BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Se hace público que el Pleno del Consejo Insular  de Eivissa, en sesión ordinaria celebrada en fecha 26 de abril de 2017, aprobó, entre otras, la siguiente propuesta de acuerdo:

“PROPUESTA QUE FORMULA LA CONSEJERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y MOVILIDAD AL PLENO DEL CONSEJO PARA LA APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA NORMA TERRITORIAL CAUTELAR POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PROVISIONALES PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD Y LA EFECTIVIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE IBIZA.

1.- En el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) número 151, de fecha 1 de diciembre de 2016, se  publicó el edicto núm. 13597 (en versión catalana y castellana) correspondiente al acuerdo plenario del Consejo Insular de Eivissa, sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2016, mediante el cual se acordó aprobar inicialmente una norma territorial cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza, y apertura del periodo de información pública. Es el expediente OT-1/2016.

La mencionada publicación incluye asimismo la Memoria justificativa, la Normativa y la Memoria-análisis.

2.- En el apartado segundo del mencionado acuerdo publicado en el BOIB consta:

“2.º- Disponer la tramitación de la Norma territorial cautelar, siguiendo el procedimiento establecido en la mencionada Ley, y en consecuencia, de conformidad con el apartado 2.b del artículo 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, disponer la apertura de un plazo de información pública de TREINTA DÍAS (30) HÁBILES, mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), en uno de los diarios de mayor circulación de la isla de Ibiza, y en la correspondiente sede electrónica del Consejo Insular de Eivissa (www.conselldeivissa.es), para que cualquier persona pueda formular las alegaciones que considere pertinentes.

La documentación completa que integra la Norma territorial cautelar aprobada inicialmente podrá ser consultada, en horario de oficina de lunes a viernes (de 08:00 horas hasta las 15:00 horas), en los servicios del Departamento de Territorio y Movilidad del Consejo Insular de Eivissa, ubicados en la sede del Consejo Insular de Eivissa, avenida de España, núm. 49, cuarta planta, CP.- 07800 Ibiza.

Así mismo, la documentación podrá ser consultada a través de internet, accediendo a la siguiente página web: http://www.conselldeivissa.es/.”

3.- El edicto de apertura del periodo de información pública de la mencionada Norma fue publicado en los diarios locales, Diario de Ibiza y Periódico de Ibiza en fecha 2 de diciembre de 2016.

4.- El edicto se expuso, asimismo, en el tablón de anuncios de esta Corporación, para información pública durante el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar desde el día 1 de diciembre de 2016. Y también se expuso el edicto y el informe técnico emitido a través de internet en la sede electrónica del Consejo Insular de Eivissa (http://www.conselldeivissa.es).

El plazo de información pública general finalizó el día 18 de enero de 2017.

5.- Entre los días 5 y 7 de diciembre de 2016 tuvieron entrada en los respectivos registros las solicitudes de informe, de conformidad con el artículo 17.2.b) de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y lo establecido en el apartado tercero del acuerdo plenario de día 30 de noviembre de 2016, a los Ayuntamientos de la isla de Eivissa, en el Gobierno de las Illes Balears, a la Delegación del Gobierno en las Illes Balears, al Instituto Balear de la Mujer, al Consejo Económico y Social y asimismo se comunicó la aprobación inicial al Consejo Insular de Formentera.

6.- Durante el plazo de exposición pública se han presentado un total de 2.453 alegaciones.

Así mismo, se han recibido los siguientes informes:

Delegación del Gobierno (con nre 31234, de 22 de diciembre de 2016)

Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu (con nre 329, de 9 de enero de 2017)

Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja (con nre 344, de 9 de enero de 2017)

Gobierno de las Illes Balears (con nre 3337, de 26 de enero de 2017)

Consejo Económico y Social de las Illes Balears (con nre 4094, de 6 de febrero 2017) 

7.- Vistas las alegaciones formuladas y los informes emitidos en el periodo de información pública.

8.- Atendido el informe técnico emitido en fecha 10 de marzo de 2017 respecto del trámite de participación pública de la Norma, que se acompaña como anexo II.

9.- Atendido el acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de día 16 de marzo de 2017 que dispone:

“ACUERDO

I.- Aceptar el informe técnico emitido en fecha 10 de marzo de 2017, así como la redacción definitiva de la Norma Territorial Cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza que de este informe se deriva; proponiendo al Pleno del Consejo la aceptación o rechazo de las alegaciones de acuerdo con el mismo, y así mismo añadiendo una Disposición adicional (Explotaciones agrarias en terrenos ANEI y ARIP) y por lo tanto, tener por efectuada la valoración de las alegaciones, con el objetivo de continuar su tramitación conforme el artículo 13 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto.

El texto definitivo de la Norma (de la memoria y artículos) se adjunta como Anexo al presente acuerdo.

II.- Remitir copia de todo el expediente administrativo a la Comisión de Medio ambiente de las Illes Balears a los efectos de solicitar la declaración ambiental estratégica de la norma territorial cautelar ex artículo 13.3 de la Ley 12/2016.

III.- Elevar el expediente al plenario de la corporación, una vez la Comisión de Medio ambiente de las Illes Balears haya formulado la declaración ambiental estratégica de la norma territorial cautelar, de acuerdo con el artículo 17.2.c) de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, para que este órgano, si procede, pueda efectuar la correspondiente aprobación definitiva de acuerdo con el texto definitivo de la Norma que consta en el Anexo."

10.- Visto que en fecha 16 de marzo de 2017 (con RGS Consejo núm. 2487) se solicitó a la Comisión de Medio ambiente de las Illes Balears la declaración ambiental estratégica de la norma territorial cautelar ex artículo 13.3 de la Ley 12/2016 y dado que en fecha 12 de abril de 2017 (RGE Consejo número 9277) ha sido notificada la declaración ambiental estratégica favorable formulada por el Pleno de la Comisión de Medio ambiente de las Illes Baleares, en sesión de día 11 de abril de 2017, que contiene como Conclusiones:

“Conclusiones

Se propone formular LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA FAVORABLE de la Norma Territorial Cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza.

Se recomienda que el artículo 5 de la Norma Territorial Cautelar, en lugar de hacer referencia a las Áreas de Prevención de Riesgos (SRP-APR) de incendios del vigente Plan Territorial Insular, haga referencia al mapa de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de Incendio aprobado mediante el Decreto 22/2015, de 17 de abril, por el que se aprueba el IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales de las Illes Balears (2015 -2024).”

En cuanto a la recomendación efectuada en las Conclusiones respecto del artículo 5 de la Norma Territorial, debe decirse que no se considera adecuado introducir en este momento su contenido, dado que será durante los trabajos técnicos para la modificación del Plan Territorial donde se procederá a efectuar un estudio más esmerado para valorar su inclusión.

Por lo que, concluida la tramitación administrativa del expediente OT-1/2016, procede elevar el expediente completo de la Norma Territorial Cautelar al Pleno del Consejo Insular para su aprobación definitiva conforme el artículo 17.2.c) de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, que establece “c) Una vez estudiados las alegaciones y los informes emitidos, el mismo órgano que aprobó inicialmente la norma territorial cautelar la aprobará definitivamente en del plazo máximo de seis meses, contadores desde la aprobación inicial, transcurridos los cuales la aprobación no producirá ningún efecto.”

11.- Así, fruto de las alegaciones y de los informes emitidos, la norma para su aprobación definitiva por el Pleno experimenta pequeños cambios en su redacción (memoria justificativa y artículos de la parte normativa), a los efectos de otorgar mayor seguridad jurídica y claridad en sus determinaciones positivas. Lo anterior queda reflejado en la memoria justificativa de la NTC.

Efectivamente, en el artículo 3 (Determinaciones relativas a las condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico) de la Norma cuando dice “incluidos los anexos”, se añade la expresión “destinados a este uso”, para aclarar que se trata de los anexos destinados a este uso de vivienda.

Así mismo, en orden a dar seguridad jurídica, y para eliminar las dudas interpretativas que plantea el Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu en su informe emitido durante el trámite conferido, se añade en el artículo 4 de la presente Norma la expresión “notarial” después del término “documento público” ya que éste es el documento al que se ha estado siempre en aplicación de la normativa de segregaciones contenida en el vigente Plan Territorial Insular (Norma 16 y Disposición transitoria cuarta) a los efectos de nuevas viviendas en suelo rústico.

Para adecuar la literalidad del artículo 5 (Determinaciones relativas a la implantación de nuevas edificaciones y usos en determinados terrenos), apartado 2 a la finalidad de la norma - esto es, que no se incremente la presión edificatoria en aquellos lugares, así como que no aparezcan nuevas actividades, de tipo turísticas, que fomenten o incrementen la presión sobre aquellos espacios-, se considera adecuado añadir a la expresión "cambio de uso" el término "a actividades turísticas" y, de este modo, no impedir los cambios de usos a actividades no turísticas relacionadas con el mundo agrario. 

En la misma línea, aunque el artículo 2 de la Norma ya especificaba que su ámbito de aplicación es el suelo rústico de la isla de Ibiza, se clarifica, de acuerdo con la sugerencia efectuada en el informe de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno, que el artículo 7 de la Norma, en lo referente a las medidas de integración paisajística relativas a los vallados, afecta sólo a los vallados de fincas y edificaciones en suelo rústico. Así mismo, y aunque el artículo 7 no se quería referir a los vallados derivados de las necesidades pecuarias, fruto de las alegaciones presentadas en este sentido por el sector agrario, se incluye un nuevo apartado segundo para permitir que en las explotaciones agrarias los vallados para el rebaño puedan superar la altura  de un metro, para garantizar la seguridad del propio rebaño, así como de los cultivos de la explotación.

Así mismo, en aplicación del principio de proporcionalidad, y de acuerdo con las alegaciones formuladas en este sentido por el sector agrario, se especifica que las medidas de integración paisajística relativas a la recuperación y conservación de la finca (artículo 6) serán de aplicación en relación a las solicitudes de construcción de nuevas viviendas en suelo rústico. Igualmente, y por la misma razón, las medidas de ahorro de agua relativas a la recogida de aguas pluviales y a la construcción de un aljibe, contenidas en el apartado 1 de artículo 8 de la Norma, serán exigibles únicamente a los proyectos de construcción de nuevas viviendas en suelo rústico.

En cuanto a las piscinas debe decirse que si bien es cierto que la medida relativa a las dimensiones de las piscinas se contemplaba también como de integración paisajística y, por ello, se quiso inicialmente regular también su espejo de agua, en proporción a los nuevos parámetros de ocupación de las viviendas, fruto de las alegaciones se verifica que como medida de ahorro de agua bastaría con haber limitado el volumen de las piscinas, y por ello se modifica el apartado 2 del artículo 8 (Medidas de ahorro de agua) de la NTC en el sentido de modificar allí donde dice “La lámina de espejo de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no podrá exceder de treinta y cinco (35) m2 y su volumen, los sesenta (60) m3.”, por la frase “El volumen de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no podrá exceder los sesenta (60) m3”.

Así mismo, se estima una alegación proveniente del sector agrario respecto a permitir las explotaciones agrarias conforme la Norma 9 del PTI en terrenos ANEI y ARIP, sin necesidad de la creación de una explotación agraria prioritaria, siempre que no se modifique la orografía de los terrenos y no dé lugar a nuevas construcciones. En este sentido, se considera necesario eliminar cautelarmente la exigencia establecida en la Norma 9 del PTI vigente de explotación agraria prioritaria en terrenos ANEI y ARIP, ya que se quiere fomentar las actividades agrarias, también, en estos tipos de suelos, pero teniendo en cuenta que el PTI vigente liga la posibilidad de nuevas construcciones en estos terrenos, ANEI y ARIP, a la exigencia de que se trate de una explotación agraria prioritaria, esta Norma Cautelar no quiere permitir nuevas construcciones en explotaciones que no sean prioritarias sin un estudio más esmerado, el cual será objeto de la modificación del PTI de Ibiza. 

A estos efectos se introduce una Disposición adicional (Explotaciones agrarias en terrenos ANEI y ARIP) del tenor siguiente:

“Disposición adicional. Explotaciones agrarias en terrenos ANEI y ARIP.

En las Áreas naturales de especial interés (ANEI) y en las Áreas rurales de interés paisajístico (ARIP) de la isla de Ibiza se permiten las explotaciones agrarias y no resultará de aplicación la exigencia establecida en la Norma 9 del PTI vigente de que se trate de una explotación agraria prioritaria, siempre que no se modifique la orografía de los terrenos y no dé lugar a nuevas construcciones.” 

Y, en cuanto al régimen transitorio inicialmente previsto, éste se clarifica. Así pues, teniendo en cuenta que la aprobación inicial de la presente NTC se publicó en el BOIB el día 1 de diciembre de 2016, y para evitar conflictos interpretativos y ofrecer mayor seguridad jurídica en la aplicación de una norma territorial cautelar como esta, se establece que la presente norma territorial cautelar se aplique a los proyectos relativos al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico presentados ante el Ayuntamiento correspondiente a partir del día 1 de septiembre de 2016- con lo que los proyectos presentados entre los días 1 de septiembre y 1 de diciembre quedarían afectados por las determinaciones de la NTC- y, así mismo, se aplique esta NTC a los presentados anteriormente al día 1 de septiembre de 2016 y que a fecha 31 de agosto de 2016 no contaran con la documentación completa para resolver el expediente, entendida la expresión "documentación completa" como proyecto técnico más la documentación referida en las instrucciones 5 y 6 en cuanto a las viviendas unifamiliares aisladas del Anexo II -Instrucciones técnicas- del PTI (BOIB número 50, de 31 de marzo de 2005).

De esta forma, tanto la CIOTUPHA como los Ayuntamientos deberán aplicar la norma cautelar a todos los proyectos presentados dentro de los tres meses anteriores a la fecha de publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación inicial de la NTC y también a los expedientes presentados anteriormente a estos tres meses que, a fecha 31 de agosto de 2016, no tuvieran la documentación completa, en el sentido expuesto anteriormente; de forma que la NTC no resultaría de aplicación a los proyectos que cuenten con la documentación completa con anterioridad a los tres meses antes de la publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación inicial.

Con esta solución se clarifica qué se considera documentación completa a efectos de la aplicación de la NTC y, asimismo, se establece un periodo de aplicación de la norma común a todas las administraciones que intervienen en el procedimiento y, que, además coincide con el plazo -3 meses- con que cuenta la CIOTUPHA para la emisión de su informe desde que el expediente se encuentra completo. Y además, este periodo de aplicación a los proyectos presentados dentro de los tres meses anteriores a la publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación inicial de la NTC no genera per se ningún perjuicio que no deba soportarse, ya que la normativa aplicable en Baleares es la vigente en el momento del vencimiento del plazo que tiene la administración para resolver. Y en el caso del informe preceptivo de la CIOTUPHA se dispone de tres meses para su emisión (a contar desde la fecha en que el expediente se encuentra completo). Y respecto de los proyectos presentados anteriormente a estos tres meses, se exigirá, de acuerdo con la legislación balear y doctrina jurisprudencial, que a fecha 31 de agosto de 2016 -día anterior a este periodo de tres meses- los proyectos correspondientes se encontraran completos, con objeto de poder determinar la no aplicación de la NTC, puesto que si en esta fecha ya se encuentran completos (con independencia de cuándo se hayan completado) el día del vencimiento del plazo de tres meses para emitir el informe, el 30 de noviembre, no podía aplicarse la NTC ya que se publicó el día 1 de diciembre de 2016.  

Y finalmente, se aclara que, en cuanto al resto de actuaciones diferentes a la construcción de nuevas viviendas (ampliaciones, piscinas, cambios a usos turísticos, etc..) las determinaciones de la presente norma territorial cautelar no se aplicarán si la fecha del vencimiento del plazo para resolver la solicitud correspondiente es anterior al día 1 de diciembre de 2016, fecha de publicación del acuerdo de aprobación inicial de la norma.

El texto definitivo de la NTC (de la memoria justificativa y normativa) se adjunta como ANEXO I a la presente propuesta de acuerdo.

12.- Así mismo, a los efectos de motivación y para comunicar una respuesta motivada a las personas que han formulado alegaciones (y a los informes emitidos), se propone al Pleno la publicación íntegra del informe técnico emitido en fecha 10 de marzo de 2017 respecto del trámite de participación pública de la Norma (en versión catalana y castellana) en el BOIB, así como en la sede electrónica del Consejo Insular (www.conselldeivissa.es), a los efectos de poner a su disposición el informe técnico que ha analizado todas las alegaciones y los informes emitidos.

El texto del informe técnico emitido en fecha 10 de marzo de 2017 respecto del trámite de participación pública de la Norma aparece íntegramente recogido en el ANEXO II de la presente propuesta de acuerdo.

Por lo que, tratándose de un supuesto de cesión o comunicación de datos de carácter personal del artículo 3.j) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, en esta publicación se dará cumplimiento a lo que establece la mencionada Ley, procediendo a anonimizar los datos de carácter personal (no utilizando los nombres de las personas que han formulado alegaciones y sólo poniendo los números de los documentos de identidad).

Así mismo, también se propone establecer que una vez efectuada la publicación del acuerdo plenario de aprobación definitiva y la NTC en el BOIB, comunicar aquella aprobación definitiva para dar así una mayor publicidad, mediante anuncio en dos de los diarios de mayor circulación de la isla de Ibiza, indicando, así mismo, que se encuentra a disposición de las personas alegantes en la sede electrónica del Consejo Insular de Eivissa (www.conselldeivissa.es) y en el BOIB el informe técnico que ha analizado todas las alegaciones y los informes emitidos.

Por todo lo anterior, concluida la tramitación del expediente conforme exige el artículo 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial y de acuerdo con el artículo 72.d) del reglamento orgánico del Consejo Insular de Eivissa -ROCI- (BOIB núm. 136, de 18-09-2010, corrección de errores en BOIB núm. 148, de 14-10-2010 y modificación en BOIB número 48, de 16-04-2016) que establece que corresponde a los consejeros ejecutivos y a las consejeras ejecutivas, como jefes de los respectivos departamentos .../...d) Preparar y proponer al Pleno, a la Presidencia del Consejo, al Consejo Ejecutivo o, si es procedente, a la Comisión de Gobierno, según la competencia de cada uno de estos órganos, la adopción de los actos oportunos relacionados con materias propias de su departamento.", se propone al Pleno del Consejo Insular de Eivissa la adopción del siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar definitivamente, en el trámite previsto en el artículo 17.2.c) de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de Ordenación Territorial, artículo 70.13 del Estatuto de Autonomía, en conexión con los artículos 1, apartado 4, y artículo 3.2 de la Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de ordenación del territorio, la Norma territorial cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza, con la redacción surgida fruto del trámite de información pública y de participación, aceptando o desestimando las alegaciones en los términos contenidos en el acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Eivissa de día 16 de marzo de 2017.

El texto de la Norma Territorial Cautelar (que incluye memoria justificativa y normativa) aparece íntegramente recogido en el ANEXO I de este acuerdo. Así mismo, se incluye en este anexo el texto íntegro de la declaración ambiental estratégica formulada por el Pleno de la Comisión de Medio ambiente de las Illes Baleares, en sesión de día 11 de abril de 2017.

SEGUNDO.- Disponer la publicación íntegra del presente acuerdo plenario, que incluye como ANEXO I el texto de la Norma Territorial Cautelar aprobada definitivamente, en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), publicación que deberá hacerse efectiva en lengua catalana y castellana.

Así mismo, a los efectos de motivación y para comunicar una respuesta motivada a las personas que han formulado alegaciones (y a los informes emitidos), disponer que se proceda a la publicación íntegra del informe técnico emitido en fecha 10 de marzo de 2017 respecto del trámite de participación pública de la Norma (en lengua catalana y castellana) en el BOIB, así como en la sede electrónica del Consejo Insular (www.conselldeivissa.es), a los efectos de poner a su disposición el informe técnico que ha analizado todas las alegaciones y los informes emitidos.

El texto del informe técnico emitido en fecha 10 de marzo de 2017 respecto del trámite de participación pública de la Norma aparece íntegramente recogido en el ANEXO II de este acuerdo.

TERCERO.- Una vez efectuada la anterior publicación en el BOIB, comunicar la aprobación definitiva de esta Norma Territorial Cautelar para dar así una mayor publicidad, mediante anuncio en dos de los diarios de mayor circulación de la isla de Ibiza, indicando, así mismo, que se encuentra a disposición de las personas alegantes en la sede electrónica del Consejo Insular de Eivissa (www.conselldeivissa.es) y en el BOIB el texto del informe técnico que ha analizado todas las alegaciones y los informes emitidos.

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 17.4 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, la entrada en vigor de la norma territorial cautelar vincula provisionalmente los instrumentos de planeamiento urbanístico y, en caso de conflicto, prevalece sobre éstos.

Por otra parte, iniciados los trabajos de modificación del Plan Territorial, el plazo de vigencia de la presente Norma territorial cautelar no debe superar los tres años, o hasta la aprobación inicial de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza si ésta se produce antes de agotarse el mencionado plazo.”

De conformidad con el acuerdo transcrito, se publican en Anexo I la NORMA TERRITORIAL CAUTELAR POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PROVISIONALES PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD Y LA EFECTIVIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE IBIZA (Memoria justificativa y Normativa) y en Anexo II el INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 10 DE MARZO DE 2017 SOBRE EL TRÁMITE DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LA NORMA TERRITORIAL CAUTELAR POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PROVISIONALES PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD Y LA EFECTIVIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE IBIZA. INFORME DE VALORACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS E INFORMES EMITIDOS.

Contra la disposición precedente, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer en el plazo de DOS MESES a partir del día siguiente al de esta publicación, recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones publicas y artículo 22.1.a) de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares, en relación con los artículos 10.1.b), 25 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.

Lo anterior sin perjuicio de utilizar cualquier otro recurso o acción que se considere pertinente.

Así mismo, se indica que la interposición de los recursos pertinentes no suspende la eficacia de la disposición impugnada, ni tampoco interrumpe los plazos que se puedan derivar, excepto que la autoridad competente lo acuerde expresamente.

Eivissa, 26 de abril de 2017

    

El secretario técnico del Área de Turismo, Interior, Territorio y Movilidad

Ramón Roca Mérida

- ANEXO I: NORMA TERRITORIAL CAUTELAR POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PROVISIONALES PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD Y LA EFECTIVIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE IBIZA.

- ANEXO II: INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 10 DE MARZO DE 2017 SOBRE EL TRÁMITE DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LA NORMA TERRITORIAL CAUTELAR POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PROVISIONALES PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD Y LA EFECTIVIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE IBIZA. INFORME DE VALORACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS E INFORMES EMITIDOS.

- ANEXO I: NORMA TERRITORIAL CAUTELAR POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PROVISIONALES PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD Y LA EFECTIVIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE IBIZA.

Memoria justificativa

1.- El Plan Territorial Insular de Ibiza y Formentera (PTI), fue aprobado definitivamente por el Pleno del Consejo en fecha 21 de marzo de 2005 (BOIB núm. 50, de día 31 de marzo de 2005).

2.- En el BOIB núm. 169, de 4 de diciembre de 2008, se publicó el acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Eivissa, de día 28 de noviembre de 2008, de aprobación definitiva de una norma territorial cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza.

Por otra parte, en el BOIB núm. 113, de 31 de julio de 2010, se publicó el acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Eivissa, de día 30 de julio de 2010, de aprobación inicial de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza y su publicación, el cual fue revocado por acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Eivissa, en sesión de día 25 de octubre de 2010 (BOIB núm. 162, de 6 de noviembre de 2010), indicando que este hecho comporta la derogación de la Norma Territorial Cautelar aprobada el 28 de noviembre de 2008.

3.- Dado que han pasado ya más de diez años desde la entrada en vigor del mencionado Plan, y que el contexto normativo bajo el que se aprobó el Plan no es el mismo de aquel momento, se plantea en el seno del Consejo, sin perjuicio del procedimiento de su revisión la adopción de determinadas medidas cautelares en orden a asegurar una modificación puntual del mismo.

Efectivamente, respecto del marco normativo después de diez años, entre mucho otros,  debe hacerse mención, a nivel estatal, a la entrada en vigor del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015) donde se manifiesta que las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como finalidad común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible.

Señalándose que en virtud del principio de desarrollo sostenible, las mencionadas políticas tienen que propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, la ocupación, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a:

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.

d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo.

Por su parte, a nivel Balear, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo (BOIB núm. 43, de 29 de marzo de 2014) en cuanto a las finalidades y atribuciones de la actividad urbanística señala que las mencionadas políticas públicas, además, tienen que contribuir, entre otros, a asumir y concretar los objetivos y principios establecidos en la Carta Europea de Ordenación del Territorio; a la eficacia de las medidas de conservación y mejora de la natura, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje; a vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, teniendo en cuenta la capacidad de crecimiento insular limitada y la escasez de recursos hídricos; a evitar la especulación del suelo y garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, una previsión de dotaciones y equipamientos urbanos adecuada y el acceso a una vivienda digna; a valorar las funciones agrarias, ganaderas, forestales, territoriales, ecológicas y paisajísticas de las áreas rurales o a considerar los efectos paisajísticos en toda actuación urbanística.

Así mismo, se podrían mencionar otras normas sectoriales posteriores a la entrada en vigor de aquel Plan y dónde resulta necesario su adaptación a las disposiciones de aquellas leyes.

Por ejemplo, la Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears o la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears (BOIB núm. 106, de 21 de julio de 2012), o la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears (BOIB núm. 138, de 9 de octubre de 2014), la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Illes Balears (BOIB número 143, de 18 de octubre de 2014) o la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears (BOIB núm. 175, de 23 de diciembre de 2014).

Finalmente, hay que hacer mención del Decreto ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística (BOIB núm. 6, de 13 de enero de 2016) donde en el artículo segundo establece la modificación de la matriz de ordenación de usos del anexo 1 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial y de medidas tributarias, y recupera gran parte de la vigencia que tenía antes de la entrada en vigor de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears con alguna modificación en la regulación de los usos.

4.- En cumplimiento, entre otros, de los anteriores requerimientos normativos, en esta legislatura el equipo de gobierno de esta Corporación quiere impulsar una revisión global del PTI y en este sentido ya se han empezado los trabajos para llevarlo a cabo.

Así, en el BOIB número 122, de 24 de septiembre de 2016 se ha publicado el edicto correspondiente al anuncio de licitación del contrato del servicio para la elaboración del diagnóstico para la revisión del Plan Territorial Insular de Ibiza.

No obstante lo anterior, como se ha dicho, se plantea en estos momentos la necesidad de modificar el vigente PTI -sin esperar la revisión global que será mucho más amplia- en determinados aspectos concretos que afectan únicamente al suelo rústico.

Efectivamente, el equipo de gobierno de esta corporación ha llegado a un acuerdo con unos objetivos concretos que afectan a aspectos puntuales de la regulación actual contenida en el PTI vigente y en este sentido, mediante resolución del Departamento de Territorio y Movilidad de día 8 de noviembre de 2016 de inicio/encargo formal de los trabajos a los servicios del Departamento, se han iniciado las tareas de modificación del Plan Territorial.

Así, en primer lugar, se quiere llevar a cabo una reducción de las condiciones de edificación de las viviendas en suelo rústico, con el objetivo de reducir la presión edificatoria y la especulación existente sobre el suelo rústico y mitigar el impacto que las viviendas de grandes proporciones  provocan.

En efecto, la combinación de un marco jurídico muy flexible -único en Baleares- que permite, por un lado, la construcción de viviendas de grandes dimensiones en el suelo rústico, previa segregación de las fincas si procede, y, de otra, que estas viviendas se destinen a estancias turísticas, con la gran popularidad de la isla de Ibiza como destino turístico internacional, provoca una fuerte atracción de grupos de inversión que construyen viviendas en suelo rústico -donde el uso está permitido- que agotan los parámetros urbanísticos para destinarlos a alojamiento temporal ligado a usos turísticos y no para albergar y/o satisfacer las necesidades propias de una familia, tal y como inicialmente prevé la legislación balear del suelo rústico, que admite sólo este uso de vivienda ligado a las la residencia permanente de una familia.

Así, desde el equipo de gobierno se quiere invertir esta tendencia edificatoria y especulativa en el suelo rústico, limitando los parámetros de edificación y ocupación máximos actualmente establecidos en cuanto a las viviendas a edificar en el suelo rústico para adecuarlos a la finalidad que realmente deberían tener y así intentar disuadir su construcción para dedicarlas al uso turístico.

En segundo lugar, se quiere evitar la excesiva fragmentación de las parcelas y consiguiente urbanización difusa del suelo rústico, impidiendo que se pueda seguir edificando sobre las parcelas segregadas o divididas a partir de una fecha determinada -el día 1 de noviembre de 2016-, para dar seguridad jurídica y, al tiempo evitar especulaciones, una vez que se ha avanzado públicamente el contenido de una norma territorial cautelar a través de los medios de comunicación local.

A la vez que se quiere impedir seguir edificando sobre las fincas segregadas a partir del día 1 de noviembre de 2016, se quiere mantener la posibilidad de seguir edificando sobre las parcelas que se segreguen en virtud de título hereditario o donación de padres a hijos, siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en el vigente Plan territorial insular.

La norma se aplicaría, así, a las segregaciones efectuadas a partir del día 1 de noviembre que no provengan de título hereditario entre parientes o donación de padres a hijos y que cumplan con las condiciones señaladas en el vigente Plan territorial insular.

En tercer lugar, el equipo de gobierno quiere evitar que se sigan construyendo nuevas viviendas en terrenos que cuentan con la máxima protección ambiental derivada de las directivas comunitarias, como los incluidos en la Red Natura 2000, o bien en lugares donde el uso de vivienda tradicionalmente no se  ha implantado por tratarse de zonas boscosas y/o con un alto riesgo de incendio.

Con esta medida se pretende evitar el impacto paisajístico y ambiental que estas viviendas provocan en estos terrenos más merecedores de protección. Por otro lado, la construcción de nuevas viviendas en el SRC Forestal (SRC-F) o en el SRP-ARIP y APR de incendios, no sólo puede provocar un mayor riesgo de incendio, sino también dificultar su extinción, una vez declarado, dado que los medios de lucha contra los incendios se destinan a menudo con preferencia a impedir los daños a las personas y a las viviendas existentes en las masas forestales. 

Y, finalmente, en cuarto lugar, este equipo de gobierno quiere introducir toda una serie de medidas positivas de integración paisajística y ambiental.

Dentro de este paquete de medidas paisajísticas y ambientales, se quiere, en primer lugar, profundizar en las ya previstas en el Plan territorial insular vigente, en relación a la conservación de las fincas y elementos etnográficos existentes, ampliándolas y haciendo que se hagan cumplir con la exigencia de que la solicitud de construcción de nuevas viviendas en suelo rústico incluya proyecto técnico que recoja estas medidas, de forma que no se pueda otorgar el certificado final de obra municipal de la edificación sin verificar el cumplimiento de estas medidas de integración paisajística y ambiental.

En segundo lugar, se quiere impedir la construcción de nuevos vallados de fincas y edificaciones con bloque y elementos ajenos a los sistemas tradicionales, de forma que los nuevos vallados sean con piedra seca, de la forma tradicional en que en Ibiza se han construido las paredes y con unas dimensiones máximas -1 metro de altura- para evitar la formación de pantallas visuales, sin perjuicio que en las explotaciones agrarias pueda superarse esta altura en determinadas condiciones para garantizar la seguridad de los rebaños y de los cultivos.

Efectivamente, en los últimos veinte años hemos asistido a un progresivo y continuo proceso de compartimentación del suelo rústico y con esta medida se quiere impedir que se sigan construyendo cierres con materiales y dimensiones impropias del suelo rústico, que causan un impacto muy negativo sobre el paisaje rural dado que provocan su fragmentación con pantallas visuales impropias de esta clase de suelo.

Con esta medida se quiere recuperar la contemplación del paisaje y el mantenimiento de la identidad territorial de campo abierto, propia del ámbito rural de esta isla.

Y, finalmente, dada la grave y prolongada sequía que sufrimos en el marco del cambio climático en que se encuentra el planeta, este equipo de gobierno quiere introducir una serie de medidas tendentes todas ellas a un mejor aprovechamiento y ahorro del agua, de forma que los nuevos proyectos de construcción de viviendas en suelo rústico deban prever la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas para su reutilización en las necesidades de la edificación y/o de la finca; que tan sólo se pueda construir una piscina por vivienda en suelo rústico donde su volumen de agua no pueda exceder de los sesenta (60) m³ y que se prevea la construcción de un aljibe con una capacidad mínima para cada nuevo uso de vivienda.

Por todo lo anteriormente dicho, se ha considerado necesario incorporar en una Norma Territorial Cautelar (NTC) previa a esta modificación puntual de unas normas de aplicación directa y cautelar, que se consideran prioritarias en orden a implementar medidas para garantizar la protección del suelo rústico de la isla, hasta que se proceda a la tramitación y aprobación de la mencionada modificación del PTI y para asegurar sus determinaciones futuras, sin perjuicio del contenido que resulte de la revisión global del plan que, repetimos, sigue su tramitación administrativa.

Finalmente, hay que decir que todas estas medidas relativas a la protección del suelo rústico han sido consensuadas entre los diferentes partidos políticos integrantes del gobierno de esta corporación.

5.- Una vez redactada la Norma Territorial Cautelar, ésta es el reflejo normativo de lo que se ha motivado en el apartado 4 anterior y consta de un total de ocho artículos, una Disposición Transitoria y una Disposición Final.

6.- Después del trámite de participación pública, la Norma experimenta pequeños cambios en su redacción, a los efectos de otorgar mayor seguridad jurídica y claridad en sus determinaciones positivas.

En el artículo 3 (Determinaciones relativas a las condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico) de la Norma cuando dice “incluidos los anexos”, se añade la expresión “destinados a este uso”, para aclarar que se trata de los anexos destinados a este uso de vivienda.

Así mismo, en orden a dar seguridad jurídica, y para eliminar las dudas interpretativas que plantea el Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu en su informe emitido durante el trámite conferido, se añade en el artículo 4 de la presente Norma la expresión “notarial” después del término “documento público” ya que éste es el documento al que se ha estado siempre en aplicación de la normativa de segregaciones contenida en el vigente Plan Territorial Insular (Norma 16 y Disposición transitoria cuarta) a los efectos de nuevas viviendas en suelo rústico.

Para adecuar la literalidad del artículo 5 (Determinaciones relativas a la implantación de nuevas edificaciones y usos en determinados terrenos), apartado 2 a la finalidad de la norma - esto es, que no se incremente la presión edificatoria en aquellos lugares, así como que no aparezcan nuevas actividades, de tipo turísticas, que fomenten o incrementen la presión sobre aquellos espacios-, se considera adecuado añadir a la expresión "cambio de uso" el término "a actividades turísticas" y, de este modo, no impedir los cambios de usos a actividades no turísticas relacionadas con el mundo agrario. 

En la misma línea, aunque el artículo 2 de la Norma ya especificaba que su ámbito de aplicación es el suelo rústico de la isla de Ibiza, se clarifica, de acuerdo con la sugerencia efectuada en el informe de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno, que el artículo 7 de la Norma, en lo referente a las medidas de integración paisajística relativas a los vallados, afecta sólo a los vallados de fincas y edificaciones en suelo rústico. Así mismo, y aunque el artículo 7 no se quería referir a los vallados derivados de las necesidades pecuarias, fruto de las alegaciones presentadas en este sentido por el sector agrario, se incluye un nuevo apartado segundo para permitir que en las explotaciones agrarias los vallados para el rebaño puedan superar la altura  de un metro, para garantizar la seguridad del propio rebaño, así como de los cultivos de la explotación.

Así mismo, en aplicación del principio de proporcionalidad, y de acuerdo con las alegaciones formuladas en este sentido por el sector agrario, se especifica que las medidas de integración paisajística relativas a la recuperación y conservación de la finca (artículo 6) serán de aplicación en relación a las solicitudes de construcción de nuevas viviendas en suelo rústico. Igualmente, y por la misma razón, las medidas de ahorro de agua relativas a la recogida de aguas pluviales y a la construcción de un aljibe, contenidas en el apartado 1 de artículo 8 de la Norma, serán exigibles únicamente a los proyectos de construcción de nuevas viviendas en suelo rústico.

En cuanto a las piscinas debe decirse que si bien es cierto que la medida relativa a las dimensiones de las piscinas se contemplaba también como de integración paisajística y, por ello, se quiso inicialmente regular también su espejo de agua, en proporción a los nuevos parámetros de ocupación de las viviendas, fruto de las alegaciones se verifica que como medida de ahorro de agua bastaría con haber limitado el volumen de las piscinas, y por ello se modifica el apartado 2 del artículo 8 (Medidas de ahorro de agua) de la NTC en el sentido de modificar allí donde dice “La lámina de espejo de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no podrá exceder de treinta y cinco (35) m2 y su volumen, los sesenta (60) m3.”, por la frase “El volumen de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no podrá exceder los sesenta (60) m3”.

Así mismo, se estima una alegación proveniente del sector agrario respecto a permitir las explotaciones agrarias conforme la Norma 9 del PTI en terrenos ANEI y ARIP, sin necesidad de la creación de una explotación agraria prioritaria y se introduce una Disposición adicional (Explotaciones agrarias en terrenos ANEI y ARIP), siempre que no se modifique la orografía de los terrenos y no dé lugar a nuevas construcciones. En este sentido, se considera necesario eliminar cautelarmente la exigencia establecida en la Norma 9 del PTI vigente de explotación agraria prioritaria en terrenos ANEI y ARIP, ya que se quiere fomentar las actividades agrarias, también, en estos tipos de suelos, pero teniendo en cuenta que el PTI vigente liga la posibilidad de nuevas construcciones en estos terrenos, ANEI y ARIP, a la exigencia de que se trate de una explotación agraria prioritaria, esta Norma Cautelar no quiere permitir nuevas construcciones en explotaciones que no sean prioritarias sin un estudio más esmerado, el cual será objeto de la modificación del PTI de Ibiza. 

Y, en cuanto al régimen transitorio inicialmente previsto, éste se clarifica. Así pues, teniendo en cuenta que la aprobación inicial de la presente NTC se publicó en el BOIB el día 1 de diciembre de 2016, y para evitar conflictos interpretativos y ofrecer mayor seguridad jurídica en la aplicación de una norma territorial cautelar como esta, se establece que la presente norma territorial cautelar se aplique a los proyectos relativos al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico presentados ante el Ayuntamiento correspondiente a partir del día 1 de septiembre de 2016- con lo que los proyectos presentados entre los días 1 de septiembre y 1 de diciembre quedarían afectados por las determinaciones de la NTC- y, así mismo, se aplique esta NTC a los presentados anteriormente al día 1 de septiembre de 2016 y que a fecha 31 de agosto de 2016 no contaran con la documentación completa para resolver el expediente, entendida la expresión "documentación completa" como proyecto técnico más la documentación referida en las instrucciones 5 y 6 en cuanto a las viviendas unifamiliares aisladas del Anexo II -Instrucciones técnicas- del PTI (BOIB número 50, de 31 de marzo de 2005).

De esta forma, tanto la CIOTUPHA como los Ayuntamientos deberán aplicar la norma cautelar a todos los proyectos presentados dentro de los tres meses anteriores a la fecha de publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación inicial de la NTC y también a los expedientes presentados anteriormente a estos tres meses que, a fecha 31 de agosto de 2016, no tuvieran la documentación completa, en el sentido expuesto anteriormente; de forma que la NTC no resultaría de aplicación a los proyectos que cuenten con la documentación completa con anterioridad a los tres meses antes de la publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación inicial.

Con esta solución se clarifica qué se considera documentación completa a efectos de la aplicación de la NTC y, asimismo, se establece un periodo de aplicación de la norma común a todas las administraciones que intervienen en el procedimiento y, que, además coincide con el plazo -3 meses- con que cuenta la CIOTUPHA para la emisión de su informe desde que el expediente se encuentra completo. Y además, este periodo de aplicación a los proyectos presentados dentro de los tres meses anteriores a la publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación inicial de la NTC no genera per se ningún perjuicio que no deba soportarse, ya que la normativa aplicable en Baleares es la vigente en el momento del vencimiento del plazo que tiene la administración para resolver. Y en el caso del informe preceptivo de la CIOTUPHA se dispone de tres meses para su emisión (a contar desde la fecha en que el expediente se encuentra completo). Y respecto de los proyectos presentados anteriormente a estos tres meses, se exigirá, de acuerdo con la legislación balear y doctrina jurisprudencial, que a fecha 31 de agosto de 2016 -día anterior a este periodo de tres meses- los proyectos correspondientes se encontraran completos, con objeto de poder determinar la no aplicación de la NTC, puesto que si en esta fecha ya se encuentran completos (con independencia de cuándo se hayan completado) el día del vencimiento del plazo de tres meses para emitir el informe, el 30 de noviembre, no podía aplicarse la NTC ya que se publicó el día 1 de diciembre de 2016.  

Y finalmente, se aclara que, en cuanto al resto de actuaciones diferentes a la construcción de nuevas viviendas (ampliaciones, piscinas, cambios a usos turísticos, etc.) las determinaciones de la presente norma territorial cautelar no se aplicarán si la fecha del vencimiento del plazo para resolver la solicitud correspondiente es anterior al día 1 de diciembre de 2016, fecha de publicación del acuerdo de aprobación inicial de la norma.

El objeto de la Norma (artículo 1) es asegurar la viabilidad y efectividad de la modificación del vigente Plan Territorial Insular del año 2005, en el ámbito de la isla de Ibiza; el ámbito de aplicación de la Norma (artículo 2) se limita a los ámbitos de suelo rústico existentes en la isla de Ibiza, al disponer la isla de Formentera de su propio instrumento de ordenación territorial; en cuanto a las determinaciones relativas a las condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico (artículo 3) se reducen los parámetros relativos a la superficie construible máxima, el porcentaje máximo de ocupación de parcela y el volumen máximo del conjunto de las edificaciones; en cuanto a las determinaciones relativas a las segregaciones en suelo rústico (artículo 4) se prohíbe cautelarmente el uso de vivienda unifamiliar aislada en aquellas parcelas procedentes de una segregación, división o fragmentación, efectuadas en documento público notarial a partir del día 1 de noviembre de 2016 -fecha establecida en orden a evitar movimientos de último momento no deseables desde que ha trascendido a la opinión pública y se ha publicado en los medios de comunicación el contenido de las presentes medidas cautelares-, excepto que éstas provengan de actos de donación de padres a hijos o a causa de herencia entre personas vinculadas por relación de parentesco, siempre que cumplan con las condiciones previstas en el vigente Plan Territorial Insular; en cuanto a las determinaciones relativas la implantación de nuevas edificaciones y usos en determinados terrenos (artículo 5) se establece una serie de espacios dignos de conservación (los incluidos en la Red Natura 2000, los calificados como Suelo Rústico Protegido Área Rural de Interés Paisajístico (SRP-ARIP) y, al tiempo, incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRP-APR) de Incendio y los calificados Suelo Rústico Común Forestal (SRC-F) donde cautelarmente se establece que no resulta factible ubicar nuevas viviendas unifamiliares aisladas (ni se permite su ampliación o cambio de uso a actividades turísticas) en orden a preservar aquellos lugares de su transformación, no obstante estableciendo que aquellos terrenos computan a los efectos de edificar fuera de aquellos espacios si la categoría subyacente de los terrenos lo permite; en cuanto a las medidas de integración paisajística y ambiental relativas a la recuperación y conservación de la finca (artículo 6) se establece la obligación de presentar junto con la solicitud de construcción de nuevas viviendas en suelo rústico, con independencia de su uso, un proyecto técnico que recoja toda una serie de medidas de integración paisajística y ambiental que se tienen que llevar a cabo en la totalidad de la finca donde se quiere edificar y que su estricto cumplimiento debe verificarse en la correspondiente certificación municipal final de obras; en cuanto a las medidas de integración paisajística relativas a los vallados (artículo 7) se establece que los vallados, tanto de las fincas como de las edificaciones en suelo rústico que se lleven a cabo tienen que ser efectuados con piedra seca y de la manera constructiva tradicional en la zona o bien con vallas cinegéticas que permiten el paso de la fauna, limitándose su altura total a un metro en orden a evitar el efecto pantalla que actualmente se produce con los vallados y estableciendo una excepción para permitir que en las explotaciones agrarias los vallados para el rebaño puedan superar la altura de un metro, para garantizar la seguridad del propio rebaño, así como de los cultivos de la explotación; en cuanto a las medidas de ahorro de agua (artículo 8) se establece la necesidad de aprovechar al máximo este recurso tan escaso en nuestras islas del cual no es ajena la isla de Ibiza castigada gravemente en los últimos años por la sequía que se sufre, estableciéndose medidas en orden a la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas de las nuevas viviendas para su reutilización en las necesidades de la edificación y/o de la finca y su almacenamiento, que no se puedan construir más de una piscina por finca o limitar su volumen máximo en orden al ahorro de este recurso; la Disposición adicional (Explotaciones agrarias en terrenos ANEI y ARIP) permite las explotaciones agrarias conforme la Norma 9 del PTI en terrenos ANEI y ARIP, sin necesidad de la creación de una explotación agraria prioritaria con determinadas condiciones; en cuanto al régimen transitorio de la Norma (Disposición transitoria), hay que decir en primer lugar que esta Norma Territorial Cautelar no afecta a las licencias de edificación municipales ya concedidas y en segundo lugar, por lo que hace a los expedientes en tramitación, para evitar conflictos interpretativos y ofrecer mayor seguridad jurídica en la aplicación de una norma territorial cautelar como esta, teniendo en cuenta que la aprobación inicial de la presente NTC se publicó en el BOIB el día 1 de diciembre de 2016, se establece que la presente norma territorial cautelar se aplique a los proyectos relativos al uso de vivienda unifamiliar, presentados ante el Ayuntamiento correspondiente a partir del día 1 de septiembre de 2016- con lo que los proyectos presentados entre los días 1 de septiembre y 1 de diciembre quedarían afectados por la aprobación inicial de la NTC- y, así mismo, se aplique a los presentados anteriormente al día 1 de septiembre de 2016 y que a fecha 31 de agosto de 2016 no contaran con la documentación completa para resolver el expediente, entendida la expresión "documentación completa" en el sentido expuesto anteriormente -proyecto técnico más la documentación referida en las instrucciones 5 y 6 en cuanto a las viviendas unifamiliares aisladas del Anexo II -Instrucciones técnicas- del PTI (BOIB número 50, de 31 de marzo de 2005).

Asimismo, se permite que los expedientes de licencia urbanística de edificación que resulten afectados por las determinaciones introducidas por la Norma puedan adaptar el correspondiente proyecto técnico a las nuevas determinaciones establecidas a la misma y no impedir la finalización de su tramitación; finalmente, en cuanto a la entrada en vigor y plazo de vigencia de la Norma (Disposición final) se recoge el régimen legal establecido en el artículo 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial.

Visto que, en virtud del artículo 70.13 de la ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (BOE núm. 52, de día 1 de marzo de 2007), y de los puntos 1 y 4 del artículo 1 de la ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de ordenación del territorio (BOIB núm. 32, de 15 de marzo de 2001) son competencias propias de los consejos insulares las relativas a la elaboración y la aprobación de los planes territoriales insulares y las relativas a la elaboración y la aprobación de las normas territoriales cautelares que tengan que preceder la formulación, la revisión o la modificación de los instrumentos de ordenación territorial que corresponde aprobar a los consejos insulares.

Así, y al efecto de evitar que las futuras medidas que pueda determinar la modificación del vigente Plan Territorial Insular no surjan ya limitadas en cuanto a su efectividad por situaciones consolidadas contradictorias con la futura ordenación, se considera del todo necesario la adopción de las medidas de orden cautelar que se establecen en la siguiente normativa.

NORMATIVA

Artículo 1. Objeto.

Es objeto de esta Norma, de acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, el establecimiento de determinaciones cautelares de ordenación territorial dirigidas a asegurar la viabilidad y efectividad de la modificación del Plan territorial insular de Ibiza y Formentera, publicado en el BOIB número 50, de 31 de marzo de 2005 (vigente Plan Territorial Insular), en el ámbito de la isla de Ibiza (Plan Territorial Insular de Ibiza).

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las determinaciones establecidas en la presente norma resultarán de aplicación a los diferentes ámbitos de suelo rústico existentes en la isla de Ibiza que se relacionan en los artículos siguientes, con independencia de la clasificación asignada por el planeamiento municipal vigente.

Artículo 3. Determinaciones relativas a las condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico.

A las edificaciones destinadas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico, incluidos los anexos destinados a este uso, les resultarán de aplicación los siguientes parámetros según las categorías  recogidas en el vigente Plan Territorial Insular o en el planeamiento urbanístico adaptado a este instrumento, y que el planeamiento general podrá fijar más restrictivamente:

a) Superficie construible máxima:

En Suelo Rústico Protegido Área Rural de Interés Paisajístico -SRP-ARIP- y Suelo Rústico Común Forestal -SRC-F- 0,0084 m2/m2 y al resto de categorías de suelo rústico 0,014 m2/m2.

b) Porcentaje máximo de ocupación de parcela:

En SRP-ARIP y SRC-F 1,2 % y al resto de categorías de suelo rústico 2 %.

c) Volumen máximo del conjunto de las edificaciones: 900 m3.

Artículo 4. Determinaciones relativas a las segregaciones en suelo rústico.

En las parcelas procedentes de una segregación, división o fragmentación, efectuadas en documento público notarial a partir del día 1 de noviembre de 2016, queda prohibido el uso de vivienda unifamiliar, excepto que provengan de donación de padres a hijos o a causa de herencia entre personas vinculadas por relación de parentesco y que cumplan con las condiciones previstas en el vigente Plan Territorial Insular.

Artículo 5. Determinaciones relativas a la implantación de nuevas edificaciones y usos en determinados terrenos.

1. En los siguientes terrenos no se podrán ubicar nuevas viviendas unifamiliares aisladas:

a) los incluidos en la Red Natura 2000,

b) los calificados como Suelo Rústico Protegido Área Rural de Interés Paisajístico (SRP-ARIP) y, al mismo tiempo, incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRP-APR) de Incendio delimitadas en el plano 3 (Áreas de prevención de riesgos) del vigente Plan Territorial Insular.

c) los calificados por el vigente Plan Territorial Insular o por los instrumentos de planeamiento adaptados al mismo como Suelo Rústico Común Forestal (SRC-F).

