesiten para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

c) Cumplir el resto de condiciones y compromisos asumidos en este convenio de delegación.

 2.- Más concretamente, el Ayuntamiento se compromete a:

a) Prestar el auxilio de la policía local para facilitar las inspecciones, para vigilar la eficacia de las órdenes de suspensión de obras, para identificar a los responsables de las infracciones, y para asistir a la ejecución por parte de la Agencia de las órdenes de restitución de la legalidad urbanística infringida.

b) Enviar a la Agencia las denuncias y toda la otra documentación que se reciba en el Ayuntamiento en relación con las infracciones objeto de delegación.

c) En los casos en qué sea presentada una denuncia por infracción urbanística en el Ayuntamiento, enviarla inmediatamente a la Agencia por vía telemática, junto con los datos de que disponga sobre la misma, especialmente los datos fotográficos y planimétricos que tenga el Ayuntamiento que permitan identificar el lugar de la presunta infracción.

d) Solicitar a la Agencia la emisión de informe durante la tramitación de las solicitudes de licencias de legalización o de demolición o restitución relativas a los expedientes de disciplina urbanística que esta tramite. El informe, que tiene que tener como único objeto constatar si las licencias solicitadas alcanzan la totalidad de obras o usos que son objeto del expediente de disciplina, tiene que ser emitido dentro del plazo de un mes desde que la petición tenga entrada a la Agencia, transcurrido el cual, si no se ha emitido, el Ayuntamiento podrá proseguir con la tramitación. En caso de que el Ayuntamiento disponga de un ejemplar del proyecto en formato digital, la solicitud y la contestación se tienen que hacer por vía telemática. No será necesaria la petición de informe si los servicios técnicos o jurídicos municipales constatan que es evidente que la licencia solicitada no alcanza todas las obras o usos objeto del expediente de disciplina.

Cuarta.- Obligaciones asumidas por la Agencia

El Consejo de Mallorca, a través de la Agencia, asume las siguientes obligaciones:

a) Tramitar y resolver los expedientes incoados con motivo de la delegación de competencias, así como los recursos administrativos y jurisdiccionales que se derivaran, y ejecutar los actos administrativos a qué diesen lugar.

b) Comunicar en el Ayuntamiento los actos de inicio y de resolución de los expedientes tramitados debido a la delegación de competencias.

c) Ejercer la función inspectora dentro del ámbito de la delegación de competencias.

d) Prestar asesoramiento jurídico y técnico en el Ayuntamiento respecto a las solicitudes de licencias de legalización formuladas como consecuencia de las infracciones objeto de delegación.

e) Enviar en el Ayuntamiento la memoria anual de la gestión de la Agencia.

Quinta.- Vigencia del convenio

Este convenio entrará en vigor al día siguiente de su publicación por parte de la Agencia en el Boletín Oficial de las Islas Baleares y su plazo de vigencia será indefinido.

Sexta.- Resolución del convenio

1.- Serán causas de resolución del presente convenio:

a) La revocación de la delegación por parte del Ayuntamiento, tal como recoge el punto 5 de la estipulación primera.

b) La revocación de la delegación por parte del Consejo de Mallorca, por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento en la estipulación tercera. En este caso, se requerirá acuerdo del Pleno del Consejo de Mallorca, a propuesta de la Presidencia de la Agencia, un golpe escuchado el Consejo de Dirección, y previa audiencia de la administración municipal afectada.

c) Por mutuo acuerdo de las partes.

2.- Una vez resuelto el convenio, se procederá, en su caso, a la correspondiente liquidación.

En ningún caso esto afectará a las obligaciones contraídas con la Agencia, ni a la competencia para la tramitación y resolución de los procedimientos de reposición de la legalidad urbanística y sancionadores iniciados antes de la revocación de la delegación.

Séptima.- Interpretación y aplicación del convenio

Las controversias que pudieran surgir en la interpretación y aplicación del presente convenio serán resueltas por el Consejo de Dirección de la Agencia, tal como prevé el artículo 9.2 de sus Estatutos.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman este convenio, por triplicado y en un solo efecto, en el lugar y la fecha señaladas en el encabezamiento.

La Presidenta de la Agencia de defensa del territorio de Mallorca                 El Alcalde del Ayuntamiento de Capdepera

              Mercedes Garrido Rodríguez                                                                  Rafel Fernández Mallol