Estos terrenos computarán a efectos de la aplicación de la regla de proporcionalidad establecida en la Norma 14 del vigente Plan Territorial Insular para las fincas sujetas a distintas calificaciones, siempre que la categoría subyacente lo permita.

2. Respecto de las viviendas existentes en estos terrenos a la entrada en vigor de la presente norma territorial, no se permiten su ampliación ni cambio de uso a actividades turísticas. 

Artículo 6. Medidas de integración paisajística y ambiental relativas a la recuperación y conservación de la finca.

1. La solicitud de construcción de nuevas viviendas en suelo rústico deberá incluir proyecto técnico que recoja todas las medidas de integración paisajística y ambiental que deben llevarse a cabo en la totalidad de la finca, en función de sus características, tendentes a:

a) Recuperar y mantener la totalidad de los terrenos en buen estado según sus características naturales (mantener la masa boscosa en condiciones que minimicen la extensión de incendios forestales y de forma que no perjudiquen las especies protegidas que se hayan de preservar y, en zonas agrícolas, el mantenimiento de los cultivos tradicionales y de las plantaciones de frutales o bien, el mantenimiento de la explotación agraria existente).

b) Recuperar y mantener todos los elementos de valor etnográfico o cultural existentes en la finca (bancales, paredes, otros elementos de piedra seca...).

c) Eliminar los elementos tales como vallados, muros etc..., construidos sin seguir los sistemas y materiales tradicionales de Eivissa.

d) Reducir el impacto de la edificación sobre el cielo nocturno, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente en materia de contaminación lumínica.

2. No se podrá otorgar el certificado final de obra municipal de la edificación sin verificar el cumplimiento de estas medidas de integración paisajística y ambiental.

Artículo 7. Medidas de integración paisajística relativas a los vallados.

1. Los vallados de las fincas y edificaciones en suelo rústico sólo se podrán realizar con piedra seca y de la manera tradicional de la zona o bien con las vallas cinegéticas que permitan el paso de la fauna. Su altura total no podrá superar un metro.

2. En las explotaciones agrarias, los vallados para el rebaño podrán superar la altura de un metro, siempre que sean diáfanos tradicionales y resulten necesarios para que no salgan los animales o para proteger los cultivos de la finca de este rebaño.

Artículo 8. Medidas de ahorro de agua.

1. Los proyectos de construcción de nuevas viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico deberán prever la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas para su reutilización en las necesidades de la edificación y/o de la finca. Así mismo, se deberá prever su almacenamiento en un aljibe con capacidad suficiente para este uso, con una capacidad mínima de quince (15) m3.

2. El uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico no podrá dar lugar a la construcción de más de una piscina por finca.

El volumen de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no podrá exceder de los sesenta (60) m3.

Disposición adicional. Explotaciones agrarias en terrenos ANEI y ARIP.

En las Áreas naturales de especial interés (ANEI) y en las Áreas rurales de interés paisajístico (ARIP) de la isla de Ibiza se permiten las explotaciones agrarias y no resultará de aplicación la exigencia establecida en la Norma 9 del PTI vigente de que se trate de una explotación agraria prioritaria, siempre que no se modifique la orografía de los terrenos y no dé lugar a nuevas construcciones. 

Disposición transitoria. Régimen transitorio.

1. Las determinaciones cautelares contenidas en la presente norma territorial cautelar se aplicarán a los proyectos relativos a la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico,   presentados ante el Ayuntamiento a partir del día 1 de septiembre de 2016, éste incluido.

Así mismo, las determinaciones cautelares contenidas en la presente norma territorial cautelar se aplicarán a los proyectos presentados con anterioridad al día 1 de septiembre de 2016, y que a fecha 31 de agosto de 2016 no contaran con la documentación completa para resolver el expediente.

Al efectos de la aplicación del párrafo anterior, se entiende que la documentación se encuentra completa cuando conste en el expediente el correspondiente proyecto técnico exigido por la normativa aplicable, redactado por personal técnico competente, así como la documentación que para el uso de vivienda unifamiliar piden las Instrucciones 5 y 6 del Anexo II del Plan Territorial Insular (BOIB núm. 50, de 31 de marzo de 2005) .

2. En cuanto al resto de solicitudes de licencia urbanística, las determinaciones de la presente norma territorial cautelar no se aplicarán si la fecha del vencimiento del plazo para resolver la solicitud correspondiente es anterior al día 1 de diciembre de 2016.

3. Las solicitudes de licencia urbanística en tramitación que resulten afectadas por la presente Norma, podrán continuar con su tramitación si adaptan el correspondiente  proyecto a lo previsto en la misma.

Disposición final. Entrada en vigor y plazo de vigencia.

Esta Norma entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears y, desde entonces, regirá durante un plazo máximo de tres años, o hasta la aprobación inicial de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza si ésta se produce antes de agotarse el mencionado plazo.

Todo lo anterior, sin perjuicio de los efectos legales producidos por el acto de su aprobación inicial, al amparo del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial.

Seguidamente se transcribe la traducción al castellano del original del presente certificado emitido en lengua catalana:

……/……………., secretario del Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears,

CERTIFICO:

Que el Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears de día 11 de abril de 2017, con referencia al "dictamen en relación a la propuesta de declaración ambiental estratégica relativa a la norma territorial cautelar por la que se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del plan territorial insular de Ibiza (33E/17)" adoptó el siguiente acuerdo:

"DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

1. Determinación de sujeción a evaluación ambiental y tramitación

El artículo 13 de la TLEI 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears, establece la tramitación que debe seguir la evaluación ambiental de las normas territoriales cautelares previas a la formulación, revisión o modificación de un instrumento de ordenación territorial.

La intervención del órgano ambiental se efectúa después de la información pública y de la consulta a las administraciones públicas, y antes de la aprobación definitiva. A tal efecto, el órgano sustantivo ha remitido al órgano ambiental todo el expediente administrativo, con la norma territorial cautelar, la memoria-análisis, los informes de las administraciones públicas afectadas, las alegaciones y la valoración.

2. Descripción y acciones de la NTC

Dado que han transcurrido más de diez años desde la entrada en vigor del Plan Territorial de Ibiza, y que el contexto normativo no es el mismo de aquel momento, el Consejo Insular de Eivissa plantea, sin perjuicio del procedimiento de su revisión, la adopción de determinadas medidas cautelares, que afectan únicamente al suelo rústico, en orden a asegurar una modificación puntual del mismo.

En primer lugar, se quiere llevar a cabo una reducción de las condiciones de edificación de las viviendas en suelo rústico, con el objetivo de reducir la presión edificatoria y la especulación existente sobre el suelo rústico y mitigar el impacto que las viviendas de grandes proporciones provocan en el mismo.

En segundo lugar, se quiere evitar la excesiva fragmentación de las parcelas y consiguiente urbanización difusa del suelo rústico, impidiendo que se pueda seguir edificando sobre las parcelas segregadas o divididas a partir de una determinada fecha -el día 1 de noviembre de 2016-, a fin de dar seguridad jurídica y, al mismo tiempo, evitar especulaciones. Se quiere mantener la posibilidad de seguir edificando sobre las parcelas que se segreguen en virtud de título hereditario o donación de padres a hijos, siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en el vigente Plan territorial insular.

En tercer lugar, se quiere evitar que se sigan construyendo nuevas viviendas en terrenos que cuentan con la máxima protección ambiental derivada de las directivas comunitarias, como los incluidos en la Red Natura 2000, o bien en lugares donde el uso de vivienda tradicionalmente no se ha implantado por tratarse de zonas boscosas y/o con un alto riesgo de incendio. Con esta medida se pretende evitar el impacto paisajístico y ambiental que estas viviendas provocan en estos terrenos más merecedores de protección.

En cuarto lugar, se introducen una serie de medidas de integración paisajística y ambiental.

Se quiere profundizar en las medidas ya previstas en el Plan territorial insular vigente, en relación a la conservación de las fincas y elementos etnográficos existentes, ampliándolas.

También se quiere impedir la construcción de nuevos cierres de fincas y edificaciones con bloque y elementos ajenos a los sistemas tradicionales, de forma que los nuevos cierres sean con piedra seca.

Se introducen una serie de medidas tendentes a un mejor aprovechamiento y ahorro del agua, de forma que los nuevos proyectos de construcción de edificaciones en suelo rústico tengan que prever la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas para su reutilización en las necesidades de la edificación y/o de la finca; que sólo se pueda construir una piscina por vivienda, que la lámina de espejo de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no pueda exceder de unas medidas proporcionadas a los nuevos parámetros de ocupación de las viviendas y que se prevea la construcción de un aljibe con una capacidad mínima para cada nuevo uso de vivienda.

La norma territorial cautelar consta de un total de ocho artículos, una disposición adicional, una disposición transitoria y una disposición final.

3. Evaluación de los efectos previsibles

De esta norma territorial cautelar se derivan una serie de acciones que pueden afectar a las diferentes variables ambientales:

1. Condiciones de edificación: Reducción muy significativa respecto a la situación actual de los porcentajes, por un lado, de volumen máximo de todas las edificaciones, y por otro, de empleo y superficie construible máxima de los de viviendas en suelo rústico, en relación en la superficie de la parcela.

Los impactos geomorfológicos o sobre el suelo quedarán bastante minimizados dado que el nivel de excavación o desmontes en general será mucho menor en la fase de construcción.

En el mismo sentido, la sustitución de los suelos originales quedará reducida.

También en relación con la calidad del suelo se producen efectos positivos, especialmente en las zonas de pendientes importantes, ya que al minimizar la superficie de asiento de la edificación se produce una reducción potencial de los procesos de erosión.

A nivel de paisaje se producirán impactos muy positivos, especialmente en las zonas de interés paisajístico, ya que se limitará la superficie de la edificación en el entorno rural. Así se reducirá la pérdida de naturalidad que produce el asentamiento de grandes viviendas en las zonas rurales.

Se darán menores afectaciones sobre la vegetación en la fase de construcción de las edificaciones. En este mismo sentido, la afectación sobre la fauna será también mucho menor.

2. Reglas de segregaciones: inedificabilidad de las parcelas segregadas con la única excepcionalidad que provengan de donaciones de padres a hijos o de título hereditario entre parientes.

La reducción de las posibilidades edificatorias que esta norma implica una menor ocupación de los suelos naturales además de una menor transformación de estos por las actuaciones en el proceso de edificación, excavaciones, desmontes, etc. Asimismo en las zonas de mayor pendiente los procesos erosivos también quedan muy reducidos.

En relación a la calidad de aire y ambiente sonoro, la medida supone una mejora muy positiva, al reducir los procesos de contaminación lumínica e impactos sonoros en el entorno rural.

La reducción del nivel de urbanización determinará una gran reducción del consumo y de los niveles de aprovechamientos de las aguas subterráneas.

Paisajísticamente la medida determina una afección muy positiva sobre el paisaje al disminuir el grado de urbanización del entorno rural. En general se reducirán los elementos distorsionadores del paisaje rural como son las edificaciones y otros elementos no tradicionales.

A un nivel de mayor escala se reducirá la sensación del urbanismo disperso totalmente disonante con el paisaje rural de la isla de Ibiza.

A nivel biótico la reducción urbanística determina efectos significativamente positivos sobre la fauna al disminuir el conjunto de las actividades antrópicas y la frecuentación sobre el conjunto territorial, además de minimizar los efectos de la fragmentación territorial que determinan las ocupaciones edificatorias.

La reducción del nivel de urbanización determina la reducción de la pérdida de vegetación natural por la nueva ocupación de los elementos arquitectónicos.

Especialmente en el entorno rural de suelo rústico ocupado por masas forestales, la reducción del potencial urbanístico determina una disminución significativa del nivel de riesgo forestal, dado que las actividades humanas son las principales responsables de la creciente incidencia de inicio de incendios forestales.

Si bien en un principio se pueden derivar impactos negativos sobre el medio socioeconómico derivado de las limitaciones del desarrollo urbanístico, a medio y largo plazo la norma puede suponer establecer principios de sostenibilidad territorial. Además, esta medida se ve compensada con la excepcionalidad que provengan de donaciones directas o de título hereditario entre parientes.

3. Prohibición de nuevas viviendas en Red Natura 2000, suelos forestales y ARIP delimitados como APR de incendio.

La inedificabilidad y la imposibilidad de ampliar o cambiar el uso las viviendas existentes en este tipo de categoría de suelo rústico determina la disminución muy importante de los efectos sobre el suelo producidos por la adecuación del terreno para el asentamiento de las edificaciones como son excavaciones, desmontes, etc.

En las zonas de mayor pendiente, además, los riesgos de erosión se reducen de manera muy importante.

Reducción de todo el conjunto de afecciones relacionadas con la actividad antrópica. Así la calidad del aire y del ambiente sonoro se verá muy mejorada por la disminución de la contaminación lumínica y ruidos.

La inedificabilidad determinará un impacto positivo significativo dada la disminución del consumo de aguas y, por tanto, de los aprovechamientos de aguas subterráneas.

Las características forestales de estas zonas determinan el asentamiento humano como un factor totalmente disonante con el paisaje intrínseco de éstas, esto hace que su inedificabilidad se determina como un impacto muy positivo sobre el elemento del paisaje.

Reducción muy importante de la eliminación de los ecosistemas forestales con mayor nivel de estructuración. A la vez en este tipo de ambientes es donde se concentran los principales elementos florísticos de carácter protegido o endémico. Faunísticamente también se da la presencia de especies de interés comunitario y el conjunto forestal juega un importante papel como zona de nidificación y refugio, por lo que a nivel biótico la medida presenta impactos muy positivos dada la minimización del nivel de asentamiento antrópico y de las actividades humanas.

A nivel de hábitats protegidos se contribuye al mantenimiento de su estado de conservación favorable y la propia integridad ecológica de cada uno de los espacios que integran la Red Natura 2000.

Esta medida se considera como la más efectiva y determinante de cara a minimizar el nivel de riesgos forestales.

A nivel del medio socioeconómico, en principio se pueden derivar impactos negativos derivados de las limitaciones del desarrollo urbanístico. A medio y largo plazo la norma puede suponer efectos positivos ya que establece principios de sostenibilidad territorial.

4. Medidas de recuperación y conservación de la finca: Se incide en el mantenimiento de las condiciones agrarias y elementos tradicionales de la finca y de su masa boscosa, con lo cual se determina la reducción del nivel de riesgo por incendio forestal, además de potenciar significativamente los valores del paisaje del suelo rústico. También se promueve la reducción de la contaminación lumínica en el suelo rústico.

5. Medidas relativas a los cierres de fincas. Se impide la construcción de nuevos cierres con tipologías ajenas y, por tanto, discordantes con los sistemas tradicionales. Esto se reflejará en una mejora paisajística del entorno rústico de la isla y asimismo evitará la impermeabilidad territorial con la disposición de los adecuados pasos de fauna.

6. Medidas de ahorro de agua y dimensiones de las piscinas. En función de la situación de sequía y especialmente la situación de sobreexplotación de casi la totalidad de los acuíferos de la isla de Ibiza, esta medida contribuirá a la minimización del consumo de agua por parte del urbanismo disperso y, por tanto, la recuperación de los recursos hídricos. A nivel paisajístico, la existencia de un gran número de piscinas, así como la presencia de piscinas de gran superficie, son elementos discordantes con el paisaje rural de la isla de Ibiza.

4. Resultados de la información pública.

En el BOIB núm. 151, de 1 de diciembre, se publica el anuncio relativo a la información pública de la norma territorial cautelar, junto con la memoria análisis, por un periodo de 30 días. Asimismo, se publicó edicto en el tablón de anuncios del Consejo de Eivissa y anuncio en los periódicos "Diario de Ibiza” y " Periódico de Ibiza y Formentera".

De acuerdo con el certificado del Secretario del Consejo Ejecutivo del Consejo de Eivissa de 16 de marzo de 2017 del acuerdo del Consejo Ejecutivo de la misma fecha, se presentaron un total de 2.453 alegaciones.

Tal y como se recoge en el informe de valoración ambiental de 15 de marzo de 2017 realizado por el técnico de Biodiversidad del Departamento del Medio Ambiente, Medio rural y Marino del Consejo de Eivissa, ni en las alegaciones formuladas, ni en los informes de las administraciones consultadas, se ha efectuado ninguna objeción ni alegación contraria a la memoria ambiental contenida en la norma cautelar aprobada inicialmente, y que analizó los impactos y potenciales afecciones de las determinaciones de la norma cautelar sobre las diferentes variables ambientales.

Previo informe técnico de 10 de marzo de 2017, en el acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consejo de Eivissa de 16 de marzo de 2017 se incluye una valoración del trámite de información pública. Fruto de las alegaciones y de los informes emitidos, la norma, para su aprobación definitiva, experimenta pequeños cambios en su redacción (memoria y artículos), a los efectos de otorgar mayor seguridad jurídica y claridad en sus determinaciones positivas.

5. Consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas

De acuerdo con el artículo 13 de la ley 12/2016, el Consejo de Ibiza ha consultado a las siguientes administraciones afectadas:

-Instituto Balear de la Mujer

-Consejería de Presidencia del Gobierno de las Illes Balears

-Delegación del Gobierno

-Consejo de Formentera

-Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu

-Ayuntamiento de Sant Josep de la Talaia

-Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja

-Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany

-Ayuntamiento de Eivissa

-Consejo Económico y Social de las Illes Balears

Se han recibido los siguientes informes:

- Delegación del Gobierno, que no se pronuncia.

- Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, que presenta una serie de alegaciones:

·      Nulidad del acuerdo de aprobación inicial de la NTC, ya que no existe con carácter previo o simultáneo ningún acto de iniciación, revisión o modificación del Plan Territorial insular vigente.

·      Discriminación de este municipio debido al alto porcentaje de suelo rústico protegido -1,81% - respecto del que tienen otros municipios, en los que las posibilidades edificatorias en suelo rústico común son muy superiores a las de este municipio; lo que redundará en un empobrecimiento tanto social como económico con el agravante discriminatorio si comparamos los herederos de suelos rústicos protegidos respecto de los de suelo rústico común.

La mayor parte de las edificaciones ya existentes en suelo rústico, de incorporarse esta NTC a la modificación del PTI, se encontrarán en situación de inadecuación con el PTI, con las consecuencias legales que ello supondrá.

·      Resulta contradictorio fijar parámetros máximos para viviendas en zonas donde este uso está prohibido.

Por otra parte no se aclara si estos parámetros incluyen o no la piscina como ocupación.

·      Este municipio que se encuentra ocupado en su mayor parte con suelo rústico protegido debería disponer de un régimen especial que le permita su desarrollo social y económico.

- Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río, que alega lo siguiente:

·      Nulidad del acuerdo de aprobación inicial de la NTC, ya que no existe con carácter previo o simultáneo ningún acto de iniciación, revisión o modificación del Plan Territorial insular vigente.

·      Falta de motivación para adoptar la NTC.

·      Redacción defectuosa del artículo 2 de la NTC. "Dado que existen una serie de artículos en que no se relaciona ámbito alguno, debería de precisarse el ámbito de aplicación de sus determinaciones en tales casos".

·      Ausencia de justificación de los parámetros fijados en el artículo 3 de la NTC.

·      Defectuosa redacción del artículo 4 de la NTC.

·      Observaciones a los artículos 5 y 8 de la NTC. “El impacto paisajístico de las edificaciones no suele depender del uso al que éstas se destinan sino más bien de sus características morfológicas y de implantación y que, puesto que no se prohíben en los terrenos las nuevas edificaciones destinadas a otros usos, además de que no se entiende por qué se prohíbe el cambio de uso de las viviendas existentes.”

·      “Más que del tamaño de la piscina en sí, el ahorro de agua venderá determinado por el sistema de tratamiento de la misma”

·      Redacción confusa de la disposición transitoria de la NTC.

·      Omisión de la valoración de las repercusiones económicas de la NTC.

- Dirección General de Ordenación del Territorio, que emite informe favorable.

- Secretaría General de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria, que informa que la sesión constitutiva del Consejo Económico y Social de las Illes Balears no se ha llevado a cabo y, por tanto, las funciones consultivas preceptivas que prevé el artículo 2 de la Ley 10/2000 no están en vigor.

6. Análisis técnico

Una vez vista y evaluada la documentación presentada se puede concluir que de esta Norma Territorial Cautelar (NTC) se derivarán una serie de acciones que mejorarán sustantivamente la ordenación territorial en Suelo rústico y en terrenos declarados como Red Natura 2000.

La prohibición de construir nuevas edificaciones en terrenos de XN 2000, anulará la tendencia actual de fragmentación de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) dentro de los LICs. La construcción de viviendas unifamiliares en RN 2000 lleva implícito la creación de cierres, acondicionamientos de caminos, e instalación de servicios. Todo ello hace que se afecten en mayor intensidad y/o magnitud los HICs- y/o especies de interés comunitario para las que se ha declarado el LIC, lo que puede acabar abocando a la no funcionalidad del mismo.

Aparte de lo anterior esta medida y otras recogidas en este NTC, ocasionará que no se produzcan o que se minimicen sustancialmente, toda una serie de impactos ambientales que actualmente se generan sobre el medio abiótico y los recursos naturales. También se considera que será muy favorable para el paisaje, porque las masas de vegetación natural no se seguirán viendo interrumpidas por construcciones antrópicas, y, también, porque esta NTC establece medidas de integración paisajística además de reducir, en estas zonas naturales, la contaminación lumínica.

También se considera una medida ambiental muy positiva prohibir nuevos usos de viviendas unifamiliares en calificaciones de SRP o SRC donde hay peligro de incendio y las medidas en cuanto al ahorro de agua, que en Ibiza es un recurso limitado.

En relación con los informes y alegaciones emitidos durante la información pública, se considera que estos, no hacen referencias explícitas a mejorar las medidas ambientales que figuran en el redactado final de la NTC.

Conclusiones

Se propone formular LA DECLARACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA FAVORABLE de la Norma Territorial Cautelar por la que se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza.

Se recomienda que el artículo 5 de la Norma Territorial Cautelar, en lugar de hacer referencia a las Áreas de Prevención de Riesgos (SRP APR) de incendios del vigente Plan Territorial Insular, haga referencia al mapa de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) de incendio aprobado mediante el Decreto 22/2015, de 17 de abril, por el que se aprueba el IV Plan General de Defensa contra Incendios Forestales de las Illes Balears (desde 2015 hasta 2024)."

Y para que conste, expido este certificado antes de ser aprobada el acta correspondiente y a reserva de los términos que resulten de su aprobación, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común.

Palma, a 11 de abril de 2017

- ANEXO II: INFORME TÉCNICO EMITIDO EN FECHA 10 DE MARZO DE 2017 SOBRE EL TRÁMITE DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DE LA NORMA TERRITORIAL CAUTELAR POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PROVISIONALES PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD Y LA EFECTIVIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE IBIZA. INFORME DE VALORACIÓN DE ALEGACIONES PRESENTADAS E INFORMES EMITIDOS.

Seguidamente se transcribe la traducción al castellano del original del presente informe emitido en lengua catalana:

Asunto: Trámite de participación pública de la Norma Territorial Cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza. Informe de valoración de las alegaciones presentadas e informes emitidos.

INFORME

Que emiten los servicios técnicos del Departamento de Territorio y Movilidad del Consejo que subscriben en relación a las alegaciones e informes formulados a la Norma Territorial Cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza, aprobada inicialmente por acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Eivissa de día 30 de noviembre de 2016 (BOIB núm. 151, de 1 de diciembre de 2016), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.2.c) de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial (BOIB núm. 157 Ext., de 27 de diciembre de 2000).

I.- ANTECEDENTES

1.- En el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) número 151, de fecha 1 de diciembre de 2016, se  publicó el edicto núm. 13597 (en versión catalana y castellana) correspondiente al acuerdo plenario del Consejo Insular de Eivissa, sesión ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2016, mediante el cual se acordó aprobar inicialmente una norma territorial cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza, y apertura del periodo de información pública.

La mencionada publicación incluye asimismo la Memoria justificativa, la Normativa y la Memoria-análisis.

2.- En el apartado segundo del mencionado acuerdo publicado en el BOIB consta:

“2.º- Disponer la tramitación de la Norma territorial cautelar, siguiendo el procedimiento establecido en la mencionada Ley, y en consecuencia, de conformidad con el apartado 2.b del artículo 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, disponer la apertura de un plazo de información pública de TREINTA DÍAS (30) HÁBILES, mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), en uno de los diarios de mayor circulación de la isla de Ibiza, y en la correspondiente sede electrónica del Consejo Insular de Eivissa (www.conselldeivissa.es), para que cualquier persona pueda formular las alegaciones que considere pertinentes.

La documentación completa que integra la Norma territorial cautelar aprobada inicialmente podrá ser consultada, en horario de oficina de lunes a viernes (de 08:00 horas hasta las 15:00 horas), en los servicios del Departamento de Territorio y Movilidad del Consejo Insular de Eivissa, ubicados en la sede del Consejo Insular de Eivissa, avenida de España, núm. 49, cuarta planta, CP.- 07800 Ibiza.

Así mismo, la documentación podrá ser consultada a través de internet, accediendo a la siguiente página web: http://www.conselldeivissa.es/.”

3.- El edicto de apertura del periodo de información pública de la mencionada Norma fue publicado en los diarios locales, Diario de Ibiza y Periódico de Ibiza en fecha 2 de diciembre de 2016.

4.- El edicto se expuso, asimismo, en el tablón de anuncios de esta Corporación, para información pública durante el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES, a contar desde el día 1 de diciembre de 2016. Y también se expuso el edicto y el informe técnico emitido a través de internet en la sede electrónica del Consejo Insular de Eivissa (http://www.conselldeivissa.es).

El plazo de información pública general finalizó el día 18 de enero de 2017.

5.- Entre los días 5 y 7 de diciembre de 2016 tuvieron entrada en los respectivos registros las solicitudes de informe, de conformidad con el artículo 17.2.b) de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y lo establecido en el apartado tercero del acuerdo plenario de día 30 de noviembre de 2016, a los Ayuntamientos de la isla de Eivissa, en el Gobierno de las Illes Balears, a la Delegación del Gobierno en las Illes Balears, al Instituto Balear de la Mujer, al Consejo Económico y Social y asimismo se comunicó la aprobación inicial al Consejo Insular de Formentera.

6.- Durante el plazo de exposición pública se han presentado un total de 2.453 alegaciones.

Así mismo, se han recibido los siguientes informes:

Delegación del Gobierno (con nre 31234, de 22 de diciembre de 2016)

Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu (con nre 329, de 9 de enero de 2017)

Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja (con nre 344, de 9 de enero de 2017)

Gobierno de las Illes Balears (con nre 3337, de 26 de enero de 2017)

Consejo Económico y Social de las Illes Balears (con nre 4094, de 6 de febrero 2017) 

II.- TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN DE Otras ADMINISTRACIONES.

A) ÍNDICE DE ALEGACIONES

Se han presentado un total de 2.453 alegaciones por personas físicas y jurídicas.

A estos efectos, dispone el apartado 3 del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

“Artículo 83. Información pública.

.../...

3. La incomparecencia en este trámite no impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.

La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.”  

A la hora de dar cumplida respuesta a lo alegado durante el trámite de información pública por las diferentes personas alegantes y ya que muchas de las alegaciones presentadas son idénticas en su contenido, se ha optado para clasificar las alegaciones presentadas según diferentes modelos. Así, se han identificado hasta 11 modelos de alegaciones (del Modelo 1 al Modelo 11). Así, la respuesta se hará conjunta para cada modelo.

De hecho, de las 2.453 alegaciones presentadas, un total de 2.344 se corresponden con el modelo 1 y 2, suponiendo estos dos modelos más del 95 % de las alegaciones presentadas.

Los modelos son:

Modelo-1..........1.465 alegaciones

Modelo-2...........879 alegaciones

Modelo-3...........8 alegaciones

Modelo-4............5 alegaciones

Modelo-5............2 alegaciones

Modelo-6............6 alegaciones

Modelo-7............3 alegaciones

Modelo-8.............39 alegaciones

Modelo-9..............3 alegaciones

Modelo-10...........4 alegaciones

Modelo-11............4 alegaciones

Además de lo anterior, se han presentado 34 alegaciones diferentes, referentes a varios  colectivos, como colegios profesionales, cooperativas agrarias, etc... y a proyectos concretos en tramitación, que se contestarán de forma individualizada en aquello que haga referencia al contenido de la Norma Territorial Cautelar. También se han recibido toda una serie de informes que se habían solicitado con ocasión de la aprobación inicial.

Por lo tanto, a efectos de dar respuesta al conjunto de las alegaciones presentadas, esta respuesta se hará, en primer término, de forma conjunta para los 11 modelos identificados, en segundo lugar, de forma individualizada, para cada una de 34 alegaciones diferentes y en tercer lugar, se dará respuesta a los informes recibidos.

Así mismo, a los efectos de comunicar una respuesta motivada a las alegaciones presentadas, se propone la publicación íntegra de este informe en el BOIB junto con la NTC, así como en el portal web del Consejo Insular (www.conselldeivissa.es).

Por lo que, tratándose de un supuesto de cesión o comunicación de datos de carácter personal del artículo 3.j) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, se dará cumplimiento a lo que establece la mencionada Ley, procediendo a anonimizar los datos de carácter personal (no utilizando los nombres de las personas y sólo poniendo los números de los documentos de identidad).

Así mismo, también se propone establecer que una vez aprobada definitivamente la Norma  por el Pleno del Consejo ex artículo 17.2.c) LOT, se comunique la aprobación definitiva de ésta, mediante edicto en uno de los diarios de mayor circulación de la isla de Eivissa y en la correspondiente sede electrónica del Consejo Insular de Eivissa (www.conselldeivissa.es).

En la tabla que se expone seguidamente se relacionarán las personas alegantes, indicando el número de orden de la alegación, según la fecha en que se presentó, y el Modelo (del 1 al 11) que tiene asignada la alegación, si es el caso. 

En este listado aparecerán ordenadas las alegaciones, en orden creciente, según los números de pasaporte, NIE, DNI o NIF. Con este sistema, cada persona alegante podrá conocer (al identificar su número que figura en su documento de identidad) la respuesta a sus alegaciones. Y como quiera que la respuesta a las alegaciones se hará conjunta para cada modelo, cada persona sabrá dónde encontrar su respuesta.

Y, en cuanto a las 34 alegaciones individualizadas, que no corresponden a ningún modelo asignado, la respuesta a estas se hará después de la respuesta a los 11 modelos identificados y según su número de orden, de forma creciente.

Así mismo en la tabla se recoge el número de DNI/NIE/NIF, la administración ante la cual se presentó, la fecha de su presentación, así como el correspondiente número de Registro General de Entrada (RGE), mencionando, si es el caso, el concreto modelo de alegación.

Número Orden Alegación	Pasaporte - NIE - DNI - NIF persona alegante	Administración donde se presentó la alegación	Fecha RGE	Número RGE	Modelo alegación
1171	466195718 (Pasaporte)	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001982	Modelo-3
1177	451339050 (Pasaporte)	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001988	Modelo-3
1978	200243796 (Pasaporte)	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	179	Modelo-1
2224	1442658 (Pasaporte)	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	469	Modelo-2
2240	212808 (Pasaporte)	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	485	Modelo-2
1929	10CK61820O	Correos Santa Eularia	18/01/2017		Modelo-10
2146	AR763129	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	376	Modelo-2
2244	L317648	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	490	Modelo-2
1192	X0144038N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002004	Modelo-3
2128	X0317153Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	349	Modelo-2
1391	X0849694M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002223	Modelo-1
1613	X1251722Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002484	Modelo-1
2358	X1333848A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	627	Modelo-1
1670	X1557639X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002541	Modelo-1
2176	X2180480B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	417	Modelo-1
2301	X2180480B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	560	Modelo-2
1468	X2181759W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002306	Modelo-6
1547	X2223454K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002417	Modelo-2
642	X2336401S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001373	Modelo-1
947	X2383120K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001705	Modelo-2
945	X2383123R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001703	Modelo-2
2166	X2496055A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	403	Modelo-2
1	X2514240H	Consejo de Eivissa	15/12/2016	2016030777
198	X2723213J	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000695	Modelo-1
738	X2768766A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001483	Modelo-2
1565	X2799876V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002435	Modelo-2
1331	X2910620Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002161	Modelo-1
2418	X3027676W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	687	Modelo-1
2104	X3081859C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	325	Modelo-1
640	X3390811J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001371	Modelo-1
719	X3449169C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001460	Modelo-2
1956	X3699100X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	11/01/2017	108	Modelo-2
2366	X4169591J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	635	Modelo-1
1275	X4227886A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002091	Modelo-1
2391	X4442519T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	660	Modelo-1
2264	X4675897C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	511	Modelo-1
1963	X4730453C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	159	Modelo-1
1928	X4770760P	Correos Santa Eularia	18/01/2017		Modelo-10
2354	X4844472W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	623	Modelo-1
2120	X5060503C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	341	Modelo-2
2160	X5457571Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	395	Modelo-2
2288	X5570289B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	543	Modelo-2
2332	X5570289B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	601	Modelo-1
2320	X5855776E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	583	Modelo-2
2355	X5855776E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	624	Modelo-1
1447	X6276602V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002282	Modelo-5
1940	X6295123T	Correos Santa Eularia	18/01/2017
1287	X6501419D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002107	Modelo-2
1076	X6511034X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001848	Modelo-1
370	X6554429G	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001034	Modelo-1
181	X6606756Y	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000639	Modelo-1
2125	X6659519F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	346	Modelo-2
934	X6728030R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001692	Modelo-2
1082	X6758569L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001855	Modelo-1
2135	X6787502H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	359	Modelo-2
596	X6817557N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001314	Modelo-2
2287	X6828168C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	541	Modelo-2
2331	X6828168C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	600	Modelo-1
1531	X7551638W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002401	Modelo-1
1971	X7903856K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	168	Modelo-1
1973	X8033043C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	170	Modelo-1
1970	X8309970R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	167	Modelo-1
1969	X8313897H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	166	Modelo-1
1974	X8435384L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	171	Modelo-1
1968	X8541339J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	165	Modelo-1
2109	X8559560H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	330	Modelo-1
1564	X8684119D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002434	Modelo-2
98	X8684938T	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000521	Modelo-1
2241	X8731710J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	486	Modelo-2
2430	X8731710J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	699	Modelo-1
216	X8882370T	Delegación de Gobierno Illes Balears	12/01/2017	5108e1700057829
1983	X9342779H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	186	Modelo-1
1967	X9588691Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	163	Modelo-1
2138	X9772973C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	364	Modelo-2
2163	X9965850L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	399	Modelo-2
2386	X9965850L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	655	Modelo-1
1637	Y0008318Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002508	Modelo-2
1689	Y0008318Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002560	Modelo-1
1636	Y0016358L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002507	Modelo-2
1690	Y0016358L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002561	Modelo-1
931	Y0048011R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001689	Modelo-2
2390	Y0313898P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	659	Modelo-1
1566	Y0427223N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002436	Modelo-2
1930	Y0637626B	Correos Santa Eularia	18/01/2017		Modelo-10
1234	Y0821666M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002049	Modelo-1
2078	Y0948159K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	299	Modelo-1
1912	Y108551A	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002766	Modelo-1
1972	Y1090825H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	169	Modelo-1
1567	Y1184893Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002437	Modelo-2
815	Y1191714Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001567
2281	Y1567542Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	533	Modelo-2
280	Y1710217C	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000888	Modelo-1
197	Y1847793X	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000694	Modelo-1
199	Y1852291T	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000697	Modelo-1
201	Y1873299D	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000702	Modelo-1
200	Y1873324B	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000701	Modelo-1
2256	Y2014071K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	503	Modelo-1
2280	Y2339926N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	532	Modelo-2
2407	Y2339926N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	676	Modelo-1
1112	Y2565323D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001892	Modelo-1
2416	Y2990403A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	685	Modelo-1
2099	Y3005303E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	320	Modelo-2
2284	Y3081712W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	537	Modelo-2
2404	Y3081712W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	673	Modelo-1
2431	Y3284799L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	700	Modelo-1
1927	Y3586535K	Correos Santa Eularia	18/01/2017		Modelo-10
831	Y3647703D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001584	Modelo-1
1467	Y3832370D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002305	Modelo-6
2190	Y3907854F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	432	Modelo-1
2137	Y3965289B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	363	Modelo-2
2303	Y4113671C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	562	Modelo-2
2361	Y4113671C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	630	Modelo-1
1743	Y4246196L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002614	Modelo-7
1742	Y4261967N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002613	Modelo-7
1985	Y4485751Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	188	Modelo-1
1920	Y4560742V	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002793	Modelo-9
2323	000231432Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	589	Modelo-2
122	000260282Z	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000546	Modelo-1
2092	000355675A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	313	Modelo-2
713	001931064F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001453	Modelo-1
820	002168456Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001572	Modelo-1
997	003130270Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001756	Modelo-1
2372	003756660R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	641	Modelo-1
1778	004143806B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002677	Modelo-1
2377	004579532W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	646	Modelo-1
802	005096491J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001554	Modelo-1
374	005112566B	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001039	Modelo-1
1935	005112566B	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	17/01/2017	664
372	005127456C	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001037	Modelo-1
2283	005139695T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	536	Modelo-2
1352	005149616P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002183	Modelo-2
598	005232434A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001316	Modelo-2
2239	005240724J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	484	Modelo-2
2424	006506945S	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	693	Modelo-1
659	006511193P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001390	Modelo-1
2312	006963514B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	572	Modelo-2
2370	006963514B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	639	Modelo-1
180	007451092N	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000638	Modelo-1
93	007452857Y	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000516	Modelo-1
2195	008039306R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	438	Modelo-2
538	008717411C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001248	Modelo-1
2342	008774112A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	611	Modelo-1
1646	009158431S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002517	Modelo-1
1644	009164566D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002515	Modelo-1
1577	009443340T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002447	Modelo-1
1605	009443340T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002475	Modelo-2
2218	009780029S	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	463	Modelo-1
2219	009780029S	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	464	Modelo-2
665	009788857B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001396	Modelo-1
599	011378750Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001318	Modelo-2
1280	012678840K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002098	Modelo-2
1279	012684736Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002097	Modelo-2
1472	013078277V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002319	Modelo-1
2223	015346267T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	468	Modelo-2
2222	015348116D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	467	Modelo-2
2221	015382870X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	466	Modelo-2
626	015804539C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001353	Modelo-1
839	016488604L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001592	Modelo-2
733	018236518W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001477	Modelo-2
1907	018427466K	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002759	Modelo-1
2044	018878918N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	265	Modelo-1
578	019386093Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001291	Modelo-1
2373	019918025W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	642	Modelo-1
2383	021005252L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	652	Modelo-1
2417	021381467T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	686	Modelo-1
2095	021680349C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	316	Modelo-1
2227	021881467T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	472	Modelo-2
987	022304620W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001746	Modelo-1
526	022428554N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001236	Modelo-1
1522	022525717T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002392	Modelo-2
2313	022632523V	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	573	Modelo-2
2315	022632523V	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	576	Modelo-2
2352	022632523V	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	621	Modelo-1
2365	022632523V	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	634	Modelo-1
2225	022663385J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	470	Modelo-2
2293	022663385J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	550	Modelo-1
358	024137767A	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001015	Modelo-1
2189	024154121G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	431	Modelo-2
2382	024188298A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	651	Modelo-1
2105	024230225R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	326	Modelo-1
2254	024231613D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	501	Modelo-1
2357	024232086E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	626	Modelo-1
1208	024232425Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002022	Modelo-2
2381	024242504K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	650	Modelo-1
1890	024270641Y	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	827	Modelo-2
2318	024323086E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	580	Modelo-2
1101	025595243S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001877	Modelo-1
2212	025937042B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	456	Modelo-1
2297	025937042B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	555	Modelo-2
912	025983444E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001668	Modelo-1
1671	026462647C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002542	Modelo-1
2164	026465649D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	400	Modelo-2
2263	026465668M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	510	Modelo-1
2295	027389112E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	553	Modelo-2
2353	027389112E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	622	Modelo-1
1948	027516050T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	10/01/2017	90	Modelo-1
26	027516051R	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000276	Modelo-1
572	028070937N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001284	Modelo-2
2020	028498994Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	236	Modelo-1
1572	028505608Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002442	Modelo-1
1588	028505608Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002458	Modelo-2
1269	028511537R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002085	Modelo-1
1091	028512056Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001865	Modelo-1
2140	028577425V	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	366	Modelo-2
2155	028665521T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	389	Modelo-2
2397	028665521T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	666	Modelo-1
1799	028665825M	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002726	Modelo-1
2330	028679621R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	599	Modelo-1
369	028746621W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001032	Modelo-1
2347	029054887E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	616	Modelo-1
2309	029081200T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	568	Modelo-2
2345	029081200T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	614	Modelo-1
2445	029087395P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	714	Modelo-1
881	029201170W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001635	Modelo-2
1922	029964429Y	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002796	Modelo-1
1004	030395769G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001764	Modelo-1
2230	030446695N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	475	Modelo-2
1901	030501225M	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002752	Modelo-1
2276	030525771X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	526	Modelo-2
2405	030525771X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	674	Modelo-1
1954	030996251W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	11/01/2017	103	Modelo-2
692	031179116V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001428	Modelo-1
1023	031328365L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001784	Modelo-1
2153	032066962V	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	387	Modelo-2
2395	032066962V	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	664	Modelo-1
1340	032596966D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002171	Modelo-1
2019	032755575X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	235	Modelo-1
1537	032828146Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002407	Modelo-2
8	033512749R	Consejo de Eivissa	27/12/2016	2016031348	Modelo-1
327	033984010S	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000974	Modelo-1
623	034016557V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001347	Modelo-1
2228	034016691J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	473	Modelo-2
2419	034016691J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	688	Modelo-1
1348	034251311X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002179	Modelo-1
2205	034730623W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	449	Modelo-1
2299	034730623W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	558	Modelo-2
2103	034841656Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	324	Modelo-1
575	034991696W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001288	Modelo-1
1473	036183342H	Correos Barcelona	13/01/2017
2112	037307636A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	333	Modelo-2
464	037368410B	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001163	Modelo-1
781	037386727C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001531	Modelo-1
2197	037654341Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	441	Modelo-2
2378	037654341Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	647	Modelo-1
1135	037687132E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001932	Modelo-1
19	037728168A	Consejo de Eivissa	03/01/2017	2017000109
1902	037754610H	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002753	Modelo-1
1349	038140503V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002180	Modelo-1
2367	038485643L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	636	Modelo-1
2202	038517433T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	446	Modelo-1
1991	038785001D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	200	Modelo-1
652	039140603P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001383	Modelo-2
1966	040091245H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	162	Modelo-1
220	040300859Y	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000763	Modelo-1
904	040419199B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001659	Modelo-2
601	040957775L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001321	Modelo-2
187	040990992R	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000645	Modelo-1
1544	041096584T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002414	Modelo-2
1977	041180902T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	178	Modelo-1
1770	041245808T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002669	Modelo-2
1336	041264556A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002167	Modelo-1
580	041286550D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001293	Modelo-1
656	041327494J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001387	Modelo-1
1346	041366584A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002177	Modelo-1
1200	041367956H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002012	Modelo-2
1393	041395909A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002225	Modelo-1
328	041405646B	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000975	Modelo-1
332	041405646B	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000979	Modelo-2
2107	041405649Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	328	Modelo-1
1629	041405788S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002500	Modelo-2
1694	041405788S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002565	Modelo-1
1214	041406140E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002028	Modelo-1
2193	041406187T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	436	Modelo-1
1989	041406415K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	198	Modelo-2
1042	041406604A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001805	Modelo-1
1086	041406832R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001860	Modelo-1
1782	041407019G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002681	Modelo-1
331	041407111G	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000978	Modelo-1
1379	041407245T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002210	Modelo-1
40	041407268T	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000314	Modelo-1
1783	041407295G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002682	Modelo-1
1386	041407320Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002218	Modelo-1
1063	041407384R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001834	Modelo-1
604	041407412Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001324	Modelo-2
603	041407418N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001323	Modelo-2
1081	041407421S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001854	Modelo-1
1084	041407528F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001857	Modelo-1
335	041407531X	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000982	Modelo-1
534	041407625N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001244	Modelo-1
1962	041407775R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	15/01/2017	152	Modelo-1
1482	041407960W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002341	Modelo-2
545	041407967D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001255	Modelo-2
544	041408153B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001254	Modelo-2
1064	041408329A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001835	Modelo-1
893	041408372T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001648	Modelo-2
759	041408723Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001508	Modelo-1
1655	041408753J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002526	Modelo-1
1012	041408941V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001773	Modelo-2
1818	041409023F	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	528	Modelo-2
736	041409049X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001481	Modelo-2
1898	041409334L	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	835	Modelo-2
2421	041409972J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	690	Modelo-1
2143	041411619G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	373	Modelo-2
1795	041411620M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002694	Modelo-2
1163	041411926N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001973	Modelo-1
2069	041412161V	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	290	Modelo-1
723	041412297S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001465	Modelo-2
822	041412416L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001574	Modelo-1
1664	041413108K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002535	Modelo-1
1706	041413301F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002577	Modelo-1
1484	041413904N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002343	Modelo-2
1487	041413951J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002346	Modelo-2
667	041413977Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001398	Modelo-1
500	041414098E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001210	Modelo-1
451	041414199P	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001150	Modelo-2
454	041414199P	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001153	Modelo-1
1713	041414455B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002584	Modelo-1
455	041414601L	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001154	Modelo-2
456	041414601L	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001155	Modelo-1
147	041414797P	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000572	Modelo-1
869	0414149546T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001623	Modelo-2
1445	041415802R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002280	Modelo-2
1681	041415817Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002552	Modelo-1
1444	041415831F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002279	Modelo-2
1634	041415909Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002505	Modelo-2
1676	041415909Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002547	Modelo-1
101	041415942A	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000524	Modelo-1
1698	041416004L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002569	Modelo-1
645	041416038F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001376	Modelo-1
2062	041416112N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	283	Modelo-2
840	041416157B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001593	Modelo-2
1649	041416220M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002520	Modelo-1
1142	041416273N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001943	Modelo-1
1631	041416372L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002502	Modelo-2
1675	041416372L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002546	Modelo-1
83	041416386X	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000505	Modelo-1
1650	041416459Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002521	Modelo-1
1139	041416566Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001940	Modelo-1
226	041416618N	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000782	Modelo-1
809	041416703M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001561	Modelo-1
1841	041416738V	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	569	Modelo-2
1358	041416811K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002189	Modelo-2
1319	041416908A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002146	Modelo-2
1403	041417091M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002235	Modelo-2
17	041417492N	Consejo de Eivissa	03/01/2017	2017000083	Modelo-1
2014	041417503A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	229	Modelo-2
957	041417561N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001715	Modelo-2
1108	041417578Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001885	Modelo-1
1104	041417674X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001881	Modelo-1
1107	041417679S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001884	Modelo-1
239	041417711R	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000845	Modelo-1
18	041417729L	Consejo de Eivissa	03/01/2017	2017000084	Modelo-1
1824	041417828A	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	543	Modelo-2
2010	041417901F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	225	Modelo-2
276	041417902P	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000884	Modelo-1
1684	041417934V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002555	Modelo-1
1796	041418009T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002695	Modelo-2
1128	041418020B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001924	Modelo-1
1697	041418184Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002568	Modelo-1
484	041418211H	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001188	Modelo-1
1583	041418342B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002453	Modelo-1
1598	041418342B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002468	Modelo-2
408	041418574J	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001089	Modelo-1
1986	041418589M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	189	Modelo-1
1988	041418609W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	191	Modelo-1
2052	041418688M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	273	Modelo-1
2063	041418703G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	284	Modelo-1
2053	041418734N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	274	Modelo-1
2259	041418760S	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	506	Modelo-1
1957	041418780W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	11/01/2017	114	Modelo-2
415	041418830Q	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001097	Modelo-1
2055	041418940B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	276	Modelo-1
1069	041418975T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001841	Modelo-1
263	041418985X	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000870	Modelo-1
818	041419034J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001570	Modelo-1
499	041419319E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001203	Modelo-1
508	041419320T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001218	Modelo-1
45	041419389T	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000319	Modelo-1
525	041419393G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001235	Modelo-1
552	041419495Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001262	Modelo-1
1185	041419590V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001996	Modelo-3
1182	041419667W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001993	Modelo-3
1943	041419694Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	10/01/2017	82	Modelo-1
34	041419696P	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000289	Modelo-1
2072	041419776L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	293	Modelo-1
2064	041419789D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	285	Modelo-1
2186	041419812D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	427	Modelo-1
515	041419857P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001225	Modelo-1
2088	041420018P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	309	Modelo-2
884	041420181X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001638	Modelo-2
909	041420924V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001664	Modelo-2
1478	041421183T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002337	Modelo-1
1228	041421377X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002042	Modelo-1
1863	041421414R	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	794	Modelo-2
1612	041421463G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002483	Modelo-2
1194	041421488Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002006	Modelo-2
613	041421524L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001333	Modelo-1
1197	041421542Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002009	Modelo-2
1775	041421545V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002674	Modelo-1
1015	041421584X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001776	Modelo-2
661	041421588Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001392	Modelo-1
611	041421680Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001331	Modelo-1
1896	041421735T	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	833	Modelo-2
732	041421755C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001476	Modelo-2
1864	041421792B	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	796	Modelo-2
636	041422056E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001367	Modelo-1
1509	041422261C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002370	Modelo-2
666	041422461J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001397	Modelo-1
669	041422493E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001400	Modelo-1
756	041422494T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001505	Modelo-1
1804	041422565W	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002733	Modelo-1
1120	041422599V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001908	Modelo-1
956	041422650H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001714	Modelo-2
1122	041422667N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001911	Modelo-2
1729	041422696H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002600	Modelo-1
1130	041422760J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001926	Modelo-1
679	041422812L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001410	Modelo-1
1195	041422822Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002007	Modelo-2
1708	041422867M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002579	Modelo-1
481	041422868Y	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001185	Modelo-1
1630	041422874N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002501	Modelo-2
1695	041422874N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002566	Modelo-1
2012	041422903H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	227	Modelo-2
229	041422924Q	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000806	Modelo-1
346	041422949H	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000996	Modelo-1
813	041423007F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001565	Modelo-1
1797	041423050G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002696	Modelo-2
1504	041423168F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002365	Modelo-1
1462	041423321E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002300	Modelo-1
22	041423415R	Consejo de Eivissa	04/01/2017	2017000143	Modelo-1
36	041423435K	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000291	Modelo-1
163	041423471B	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000591	Modelo-1
675	041423519J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001406	Modelo-1
350	041423528E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001002	Modelo-2
2439	041423537P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	708	Modelo-1
388	041423545Q	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001061	Modelo-1
2096	041423588J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	317	Modelo-1
1904	041423677X	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002756	Modelo-1
2203	041423710C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	447	Modelo-1
2133	041423764M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	356	Modelo-1
110	041423824L	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000534	Modelo-1
396	041423826K	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001075	Modelo-1
386	041423861X	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001055	Modelo-2
1992	041423909M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	201	Modelo-2
812	041423939L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001564	Modelo-1
1383	041423943T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002214	Modelo-1
648	041423986C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001379	Modelo-1
1953	041423991W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	11/01/2017	102	Modelo-2
1010	041424062G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001771	Modelo-2
1174	041424063M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001985	Modelo-1
1491	041424074Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002350	Modelo-2
1492	041424109M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002351	Modelo-2
2114	041424166P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	335	Modelo-1
519	041424243R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001229	Modelo-1
516	041424244W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001226	Modelo-1
354	041424300N	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001009	Modelo-1
646	041424394Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001377	Modelo-1
382	041424399L	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001049	Modelo-2
754	041424449T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001503	Modelo-2
2087	041424460B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	308	Modelo-2
915	041424516K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001671	Modelo-1
2094	041424590a	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	315	Modelo-1
1350	041424594F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002181	Modelo-2
828	041424617F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001581	Modelo-1
574	041424667B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001287	Modelo-2
1842	041424688D	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	570	Modelo-2
1831	041424721C	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	552	Modelo-2
1844	041424737N	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	573	Modelo-2
2132	041424744L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	354	Modelo-1
1984	041424748T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	187	Modelo-1
1315	041424754Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002142	Modelo-2
1314	041424757D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002141	Modelo-2
1299	041424760N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002123	Modelo-2
1375	041424762Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002206	Modelo-2
1825	041424763S	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	544	Modelo-2
1306	041424779P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002132	Modelo-2
1300	041424821G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002124	Modelo-2
1552	041424919X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002422	Modelo-2
380	041425055P	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001047	Modelo-1
718	041425137K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001459	Modelo-1
988	041425296L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001747	Modelo-2
900	041425376F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001655	Modelo-2
2188	041425466M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	430	Modelo-1
1895	041425612J	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	832	Modelo-2
832	041425620K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001585	Modelo-2
1862	041425705Z	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	792	Modelo-1
664	041425735K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001395	Modelo-1
1728	041425824H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002599	Modelo-1
1123	041425839X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001912	Modelo-2
2260	041425926M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	507	Modelo-1
644	041425984V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001375	Modelo-1
928	041426045D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001686	Modelo-1
1654	041426085A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002525	Modelo-1
1430	041426120S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002264	Modelo-1
854	041426131A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001607	Modelo-2
1845	041426170L	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	574	Modelo-2
1764	041426196E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002663	Modelo-1
785	041426206D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001537	Modelo-2
2437	041426253X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	706	Modelo-1
1765	041426258S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002664	Modelo-1
903	041426277B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001658	Modelo-2
1888	041426302J	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	825	Modelo-1
1762	041426308L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002661	Modelo-2
1253	041426312F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002069	Modelo-2
394	041426372Z	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001069	Modelo-1
427	041426429W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001120	Modelo-1
2076	041426502Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	297	Modelo-2
662	041426594Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001393	Modelo-1
657	041426678K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001388	Modelo-1
1803	041426785J	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002731	Modelo-1
431	041426786Z	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001124	Modelo-2
1370	041426814L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002201	Modelo-2
373	041426817E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001038	Modelo-1
1003	041426865R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001763	Modelo-1
1911	041426875B	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002763	Modelo-1
1385	041426945N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002216	Modelo-2
1323	041427003R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002151	Modelo-2
1960	041427006G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	15/01/2017	149
1320	041427019V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002148	Modelo-2
554	041427078F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001264	Modelo-1
1441	041427080D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002276	Modelo-2
1488	041427100Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002347	Modelo-2
896	041427111V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001651	Modelo-2
1809	041427151B	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002738	Modelo-1
929	041427780L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001687	Modelo-2
1262	041427803L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002078	Modelo-1
1906	041427854R	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002758	Modelo-1
1250	041428151E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002065	Modelo-1
2298	041428164N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	557	Modelo-1
58	041428251F	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000455	Modelo-1
97	041428253D	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000520	Modelo-1
1518	041428265K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002388	Modelo-2
1486	041428269W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002345	Modelo-2
925	041428273Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001683	Modelo-1
1428	041428274F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002262	Modelo-1
2071	041428290Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	292	Modelo-1
205	041428304Z	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000709	Modelo-1
6	041428342Y	Consejo de Eivissa	27/12/2016	2016031346	Modelo-1
387	041428350Z	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001058	Modelo-1
757	041428365Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001506	Modelo-2
117	041428433M	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000541	Modelo-2
275	041428442Z	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000883	Modelo-1
2261	041428480Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	508	Modelo-1
1126	041428521R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001921	Modelo-2
547	041428554B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001257	Modelo-2
193	041428562L	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000687	Modelo-1
298	041428606V	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000906	Modelo-1
1105	041428625J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001882	Modelo-1
2006	041428659R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	220	Modelo-2
1808	041428756Y	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002737	Modelo-1
483	041428776A	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001187	Modelo-1
1292	041428893M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002115	Modelo-2
1951	041428944X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	11/01/2017	99	Modelo-2
135	041429020V	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000559	Modelo-2
694	041429023C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001430	Modelo-1
1837	041429034P	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	564	Modelo-2
424	041429046C	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001113	Modelo-1
556	041429065Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001266	Modelo-1
977	041429076G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001736	Modelo-1
64	041429091L	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000463	Modelo-2
393	041429093K	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001068	Modelo-1
924	041429107N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001682	Modelo-2
1110	041429117E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001890	Modelo-1
2274	041429120W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	521	Modelo-2
2408	041429120W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	677	Modelo-1
750	041429133S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001499	Modelo-2
1915	041429160L	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002769	Modelo-1
1162	041429209E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001972	Modelo-1
2409	041429250V	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	678	Modelo-1
306	041429294S	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000932
773	041429314N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001522	Modelo-1
1140	041429363S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001941	Modelo-1
1384	041429409S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002215	Modelo-4
273	041429423Y	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000880	Modelo-1
689	041429448P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001424	Modelo-1
1067	041429533R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001838	Modelo-1
67	041429582G	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000467	Modelo-2
63	041429591J	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000462	Modelo-2
1668	041429687V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002539	Modelo-1
916	041429718W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001672	Modelo-1
1832	041429722Y	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	553	Modelo-2
134	041429723F	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000558	Modelo-2
1312	041429801Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002139	Modelo-2
490	041429807E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001194	Modelo-1
185	041429816P	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000643	Modelo-1
1217	041429854T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002031	Modelo-1
1407	041429885P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002240	Modelo-2
1921	041429901R	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002794	Modelo-9
1017	041429950G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001778	Modelo-2
2277	041429993R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	528	Modelo-2
2410	041429993R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	679	Modelo-1
683	041430004N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001414	Modelo-1
1723	041430006Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002594	Modelo-1
1996	041430010H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	208	Modelo-1
1648	041430031Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002519	Modelo-1
1798	041430098Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002697	Modelo-2
1216	041430113Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002030	Modelo-1
1925	041430142N	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002799	Modelo-1
1317	041430168S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002144	Modelo-2
73	041430179A	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000478	Modelo-2
1381	041430215Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002212	Modelo-2
1222	041430228Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002036	Modelo-1
1439	041430346D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002274	Modelo-2
1137	041430380C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001938	Modelo-1
724	041430411M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001466	Modelo-2
695	041430422Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001431	Modelo-1
1213	041430448L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002027	Modelo-1
2453	041430459F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	722	Modelo-1
948	041430462X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001706	Modelo-2
1849	041430589E	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002750	Modelo-1
495	041430590T	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001199	Modelo-1
343	041430623X	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000991	Modelo-1
691	041430638W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001427	Modelo-1
2270	041430639A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	517	Modelo-1
1903	041430665Y	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002754	Modelo-1
109	041430705T	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000533	Modelo-1
1247	041430719Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002062	Modelo-1
1665	041430721Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002536	Modelo-1
192	041430826Y	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000685	Modelo-1
858	041430879J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001611	Modelo-2
1822	041430915A	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	541	Modelo-2
801	041430923B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001553	Modelo-1
1899	041430928Q	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	836	Modelo-1
894	041430929V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001649	Modelo-2
1344	041430961A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002175	Modelo-2
1097	041430977L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001873	Modelo-1
2058	041431003E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	279	Modelo-1
880	041431042S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001634	Modelo-2
964	041431054G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001723	Modelo-2
1936	041431065S	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	744	Modelo-1
824	041431096T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001577	Modelo-1
872	041431103F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001626	Modelo-2
267	041431134S	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000874	Modelo-1
1303	041431158Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002129	Modelo-2
438	041431187E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001134	Modelo-2
384	041431223N	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001052	Modelo-2
721	041431235R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001463	Modelo-1
1044	041431274V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001807	Modelo-1
90	041431282W	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000513	Modelo-1
1451	041431310F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002286	Modelo-2
908	041431318S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001663	Modelo-2
1485	041431324K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002344	Modelo-2
1493	041431357P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002352	Modelo-2
1479	041431368L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002338	Modelo-2
1854	041431380F	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	777	Modelo-2
1545	041431409Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002415	Modelo-2
1296	041431423M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002120	Modelo-2
1226	041431443W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002040	Modelo-1
905	041431476N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001660	Modelo-2
1121	041431504V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001910
1052	041431539Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001815	Modelo-1
975	041431544B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001734	Modelo-2
1910	041431564P	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002762	Modelo-1
149	041431607M	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000574	Modelo-1
422	041431654Y	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001107	Modelo-2
763	041431746Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001512	Modelo-1
1638	041431757V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002509	Modelo-1
1579	041431788W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002449	Modelo-1
1603	041431788W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002473	Modelo-2
1527	041431799J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002397	Modelo-2
878	041431818D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001632	Modelo-2
403	041431827H	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001083	Modelo-2
920	041431856R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001677	Modelo-1
261	041431872V	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000868	Modelo-1
1270	041431915Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002086	Modelo-1
784	041431943L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001535	Modelo-1
760	041431986Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001509	Modelo-1
1008	041431989L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001769	Modelo-2
385	041432010V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001053	Modelo-2
41	041432051N	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000315	Modelo-1
1622	041432073B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002493	Modelo-2
967	041432080H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001726	Modelo-2
944	041432159M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001702	Modelo-2
981	041432168Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001740	Modelo-1
142	041432178R	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000566	Modelo-2
1387	041432204G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002219	Modelo-4
1773	041432243C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002672	Modelo-1
215	041432272A	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000757	Modelo-1
1813	041432296G	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002743	Modelo-1
1364	041432331Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002195	Modelo-2
38	041432368F	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000293	Modelo-1
416	041432492Q	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001099	Modelo-1
194	041432510B	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000689	Modelo-1
265	041432525A	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000872	Modelo-1
419	041432533B	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001102	Modelo-1
907	041432555X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001662	Modelo-2
1829	041432563H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	550	Modelo-2
1433	041432612K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002267	Modelo-2
927	041432650J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001685	Modelo-2
1555	041432668P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002425	Modelo-2
1414	041432688M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002247	Modelo-1
262	041432701H	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000869	Modelo-1
1683	041432704K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002554	Modelo-1
2008	041432707R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	223	Modelo-2
442	041432728E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001141	Modelo-2
851	041432745Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001604	Modelo-2
836	041432799R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001589	Modelo-2
755	041432804Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001504	Modelo-2
1203	041432833N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002016	Modelo-2
2048	041432845L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	269	Modelo-1
961	041432852P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001719	Modelo-2
2004	041432901B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	218	Modelo-1
434	041432925N	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001127	Modelo-2
151	041432935E	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000577	Modelo-1
868	041432954H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001622	Modelo-2
963	041433008A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001722	Modelo-2
337	041433016B	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000984	Modelo-1
1240	041433026K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002055	Modelo-1
1311	041433030W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002138	Modelo-2
1041	041433034Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001804	Modelo-1
1298	041433055G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002122	Modelo-2
1539	041433156J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002409	Modelo-2
297	041433157Z	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000905	Modelo-1
1342	041433171M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002173	Modelo-2
1549	041433173F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002419	Modelo-2
1143	041433174P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001945	Modelo-1
1151	041433174P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001953	Modelo-2
1043	041433189T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001806	Modelo-1
1141	041433193G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001942	Modelo-1
447	041433197P	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001146	Modelo-1
1905	041433206V	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002757	Modelo-1
1741	041433211E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002612	Modelo-1
2060	041433247W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	281	Modelo-1
1669	041433265F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002540	Modelo-1
436	041433278C	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001130	Modelo-2
1819	041433278C	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	529	Modelo-2
153	041433287Y	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000580	Modelo-1
1666	041433290D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002537	Modelo-1
411	041433292B	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001092	Modelo-2
1411	041433321V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002244	Modelo-1
7	041433381P	Consejo de Eivissa	27/12/2016	2016031347	Modelo-1
195	041433392L	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000690	Modelo-1
202	041433440K	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000705	Modelo-1
1559	041433441E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002429	Modelo-2
1787	041433448Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002686	Modelo-2
940	041433466R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001698	Modelo-2
1321	041433497D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002149	Modelo-2
278	041433502Z	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000886	Modelo-1
1835	041433548Z	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	557	Modelo-2
2414	041433649T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	683	Modelo-1
1726	041433652A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002597	Modelo-1
1161	041433713H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001971	Modelo-1
308	041433715C	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000948	Modelo-1
1165	041433742R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001976	Modelo-1
72	041433753N	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000472	Modelo-2
1593	041433809E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002463	Modelo-2
1594	041433809E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002464	Modelo-1
527	041433815M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001237	Modelo-1
2265	041433828H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	512	Modelo-1
555	041433850V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001265	Modelo-1
124	041433876C	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000548	Modelo-2
425	041433927W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001114	Modelo-1
1838	041433927W	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	565	Modelo-2
660	041434002P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001391	Modelo-1
420	041434003D	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001104	Modelo-1
740	041434012H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001487	Modelo-2
260	041434014C	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000867	Modelo-1
1661	041434021G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002532	Modelo-1
1132	041434054Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001928	Modelo-1
179	041434068M	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000637	Modelo-1
2007	041434088W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	222	Modelo-1
853	041434093F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001606	Modelo-2
2449	041434184Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	718	Modelo-1
1347	041434185F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002178	Modelo-2
188	041434207Y	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000646	Modelo-1
1210	041434252M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002024	Modelo-2
817	041434306J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001569	Modelo-3
761	041434333V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001510	Modelo-2
272	041434342A	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000879	Modelo-1
1045	041434384E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001808	Modelo-1
1788	041434451C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002687	Modelo-2
94	041434505M	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000517	Modelo-1
426	041434595A	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001119	Modelo-1
1254	041434598Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002070	Modelo-1
1114	041434635C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001894	Modelo-1
164	041434675Z	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000592	Modelo-1
80	041434684T	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000501	Modelo-1
1453	041434709W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002288	Modelo-1
2000	041434711G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	213	Modelo-2
1994	041434756A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	205	Modelo-2
1261	041434764B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002077	Modelo-2
1721	041434766J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002592	Modelo-1
1268	041434771H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002084	Modelo-2
1232	041434805Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002047	Modelo-1
1246	041434819C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002061	Modelo-1
887	041434827M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001641	Modelo-2
439	041434870W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001135	Modelo-2
2191	041434884Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	433	Modelo-2
2328	041434884Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	597	Modelo-1
1380	041434888C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002211	Modelo-4
279	041434901X	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000887	Modelo-1
496	041434904J	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001200	Modelo-1
889	041434958K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001644	Modelo-2
1611	041435019J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002482	Modelo-2
668	041435024H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001399	Modelo-1
1201	041435041N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002013	Modelo-2
786	041435043Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001538	Modelo-1
104	041435076R	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000527	Modelo-2
345	041435078A	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000994	Modelo-1
600	041435091Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001319	Modelo-2
249	041435104Y	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000855	Modelo-1
1647	041435106P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002518	Modelo-1
876	041435130D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001630	Modelo-2
440	041435136S	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001138	Modelo-2
309	041435143E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000949	Modelo-1
227	041435155B	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000783	Modelo-1
1542	041435183Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002412	Modelo-2
405	041435193A	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001085	Modelo-2
1005	041435208H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001765	Modelo-2
972	041435224B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001731	Modelo-2
493	041435233C	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001197	Modelo-1
1072	041435233C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001844	Modelo-2
605	041435321Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001325	Modelo-1
1781	041435375R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002680	Modelo-1
339	041435381F	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000986	Modelo-1
1626	041435400A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002497	Modelo-2
429	041435409N	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001122	Modelo-1
591	041435508L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001309	Modelo-1
1784	041435510K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002683	Modelo-1
62	041435511E	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000461	Modelo-2
1811	041435513R	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002741	Modelo-1
1180	041435630A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001991	Modelo-2
638	041435632M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001369	Modelo-1
1405	041435700G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002238	Modelo-2
1362	041435805V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002193	Modelo-2
592	041435844X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001310	Modelo-1
86	041435892N	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000508	Modelo-1
1326	041435918S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002155	Modelo-2
232	041435981D	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000813	Modelo-1
1490	041436004D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002349	Modelo-2
89	041436037L	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000511	Modelo-1
522	041436078Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001232	Modelo-1
980	041436136A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001739	Modelo-1
1823	041436139Y	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	542	Modelo-2
751	041436163F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001500	Modelo-1
576	041436177K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001289	Modelo-2
714	041436199C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001455	Modelo-1
401	041436203R	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001081	Modelo-1
296	041436233P	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000904	Modelo-1
710	041436263S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001449	Modelo-1
42	041436268C	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000316	Modelo-1
1175	041436305B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001986	Modelo-2
2017	041436307J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	232	Modelo-1
1297	041436315K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002121	Modelo-2
1341	041436338K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002172	Modelo-2
57	041436345M	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000453	Modelo-1
303	041436401S	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000911	Modelo-1
119	041436403V	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000543	Modelo-2
1034	041436454E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001797	Modelo-2
410	041436477E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001091	Modelo-2
1704	041436498C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002575	Modelo-1
637	041436535B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001368	Modelo-1
521	041436544C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001231	Modelo-1
2226	041436583J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	471	Modelo-2
2415	041436583J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	684	Modelo-1
88	041436610V	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000510	Modelo-1
246	041436671D	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000852	Modelo-1
479	041436720N	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001183	Modelo-1
43	041436743N	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000317	Modelo-1
157	041436747Q	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000585	Modelo-1
1909	041436783Y	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002761	Modelo-1
284	041436805M	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000892	Modelo-1
311	041436808P	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000954	Modelo-2
1144	041436832D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001946	Modelo-1
1152	041436832D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001954	Modelo-2
2047	041436845E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	268	Modelo-1
1036	041436855D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001799	Modelo-2
1285	041436887H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002105	Modelo-2
2411	041436915T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	680	Modelo-1
87	041436978V	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000509	Modelo-1
1641	041436983E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002512	Modelo-1
231	041437015P	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000812	Modelo-1
236	041437043J	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000837	Modelo-1
539	041437049L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001249	Modelo-1
242	041437065N	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000848	Modelo-1
673	041437066J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001404	Modelo-1
1351	041437073C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002182	Modelo-1
2151	041437091S	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	383
304	041437094H	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000912	Modelo-1
984	041437110B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001743	Modelo-2
2013	041437120K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	228	Modelo-1
1574	041437137S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002444	Modelo-1
1585	041437137S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002455	Modelo-2
150	041437139V	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000576	Modelo-1
160	041437140H	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000588	Modelo-1
31	041437158J	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000283	Modelo-1
100	041437199P	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000523	Modelo-2
1277	041437205Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002093	Modelo-2
1807	041437222P	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002736	Modelo-1
126	041437233L	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000550	Modelo-2
1266	041437238R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002082	Modelo-2
417	041437251Z	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001100	Modelo-1
577	041437277V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001290	Modelo-2
1496	041437325L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002357	Modelo-1
1272	041437380M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002088	Modelo-1
1070	041437398T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001842	Modelo-1
282	041437418C	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000890	Modelo-1
1416	041437427Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002249	Modelo-1
826	041437449M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001579	Modelo-1
1450	041437481Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002285	Modelo-1
1168	041437521P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001979	Modelo-2
127	041437523X	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000551	Modelo-1
448	041437524B	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001147	Modelo-2
453	041437524B	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001152	Modelo-1
1363	041437557K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002194	Modelo-1
494	041437570B	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001198	Modelo-1
1007	041437577H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001768	Modelo-2
1190	041437720T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002002	Modelo-2
541	041437778N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001251	Modelo-1
862	041437778N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001616	Modelo-1
1354	041437812T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002185	Modelo-2
437	041437851Q	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001131	Modelo-2
2073	041437855C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	294	Modelo-2
288	041437859R	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000896	Modelo-1
960	041437878C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001718	Modelo-2
1931	041437910Y	Correos Eivissa	18/01/2017		Modelo-11
489	041437966Q	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001193	Modelo-1
966	041437998W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001725	Modelo-1
1443	041438005D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002278	Modelo-1
360	041438013V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001019	Modelo-2
1816	041438061A	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002747	Modelo-1
29	041438063K	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000281	Modelo-1
1421	041438121X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002254	Modelo-1
1220	041438138G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002034	Modelo-2
2194	041438139M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	437	Modelo-1
2302	041438139M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	561	Modelo-2
1768	041438150Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002667	Modelo-2
2267	041438168Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	514	Modelo-1
1580	041438179E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002450	Modelo-1
1602	041438179E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002472	Modelo-2
546	041438217Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001256	Modelo-2
1861	041438244H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	790	Modelo-2
729	041438257P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001473	Modelo-2
530	041438265Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001240	Modelo-1
1460	041438299G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002298	Modelo-1
1859	041438312V	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	786	Modelo-2
293	041438321A	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000901	Modelo-1
2045	041438342R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	266	Modelo-1
283	041438411R	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000891	Modelo-1
1410	041438413A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002243	Modelo-1
114	041438451H	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000538	Modelo-1
322	041438456T	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000967	Modelo-2
655	041438503R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001386	Modelo-1
1160	041438558X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001968	Modelo-1
1820	041438661K	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	539	Modelo-2
670	041438745J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001401	Modelo-1
1053	041438768J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001816	Modelo-2
140	041438810D	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000564	Modelo-2
1295	041438887V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002119	Modelo-2
1402	041438894R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002234	Modelo-2
230	041438910V	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000811	Modelo-1
704	041438933V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001443	Modelo-1
1020	041438954S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001781	Modelo-2
707	041438956V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001446	Modelo-1
849	041438981L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001602	Modelo-2
518	041438984E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001228	Modelo-1
1663	041439152Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002534	Modelo-1
1456	041439203B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002293	Modelo-2
1855	041439237E	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	779	Modelo-2
741	041439327C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001489	Modelo-2
131	041439337F	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000555	Modelo-2
2327	041439341B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	596	Modelo-1
2271	041439345B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	518	Modelo-2
2123	041439359Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	344	Modelo-2
1776	041439378W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002675	Modelo-1
567	041439392Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001278	Modelo-1
48	041439401W	Consejo de Eivissa	10/01/2017	2017000417	Modelo-1
2134	041439410B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	357	Modelo-2
1230	041439430P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002044	Modelo-2
985	041439433B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001744	Modelo-2
446	041439447W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001145	Modelo-2
452	041439447W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001151	Modelo-1
363	041439524X	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001025	Modelo-1
899	041439560T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001654	Modelo-2
1477	041439603C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002336	Modelo-2
2451	041439628E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	720	Modelo-2
1551	041439633G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002421	Modelo-2
66	041439637P	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000466	Modelo-2
1074	041439658Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001846	Modelo-2
1127	041439660P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001923	Modelo-1
61	041439662X	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000459	Modelo-2
1422	041439665J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002255
1459	041439681Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002296	Modelo-2
406	041439697E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001086	Modelo-2
47	041439704Y	Consejo de Eivissa	10/01/2017	2017000400	Modelo-1
1933	041439711J	Correos Eivissa	18/01/2017		Modelo-11
780	041439729P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001530	Modelo-2
1356	041439751F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002187	Modelo-2
1495	041439773Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002356	Modelo-1
1997	041439779N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	209	Modelo-2
706	041439813T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001445	Modelo-1
1202	041439825N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002015	Modelo-2
1438	041439837R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002272	Modelo-2
1519	041439872J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002389	Modelo-2
1900	041439903K	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	837	Modelo-2
505	041439931A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001215	Modelo-1
241	041439942Z	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000847	Modelo-1
1454	041439943S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002289	Modelo-1
782	041439951T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001532	Modelo-1
2077	041439958F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	298	Modelo-2
1712	041439980Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002583	Modelo-1
1291	041440035S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002114	Modelo-2
99	041440120P	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000522	Modelo-1
882	041440178C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001636	Modelo-2
937	041440229W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001695	Modelo-2
336	041440277G	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000983	Modelo-1
529	041440329X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001239	Modelo-1
218	041440347M	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000761	Modelo-1
531	041440360H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001241	Modelo-1
879	041440385C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001633	Modelo-1
69	041440399B	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000469	Modelo-2
561	041440409K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001271	Modelo-1
2300	041440419P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	559	Modelo-2
830	041440423N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001583	Modelo-1
2216	041440458R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	461	Modelo-2
2379	041440458R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	648	Modelo-1
921	041440471Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001679	Modelo-1
12	041440508M	Consejo de Eivissa	02/01/2017	2017000006
551	041440512D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001261	Modelo-2
92	041440538N	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000515	Modelo-1
509	041440544H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001219	Modelo-1
2319	041440554M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	581	Modelo-2
2030	041440617E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	248	Modelo-1
565	041440631J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001276	Modelo-1
271	041440708K	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000878	Modelo-1
367	041440745N	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001030	Modelo-1
1857	041440757R	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	782	Modelo-2
1850	041440781W	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	771	Modelo-2
829	041440832F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001582	Modelo-1
1423	041440834D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002256	Modelo-1
758	041440838J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001507	Modelo-2
319	041440861J	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000964	Modelo-1
321	041440861J	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000966	Modelo-2
2070	041440890L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	291	Modelo-1
1184	041440922M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001995	Modelo-1
1249	041440924F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002064	Modelo-1
1437	041440929N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002271	Modelo-1
315	041440952N	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000959	Modelo-2
1510	041440953J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002371	Modelo-2
1325	041441001S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002153	Modelo-2
1089	041441003V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001863	Modelo-1
1079	041441138Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001852	Modelo-1
2015	041441183J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	230	Modelo-1
2110	041441218W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	331	Modelo-2
1942	041441227B	Consejo de Eivissa	27/01/2017	2017003390	Modelo-1
264	041441251N	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000871	Modelo-1
461	041441256V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001160	Modelo-1
468	041441256V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001167	Modelo-2
1205	041441320N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002018	Modelo-2
1083	041441374C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001856	Modelo-1
1526	041441463V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002396	Modelo-2
886	041441495A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001640	Modelo-2
630	041441533H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001359	Modelo-1
610	041441592P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001330	Modelo-1
2447	041441597J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	716	Modelo-1
2393	041441680G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	662	Modelo-1
2026	041441689J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	243	Modelo-1
1339	041441752F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002170	Modelo-1
1409	041441775F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002242	Modelo-1
353	041441777D	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001005	Modelo-2
1106	041441788C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001883	Modelo-1
622	041441805Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001344	Modelo-2
563	041441821F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001274	Modelo-1
1048	041441827J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001811	Modelo-1
1390	041441845P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002222	Modelo-2
457	041441850J	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001156	Modelo-1
459	041441850J	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001158	Modelo-2
1621	041441868P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002492	Modelo-2
2257	041441950K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	504	Modelo-1
359	041441958Y	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001018	Modelo-2
82	041441959F	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000504	Modelo-1
383	041441976R	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001050	Modelo-1
1505	041441982F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002366	Modelo-1
2422	041441987N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	691	Modelo-1
1129	041441988J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001925	Modelo-1
898	041442004Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001653	Modelo-2
1651	041442045R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002522	Modelo-1
1800	041442073Y	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002728	Modelo-1
2102	041442081Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	323	Modelo-1
1170	041442087C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001981	Modelo-2
421	041442092W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001105	Modelo-2
2169	041442101B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	408	Modelo-2
2204	041442105B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	448	Modelo-1
146	041442113T	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000571	Modelo-1
1335	041442117G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002166	Modelo-2
778	041442118M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001528	Modelo-2
435	041442133C	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001129	Modelo-2
753	041442140G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001502	Modelo-2
528	041442168D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001238	Modelo-1
1425	041442194N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002259	Modelo-1
480	041442234Y	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001184	Modelo-1
1022	041442291V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001783	Modelo-2
1535	041442292H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002405	Modelo-2
2036	041442308B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	255	Modelo-1
366	041442332N	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001029	Modelo-1
1286	041442342E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002106	Modelo-2
243	041442382Q	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000849	Modelo-1
1769	041442428Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002668	Modelo-2
711	041442533Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001450	Modelo-1
783	041442542S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001533	Modelo-1
734	041442603F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001478	Modelo-2
177	041442628D	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000635	Modelo-1
1709	041442696P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002580	Modelo-1
2311	041442732K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	571	Modelo-2
397	041442749S	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001076	Modelo-1
2021	041442764F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	238	Modelo-1
953	041442780T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001711	Modelo-2
1355	041442826T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002186	Modelo-2
1037	041442833F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001800	Modelo-2
726	041442863Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001468	Modelo-2
1836	041442869C	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	561	Modelo-2
1118	041442871E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001898	Modelo-1
471	041442872T	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001170	Modelo-2
1087	041442884N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001861	Modelo-1
50	041442895T	Consejo de Eivissa	10/01/2017	2017000420	Modelo-2
2337	041442902F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	606	Modelo-1
1941	041442930N	Consejo de Eivissa	27/01/2017	2017003389	Modelo-1
774	041442935V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001523	Modelo-2
1028	041442940E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001790	Modelo-1
1507	041442964T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002368	Modelo-1
699	041443051H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001437	Modelo-1
2438	041443079T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	707	Modelo-1
418	041443118Q	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001101	Modelo-1
2082	041443195R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	303	Modelo-1
1353	041443311w	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002184	Modelo-2
357	041443318D	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001013	Modelo-1
295	041443357W	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000903	Modelo-1
368	041443366B	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001031	Modelo-1
676	041443405G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001407	Modelo-1
1785	041443447T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002684	Modelo-1
1955	041443449W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	11/01/2017	107	Modelo-2
71	041443451G	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000471	Modelo-2
313	041443464V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000957	Modelo-2
2324	041443487Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	590	Modelo-1
570	041443509Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001282	Modelo-1
2106	041443530Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	327	Modelo-1
627	041443556V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001355	Modelo-2
2101	041443566C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	322	Modelo-1
1395	041443568Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002227	Modelo-1
254	041443579V	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000861	Modelo-1
752	041443583K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001501	Modelo-2
281	041443590M	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000889	Modelo-1
671	041443591Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001402	Modelo-1
594	041443604L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001312	Modelo-1
259	041443615F	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000866	Modelo-1
999	041443634A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001759	Modelo-1
2304	041443644T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	563	Modelo-1
922	041443674C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001680	Modelo-1
629	041443703A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001358	Modelo-1
1027	041443755D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001788	Modelo-1
2144	041443798Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	374	Modelo-2
329	041443909W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000976	Modelo-1
2444	041444104J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	713	Modelo-1
1014	041444145P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001775	Modelo-2
356	041444156L	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001011	Modelo-1
1569	041444183T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002439	Modelo-1
1595	041444183T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002465	Modelo-2
2286	041444211M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	540	Modelo-2
2350	041444211M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	619	Modelo-1
2025	041444228E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	242	Modelo-1
1739	041444241N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002610	Modelo-1
677	041444299R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001408	Modelo-1
974	041444301A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001733	Modelo-2
290	041444309B	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000898	Modelo-1
2113	041444312C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	334	Modelo-2
2041	041444317L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	260	Modelo-1
1166	041444394G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001977	Modelo-2
16	041444458E	Consejo de Eivissa	03/01/2017	2017000082	Modelo-1
2258	041444462A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	505	Modelo-2
2406	041444484N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	675	Modelo-1
2272	041444494N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	519	Modelo-2
209	041444501L	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000717	Modelo-1
268	041444502C	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000875	Modelo-1
777	041444510M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001527	Modelo-2
725	041444526K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001467	Modelo-2
1442	041444559P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002277	Modelo-2
2200	041444570L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	444	Modelo-1
2321	041444632G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	586	Modelo-2
1388	041444679J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002220	Modelo-2
324	041444692A	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000970	Modelo-1
326	041444692A	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000973	Modelo-2
1169	041444724N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001980	Modelo-2
1700	041444787Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002571	Modelo-1
507	041444793N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001217	Modelo-1
1392	041444800L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002224	Modelo-2
1404	041444806W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002237	Modelo-2
2435	041444845H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	704	Modelo-2
543	041444890V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001253	Modelo-2
1481	041444905D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002340	Modelo-2
647	041444927P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001378	Modelo-1
2207	041444938L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	451	Modelo-1
2185	041444939L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	426	Modelo-2
1851	041444956Z	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	772	Modelo-2
1188	041444958Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002000	Modelo-3
938	041444992G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001696	Modelo-2
1483	041444999B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002342	Modelo-2
1821	041445014A	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	540	Modelo-2
883	041445020D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001637	Modelo-2
269	041445070J	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000876	Modelo-1
739	041445122L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001484	Modelo-2
1243	041445144H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002058	Modelo-1
2290	041445171E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	546	Modelo-2
2349	041445171E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	618	Modelo-1
838	041445173R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001591	Modelo-2
1464	041445183B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002302	Modelo-1
674	041445194E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001405	Modelo-1
2403	041445215C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	672	Modelo-1
1396	041445236H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002228	Modelo-2
1324	041445237L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002152	Modelo-2
1148	041445282H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001950	Modelo-1
1157	041445282H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001959	Modelo-2
270	041445295P	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000877	Modelo-1
2130	041445360G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	352	Modelo-2
2229	041445367B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	474	Modelo-2
2420	041445367B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	689	Modelo-1
762	041445395Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001511	Modelo-2
2196	041445500Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	440	Modelo-1
1560	041445513L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002430	Modelo-2
1293	041445591M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002116	Modelo-2
959	041445632T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001717	Modelo-2
1524	041445665X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002394	Modelo-2
2308	041445667N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	567	Modelo-2
2157	041445686P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	392	Modelo-2
986	041445717Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001745	Modelo-2
1652	041445723E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002523	Modelo-1
1113	041445743L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001893	Modelo-1
891	041445772W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001646	Modelo-2
1774	041445797G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002673	Modelo-1
1267	041445817R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002083	Modelo-1
2307	041445832J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	566	Modelo-2
641	041445841W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001372	Modelo-2
913	041445843G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001669	Modelo-1
2187	041445888A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	429	Modelo-1
286	041445926H	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000894	Modelo-1
473	041445931T	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001172	Modelo-2
2448	041445989N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	717	Modelo-1
1215	041445993Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002029	Modelo-1
228	041446119G	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000805	Modelo-1
1193	041446161T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002005	Modelo-2
2285	041446216D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	538	Modelo-2
2351	041446216D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	620	Modelo-1
430	041446255W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001123	Modelo-1
1843	041446275E	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	571	Modelo-2
1635	041446324W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002506	Modelo-2
1677	041446324W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002548	Modelo-1
1589	041446360S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002459	Modelo-2
1590	041446360S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002460	Modelo-1
465	041446464G	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001164	Modelo-1
470	041446464G	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001169	Modelo-2
2338	041446474Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	607	Modelo-1
1893	041446475S	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	830	Modelo-1
2246	041446478H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	492	Modelo-2
2427	041446478N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	696	Modelo-1
287	041446492D	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000895	Modelo-1
1211	041446533A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002025	Modelo-2
542	041446607D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001252	Modelo-2
962	041446635Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001720	Modelo-1
1111	041446642K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001891	Modelo-1
954	041446645R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001712	Modelo-2
1982	041446648M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	185	Modelo-1
355	041446700X	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001010	Modelo-1
2192	041446724B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	434	Modelo-1
1330	041446792X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002159	Modelo-2
2179	041446835F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	420	Modelo-1
2208	041446835F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	452	Modelo-2
1229	041446870L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002043	Modelo-1
1961	041446898R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	15/01/2017	151	Modelo-2
612	041446957Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001332	Modelo-1
866	041446982Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001620	Modelo-2
1703	041446992A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002574	Modelo-1
482	041446998D	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001186	Modelo-1
731	041447060W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001475	Modelo-2
349	041447083W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001000	Modelo-1
1615	041447106W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002486	Modelo-1
2142	041447120Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	372	Modelo-2
2085	041447133Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	306	Modelo-1
2450	041447137X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	719	Modelo-2
334	041447148K	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000981	Modelo-1
510	041447179Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001220	Modelo-1
1241	041447191H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002056	Modelo-1
996	041447199A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001755	Modelo-1
982	041447201M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001741	Modelo-2
143	041447211S	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000568	Modelo-2
1372	041447278J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002203	Modelo-1
1740	041447311T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002611	Modelo-1
441	041447320D	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001140	Modelo-1
466	041447320D	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001165	Modelo-2
681	041447332K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001412	Modelo-1
1699	041447369N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002570	Modelo-1
348	041447378K	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000998	Modelo-1
1608	041447391B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002479	Modelo-2
2089	041447460B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	310	Modelo-2
1772	041447536H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002671	Modelo-1
1304	041447557Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002130	Modelo-2
1133	041447560L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001929	Modelo-1
1224	041447561C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002038	Modelo-2
60	041447584C	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000458	Modelo-2
1199	041447593Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002011	Modelo-2
1536	041447597X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002406	Modelo-1
116	041447602S	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000540	Modelo-1
2167	041447607C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	405	Modelo-2
274	041447637G	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000881	Modelo-1
1848	041447686F	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	580	Modelo-2
54	041447702T	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000450	Modelo-1
1570	041447710P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002440	Modelo-1
1592	041447710P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002462	Modelo-2
650	041447713B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001381	Modelo-1
2148	041447722C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	378	Modelo-2
1196	041447748T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002008	Modelo-2
2252	041447752G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	499	Modelo-1
244	041447770E	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000850	Modelo-1
312	041447772R	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000956	Modelo-1
789	041447799M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001541	Modelo-1
1614	041447883C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002485	Modelo-1
943	041447964D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001701	Modelo-2
609	041447976K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001329	Modelo-1
68	041448008F	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000468	Modelo-2
1511	041448026W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002376
2171	041448030Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	411	Modelo-2
2210	041448030Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	454	Modelo-1
2170	041448031F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	409	Modelo-2
2211	041448031F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	455	Modelo-1
1257	041448036N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002073	Modelo-2
1794	041448085S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002693	Modelo-2
2056	041448093T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	277	Modelo-2
105	041448103X	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000528	Modelo-2
14	041448108S	Consejo de Eivissa	03/01/2017	2017000080	Modelo-1
1610	041448114K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002481	Modelo-2
2039	041448126M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	258	Modelo-1
2279	041448144M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	531	Modelo-1
1964	041448159C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	160	Modelo-1
1000	041448163R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001760	Modelo-1
2278	041448167M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	529	Modelo-1
1368	041448182C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002199	Modelo-1
1058	041448195X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001829	Modelo-2
2296	041448199R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	554	Modelo-2
2213	041448253E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	457	Modelo-1
2306	041448253E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	565	Modelo-2
1680	041448292S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002551	Modelo-1
1632	041448304G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002503	Modelo-2
1673	041448304G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002544	Modelo-1
2168	041448316Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	407	Modelo-2
378	041448346T	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001043	Modelo-2
2371	041448399F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	640	Modelo-1
2314	041448399T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	574	Modelo-2
2100	041448483E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	321	Modelo-1
1366	041448510A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002197	Modelo-1
1538	041448529E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002408	Modelo-2
1541	041448530T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002411	Modelo-2
1540	041448531R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002410	Modelo-2
1258	041448598E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002074	Modelo-1
1212	041448663H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002026	Modelo-1
857	041448719M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001610	Modelo-2
1019	041448754V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001780	Modelo-2
602	041448794B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001322	Modelo-2
1678	041448852T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002549	Modelo-1
654	041448872C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001385	Modelo-1
2346	041448899R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	615	Modelo-1
1085	041448963L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001858	Modelo-1
317	041448971G	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000962	Modelo-1
2387	041449045D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	656	Modelo-1
1147	041449061W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001949	Modelo-1
1156	041449061W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001958	Modelo-2
1686	041449105T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002557	Modelo-1
1711	041449106R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002582	Modelo-1
680	041449110M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001411	Modelo-1
1701	041449119Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002572	Modelo-1
2446	041449133M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	715	Modelo-2
222	041449162B	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000765	Modelo-1
1581	041449208B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002451	Modelo-1
1601	041449208B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002471	Modelo-2
1431	041449222W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002265	Modelo-1
1401	041449295Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002233	Modelo-2
381	041449347N	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001048	Modelo-1
2038	041449350S	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	257	Modelo-1
867	041449356K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001621	Modelo-1
323	041449358T	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000968	Modelo-2
55	041449359R	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000451	Modelo-1
1397	041449362G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002229	Modelo-2
585	041449369B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001301	Modelo-1
49	041449370N	Consejo de Eivissa	10/01/2017	2017000419	Modelo-2
1766	041449383W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002665	Modelo-2
460	041449393N	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001159	Modelo-1
467	041449393N	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001166	Modelo-2
941	041449411F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001699	Modelo-1
983	041449411F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001742	Modelo-2
1817	041449415B	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002748	Modelo-1
918	041449416N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001675	Modelo-1
651	041449427T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001382	Modelo-1
1696	041449447C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002567	Modelo-1
1627	041449467V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002498	Modelo-2
1692	041449467V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002563	Modelo-1
2180	041449479Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	421	Modelo-1
2181	041449479Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	422	Modelo-2
208	041449549F	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000713	Modelo-1
1002	041449611T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001762	Modelo-1
607	041449640Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001327	Modelo-1
1365	041449736X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002196	Modelo-1
1789	041449864T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002688	Modelo-2
835	041449884C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001588
245	041449888R	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000851	Modelo-1
233	041449902S	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000814	Modelo-1
1360	041449911R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002191	Modelo-1
970	041449930C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001729	Modelo-2
581	041449952L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001294	Modelo-1
1461	041449990B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002299	Modelo-1
1098	041450034D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001874	Modelo-1
2024	041450051A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	241	Modelo-1
800	041450093E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001552	Modelo-1
863	041450094T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001617	Modelo-1
458	041450101F	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001157	Modelo-1
463	041450101F	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001162	Modelo-2
1025	041450144G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001786	Modelo-2
2059	041450216F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	280	Modelo-1
979	041450290N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001738	Modelo-2
933	041450357X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001691	Modelo-2
1702	041450389L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002573	Modelo-1
1474	041450415E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002333	Modelo-2
639	041450418W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001370	Modelo-2
1227	041450437K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002041	Modelo-1
1720	041450439T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002591	Modelo-1
919	041450457H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001676	Modelo-1
1609	041450481L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002480	Modelo-2
573	041450483K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001285	Modelo-2
848	041450513M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001601	Modelo-2
1463	041450583Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002301	Modelo-1
811	041450588B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001563	Modelo-3
1503	041450602W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002364	Modelo-1
1805	041450625W	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002734	Modelo-1
2098	041450627H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	319	Modelo-2
1858	041450685Q	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	783	Modelo-2
989	041450718A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001748	Modelo-2
1265	041450743M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002081	Modelo-1
2440	041450882Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	709	Modelo-1
901	041450950M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001656	Modelo-2
902	041450951Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001657	Modelo-2
2242	041450969K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	487	Modelo-2
2429	041450969R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	698	Modelo-1
1124	041450980N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001915
2452	041450983S	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	721	Modelo-1
1886	041451029S	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	823	Modelo-2
352	041451082E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001004	Modelo-2
994	041451095N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001753	Modelo-1
558	041451100V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001268	Modelo-1
2243	041451104K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	489	Modelo-2
2248	041451105E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	495	Modelo-1
624	041451110G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001348	Modelo-1
897	041451116X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001652	Modelo-2
942	041451116X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001700	Modelo-1
118	041451162X	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000542	Modelo-1
720	041451221T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001462	Modelo-1
1245	041451241C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002060	Modelo-1
827	041451244T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001580	Modelo-1
825	041451245R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001578	Modelo-1
1055	041451245R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001818	Modelo-1
806	041451262H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001558	Modelo-1
1718	041451303J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002589	Modelo-2
1719	041451303J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002590	Modelo-1
2322	041451431A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	588	Modelo-2
2255	041451465Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	502	Modelo-1
1186	041451471C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001997	Modelo-1
1173	041451542E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001984	Modelo-1
2198	041451591W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	442	Modelo-1
392	041451626Z	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001067	Modelo-1
688	041451639G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001422	Modelo-1
123	041451641Y	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000547	Modelo-1
1939	041451663M	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	747	Modelo-1
1183	041451715B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001994	Modelo-1
810	041451716N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001562	Modelo-1
1187	041451716V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001998	Modelo-1
1189	041451756Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002001	Modelo-2
2075	041451941F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	296	Modelo-2
771	041451994Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001520	Modelo-1
890	041452004R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001645	Modelo-1
485	041452020V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001189	Modelo-1
875	041452038N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001629	Modelo-2
35	041452040Z	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000290	Modelo-1
2442	041452138C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	711	Modelo-1
716	041452156S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001457	Modelo-1
2097	041452244B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	318	Modelo-2
1009	041452315J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001770	Modelo-2
1582	041452340S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002452	Modelo-1
1599	041452340S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002469	Modelo-2
1600	041452340S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002470	Modelo-2
1288	041452345C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002110	Modelo-2
1030	041452377Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001793	Modelo-1
1707	041452379P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002578	Modelo-1
790	041452526V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001542	Modelo-1
606	041452532T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001326	Modelo-1
138	041452545J	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000562	Modelo-2
1830	041452564D	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	551	Modelo-2
347	041452571Q	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000997	Modelo-1
338	041452579R	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000985	Modelo-1
2136	041452607Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	362	Modelo-1
314	041452608F	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000958	Modelo-1
2108	041452611X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	329	Modelo-2
1658	041452628G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002529	Modelo-1
2150	041452636N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	380	Modelo-2
133	041452657X	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000557	Modelo-2
649	041452657X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001380	Modelo-1
1682	041452666L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002553	Modelo-1
888	041452735L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001642	Modelo-1
1236	041452767M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002051	Modelo-1
1332	041452787W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002162	Modelo-1
1305	041452860Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002131	Modelo-2
2011	041452878R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	226	Modelo-1
951	041452983Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001709	Modelo-2
1475	041452986V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002334	Modelo-2
533	041453008Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001243	Modelo-1
722	041453061T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001464	Modelo-2
2343	041453111G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	612	Modelo-1
70	041453139D	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000470	Modelo-2
1093	041453153T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001868	Modelo-1
219	041453168S	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000762	Modelo-1
1840	041453173C	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	568	Modelo-2
1937	041453202A	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	745	Modelo-1
1516	041453214S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002384	Modelo-1
1730	041453220K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002601	Modelo-1
1520	041453233B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002390	Modelo-2
1959	041453234N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	12/01/2017	124	Modelo-1
1077	041453268T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001849	Modelo-1
166	041453273M	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000594	Modelo-1
1145	041453378H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001947	Modelo-1
1153	041453378H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001955	Modelo-2
1733	041453403C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002604	Modelo-1
1256	041453450K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002072	Modelo-2
1231	041453481Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002045	Modelo-1
697	041453498T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001434	Modelo-1
1628	041453518C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002499	Modelo-2
1693	041453518C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002564	Modelo-1
1640	041453540L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002511	Modelo-1
1714	041453544T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002585	Modelo-2
1715	041453544T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002586	Modelo-1
1914	041453550Y	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002768	Modelo-1
1233	041453565K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002048	Modelo-1
1376	041453580J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002207	Modelo-2
635	041453581Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001366	Modelo-1
25	041453584V	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000273	Modelo-1
2436	041453600X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	705	Modelo-1
1826	041453625N	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	545	Modelo-2
865	041453634K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001619	Modelo-1
1659	041453634K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002530	Modelo-1
1656	041453636T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002527	Modelo-1
1371	041453655L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002202	Modelo-2
1209	041453692X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002023	Modelo-2
747	041453734Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001496	Modelo-1
1271	041453755G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002087	Modelo-1
2250	041453758F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	497	Modelo-1
2051	041453778G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	272	Modelo-1
803	041453825M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001555	Modelo-1
137	041453834Z	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000561	Modelo-1
672	041453836Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001403	Modelo-1
1071	041453905Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001843	Modelo-1
946	041453912T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001704	Modelo-2
2251	041453932C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	498	Modelo-1
391	041453957E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001066	Modelo-1
743	041453968X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001492	Modelo-1
582	041453972Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001295	Modelo-1
1550	041453978C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002420	Modelo-2
608	041453990D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001328	Modelo-1
917	041454055M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001674	Modelo-1
340	041454072E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000987	Modelo-1
1793	041454118E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002692	Modelo-2
1294	041454144W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002117	Modelo-2
1494	041454173P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002353	Modelo-2
2121	041454241F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	342	Modelo-1
1685	041454269N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002556	Modelo-1
462	041454276L	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001161	Modelo-1
469	041454276L	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001168	Modelo-2
1502	041454405X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002363	Modelo-1
2037	041454411Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	256	Modelo-1
513	041454483L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001223	Modelo-1
252	041454526Q	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000859	Modelo-1
1642	041454542D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002513	Modelo-1
1065	041454550V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001836	Modelo-1
1853	041454591N	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	774	Modelo-2
1810	041454604W	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002739	Modelo-1
1812	041454605A	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002742	Modelo-1
906	041454620H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001661
537	041454648T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001247	Modelo-1
1191	041454652G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002003	Modelo-2
923	041454784K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001681	Modelo-1
2441	041454834H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	710	Modelo-1
968	041454863P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001727	Modelo-2
614	041454874L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001335	Modelo-1
1417	041454891J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002250	Modelo-1
107	041454917Q	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000531	Modelo-2
1198	041455047P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002010	Modelo-1
1892	041455048D	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	829	Modelo-1
1780	041455062T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002679	Modelo-2
1633	041455097N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002504	Modelo-2
1674	041455097N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002545	Modelo-1
1710	041455124Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002581	Modelo-1
930	041455197C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001688	Modelo-1
2182	041455208P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	423	Modelo-1
2183	041455208P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	424	Modelo-2
1102	041455225W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001878	Modelo-1
1938	041455235N	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	746	Modelo-1
1219	041455238S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002033	Modelo-1
1897	041455274M	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	834	Modelo-1
895	041455308Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001650	Modelo-2
932	041455309V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001690	Modelo-2
843	041455353S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001596	Modelo-2
145	041455354Q	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000570	Modelo-2
698	041455355V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001436	Modelo-1
251	041455357L	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000857	Modelo-1
32	041455359K	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000284	Modelo-1
1947	041455360E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	10/01/2007	89	Modelo-1
1946	041455361T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	10/01/2017	88	Modelo-1
1672	041455386W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002543	Modelo-1
745	041455387A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001494	Modelo-1
1359	041455412M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002190	Modelo-2
344	041455436Y	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000993	Modelo-1
595	041455452E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001313	Modelo-1
1252	041455455W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002068	Modelo-1
973	041455502A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001732	Modelo-2
11	041455579B	Consejo de Eivissa	27/12/2016	2016031351	Modelo-1
749	041455600D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001498	Modelo-1
1061	041455621F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001832	Modelo-2
1316	041455641G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002143	Modelo-2
2173	041455689J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	413	Modelo-2
2209	041455689Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	453	Modelo-1
1562	041455698S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002432	Modelo-2
450	041455700V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001149
1420	041455708W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002253	Modelo-1
1146	041455715D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001948	Modelo-1
1154	041455715D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001956	Modelo-2
144	041455739X	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000569	Modelo-1
1578	041455755A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002448	Modelo-1
1604	041455755A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002474	Modelo-2
258	041455758Y	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000865	Modelo-1
255	041455759F	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000862	Modelo-1
684	041455816H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001415	Modelo-1
693	041455827Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001429	Modelo-1
285	041455847A	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000893	Modelo-1
2035	041455848G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	254	Modelo-1
2247	041455914R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	494	Modelo-1
1281	041455939A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002099	Modelo-2
2339	041455946X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	608	Modelo-1
1412	041455955L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002245	Modelo-1
1806	041455974S	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002735	Modelo-1
102	041456089S	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000525	Modelo-1
1828	041456098R	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	548	Modelo-2
1657	041456145W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002528	Modelo-1
1653	041456146A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002524	Modelo-1
1792	041456173F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002691	Modelo-2
1847	041456177B	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	576	Modelo-2
715	041456189T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001456	Modelo-1
1497	041456325K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002358	Modelo-1
475	041456346L	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001177	Modelo-1
168	041456360X	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000598	Modelo-1
120	041456361B	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000544	Modelo-1
2080	041456395E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	301	Modelo-1
1645	041456408N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002516	Modelo-1
1616	041456425Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002487	Modelo-2
845	041456438L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001598	Modelo-2
730	041456534T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001474	Modelo-2
44	041456571Z	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000318	Modelo-1
1771	041456591B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002670	Modelo-2
702	041456716K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001441	Modelo-1
1558	041456725F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002428	Modelo-2
2117	041456768G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	338	Modelo-2
432	041456778Z	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001125	Modelo-2
619	041456779S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001340	Modelo-2
2046	041456786E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	267	Modelo-1
1138	041456795P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001939	Modelo-1
2067	041456845N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	288	Modelo-1
2066	041456846J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	287	Modelo-1
1310	041456871S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002136	Modelo-2
2201	041456992K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	445	Modelo-1
524	041457001F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001234	Modelo-1
2005	041457021G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	219	Modelo-1
1727	041457032S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002598	Modelo-1
520	041457055S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001230	Modelo-1
584	041457068M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001297	Modelo-1
737	041457104H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001482	Modelo-2
1334	041457118D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002164	Modelo-1
1134	041457132T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001931	Modelo-1
559	041457176K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001269	Modelo-1
589	041457201T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001307	Modelo-1
735	041457204A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001480	Modelo-2
1480	041457219H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002339	Modelo-2
587	041457240Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001305	Modelo-1
1543	041457256D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002413	Modelo-2
2174	041457262S	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	415	Modelo-1
1248	041457304B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002063	Modelo-1
1436	041457378Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002270	Modelo-2
1513	041457427L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002379	Modelo-2
1440	041457725H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002275	Modelo-1
361	041457888C	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001020	Modelo-1
991	041458285A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001750	Modelo-1
204	041458298Q	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000708	Modelo-1
861	041458351T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001615	Modelo-1
873	041458351T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001627	Modelo-2
517	041458415H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001227	Modelo-1
1264	041458439L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002080	Modelo-1
399	041458573S	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001079	Modelo-1
212	041458586M	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000725	Modelo-1
1094	041458676A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001870	Modelo-1
2057	041458714H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	278	Modelo-1
1688	041458762C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002559	Modelo-1
1691	041458766R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002562	Modelo-1
235	041458970K	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000836	Modelo-1
1274	041459065R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002090	Modelo-1
1624	041459115M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002495	Modelo-2
1075	041459121B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001847	Modelo-1
240	041459144B	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000846	Modelo-1
389	041459192J	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001063	Modelo-1
1223	041459348P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002037	Modelo-2
1278	041459453K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002094	Modelo-1
39	041459491J	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000294	Modelo-1
113	041459509P	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000537	Modelo-1
108	041459510D	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000532	Modelo-1
488	041459566L	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001192	Modelo-1
634	041459570T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001365	Modelo-1
2275	041459630Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	524	Modelo-2
1958	041459645X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	11/01/2017	115	Modelo-2
696	041459695X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001432	Modelo-1
1408	041459733W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002241	Modelo-2
993	041459755R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001752	Modelo-1
990	041459756W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001749	Modelo-1
1458	041459761F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002295	Modelo-2
2034	041459852Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	253	Modelo-1
1791	041459867K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002690	Modelo-2
998	041459898Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001758	Modelo-1
325	041459940W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000972	Modelo-2
1724	041459981C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002595	Modelo-1
864	041459982K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001618	Modelo-1
1515	041459995B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002381
2043	041460005K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	263	Modelo-1
1952	041460025H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	11/01/2017	100	Modelo-1
364	041460091S	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001026	Modelo-1
2032	041460101W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	250	Modelo-1
1309	041460166K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002135	Modelo-2
196	041460172G	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000691	Modelo-1
190	041460208V	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000648	Modelo-1
155	041460259E	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000583	Modelo-1
1035	041460289Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001798	Modelo-1
1073	041460293X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001845	Modelo-1
1917	041460343Z	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002771	Modelo-1
816	041460349C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001568	Modelo-1
1923	041460432B	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002797	Modelo-1
1512	041460439H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002378	Modelo-2
1282	041460471G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002101	Modelo-2
1031	041460509L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001794	Modelo-1
376	041460554H	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001041	Modelo-1
375	041460555L	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001040	Modelo-1
2340	041460629R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	609	Modelo-1
2363	041460629R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	632	Modelo-1
969	041460643S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001728	Modelo-2
2111	041460675R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	332	Modelo-1
433	041460747G	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001126	Modelo-2
59	041460805Q	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000456	Modelo-1
56	041460806V	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000452	Modelo-1
512	041460863M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001222	Modelo-1
206	041460953A	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000711	Modelo-1
1260	041460983X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002076	Modelo-1
1834	041461027P	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	556	Modelo-2
125	041461089R	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000549	Modelo-1
1639	041461111T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002510	Modelo-1
1308	041461165P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002134	Modelo-2
2022	041461222L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	239	Modelo-1
342	041461225E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000990	Modelo-1
2273	041461250R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	520	Modelo-2
2413	041461250R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	682	Modelo-1
1426	041461268L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002260	Modelo-1
1913	041461275A	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002767	Modelo-1
772	041461384C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001521	Modelo-1
965	041461393Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001724	Modelo-1
557	041461442D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001267	Modelo-1
2018	041461670E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	234	Modelo-1
1032	041461671P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001795	Modelo-2
1242	041461714M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002057	Modelo-1
663	041461767N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001394	Modelo-1
617	041461966G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001338	Modelo-2
2326	041479357K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	595	Modelo-1
2434	041492227E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	703	Modelo-2
1846	041497415N	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	575	Modelo-2
1553	041535262E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002423	Modelo-2
2124	041571588P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	345	Modelo-1
1833	041665635P	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	555	Modelo-2
1382	041955017B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002213	Modelo-2
1514	042944032L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002380	Modelo-2
1434	042964967R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002268	Modelo-1
292	043002502T	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000900	Modelo-1
616	043050003Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001337	Modelo-1
407	043107968B	Delegación de Gobierno Illes Balears	12/01/2017	5108e1700083403
1501	043170693S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002362	Modelo-1
1827	043425692J	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	547	Modelo-2
2199	043454643F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	443	Modelo-1
2426	043552933N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	695	Modelo-1
2154	044042561E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	388	Modelo-2
2396	044042561E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	665	Modelo-1
2399	044417965C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	668	Modelo-1
844	044600758D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001597	Modelo-1
2316	045430988P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	578	Modelo-2
2359	045430988P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	628	Modelo-1
1307	046050484E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002133	Modelo-2
24	046127655M	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000271	Modelo-1
2003	046310206M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	216	Modelo-2
130	046343921W	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000554	Modelo-1
535	046405284R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001245	Modelo-1
139	046505107G	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000563	Modelo-1
1367	046647502Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002198	Modelo-2
992	046667416W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001751	Modelo-1
833	046771906A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001586	Modelo-1
1732	046932115V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002603	Modelo-1
307	046950032V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000947	Modelo-1
560	046950082K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001270	Modelo-1
2292	046950114F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	549	Modelo-2
487	046950360T	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001191	Modelo-1
2122	046950365M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	343	Modelo-1
1378	046950378M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002209	Modelo-2
256	046950385W	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000863	Modelo-1
502	046950432A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001212	Modelo-1
1033	046950574F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001796	Modelo-1
1573	046950933K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002443	Modelo-1
1586	046950933K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002456	Modelo-2
1736	046950950S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002607	Modelo-1
1801	046950971J	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002729	Modelo-1
1338	046950979K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002169	Modelo-1
1103	046950998V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001879	Modelo-1
74	046951020Q	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000493	Modelo-1
1662	046951021V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002533	Modelo-1
141	046951114H	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000565	Modelo-2
1575	046951334P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002445	Modelo-1
1584	046951334P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002454	Modelo-2
819	046951355Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001571	Modelo-1
1218	046951375A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002032	Modelo-2
2384	046951401Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	653	Modelo-1
162	046951419R	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000590	Modelo-1
2033	046951454J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	252	Modelo-1
708	046951483L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001447	Modelo-1
2175	046951509E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	416	Modelo-1
1779	046951515M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002678	Modelo-2
9	046951532E	Consejo de Eivissa	27/12/2016	2016031349	Modelo-1
2282	046951639Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	535	Modelo-2
2360	046951639Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	629	Modelo-1
682	046951668C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001413	Modelo-1
148	046951705B	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000573	Modelo-1
1244	046951751B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002059	Modelo-1
1415	046951862F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002248	Modelo-1
846	046951886P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001599	Modelo-1
871	046951886P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001625	Modelo-2
978	046951891J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001737	Modelo-1
1318	046951907Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002145	Modelo-2
579	046951933D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001292	Modelo-1
1596	046951939S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002466	Modelo-2
1860	046951947T	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	788	Modelo-1
184	046951951G	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000642	Modelo-1
165	046951962S	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000593	Modelo-1
571	046951979D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001283	Modelo-1
161	046952074N	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000589	Modelo-1
301	046952100S	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000909	Modelo-1
478	046952194V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001180	Modelo-1
523	046952195H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001233	Modelo-1
404	046952203A	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001084	Modelo-2
390	046952236J	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001065	Modelo-2
586	046952241H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001302	Modelo-1
2145	046952340W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	375	Modelo-2
1852	046952395B	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	773	Modelo-2
1679	046952403L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002550	Modelo-1
2040	046952427C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	259	Modelo-1
2398	046952489R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	667	Modelo-1
103	046952540H	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000526	Modelo-1
1814	046952588C	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002744	Modelo-1
501	046952603N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001211	Modelo-1
1587	046952603N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002457	Modelo-2
2141	046952775T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	371	Modelo-2
172	046952937R	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000630	Modelo-1
1999	046952990P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	212	Modelo-1
1056	046952996Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001827	Modelo-2
821	046953007W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001573	Modelo-1
1687	046953013P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002558	Modelo-1
247	046953015X	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000853	Modelo-1
1623	046953015X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002494	Modelo-2
1179	046953017N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001990	Modelo-2
1178	046953018J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001989	Modelo-2
1802	046953034Y	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002730	Modelo-1
1424	046953100A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002257	Modelo-1
1619	046953112S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002490	Modelo-2
412	046953168W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001093	Modelo-1
1725	046953172Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002596	Modelo-1
1018	046953283W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001779	Modelo-1
486	046953326E	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001190	Modelo-1
10	046953398W	Consejo de Eivissa	27/12/2016	2016031350	Modelo-1
788	046953472F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001540	Modelo-1
2158	046953489R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	393	Modelo-2
1418	046953494Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002251	Modelo-1
1159	046953515G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001967	Modelo-1
176	046953568B	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000634	Modelo-1
1221	046953573Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002035	Modelo-2
1777	046953581R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002676	Modelo-1
1763	046953609Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002662	Modelo-2
1737	046953644H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002608	Modelo-1
1038	046953682X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001801	Modelo-2
1413	046953683B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002246	Modelo-1
1498	046953714L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002359	Modelo-1
550	046953852L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001260	Modelo-2
1389	046953876C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002221	Modelo-1
1394	046953902T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002226	Modelo-2
400	046953922C	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001080	Modelo-1
75	046953944L	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000494	Modelo-1
1050	046953973W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001813	Modelo-1
1373	046954049D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002204	Modelo-2
1238	046954292E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002053	Modelo-1
492	046954356V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001196	Modelo-1
491	046954357H	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001195	Modelo-1
1924	046954370P	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002798	Modelo-1
910	046954399Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001665	Modelo-2
1546	046954526A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002416	Modelo-2
76	046954600P	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000495	Modelo-1
266	046954691F	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000873	Modelo-1
2074	046954700Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	295	Modelo-2
1667	046954720J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002538	Modelo-1
1328	046954751K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002157	Modelo-2
787	046954799T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001539	Modelo-1
742	046954803G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001491	Modelo-2
498	046954820K	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001202	Modelo-1
1476	046954843K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002335	Modelo-2
859	046954844E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001612	Modelo-1
874	046954844E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001628	Modelo-2
1049	046954848A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001812	Modelo-1
1051	046954859Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001814	Modelo-1
167	046954867E	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000595	Modelo-1
503	046954918G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001213	Modelo-1
764	046954956L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001513	Modelo-2
847	046954966Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001600	Modelo-2
855	046954966Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001608	Modelo-1
1068	046954969D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001839	Modelo-1
1489	046954982E	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002348	Modelo-2
398	046954990F	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001077	Modelo-1
1016	046954992D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001777	Modelo-1
1448	046954997Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002283	Modelo-4
1377	046954998S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002208	Modelo-4
807	046955088J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001559	Modelo-1
302	046955092V	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000910	Modelo-1
154	046955103M	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000581	Modelo-1
2049	046955146W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	270	Modelo-1
504	046955194G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001214	Modelo-1
952	046955198P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001710	Modelo-2
799	046955204Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001551	Modelo-1
795	046955205S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001547	Modelo-1
794	046955206Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001546	Modelo-1
805	046955216A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001557	Modelo-1
1337	046955222D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002168	Modelo-2
1731	046955229Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002602	Modelo-1
808	046955500B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001560	Modelo-1
213	046955509C	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000726	Modelo-1
27	046955530H	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000278	Modelo-1
211	046955531L	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000724	Modelo-1
497	046955558T	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001201	Modelo-1
477	046955629W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001179	Modelo-1
300	046955745A	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000908	Modelo-1
1095	046955747M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001871	Modelo-1
237	046955754N	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000838	Modelo-1
633	046955786K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001364	Modelo-1
1021	046955791A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001782	Modelo-2
1136	046955792G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001933	Modelo-2
1259	046955868B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002075	Modelo-2
1263	046955869N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002079	Modelo-2
78	046955895S	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000498	Modelo-1
2061	046955933F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	282	Modelo-1
687	046955959X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001421	Modelo-1
2215	046955967H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	459	Modelo-2
2380	046955967H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	649	Modelo-1
2093	046955968L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	314	Modelo-1
1006	046955972T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001767	Modelo-2
2139	046956048F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	365	Modelo-2
115	046956055Z	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000539	Modelo-1
583	046956061C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001296	Modelo-1
632	046956083L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001363	Modelo-1
701	046956098B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001440	Modelo-1
852	046956213B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001605	Modelo-2
717	046956345M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001458	Modelo-2
1597	046956535B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002467	Modelo-1
1164	046956562S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001975	Modelo-1
1880	046956563Q	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	816	Modelo-1
775	046956593T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001525	Modelo-1
770	046956621M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001519	Modelo-1
1908	046956697N	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002760	Modelo-1
540	046956772H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001250	Modelo-1
1790	046956777T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002689	Modelo-2
2325	046956785P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	594	Modelo-1
1329	046956803A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002158	Modelo-2
955	046956819L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001713	Modelo-2
128	046956934L	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000552	Modelo-1
136	046957066J	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000560	Modelo-1
949	046957101W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001707	Modelo-2
618	046957170W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001339	Modelo-2
1918	046957256L	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002772	Modelo-1
402	046957271B	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001082	Modelo-1
1013	046957295N	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001774	Modelo-2
593	046957296J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001311	Modelo-1
152	046957346V	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000579	Modelo-1
46	046957409B	Consejo de Eivissa	10/01/2017	2017000396	Modelo-1
553	046957523X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001263	Modelo-1
511	046957526J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001221	Modelo-1
395	046957567P	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001071	Modelo-1
1987	046957569D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	190	Modelo-1
2068	046957727F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	289	Modelo-1
371	046957783V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001036	Modelo-1
1117	046957840M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001897	Modelo-1
1894	046957857E	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	831	Modelo-1
106	046957864Y	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000529	Modelo-2
703	046957905R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001442	Modelo-1
877	046957940J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001631	Modelo-2
1932	046957956Y	Correos Eivissa	18/01/2017		Modelo-11
1499	046957968H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002360	Modelo-1
1571	046957974R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002441	Modelo-1
1591	046957974R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002461	Modelo-2
175	046957976A	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000633	Modelo-1
174	046957977G	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000632	Modelo-1
1150	046957979Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001952	Modelo-1
1155	046957979Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001957	Modelo-2
1745	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002616	Modelo-8
1746	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002617	Modelo-8
1747	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002618	Modelo-8
1748	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002619	Modelo-8
1749	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002620	Modelo-8
1750	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002621	Modelo-8
1751	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002622	Modelo-8
1752	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002623	Modelo-8
1753	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002624	Modelo-8
1754	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002625	Modelo-8
1755	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002626	Modelo-8
1756	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002627	Modelo-8
1757	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002628	Modelo-8
1758	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002629	Modelo-8
1759	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002630	Modelo-8
1760	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002631	Modelo-8
1761	046958010Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002632	Modelo-8
1523	046958016C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002393	Modelo-2
2115	046958018E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	336	Modelo-2
1057	046958067W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001828	Modelo-2
995	046958102Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001754	Modelo-1
1181	046958121X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001992	Modelo-1
1116	046958144X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001896	Modelo-1
628	046958207G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001356	Modelo-2
1995	046958209Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	207	Modelo-1
1998	046958210F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	210	Modelo-1
548	046958216J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001258	Modelo-1
365	046958245L	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001028	Modelo-1
797	046958246C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001549	Modelo-1
2237	046958269C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	482	Modelo-2
1001	046958276G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001761	Modelo-1
341	046958292C	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000989	Modelo-1
712	046958294E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001452	Modelo-1
1993	046958465D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	203	Modelo-1
414	046958466X	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001096	Modelo-1
860	046958474H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001614	Modelo-2
1011	046958487P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001772	Modelo-2
892	046958576M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001647	Modelo-2
2129	046958577Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	351	Modelo-2
1172	046958608Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001983	Modelo-2
1705	046958711W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002576	Modelo-1
588	046958723Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001306	Modelo-1
1734	046958782G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002605	Modelo-1
79	046958792Z	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000499	Modelo-1
700	046958869E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001439	Modelo-2
1419	046958897G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002252	Modelo-1
77	046958901P	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000496	Modelo-1
590	046958976Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001308	Modelo-1
1398	046959028C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002230	Modelo-1
1029	046959044J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001792	Modelo-1
132	046959056W	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000556	Modelo-1
926	046959166C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001684	Modelo-2
709	046959235C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001448	Modelo-1
428	046959357G	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001121	Modelo-2
705	046959380G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001444	Modelo-1
1357	046959399T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002188	Modelo-1
1945	046959470W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	10/01/2017	84	Modelo-1
1534	046959501X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002404	Modelo-2
1533	046959502B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002403	Modelo-2
1343	046959530Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002174	Modelo-1
2234	046959548B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	479	Modelo-2
1455	046959596J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002292	Modelo-2
158	046959633G	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000586	Modelo-1
1239	046959670H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002054	Modelo-1
1235	046959718C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002050	Modelo-1
958	046959770A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001716	Modelo-2
950	046959778B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001708	Modelo-2
1429	046959780J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002263	Modelo-1
532	046959794G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001242	Modelo-1
1934	046959851S	Correos Eivissa	18/01/2017		Modelo-11
1088	046959949K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001862	Modelo-1
768	046960000A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001517	Modelo-1
111	047088629Q	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000535	Modelo-1
1066	047250112Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001837	Modelo-1
2374	047250156Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	643	Modelo-1
1054	047250193M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001817	Modelo-2
159	047250229H	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000587	Modelo-1
1716	047250259W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002587	Modelo-1
1717	047250259W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002588	Modelo-2
597	047250265P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001315	Modelo-1
1046	047250267X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001809	Modelo-1
2162	047250312D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	398	Modelo-2
2385	047250312D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	654	Modelo-1
2028	047250317Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	246	Modelo-1
678	047250332Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001409	Modelo-1
1059	047250338N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001830	Modelo-2
2054	047250343V	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	275	Modelo-1
856	047250354M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001609	Modelo-2
2268	047250357P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	515	Modelo-1
2266	047250358D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	513	Modelo-1
1047	047250364S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001810	Modelo-1
1839	047250434Q	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	16/01/2017	566	Modelo-2
1457	047250457Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002294	Modelo-2
2002	047250518P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	215	Modelo-2
476	047250547Z	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001178	Modelo-1
1302	047250569J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002128	Modelo-2
2231	047250614N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	476	Modelo-2
2423	047250614N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	692	Modelo-1
1557	047250640S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002427	Modelo-2
443	047250887D	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001142	Modelo-1
445	047250887D	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001144	Modelo-2
449	047250888X	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001148	Modelo-1
472	047250888X	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001171	Modelo-2
727	047250963Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001471	Modelo-2
330	047251018W	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000977	Modelo-1
1528	047251035L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002398	Modelo-2
911	047251058L	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001666	Modelo-2
1432	047251070P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002266	Modelo-2
1273	047251073B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002089	Modelo-1
1345	047251102V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002176	Modelo-1
112	047251121J	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000536	Modelo-1
1060	047251156W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001831	Modelo-2
1548	047251257B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002418	Modelo-2
1327	047251304N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002156	Modelo-2
2050	047251314E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	271	Modelo-2
474	047251449L	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001176	Modelo-1
2236	047251577D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	481	Modelo-2
690	047251625B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001426	Modelo-1
1149	047251688M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001951	Modelo-1
1158	047251688M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001960	Modelo-2
1255	047251690F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002071	Modelo-1
1506	047251712Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002367	Modelo-1
1815	047251715D	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002746	Modelo-1
362	047251757M	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001024	Modelo-1
2425	047251814Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	694	Modelo-1
52	047251827Y	Consejo de Eivissa	10/01/2017	2017000422	Modelo-2
2029	047251835Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	247	Modelo-1
1400	047251882S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002232	Modelo-2
1786	047251968D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002685	Modelo-2
549	047252229V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001259	Modelo-2
444	047252340J	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001143	Modelo-2
769	047252423G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001518	Modelo-1
294	047252447M	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000902	Modelo-1
257	047252448Y	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000864	Modelo-1
976	047252465T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001735	Modelo-2
299	047252466R	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000907	Modelo-1
316	047252552H	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000961	Modelo-1
1283	047252565P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002102	Modelo-2
506	047252590X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001216	Modelo-1
746	047252727D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001495	Modelo-2
1470	047252738C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002308	Modelo-6
823	047252787T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001576	Modelo-1
620	047252821B	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001341	Modelo-2
1206	047252870Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002019	Modelo-2
2116	047252905A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	337	Modelo-2
85	047252907M	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000507	Modelo-1
2433	047252968C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	702	Modelo-2
121	047253132T	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000545	Modelo-1
1225	047253290C	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002039	Modelo-1
796	047253317R	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001548	Modelo-1
203	047253344M	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000707	Modelo-1
1276	047253376Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002092	Modelo-1
1607	047253419B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002478	Modelo-2
1237	047253565L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002052	Modelo-1
1090	047253584S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001864	Modelo-1
566	047253712M	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001277	Modelo-1
765	047253713Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001514	Modelo-2
1092	047253759Y	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001867	Modelo-1
841	047253767Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001594	Modelo-1
870	047253790Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001624	Modelo-2
423	047253791S	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001109	Modelo-2
2127	047253902B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	348	Modelo-2
2031	047254042J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	249	Modelo-1
2159	047254135Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	394	Modelo-2
793	047254154X	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001545	Modelo-1
1167	047254204Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001978	Modelo-2
744	047254236T	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001493	Modelo-2
1856	047254358F	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	781	Modelo-2
129	047254396E	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000553	Modelo-2
1289	047254438H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002112	Modelo-1
2152	047254446A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	385	Modelo-2
2394	047254446R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	663	Modelo-1
23	047254516G	Consejo de Eivissa	04/01/2017	2017000144	Modelo-1
935	047254541Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001693	Modelo-2
2016	047254557E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	231	Modelo-1
51	047254565F	Consejo de Eivissa	10/01/2017	2017000421	Modelo-2
2126	047254599H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	347	Modelo-2
2083	047254600L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	304	Modelo-1
291	047254624C	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000899	Modelo-1
615	047254722A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001336	Modelo-2
1735	047254813W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002606	Modelo-1
767	047254819P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001516	Modelo-2
1525	047254928W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002395	Modelo-2
834	047255012V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001587	Modelo-1
1369	047255083L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002200	Modelo-1
413	047255180R	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001095	Modelo-1
562	047255401S	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001273	Modelo-1
564	047255402Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001275	Modelo-1
2253	047255416F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	500	Modelo-2
2412	047255416F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	681	Modelo-1
2084	047255465X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	305	Modelo-2
189	047255483M	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000647	Modelo-1
225	047255509P	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000781	Modelo-1
210	047255571R	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000718	Modelo-1
1643	047255634H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002514	Modelo-1
1500	047255872A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002361	Modelo-1
1131	047255922F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001927	Modelo-1
1204	047256028K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002017	Modelo-2
2065	047256143K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	286	Modelo-1
2147	047256263A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	377	Modelo-2
2119	047256345Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	340	Modelo-1
84	047256371L	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000506	Modelo-1
1062	047256398T	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001833	Modelo-2
1620	047256461V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002491	Modelo-2
1040	047256527Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001803	Modelo-1
409	047256622V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001090	Modelo-2
1576	047256699W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002446	Modelo-1
1606	047256699W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002476	Modelo-2
81	047256725M	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000502	Modelo-1
2081	047256763C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	302	Modelo-1
1521	047256771M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002391	Modelo-2
183	047256790R	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000641	Modelo-1
1333	047256863M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002163	Modelo-1
2023	047256934F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	240	Modelo-1
186	047257062C	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000644	Modelo-1
1508	047257243V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002369	Modelo-1
1568	047257265Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002438	Modelo-2
643	047257293K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001374	Modelo-1
1361	047257440F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002192	Modelo-1
53	047257796H	Consejo de Eivissa	10/01/2017	2017000424	Modelo-2
779	047257821C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001529	Modelo-1
766	047257901P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001515	Modelo-2
568	047257978Q	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001279	Modelo-1
569	047257979V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001280	Modelo-1
804	047258014Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001556	Modelo-1
1990	047258026H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	199	Modelo-2
2238	047258190K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	483	Modelo-1
2269	047258191E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	516	Modelo-1
621	047258222F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001343	Modelo-1
1024	047258301V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001785	Modelo-1
1026	047258302H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001787	Modelo-1
1660	047258367Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002531	Modelo-1
1530	047258416V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002400	Modelo-1
728	047258605E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001472	Modelo-2
653	047258909G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001384	Modelo-1
1251	047258954A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002067	Modelo-1
1078	047258970L	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001850	Modelo-1
2334	047258984R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	603	Modelo-1
2042	047258996E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	261	Modelo-1
2001	047259105Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	214	Modelo-1
1561	047259190D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002431	Modelo-2
21	047259701Z	Consejo de Eivissa	04/01/2017	2017000142	Modelo-1
20	047259702S	Consejo de Eivissa	04/01/2017	2017000141	Modelo-1
207	047405127B	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000712	Modelo-1
182	047405128N	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000640	Modelo-1
971	047405303A	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001730	Modelo-2
2079	047405422F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	300	Modelo-1
631	047405689K	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001360	Modelo-1
1099	047405842J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001875	Modelo-1
15	047405863B	Consejo de Eivissa	03/01/2017	2017000081	Modelo-1
13	047405864N	Consejo de Eivissa	03/01/2017	2017000079	Modelo-1
2161	047406268W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	396	Modelo-2
2388	047406268W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	657	Modelo-1
1100	047406342F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001876	Modelo-1
1119	047406343P	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001899	Modelo-1
156	047406460X	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000584	Modelo-1
2177	047406486J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	418	Modelo-1
2184	047406486J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	425	Modelo-2
1374	047406582V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002205	Modelo-1
2317	047406766V	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	579	Modelo-2
2090	047406901Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	311	Modelo-2
1738	047407043H	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002609	Modelo-1
748	047407499Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001497	Modelo-2
2172	047407579W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	412	Modelo-2
2206	047407589N	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	450	Modelo-1
1399	047407593Q	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002231	Modelo-2
248	047407714E	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000854	Modelo-1
253	047407715T	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000860	Modelo-1
30	047407740W	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000282	Modelo-1
1949	047407741A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	10/01/2017	95	Modelo-1
798	047407779H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001550	Modelo-1
95	047407813Y	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000518	Modelo-1
1446	047407891S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002281	Modelo-1
536	047407898E	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001246	Modelo-1
2091	047408285H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	312	Modelo-2
1617	047408440N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002488	Modelo-2
2344	047409022L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	613	Modelo-1
914	047409825V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001670	Modelo-1
791	047430351G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001543	Modelo-1
2118	047430709V	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	339	Modelo-1
289	047430857G	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000897	Modelo-1
1427	047431166Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002261	Modelo-1
318	047431479M	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000963	Modelo-1
514	047431506D	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001224	Modelo-1
1176	047431845A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001987	Modelo-2
320	047431981R	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000965	Modelo-2
1080	047432148F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001853	Modelo-1
351	047432271S	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001003	Modelo-2
792	047432331Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001544	Modelo-1
1975	047432936J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	176	Modelo-2
1976	047432937Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	177	Modelo-2
277	047433026B	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000885	Modelo-1
1529	047433212J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002399	Modelo-2
1435	047433485X	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002269	Modelo-2
2232	047487028D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	477	Modelo-2
2432	047487028D	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	701	Modelo-1
169	047699975E	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000626	Modelo-1
2336	047702055T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	605	Modelo-1
2156	047703996H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	391	Modelo-1
2217	047703996H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	462	Modelo-2
96	047812270P	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000519	Modelo-1
1471	048125673J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002309	Modelo-1
91	048199137S	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000514	Modelo-1
1944	048232911W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	10/01/2017	83	Modelo-1
2291	048859071X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	547	Modelo-2
2341	048859071X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	610	Modelo-1
2364	048859071X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	633	Modelo-1
1618	048860489W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002489	Modelo-2
2165	049415111W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	401	Modelo-2
1891	049415364W	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	828	Modelo-1
2369	049419638K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	638	Modelo-1
2131	049419919A	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	353	Modelo-1
1916	050720079L	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002770	Modelo-1
1207	050785464S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002020	Modelo-2
1981	051078968Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	184	Modelo-1
2220	051087585P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	465	Modelo-2
2368	051087585P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	637	Modelo-1
65	051312967J	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000464	Modelo-2
214	051312967J	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000727	Modelo-2
2178	051320125H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	419	Modelo-1
2305	051320125H	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	564	Modelo-2
238	051388745Y	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000843	Modelo-1
223	051590113D	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000766	Modelo-1
170	052150667F	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000628	Modelo-1
2400	052206420P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	669	Modelo-1
2443	052230368J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	712	Modelo-1
2149	052254396Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	379	Modelo-1
2389	052285460C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	658	Modelo-1
333	052512854J	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000980	Modelo-1
2245	052522681L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	491	Modelo-2
2428	052522681L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	697	Modelo-1
2294	052522868E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	552	Modelo-2
2356	052522868E	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	625	Modelo-1
2289	052527122K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	545	Modelo-2
377	052533406A	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001042	Modelo-1
379	052551210M	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001044	Modelo-2
2086	052562505F	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	307	Modelo-2
1865	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	797	Modelo-8
1866	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	799	Modelo-8
1867	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	800	Modelo-8
1868	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	801	Modelo-8
1869	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	803	Modelo-8
1870	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	804	Modelo-8
1871	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	805	Modelo-8
1872	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	807	Modelo-8
1873	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	808	Modelo-8
1874	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	809	Modelo-8
1875	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	811	Modelo-8
1876	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	812	Modelo-8
1877	053085605H	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	813	Modelo-8
173	053120030N	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000631	Modelo-1
1980	053388379C	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	181	Modelo-1
2401	053518989J	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	670	Modelo-1
1449	070400859K	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002284	Modelo-1
2335	070508425Q	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	604	Modelo-1
2375	070516700B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	644	Modelo-2
2376	070516700B	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	645	Modelo-1
2333	070935980R	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	602	Modelo-1
2233	071657494M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	478	Modelo-2
2402	071657494M	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	671	Modelo-1
1301	071889193W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002127	Modelo-2
2027	072508058Y	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	245	Modelo-1
1532	073582274F	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002402	Modelo-1
2249	074471307K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	496	Modelo-1
171	074626915B	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000629	Modelo-1
1563	074631450S	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002433	Modelo-2
1556	074932445D	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002426	Modelo-2
2262	075003617L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	509	Modelo-1
1313	075300427Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002140	Modelo-2
2235	075374078L	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	480	Modelo-2
2329	075418424K	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	598	Modelo-1
1406	075430193Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002239	Modelo-1
2362	075434758W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	631	Modelo-1
2310	075569676W	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	569	Modelo-2
1290	075736717V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002113	Modelo-2
1625	075886753R	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002496	Modelo-2
1965	076241075P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	161	Modelo-1
2348	076244249P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	617	Modelo-1
625	077260776G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001350	Modelo-1
221	077961918Z	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000764	Modelo-1
217	078087973Y	Consejo de Eivissa	12/01/2017	2017000760	Modelo-1
1039	078185420W	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001802	Modelo-1
1722	078290555G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002593	Modelo-1
178	078290599W	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000636	Modelo-1
686	078290604F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001419	Modelo-1
33	078290606D	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000287	Modelo-1
28	078290610J	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000280	Modelo-1
1322	078290614V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002150	Modelo-2
1950	078290791X	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	11/01/2017	98	Modelo-2
1979	078290804T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	16/01/2017	180	Modelo-2
1767	078290808G	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002666	Modelo-2
658	078290811F	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001389	Modelo-1
842	078290821V	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001595	Modelo-2
37	078290876A	Consejo de Eivissa	09/01/2017	2017000292	Modelo-1
776	078290881P	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001526	Modelo-2
850	078290887Z	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001603	Modelo-1
1125	078290887Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001916
1878	078570676P	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	814	Modelo-8
1879	078570676P	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	815	Modelo-8
1881	078570676P	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	817	Modelo-8
1882	078570676P	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	818	Modelo-8
1883	078570676P	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	819	Modelo-8
1884	078570676P	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	821	Modelo-8
1885	078570676P	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	822	Modelo-8
1887	078570676P	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	824	Modelo-8
2214	078570676P	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	458	Modelo-2
1554	078687168M	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002424	Modelo-2
191	078728975K	Consejo de Eivissa	11/01/2017	2017000649	Modelo-1
310	078872150K	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000952	Modelo-1
2392	078965615Z	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	661	Modelo-1
2009	079234126T	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	17/01/2017	224	Modelo-1
885	080124446J	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001639	Modelo-1
1452	B07874936	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002287	Modelo-5
1889	B07874936	Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu	18/01/2017	826	Modelo-8
939	B07934052	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001697	Modelo-2
1465	B57142697	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002303	Modelo-6
1919	B57626509	Consejo de Eivissa	19/01/2017	2017002792	Modelo-9
3	B57826026	Consejo de Eivissa	22/12/2016	2016031220
4	B57855942	Delegación de Gobierno Illes Balears	21/12/2016	5108e1603366853
5	B57876419	Delegación de Gobierno Illes Balears	21/12/2016	5108e1603366833
837	B57911315	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001590	Modelo-1
2	B57916983	Consejo de Eivissa	19/12/2016	2016030983
1744	B57921553	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002615	Modelo-7
936	B74162454	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001694	Modelo-2
1926	B84399716	Delegación de Gobierno Illes Balears	18/01/2017	5108e1700134200
814	B87219812	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001566
1469	B90216524	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002307	Modelo-6
1284	F07013444	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002103
250	G07446412	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000856	Modelo-1
1115	G28570927	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001895
1517	G57062424	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002387	Modelo-1
224	G57093841	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000776
234	G57115933	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000821
305	G57582306	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000926
1096	G57895666	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001872
1466	N0055926J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002304	Modelo-6
685	Q0767003G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001418
1109	Q0775001A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001889

B) INFORMES EMITIDOS

·         Informe de la Delegación del Gobierno (RGE  31234, día 22/12/2016, hora 15:24).

·         Informe del Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu (RGE 329, día 09/01/2017, hora 13:21).

·         Informe del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja (RGE 344, día 09/01/2017, hora 14:26).

·         Informe del Gobierno de las Illes Balears (Consejería de Territorio, Energía y Movilidad) (RGE 3337, día 26/01/2017, hora 17:35).

·         Consejo Económico y Social de las Illes Balears (RGE 4094, 06/02/2017, hora 18:39). 

Los Ayuntamientos de Eivissa, Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talaia y el Consejo de Formentera no han emitido informe. Tampoco el Instituto Balear de la mujer.

III.- CONTESTACIÓN ALEGACIONES E INFORMES.

*Nota: Concordancias utilizadas en el presente informe:

BOIB: Boletín Oficial de las Illes Balears.

CE: Constitución Española.   

CIOTUPHA: Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Historicoartístico.

DOT: Ley 6/1999, de 3 de abril, de directrices de ordenación territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias.

EAIB: Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.

LCOT: Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los consejos en materia de ordenación del territorio.

LEN: Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears.

LOT: Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial.

LOUS: Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo

LRJ-PAC: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

LSR: Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears.

NTC: Norma territorial Cautelar.

PTI: Plan Territorial Insular, aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Eivissa y Formentera de día 21 de marzo de 2005 (BOIB número 50, de 31 de marzo de 2005).

ROCI: Reglamento orgánico del Consejo Insular de Eivissa (BOIB núm. 136, de 18-09-2010, corrección de errores en BOIB núm. 148, de 14-10-2010 y modificación en BOIB número 48, de 16-04-2016).

STC: Sentencia del Tribunal Constitucional.

STS: Sentencia del Tribunal Supremo.

STJIB: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.

TSJIB: Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.

III.A.- CON CARÁCTER GENERAL

1.- SOBRE LA POSIBILIDAD DE REVISAR EL PLAN TERRITORIAL INSULAR.

De acuerdo con la Norma 4 del PTI éste entrará en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva y del texto íntegro de sus normas en el Boletín Oficial de las Illes Balears y tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de su sustitución, modificación o revisión, y de la aplicación, desde su aprobación inicial, de las determinaciones que con este fin se establecen. Dice esta Norma 4 PTI:

“Norma 4 Vigencia, revisión y modificación

1 El PTI entrará en vigor al día siguiente de la publicación del acuerdo de su aprobación definitiva y del texto íntegro de las presente normas en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de su sustitución, modificación o revisión. Todo ello sin perjuicio de la aplicación, desde su aprobación inicial, de las determinaciones que el Plan establece.

2 Procederá la revisión del PTI cuando:

a. La entrada en vigor de nuevas leyes o normas de rango jerárquico superior o la modificación de las ya existentes la impongan.

b. La evolución socioeconómica y territorial o hechos nuevos que afecten sustancialmente a los objetivos y elementos fundamentales del PTI la aconsejen o hagan procedente.

c. Hayan transcurrido diez años desde su aprobación definitiva.

3 La aprobación definitiva del PTI lleva implícita la declaración de utilidad pública de las obras, instalaciones y servicios que haya previsto de manera concreta, a los efectos establecidos en la legislación de expropiación forzosa.”

Ya se ha dicho en el presente expediente que habiendo pasado ya más de diez años desde la entrada en vigor del Plan territorial insular y además que el contexto normativo bajo el cual se aprobó el Plan no es el mismo de aquél momento, lo que permite tramitar su revisión global, sin perjuicio de que en estos momentos se plantee una modificación puntual en concretos aspectos.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 8 (Naturaleza).2 LOT “2. Corresponde al consejo insular respectivo la elaboración, la aprobación, la revisión y la modificación de estos instrumentos”.

Se dan estos requisitos.

2.- SOBRE LA FINALIDAD DE LAS NORMAS TERRITORIALES CAUTELARES.

La NTC debe dictarse de conformidad con el artículo 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial -LOT-, en conexión con los artículos 1, y 4, y artículo 3.2 de la Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de ordenación del territorio (LCOT). Con el objete de establecer determinaciones provisionales de ordenación territorial destinadas de manera específica a asegurar la viabilidad futura de la revisión del plan territorial insular, que es el instrumento general de ordenación del territorio de la isla.

Dice el artículo 17.1 LOT:

“Simultáneamente o con posterioridad al acto de iniciación del procedimiento de formulación de un instrumento de ordenación territorial, o de revisión o modificación, el órgano competente para dictarlo puede apreciar motivadamente la necesidad de elaborar una norma territorial cautelar, y definir su ámbito, su finalidad y su contenido básico. Esta norma regirá hasta la aprobación inicial del instrumento de ordenación correspondiente, excepto en el caso de las Directrices de Ordenación Territorial que regirán hasta su entrada en vigor.”

No hay que olvidar que la NTC, de acuerdo con el artículo 17 LOT es de "carácter cautelar”. Por imperativo legal, la NTC tiene naturaleza temporal, de aseguramiento de la efectividad posterior de las determinaciones que fije la revisión del correspondiente plan territorial Insular.

Asimismo, como ya ha tenido ocasión de pronunciarse el TSJIB respecto de la finalidad y alcance de las normas territoriales cautelares, entre otras, sentencia número núm. 523, de 6 de junio de 2007:

“En sentencia de esta Sala Nº 42/2000 de 24.02.2003, ya se indicó: "La función institucional que cumplen las Normas Territoriales Cautelares, concretada en el aseguramiento cautelar de la viabilidad y eficacia del instrumento de ordenación del territorio, precisa que su contenido dispositivo pueda ser coextenso con el legalmente definido para dicho instrumento, de modo que pueden así establecer cualesquiera de las determinaciones propias de esos instrumentos, pero el contenido de la Norma Territorial Cautelar tampoco ha de ser necesariamente el mismo del instrumento cuya viabilidad y eficacia garantiza puesto que no son un avance o resumen anticipado de aquel, con lo que a esa función institucional de aseguramiento cautelar sirven cualesquiera medidas cautelares, bien que, en todo caso, han de ser medidas proporcionadas y adecuadas a la finalidad ya indicada, lo que incluye la suspensión de determinadas actuaciones de ejecución, medida compatible -y alternativa- con la suspensión total o parcial del planeamiento urbanístico". Del hecho de que la N.T.C adopte como única medida la suspensión de actividades de urbanización y edificación en determinados ámbitos y suelos que reúnan las condiciones especificadas en la misma, no le priva de su condición de "norma".

3.- SOBRE LA COMPETENCIA DEL CONSEJO INSULAR DE EIVISSA PARA La ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE NORMAS TERRITORIALES CAUTELARES.

La disposición adicional tercera de la Ley 8/1987, de 1 de abril, de ordenación territorial de las Illes Balears, introducida por la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las Directrices de Ordenación Territorial de las Illes Balears y de medidas tributarias (DOT), posibilitó que, previamente a la formulación de instrumentos de ordenación territorial, se pudieran dictar por el Gobierno de las Illes Balears -o por los consejos insulares, debidamente facultados por el Gobierno- normas territoriales cautelares que regirían hasta la aprobación de los instrumentos territoriales. Después se aprobó la LOT vigente, el artículo 17.1 de la cual establece: "1. Simultáneamente o con posterioridad al acto de iniciación del procedimiento de formulación de un instrumento de ordenación territorial, o de revisión o modificación, el órgano competente para dictarlo puede apreciar motivadamente la necesidad de elaborar una norma territorial cautelar, y definir su ámbito, su finalidad y su contenido básico.../..."

Posteriormente, la consideración como competencia propia de los consejos insulares en materia de ordenación del territorio se ha recogido expresamente en el artículo 70.13 de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (BOE núm. 52, de día 1 de marzo de 2007), si bien, previamente, el artículo 1 de la LCOT atribuyó como propias de los consejos insulares las competencias relativas a la elaboración y la aprobación de los planes territoriales insulares y las relativas a la elaboración y la aprobación de las normas territoriales cautelares que deban preceder la formulación, la revisión o la modificación de los instrumentos de ordenación territorial que corresponde aprobar a los consejos insulares (apartado cuarto).

Así pues, siendo competente el Consejo Insular de Eivissa para la aprobación de su plan territorial, de ámbito insular, ex artículo 8.2 LOT en relación con el artículo 1.1 de la LCOT, de acuerdo con el artículo 17 LOT, es, así mismo, la administración competente para la aprobación de las normas territoriales cautelares que deban preceder la formulación, la revisión o la modificación del mencionado instrumento de ordenación territorial. Todo lo anterior, de acuerdo con las limitaciones que se expondrán a continuación.

4.- ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DE LA NORMA TERRITORIAL CAUTELAR.

4.1. En cuanto al ámbito territorial

Hay que recordar que la norma territorial cautelar objeto del presente informe debe estar íntimamente ligada a la revisión del PTI de la isla de Eivissa y a este ámbito territorial se tiene que referir.

4.2. En cuanto al alcance temporal

Como se desprende de su propio nombre, una norma cautelar no disfruta del mismo régimen de vigencia que otras normas, la vigencia de las cuales perdura hasta su derogación. La norma territorial cautelar tiene sentido en cuánto establece un régimen transitorio que asegura la eficacia de las determinaciones del posterior instrumento de ordenación del territorio impidiendo que -como dice la jurisprudencia- el plan nazca como un dibujo muerto.

En este sentido, el artículo 17.1 de la LOT establece que la norma regirá hasta la aprobación inicial del plan territorial insular (momento en el cual se acordará la suspensión del otorgamiento de aquellas licencias y autorizaciones que, a pesar de cumplir las determinaciones legales vigentes, se considere que impidan o dificulten la viabilidad del futuro plan o la suspensión en determinados casos de la aprobación de instrumentos de planeamiento urbanístico, ex artículo 10 LOT).

No obstante lo anterior, la vigencia de las normas territoriales cautelares tendrá un plazo máximo de tres años para las normas territoriales cautelares previas a la aprobación o modificación de los planes territoriales insulares (artículo 17.5 LOT). Dice este artículo 17.5 LOT:

“5. Sin perjuicio del que se dispone en este artículo, la vigencia de las normas territoriales cautelares previas a las Directrices de Ordenación Territorial no debe superar los cinco años. Este plazo será de tres años para las normas territoriales cautelares previas a la aprobación de planes territoriales insulares y de planes directores sectoriales o a la modificación de cualquier instrumento de ordenación territorial.”

En definitiva, la presente NTC tendrá una vigencia máxima hasta los tres años desde su fecha de entrada en vigor o hasta la aprobación inicial de la modificación del Plan Territorial Insular, si ésta se produce antes de los tres años.

5.- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LA NORMA TERRITORIAL CAUTELAR.

El procedimiento de elaboración y aprobación de las normas territoriales cautelares está regulado en el artículo 17.2 de la LOT. Este procedimiento, atendida su finalidad y su carácter urgente, se podría calificar como de “procedimiento abreviado” puesto que como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (STJIB) núm. 278/2003 de 31 de marzo de 2003  “por otra parte, la propia naturaleza de dichas Normas -acto administrativo de carácter normativo-,exige la rapidez en su formulación, lo que se contradice con la lentitud en la elaboración de una disposición general como se pretende por la entidad recurrente”.

5.1.- Iniciación del procedimiento

La LOT, a diferencia del procedimiento de aprobación del plan territorial insular, no hace ninguna referencia al órgano competente para la iniciación del procedimiento. Sin embargo, en cuanto al resto del procedimiento se remite a los órganos competentes en el procedimiento de aprobación del plan territorial insular (artículo 10 LOT). Este artículo dice que “Debe iniciar el procedimiento el órgano que sea competente, de acuerdo con el reglamento orgánico de cada Consejo Insular”.

El artículo 72 ROCI establece que

“Corresponden a los consellers executius y a las conselleras executivas, como jefes de los respectivos departamentos, las atribuciones expresamente conferidas por la Presidencia del Consell Insular …/…:

e) Dictar, en relación con asuntos propios de su departamento, los actos administrativos necesarios, incluidos aquéllos que tengan que tener efecto delante de los administrados, siempre que la competencia a este efecto no resulte legal o reglamentariamente reservada a otro órgano diferente del Consell. De conformidad con esta previsión, puede atribuirse a los consellers executius o conselleras executivas, si es procedente, la competencia para resolver los procedimientos relativos al otorgamiento de las diferentes autorizaciones previstas por la normativa que regula el sector de actividad o materia propia del departamento.”

Y como consta en el Decreto de Presidencia núm. 2015000285 de fecha 6 de julio de 2015, de Estructura del Gobierno del Consejo Insular de Eivissa y creación de Departamentos (BOIB núm. 103, de 10-07-2015), el Departamento de Territorio y Movilidad "Comprende la actividad competencial propia del Consell Insular en relación con las materias de ordenación del territorio, incluido el litoral, urbanismo y cédulas de habitabilidad, control y disciplina urbanística y política del suelo; transporte terrestre, aéreo y marítimo; infraestructuras viarias, servicios técnicos del Consell Insular y cooperación local. Este departamento también gestionará los servicios propios de su ámbito de actuación prestados a los diferentes centros propiedad del Consell Insular, especialmente todo aquello relacionado con los terrenos del antiguo acuartelamiento de sa Coma que no sean competencia de otro órgano.”

Así mismo, consta en el Decreto de Presidencia núm. 287/2015, de determinación de las atribuciones correspondientes a los diferentes órganos del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 103, de 10 de julio de 2015):

“PRIMERO.- Atribuciones genéricas de los consejeros ejecutivos.

Además de las atribuciones conferidas por los art. 24 y 72 del Reglamento Orgánico del Consell Insular, cada consejero ejecutivo de la Institución, en el ámbito de sus competencias, tiene las siguientes atribuciones:

.../…

j) Disponer las facultades que dimanen de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sobre ordenación del procedimiento, como la ampliación de plazos para resolver y la aplicación de la tramitación de urgencia. Todo ello en relación con los procedimientos relativos a la actividad administrativa ejercida por el Departamento.

k) Resolver en materias propias del Departamento los expedientes que afecten derechos o intereses particulares o de entidades públicas o privadas que no estén atribuidas a otros órganos.”

Así, la elaboración del Plan Territorial Insular corresponde al Consejo Insular de Eivissa y, en concreto, el órgano encargado de iniciar e impulsar el procedimiento para la aprobación inicial de la modificación del plan territorial insular es el Departamento de Territorio y Movilidad, cuya responsable política es la Sra. Pepa Marí Ribas, consejera ejecutiva del Departamento de Territorio y Movilidad. En cuanto a la modificación, dice el artículo 10.2 LOT in fine:

“2. Para la revisión de los planes territoriales insulares debe seguirse el mismo procedimiento que para su elaboración. Sin perjuicio de lo que dispone el párrafo anterior, cuando sean modificaciones que no signifiquen reconsiderar el instrumento de ordenación en su globalidad, los plazos de información pública y emisión de informes pueden reducirse a un mes. En estos casos, sólo deberán ser consultadas las administraciones públicas afectadas.”

Lo mismo es predicable respecto de la NTC para asegurar sus determinaciones y en este sentido, consta en el expediente providencia de incoación del expediente de la consejera de día 8 de noviembre de 2016.

Por su parte, el artículo 65.1 del reglamento orgánico del Consejo Insular de Eivissa –ROCI-  establece que “1. Corresponden al Consejo Ejecutivo todas las funciones ejecutivas en relación con las competencias que la legislación asigne al Consell Insular d’Eivissa y que no estén expresamente conferidas a otros órganos,  disponiendo  el artículo 72 d) ROCI que corresponde a los consejeros ejecutivos y a las consejeras ejecutivas, como jefes de los respectivos departamentos .../... d) Preparar y proponer al Pleno, a la Presidencia del Consell, al Consejo Ejecutivo o, si es procedente, a la Comisión de Gobierno, según la competencia de cada uno de estos órganos, la adopción de los actos oportunos relacionados con materias propias de su departamento.”

Por lo que, la propuesta al pleno del Consejo Insular –para llevar a cabo la aprobación inicial de la NTC- la efectuará el Consejo Ejecutivo del Consejo Insular a propuesta de la consejera ejecutiva del Departamento.

5.2.- Aprobación inicial

De acuerdo con el artículo 17.2.a) LOT "a) La aprobación inicial corresponde al mismo órgano que sea competente para aprobar inicialmente el instrumento de ordenación correspondiente" (Plan territorial Insular). Por su parte, el artículo 10.1.b) de la LOT establece que la aprobación inicial de los planes territoriales insulares corresponde al pleno del consejo insular, por lo que, la aprobación inicial de la norma territorial corresponde al pleno del Consejo Insular de Eivissa.

Por su parte, el apartado 4 del artículo 1 LCOT, dispone:

“Artículo 1

De acuerdo con el artículo 39 del Estatuto de Autonomía, por esta Ley se atribuyen a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera, con el carácter de propias, y en el marco de lo que dispone la legislación de ordenación territorial, las siguientes competencias:

.../...

“4. Las relativas a la elaboración y aprobación de las normas territoriales cautelares que hayan de preceder la formulación, la revisión o la modificación de los instrumentos de ordenación territorial que corresponde aprobar a los Consejos Insulares.”

Disponiendo el apartado 2 del artículo 3 de la citada Ley 2/2001, de 7 de marzo:

“2. Las facultades incluidas en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 1 debe ejercerlas el pleno del Consejo Insular.

Se podría mantener que se puede aprobar la NTC por mayoría simple del plenario del Consejo Insular, y a estos efectos, podemos reproducir parte de los fundamentos de derecho de la STJIB núm. 704/2003, de 22 de septiembre de 2003 (Id Cendoj: 07040330012003100763):

“Cal referir-se també a la referència que fa la part actora sobre la nul·litat per la falta de quorum, ergo amb infracció d'allò que preveu l'article 62.1.d) de la Llei 30/1992, de 2 de novembre.

Resposta que varen fer, entre altres, a la sentència núm. 83 dictada el dia 31 de gener de 2003 a les actuacions 1355 de 2000, i on actuava com a direcció lletrada de la recurrent la mateixa de les presents, i que s'articulà de la següent manera: "La Norma Territorial Cautelar impugnada fue aprobada por mayoría simple, esto es, de acuerdo con la regla general de mayorías, no alterada ni por la Disposición Addicional Tercera de la Ley 8/87 ni por el acuerdo de 24 de julio de 2000.

La mayoría absoluta, excepción a la regla general de la mayoría simple de los miembros presentes -artículo 47 de la Ley 7/85-, no comporta, pese a lo que en la demanda se sostiene, una merma de garantías. Por regla general, las decisiones han de ser tomadas por mayoría simple, expresión máxima de principio democrático, siendo extraordinario el recurso a mayorías cualificadas -en este sentido, por todas, sentencia del Tribunal Constitucional número 173/98-.

En consecuencia, como no cabe menguar la inaplazable actividad administrativa y como tampoco cabe sacrificar la inexcusable eficacia que a las Administraciones Públicas exige la Constitución – artículo 103.2.-, es preciso que la toma de decisiones se vea facilitada y no anudada a mayorías reforzadas que muy probablemente conducirían a situaciones de bloqueo, esto es, a imponer la inacción por la vía de dificultar enormemente el normal desempeño de las competencias administrativas.

Así las cosas, lo que la parte demandante patrocina en la demanda no es sino la aplicación analógica del artículo 47.3.i. de la Ley 7/85, esto es, que a los instrumentos de ordenación territorial , es decir, a supuesto como el del caso, se aplique la excepción a la regla general, prevista en exclusiva para los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística, lo que no es posible por cuanto, como excepción que es a la regla general, insoslayablemente precisa de una interpretación restrictiva, con lo que no cabe admitir la analogía - artículo 4 del Código Civil -".

Les anteriors consideracions, i donat el fet que no haver-hi a les presents actuacions cap motiu més de discrepància amb l'acord impugnat, ens aboquen a la desestimació del recurs contenciós administratiu”.

No obstante lo anterior, en la reciente sentencia del TSJIB núm. 35/2016, de día 27 de enero de 2016 (núm. de recurso 60/2015) dictada en relación a la Norma Territorial Transitoria aprobada por el Pleno del Consejo Insular de Menorca, en sesión extraordinaria y urgente de fecha 22 de diciembre de 2014 (BOIB núm. 3, de 5 de enero de 2015) -Id Cendoj: 07040330012016100028- se manifiesta que se necesita un quórum de mayoría absoluta y en ésta se recoge:

“SEGUNDO. ACERCA DE LA FALTA DE INFORME DEL SECRETARIO DEL CONSEJO INSULAR DE MENORCA EN LA TRAMITACIÓN DE LA NORMA TERRITORIAL TRANSITORIA.

El recurrente invoca que en la tramitación de la Norma Territorial Transitoria, falta el informe del Secretario del Consejo Insular de Menorca que viene exigido en el art. 54.1.b) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril , por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

El indicado precepto indica que " Será necesario el informe previo del Secretario, y, además, en su

caso, del Interventor o de quienes legalmente les sustituyan, para la adopción de los siguientes acuerdos: ...

b) Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se exija una mayoría especial ". Conforme al art. 47,2º-ll se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: "Los acuerdos que corresponda adoptar a la corporación en la tramitación de los instrumentos de planeamiento general previstos en la legislación urbanística". Pese a que en propiedad no se trata de un instrumento urbanístico de planeamiento general municipal, sí es un instrumento de planeamiento, careciendo de sentido una interpretación que exija mayoría absoluta para un instrumento de planificación municipal y no para el superior instrumento de planificación insular que vincula al primero.

Entendido que es necesario el informe, en cualquier caso sería de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en cuyo art. 3.b ) se precisa que en tal supuesto, si hubieran informado los demás Jefes de servicio o dependencia u otros asesores jurídicos, bastará consignar nota de conformidad o disconformidad del Secretario, razonando esta última, asumiendo en este último caso el firmante de la nota la responsabilidad del informe.

Existiendo en el caso que nos ocupa los informes favorables del Jefe de la Sección de Urbanismo

del Consejo Insular además de otros informes técnicos y jurídicos, la omisión ahora ya lo sería de la simple consignación de la "nota de conformidad o disconformidad", lo que diluye la relevancia de la omisión denunciada.

Ello conduce a la invocación de la doctrina jurisprudencial (expresada, entre otras en, SsTS de 16

septiembre de 1995 , 26 de abril de 1995, 5 de noviembre de 1998 ), que niegan consecuencias invalidantes al acuerdo falto del informe preceptivo del Secretario, particularmente del campo urbanístico, dado que, como se dice en la última sentencia citada, " es muy difícil que el informe hubiera variado la decisión municipal, al tratarse de un informe jurídico -artículo 4.2 de aquella Ley- y ser las materias a decidir de carácter técnicourbanístico".

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 13 de noviembre de 2000, precisó:

"Tercero.- El motivo segundo denuncia (ex articulo 95.1.4º de la LJCA) infracción de los arts. 54 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales de Régimen Local; 173.1.b del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y 3 b) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, sobre Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. Se insiste en que la falta de informe previo del Secretario de la Corporación Local sobre la legalidad del asunto vicia de nulidad la aprobación del Plan Especial.

La doctrina de la sentencia recurrida en casación es conforme a la establecida por el Tribunal Supremo en sus sentencias de 29 de Septiembre de 1987 y 5 de noviembre de 1998, que remiten a numerosas otras anteriores por lo que debe ser confirmada.

En las sentencias citadas se declara que la omisión del informe del Secretario de la Corporación en el procedimiento de elaboración de planes es un vicio de procedimiento que no da lugar a una nulidad de pleno derecho, de acuerdo con lo establecido en los apartados a) y c) del art. 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 , sino, a lo más, a una causa de anulabilidad del art. 48 de la misma Ley, pero ello siempre que la omisión hubiera privado al acto final de los requisitos indispensables para alcanzar su fin o hubiera producido indefensión.

Ni siquiera se invoca por la recurrente la existencia de indefensión y no resulta de nuestra jurisprudencia (sentencias de 25 junio y 29 septiembre 1987) que el informe del Secretario hubiera podido ser decisivo para variar la decisión municipal, al tratarse de un informe jurídico y ser las materias a decidir de carácter técnicourbanístico, por lo que el motivo decae".

En aplicación de la doctrina jurisprudencial descrita y el no invocarse por el demandante existencia de indefensión por la falta de la referida nota de conformidad/disconformidad del Secretario del Consell y no explicarse en qué medida la referida nota hubiese sido de disconformidad y decisiva para variar el criterio de los informes técnicos y jurídicos previos, procede rechazar el mencionado motivo de nulidad.”

Así mismo, como sea que la aprobación inicial de la norma territorial cautelar supone la suspensión del otorgamiento de licencias y autorizaciones para todas aquellas actuaciones que no se ajusten a sus determinaciones, si se pretendiera afectar a la eficacia de licencias y/o autorizaciones sectoriales ya otorgadas, debería preverse expresamente esta medida cautelar de suspensión desde la publicación de la aprobación inicial de la Norma, de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Por otra parte, el artículo 13.bis) LOT establece:

“Artículo 13 bis. Integración ambiental de los instrumentos de ordenación territorial.

Los instrumentos de ordenación territorial regulados en esta ley deberán integrar el componente medioambiental en su procedimiento de preparación, elaboración, tramitación, aprobación y seguimiento, en los términos que establece la normativa reguladora de la evaluación ambiental estratégica de planes y programas.”

Y respecto de las NTC, la Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears (BOIB núm. 106, de 20 de agosto de 2016), dispone:

“Artículo 13

Particularidad de la evaluación ambiental estratégica de las normas territoriales cautelares

1. Las normas territoriales cautelares previas a la formulación, la revisión o la modificación de un instrumento de ordenación territorial incluirán una memoria-análisis de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, que se someterá al trámite de información pública y a la consulta de las administraciones públicas afectadas, junto con la norma territorial cautelar.

2. La intervención del órgano ambiental se efectuará después de la información pública y de la consulta a las administraciones públicas, y antes de la aprobación definitiva. A este efecto, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental todo el expediente administrativo, con la norma territorial cautelar, la memoria-análisis, los informes de las administraciones públicas afectadas, las alegaciones y la valoración.

3. La declaración ambiental estratégica se formulará en el plazo máximo de un mes que se contará desde la entrada de la solicitud y de toda la documentación en el registro del órgano competente para emitirla, y se publicará en el plazo de quince días hábiles en el Boletín Oficial de las Illes Balears. Esta declaración no es impugnable, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, correspondan contra el acto o la disposición de aprobación o adopción de la norma territorial cautelar.

5.3.- Información pública

El plazo de información pública de la Norma no tiene que ser inferior a VEINTE DÍAS (20), hábiles, ex artículo 17.2 b) LOT, en relación con el artículo 25 del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y artículo 83.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre, para formular alegaciones, para lo cual deben publicarse los anuncios correspondientes en:

1) el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).

2) uno de los diarios de mayor circulación de las islas afectadas (en este caso de la isla de Eivissa).

3) en la correspondiente sede electrónica del Consejo Insular de Eivissa -www.conselldeivissa.es- (este requisito no es exigido por la LOT, sino por el Real decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y artículo 83 Ley 39/2015, de 1 de octubre).

Así mismo, de considerarlo adecuado se puede otorgar más plazo que los 20 días hábiles; como así se ha producido, ampliando aquel plazo hasta los TREINTA DÍAS HÁBILES.

Respecto del contenido de la información pública debe decirse que la memoria-análisis de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, debe someterse al trámite de información pública y a la consulta de las administraciones públicas afectadas, junto con la norma territorial cautelar, por exigirlo el artículo 13 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto.

Hay que recordar, así mismo, que la norma territorial cautelar, como disposición de carácter general, no precisa de trámite de audiencia a los posibles afectados (STJIB núm. 398/2005, de 6 de mayo). Por otra parte, si bien es aconsejable facilitar la información, la STJIB núm. 150/2003, de 24 de febrero, expone que “la falta de indicación del lugar de exhibición durante el período de información pública no constituye sino mera irregularidad no invalidante”.

Al mismo tiempo, se solicitará informe a los Ayuntamientos afectados -todos los de la isla de Eivissa- y al Gobierno de las Illes Balears. El informe deber ser emitido en el plazo de un (1) mes desde la recepción de la solicitud.

A diferencia de lo previsto en el artículo 10 de la LOT para los planes territoriales, el artículo 17 LOT no menciona la necesidad de solicitar informe a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma; no obstante lo anterior, aunque el artículo 10.2 in fine LOT establezca “Sin perjuicio de lo que dispone el párrafo anterior, cuando sean modificaciones que no signifiquen reconsiderar el instrumento de ordenación en su globalidad, los plazos de información pública y emisión de informes pueden reducirse a un mes. En estos casos, sólo deberán ser consultadas las administraciones públicas afectadas”

No obstante lo anterior, se pidió aquel informe a la Delegación del Gobierno.

Estos informes, ex artículo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no tienen carácter vinculante, tal y como reconoce la STJIB núm. 149/2003, de 24 de febrero.

Así mismo, ha de señalarse que conforme el artículo 5.3 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres (BOIB núm. 99, de 4 de agosto de 2016) ha de solicitarse, así mismo, informe respecto de la Norma Territorial Cautelar al Instituto Balear de la Mujer:

“Artículo 5  Perspectiva de género y evaluación del impacto de género

…/…

3.  En el procedimiento de elaboración de las leyes y de las disposiciones de carácter general dictadas, en el marco de sus competencias, por las administraciones públicas de las Illes Balears se incorporará un informe de evaluación de impacto de género, que tendrá por objeto, como mínimo, la estimación del impacto potencial del proyecto normativo en la situación de las mujeres y de los hombres como colectivo, así como el análisis de las repercusiones positivas o adversas, en materia de igualdad, de la actividad proyectada.”

Esta Ley 11/2016, de 28 de julio, ha derogado en su Disposición derogatoria única.1 la anterior Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer (BOIB núm. 135 26-09-2006), donde en su artículo 7.g) pedía aquel informe.

Todos estos informes constan pedidos en el expediente. Efectivamente, entre los días 5 y 7 de diciembre de 2016 tuvieron entrada en los respectivos registros las solicitudes de informe, de conformidad con el artículo 17.2.b) de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y lo establecido en el apartado tercero del acuerdo plenario de día 30 de noviembre de 2016, a los Ayuntamientos de la isla de Eivissa, al Gobierno de las Illes Balears, a la Delegación del Gobierno en las Illes Balears, al Instituto Balear de la Mujer, al Consejo Económico y Social y así mismo se comunicó la aprobación inicial al Consejo Insular de Formentera.

5.4.- Aprobación definitiva

Una vez estudiados las alegaciones y los informes emitidos, y efectuado el trámite ambiental ex artículo 13.2 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, el pleno del consejo insular aprobará definitivamente, por mayoría absoluta, la norma dentro del plazo máximo de SEIS (6) MESES, a contar desde la aprobación inicial, transcurridos los cuales la aprobación no producirá ningún efecto ex artículo 17.2.c) LOT.

Hay que resaltar que en el procedimiento de aprobación de normas territoriales cautelares no es preceptiva la emisión de dictamen por el Consejo Consultivo de las Illes Balears, puesto que, tal y como afirman, entre otras, las STJIB núm. 42/2003 y 43/2003, mencionadas en la sentencia núm. 70/2004, de 30 de enero:

 “La Norma Territorial Cautelar no se somete al procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias, de modo que, al utilizar la Ley 5/93 un concepto riguroso de disposición de carácter reglamentario, esto es, la que desarrolla o ejecuta una Ley, no cabe aceptar que se trate de caso previsto en el artículo 10.6. porque ni la Norma Territorial Cautelar ni los instrumentos de planeamiento de ordenación territorial desarrollan ni ejecutan una Ley”.

En el mismo sentido, vistos los apartados a) y b) del artículo 4 del Decreto 13/2001, de 2 de febrero, de organización y funcionamiento de la Comisión de Coordinación de Política Territorial (publicado en el BOIB núm. 18, de 10 de febrero de 2001, modificado por el Decreto 74/2001, de 25 de mayo, y 159/2003, de 29 de agosto), no es preceptivo el informe de la Comisión de Coordinación de Política Territorial.

Para la entrada en vigor de la NTC, de conformidad con el artículo 25.2 del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, artículo 21.2 Ley 8/2000, de 27 de octubre, artículo 103 Ley 20/2006, de 15 de diciembre, artículo 70.2 Ley 7/1985, de 2 de abril y artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el acuerdo de aprobación definitiva y el texto de las determinaciones normativas de la NTC deberá publicarse en el boletín oficial correspondiente, es decir, en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).

Esta publicación se efectuará en las dos lenguas oficiales.

Finalmente hay que decir que dispone el artículo 17.4 LOT "4. La entrada en vigor de la norma territorial cautelar vincula provisionalmente los instrumentos de planeamiento urbanístico y, en caso de conflicto, prevalece sobre estos."

En este sentido hay que decir que la competencia del Consejo en materia de ordenación del territorio es fruto de una previsión normativa y tiene como efecto propio la vinculación al planeamiento urbanístico de las determinaciones que finalmente establezca la modificación del Plan territorial.

La NTC puede contener las mismas determinaciones sustantivas que las que establecerá finalmente la modificación del Plan territorial, pero con la diferencia que en el supuesto de la NTC sus determinaciones son de carácter provisional. Por lo que, la NTC contiene determinaciones positivas que innovan el ordenamiento jurídico como no podía ser de otra manera, puesto que si no, no tendría los efectos legales que le son inherentes.

6.- RÉGIMEN DE RECURSOS

6.1.- Contra la aprobación inicial de la norma territorial cautelar

Éste se califica de acto de trámite no susceptible de recurso.

Según la STSJIB núm. 401/2003, de 9 de mayo (la negrita es nuestra):

“En este punto debe precisarse que el acuerdo del Pleno del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, de fecha 28.07.2000, no sólo aprobó inicialmente la Norma Territorial Cautelar por el que se adoptan medidas provisionales dirigidas a asegurar la viabilidad y efectividad de la formulación del Plan Territorial, ni se limitó a establecer los efectos suspensivos previstos en la Disposición Adicional Tercera a la Ley autonómica 8/1987, de 1 de abril, sino que añadió un efecto suspensivo sobre las autorizaciones de proyectos de ejecución en vigor.

Con respecto a la parte del acuerdo por el que se decide la aprobación inicial de una norma territorial cautelar adoptada en el seno del procedimiento preestablecido en la D.A.3ª de la LOT., nos encontramos con un mero acuerdo de trámite no susceptible de recurso jurisdiccional, que ha de conllevar la declaración de inadmisibilidad del recurso (art. 69.c en relación al art. 25 de la LRJCA/98). Sobre este punto basta remitirse a las sentencias del TS de 19.10.1993 y 10.10.1995 (así como las en ellas citadas), en las que de modo reiterado se establece la condición de acto de trámite a los acuerdos de aprobación inicial o provisional de los instrumentos de planeamiento - criterio aplicable a los instrumentos de ordenación territorial como el presente-, máxime en la medida en que viene seguidos de trámite para formular alegaciones, y que únicamente de modo excepcional es permisible la impugnación de los actos intermedios cuando se presenta una nulidad radical o de pleno derecho o resulta una imposibilidad física o jurídica de llevar a cabo el planeamiento proyectado, y a alguno de los actos de trámite se los asimila a actos definitivos a efectos de recursos en el caso de supongan o lleven consigo la suspensión del otorgamiento de licencias, si bien en este supuesto a los únicos efectos de la fiscalización de las potestades de suspensión actuadas directa o reflejamente.

Pues bien, conforme a dicha doctrina, debe entenderse que no sería recurrible (por ser acto de trámite), ni el acuerdo de aprobación inicial ni el acuerdo suspensivo amparado en la D.A.3ª (futuro otorgamiento de autorizaciones), pero sí ha de entenderse admisible con respecto al concreto punto aquí impugnado, esto es, el uso del art. 72.1° de la Ley 30/1992 para suspender la eficacia de autorizaciones de urbanización, ya concedidas”.

Es decir, si el acuerdo de aprobación inicial de la NTC incorporara la suspensión de licencias de edificación ya concedidas, aquel concreto apartado sí sería recurrible.

En la presente NTC no se han suspendido licencias ya otorgadas o en curso de ejecución.

6.2.- Contra la aprobación definitiva de la norma territorial cautelar

Como hemos señalado antes, la norma territorial cautelar es una disposición de carácter general y, por lo tanto, de acuerdo con el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no  cabrá recurso en vía administrativa. Por lo tanto, de acuerdo con los artículos 1, 10.1b , 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de DOS MESES a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación definitiva de la norma territorial cautelar.

III.B.- TRATAMIENTO PARTICULARIZADO DE LAS ALEGACIONES Y DE LOS INFORMES.

El presente informe da respuesta, en general, a las cuestiones de cariz jurídico y técnico que se derivan de las alegaciones y/o sugerencias, e informes emitidos, puesto que muchos de los temas que se plantean son de cariz más político o de crítica política o de opinión.

Así mismo, no se tratan singularizadamente todas y cada una de las cuestiones que individualmente han planteado las personas alegantes en relación a cómo afecta la NTC a sus propiedades o intereses particulares, ya que éste no es el objeto del trámite de información pública de un instrumento de ordenación territorial.

Como se ha explicado antes, gran parte de las alegaciones se han ordenado en hasta 11 modelos que se contestan a continuación, después las 34 alegaciones de forma individual y finalmente los informes emitidos.

III.B.1.- MODELOS 1-11

I.- ALEGACIONES MODELO 1 (1.465 alegaciones)

Alegan:

INCUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN. FALTA DE UN ANÁLISIS PREVIO QUE JUSTIFIQUE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS. SE IDENTIFICA CONSTRUCCIÓN EN SUELO RÚSTICO CON ESPECULACIÓN. SE PROVOCA INDEFENSIÓN A LAS PERSONAS PROMOTORAS POR LA NORMA TRANSITORIA. MANIFIESTAN ERRORES DE LAS MEDIDAS TOMADAS: TEMA AHORRO DE AGUA. SE MUESTRAN DISCONFORMES CON LA PROHIBICIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENOS RED NATURA.

Piden:

La retirada de la NTC i que el Consell Insular promogui la derogació dels articles del Decret Llei 1/2016 que afecten al sòl rústic d’Eivissa, i en el seu lloc s’iniciï un procés on participin tots els col·lectius afectats per tal que el nou instrument territorial tingui el major consens possible.

CONTESTACIÓN

-EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NTC.

De entrada debe decirse que en el procedimiento de elaboración -con carácter previo a su aprobación inicial- de una NTC, la normativa aplicable (ex artículo 17 LOT) no prevé ningún trámite de consulta (previa) a la ciudadanía en general o aprobación de ningún avance o trámite de consulta a colegios profesionales.

Por su propio carácter cautelar y los efectos que provoca su aprobación inicial ex artículo 17.3 LOT, no establece la normativa contar con el parecer previo de las personas a quién van destinadas las medidas cautelares.

En cuanto al Derecho de participación que contempla el artículo 9.2 en relación con el artículo 105.a) de la CE y su operatividad en el ejercicio de la potestad administrativa de planeamiento, hay que decir que exponente de esta doctrina, para citar alguna, lo constituye la STS de 7 de febrero de 2013 (casación 4199/2010 (LA LEY 5932/2013)), en la que se argumenta lo siguiente:

"Acerca del modo en que opera la legislación estatal en lo relativo al derecho de participación en la elaboración de los planes urbanísticos, la posición de este Tribunal Supremo se encuentra expresada en nuestra sentencia de 9 de diciembre del 2008 (casación 7459/2004 (LA LEY 193762/2008) ), si bien, en el caso allí examinado resultaba de aplicación, por razones temporales, la Ley 6/1998, de 13 de abril (LA LEY 1489/1998), que luego fue sustituida por la Ley 8/2007 (LA LEY 5678/2007), y ésta, a su vez, por el Texto Refundido aprobado por Decreto Legislativo 2/2008 (seguidamente veremos que la regulación vigente reitera el reconocimiento del derecho a participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas).

Por otra parte, en las sentencias de 20 de septiembre de 2012 (casación 4622/2010 (LA LEY 146309/2012)) y 11 de octubre de 2012 (casación 4286/2010 (LA LEY 153538/2012)) tuvimos ocasión de señalar que el artículo 6 de la Ley 6/1998 (LA LEY 1489/1998) -también allí era esa la norma aplicable- no impone una concreta técnica urbanística a las Comunidades Autónomas, ni predetermina un único modelo de participación e información ciudadanas, lo que fue puesto de manifiesto por el Tribunal Constitucional en la STC 164/2001 (LA LEY 5085/2001) (fundamento undécimo) al pronunciarse sobre su constitucionalidad. Decíamos también en estas sentencias que "... según resulta de la disposición final primera de la propia Ley 6/1998 (LA LEY 1489/1998) , el derecho que el citado artículo 6 viene a reconocer, en definitiva, el de participación efectiva en los procedimientos de elaboración y aprobación de los instrumentos territoriales, urbanísticos y ambientales, tiene el carácter de norma básica, configuradora de las condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales a tenor de lo dispuesto por el artículo 149.1.1ª de la Constitución (LA LEY 2500/1978) ".

Actualmente, el derecho de participación se reconoce, incluido entre las condiciones básicas de igualdad de los ciudadanos, en el artículo 4 del Título I del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008 (LA LEY 8457/2008), que ha sustituido al mismo artículo de la Ley 8/2007 del Suelo (LA LEY 5678/2007). El artículo 4.e/, tanto de la Ley del Suelo como del Texto Refundido, reconoce entre los derechos del ciudadano el de "participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate". Ese precepto vincula a la legislación urbanística -autonómica- para que garantice la participación pública en los procesos de planeamiento, pero es la regulación autonómica la que ha de concretar la forma en que el derecho de participación se hace efectivo".

Por su parte, la STS de 18 de enero de 2013 (casación 4572/2010 (LA LEY 648/2013)), con cita de la STS de 28 de junio de 2012 (casación 3013/2010 (LA LEY 105005/2012)), puntualiza que la información pública en el procedimiento de elaboración del planeamiento urbanístico no es un simple formalismo sino:

"un trámite esencial por la especial incidencia que tienen estos planes sobre los ciudadanos" de modo que "la omisión o la indebida cumplimentación de tan relevante trámite, en la medida que da lugar a un conocimiento insuficiente del documento finalmente aprobado, conlleva la nulidad de pleno derecho del plan urbanístico en cuestión, que no olvidemos que son normas de rango reglamentario, por lo que únicamente admiten una forma de invalidez: la nulidad plena, ex artículo 62.2 de la Ley 30/1992".

Efectivamente, la garantía de la participación ciudadana en el curso de la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial se traduce en el otorgamiento a los ciudadanos de un auténtico derecho de participación en este ámbito cuya virtualidad debe quedar suficientemente preservada. De configuración legal este derecho (constitucionalmente reconocido en virtud de lo que se dispone por el artículo 105 a) de la CE), constituye una exigencia constitucional, en efecto, la necesidad que por medio de las disposiciones que lo desarrollen no solamente venga a contemplarse este derecho, sino que también venga a asegurarse su eficacia, y así se cuida de recordarlo en la actualidad el artículo 5.e) del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que prevé como derechos de los ciudadanos:

“Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha Administración y del procedimiento de que se trate.”

Ahora bien, lo que la normativa estatal básica no deja establecido es la forma y manera en que este derecho tiene que venir regulado, tarea a la que, con los condicionantes indicados, queda emplazado el legislador autonómico en el ejercicio de sus correspondientes competencias en materia de ordenación territorial y urbanística.

Así, en materia de ordenación territorial hay que decir que la LOT, en el artículo 17.2.b) regula aquella participación pública respecto de la aprobación de una NTC. Dice aquel apartado “b) Con la aprobación inicial se abrirá un plazo de información pública no inferior a veinte días para formular alegaciones, por lo que deben publicarse los anuncios correspondientes en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» y en uno de los periódicos de mayor circulación de las islas afectadas. Al mismo tiempo se solicitará informe a los Ayuntamientos y a los Consejos Insulares, en el caso en que las normas territoriales cautelares sean elaboradas por el Gobierno de las Illes Balears, y a éste, en el caso que la iniciativa sea de un Consejo Insular. El informe será emitido en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud.”

Y lo mismo, debe decirse del artículo 12.2 LOUS. Este artículo 12.2 LOUS, por lo que ahora nos interesa, establece:

“Artículo 12. Participación ciudadana, iniciativa privada y publicidad de las actuaciones

2. De la misma manera, los ciudadanos y ciudadanas tiene derecho a participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y de ejecución en los periodos de información pública.

Durante estos períodos, todos los ciudadanos y las ciudadanas tienen derecho a:

a.   Consultar la documentación, escrita y gráfica, que integra el instrumento o el expediente y obtener una copia. A estos efectos, las administraciones competentes están obligadas a garantizar, desde el principio del periodo de información pública, la posibilidad de consultar la documentación y de obtener copias.

La documentación expuesta al público deberá constar de un resumen que incluya, como mínimo, una explicación detallada de las modificaciones que plantea y, en su caso, los ámbitos y el alcance de la suspensión que implique.

b.   Presentar alegaciones, sugerencias, informes o documentos que consideren oportunos en relación con el instrumento o el expediente sometido a información pública.

Asimismo, en los procedimientos de tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico todas las personas tienen derecho a consultar los instrumentos que hayan sido objeto de aprobación provisional y a obtener copias.

.../...”

Y si se analiza el expediente administrativo se puede comprobar que esta participación pública ha sido garantizada y se ha producido efectivamente y por lo tanto aquel derecho de participación ciudadana se ha cumplimentado absolutamente en el presente supuesto.

Así es de ver como el acuerdo de aprobación inicial ha sido expuesto al público en general mediante la publicación de anuncio (que incorpora anexo con la Memoria justificativa, Normativa y Memoria-análisis de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de la NTC) en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), en dos de los diarios de mayor circulación de la isla de Eivissa, en la correspondiente sede electrónica del Consejo Insular de Eivissa (www.conselldeivissa.es), en el Tablón de edictos del Consejo y físicamente el expediente en papel ha estado expuesto al público en la sede del Consejo Insular, para que cualquier persona pudiera formular las alegaciones que considerara pertinentes.

Además, en la sede electrónica del Consejo se publicó el acuerdo de aprobación inicial junto a la memoria justificativa, la normativa, la memoria análisis ambiental y el informe técnico y jurídico emitido con carácter previo a su aprobación inicial.  

Y respecto del plazo de información pública de la NTC hay que decir que si bien según la normativa aplicable éste debía ser no inferior a 20 días hábiles ex artículo 17.2 b) LOT, en relación con el artículo 25 del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y artículo 83.2 Ley 39/2015, de 1 de octubre; la presente NTC ha sido expuesta 30 DÍAS HÁBILES, permitiendo una mayor participación pública.

De hecho se han presentado más de 2.500 alegaciones durante el plazo de información pública de la NTC.

- EN CUANTO A LA CARENCIA DE UN ANÁLISIS PREVIO QUE JUSTIFIQUE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS.

En la memoria de la NTC se explica sobradamente porqué se adopta la norma en estos momentos.

No se puede confundir la revisión del PTI con una modificación que sólo afecta a determinados aspectos de las construcciones en suelo rústico y tampoco se puede confundir la NTC con el instrumento de ordenación territorial al que precede.

En la memoria justificativa de la NTC se recoge:

“4.- En cumplimiento, entre otros, de los anteriores requerimientos normativos, en esta legislatura el equipo de gobierno de esta Corporación quiere impulsar una revisión global del PTI y en este sentido ya se han empezado los trabajos para llevarlo a cabo.

Así, en el BOIB número 122, de 24 de septiembre de 2016 se ha publicado el edicto correspondiente al anuncio de licitación del contrato del servicio para la elaboración del diagnóstico para la revisión del Plan Territorial Insular de Ibiza.

No obstante lo anterior, como se ha dicho, se plantea en estos momentos la necesidad de modificar el vigente PTI -sin esperar la revisión global que será mucho más amplia- en determinados aspectos concretos que afectan únicamente al suelo rústico.

Efectivamente, el equipo de gobierno de esta corporación ha llegado a un acuerdo con unos objetivos concretos que afectan a aspectos puntuales de la regulación actual contenida en el PTI vigente.

Así, en primer lugar, se quiere llevar a cabo una reducción de las condiciones de edificación de las viviendas en suelo rústico, con el objetivo de reducir la presión edificatoria y la especulación existente sobre el suelo rústico y mitigar el impacto que las viviendas de grandes proporciones  provocan.

En efecto, la combinación de un marco jurídico muy flexible -único en Baleares- que permite, por un lado, la construcción de viviendas de grandes dimensiones en el suelo rústico, previa segregación de las fincas si procede, y, de otra, que estas viviendas se destinen a estancias turísticas, con la gran popularidad de la isla de Ibiza como destino turístico internacional, provoca una fuerte atracción de grupos de inversión que construyen viviendas en suelo rústico -donde el uso está permitido- que agotan los parámetros urbanísticos para destinarlos a alojamiento temporal ligado a usos turísticos y no para albergar y/o satisfacer las necesidades propias de una familia, tal y como inicialmente prevé la legislación balear del suelo rústico, que admite sólo este uso de vivienda ligado a las la residencia permanente de una familia.

Así, desde el equipo de gobierno se quiere invertir esta tendencia edificatoria y especulativa en el suelo rústico, limitando los parámetros de edificación y ocupación máximos actualmente establecidos en cuanto a las viviendas a edificar en el suelo rústico para adecuarlos a la finalidad que realmente deberían tener y así intentar disuadir su construcción para dedicarlas al uso turístico.

En segundo lugar, se quiere evitar la excesiva fragmentación de las parcelas y consiguiente urbanización difusa del suelo rústico, impidiendo que se pueda seguir edificando sobre las parcelas segregadas o divididas a partir de una fecha determinada -el día 1 de noviembre de 2016-, para dar seguridad jurídica y, al tiempo evitar especulaciones, una vez que se ha avanzado públicamente el contenido de una norma territorial cautelar a través de los medios de comunicación local.

A la vez que se quiere impedir seguir edificando sobre las fincas segregadas a partir del día 1 de noviembre de 2016, se quiere mantener la posibilidad de seguir edificando sobre las parcelas que se segreguen en virtud de título hereditario o donación de padres a hijos, siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en el vigente Plan territorial insular.

La norma se aplicaría, así, a las segregaciones efectuadas a partir del día 1 de noviembre que no provengan de título hereditario entre parientes o donación de padres a hijos y que cumplan con las condiciones señaladas en el vigente Plan territorial insular.

En tercer lugar, el equipo de gobierno quiere evitar que se sigan construyendo nuevas viviendas en terrenos que cuentan con la máxima protección ambiental derivada de las directivas comunitarias, como los incluidos en la Red Natura 2000, o bien en lugares donde el uso de vivienda tradicionalmente no se  ha implantado por tratarse de zonas boscosas y/o con un alto riesgo de incendio.

Con esta medida se pretende evitar el impacto paisajístico y ambiental que estas viviendas provocan en estos terrenos más merecedores de protección. Por otro lado, la construcción de nuevas viviendas en el SRC Forestal (SRC-F) o en el SRP-ARIP y APR de incendios, no sólo puede provocar un mayor riesgo de incendio, sino también dificultar su extinción, una vez declarado, dado que los medios de lucha contra los incendios se destinan a menudo con preferencia a impedir los daños a las personas y a las viviendas existentes en las masas forestales. 

Y, finalmente, en cuarto lugar, este equipo de gobierno quiere introducir toda una serie de medidas positivas de integración paisajística y ambiental.

Dentro de este paquete de medidas paisajísticas y ambientales, se quiere, en primer lugar, profundizar en las ya previstas en el Plan territorial insular vigente, en relación a la conservación de las fincas y elementos etnográficos existentes, ampliándolas y haciendo que se hagan cumplir con la exigencia de que la solicitud de construcción de nuevas edificaciones en suelo rústico incluya proyecto técnico que recoja estas medidas, de forma que no se pueda otorgar el certificado final de obra municipal de la edificación sin verificar el cumplimiento de estas medidas de integración paisajística y ambiental.

En segundo lugar, se quiere impedir la construcción de nuevos vallados de fincas y edificaciones con bloque y elementos ajenos a los sistemas tradicionales, de forma que los nuevos vallados sean con piedra seca, de la forma tradicional en que en Ibiza se han construido las paredes y con unas dimensiones máximas -1 metro de altura- para evitar la formación de pantallas visuales.

Efectivamente, en los últimos veinte años hemos asistido a un progresivo y continuo proceso de compartimentación del suelo rústico y con esta medida se quiere impedir que se sigan construyendo cierres con materiales y dimensiones impropias del suelo rústico, que causan un impacto muy negativo sobre el paisaje rural dado que provocan su fragmentación con pantallas visuales impropias de esta clase de suelo.

Con esta medida se quiere recuperar la contemplación del paisaje y el mantenimiento de la identidad territorial de campo abierto, propia del ámbito rural de esta isla.

Y, finalmente, dada la grave y prolongada sequía que sufrimos en el marco del cambio climático en que se encuentra el planeta, este equipo de gobierno quiere introducir una serie de medidas tendentes todas ellas a un mejor aprovechamiento y ahorro del agua, de forma que los nuevos proyectos de construcción de edificaciones en suelo rústico deban prever la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas para su reutilización en las necesidades de la edificación y/o de la finca; que tan sólo se pueda construir una piscina por vivienda, que la lámina de espejo de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no pueda exceder de unas medidas proporcionadas a los nuevos parámetros de ocupación de las viviendas y que se prevea la construcción de un aljibe con una capacidad mínima para cada nuevo uso de vivienda.

Por todo lo anteriormente dicho, se ha considerado necesario incorporar en una Norma Territorial Cautelar (NTC) previa a esta modificación puntual de unas normas de aplicación directa y cautelar, que se consideran prioritarias en orden a implementar medidas para garantizar la protección del suelo rústico de la isla, hasta que se proceda a la tramitación y aprobación de la mencionada modificación del PTI y para asegurar sus determinaciones futuras, sin perjuicio del contenido que resulte de la revisión global del plan que, repetimos, sigue su tramitación administrativa.

Finalmente, hay que decir que todas estas medidas relativas a la protección del suelo rústico han sido consensuadas entre los diferentes partidos políticos integrantes del gobierno de esta corporación.”

Así pues, la memoria justificativa señala con toda claridad cuáles son los criterios que han llevado a aprobar la norma.

Como ha señalado de forma reiterada el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, la función institucional que cumplen las Normas territoriales cautelares (asegurar de forma cautelar la viabilidad y eficacia del instrumento de ordenación territorial) justifica que puedan establecer cualquiera de las determinaciones propias de estos instrumentos: su contenido puede ser coextenso con el legalmente definido por este instrumento. 

Pero esto no quiere decir que se pueda exigir a las Normas Cautelares el mismo contenido del instrumento cuya eficacia garantizan porque no son un avance o resumen anticipado de aquél, y por lo tanto, a esta función institucional sirven cualesquiera medidas cautelares.

Por otro lado, deben ser medidas proporcionadas y adecuadas a su finalidad: el aseguramiento cautelar de la viabilidad del instrumento de ordenación del Territorio. 

Además, en el informe técnico emitido con carácter previo a la aprobación de la NTC, y que sirve también de justificación de las medidas cautelares adoptadas, se expresa con detalle cuál es la situación actual del régimen vigente para cada determinación en la isla de Eivissa y en comparación con el marco legal en Baleares y se motiva la adecuación de estas nuevas medidas al marco legal vigente, de acuerdo con los objetivos señalados por el equipo de gobierno (relativos a reducir significativamente las condiciones de edificación de las viviendas en suelo rústico, evitar la excesiva fragmentación de las parcelas y consiguiente urbanización difusa del suelo rústico, evitar la construcción de nuevas viviendas en los terrenos incluidos en Red Natura 2000, en los suelos calificados como ARIP y grafiados como APR de incendios en el PTI y en calificados por el PTI o el planeamiento adaptado como SRC Forestal y a adoptar una serie de medidas de integración paisajística y ambiental).

La NTC tiene en cuenta la situación fáctica existente en el momento en que se dicta y establece medidas proporcionales a lo que se persigue (que es básicamente, reducir la presión urbanística en el suelo rústico); diferente es que las personas alegantes no se muestren conformes con la finalidad perseguida con la misma y respecto del modelo territorial que quiere implantar.

- EN CUANTO A QUE SE IDENTIFICA CONSTRUCCIÓN EN SUELO RÚSTICO CON ESPECULACIÓN.

Dicen:

“3°- En La Memoria Justificativa se identifica construcción en suelo rústico con especulación, sin mayor distinción entre los promotores de las construcciones, el tipo de suelo en que se ubiquen, o a la finalidad o circunstancias de la misma, entre otros factores. La pretendida igualdad entre el simple derecho de propiedad en suelo rústico y La especulación supone una grave reducción que, por su carácter sentencioso y por la simplicidad en su enunciado, más parece la plasmación de una sesgada opinión que la esperada conducta de una Administración Pública.”

Dice el artículo 3 LSR:

“Artículo 3. Destino.

1. El suelo rústico no podrá destinarse a otras actividades que las relacionadas con el uso y la explotación racional de los recursos naturales y la ejecución, el uso y el mantenimiento de infraestructuras públicas.

2. Ello no obstante, podrán autorizarse, en determinadas condiciones, actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar o declaradas de interés general, que habrán de desarrollarse, en su caso, en edificios o instalaciones de carácter aislado.”

Por su parte, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 13 (Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural: facultades) del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en el suelo en situación rural del artículo 21.2.a) las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

En cambio, lo que sí se desprende del expediente de la NTC es que el suelo rústico en  la isla de Eivissa, donde la explotación de los recursos naturales es el destino propio de aquel suelo rústico, ex artículo 3 LSR y artículo 13 del Real decreto Legislativo 7/2015, se encuentra sometido a una presión edificatoria impropia de este tipo de suelo, motivada, entre otras para destinar en suelo rústico gran parte de las viviendas unifamiliares que se edifican a una finalidad turística.

Como recoge la STS de 30 de septiembre de 2011 (recurso de casación núm. 1294/2008):

"... Son acertadas, pues, las consideraciones que se contienen en la sentencia del Tribunal a quo sobre la necesidad de que las potestades de planeamiento estén subordinadas y encaminadas a la consecución del interés general, compatibles con la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo en la que, de forma reiterada, queda señalado que las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales, de manera racional, evitando la especulación -sirvan de muestra las SSTS de 24 de marzo de 2009 (casación 10055 / 2004), 30 de octubre de 2007 (casación 5957/2003 (LA LEY 193733/2007) ) y 26 de julio de 2006 (casación 2393/2003 (LA LEY 95385/2006) )- (FJ 7)".

- EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC.

En relación al régimen transitorio de la norma cautelar, se han presentado toda una serie de alegaciones por parte de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de arquitectos de las Illes Balears y, así mismo, por parte de arquitectas y personas promotoras de proyectos en tramitación.

Dado que el contenido de las alegaciones es muy similar se analizará esta cuestión de forma conjunta, empezando por las alegaciones de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de arquitectos de las Illes Balears.

I.- En el escrito de alegaciones de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de arquitectos de las Illes Baleare, al que se acompaña de un informe del catedrático de derecho administrativo de la Universidad de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve, se dice:

Que el hecho que la norma resulte aplicable a aquellas solicitudes que estén en tramitación y que no cuenten con la documentación completa va más allá de lo que prevén las leyes a todos los efectos, citando al respeto: el artículo 139 de la LOUS, del que se deriva que basta que la solicitud de licencia defina suficientemente las actuaciones edificatorias que se pretendan llevar a cabo, bastando al respeto el proyecto técnico; el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, que prevé un procedimiento para requerir al interesado cuando la solicitud no viene acompañada de los preceptivos documentos, en relación al artículo 22.1 del mismo precepto legal, al disponer la posibilidad de suspensión del procedimiento cuando falten documentos necesarios y en el artículo 21.3 de la misma ley, que prevé que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado -como en el caso de las solicitudes de licencias de obras- el plazo para resolver el procedimiento empieza a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico u organismo competente para tramitarlo. De esto se deriva que un reglamento no puede crear nuevas causas de suspensión o interrupción del procedimiento al margen de las previstas legalmente y, en este sentido, el artículo 139.4 de la LOUS se remite a las causas de interrupción de los plazos previstas en  el artículo 42.5 LRJAPAC (actualmente, art. 22 de la Ley 39/2015).

Así pues, considera la alegación, que la NTC está creando una nueva causa de suspensión del plazo para resolver los procedimientos de obtención de licencia al margen de las causas previstas legalmente al exigir que las solicitudes de licencia de obras cuenten con la documentación completa para exonerarlas de su aplicación, ampliando el marco legal anteriormente referido y faltando la cobertura legal que lo permita. Además, considera que esta ampliación del marco legal infringe los principios de proporcionalidad y de menor onerosidad contenido en el artículo 56.1 de la Ley 39/2015 respecto de las medidas provisionales y cita al respeto la STC 104/97, de 2 de junio, en la cual se considera que la carencia de acreditación de la representación procesal tiene carácter enmendable, de forma que no puede provocar la inadmisión del escrito de forma automática sino después de que hayan sido requeridos y aportados los documentos omitidos.

Concluyen al respeto las alegaciones que esta Disposición transitoria parece contraria a estos principios de proporcionalidad y de menor onerosidad ya que hace posible que la carencia de documentos no esenciales para resolver el procedimiento de obtención de licencia impida que se cierre el plazo máximo que tiene la administración para finalizar el procedimiento (tres meses, sin perjuicio de la posible interrupción o suspensión, de acuerdo con el artículo 139.4 LOUS).

Por eso se pide la flexibilización de la exigencia de haber presentado la "documentación completa", sustituyendo esta expresión por la de "documentación  esencial" o la "documentación imprescindible".

Y, en cuanto al requisito contenido en esta transitoria relativo a que a la entrada en vigor de aquéllas hubiera transcurrido ya el plazo máximo legal para resolver el  procedimiento de otorgamiento de la licencia de edificación, señala, en primer lugar, que esta disposición está redactada de forma defectuosa ya que resulta incorrecto referirse a la entrada en vigor de las determinaciones cautelares de la NTC como consecuencia de la aprobación inicial de la Norma, puesto que la aprobación inicial de la NTC provoca que sus determinaciones produzcan efectos pero no entran en vigor hasta que la Norma no es aprobada definitivamente y publicada, pero esto no ha pasado todavía, ya que estamos ante la aprobación inicial. Señala, además, que la redacción que tenía el texto de la NTC aprobada inicialmente en fecha 23 de julio de 2002 por el mismo Consejo de Eivissa era diferente del actual ya que se decía que la nueva norma no sería de aplicación a las solicitudes de licencia urbanística de edificación presentadas en la forma debida respecto de las cuales a la entrada en vigor de aquéllas hubiera transcurrido el plazo máximo legal para resolver el correspondiente procedimiento administrativo.

Se reconoce a continuación que esta transitoria, respecto de la que ha formulado las anteriores objeciones de ilegalidad, deriva del juego directo y conjunto de los arts. 139.3 de la LOUS -según el cual las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y de la ordenación urbanísticas vigentes en el momento de su otorgamiento siempre que se resuelvan en plazo y, si se resuelven fuera de plazo, se otorgarán de acuerdo con la normativa vigente en el momento en que se tuvieron que resolver- y 17.3 de la LOT, según el cual la aprobación inicial de las Normas Territoriales cautelares significa la suspensión del otorgamiento de licencias y autorizaciones para todas aquellas actuaciones que no se ajusten a sus determinaciones.

No obstante todo el anterior, seguidamente las alegaciones reconocen que esta transitoria es perfectamente legal en base al juego de estos dos preceptos. Y así, dice textualmente el informe que se acompaña del catedrático de la UIB, Avel·lí Blasco: "Con carácter general cabe decir que esta regla -aunque estricta- es perfectamente legal en base al juego conjunto de los artículos 139.3 LOUS y 17.3 LOT. Sin perjuicio de ello, también debo señalar que el Consell Insular podría igualmente flexibilizar dicha regla sin problemas, tal y como ha sucedido en varias NTC de otros Consells Insulars...".

Y más adelante señala varios ejemplos de NTC tramitadas por el Consejo  Insular de Menorca y Mallorca donde la solución adoptada ha sido diferente. Así, la disposición transitoria de la NTC que aprobó inicialmente el Consejo Insular de Menorca el 27.07.2000 con objeto de asegurar la viabilidad de su PTI decía: "tampoco quedarán afectados por la suspensión que en cuando a su ejercicio imponen los artículos 5 y 6 de esta norma aquellos derechos de edificación la declaración o autorización de los cuales hubiera sido solicitada ante el Ayuntamiento con anterioridad a los dos meses inmediatamente anteriores a la fecha de producción de efectos del acuerdo de aprobación inicial". Por lo tanto, dice el catedrático, textualmente, que "la NTC menorquina no se refería al impreciso "plazo máximo legal para resolver" como hace la Norma ibicenca, sino que especificaba de modo exacto el plazo al que se retrotraía la aplicación de la NTC (a saber: dos meses antes de publicarse su aprobación inicial. Esta disposición transitoria de la NTC se aprobó definitivamente en los mismos términos como estaba en la aprobación inicial (puede verse la Norma definitiva en el BOIB de 28.10.2000)".

Cita también la disposición transitoria contenida en la segunda NTC que aprobó inicialmente el Consejo de Menorca el 03.05.2002 (BOIB de 04.06.2002) y según la cual siguen sujetas a la normativa anterior a ella "las actuaciones que tengan por objeto la construcción de nueva planta de edificaciones unifamiliares aisladas, de uso residencial o aquellas otras que supongan incremento del número de unidades de vivienda existentes o cambio de uso para la implantación del residencial, siempre que se haya presentado ante el Ayuntamiento la correspondiente solicitud de licencia antes de los tres meses inmediatamente a la fecha de producción de efectos del acuerdo de aprobación inicial de esta Norma." Esta solución implica que las solicitudes anteriores a estos tres meses antes de la publicación de la aprobación inicial quedaban fuera del ámbito de aplicación de la NTC, con independencia que se hubiera producido o no una eventual interrupción o suspensión del plazo. Cita, también, como ejemplo, la disposición transitoria contenida en la NTC que aprobó inicialmente el Consejo Insular de Mallorca el 10.09.2015 para asegurar la viabilidad del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de la isla, según el cual: "El régimen previsto en esta disposición normativa no será de aplicación a los establecimientos comerciales que hayan obtenido la autorización autonómica para la instalación de gran establecimiento comercial, con anterioridad al día de publicación en el BOIB del anuncio de aprobación inicial de esta Norma territorial cautelar". Y también cita la NTC que aprobó definitivamente el Consejo Insular de Menorca el 18.07.2016 para asegurar la viabilidad del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de la isla, cuya disposición transitoria  establece que el régimen previsto en su disposición transitoria no será de aplicación a los establecimientos comerciales que hayan solicitado en forma la autorización autonómica para la instalación de gran establecimiento comercial antes del día que se publique en el BOIB el anuncio de aprobación inicial de esta Norma territorial cautelar". Esta es la norma más respetuosa de todas las analizadas con los procedimientos que estuvieran en tramitación en el momento de la publicación de la aprobación inicial de la norma. Y finalmente, cita la disposición transitoria novena de la LOUS, según la cual "Esta ley no es aplicable a los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado iniciados antes de su vigencia, que deben seguir tramitándose hasta su resolución de acuerdo con la normativa anterior” y también el Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística, cuya disposición transitoria primera establece como regla general que "los proyectos presentados.... de solicitud de licencia urbanística o de informe preceptivo ante la administración municipal, turística o agraria, respectivamente, correspondientes a procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto ley continúan su tramitación de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su inicio ante la administración turística, agraria o municipal..."

Concluyen las alegaciones de este apartado que todas estas fórmulas son más respetuosas con el criterio de menor onerosidad, como equivalente a perjuicio, carga, gravamen, que el artículo 56.1 de la Ley 39/2015 exige a todos los efectos para las medidas provisionales cautelares en los procedimientos administrativos y que también resulta aplicable a las presentes normas territoriales cautelares.

Se alega seguidamente que, del juego de los apartados 3 y 4 del artículo 139 de la LOUS se extrae que la administración municipal tiene el plazo de tres meses para resolver y notificar las solicitudes de licencia y que este plazo se empieza a contar desde la solicitud y sólo puede ser interrumpido o suspendido en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015. De este último precepto se deriva, según el catedrático, que, en el caso del informe previsto en el artículo 36.2 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, de suelo rústico -que con carácter previo (y vinculante) a la resolución municipal sobre la solicitud de licencia para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico debe emitir la CIOTUPHA sobre el cumplimiento de los requisitos de parcela mínima y aprovechamiento- la petición de este informe sólo puede suspender el plazo de tres meses con que cuenta el Ayuntamiento para resolver la licencia si el Ayuntamiento que tramita el expediente acuerda efectivamente la suspensión y esta decisión suspensiva es comunicada formalmente al interesado. Si carece de alguno de estos requisitos (decisión suspensiva y comunicación al interesado) no operaría la suspensión del plazo, y, por lo tanto, la normativa aplicable sería la vigente cuando hayan transcurrido tres meses desde la solicitud de licencia. Si proyectamos este criterio sobre la NTC, según su parecer, la consecuencia es que cuando la disposición transitoria habla de que las determinaciones de la NTC no son aplicables a las solicitudes de licencia de edificación cuando ya haya transcurrido el plazo máximo para resolver el correspondiente procedimiento, este plazo debe considerarse de tres meses estrictamente si carece de alguna de las condiciones expuestas (carencia de decisión suspensiva o de comunicación al interesado) y si el Ayuntamiento ha cumplido con estas dos condiciones, el plazo de tres meses que tiene el Ayuntamiento para resolver se habrá interrumpido por un plazo máximo de tres meses, que es el plazo de que dispone la CIOTUPHA para emitir su informe, según el artículo 36.4 de la LSR; plazo que, según el catedrático, no puede ser sobrepasado en aplicación del artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015.

Finalmente, efectúa una serie de consideraciones sobre cómo debe aplicarse la disposición transitoria de la NTC y qué pasa si la administración que debe emitir el informe preceptivo lo hace fuera de plazo o no lo hace para acabar concluyendo que, del juego de los arts. 22.1d), 80.3 y 80.4 de la vigente Ley 39/2015 y del principio de autonomía municipal se deriva que si el informe preceptivo no se emite y recibe en el plazo señalado, la administración que tramita el expediente puede, e incluso, debe continuar con la tramitación del mismo, aunque al dictar la resolución pueda tener en cuenta el informe recibido fuera de plazo ya que seguirá corriendo el plazo máximo para resolver que tiene la administración que tramita el expediente. Cita al respeto dos sentencias del TS (de 24 de noviembre de 2011 y de 16 de octubre de 2014) en que se considera por este Tribunal que la carencia de un informe preceptivo no determina la nulidad del instrumento de planeamiento afectado en aplicación del artículo 86.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Y finalmente cita la STS de 18 de marzo que aborda de pleno el problema de la eventual contradicción entre el artículo 42.5c) y el artículo 83.3 de la LRJAP (actuales arts. 22.1d) y 80 de la Ley 39/2015) y explica cómo fueron introducidos en dos momentos temporales diferentes y cómo prevalece el texto del artículo 42.5c) de la LRJAP.

II.- En el resto de alegaciones formuladas contra el régimen transitorio, efectuadas por arquitectos o promotores de proyectos en tramitación, se alega contra la disposición transitoria que se utilizan dos conceptos que no se definen ni en la propia ley ni en otras y que pueden generar problemas de interpretación. Se pide al respeto que se defina qué se entiende por "solicitud completa" y por "plazos legales para resolver el expediente".

Se pide también que se modifique la redacción de la disposición transitoria para que los administrados no sufran las consecuencias de un funcionamiento anormal de la Administración. Se considera que si la NTC ha afectado a sus proyectos es porque ha habido una retraso de la administración en la tramitación de los expedientes, ya sea porque el Ayuntamiento ha tardado mucho al remitir el proyecto al Consejo, o porque el Consejo o u otra administración (ej., la Consejería de medio ambiente en relación al informe sobre recursos hídricos) se han retrasado en la emisión de los respectivos informes preceptivos. 

Se expone que de las conversaciones mantenidas con letrados de la Administración parece que se entendería que una solicitud está completa cuando cuenta con todos los documentos a que se refiere el anexo II del Plan Territorial Insular y todos los informes sectoriales.

Que, así mismo, el plazo legal para resolver para el Consejo insular es de tres meses desde que el expediente está completo y de otros tres meses para el Ayuntamiento a contar desde que recibe  todos los informes preceptivos.

En este sentido, en varias alegaciones se asume que si el plazo que tiene el Ayuntamiento para resolver la solicitud de licencia no empieza hasta que el Ayuntamiento recibe el informe -preceptivo y vinculante- del Consejo Insular, esto significaría la inviabilidad jurídica del proyecto del expediente. Y se añade que el Ayuntamiento estaría dentro del plazo legal para resolver pero habría un retraso en la administración que debería indemnizar por el daño causado al administrado y sería discutible si este daño sería únicamente el coste del proyecto o la pérdida de valor de la finca por la reducción de los usos admisibles o de los parámetros aplicables.

A la hora, se señala que esta posible interpretación estaría vulnerando lo dispuesto en los arts. 29, 21 y 22.1, apartados a) y d) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el artículo 139 de la LOUS y también los principios de proporcionalidad y los principios, reconocidos en el ámbito comunitario y en nuestro ordenamiento interno, de confianza legítima y seguridad jurídica.

Así, dicen las alegaciones, que conforme a la LOUS (Art. 139) las licencias urbanísticas deberán otorgarse en el plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual la administración viene obligada a otorgar la licencia y en caso retrasarse más de tres meses, deberá aplicarse la normativa vigente en el momento del cumplimiento de este plazo; a contar desde la fecha de la solicitud.

Plazo, que puede ser objeto de suspensión, por causas tasadas y legalmente establecidas: carencia de documentación o necesidad de pedir informes a otras administraciones. Para que esta suspensión se dé, será necesario, en todo caso, que se notifique al interesado el acuerdo adoptado en este sentido por la administración competente (art. 22 Ley 39/2015).

Por otro lado, la única documentación imprescindible o legalmente exigida para la solicitud de licencia, de acuerdo con el artículo 139.1 de la LOUS, es el proyecto técnico ajustado a las normas que recoge el Código Técnico de la Edificación, subscrito por técnico competente.

Por este motivo consideran que esta norma de régimen transitorio, además de contravenir otra de rango superior, pretende extender sus efectos retroactivos, a expedientes que ya deberían haber sido resueltos, con una interpretación extensiva y contra legem, de otras normas de carácter administrativo.

Siendo que pretende ir más allá de lo que la ley prevé, extendiendo sus efectos a licencias solicitadas, que ya deberían haber sido resueltas y que, en todo caso, se habrían ganado por silencio administrativo positivo.

No se prevé, mediante la oportuna memoria económica, las consecuencias económicas de tener que indemnizar, cuando menos, por los gastos de tramitación de la petición de licencia, a todos aquellos que amparados en la buena fe en las administraciones, hicieron la oportuna solicitud y sí que se verían afectadas por esta NTC.

En cuanto a las pretensiones en relación al régimen transitorio de la NTC, todas tienen en común la pretensión de que se aclare la terminología de la norma cautelar y se fije un plazo temporal claro a partir del cual se aplique la NTC. Alguna alegación pide, además, que se prevea un periodo de transición en el que poder aportar documentación y completar el expediente si así fuera necesario.

Lo que varía en las alegaciones formuladas es la petición de cómo debe quedar fijado este plazo temporal:

-    Así, unos piden que se aclare si la norma cautelar mencionada afectará a su proyecto, presentado en una determinada fecha.

-    Otros piden que se fije claramente la fecha de efectos de la NTC, no dejando a interpretaciones subjetivas la resolución de los expedientes en tramitación.

-    Otros, piden que la disposición transitoria sea más flexible y que introduzca plazos claros, por ejemplo, que afecte a proyectos de nuevas viviendas que se presenten a partir de diciembre de 2016 o proyectos de ampliación que se presenten a partir de abril de 2017.

-    Otros pretenden que la NTC no se aplique a los procedimientos en los que, a la entrada en vigor de la NTC ya hubiera transcurrido el plazo para su resolución, sin que haya recaído resolución expresa o sin que haya habido ningún requerimiento de enmienda de documentación.

-    Otros piden que la NTC no afecte a proyectos presentados hace más de tres meses desde que se iniciaron los efectos suspensivos de la norma cautelar.

-    Y otros, que sólo afecte a proyectos presentados con posterioridad a la entrada en vigor de la norma cautelar u, otra manera de decir lo mismo, que no afecte a ningún proyecto en tramitación, y añaden, ni a las ampliaciones de los mismos, por ser inversiones ya realizadas con unas determinadas expectativas, para las que la administración ha recibido ingresos tributarios y para las que la ley no prevé mecanismos indemnizatorios.

-    Y, finalmente, otros piden que se modifique la disposición transitoria de la norma cautelar estableciendo sus efectos sólo para proyectos presentados con posterioridad a su entrada en vigor el 2 de diciembre de 2016.

Finalmente, en relación a este régimen transitorio, se plantea que se excluya expresamente de su ámbito de aplicación a las modificaciones que no supongan un "incremento" de las condiciones de uso del suelo, altura, volumen, situación, de las edificaciones y ocupación máxima autorizadas. Se dice que, si no se hace así, podría ser complicado aprobar modificaciones en el transcurso de las obras porque estarán referidas a una edificación que incumple los nuevos parámetros impuestos por la norma cautelar.

Se añade que la disposición transitoria genera problemas de interpretación a la hora de aplicar el artículo 143 de la Ley balear de ordenación y uso del suelo (LOUS) referido a las modificaciones durante el transcurso de las obras ya que el artículo 143.2. de la LOUS hace referencia a la alteración y no al incremento de las condiciones de uso del suelo, altura, volumen, condiciones de uso del suelo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación máxima autorizadas. De esta forma, la  "alteración" puede ser cualquier cambio en el proyecto inicial. En estos casos se aplicaría la normativa vigente al tiempo de presentar la solicitud y las modificaciones podrían ser rechazadas por disposición de la moratoria.

Y así, se pide que la norma cautelar indique expresamente que no será de aplicación a las modificaciones durante el transcurso de las obras de proyectos que ya han obtenido licencia cuando se trate de modificaciones que no supongan un incremento de los parámetros aplicables.

CONTESTACIÓN

En respuesta a estas alegaciones sobre el régimen transitorio, debe decirse, en primer lugar, que la norma transitoria que prevé la NTC resultará aplicable cuando ésta entre en vigor, es decir, con ocasión de su aprobación definitiva por el Pleno del Consejo Insular y posterior publicación en el BOIB.

Efectivamente, para la entrada en vigor de la NTC, el acuerdo de aprobación definitiva y el texto de las determinaciones normativas de la NTC deberán publicarse en el boletín oficial correspondiente, es decir, en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB), de conformidad con el artículo 25.2 del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, artículo 21.2 Ley 8/2000, de 27 de octubre, artículo 103 Ley 20/2006, de 15 de diciembre, artículo 70.2 Ley 7/1985, de 2 de abril y artículo 131 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Y la Disposición Transitoria de la NTC dice:

“Disposición transitoria. Régimen transitorio.

Las determinaciones cautelares contenidas en esta Norma no serán de aplicación a las solicitudes de licencia urbanística de edificación que cuenten con la documentación completa y respecto de las cuales al tiempo de entrada en vigor de aquéllas hubiera transcurrido ya el plazo máximo legal para resolver el correspondiente procedimiento administrativo.

Las solicitudes de licencia urbanística de edificación en tramitación que resulten afectadas por la presente Norma, podrán continuar su tramitación si adaptan el correspondiente proyecto a lo previsto en la misma.”

Además, en cuanto a las alegaciones relativas a que la Norma Territorial Cautelar afecta a licencias ya otorgadas por silencio positivo, debe decirse que, en primer lugar, la Norma no afecta a licencias otorgadas de forma expresa, y, en cuanto a los expedientes en tramitación, de ninguna forma se puede entender en Baleares que se puedan otorgar por silencio positivo licencias para la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico dado que resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 11, apartados 3 y 4 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el cual recoge con carácter de norma básica estatal, lo siguiente:

"3. Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística.

4. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.

b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta.

c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.

d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de protección del dominio público".

La propia Ley balear 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo -LOUS- exceptúa de los supuestos del silencio positivo, además de los casos en que la solicitud vulnere la legislación, la ordenación territorial o el planeamiento urbanísticos aplicables, el supuesto en que una norma con rango de ley, estatal o autonómica, prevea expresamente el carácter negativo de la carencia de resolución en plazo, y, esta ley es, en nuestro caso, el apartado 4 b) del artículo 11 mencionado de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

El régimen transitorio establecido por la Norma territorial cautelar es perfectamente legal -como se reconoce en las alegaciones del colegio de arquitectos- ya que se encuentra ajustado a lo que se prevé, a todos los efectos, en el artículo 139.3 LOUS, que establece que las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y de la ordenación urbanísticas vigentes en el momento de su otorgamiento siempre que se resuelvan en plazo. Si se resuelven fuera de plazo, se otorgarán de acuerdo con la normativa vigente en el momento en que se tuvieron que resolver.

Esta regulación, relativa a que la normativa aplicable a las solicitudes de licencia es la vigente en el momento en que la administración resuelve, si lo hace en plazo, o, si lo hace más allá del plazo legal, es la vigente en el momento del vencimiento de este plazo de resolución, ha sido siempre así en nuestro ordenamiento jurídico balear, de forma que antes de la LOUS esta misma regla ahora incluida en la LOUS, se contenía en el artículo 4.2 de la Ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística de las Illes Balears. 

La jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears ha señalado de forma reiterada que los plazos para resolver los correspondientes procedimientos relativos a la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico -tanto el plazo municipal de tres meses para resolver sobre la solicitud de licencia, como el de tres meses con que cuenta la CIOTUPHA para la emisión del informe preceptivo y vinculante ex artículo 36 de la LSR- no empiezan hasta que los expedientes no se encuentran completos. Así mismo, ha indicado de forma reiterada que estos expedientes no se encuentran completos hasta que no se aporte la documentación a que se refieren las Instrucciones técnicas, quinta y sexta, contenidas en el Anexo II del PTI, y publicadas en el BOIB núm. 50, de 31 de marzo de 2005.

Así, en todos los pleitos en que se ha suscitado esta cuestión, se ha entendido por nuestro Tribunal Superior de Justicia de Balears que el expediente no se encuentra completo y, por lo tanto, no puede empezar el plazo de tres meses con que cuenta la CIOTUPHA para la emisión de su informe, hasta que esta documentación se encuentre completa (previo requerimiento efectuado a tal efecto, lógicamente, indicando este extremo).

Y, por lo tanto, es la fecha en que se completa el expediente, la que determina el inicio del plazo de tres meses para emitir la CIPOTUPHA su informe, de forma que si transcurridos tres meses desde esta fecha, no se hubiera emitido este informe, habría que estar a la normativa aplicable en la fecha del vencimiento de este plazo, de acuerdo con el mencionado art. 139.3 de la LOUS.

En este sentido se han pronunciado múltiples sentencias, entre las que cabe citar las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears núm. 372/2013, de 30 de abril y núm. 383/2015, de 3 de junio.

Por otro lado, no hay que olvidar (cosa que se omite en el informe de alegaciones del Colegio de arquitectos) que la legislación autonómica balear contempla unas singularidades en relación al procedimiento -bifásico- de solicitud de licencia de obras para la construcción de una vivienda unifamiliar en suelo rústico. Estas singularidades determinan que no se pueda aplicar la legislación básica estatal de procedimiento en la forma en que se expone en las alegaciones del Colegio de arquitectos. Esto deriva de la naturaleza del informe de la CIOTUPHA, preceptivo y vinculante - en este último supuesto, si es desfavorable- de forma que si este informe falta y se otorgara la licencia de obras sin el mismo, ésta sería nula de pleno derecho. Así lo decía anteriormente el artículo 7.7 de la anterior Ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística de las Illes Balears y lo recoge actualmente el artículo 135 de la LOUS, según el cual son nulas de pleno derecho las licencias urbanísticas otorgadas sin la incorporación al expediente de las autorizaciones o de los informes concurrentes que fueran preceptivos de acuerdo con esta ley u otra normativa sectorial aplicable.

Y en este caso, la normativa sectorial que exige este informe es el vigente artículo 36 de la LSR, que seguidamente se reproduce, por su importancia en la materia:

“Artículo 36. Autorización de actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar.

1. El procedimiento para la concesión de licencias municipales relativas a actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar se iniciará por el interesado ante el Ayuntamiento, que la tramitará de acuerdo con lo señalado en la normativa general reguladora de los usos, obras y actividades.

2. Cuando las actividades supongan la construcción de una nueva vivienda, una vez completo el expediente se remitirá a la comisión insular de urbanismo respectiva para la emisión de informe previo y vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de parcela mínima exigidos en el artículo 25 de esta Ley y de aprovechamiento máximo, señalado en el artículo 28.1 de la misma.

3. La Comisión Insular de Urbanismo o el órgano del correspondiente consejo insular que tenga atribuida la competencia, someterá el expediente al trámite de información pública durante el plazo de quince días, mediante un anuncio en el Butlletí Oficial de las Illes Balears y en la correspondiente dirección o punto de acceso electrónico –con la finalidad de que se puedan formular las pertinentes alegaciones sobre los extremos señalados en el punto anterior– y, a la vista del resultado, emitirá el correspondiente informe y lo notificará a la corporación municipal.

4. El trámite de informe previo y vinculante deberá sustanciarse en el plazo de tres meses desde la iniciación y, una vez notificado, la corporación municipal tendrá, para resolver, el plazo señalado por la normativa general reguladora de los usos, obras y actividades.”

Así las cosas, la ley prevé que el  Ayuntamiento envíe al consejo el expediente completo, por lo que, la carga de tener que completarlo en caso de que carezca de documentación necesaria para resolver -como la contenida en las instrucciones quinta y sexta del Anejo II del PTI- recae en principio sobre el Ayuntamiento ante el que se ha solicitado la correspondiente licencia. Además, las instrucciones quinta y sexta del Anejo II del PTI -donde consta la documentación necesaria para poder resolver estos expedientes-, al formar parte del Plan Territorial Insular, constan publicadas en el Boletín Oficial de las Illes (BOIB núm. 50, de 31 de marzo de 2005) y, en este sentido, no se puede alegar desconocimiento -ni por los Ayuntamientos, ni por las personas promotoras o profesionales que tramitan los proyectos- de la necesidad de aportar esta documentación para que la CIOTUPHA pueda emitir el correspondiente informe. Otra cosa es que muchas veces los expedientes lleguen al Consejo incompletos y se deba requerir a las personas promotoras para que lo completen, una vez que el expediente ha sido remitido -incompleto- por el Ayuntamiento. Pero lo que prevé la ley es que los expedientes lleguen completos al órgano que tiene que emitir el preceptivo informe, la CIOTUPHA.

Efectivamente, el ANEJO II: INSTRUCCIONES TÉCNICAS, del PTI vigente contiene:

“Instrucción 5 Documentación técnica para la autorización de actividades en suelo rústico

1 La documentación mínima que deberán contener los expedientes que se sometan al procedimiento de autorización para actividades vinculadas a los usos condicionados que se definen en el artículo 19 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, de Suelo Rústico de las Illes Balears será:

1.1 Proyecto básico -en el caso de vivienda unifamiliar aislada- y Estudio Previo o Anteproyecto -en el caso de actividades de interés general- debidamente visados por el colegio profesional correspondiente, en los que, además de la documentación propia de tal tipo de proyectos, se contenga:

a. Plano de situación a escala 1/10.000 en el que se grafíen correctamente la parcela y el emplazamiento de la actuación a autorizar, en formato papel y digital.

b. Memoria justificativa de la adecuación a la ordenación urbanística y de la  posición e implantación de la nueva edificación, tratamiento de acabados y entorno de la edificación.

c. Plano topográfico, a escala 1/200 y con curvas de nivel cada metro, del terreno que sufra modificaciones en su estado inicial, donde se reflejarán los elementos característicos del terreno y de la vegetación existente.

d. Plano final resultante de la misma zona, a igual escala, en que se refleje la implantación y características de la edificación o construcción, tratamientos de exteriores, niveles finales y vegetación o ajardinamiento a realizar. Se acompañará de las secciones necesarias para explicar la intervención a realizar, en las que se grafiará el perfil del terreno natural inicial.

e. Simulación del resultado final de la actuación mediante perspectiva del conjunto, montaje fotográfico, representación virtual u otros sistemas adecuados a dicha finalidad.

1.2 En el caso de actividades de interés general, Memoria justificativa de la oportunidad de tal declaración

1.3 Cuando supongan la apertura o prolongación de caminos o vías rurales, los extremos señalados en el apartado 2 de ésta Instrucción.

1.4 Evaluación de Impacto Ambiental, en los casos en que sea procedente.

1.5 Certificación del registro de la propiedad referida a los terrenos que se pretende edificar, con una antigüedad máxima de tres meses y relativo al completo historial registral.

1.6 Mapa de los usos del suelo de la parcela donde se situará la edificación o instalación.

1.7 Fotografía aérea a escala 1:20 000, o más detallada, en la cual aparezca grafiado todo el ámbito de actuación que se vinculará a la edificación, así como las edificaciones previstas en el proyecto. Puede tratarse de fotocopia color. Se indicará la procedencia de la fotografía aérea (año del vuelo, pasada, número, empresa que la ha realizado).

1.8 Coordenadas geográficas UTM del punto central de las edificaciones y/o instalaciones proyectadas.

2 La documentación mínima que deberán contener los proyectos relativos a apertura o modificación de caminos y las vías rurales será:

2.1 Memoria justificativa de su necesidad y conveniencia señalando:

a. Ubicación y características de los terrenos por donde ha de transcurrir o de sus características actuales, en su caso.

b. Finalidad y actividad con que se relacione.

c. Ajuste a las determinaciones que en el PTI se establecen

d. Valoración de las alteraciones del entorno natural de la zona afectada señalando las alternativas estudiadas de cara a su minimización y las actuaciones previstas para minimizar la afectación de terrenos durante las obras, restaurar las zonas afectadas por las mismas y reponer la vegetación de los márgenes del camino, poniendo especial cuidado en evitar la erosión.

e. Caso de transcurrir total o parcialmente por ámbito incluido en la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears, justificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 16 y 19 de la misma.

2.2 Mapa de situación a escala 1:5.000 y mapas de detalle de su trazado en planta y de los perfiles longitudinales y transversales de todo su recorrido, tanto en su situación actual como en la proyectada.

Instrucción 6 Documentación específica para autorización de nuevas viviendas en suelo rústico

1 Junto con la solicitud de licencia para la construcción de nuevas viviendas que se presente ante el ayuntamiento correspondiente se tendrá que presentar un certificado expedido por el Registro de la Propiedad acreditativo del historial registral completo de la finca (o de la de procedencia) que indique si ha sido objeto de alguna división, segregación o fragmentación y, si es el caso, si lo ha sido por donación, herencia o cualquiera otra causa que conste en el Registro.

2 En relación a las segregaciones, divisiones o fragmentaciones de fincas realizadas en documento público a partir del día 17 de julio de 1997, éste incluido, también se deberá aportar, junto con el proyecto técnico visado que acompaña la solicitud de licencia, planos de situación visados de la finca de procedencia a Escala 1:10000 y 1:5000, en los cuales se delimiten la finca originaria y todas las fincas resultantes de las dichas operaciones, incluida la matriz, y, asimismo, se grafíen todas las edificaciones existentes en las dichas fincas y se indique su uso actual.

3 Cuando se solicite licencia municipal para la construcción de nuevas viviendas sobre fincas derivadas (por segregación, división o fragmentación) de otra finca sobre la cual ya se encuentren edificadas una o más viviendas, se deberá aportar con la solicitud de licencia certificación registral de la finca que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 5 de la Norma 16. Asimismo, el proyecto técnico elaborado para la construcción de la nueva vivienda deberá incorporar ficha urbanística que contemple la superficie y parámetros aplicables a las viviendas y otras edificaciones preexistentes.”

Así, y en cuanto a las viviendas unifamiliares aisladas -ya que hay otros documentos que se piden en las instrucciones que no se refieren a este uso-, según las mencionadas instrucciones debe constar la siguiente documentación:

I- Proyecto básico en el que, además de la documentación propia de este tipo de proyectos, se contenga:

a. Plano de situación a escala 1/10.000 en el que se grafíen correctamente la parcela y el emplazamiento de la actuación a autorizar, en formato papel y digital.

b. Memoria justificativa de la adecuación a la ordenación urbanística y de la  posición e implantación de la nueva edificación, tratamiento de acabados y entorno de la edificación.

c. Plano topográfico, a escala 1/200 y con curvas de nivel cada metro, del terreno que sufra modificaciones en su estado inicial, donde se reflejarán los elementos característicos del terreno y de la vegetación existente.

d. Plano final resultante de la misma zona, a igual escala, en que se refleje la implantación y características de la edificación o construcción, tratamientos de exteriores, niveles finales y vegetación o ajardinamiento a realizar. Se acompañará de las secciones necesarias para explicar la intervención a realizar, en las que se grafiará el perfil del terreno natural inicial.

e. Simulación del resultado final de la actuación mediante perspectiva del conjunto, montaje fotográfico, representación virtual u otros sistemas adecuados a dicha finalidad.

II- Certificación del registro de la propiedad acreditativo del historial registral completo de la finca (o de la de procedencia) que indique si ha sido objeto de alguna división, segregación o fragmentación y, si es el caso, si lo ha estado por donación, herencia o cualquier otra causa que conste en el Registro,  con una antigüedad máxima de tres meses.

III- En relación con las segregaciones, divisiones o fragmentaciones de fincas realizadas en documento público a partir del día 17 de julio de 1997, este incluido, también deberán aportarse, junto con el proyecto técnico visado que acompaña la solicitud de licencia, planos de situación visados de la finca de procedencia a escala 1:10.000 y 1:5.000, en los que se delimiten la finca originaria y todas las fincas resultantes de estas operaciones, incluida la matriz, y, así mismo, se grafíen todas las edificaciones existentes en estas fincas y se  indique el uso actual.

IV- Cuando se solicite licencia municipal para la construcción de nuevas viviendas sobre fincas derivadas (por segregación, división o fragmentación) de otra finca sobre la cual ya se encuentren edificadas una o más viviendas, deberá aportarse con la solicitud de licencia certificación registral de la finca que acredite el cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado 5 de la Norma 16. Así mismo, el proyecto técnico elaborado para la construcción de la nueva vivienda deberá incorporar ficha urbanística que contemple la superficie y los parámetros aplicables a las viviendas y otras edificaciones preexistentes

V- Mapa de los usos del suelo de la parcela donde se situará la edificación o instalación.

VI- Fotografía aérea a escala 1:20.000, o más detallada, en la cual aparezca grafiado todo el ámbito de actuación que se vinculará a la edificación, así como las edificaciones previstas en el proyecto. Puede tratarse de fotocopia color. Se indicará la procedencia de la fotografía aérea (año del vuelo, pasada, número, empresa que lo ha realizado).

VII- Coordenadas geográficas UTM del punto central de las edificaciones y/o instalaciones proyectadas.

VIIII- Cuando la ejecución del proyecto suponga la apertura o modificación de caminos o vías rurales, deberá constar la siguiente documentación:

1. Memoria justificativa de su necesidad y conveniencia señalando:

a. Ubicación y características de los terrenos por donde ha de transcurrir o de sus características actuales, en su caso.

b. Finalidad y actividad con que se relacione.

c. Ajuste a las determinaciones que en el PTI se establecen

d. Valoración de las alteraciones del entorno natural de la zona afectada señalando las alternativas estudiadas de cara a su minimización y las actuaciones previstas para minimizar la afectación de terrenos durante las obras, restaurar las zonas afectadas por las mismas y reponer la vegetación de los márgenes del camino, poniendo especial cuidado en evitar la erosión.

e. Caso de transcurrir total o parcialmente por ámbito incluido en la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears, justificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 16 y 19 de la misma.

2. Mapa de situación a escala 1:5.000 y mapas de detalle de su trazado en planta y de los perfiles longitudinales y transversales de todo su recorrido, tanto en su situación actual como en la proyectada.

Por lo tanto, en el supuesto de que el expediente no llegue completo, por lo que hemos dicho antes, no puede iniciarse el plazo de tres meses con que cuenta la CIOTUPHA para la emisión de su informe y deberá estarse al día en que éste se complete para determinar el día a partir del cual se cuentan los tres meses que tiene la CIOTUPHA para la emisión del informe y que es el régimen urbanístico aplicable para este órgano (el vigente el día de la emisión del informe, si se emite dentro de los tres meses, o el vigente el día que haga tres meses desde que se completó).

Además, según el apartado 4 del artículo 36 de la LSR que acabamos de transcribir -y como reconocen muchas alegaciones de promotores y arquitectos de proyectos en tramitación- el plazo que tiene la corporación municipal, de tres meses, para resolver la solicitud de licencia, no puede empezar hasta que el órgano que ha emitido el informe preceptivo -la CIOTUPHA- lo notifique a la corporación municipal. 

Es decir, el Ayuntamiento ha de aplicar a aquel expediente de vivienda en suelo rústico la normativa que esté vigente cuando resuelva la solicitud si lo hace en los tres meses subsiguientes -a contar desde que recibe el informe del Consejo- o la que esté vigente al cumplirse los tres meses desde que recibió el informe del Consejo, si resuelve fuera de aquel plazo.

Ésta ha sido la interpretación sistemática que hasta muy recientemente ha venido aplicando la Sala de lo contencioso administrativo del TSJIB, en cuanto a la normativa vigente para resolver los expedientes de suelo rústico. La Sala entiende que, tratándose de un expediente “bifásico”, el plazo para emitir el informe el Consejo empieza cuando tiene entrada en el registro general del Consejo la solicitud efectuada por el Ayuntamiento correspondiente -salvo que el expediente no esté completo donde no empieza el plazo de tres meses- y que una vez emitido el informe por parte del Consejo, el plazo municipal de tres meses empieza desde que el Ayuntamiento  recibe el informe del Consejo (ex artículo 36.4 Ley 6/1997).

Así, la STSJIB número 895, de día 30 de noviembre de 2004, Fundamento de Derecho tercero, contiene:

“Tercero.- Los apelantes fundamentan su argumentación en lo que considera inadmisible retroactividad una norma restrictiva de derechos, de tal modo que las restricciones para la edificabilidad de viviendas en suelo rústico mediante la exigencia de una mayor superficie mínima o una calificación de suelo distinta no puede aplicarse a situaciones anteriores a su entrada en vigor.

No obstante, dicho planteamiento parte de la errónea premisa de que la normativa aplicable para la concesión/denegación de licencias de construcción, es la vigente al tiempo de la solicitud, de modo que no le habría de afectar las modificaciones posteriores de dichas normas.  

Como se indicó en la sentencia de instancia, este planteamiento es erróneo a la vista del mismo art. 4.2 de la Ley 10/1990 de Disciplina Urbanística de la CAIB , ya que las licencias no se conceden conforme a la normativa vigente al tiempo de la solicitud, sino la vigente al tiempo de la concesión de la licencia, siempre que ello se hiciera en el plazo que establece la Ley, y si la resolución fuera extemporánea, conforme a la legislación que le fuera aplicable al tiempo del vencimiento del plazo procedente.

En cuanto al plazo para dictar resolución concediendo/denegando la licencia para actuaciones relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico , y por tanto el que marca la fecha en la que debe aplicarse la normativa vigente en aquel momento, es la indicada en el art. 36 de la LSR .

En consecuencia, solicitada la licencia el 30.09.1999, desde luego al tiempo de resolverse en plazo dicha petición de licencia, ya estaba plenamente en vigor la versión modificada del art. 25 de la L.S.R. puesto que la Ley entró en vigor antes de dos meses después, por lo que no hay aplicación retroactiva alguna sino aplicación de la norma vigente en el momento en que ha de ser aplicada. Debe recordarse que la CIU disponía de tres meses para resolver . Es decir, que aunque no se hubiese dictado la Disposición Transitoria de la Ley 9/1999 que el recurrente considera tan dañina y atentatoria de sus derechos, el resultado hubiese sido el mismo.”

Así mismo, la STSJIB número 964, de 17 de diciembre de 2004, Fundamento de Derecho segundo, establece:

“Pues bien, siguiendo el hilo argumental de la apelante, si el 11 de mayo de 2001 el informe emitido por la Comisión tenía que ser favorable porque no podía dejar de serlo por incumplimiento de la parcela mínima ya que en esa fecha no había entrado en vigor la nueva previsión del planeamiento y tampoco había quedado antes suspendido el otorgamiento de licencias , sin embargo, ni siquiera puede negar -y no niega que a partir del 3 de junio de 2001 no cabía ya en modo alguno que la licencia la otorgase el Ayuntamiento, y debe recordarse también que el Ayuntamiento tendría tanto tiempo para resolver sobre el otorgamiento como que sería hasta que transcurriesen dos meses desde la notificación del acuerdo de 11 de mayo de 2001, es decir, como poco, hasta el 12 de julio de 2001 -naturalmente, tampoco por silencio podría obtenerse facultad que la norma urbanística impedía ya-.

En efecto, en aquella fecha -3 de junio de 2001, o después- el Ayuntamiento hubiera resuelto en plazo la solicitud de licencia y tenía que hacerlo sujeto a la normativa urbanística entonces vigente, de modo que si ahora volvemos la vista sobre las pretensiones, veremos que lo pretendido en la apelación es lo mismo que en la demanda, y lo pretendido en ésta, entre otras cosas, era precisamente "...que la licencia ...se le otorgue conforme a la normativa sobre parcela mínima...vigente con anterioridad al acuerdo...de 11 de mayo de 2001..." , con todo lo cual, en definitiva, ni podía prosperar la demanda ni puede tampoco prosperar la apelación ya que, aun de aceptarse, a efectos meramente dialécticos, cabe reiterarlo, la tesis de la apelación, resulta insoslayable que el proyecto del caso no podía ser licenciado por el Ayuntamiento, con lo que, al fin, fuera cual fuese el sentido del informe de la Comisión, la licencia no tenía que otorgarla el Ayuntamiento por cuanto bien tenía podía resolver al respecto -y en plazo - de acuerdo con las Normas Subsidiarias publicadas el 19 de mayo de 2001 y estas no hay duda alguna que impedían de arriba a abajo el proyecto.”

Y la STSJIB número 110, de 16 de febrero de 2004, Fundamento de Derecho segundo, dispone:

“Por su parte el recurrente fundamenta su recurso de apelación señalando que la aplicación retroactiva de la ley 9/99 , y por efecto de lo dispuesto en su Disposición Transitoria, afecta gravemente al principio de seguridad jurídica en atención a que al tiempo de redactarse el proyecto y solicitarse la licencia , la superficie mínima exigible lo era de 7.000 m2, por lo que era merecedor de licencia de no ser por la intolerable aplicación retroactiva de la norma restrictiva de derechos; y que, además, todo ello ha supuesto excluir la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley de Disciplina Urbanística de esta Comunidad

Segundo.- El artículo 36 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, reguladora del Suelo Rústico en les Illes Balears, establece:

"Artículo 36 . Autorización de actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar:

1. El procedimiento para la concesión de licencias municipales relativas a actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar se iniciará por el interesado ante el Ayuntamiento que la tramitará de acuerdo con lo señalado en la normativa general reguladora de los usos, obras y actividades.

2. Cuando las actividades supongan la construcción de una nueva vivienda, una vez completo el expediente se remitirá a la comisión insular de urbanismo respectiva para la emisión de informe previo y vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de parcela mínima exigidos en el artículo 25 de esta Ley y de aprovechamiento máximo, señalado en el artículo 28.1 de la misma .

3. La comisión insular de urbanismo someterá el expediente al trámite de información pública durante el plazo de quince días, mediante anuncio que se publicará en el Boletín  Oficial de la Comunidad Autónoma y en el tablón de anuncios del ayuntamiento correspondiente, a fin de que se alegue lo pertinente sobre los extremos señalados en el punto anterior y, a la vista del resultado, evacuará el correspondiente informe y lo notificará a la corporación municipal.

4. El trámite de informe previo y vinculante deberá sustanciarse en el plazo de tres meses desde la iniciación y, una vez notificado, la corporación municipal tendrá, para resolver, el plazo señalado por la normativa general reguladora de los usos, obras y actividades""

La lectura del precedente artículo obliga a no estimar la postura del actor de que se aplique sin más el artículo 4.2.b) de la Ley 10/90 -esto es, que la solicitud se resolviese conforme a la normativa vigente el 17 de septiembre de 1.999-, pero se quiera o no, como esta Sala ha venido reiteradamente señalando –por todas la nº 878 de 7 de noviembre de 2.003-, ha de estarse a lo dispuesto en norma de igual rango, posterior y que rige para solicitud como la del presente caso; es decir, ha de atenderse a lo previsto en el mencionado artículo 36 .

Por tanto en vigor la Ley 9/99, de 6 de octubre, de Medidas cautelares y de emergencia relativas a la ordenación del territorio y el urbanismo en les Illes Balears, desde el 13 de octubre de 1.999, es decir, con posterioridad a la fecha de la solicitud del caso, pero dentro de los tres meses anteriores -Disposición Transitoria- quedaba sujeta a la citada Ley 9/99. "Todos los proyectos de construcción de una vivienda unifamiliar en suelo rústico que, con la finalidad de obtener la oportuna licencia de obras, se hayan presentado al correspondiente Ayuntamiento tres meses antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverá de acuerdo con la normativa anterior".

En consecuencia, ni el artículo 4.2.b) de la Ley 10/90 puede aplicarse aisladamente en supuestos como el presente, ni la apelante tenía derecho alguno a que su solicitud se resolviese de acuerdo con la normativa vigente antes de la solicitud.”

En la misma línea, la STSJIB número 277, de 31 de marzo de 2003, Fundamento de Derecho segundo, dispone:

“Segundo: Los argumentos esgrimidos por la parte apelante, como fundamento de su recurso de apelación y para rebatir las tesis sustentadas en la sentencia, se centran, en que el trámite del informe previo, emitido por la CIU, deberá sustanciarse en el plazo máximo de tres meses desde la iniciación -o sea desde la solicitud ante el Ayuntamiento- y una vez notificado, el Ayuntamiento tendrá, para resolver el plazo señalado por la normativa general reguladora de los usos, obras y actividades, es decir, dos meses, según el artículo 9.1.5° del RSCL. En consecuencia el plazo máximo para resolver es de cinco meses, por lo que el 21 de diciembre de 1998, debería haberse dictado la resolución procedente aplicando la normativa vigente a dicha fecha, y por tanto cuatro meses antes de la entrada en vigor de la Ley de Directrices de Ordenación Territorial; de no aceptarse esta tesis, señala, se dejaría en manos del Ayuntamiento la aplicación de una normativa u otra.

Planteado así el presente recurso de apelación, la primera y esencial cuestión con la que nos debemos de enfrentar, es acerca de la existencia o no de la figura del silencio administrativo positivo, y en relación al mismo debe recordarse.

El art. 37.4° de la Ley de Suelo Rústico previene que "4. El trámite de informe previo y vinculante deberá sustanciarse en el plazo de tres meses desde la iniciación y, una vez notificado, la corporación municipal tendrá, para resolver, el plazo señalado por la normativa general reguladora de los usos, obras y actividades.". En el caso que nos ocupa, la normativa reguladora lo es la Ley 10/1990 de Disciplina Urbanística, conforme a la cual:

Artículo 4

1. Las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones y las determinaciones de esta Ley y subsidiariamente de la Ley de Suelo; en las contenidas en los Planes de Ordenación Urbana y Programas de actuación urbanística y, en su caso, de las normas complementarias y subsidiarias de planeamiento o de las normas u ordenanzas reguladoras sobre uso del suelo y de la edificación.

2. En los casos no previstos en el apartado anterior: a) Las licencias se otorgarán al amparo de la normativa vigente en el momento de la concesión, siempre que ésta se efectúe en el plazo de dos meses en la obras mayores y un mes en las obras menores, que para resolver, otorga el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Artículo 7

1. El procedimiento del otorgamiento de las licencias se ajustará a lo establecido en la legislación de Régimen Local, en esta Ley y en el resto de disposiciones de aplicación.

Así pues, el plazo para resolver a partir de la recepción del informe de la Comisión Insular de Urbanismo, es de dos meses.(actualmente 3 meses derivado del Decreto 100/2001, de 13 de julio - BOIB núm. 89, de 26-07-2001)

En el caso, como se ha visto y las partes están concordes en los hechos, la Comisión Insular de Urbanismo, en fecha 12 de noviembre de 1999, emitió su informe desfavorable siendo recepcionado por el Ayuntamiento el 18 de noviembre de 1999, por lo que como muy bien dice la sentencia apelada es en fecha 18 de enero de 2000, cuando terminaba el plazo para resolver el Ayuntamiento, habiendo dictado la resolución el 3 de febrero de 2000, es decir, fuera del plazo de los dos meses.".

Y, finalmente, la STSJIB número 6, de 31 de marzo de 2003, Fundamento de Derecho primero, dice:

 “PRIMERO. La aquí apelante, Dª. María Luisa, que el 6 de agosto de 1999 solicitó al Ayuntamiento de Andratx licencia para construir una vivienda unifamiliar aislada en suelo no urbanizable, declarado Área Natural de Especial Interés, de 303.225m2, reitera en la apelación las tesis expuestas en la demanda, las cuales, con pleno acierto, han sido rechazadas por la sentencia apelada.

La apelante, que se encierra en lo que resultaría sin más de lo dispuesto en el artículo 4. 2. b de la Ley de la Comunidad Autónoma 10/90 -resolución de la solicitud conforme a la norma vigente el 6 de octubre de 1999-, concluye así que la sentencia apelada "... vulnera, por inaplicación, el clarísimo artículo...", pero, en realidad, no puede dejarse de tener en cuenta en modo alguno que ".., el efecto consolidarte o asegurador del artículo 4.2...." no puede orillar -y no orilla- lo dispuesto en norma de igual rango, posterior y que rige para solicitud como la del caso, esto es, el artículo 36 de la Ley de la Comunidad Autónoma 6/1997, de 8 de julio. Por tanto, solicitada la licencia el 6 de agosto de 1999, quedaba sujeta a la Ley de la Comunidad Autónoma 9/1999, de 6 de octubre, en vigor desde el 13 de octubre de 1999, esto es, antes de que hubiesen transcurrido tres meses desde la solicitud del caso.-Disposición Transitoria de la Ley 9/99-.

En consecuencia, ni el artículo 4. 2. b de la Ley 10/90 puede aplicarse aisladamente en supuestos como el presente ni la Sra. María Luisa habría "... adquirido un derecho...", en concreto, a que la solicitud se resolviese de acuerdo con la normativa vigente el 6 de octubre de 1999.

Cuando la apelante se aparta del artículo 4. 2. b de la ley 10/90, que lo hace no sin antes resaltar que "... resulta irrelevante...", aduce que del artículo 36.1. y 4 de la Ley 6/97 se extraería la consecuencia de que la Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca tendría que haber adoptado el acuerdo originario del contencioso antes del 7 de noviembre de 1999 pero, al respecto, como en todo lo demás, la sentencia apelada también expone con acierto que ".. iniciant-se el procediment davant l'Ajuntament, aquest no remet l'expedient d’inmediat a la Comissió Insular dUrbanisme sino que ha de comprovar préviament que estigui complet - Comprovació que consumeix temps; en el cas que ens ocupa I’expedient va enregistrar-se de sortida de l'Ayuntamiento d'Andratx el día 17 dagost de 1999- i, un cop complet, el remet a l’esmentada comissió. Per aixó, el termini de tres mesos esmentat ha de computar-se des de l'entrada de l'expedíent a la Comissió Insular d'Urbanisme. Constant a l'expedient administratiu que el projecte basic de construcció va enregistrar-se d’entrada en el Consell Insular de Mallorca el día 19 d’agost de 1999 -foli 1 del Lligall I de l'expedient administratiu-, no hi ha dubte que l'informe de 12 de novembre de 1999 va emetre’s dins el termini legalment establert a l'efecte i, en conseqüencia, no es pot considerar vulnerat l'article 4.2 de la Llei 10/1990".

Por otro lado, en cuanto a la tercera alegación de la apelación, esto es, sobre la aducida aplicabilidad de "... los principios de seguridad jurídica y confianza legítima...", también ha de rechazarse por cuanto se trata de tesis anudada por la apelante a punto de partida erróneo cual es que "... si estamos ante un expediente informado fuera de plazo...".

Finalmente, en la alegación cuarta de la apelación, la apelante, sobre la Disposición Transitoria de la Ley 9/99, reitera los motivos que "En nuestra demanda poníamos de manifiesto..." y, en cuanto aquí ha de importar, esto es, sobre la crítica de la sentencia apelada, se discrepa de que tal Disposición Transitoria careciese de efecto retroactivo, lo que se hace, como en la primera instancia, sin considerar acertadamente cual es el plazo de resolución aplicable al caso, esto es, sin considerar lo previsto en el artículo 36 de la ley 6/97.

Cumple pues la desestimación de presente recurso de apelación”.

*el subrayado es nuestro

En consecuencia, y a la vista de la legislación y jurisprudencia transcrita, no resulta admisible de ninguna forma la afirmación contenida en el informe de alegaciones del Colegio de arquitectos, relativa a que transcurridos los tres meses con que cuenta la CIOTUPHA para la emisión de su informe, el Ayuntamiento correspondiente puede continuar con la tramitación del expediente y otorgar, en su caso, la correspondiente licencia.

Esta afirmación, aparte de no tener en cuenta toda la doctrina vertida por la Sala sobre cuándo se considera que el expediente se encuentra completo y cuándo empiezan los plazos para resolver, resulta altamente imprudente ya que podría inducir a otorgar licencias nulas de pleno derecho.

Por lo tanto, el régimen transitorio previsto en la NTC no innova nada en nuestro ordenamiento jurídico balear.

Por otro lado, en la Sentencia del TSJIB núm. 383/2015, de 3 de junio, se expone que el plazo para resolver las solicitudes de licencia de viviendas en suelo rústico es de seis meses a contar desde que el expediente se encuentra completo y estos seis meses son el resultado de adicionar a los tres meses que tiene la CIOTUPHA para la emisión del correspondiente informe, los otros tres de que dispone el Ayuntamiento para resolver sobre la solicitud.

Así, el Fundamento de Derecho Segundo de esta sentencia, recoge:

"SEGUNDO. SOBRE EL PLAZO MÁXIMO PARA RESOLVER LA SOLICITUD DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN SUELO RÚSTICO.

El art. 4,2º de la LDU de aplicación al caso, prevé que

"a) Las licencias se otorgarán al amparo de la normativa vigente en el momento de la concesión, siempre que ésta se efectúe en el plazo de dos meses en las obras mayores y un mes en las obras menores, que, para resolver, otorga el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

b) Cuando el Ayuntamiento o el órgano administrativo actuante resuelva con posterioridad en el plazo previsto en el párrafo anterior, será de aplicación la normativa vigente en el día de vencimiento de este período.

c) Lo dicho anteriormente se entiende sin perjuicio de la interrupción del plazo de dos meses a efectos de subsanar sus deficiencias, que deberán de hacerse constar todas en notificación única."

Con la precisión de que el plazo de los dos meses debe entenderse sustituido por el de 3 meses ( art. 179,2º de la Ley 20/2006 ), cuando se trate de actividades que supongan la construcción de una nueva vivienda en suelo rústico, en aplicación del art. 36,2º de la LSR es precisa emisión por la Comisión Insular de Urbanismo de un informe previo y vinculante sobre el cumplimiento de los requisitos de parcela mínima exigidos en el art. 25 de la LSR y de aprovechamiento máximo del art. 28,1º . Ello provoca que el plazo inicial de tres meses de que dispone el ayuntamiento se extienda otro plazo más, el necesario para la emisión de este informe previo y vinculante de la Comisión Insular de Urbanismo, que lo es también de 3 meses. Así el art. 36,4º LSR indica que

"el trámite de informe previo y vinculante deberá sustanciarse en el plazo de tres meses desde la iniciación y, una vez notificado, la corporación municipal tendrá, para resolver, el plazo señalado por la normativa general reguladora de los usos, obras y actividades".

Es decir, 3 meses para el informe previo y vinculante y otros 3 para el ayuntamiento. En total 6 meses.

Así pues, en el mejor de los casos para la tesis de la parte recurrente, presentado el proyecto en fecha 1 de febrero de 2008 y si en esta misma fecha el Ayuntamiento lo hubiera remitido a la Comisión Insular, ésta disponía de plazo hasta el 1 de mayo de 2008 para emitir el informe y luego devolver el expediente al ayuntamiento quien a su vez disponía de un plazo de otros tres meses para resolver, esto es hasta el 1 de agosto de 2008. Fecha de vencimiento del período para resolver y que marca la normativa que ha de ser de aplicación para resolver la solicitud.

Pero el 1 de agosto de 2008 ya se había derogado el art. 6 de la Ley 11/2005 que permitiría cumplir con el requisito de la parcela mínima, pues no es objeto de discusión que, en el caso, sin la entrada en juego de este precepto, no se cumple con el requisito del art. 25 de la LSR, por lo que la vivienda no se podía legalizar.

La parte apelante alega que como quiera que el Ayuntamiento remitió el expediente al Consell, más allá del plazo de tres meses que disponía para hacerlo (en concreto lo remitió el 26 de mayo de 2008), ya le había vencido el plazo para resolver, incluida la facultad de suspender o interrumpirlo para solicitar el informe vinculante. Es decir, se entiende que la solicitud de licencia debió resolverse conforme a la normativa vigente al 1 de mayo de 2008.

Repetimos que no es así, siendo preceptivo y vinculante el informe de la CIU, no podía resolverse la solicitud de licencia sin la emisión del mismo o sin el transcurso de los tres meses para su emisión, por lo que dicho plazo se agrega a aquel otro de que dispone el Ayuntamiento.

Alega el recurrente que la interpretación que sostiene la sentencia "permitiría al Ayuntamiento retener "sine die" el expediente a su conveniencia y en perjuicio del administrativo, evitando así la aplicación de la legislación que sería aplicable en el caso de haber actuado diligentemente y conforme a derecho ". No es así, el plazo no es ilimitado, sino de 3 meses, transcurrido el mismo y sumados aquellos otros tres de que dispone la CIU, si no se ha resuelto la solicitud de licencia, en su resolución debe aplicarse la normativa vigente a los 6 meses de la presentación del expediente completo.

Pero es que además, debe ratificarse el criterio de la sentencia apelada en el sentido que el inicio del cómputo de los plazos para resolver la solicitud de licencia, lo es desde el momento de la presentación "completa" de la solicitud. En este punto debe entenderse que la solicitud de licencia de legalización presentada el 1 de febrero de 2008 no era en modo alguno completa pues si se pretendía que entrase en juego la excepción del art. 6 de la ley, que permite la agrupación en una sola finca registral - a efectos de cumplir con la parcela mínima- de aquellas otras "dos o más fincas registrales independientes y colindantes entre sí, existentes y con la configuración y la superficie que tenían antes de la entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 8 de julio, de suelo rústico de las Illes Balears", por supuesto que es necesario que con la solicitud de licencia se aportase la acreditación registral de la agrupación.

Esta documentación no se aportó lo que motivó requerimiento a la ahora recurrente para que acompañase:

"1. Certificació del registre de la propietat referida a la finca registral que es pretén edificar (no 34.126) i de /es finques de /es que prové per agrupació (no 27.691 i 27.690), amb una antiguitat màxima de tres mesos i comprensiva de l'historial registral complet. Si qualsevol d'aquestes finques registrals s'han segregat amb posterioritat al 16 de juliol de 1997, s'haurà d'aportar també I'historial registral complet de la finca de procedència i de totes les resultants, amb una antiguitat màxima de tres mesos. (Original o còpia degudament acarada)."

La referida documentación que debía aportarse con la solicitud y necesaria para su resolución, no se aportó hasta el 24 de octubre de 2008, por lo que en realidad debe entenderse que la solicitud completa no se presentó el 1 de febrero, sino el 24 de octubre. Obviamente, cuando ya era inaplicable el art. 6 de la Ley 11/2005 que se pretende entre en juego.

En conclusión, incumplido el requisito de la parcela mínima (art. 25 de la LSR por no ser de aplicación la excepción del art. 6 de la Ley 11/2005), la denegación de la licencia es conforme a derecho y no podría resolverse en sentido distinto".

Por lo tanto, de esta sentencia se derivaría que en principio se debe resolver de acuerdo con la normativa vigente a los seis meses desde la presentación del proyecto completo y, en este sentido, de acuerdo con esta doctrina, la norma cautelar no sería aplicable a los proyectos completos (en el sentido explicado anteriormente de que cuenten con el correspondiente proyecto técnico completo y la documentación que se deriva de las instrucciones técnicas quinta y sexta del anejo II del PTI vigente) respecto de los que al tiempo de producción de efectos de la aprobación inicial de la NTC -una vez publicado su texto en el BOIB, con fecha 1 de diciembre de 2016- hubiera transcurrido el plazo de seis meses (tres meses para emitir el informe la CIOTUPHA y tres meses para resolver el Ayuntamiento).

Por otro lado, es cierto que del artículo 36.4 de la vigente Ley del suelo rústico se deriva que el plazo municipal para resolver la solicitud de licencia no se inicia hasta que el  Ayuntamiento recibe el informe de la CIOTUPHA, con lo que, si estamos al sentido literal de esta norma la normativa aplicable sería la vigente a los tres meses -sin contar las posibles interrupciones de este plazo ante la petición otros informes preceptivos- desde que se recibe el informe de la CIOTUPHA.

Otra cosa es que, efectivamente, tratándose de una cuestión de ordenación territorial, donde resulta posible disponer de su régimen transitorio, se quiera ser más respetuoso con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y, en este sentido, establecer un plazo claro y común para todas las administraciones intervinientes, a partir del cual la NTC sea aplicable.

Efectivamente, el establecimiento de un plazo claro o de una fecha a partir de la cual se apliquen las determinaciones de la Norma cautelar ofrece mayor seguridad jurídica y al tiempo evita las interpretaciones contradictorias que puedan surgir en relación a qué se entiende por "expediente completo" y qué es el "plazo legal para resolver", de acuerdo con lo señalado anteriormente.

En este sentido, debe citarse el régimen transitorio establecido por anteriores normas cautelares dictadas por el Gobierno y que afectaban también a proyectos constructivos en tramitación de viviendas en suelo rústico.

Así, por ejemplo, la Disposición transitoria contenida en la Ley 9/1999, de 6 de octubre de medidas cautelares y de emergencia (BOIB núm. 128, de 12 de octubre de 1999), decía:

“Disposición transitoria.

Todos los proyectos de construcción de una vivienda unifamiliar en suelo rústico que, con la finalidad de obtener la oportuna licencia de obras, se hayan presentado al correspondiente Ayuntamiento tres meses antes de la entrada en vigor de la presente Ley, se resolverán de acuerdo con la normativa anterior.”

En relación a esta transitoria, se han pronunciado varias sentencias, entre las cuales cabe citar la Sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears núm. 962/2002, de 22 noviembre, cuyo Fundamento de derecho segundo recoge:

"SEGUNDO INTERPRETACIÓN DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DE LA LEY 9/1999, DE 6 DE OCTUBRE.

La entrada en vigor de la Ley 9/1999 se produjo el 13.10.1999 (día siguiente a su publicación).

La solicitud de licencia de obras se presentó el 28.09.1999, es decir, dentro del período o franja de los tres meses anteriores a la entrada en vigor.

Ya se ha indicado que el recurrente interpreta que la Disposición Transitoria conduce a que los proyectos presentados dentro de los tres meses antes de la entrada en vigor de la Ley 9/1999, se rigen por la normativa anterior, esto es la anterior a la Ley 9/1999.

Reconociendo que la dicción de la Disposición Transitoria no es afortunada, debe entenderse que las solicitudes de licencia que se resolverán conforme a la normativa anterior a la Ley 9/1999 son las que se presentaron hasta el 12.07.1999, por cuanto las comprendidas entre el 13.07.1999 y el 13.10.1999 se resolverán conforme a la nueva Ley por efecto de la norma transitoria.

La interpretación que sostiene el recurrente -que las comprendidas entre el 13.07.1999 y el 13.10.1999 se resuelven conforme a la normativa anterior-, conduce a la pregunta de qué solicitudes de licencia son las que se resolverán conforme a la nueva Ley. No es lógico que lo sean las anteriores al 13.07.1999 porque conduciría al absurdo de que las primitivas se rigen por la norma nueva, en contra de las más recientes que se rigen por la normativa anterior.

Si la nueva norma no se aplica a las anteriores al 13.07.1999 por interpretación lógica de que las más antiguas se rijan por la normativa anterior y se efectúa la interpretación que preconiza el recurrente -que la nueva norma tampoco se aplica a las comprendidas dentro de los 3 meses anteriores a la entrada en vigor de la Ley-, ¿a qué solicitudes se refiere la Disposición Transitoria? La interpretación que mantiene el recurrente conduce a la solución de que la Disposición Transitoria no hace referencia a ninguna solicitud ni período.

Además, la finalidad de la norma transitoria -englobar en la aplicación de la nueva normativa a las solicitudes presentadas tan sólo tres meses antes- es congruente con la finalidad propia de tales disposiciones transitorias en materia urbanística, esto es, evitar que el anuncio de la nueva legislación en fase parlamentaria permita operaciones inmobiliarias que traten de eludir las normas en elaboración, restándoles eficacia. Así, tales medidas cautelares se aplican sobre las actuaciones comprendidas dentro de un determinado período anterior a la entrada en vigor de la norma. En este caso, de tres meses.

A mayor abundamiento, la Disposición Transitoria no se refiere a las solicitudes presentadas «dentro» del período de los tres meses anteriores a la entrada en vigor, dicción que sí generaría conflicto, sino las presentadas «tres meses antes», lo que se ha de interpretar como las presentadas antes del período de los tres meses inmediatamente anteriores a la entrada en vigor."

Así las cosas, la Sala considera que la finalidad de la norma transitoria, aplicarla a las solicitudes presentadas tres meses antes, resulta congruente con la finalidad propia de estas disposiciones transitorias, esto es, evitar que el anuncio de la nueva norma permita operaciones inmobiliarias que tratan de eludir la norma en elaboración, restando eficacia.

Y considera la Sala perfectamente ajustado a derecho que estas medidas se apliquen a las actuaciones comprendidas dentro de un determinado periodo anterior a la entrada en vigor de la norma, en este caso, tres meses.

En la misma línea, el Decreto ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística (BOIB núm. 6, de 13 de enero), que entre otras determinaciones, supuso la prohibición del uso de vivienda en ANEI,  estableció el siguiente régimen transitorio:

“Disposición transitoria primera

Los proyectos presentados con la documentación imprescindible para su tramitación, de solicitud de licencia urbanística o de informe preceptivo ante la  administración municipal, turística o agraria, respectivamente, correspondientes a procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto Ley continuarán su tramitación conforme a la normativa vigente en el momento de su inicio ante la administración turística, agraria o municipal, excepto los proyectos relativos a la disposición adicional diecinueve de la Ley 8/2012, a los cuales se aplicará este Decreto, salvo que el proyecto en su conjunto, incluida en su caso, la oferta complementaria de alojamiento, ya haya obtenido la declaración de interés general. 

Los proyectos presentados dentro de los tres meses anteriores a la fecha de entrada en vigor de este Decreto ley y todavía no resueltos en la fecha mencionada, referidos a viviendas unifamiliares aisladas ubicadas en áreas naturales de especial interés, les será de aplicación lo previsto en este Decreto ley.”

Así, a los proyectos de nuevas viviendas en ANEI, presentados dentro de los tres meses anteriores a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, y todavía no resueltos, les fue de aplicación la prohibición de nuevas viviendas en ANEI.

Vemos, pues, como toda esta normativa cautelar dictada por el Gobierno ha afectado a los proyectos de viviendas en tramitación presentados dentro de los tres meses anteriores a su entrada en vigor. 

En relación a la presente norma cautelar, su contenido trascendió en los medios de comunicación antes de su aprobación. Así, consta al Diario de Ibiza de fecha 15 de octubre de 2016 el siguiente titular: "El PSOE de Ibiza plantea prohibir la construcción de mansiones en suelo rústico".

Así, en el texto de la noticia aparecía lo siguiente:

"En materia territorial, la Federación Socialista de Ibiza señala como criterios generales reducir la edificabilidad en suelo rústico para evitar la construcción de grandes viviendas, proteger las zonas boscosas y limitar la edificación de las segregaciones a razones familiares y hereditarias.

La FSE también apuesta por buscar una utilización racional y tradicional del territorio, permitiendo que las personas arraigadas a él mantengan sus derechos hereditarios, evitando pero la especulación urbanística y la degradación ambiental y paisajística de la isla".

Así pues, teniendo en cuenta que la aprobación inicial de la presente NTC se publicó en el BOIB el día 1 de diciembre de 2016, y para evitar conflictos interpretativos y ofrecer mayor seguridad jurídica en la aplicación de una norma territorial cautelar como esta, se considera ajustado a derecho que la presente norma territorial cautelar se aplique a los proyectos relativos al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico presentados ante el Ayuntamiento correspondiente a partir del día 1 de septiembre de 2016- con lo que los proyectos presentados entre los días 1 de septiembre y 1 de diciembre quedarían afectados por las determinaciones de la NTC- y, así mismo, se aplique esta NTC a los presentados anteriormente al día 1 de septiembre de 2016 y que a fecha 31 de agosto de 2016 no contaran con la documentación completa para resolver el expediente, entendida la expresión "documentación completa" en el sentido expuesto anteriormente -proyecto técnico más la documentación referida en las instrucciones 5 y 6 en cuanto a las viviendas unifamiliares aisladas del Anejo II -Instrucciones técnicas- del PTI (BOIB número 50, de 31 de marzo de 2005).

De esta forma, tanto la CIOTUPHA como los Ayuntamientos deberán aplicar la norma cautelar a todos los proyectos presentados dentro de los tres meses anteriores a la fecha de publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación inicial de la NTC y también a los expedientes presentados anteriormente a estos tres meses que, a fecha 31 de agosto de 2016, no tuvieran la documentación completa, en el sentido expuesto anteriormente; de forma que la NTC no resultaría de aplicación a los proyectos que cuenten con la documentación completa con anterioridad a los tres meses antes de la publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación inicial.

Con esta solución se clarifica lo que se considera documentación completa a efectos de la aplicación de la NTC y, así mismo, se establece un periodo de aplicación de la norma común a todas las administraciones que intervienen en el procedimiento y, que, además coincide con el plazo -3 meses- con que cuenta la CIOTUPHA para la emisión de su informe desde que el expediente se encuentra completo. Y además, este periodo de aplicación a los proyectos presentados dentro de los tres meses anteriores a la publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación inicial de la NTC no genera per se ningún perjuicio que no deba soportarse, dado que, como ya hemos expuesto, la normativa aplicable en Baleares es la vigente en el momento del vencimiento del plazo que tiene la administración para resolver. Y en el caso del informe preceptivo de la CIOTUPHA se dispone de tres meses para su emisión (a contar desde la fecha en que el expediente se encuentra completo). Y respecto de los proyectos presentados anteriormente a estos tres meses, se exigirá, de acuerdo con la legislación balear y doctrina jurisprudencial antes expuesta, que a fecha 31 de agosto de 2016 -día anterior a este periodo de tres meses- los proyectos correspondientes se encontraran completos, con objeto de poder determinar la no aplicación de la NTC, puesto que si en esta fecha ya se encuentran completos (con independencia de cuando se hayan completado) el día del vencimiento del plazo de tres meses para emitir el informe, el 30 de noviembre, no podía aplicarse la NTC ya que se publicó el día 1 de diciembre de 2016.  

Y finalmente, se podría aclarar que, en cuanto al resto de actuaciones diferentes a la construcción de nuevas viviendas (ampliaciones, piscinas, cambios a usos turísticos, etc..) las determinaciones de la presente norma territorial cautelar no se aplicarán si la fecha del vencimiento del plazo para resolver la solicitud correspondiente es anterior al día 1 de diciembre de 2016, fecha de publicación del acuerdo de aprobación inicial de la norma.

Así, si se considera adecuado por el equipo de gobierno, la redacción de la Disposición Transitoria de la NTC podría quedar así:

"Disposición transitoria. Régimen transitorio.

1. Las determinaciones cautelares contenidas en la presente norma territorial cautelar se aplicarán a los proyectos relativos a la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico,   presentados ante el Ayuntamiento a partir del día 1 de septiembre de 2016, éste incluido.

Así mismo, las determinaciones cautelares contenidas en la presente norma territorial cautelar se aplicarán a los proyectos presentados con anterioridad al día 1 de septiembre de 2016, y que a fecha 31 de agosto de 2016 no contaran con la documentación completa para resolver el expediente.

Al efectos de la aplicación del párrafo anterior, se entiende que la documentación se encuentra completa cuando conste en el expediente el correspondiente proyecto técnico exigido por la normativa aplicable, redactado por personal técnico competente, así como la documentación que para el uso de vivienda unifamiliar piden las Instrucciones 5 y 6 del Anexo II del Plan Territorial Insular (BOIB núm. 50, de 31 de marzo de 2005).

2. En cuanto al resto de solicitudes de licencia urbanística, las determinaciones de la presente norma territorial cautelar no se aplicarán si la fecha del vencimiento del plazo para resolver la solicitud correspondiente es anterior al día 1 de diciembre de 2016.

3. Las solicitudes de licencia urbanística en tramitación que resulten afectadas por la presente Norma, podrán continuar con su tramitación si adaptan el correspondiente  proyecto a lo previsto en la misma.

-EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA.

Critican los alegantes las medidas de ahorro de agua contenidas a la NTC.

“Artículo 8. Medidas de ahorro de agua.

1. Los proyectos de construcción de edificaciones en suelo rústico, con independencia de su uso, deberán prever la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas para su reutilización en las necesidades de la edificación y/o de la finca. Así mismo, se deberá prever su almacenamiento en un aljibe con capacidad suficiente para este uso, con una capacidad mínima de quince (15) m3.

2. El uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico no podrá dar lugar a la construcción de más de una piscina por finca.

La lámina de espejo de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no podrá exceder de treinta y cinco (35) m2 y su volumen, los sesenta (60) m3.”

Al respecto dicen les persones alegantes:

“la reducción del tamaño máximo de las piscinas (Art. 8), con el argumento de que así se produce una disminución en el gasto de agua, motivada por el período de sequía que atravesamos. Esta medida no supone una mejora apreciable en los efectos de la mencionada sequía y, por el contrario, no se incide en el gran consumo de agua que se produce en otras situaciones, como por ejemplo el riego de jardines, el consumo de las zonas urbanas, o las ingentes cantidades de agua que se pierden por defectos en la red de suministro (algo desproporcionado e injusto puesto que se trata de una cantidad muy superior a la ahorrada con esta medida que sólo es de aplicación para suelo rústico).”

Pero lo que no dicen es que la sequía es una realidad, objetivamente verificable en nuestra isla. Por lo que, en función de la situación de sequía y especialmente la situación de sobreexplotación de casi la totalidad de los acuíferos de la isla de Eivissa, estas medidas contribuirán a la reducción del consumo de agua por parte de las nuevas edificaciones a implantar en suelo rústico y, por lo tanto, ayudarán a la recuperación de los recursos hídricos.

Al respeto debe recordarse que, como indica la STS,  Sala 3ª, secc. 5a, de 28 de diciembre de 2005 (LA LEY 251883/2005) (Rec. 6207/2002), con cita de las SSTS 30 de septiembre de 1987, 23 de mayo de 1990 y 1 de octubre de 1991, "en la elaboración de los reglamentos de planificación hay que distinguir una actividad jurídica o reglada, que viene sometida a normas formales o materiales de obligada observancia y acatamiento, y una actividad de oportunidad técnica o discrecional, en la que se elige, entre varias alternativas, una determinada solución, que se concreta, en relación con el uso del suelo, en la asignación de un destino a cada terreno, según el criterio técnico de los redactores del Plan, cuya discrecionalidad viene limitada por la congruencia de esas soluciones concretas elegidas con las líneas directrices que diseñan el planeamiento, su respeto a los estándares legales acogidos en el mismo y su adecuación a los datos objetivos en que se apoya, siendo, por tanto, condición esencial para el éxito de una pretensión de nulidad del Plan o de alguna de sus determinaciones singularizadas, la de que se constate la infracción de una norma legal (actividad reglada) o se acredite disconformidad o incongruencia con los hechos determinantes de la decisión" .

Así las medidas previstas son proporcionales -y proporcionadas a los nuevos parámetros de ocupación de las viviendas- y congruentes a lo que pretende la NTC en este sentido -profundizar en el ahorro de agua-, si bien es verdad que hubiera podido optarse por adoptar otras medidas o adicionar otras a las ya previstas en el artículo 8 NTC.

Por otro lado, si bien es cierto que, como medida de ahorro de agua bastaría con haber limitado el volumen de las piscinas, la medida relativa a las dimensiones de las piscinas se contemplaba también como de integración paisajística y, por eso, se quiso inicialmente regular también su espejo de agua, en proporción a los nuevos parámetros de ocupación de las viviendas.

No obstante lo anterior, se podría aceptar aquella argumentación (es decir, no establecer para las nuevas piscinas un parámetro máximo de m2, si lo que se pretende realmente es una medida de ahorro de agua) y por lo tanto modificar aquel apartado 2 del artículo 8 (Medidas de ahorro de agua) de la NTC en el sentido de modificar allí donde dice “La lámina de espejo de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no podrá exceder de treinta y cinco (35) m2 y su volumen, los sesenta (60) m3”, por la frase “El volumen de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no podrá exceder los sesenta (60) m3”.

- EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENOS RED NATURA.

Dice el artículo 5 de la NTC:

 “Artículo 5. Determinaciones relativas a la implantación de nuevas edificaciones y usos en determinados terrenos.

1. En los siguientes terrenos no se podrán ubicar nuevas viviendas unifamiliares aisladas:

a) los incluidos en la Red Natura 2000,

b) los calificados como Suelo Rústico Protegido Área Rural de Interés Paisajístico (SRP-ARIP) y, al mismo tiempo, incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRP-APR) de Incendio delimitadas en el plano 3 (Áreas de prevención de riesgos) del vigente Plan Territorial Insular.

c) los calificados por el vigente Plan Territorial Insular o por los instrumentos de planeamiento adaptados al mismo como Suelo Rústico Común Forestal (SRC-F).

Estos terrenos computarán a efectos de la aplicación de la regla de proporcionalidad establecida en la Norma 14 del vigente Plan Territorial Insular para las fincas sujetas a distintas calificaciones, siempre que la categoría subyacente lo permita.

2. Respecto de las viviendas existentes en estos terrenos a la entrada en vigor de la presente norma territorial, no se permiten su ampliación ni cambio de uso.” 

De entrada debe decirse que el artículo 5 de la NTC lo que establece es que en aquellos lugares no se pueden ubicar nuevas viviendas unifamiliares aisladas, y por eso permite que computen los terrenos para edificar fuera de aquellos lugares y por lo tanto en el artículo 3 NTC establece parámetros para todas las categorías de suelo del PTI (Norma 10.4 PTI), eliminado los parámetros de los terrenos ANEI.

En aquellos lugares no se pueden ubicar viviendas al igual que sucede actualmente con las zonas 1 del PTI vigente.

Esta posibilidad le está permitida a los PTI (y a la NTC que lo precede) de acuerdo con lo que establece el artículo 9 de la LOT que establece que entre las determinaciones de ámbito supramunicipal que necesariamente tiene que contener todo PTI figura: …/…d) Señalización de los espacios naturales o de las áreas de protección de construcciones o de lugares de interés historico-artístico con indicación de las medidas protectoras que deban adoptarse.”.

En cuanto a las Áreas de Prevención de Riesgos, el artículo 21 DOT establece que los  instrumentos de ordenación territorial y los instrumentos de planeamiento general deberán regular el suelo rústico y sus usos y actividades con sujeción a la matriz de ordenación del suelo rústico y sus definiciones del anexo I de esta Ley; a la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, y a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias; asimismo, establecerán las normas urbanísticas y de integración paisajística y ambiental de ámbito supramunicipal, de acuerdo con los siguientes criterios: “.../... 4. Para las áreas de prevención de riesgos (APR) de desprendimientos, de erosión, de incendios o de inundaciones, establecer las condiciones y limitaciones de desarrollo de los usos y de las actividades en función del nivel de riesgo; determinar las acciones de protección y de previsiones de las infraestructuras, siguiendo los criterios de la Administración Pública competente, así como promover las acciones que eviten estos riesgos.../...”

Así como por el artículo 21.2.a) de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana: 

“Artículo 21. Situaciones básicas del suelo.

…/…

2. Está en la situación de suelo rural:

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.”

Con esta medida de la NTC se pretende evitar el impacto paisajístico y ambiental que las  nuevas viviendas provocan en estos terrenos más merecedores de protección.

La Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, más conocida como Directiva Hábitats, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, cuyo  objeto es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo, prevé la creación de una red ecológica europea coherente de zonas especiales de conservación, llamada Natura 2000 (artículo 3).

Esta Red, que se compone por los lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II de la Directiva Hábitats, debe garantizar el mantenimiento o, si procede, el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los tipos de hábitats naturales y de los hábitats de las especies de que se trate en su área de distribución natural.

Un tipo específico de hábitat natural de interés comunitario lo constituyen los designados como prioritarios. Se trata de hábitats naturales amenazados de desaparición presentes en el territorio, cuya conservación supone una especial responsabilidad para la Comunidad teniendo en cuenta la importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida en el territorio de los Estados miembros.

La Red Natura 2000 debe incluir así mismo las zonas de protección especiales designadas por los Estados miembros con arreglo a las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE (Directiva Aves).

Así, esta red ecológica europea Natura 2000 se ha configurado en aplicación de esta  Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992 (Directiva hábitats) y de la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009  (Directiva de aves), ambas transpuestas al ordenamiento jurídico español mediante la Ley estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad (BOE 299, de 14 de diciembre) modificada por la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, y a nivel Balear por la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), modificada por la Ley 6/2009, que establece el régimen jurídico general para la declaración, la protección, la conservación, la restauración, la mejora y la gestión adecuadas de los espacios de relevancia ambiental.

Por su parte, el artículo 13.1 del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dispone:

 “Artículo 13. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural: facultades.

1. En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

La utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice.

Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural.

.../...”

En la LSR, el uso de vivienda es un uso condicionado (artículo 19.2.a)), de forma que, según el artículo 25 del mismo texto legal:

“Las actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar sólo podrán efectuarse en las zonas en que tal uso no esté declarado prohibido por los instrumentos de planeamiento general y las condiciones que en ellos se establezcan.”

Así las cosas, la explotación de los recursos naturales es el destino propio del suelo rústico y el uso de vivienda resulta excepcional y sólo será posible si la ordenación urbanística y/o territorial no lo impide.

Si los terrenos se encuentran incluidos en la Red Natura 2000, y están protegidos como zonas LIC y/o ZEPA, les es aplicable lo dispuesto en la Directiva 43/92/CEE en cuanto al estado de conservación de estos lugares, debiendo evitar la administración que el hábitat natural se vea alterado a corto, medio o largo plazo en su estructura y en sus funciones.

Y en este sentido, se ha considerado que en aquellos lugares pertenecientes en la Red Natura 2000 no deben ubicarse nuevas viviendas unifamiliares en orden a preservar los hábitats por los que fueron declarados aquellos lugares como pertenecientes en la Red Natura 2000.

En definitiva, se pretende garantizar su conservación.

Así, no hay que olvidar que en el Anexo I de las DOT, la matriz de ordenación del suelo rústico (modificada por el Decreto ley 2/2016, de 22 de enero), apartado Regulación de los usos, recoge:

“Regulación de los usos:

1. Admitido sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica.

2. Condicionado según establece el Plan Territorial Insular.

2-3 Prohibido con las excepciones que establece el Plan Territorial Insular. En el caso de vivienda unifamiliar aislada se entenderá que el uso es condicionado hasta que el Plan Territorial Insular establezca las excepciones correspondientes.

3. Prohibido.

Las determinaciones de los usos de esta matriz tienen el carácter de nivel de protección mínima del suelo rústico, y se pueden incrementar por los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico.”

Y esta protección, en cuanto a los terrenos pertenecientes en la Red Natura 2000, es lo que se ha establecido a la NTC mediante la medida de no permitir ubicar nuevas edificaciones residenciales.

Y esta posibilidad también se encuentra permitida por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

“Disposición adicional segunda. Medidas adicionales de conservación en el ámbito local.

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias y en el marco de lo establecido en la legislación estatal y autonómica, podrán establecer medidas normativas o administrativas adicionales de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.”

Como señala la STS de 22 de febrero de 2012 (RC 3774/2009), de conformidad con lo expresado en la Exposición de motivos del Real decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo:

"(...) hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente. La Unión Europea insiste claramente en ello, por ejemplo en la Estrategia Territorial Europea o en la más reciente Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia Temática para el Medio Ambiente Urbano, para lo que propone un modelo de ciudad compacta y advierte de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de los servicios públicos. El suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable. Desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada, sino, supuesta una clasificación responsable del suelo urbanizable necesario para atender las necesidades económicas y sociales...".

(...) Este plus de protección se nos presenta hoy ---en el marco de la amplia, reciente y variada normativa sobre la materia, en gran medida fruto de la transposición de las normas de la Unión Europea--- como un reto ciertamente significativo y como uno de los aspectos más sensibles y prioritarios de la expresada y novedosa normativa medioambiental. Ya en el Apartado I de la Exposición de Motivos de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo (hoy Texto Refundido de la misma aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio ---TRLS08---) se apela en el marco de la Constitución Española ---para justificar el nuevo contenido y dimensión legal--- al "bloque normativo ambiental formado por sus artículos 45 a 47 ", de donde deduce "que las diversas competencias concurrentes en la materia deben contribuir de manera leal a la política de utilización racional de los recursos naturales y culturales, en particular el territorio, el suelo y el patrimonio urbano y arquitectónico, que son el soporte, objeto y escenario de aquellas al servicio de la calidad de vida". Igualmente, en el mismo Apartado I, último párrafo, el reciente legislador apela a que "el crecimiento urbano sigue siendo necesario, pero hoy parece asimismo claro que el urbanismo debe responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente", y se remite, a continuación, a los mandatos de la Unión Europea sobre la materia advirtiendo "de los graves inconvenientes de la urbanización dispersa o desordenada: impacto ambiental, segregación social e ineficiencia económica por los elevados costes energéticos, de construcción y mantenimiento de infraestructuras y de prestación de servicios públicos"; y, todo ello, porque, según expresa la propia Exposición de Motivos "el suelo, además de un recurso económico, es también un recurso natural, escaso y no renovable", añadiendo que "desde esta perspectiva, todo el suelo rural tiene un valor ambiental digno de ser ponderado y la liberalización del suelo no puede fundarse en una clasificación indiscriminada ...". Como ha puesto de manifiesto la buena doctrina española, el TRLS08 lo que, en realidad, aporta "es una mayor imbricación entre urbanismo y protección del medio ambiente; una especie, digámoslo, de interiorización más profunda de los valores ambientales en la ordenación territorial y urbanística, hasta hacerlos inescindibles".

Por otra parte, debe decirse que el Decreto ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística (BOIB número 6, de 13 de enero de 2016) es una norma legal ajena a este Consejo Insular, por lo que no corresponde a este Consejo con ocasión de la NTC promover su derogación (sic.).

Por definición, el Decreto-Ley, como norma con rango de Ley dictada por el Gobierno en determinadas circunstancias extraordinarias, es fruto de una potestad que la Constitución española atribuye expresamente al Gobierno para que se pueda hacer frente a las circunstancias mencionadas (artículo 86 CE). En cuanto a su ámbito, el ejercicio de tal potestad requiere que se presente un supuesto de extraordinaria y urgente necesidad, y la regulación que contenga el correspondiente Decreto-Ley no puede afectar a una serie de materias enumeradas por la Constitución.

Desde la aprobación de la norma por el Gobierno, sin ningún requisito formal previo, ésta disfruta del rango y la fuerza de Ley, por más que sea una disposición provisional, estableciéndose que el Congreso de los Diputados debe validar o derogar el Decreto-Ley en el plazo de treinta días, en su caso a través de la Diputación Permanente, aunque también puede tramitarlo como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia. Tal y como manifestó el Tribunal Constitucional hace muchos años (STC núm. 29/1982 de 31 de mayo -RTC 1982\29-):

“Aprobado por el Gobierno un Decreto-ley y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» empieza a surtir efectos en el ordenamiento jurídico en el que provisionalmente se inserta como una norma dotada con fuerza y valor de ley, debiendo ser sometido inmediatamente a debate y votación por el Congreso de los Diputados en el ineludible plazo que dispone el artículo 86, número 2 de la C. E.”

Es decir, el Decreto-ley es una fuente normativa propia del Gobierno que sólo precisa de la intervención del Congreso de los Diputados y no de las dos Cámaras que integran las Cortes Generales para la estabilización de su vigencia en el Ordenamiento Jurídico. Como norma con rango de Ley, el Decreto-Ley está sujeto al control de constitucionalidad, especialmente a los efectos de verificar la concurrencia del presupuesto habilitante o el respeto a las materias excluidas.

Con este marco normativo, muchos Estatutos de Autonomía han incluido en su articulado el Decreto-ley como fuente del Derecho de la respectiva Comunidad Autónoma, entre ellos el de las Illes Balears.

El artículo 49 del EAIB lo regula:

“Artículo 49.

Decretos leyes

1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de Decretos leyes que no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, a las materias objeto de leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía, a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, a la reforma del Estatuto, al régimen electoral ni al ordenamiento de las instituciones básicas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

2. Los Decretos leyes quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento después de un debate y una votación de totalidad.

Durante el plazo establecido en el párrafo anterior, el Parlamento podrá acordar la tramitación de los Decretos leyes como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.”

Este Decreto ley 1/2016 fue convalidado por Resolución del Parlamento de las Illes Balears, publicada en el BOIB número 18, de 6 de febrero de 2016.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar las alegaciones efectuadas en el Modelo 1, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

II.- ALEGACIONES MODELO 2 (879 alegaciones)

Alegan:

QUE ESTA MODIFICACIÓN EMPOBRECE A LOS PROPIETARIOS QUE CUIDAN Y MANTIENEN SUS FINCAS. PROHIBICIÓN De AMPLIACIÓN O REFORMA INTEGRAL DE LAS VIVIENDAS LEGALES EN SUELO FORESTAL, LIC Y ZEPA O ÁREA DE PROTECCIÓN De INCENDIOS. DICEN QUE SE HACE IMPOSIBLE SEGUIR VIVIENDO EN LAS FINCAS RÚSTICAS A LOS DESCENDENTES. DICEN QUE LA LIMITACIÓN IMPUESTA A LA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR IMPIDE El USO AGRÍCOLA DE LAS FINCAS TANTO PROFESIONAL COMO RECREATIVO. NO Se HA TENIDO EN CUENTA A NADIE PARA APROBAR ESTA NORMA. LOS PROPIETARIOS DEL CAMPO NO TIENEN LA CULPA DE LA SUPUESTA "MASIFICACIÓN' DE LA ISLA. EL CAMPO DEBE SER VIABLE PARA ESTAR CONSERVADO, NO ES UN JARDÍN DECORATIVO PARA QUIEN LO VISITA.

Piden:

Sea retirada la Norma Territorial Cautelar aprobada inicialmente, dejada sin efectos y archivado el expediente.

CONTESTACIÓN

- EN CUANTO A QUE ESTA MODIFICACIÓN EMPOBRECE A LOS PROPIETARIOS QUE CUIDAN Y MANTIENEN SUS FINCAS.

Dice el artículo 4 de la NTC:

“Artículo 4. Determinaciones relativas a las segregaciones en suelo rústico.

En las parcelas procedentes de una segregación, división o fragmentación, efectuadas en documento público a partir del día 1 de noviembre de 2016, queda prohibido el uso de vivienda unifamiliar, excepto que provengan de donación de padres a hijos o a causa de herencia entre personas vinculadas por relación de parentesco y que cumplan con las condiciones previstas en el vigente Plan Territorial Insular.”

Esta medida debe leerse a la vista de la anterior, la prevista en el artículo 3 NTC, que implementa una reducción de las condiciones de edificación de las viviendas unifamiliares en suelo rústico, con el objetivo de reducir la presión edificatoria y la especulación existente sobre este tipo de suelo y mitigar el impacto que las viviendas de grandes proporciones  provocan en el medio rural.

Como recoge la STS de 30 de septiembre de 2011 (recurso de casación núm. 1294/2008):

"... Son acertadas, pues, las consideraciones que se contienen en la sentencia del Tribunal a quo sobre la necesidad de que las potestades de planeamiento estén subordinadas y encaminadas a la consecución del interés general, compatibles con la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo en la que, de forma reiterada, queda señalado que las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales, de manera racional, evitando la especulación -sirvan de muestra las SSTS de 24 de marzo de 2009 (casación 10055 / 2004), 30 de octubre de 2007 (casación 5957/2003 (LA LEY 193733/2007) ) y 26 de julio de 2006 (casación 2393/2003 (LA LEY 95385/2006) )- (FJ 7)".

Así, tal y como se contiene a la NTC, desde el equipo de gobierno se quiere invertir esta tendencia edificatoria y especulativa en el suelo rústico, limitando los parámetros de edificación y ocupación máximos actualmente establecidos en cuanto a las viviendas a edificar en el suelo rústico para adecuarlas a la finalidad que realmente deberían tener y así intentar disuadir su construcción para dedicarlas al uso turístico.

Y en segundo lugar, se quiere evitar la excesiva fragmentación de las parcelas y consiguiente urbanización difusa del suelo rústico, impidiendo que se pueda seguir edificando sobre las parcelas segregadas o divididas a partir de una determinada fecha -el día 1 de noviembre de 2016-, para dar seguridad jurídica y, a la hora evitar especulaciones, una vez que se ha avanzado públicamente el contenido de una norma territorial cautelar a través de los medios de comunicación local.

A la vez que se quiere impedir seguir edificando sobre las fincas segregadas a partir del día 1 de noviembre de 2016, se quiere mantener la posibilidad de seguir edificando sobre las parcelas que se segreguen en virtud de título hereditario o donación de padres a hijos, siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en el vigente Plan territorial insular.

La norma se aplicaría, así, a las segregaciones efectuadas a partir del día 1 de noviembre que no provengan de título hereditario entre parientes o donación de padres a hijos.

Dicen las personas alegantes:“Esta norma vacía de contenido patrimonial la propiedad al prohibir la construcción de viviendas unifamiliares en las parcelas segregadas cumpliendo las exigencias del PTl.

Si no tenemos la posibilidad de, en un caso de necesidad, poder vender una parte de la finca y obtener una renta necesaria para vivir o sufragar gastos extraordinarios, se está reduciendo el valor cualquier finca y, por tanto, se empobrece a todas las familias que han mantenido durante años sus propiedades intactas.

La consecuencia de esta prohibición es que, en caso de necesidad, se obliga a los propietarios a vender íntegramente la finca, incluida la casa familiar. Esto es lo contrario de lo que debería pretenderse, hay que fomentar que las fincas permanezcan en manos de las familias y se transmitan de padres a hijos como ha ocurrido durante siglos.”

Así, la NTC no obliga a nadie a vender su propiedad, esto ya depende de la persona titular de los terrenos.

Lo que pretende la NTC es reducir la excesiva fragmentación del suelo rústico a efectos de edificar viviendas unifamiliares.

Debe decirse que la medida prevista en la NTC precisamente quiere intentar reducir la presión urbanística que el suelo rústico actualmente sufre, pero al mismo tiempo, seguir permitiendo que los actuales propietarios del suelo rústico sí puedan segregar sus terrenos a efectos edificatorios respecto de sus familiares.

Por otra parte, hay que decir que el PTI vigente ya contiene medidas para evitar la sucesiva fragmentación del suelo rústico en la Norma 16 -aunque se ha verificado que éstas no son suficientes en orden a evitar la presión existente sobre el suelo rústico-, o la prevista en la Norma 16.8 “A los efectos de construcción de nuevas viviendas, las fincas adquiridas con posterioridad a la fecha de aprobación inicial del PTI en virtud de título diferente de los previstos en el apartado 7 anterior, sólo podrán beneficiarse del régimen que dicho apartado prevé cuando hayan transcurrido 15 años desde la fecha de su adquisición en documento público.”,  y lo que hace ahora la NTC es implementar otras medidas en este sentido.

- EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN De AMPLIACIÓN O REFORMA INTEGRAL DE LAS VIVIENDAS LEGALES EN SUELO FORESTAL, LIC Y ZEPA O ÁREA DE PROTECCIÓN De INCENDIOS.

El artículo 5 (Determinaciones relativas la implantación de nuevas edificaciones y usos en determinados terrenos), apartado 2 de la NTC establece: “2. Respecto de las viviendas existentes en estos terrenos a la entrada en vigor de la presente norma territorial, no se permiten su ampliación ni cambio de uso. “

El artículo 5 NTC se predica de los siguientes terrenos:

a) los incluidos en la Red Natura 2000,

b) los calificados como Suelo Rústico Protegido Área Rural de Interés Paisajístico (SRP-ARIP) y, al mismo tiempo, incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRP-APR) de Incendio delimitadas en el plano 3 (Áreas de prevención de riesgos) del vigente Plan Territorial Insular.

c) los calificados por el vigente Plan Territorial Insular o por los instrumentos de planeamiento adaptados al mismo como Suelo Rústico Común Forestal (SRC-F).

En aquellos lugares, que se consideran dignos de conservación, no se permite ubicar nuevas viviendas.

Y esta posibilidad se encuentra permitida por el artículo 9 de la LOT que establece que entre las determinaciones de ámbito supramunicipal que necesariamente tiene que contener todo PTI figura: …/…d) Señalización de los espacios naturales o de las áreas de protección de construcciones o de lugares de interés historico-artístico con indicación de las medidas protectoras que deban adoptarse.” y artículo 21 DOT que establece que los instrumentos de ordenación territorial y los instrumentos de planeamiento general deberán regular el suelo rústico y sus usos y actividades con sujeción a la matriz de ordenación del suelo rústico y sus definiciones del anexo I de esta Ley; a la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, y a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias; asimismo, establecerán las normas urbanísticas y de integración paisajística y ambiental de ámbito supramunicipal, de acuerdo con los siguientes criterios: “.../... 4. Para las áreas de prevención de riesgos (APR) de desprendimientos, de erosión, de incendios o de inundaciones, establecer las condiciones y limitaciones de desarrollo de los usos y de las actividades en función del nivel de riesgo; determinar las acciones de protección y de previsiones de las infraestructuras, siguiendo los criterios de la Administración Pública competente, así como promover las acciones que eviten estos riesgos.../...”

Y respecto de las viviendas existentes no se permite su ampliación ni el cambio de uso. Esta última previsión es coherente con no permitir las nuevas viviendas. Si no se permiten  nuevas, tampoco se permite la ampliación de las existentes y habría que añadir los cambios de usos (por ejemplo a turístico -cómo después se dirá-), al igual que la zona 1 del vigente PTI.

Éste ha sido el criterio adoptado por la sala de lo contencioso administrativo del TSJ de las Illes Balears, y puede citarse como ejemplo la sentencia núm. 889/2011, de 22 de noviembre de 2011 (Rollo Sala núm. 105/2011) -Id Cendoj: 07040330012011100873-:

".../...La pretendida ampliación de superficie que permite la DT 2ª-2 de la LSR que permitirían las NNSS de Manacor no adaptadas a las DOT no es aplicable porque como muy bien indica la arquitecta que emitió el peritaje en el ramo de prueba de la parte codemandada, si el uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico ANEI está prohibido por las DOT, el parámetro de superficie construible aplicable resulta inexistente."

No obstante lo anterior, también es cierto que lo que pretende la NTC es que no se incremente la presión edificatoria en aquellos lugares, así como que no aparezcan nuevos usos que fomenten o incrementen la presión sobre aquellos espacios (ya sea con construcciones o con gran afluencia de vehículos y/o personas), por lo que, el cambio de uso que quiere impedir la NTC es cualquier uso que pueda incrementar aquella presión, como lo son las actividades turísticas.

En este sentido, se considera adecuado clarificar el apartado 2 del artículo 5 NTC, cuando dice “2. Respecto de las viviendas existentes en estos terrenos a la entrada en vigor de la presente norma territorial, no se permiten su ampliación ni cambio de uso.”, por la frase “Respecto de las viviendas existentes en estos terrenos a la entrada en vigor de la presente norma territorial, no se permiten su ampliación ni su cambio de uso a actividades turísticas”.  

Se manifiesta por las personas alegantes:“La norma ha prohibido que se construya nueva vivienda en cualquier suelo forestal, lic, zepa, o APR-I; pero lo que no se ha dicho es que quien tiene una casa LEGAL en dichos suelos, que son muchos, y ha cumplido con todos sus deberes ahora tampoco podrá solicitar una licencia para ampliar una habitación más o un lavadero porque las ampliaciones y reformas integrales quedan prohibidas.

De todos es conocido cómo han ido creciendo las casas ibicencas, cuando la familia tiene la fortuna de crecer. ¿Dónde van a vivir los nuevos miembros de una familia si tienen la desgracia de vivir en una de las muchísimas casas LEGALES que ustedes han dejado como ILEGALES de facto?

Ante estas manifestaciones hay que decir que las viviendas legales existentes en aquellos lugares NO quedan ilegales por las previsiones de este artículo, y tampoco ilegales “de facto” como dicen.

Así, ni siquiera se puede hablar de ilegalidad sobrevenida cuando cambia un planeamiento respeto de usos y actividades implantados legalmente conforme al planeamiento anterior que no se ajustan al posterior.

De hecho no quedan en situación de fuera de ordenación conforme el artículo 68.2 LOUS, sino en situación de inadecuados.

Y en este sentido, debe decirse que el régimen jurídico de las edificaciones fuera de ordenación es más limitado que el régimen jurídico de las edificaciones disconformes o inadecuadas. Así, si es que no fueran indemnizables -y no lo son- las situaciones de fuera de ordenación, como veremos, es tan lógico como jurídico que las situaciones de disconformidad o inadecuación tampoco lo sean.

Así, el artículo 48 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, establece: “.../...Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha situación durante su vida útil.”

Efectivamente, la potestad de planificar -como función pública indisponible- va provocando cambios en los planes y no se puede pretender que una ordenación se mantenga inalterada en el tiempo “sine die”.

Referente a ello y a todos los efectos, debemos partir de una primera afirmación, según la cual, la Administración disfruta de cierta discrecionalidad a la hora de planificar, gracias a las prerrogativas que le confiere la normativa. De esta forma, la única condición que, en principio, se le va a exigir a la Administración será la de motivar de forma suficiente y adecuada las decisiones que tome en relación con la planificación establecida.

Esta facultad o potestad de la administración, tiene su razón de ser en la propia finalidad del planeamiento, la cual no es otra que dar respuesta a las necesidades sociales que van surgiendo a lo largo del tiempo, de lo que se deriva que los instrumentos de planeamiento no sean documentos estáticos, sino todo lo contrario, documentos dinámicos que sean capaces de dar respuesta razonable y de forma eficaz a las nuevas necesidades que el propio devenir hagan imprescindibles.

En esta materia, se ha afirmado con reiteración que la naturaleza normativa del planeamiento y la necesidad de adaptarlo a las exigencias cambiantes del interés público, justifican plenamente el "ius variandi" que en este ámbito se reconoce a la Administración.

Sin embargo, esta potestad de innovación del planeamiento debe ponerse en relación directa con las exigencias del interés público, actuando para ello discrecionalmente, no arbitrariamente, y siempre con observación de los principios contenidos en el artículo 103 de la Constitución.

Así es habitual que los planeamientos se modifiquen y por razones obvias, existirán construcciones edificadas de acuerdo con el anterior plan que se modifica o se sustituye y por este motivo estas edificaciones no quedan ilegales. 

Y en el ámbito urbanístico, el artículo 68.1 de la LOUS, establece:

“Artículo 68

Efectos del planeamiento urbanístico sobre las construcciones y los usos preexistentes

1. Las construcciones y edificaciones implantadas legalmente de acuerdo con un planeamiento urbanístico derogado o sustituido que no esté previsto en el planeamiento urbanístico en vigor que deban ser objeto de expropiación, cesión obligatoria y gratuita o derribo y que no se ajusten a las determinaciones del nuevo planeamiento vigente, quedarán en situación de inadecuación. El nuevo planeamiento establecerá las normas urbanísticas aplicables a los elementos que queden en esta situación y las actuaciones autorizables. En todo caso serán autorizables obras de higiene, seguridad, salubridad, reforma y consolidación, rehabilitación, modernización o mejora de las condiciones estéticas y de funcionalidad, así como las necesarias para el cumplimiento de las normas de prevención de incendios, instalaciones de infraestructuras propias de la edificación, instalaciones para el cumplimiento del Código técnico de la edificación y las de adaptación a la normativa sobre supresión de barreras arquitectónicas.”

En el ámbito del suelo rústico, el artículo 19.3 LSR establece:

“3. Son usos prohibidos aquellos en relación con los cuales no es posible autorizar ninguna actividad, dado que la incidencia de las actuaciones que se vinculan a los mismos es incompatible con la protección del suelo rústico. No obstante lo anterior, y excepto cuando así se indique de forma expresa, la prohibición de un uso no implica el cese de los ya existentes ni la prohibición de actuaciones tendentes recuperar, mantener o mejorar las edificaciones e instalaciones realizadas sin infracción de la normativa vigente a la fecha de su implantación.”

Por lo que, en aquellos lugares, además de poder seguir igual el uso que se tenía, se pueden llevar a cabo en las viviendas legales existentes, las actuaciones previstas en este artículo 19.3 LSR.

- EN CUANTO A QUE SE HACE IMPOSIBLE SEGUIR VIVIENDO EN LAS FINCAS RÚSTICAS A LOS DESCENDENTES.

Se dice: “La NTC permite que las segregaciones de la finca para los descendientes sean edificables. Parecería que esta excepción beneficia a los propietarios que hereden una parte de la propiedad familiar que podrán construir una vivienda, pero la realidad es muy distinta.

Pagar los impuestos y gastos de aceptar la herencia o financiar la construcción de una vivienda en la  propiedad heredada puede hacer necesaria la obtención de financiación de una entidad bancaria.

Teniendo en cuenta que la propiedad que reciban los herederos se verá limitada al no poder transmitirla en el plazo de quince años, su valor queda muy disminuido, siendo muy difícil que una entidad bancaria conceda una hipoteca en esas condiciones.

La consecuencia, una vez más, es que la NTC sólo premia y protege a quienes tienen recursos, a los ricos, que no necesitan financiación como ocurre a la mayoría de las familias.

Por tanto, incluso esta excepción que podría ser positiva, en la práctica es totalmente inútil por la pérdida de valor de la propiedad transmitida como consecuencia de las limitaciones impuestas a la misma.”

La Norma 16.7 del PTI vigente ya disponía desde el año 2005:

“7 Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de esta Norma no será de aplicación cuando, cumpliéndose lo exigido en la Norma 15, se trate de fincas registrales resultantes de la división, segregación y fragmentación -efectuadas por una sola vez- practicadas en documento público en virtud de actos dispositivos derivados de testamentos o pactos sucesorios o que sean necesarios para llevar a cabo la partición de los bienes por razón hereditaria o para proceder al pago de la legítima, o cuando se trate de donaciones de padres a hijos, en los términos que el artículo 14 bis de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears establece y siempre que el número de fincas derivadas de ésta operaciones no supere el número de hijos del donante.”

Por lo que, de existir aquel problema apuntado en la alegación, éste ya existiría desde el año 2005, no constando ninguna alegación de que se modificara -por parte de nadie- en los más de 11 años de vigencia del PTI en este sentido.

- EN CUANTO A QUE LA LIMITACIÓN IMPUESTA A LA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR IMPIDE El USO AGRÍCOLA DE LAS FINCAS TANTO PROFESIONAL COMO RECREATIVO.

El artículo 3 de la NTC establece:

“Artículo 3. Determinaciones relativas a las condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico.

A las edificaciones destinadas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico, incluidos los anexos, les resultarán de aplicación los siguientes parámetros según las categorías  recogidas en el vigente Plan Territorial Insular o en el planeamiento urbanístico adaptado a este instrumento, y que el planeamiento general podrá fijar más restrictivamente:

a) Superficie construible máxima:

En Suelo Rústico Protegido Área Rural de Interés Paisajístico -SRP-ARIP- y Suelo Rústico Común Forestal -SRC-F- 0,0084 m2/m2 y al resto de categorías de suelo rústico 0,014 m2/m2.

b) Porcentaje máximo de ocupación de parcela:

En SRP-ARIP y SRC-F 1,2 % y al resto de categorías de suelo rústico 2 %.

c) Volumen máximo del conjunto de las edificaciones: 900 m3.”

Como se recoge en la memoria justificativa de la NTC:

“Así, en primer lugar, se quiere llevar a cabo una reducción de las condiciones de edificación de las viviendas en suelo rústico, con el objetivo de reducir la presión edificatoria y la especulación existente sobre el suelo rústico y mitigar el impacto que las viviendas de grandes proporciones  provocan.

En efecto, la combinación de un marco jurídico muy flexible -único en Baleares- que permite, por un lado, la construcción de viviendas de grandes dimensiones en el suelo rústico, previa segregación de las fincas si procede, y, de otra, que estas viviendas se destinen a estancias turísticas, con la gran popularidad de la isla de Ibiza como destino turístico internacional, provoca una fuerte atracción de grupos de inversión que construyen viviendas en suelo rústico -donde el uso está permitido- que agotan los parámetros urbanísticos para destinarlos a alojamiento temporal ligado a usos turísticos y no para albergar y/o satisfacer las necesidades propias de una familia, tal y como inicialmente prevé la legislación balear del suelo rústico, que admite sólo este uso de vivienda ligado a las la residencia permanente de una familia.

Así, desde el equipo de gobierno se quiere invertir esta tendencia edificatoria y especulativa en el suelo rústico, limitando los parámetros de edificación y ocupación máximos actualmente establecidos en cuanto a las viviendas a edificar en el suelo rústico para adecuarlos a la finalidad que realmente deberían tener y así intentar disuadir su construcción para dedicarlas al uso turístico.”

Dicen las personas alegantes:

“Uno de los objetivos se propone la NTC es evitar las "mansiones" en el campo. Por este motivo se dice que la máxima edificabilidad que tendrá una finca con independencia de los metros cuadrados que tenga será de 300 m2, incluyendo aquí tanto la vivienda como garaje, almacenes, corrales, terrazas, safareig o piscinas.

Leída la norma no razona en ningún lugar por qué la edificabilidad queda capada a 210 m2 en el caso de una parcela de 15.000 m2 en suelo rústico común, por ejemplo.

Quien haya pisado el campo alguna vez, y no viva sólo en la ciudad, sabrá perfectamente que el programa de una vivienda en suelo rústico necesita una edificabilidad más elevada que un piso en suelo urbano, que además se mide en superficie útil y no en superficie construida. En otras palabras, una vivienda en rústico de superficie construida de 210 m2, tiene una superficie útil, a efectos urbanos, aún menor por la anchura de las paredes. La mayoría de las viviendas payesas y edificaciones complementarias (corrales, almacenes, etc) superan con mucho esta superficie…/…”

Los parámetros que prevé la NTC sólo se refieren al uso de vivienda unifamiliar aislada (incluidos los anexos que prevé la Norma 10.3 del PTI), por lo que, se podría en este artículo 3 (Determinaciones relativas a las condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico) de la Norma cuando dice “incluidos los anexos”, añadir la expresión “destinados a este uso”, para aclarar que se trata de los anexos destinados a este uso de vivienda.

Así, de existir en la parcela otras edificaciones no destinadas al uso vivienda unifamiliar aislada (tales como: corrales, almacenes, albercas, etc), las mismas se encuentran reguladas a su normativa específica que es la agraria, derivado del artículo 21 LSR en relación con el Título IV de la LSR y la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, Agraria de las Illes Balears (BOIB núm. 175, de 23 de diciembre de 2014).

En el informe técnico y jurídico que obra en el expediente de la NTC, de día 16 de noviembre de 2016, consta:

“1.- En cuanto a las condiciones de la edificación

1.1.- Marco vigente en las Islas Baleares

El vigente artículo 28 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, reguladora del suelo rústico de las Illes Balears (LSR), prevé unas condiciones de edificación para las edificaciones e instalaciones en suelo rústico con carácter de normas de mínimos, puesto que pueden ser reguladas de forma más restrictiva por la ordenación territorial o urbanística de las Illes Balears.

Este artículo 28 de la LSR dispone:

“Artículo 28. Condiciones de la edificación.

La regulación de las condiciones de la edificación que la ordenación establezca deberá, al menos, definir:

1. La superficie máxima construible, que no podrá superar los porcentajes de la superficie de la parcela que a continuación se señalan, expresados en metros cuadrados de techo:

a) En las islas de Mallorca y de Menorca: El 3 por 100.

b) En las islas de Ibiza y de Formentera: El 4 por 100.

2. El porcentaje máximo de la parcela que podrá ocuparse por la edificación y el resto de elementos constructivos, que deberá ser inferior:

a) En las islas de Mallorca y de Menorca: Al 4 por 100.

b) En las islas de Ibiza y de Formentera: Al 5 por 100.

3. La altura máxima de los edificios, que no podrá superar las dos plantas de altura y los ocho metros desde el nivel de la planta baja hasta el remate de la cubierta.

4. El volumen máximo construible en cada edificio, que no podrá superar los 1.500 metros cúbicos, así como la separación mínima entre edificios, que deberá ser lo suficientemente amplia como para que se singularice el impacto de cada uno.

5. Las características tipológicas de los edificios, según las propias de cada zona, definiendo al menos condiciones de volumetría, tratamiento de fachadas, morfología y tamaño de huecos y soluciones de cubierta.

6. Las características estéticas y constructivas de los edificios, instalaciones y construcciones determinando los materiales y acabados admitidos.”

Este precepto prevé una superficie máxima construible del 3% en las islas de Mallorca y Menorca y del 4% en las islas de Eivissa y Formentera. Y, así mismo, un porcentaje máximo de la parcela que se podrá ocupar por la edificación y el resto de elementos constructivos del 4% en las islas de Mallorca y Menorca y del 5% en las islas de Eivissa y Formentera.

En la regulación de las condiciones de edificación esta Ley del suelo rústico trata de forma diferente los territorios insulares, posibilitando un mayor aprovechamiento urbanístico en el suelo rústico de las islas menores y, por lo tanto, más frágiles, des de un punto de vista territorial y ambiental. Así, no se da en esta ley una proporcionalidad entre una mayor dimensión de la isla y un mayor aprovechamiento urbanístico, sino que, contrariamente, se prevé -de forma injustificada- un mayor aprovechamiento urbanístico para las islas que son menores -Ibiza y Formentera-.

Esta situación fue parcialmente corregida por el PTI de Ibiza y Formentera de 2005, al prever en la Norma 10, “Condiciones específicas del uso de vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico”, en relación exclusivamente al uso de vivienda, un régimen más restrictivo que el regulado en la Ley del suelo rústico para las condiciones de las edificaciones en suelo rústico (que incluye el uso de vivienda y otros usos que pueda haber en la finca). Así, el apartado 4 de la Norma 10 del PTI dispone:

“4 Resultarán de aplicación a las edificaciones destinadas a este uso, incluidos los anexos, los siguientes parámetros que el planeamiento general podrá fijar más restrictivamente:

a. Separación de límites de parcela: 10 metros mínimo.

b. Superficie construible máxima: En SRP-ANEI: 0.0084 m2/m2 en la isla de Eivissa y 0.012 m2/m2 en la isla de Formentera; en SRP-ARIP y SRC-F: 0.0168 m2/m2; en el resto de categorías de suelo rústico: 0.028 m2/m2 en la isla de Eivissa y de 0.03 m2/m2 en la isla de Formentera.

c. Porcentaje máximo de ocupación de parcela: En SRP-ANEI: 1.2 % en la isla de Eivissa y 1.7 % en la isla de Formentera; en SRP-ARIP y SRC-F: 2.4 %; en el resto de categorías de suelo rústico: 4 % en la isla de Eivissa y 4.29 % en la isla de Formentera

d. El volumen máximo por edificio es de 1.500 m3,  debiendo la disposición y características de los anexos singularizar su impacto, tal y como establece el artículo 28.4 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, de Suelo Rústico de las Illes Balears.

Según esta regulación, la superficie máxima construible y la ocupación máxima de la parcela son unos porcentajes que varían en función de la categoría de suelo rústico, con el límite del volumen máximo por edificio de 1.500 m3 en todos los casos, de la siguiente manera para la isla de Eivissa:

a)  En SRP-ANEI, la superficie máxima construible es del 0,0084 m2/m2 y la ocupación máxima de la parcela es del 1,2%. No obstante, esta regulación ha quedado sin efecto en virtud del artículo 2 del Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística (BOIB núm. 6, de 13 de enero), que ha modificado el anexo 1 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial y de medidas tributarias (matriz del suelo rústico), de forma que el uso de vivienda ha quedado prohibido según esta matriz.

b)  En SRP-ARIP y SRF, estos porcentajes son de 0,0168 m2/m2 (superficie máxima construible) y 2,4 % (ocupación de la parcela).

c)  Y el resto de categorías de suelo rústico, o sea, en Suelo Rústico Común (SRC), estos porcentajes son de 0,028 m2/m2 (superficie máxima construible) y 4% (ocupación de la parcela).

Con la regulación prevista hasta ahora en el PTI, sobre una parcela 25.000 m2 en ARIP o en Suelo Rústico Forestal (la parcela mínima para estas calificaciones), se puede construir una vivienda de 420 m2, incluidos los anexos, que puede ocupar hasta 600 metros cuadrados de la parcela.

Y sobre la parcela mínima de Suelo Rústico Común, se puede edificar igualmente una vivienda de 420 m2, incluidos los anexos, con la misma ocupación de la parcela, 600 m2, señalada anteriormente.

Y si tenemos el doble de la parcela mínima exigible, en ARIP y Suelo Rústico Forestal, con la regulación actual se podría llegar hasta 840 m2 de superficie máxima construible, pero como se tendría que cumplir con el límite de los 1.500 m3 por edificio, la edificación principal destinada a vivienda podría llegar a tener unos 530 m2 de superficie construida y se podrían construir anexos de hasta 106 m2 (20% de la superficie de la vivienda, según la regulación vigente contenida en el PTI), con una ocupación de la parcela de hasta 1.200 m2.  

Así mismo, con el doble de la parcela mínima exigible en Suelo Rústico Común, 30.000 m2, se podría llegar a las mismas cifras que si contáramos con el doble de la parcela exigible en SRP-ARIP y SRC-F: hasta 840 m2 de superficie máxima construible, pero como se tendría que cumplir con el límite de los 1.500 m3 por edificio, la edificación principal destinada a vivienda podría llegar a tener unos 530 m2 de superficie construida y se podrían construir anexos de 106 m2 (20% de la superficie de la vivienda) con una ocupación de la parcela de hasta 1.200 m2.  

En resumen, con la regulación actual prevista en el PTI, el máximo aprovechamiento para el uso de vivienda que podrían tener las parcelas seria de:

·      Sobre parcela mínima, de 25.000 m2, en ARIP y SRF y sobre parcela mínima de 15.000 en SRC: vivienda de unos 420 m2 de superficie construida, incluidos los anexos, que puede ocupar hasta 600 metros cuadrados de la parcela.

·      Sobre el doble de la parcela mínima en SRP-ARIP y SRF (50.000 m2) y SRC (30.000 m2): 530 m2 de superficie construida destinada a vivienda y se podrían construir anexos de 106 m2, con una ocupación de la parcela de hasta 1.200 m2. 

1.2.- Propuesta de modificación  

El primer objetivo señalado por el equipo de gobierno consiste en que se:

“Reduzcan significativamente las condiciones de edificación de las viviendas en suelo rústico (los porcentajes de superficie máxima construible, ocupación de la parcela y volumen máximo previstos en el vigente PTI). Así, las condiciones de edificación previstas hasta ahora en el PTI para el suelo rústico protegido ANEI tendrían que trasladarse a las zonas calificadas por el PTI como suelo rústico protegido ARIP y SRC-Forestal y en el resto de suelo del PTI-SRC de régimen general y SRC Área de Transición- tendrían que reducirse estas condiciones de edificación de forma proporcional. El volumen máximo de las edificaciones destinadas al uso de vivienda tendría que reducirse en todas las categorías de suelo rústico hasta 900 m3”.

Según las conclusiones del "Informe de evolución de la familia en Baleares", elaborado en 2013 por el Instituto de Política Familiar en Baleares, a partir de los datos del lnstituto Nacional de Estadística, se acentúa el vaciamiento de los hogares de Baleares, que ya tienen de media menos de tres miembros, de forma que en el periodo comprendido entre 1991 y 2010 los hogares han perdido un miembro, pasando de ser de casi cuatro personas (3,21) a estar por bajo  de los tres miembros (2,6).

Así pues, el tamaño de los hogares en Baleares se ha reducido considerablemente en el periodo comprendido entre 1991-2010, de forma que los hogares de un solo miembro representan el 14,5%; de dos miembros, el 29,7%; de tres miembros, el 26,9%; de cuatro miembros, el 20,6 y de 5 o más miembros, el 8,4 %.  O sea, que, según este estudio, el 71% de los hogares de Baleares cuentan con tres o menos miembros.           

Así mismo, segundo datos del propio Instituto Nacional de Estadística, el tamaño medio del hogar en las Illes Balears en 2015 es de 2,53 personas.

Por otro lado, la normativa turística -especialmente la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears- ha posibilitado la comercialización en el suelo rústico de las estancias turísticas en viviendas mediante las llamadas "empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas" y este marco legal ha favorecido la progresiva sustitución del uso residencial unifamiliar permanente -inicialmente previsto para las viviendas unifamiliares construidas en suelo rústico, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 6/1997, del suelo rústico de las Illes Balears - por un uso residencial turístico, ligado a las estancias turísticas durante la temporada turística.

Los últimos datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) que publica el Instituto Balear de Estadística (Ibestat) sobre dónde se han alojado esta temporada de 2016 los turistas de Ibiza y Formentera pone de manifiesto que el 34,7% de los visitantes han escogido para su estancia casas y pisos de todo tipo, al margen de los establecimientos tradicionales- hoteles y apartamentos-. Una parte de este porcentaje se aloja en el suelo rústico, en las viviendas existentes o construidas para el uso de vivienda unifamiliar, que es el único uso residencial que -si no se encuentra prohibido por la legislación o los instrumentos de ordenación territorial o urbanística- permite, con las condiciones que señale la normativa aplicable, la legislación balear del suelo rústico (artes. 19 y 25 de la Ley 6/1997, del suelo rústico de las Illes Balears).

Además, de los archivos del Departamento de Territorio se deriva que del total de viviendas informadas favorablemente por la Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Historico artístico (CIOTUPHA) en los últimos cinco años, un 21,60% corresponde a viviendas de hasta 200 m2 de superficie; un 15,39% a viviendas de entre 200 m2 y 300 m2; un 13,90% a las viviendas de entre 301 y 400 m2 y un 49,11% a los de más de 400 m2.

Es decir, que alrededor del 60% de las viviendas informadas favorablemente por la CIOTUPHA en los últimos 5 años cuentan con una superficie superior a los 300 m2.

Observamos, pues, que mientras se incrementa el tamaño de las viviendas y se transforma su uso, pasando de ser el uso tradicional residencial permanente de una familia a un uso turístico, se reduce el tamaño medio de las familias, con lo que está claro que el aumento de las dimensiones de las viviendas no obedece a las necesidades residenciales de las familias que viven en el campo de forma permanente.    

En definitiva, el mayor tamaño de las viviendas (un 60% de los informados favorablemente en los últimos 5 años cuentan con más de 300 m2) no parece que responda a las necesidades de las familias residentes en el campo.

Con el objetivo señalado por el equipo de gobierno de reducción del volumen máximo de las edificaciones destinadas a vivienda hasta 900 m3, se busca reducir los efectos que provoca la aplicación del apartado 4 d) de la Norma 10 del PTI, con la misma redacción que el artículo 28.4 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del suelo rústico de las Illes Balears, que al permitir un volumen máximo construible en cada edificio de hasta los 1.500 m3 posibilita la construcción de edificaciones -generalmente relativas al uso de vivienda- de hasta unos 530 m2, de una dimensión impropia del uso de vivienda unifamiliar en el suelo rústico y que causa un notorio impacto paisajístico.

De esta forma, la vivienda no podría contar nunca con más de unos 320 m2 de superficie, lo que implica un menor impacto visual sobre el territorio que una vivienda de 530 m2.

Atendiendo a los objetivos señalados por el equipo de gobierno, al mismo tiempo, se quieren reducir los porcentajes de superficie máxima construible y ocupación previstos actualmente en el PTI, de forma que se propicie la generación de fincas con una superficie superior a la mínima, de la siguiente manera:

·      Trasladando a SRP-ARIP y SRC-SRF los mismos porcentajes (0,0084 m2/m2, de superficie máxima construible y 1,2 %, de ocupación) previstos hasta ahora en el PTI para las ANEIs.

·      Reduciendo en la misma proporción estos porcentajes en el resto de suelo rústico, quedando el SRC del PTI con un porcentaje de superficie máxima construible de 0,014 m2/m2 y de ocupación de la parcela del 2%.

De esta manera, si se dispone de la parcela mínima, tanto en SRP-ARIP y SRC-F (25.000 m2), como en SRC (15.000 m2), la superficie máxima construible de la vivienda unifamiliar, incluidos anexos, sería de 210 m2 y la ocupación máxima de la parcela, de 300 m2. Y si se cuenta con el doble de estas superficies (50.000m2, en SRP-ARIP y SRC-F y 30.000 m2, en SRC) la superficie máxima construible de la vivienda unifamiliar podría llegar hasta unos 320 m2, incluidos los anexos, y la ocupación máxima de la parcela hasta 600 metros cuadrados.

Estas superficies permiten cubrir sobradamente las necesidades del programa de una vivienda unifamiliar y, a la vez, suponen una contención de las posibilidades edificatorias del suelo rústico para lograr el objetivo -señalado en la legislación vigente- de una utilización racional y sostenible del suelo rústico.

La redacción de la Norma Territorial cautelar previa a la tramitación del PTI podría quedar de la siguiente manera:

"A las edificaciones destinadas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico, incluidos los anexos, les resultarán de aplicación los siguientes parámetros según las categorías  recogidas en el vigente Plan Territorial Insular o en el planeamiento urbanístico adaptado a este instrumento, y que el planeamiento general podrá fijar más restrictivamente:

a) Superficie construible máxima:

En Suelo Rústico Protegido Área Rural de Interés Paisajístico -SRP-ARIP- y Suelo Rústico Común Forestal -SRC-F- 0,0084 m2/m2 y al resto de categorías de suelo rústico 0,014 m2/m2.

b) Porcentaje máximo de ocupación de parcela:

En SRP-ARIP y SRC-F 1,2 % y al resto de categorías de suelo rústico 2 %.

c) Volumen máximo del conjunto de las edificaciones: 900 m3.”

- EN CUANTO A QUE NO SE HA TENIDO EN CUENTA A NADIE PARA APROBAR ESTA NORMA.

No hay que confundir el derecho a participar, que se materializa mediante el trámite de información pública conferido, con el hecho que se tengan que estimar las alegaciones formuladas relativas a que no se adopten las medidas previstas en la NTC tendentes a la preservación del suelo rústico.  

Véase contestación a MODELO 1, apartado “-EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NTC.”

-EN CUANTO A QUE LOS PROPIETARIOS DEL CAMPO NO TIENEN LA CULPA DE LA SUPUESTA "MASIFICACIÓN” DE LA ISLA.

Del expediente de la NTC no se desprende ninguna culpa de los propietarios del suelo rústico de la “masificación turística” (sic.) a la que se refieren las personas alegantes.

Dice el artículo 3 LSR:

“Artículo 3. Destino.

1. El suelo rústico no podrá destinarse a otras actividades que las relacionadas con el uso y la explotación racional de los recursos naturales y la ejecución, el uso y el mantenimiento de infraestructuras públicas.

2. Ello no obstante, podrán autorizarse, en determinadas condiciones, actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar o declaradas de interés general, que habrán de desarrollarse, en su caso, en edificios o instalaciones de carácter aislado.”

Por su parte, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 13 (Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural: facultades) del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en el suelo en situación rural del artículo 21.2.a) las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

En cambio, lo que sí se desprende del expediente de la NTC es que el suelo rústico, donde la explotación de los recursos naturales es el destino propio del suelo rústico, ex artículo 3 LSR y artículo 13 del Real decreto Legislativo 7/2015, se encuentra sometido a una presión edificatoria impropia de este tipo de suelo, motivada entre otros, para destinar en suelo rústico gran parte de las viviendas unifamiliares a una finalidad turística.

- EN CUANTO A QUE EL CAMPO TIENE QUE SER VIABLE PARA ESTAR CONSERVADO, NO ES UN JARDÍN DECORATIVO PARA QUIEN LO VISITA.

Dice el artículo 6 NTC:

“Artículo 6. Medidas de integración paisajística y ambiental relativas a la recuperación y conservación de la finca.

1. La solicitud de construcción de nuevas edificaciones en suelo rústico, con independencia de su uso, deberá incluir proyecto técnico que recoja todas las medidas de integración paisajística y ambiental que deben llevarse a cabo en la totalidad de la finca, en función de sus características, tendentes a:

a) Recuperar y mantener la totalidad de los terrenos en buen estado según sus características naturales (mantener la masa boscosa en condiciones que minimicen la extensión de incendios forestales y de forma que no perjudiquen las especies protegidas que se hayan de preservar y, en zonas agrícolas, el mantenimiento de los cultivos tradicionales y de las plantaciones de frutales o bien, el mantenimiento de la explotación agraria existente).

b) Recuperar y mantener todos los elementos de valor etnográfico o cultural existentes en la finca (bancales, paredes, otros elementos de piedra seca...).

c) Eliminar los elementos tales como vallados, muros etc..., construidos sin seguir los sistemas y materiales tradicionales de Eivissa.

d) Reducir el impacto de la edificación sobre el cielo nocturno, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente en materia de contaminación lumínica.

2. No se podrá otorgar el certificado final de obra municipal de la edificación sin verificar el cumplimiento de estas medidas de integración paisajística y ambiental.”

Dicen las personas alegantes: “La norma impone infinidad de obligaciones a los que viven en el campo: todo lo nuevo tiene que ser construido siguiendo las técnicas tradicionales (¿qué es eso?), y los materiales de siempre. Y las construcciones, todo tipo, que sean anteriores también se verán afectadas y deberán adaptarse a dicha norma. Todo ello suena fantástico, pero permítanme preguntar ¿de verdad creen que es viable mantener una explotación agraria obligando a los payeses a construirlo todo de piedra y con las técnicas tradicionales sin un programa ambicioso y enorme de subvenciones?

Desgraciadamente tienen la demostración de que ustedes viven en el mundo de las ideas, y no tocan la realidad del campo con la desgracia acontecida con la torre caída en Sant Llorenç. Antes de imponer más deberes a los ciudadanos del campo, trabajen para que las ayudas se multipliquen exponencialmente y, sobretodo, que sean prácticas para que las podamos solicitar sin tener que presentar mil documentos.”

Se coincide con las personas alegantes que el campo no es un jardín para contemplar por parte de los visitantes.

Lo que pretende la NTC es, entre otros, proteger el paisaje rural preexistente y el patrimonio etnológico existente sobre las parcelas, eliminando asimismo elementos constructivos ajenos al suelo rústico tradicional de la isla.

Parte de estas medidas ya se prevén en el PTI vigente, y la NTC implementa nuevas.

En el informe técnico y jurídico que obra en el expediente de la NTC, de día 16 de noviembre de 2016, consta:

“4.- En cuanto a las medidas de integración paisajística y ambiental

4.1.- Relativas a la recuperación y conservación de la finca.

4.1.1.- Marco vigente.

La vigente Norma 18 del PTI, relativa a “Condiciones generales de integración de las edificaciones en suelo rústico” ya recoge una serie de medidas de integración paisajística y ambiental tendentes a minimizar el impacto de la edificación sobre el entorno y, al tiempo, a la recuperación y conservación de la finca donde se implanta la nueva vivienda.

En cuanto a las segundas medidas, las relativas a la recuperación y conservación de los terrenos, prevé la Norma 18 del PTI:

“.../...La autorización de la edificación conllevará la obligación, en zonas forestales, del mantenimiento de la masa boscosa en condiciones que, manteniendo su tipología y estado natural, minimicen la extensión de incendios forestales y, en zonas agrícolas, el mantenimiento de los cultivos tradicionales y de las plantaciones de frutales debiéndose evitar la ocupación por el bosque de las zonas de uso agrícola.

c. La autorización de la edificación conllevará, asimismo, la obligación de un adecuado ajardinamiento del entorno próximo de la edificación, preferentemente mediante vegetación autóctona, evitando la introducción de especies invasoras y respetando, en todo caso, los ejemplares arbóreos de valor preexistentes, debiéndose a tal efecto en al menos el 50% de la superficie de la banda de 10 m perimetral a la edificación, mantenerse la vegetación existente si ésta tiene las características adecuadas o prever su ajardinamiento

d. En los casos que se estime procedente, dicha autorización podrá conllevar la obligación del mantenimiento, total o parcial de la explotación agrícola, ganadera o forestal de la finca.

5 A efectos de su adaptación al resto de condiciones:

a. Ninguna construcción o instalación podrá afectar a elementos de valor etnográfico o cultural existentes en la parcela.

b. Deberán mantenerse y reconstruirse los bancales, paredes u otros elementos de piedra que, en su caso, existan en la misma. Dicha obligación afectará:

1 En las parcelas de más de 25.000 m2 a todos los existentes en un radio de 100 metros de la edificación que se pretenda construir.

2 En las parcelas de superficie inferior o igual a 25.000 m2, a la totalidad de los existentes en la misma.

c. Deberá definirse, de acuerdo con la regulación que en la Norma 21 se establece, el trazado y tratamiento de los caminos de acceso a la edificación, de modo que se reduzca al máximo su impacto, así como las características de las infraestructuras de abastecimiento de agua, energía y telecomunicaciones.

d.  Las infraestructuras lineales de abastecimiento de energía y telecomunicaciones a las edificaciones, deberán ser siempre soterradas, salvo los casos de imposibilidad técnica en los que el interés territorial o medioambiental los desaconseje, previo informe favorable de la Consellería de Medio Ambiente. Lo anterior será también de aplicación en los casos de ampliación de potencia igual o mayor al 100% de infraestructuras ya existentes.

e. Las aguas residuales deberán ser conducidas a depuradoras o fosas sépticas con tres compartimentos estancos, que cumplan la normativa vigente y su efluente no podrá ser vertido a pozos negros o zanjas filtrantes negras, debiendo ser eliminado mediante recogida de camiones u otra solución que deberá contar con la autorización de la Dirección General de Recursos Hídricos de la Consellería de Medio Ambiente.

f. El alumbrado de los espacios exteriores será el mínimo necesario, se dispondrá de forma que se minimice la contaminación lumínica y se ajustará al horario de encendido definido para la iluminación ornamental.

g. Caso de existir en la parcela cerramientos contrarios a los autorizados por el PTI, deberán substituirse por éstos “.

Estas condiciones de integración paisajística se recogen en los informes favorables que emite la CIOTUPHA en relación a las nuevas viviendas en suelo rústico o en las declaraciones de interés general. No obstante, en la práctica, los proyectos se limitan a declarar de forma genérica que cumplirán con estas condiciones y no contemplan las concretas medidas que se llevarán a cabo en la finca para cumplirlas. Tampoco se comprueba en la práctica su cumplimiento con carácter previo a la emisión del correspondiente certificado final de obra.

4.1.2.- Propuesta de modificación

De acuerdo con el objetivo señalado por el equipo de gobierno, la forma más efectiva de hacer cumplir estas condiciones es que, junto al proyecto de construcción de las edificaciones en suelo rústico, con independencia de su uso, se incluya proyecto técnico que recoja todas las medidas de integración paisajística y ambiental que deben llevarse a cabo en la totalidad de la finca, en función de sus características, para:

· Recuperar y/o mantener los terrenos en buen estado según sus características naturales (mantener la masa boscosa en condiciones que minimicen la extensión de incendios forestales y de forma compatible con la preservación de las especies vegetales protegidas y, en zonas agrícolas, el mantenimiento de los cultivos tradicionales y de las plantaciones de frutales),

· Recuperar y/o mantener todos los elementos de valor etnográfico o cultural existentes en la finca (feixes, paredes, otros elementos de piedra seca).

· Eliminar elementos constructivos (vallas, muros etc...) ajenos a los tradicionales.

Dado que estas medidas se deberían recoger en un proyecto técnico y presentar junto con la solicitud de licencia, el Ayuntamiento debería verificar su cumplimiento a la hora de emitir el correspondiente certificado final de obra, de forma que se garantizara el cumplimiento de estas condiciones.

Así, la redacción podría quedar de la siguiente manera:

1. La solicitud de construcción de nuevas edificaciones en suelo rústico, con independencia de su uso, deberá incluir proyecto técnico que recoja todas las medidas de integración paisajística y ambiental que deben llevarse a cabo en la totalidad de la finca, en función de sus características, tendentes a:

a) Recuperar y mantener la totalidad de los terrenos en buen estado según sus características naturales (mantener la masa boscosa en condiciones que minimicen la extensión de incendios forestales y de forma que no perjudiquen las especies protegidas que se hayan de preservar y, en zonas agrícolas, el mantenimiento de los cultivos tradicionales y de las plantaciones de frutales o bien, el mantenimiento de la explotación agraria existente).

b) Recuperar y mantener todos los elementos de valor etnográfico o cultural existentes en la finca (bancales, paredes, otros elementos de piedra seca...).

c) Eliminar los elementos tales como vallados, muros etc..., construidos sin seguir los sistemas y materiales tradicionales de Eivissa.

d) Reducir el impacto de la edificación sobre el cielo nocturno, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente en materia de contaminación lumínica.

2. No se podrá otorgar el certificado final de obra municipal de la edificación sin verificar el cumplimiento de estas medidas de integración paisajística y ambiental.”

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar las alegaciones efectuadas en el Modelo 2.

III.- ALEGACIONES MODELO 3 (8 alegaciones)

Alegan:

NULIDAD DEL ACUERDO De INICIO DE LA CONSEJERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y MOVILIDAD DE DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016. NULIDAD DEL ACUERDO De INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PTI POR FALTA DE MOTIVACION. NULIDAD DEL ACUERDO De APROBACIÓN INICIAL DE LA NTC. FRAUDE DE LEY. LA IMPOSIBILIDAD De ADOPTAR UNA REVISIÓN DEL PTI -AUNQUE SEA CAUTELAR- SIN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA REALIDAD. LA REDUCCIÓN DE La EDIFICABILIDAD A LA MITAD ES ARBITRARIA, Y EN IGUAL SENTIDO LA PROHIBICIÓN De AMPLIACIÓN O CAMBIO De USO De VIVIENDAS EXISTENTES. LA PROHIBICIÓN DE CUALQUIER ACTUACIÓN INCLUSO EN VIVIENDAS LEGALES EN SUELO RED NATURA 2000 NO ES CONFORME CON LAS PROPIAS LEYES QUE LA REGULAN. La ARBITRARIEDAD DE LA NORMA RELATIVA A LAS SEGREGACIONES. LAS SUPUESTAS MEDIDAS De INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. NO ES COHERENTE QUE Se INSTE A LOS AYUNTAMIENTOS CON PLANEAMIENTO PARALIZADO A NO SEGUIR CON SU TRAMITACIÓN HASTA QUE LAS MODIFICACIONES DE LEYES SECTORIALES SE VEAN APROBADAS Y A la vez DICTAR MODIFICACIONES DEL PTI. FALTA DE LA MÁS MÍNIMA VOLUNTAD DE CONSENSO TERRITORIAL. INSEGURIDAD JURÍDICA POR LA RETROACTIVIDAD  DE LA NTC (SEGREGACIONES Y EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN).

Piden:

SOLICITO

PRIMERO.- Que tenga por presentado este escrito de alegaciones en tiempo y forma y en su virtud declare la nulidad del acuerdo de inicio del procedimiento de modificación del PTI de fecha 8 de noviembre de 2016 de la Consellera de Territorio y Movilidad por aplicación del artículo 47.1.b) de la ley 39/2015.

SEGUNDO.- Que en consecuencia, igualmente, declare Nula la aprobación inicial de la NTC realizada por el Pleno de 30 de noviembre por incumplir el artículo 17 LOT, con infracción del artículo 47.1.e de la Ley 39/2015.

TERCERO.- Y en cualquier caso, en virtud de todas las Alegaciones expuestas anule y/o retire la NTC aprobada inicialmente con archivo del expediente.

CONTESTACIÓN

- EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DE LA CONSEJERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y MOVILIDAD DE DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016.

-EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PTI POR FALTA DE MOTIVACION.

-EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA NTC.

-EN CUANTO AL FRAUDE DE LEY.

Dicen:

“Por su parte, el artículo 1 de la Ley 2/2001 de 7 de marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de ordenación del territorio atribuye a los Consells Insulars las relativas a " .... la elaboración y aprobación de los planes territoriales insulares" y en el artículo 3.2 señala que "Las facultades incluidas en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 1 debe ejercerlas el pleno del consejo insular". Por tanto la competencia en materia de "elaboración" -y el acto de inicio del procedimiento de modificación del PTI lo es- queda atribuida al Pleno del Consell Insular.

La ley de atribución de competencias en materia de ordenación de territorio es ley posterior a la LOT y los actos de elaboración de los Planes Territoriales insulares se reservan al Pleno de la institución.

Por lo anterior, es nula la provisión de inicio del procedimiento de modificación del PTI acordada por la Consellera de Territorio y Movilidad de 8 de noviembre de 2.016.”

…/…

Dicen:

Pero es que además, dichos 4 objetivos que se desgranan constituyen no una modificación puntual sino una auténtica Revisión global o si se quiere una modificación del PTI tan sustancial que constituye una Revisión.

De hecho la confusión entre la modificación y la Revisión que se afirma que posteriormente se pretende es constante en el Informe Técnico de 16 de noviembre de 2.016 que consta en el expediente y por tanto también en la motivación de la modificación del PTI que se acuerda iniciar.

…/…

Dicen:

Sin embargo, en nuestro caso el acto de iniciación del procedimiento de modificación del PTI es nulo tanto por ser adoptado por órgano manifiestamente incompetente, como por no ser una modificación sino una Revisión y en todo caso por carecer de motivación.

De lo anterior, siendo nulo el acuerdo de iniciación del procedimiento de modificación del PTI, se sigue que no existe que con carácter previo o simultáneamente al acto de aprobación inicial de la NTC por el Pleno del Consell de día 30 de noviembre se haya adoptado por el Consell Insular acto de iniciación correspondiente para la revisión o modificación del Plan Territorial Insular vigente.

.../...

Dicen:

Ya hemos afirmado ut supra que la modificación del PTI acordada no es una modificación sino una REVISIÓN y el cometido de la Norma Territorial Cautelar inicialmente aprobado constituye un auténtico fraude de Ley.

.../...

La Norma Cautelar aprobada inicialmente no trata de asegurar la finalidad de una modificación -en nuestro caso revisión- cuyos trámites aún están en proceso de iniciarse sino que anticipa la totalidad de la "revisión" que se pretende obviando el contenido mínimo de una revisión del PTI, luego por la vía cautelar se impone la finalidad misma por lo que no existe proporcionalidad alguna.

Si lo que se impone en la Norma Cautelar es exactamente lo mismo que los concretos aspectos que se dice se quieren modificar en el PTI se está actuando en fraude de ley pues se está utilizando un "acto administrativo de carácter normativo" (como señala la ST JIB núm. 278/2003 de 31 de marzo) para elaborar una auténtica disposición general ya que la amplitud de la modificación propuesta determina que sea una Revisión global del PTI en sí mismo.

…/…

Es cierto, que una Norma cautelar que contuviera una suspensión de actuaciones, autorizaciones o licencias en su ámbito a los efectos de asegurar el resultado final de la modificación del PTI preservaría dicha finalidad con una afectación más proporcionada y adecuada y todos sabrían que al menos durante el tiempo de vigencia quedarían en suspenso las actuaciones y así no se producirían actos positivos de los particulares en espera de cuál es la modificación final del PTI aprobada.

El problema de la NTC aprobada inicialmente es que impone durante su vigencia que las actuaciones de los particulares, las voluntarias pero igualmente aquellas a las que necesariamente se vieran abocados, deben ajustarse a lo aprobado en la NTC -que es el contenido mismo de la modificación futura que se pretende- y ello si al final la modificación no se aprobara no tiene vuelta atrás.

Se manifiesta por las personas alegantes que la NTC padece de nulidad por incumplimiento de lo establecido en el artículo 17 LOT cuando dice “Simultáneamente o con posterioridad al acto de iniciación del procedimiento de formulación de un instrumento de ordenación territorial, o de revisión o modificación, el órgano competente para dictarlo…/…, y se dice que este “acto” no existe, lo cual, según se manifiesta supone prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.

Al respeto hay que decir que al margen que el artículo 62.1 de la LRJ-PAC (y actualmente artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) es inaplicable en su conjunto a los planes urbanísticos (o territoriales), conforme a una constante y conocida doctrina jurisprudencial, dada la naturaleza normativa que presentan y, por lo tanto, la aplicabilidad para ellos del artículo 62.2 LRJ-PAC (actual artículo 47.2 Ley 39/2015), no cabría en ningún supuesto reconocer un vicio de omisión absoluta del procedimiento de elaboración de la NTC por el hecho de faltar aquel acuerdo de inicio de la modificación, que no falta, siendo calificable este acto como de trámite. Incluso, si no existiera este acto de trámite -cosa que negamos-, su omisión no sería determinante de la nulidad de la norma, al tratarse de un mera irregularidad no invalidante.

Efectivamente, si se revisa el expediente administrativo se constata que sí existe aquel acto de inicio del procedimiento de modificación del PTI, en concreto, la providencia de incoación de la consejera ejecutiva del Departamento de día 8 de noviembre de 2016, donde se recoge expresamente: “.../...Por todo lo anteriormente dicho, se encarga a los servicios técnicos y jurídicos del Departamento: 1.º- Iniciar los trabajos de modificación del vigente Plan Territorial en los aspectos que se señalan en el apartado siguiente,.../...”.

Como se ha dicho en el presente informe, de acuerdo con el ROCI y las normas de autoorganización del Consejo Insular de Eivissa, el dictado de aquel acto corresponde a la titular del Departamento.

Efectivamente, el artículo 72 ROCI establece que:

“Corresponden a los consellers executius y a las conselleras executivas, como jefes de los respectivos departamentos, las atribuciones expresamente conferidas por la Presidencia del Consell Insular …/…:

e) Dictar, en relación con asuntos propios de su departamento, los actos administrativos necesarios, incluidos aquéllos que tengan que tener efecto delante de los administrados, siempre que la competencia a este efecto no resulte legal o reglamentariamente reservada a otro órgano diferente del Consell. De conformidad con esta previsión, puede atribuirse a los consellers executius o conselleras executivas, si es procedente, la competencia para resolver los procedimientos relativos al otorgamiento de las diferentes autorizaciones previstas por la normativa que regula el sector de actividad o materia propia del departamento.”

Y como consta en el Decreto de Presidencia núm. 2015000285 de fecha 6 de julio de 2015, de Estructura del Gobierno del Consejo Insular de Eivissa y creación de Departamentos (BOIB núm. 103, de 10-07-2015), el Departamento de Territorio y Movilidad "Comprende la actividad competencial propia del Consell Insular en relación con las materias de ordenación del territorio, incluido el litoral, urbanismo y cédulas de habitabilidad, control y disciplina urbanística y política del suelo; transporte terrestre, aéreo y marítimo; infraestructuras viarias, servicios técnicos del Consell Insular y cooperación local. Este departamento también gestionará los servicios propios de su ámbito de actuación prestados a los diferentes centros propiedad del Consell Insular, especialmente todo aquello relacionado con los terrenos del antiguo acuartelamiento de sa Coma que no sean competencia de otro órgano.”

Así mismo, consta en el Decreto de Presidencia núm. 287/2015, de determinación de las atribuciones correspondientes a los diferentes órganos del Consell Insular d’Eivissa (BOIB núm. 103, de 10 de julio de 2015):

“PRIMERO.- Atribuciones genéricas de los consejeros ejecutivos.

Además de las atribuciones conferidas por los art. 24 y 72 del Reglamento Orgánico del Consell Insular, cada consejero ejecutivo de la Institución, en el ámbito de sus competencias, tiene las siguientes atribuciones:

.../…

j) Disponer las facultades que dimanen de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sobre ordenación del procedimiento, como la ampliación de plazos para resolver y la aplicación de la tramitación de urgencia. Todo ello en relación con los procedimientos relativos a la actividad administrativa ejercida por el Departamento.

k) Resolver en materias propias del Departamento los expedientes que afecten derechos o intereses particulares o de entidades públicas o privadas que no estén atribuidas a otros órganos.”

Y es más, incluso, el Consejo Ejecutivo del Consejo -en cuanto a las alegaciones que dicen que la consejera ejecutiva no podía dictar aquel acto- en la sesión de día 16 de noviembre de 2016, tal y como se recoge en el certificado del acuerdo, consta:

“Que en la reunión extraordinaria y urgente de fecha 16 de noviembre de 2016 del Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Eivissa, sus miembros acordaron aprobar por unanimidad, la siguiente propuesta, manifestando su conformidad con la modificación del Plan territorial insular (PTI) vigente en los términos previstos en la propuesta, sin perjuicio de la revisión global de este instrumento de ordenación territorial aprobado el año 2005:

“(...)

En definitiva, el inicio del procedimiento -acto de trámite- no es un acto que se deba adoptar por el Pleno del Consejo, a él (al Pleno -órgano competente para aprobar el instrumento de ordenación ex artículo 10.1 b) LOT) es a quien corresponde apreciar motivadamente la necesidad de elaborar una norma territorial cautelar, como así ha hecho.

Así hay que recordar que las personas alegantes identifican -entendemos de forma errónea- el órgano competente para aprobar (inicialmente/definitivamente) el concreto instrumento de ordenación territorial que es el Pleno, con lo establecido en el artículo 17 LOT como el acto de iniciación del concreto procedimiento y a quién corresponde adoptarlo en el seno del Consejo.

Si se siguiera aquella argumentación -que únicamente es el Pleno-, no tendría sentido lo que establece el artículo 10.1.a) LOT para los Planes Territoriales Insulares cuando dice “El procedimiento lo ha de iniciar el órgano que sea competente, de acuerdo con el reglamento orgánico de cada consejo insular”, reservando la aprobación inicial y la definitiva al Pleno del Consejo Insular. Por lo que, no se puede mantener que el acto de inicio de la formulación, modificación o revisión de un Plan Territorial le corresponda sólo al Pleno de la corporación, cuando la LOT no lo exige.

Se ha llegado a afirmar, incluso, que a pesar de que la LOT diga aquello, la Ley posterior, la LCOT del año 2001 establece que la competencia para dictar aquel acto de inicio del procedimiento es plenaria y que esta atribución se contiene en el artículo 3.3 LCOT cuando dice “2. Las facultades incluidas en los números 1, 2, 3 y 4 del artículo 1 las ha de ejercer el pleno del consejo insular.”

Y como sea el número 1 del artículo 1 LCOT dice “1. Las relativas a la elaboración y  aprobación de los planes territoriales insulares”, y el número 4 del artículo 1 dice “4. Las relativas a la elaboración y aprobación de las normas territoriales cautelares que tengan que preceder la formulación, la revisión o la modificación de los instrumentos de ordenación territorial que corresponde aprobar a los consejos insulares.”, concluyen que “elaboración” equivale a que corresponde al Pleno el dictado de aquel acto de inicio del expediente.

La verdad es -sea dicho en términos de defensa- que el argumento, jurídicamente hablando, es más que forzado.

En contra se podría decir que la LOT es ley especial frente a la LCOT o que si esto fuera así, cuando se modificó el artículo 10.1.b) LOT por la Ley 10/2003, de 22 de diciembre, de medidas tributarias y administrativas (BOIB núm. 179 Ext., de 29 de diciembre de 2003) de haberlo querido el legislador, hubiera modificado la letra a) de aquel artículo 10.1 LOT, cosa que no sucedió. Es evidente que al plenario del Consejo Insular le corresponde –al igual que en materia de planeamiento urbanístico municipal- las aprobaciones de la correspondiente disposición de carácter general; no así, el acto por el que se acuerda incoar el expediente tendente a su posterior aprobación.

Así, mantener que “el acto de iniciación del procedimiento” le corresponde al Pleno del Consejo, en contra de la propia literalidad de la LOT que no lo dice y establece literalmente “El procedimiento lo ha de iniciar el órgano que sea competente, de acuerdo con el reglamento orgánico de cada Consejo Insular.”, no es admisible en Derecho.

Así mismo, tampoco se puede mantener que en realidad con la NTC se está ante una REVISIÓN del PTI.

Dice literalmente el apartado 2 del artículo 10 LOT:

“2. Para la revisión de los planes territoriales insulares debe seguirse el mismo procedimiento que para su elaboración. Sin perjuicio de lo que dispone el párrafo anterior, cuando sean modificaciones que no signifiquen reconsiderar el instrumento de ordenación en su globalidad, los plazos de información pública y emisión de informes pueden reducirse a un mes. En estos casos, sólo deberán ser consultadas las administraciones públicas afectadas.”

Asimismo, la revisión, tal y como señala la Jurisprudencia (entre muchas, STS de 17 de abril de 1991) “sabido es que aquélla es una reconsideración integral o total del planeamiento anterior”, que no es el caso, sino una adaptación a la nueva realidad. Mientras que la modificación supone efectuar cambios que no implican un cambio o reconsideración total en la estructura del plan anterior.

En el ejercicio del “ius variandi” se considera adecuado, en estos momentos proceder a la modificación de determinadas cuestiones del PTI, introduciendo medidas adicionales de protección que afectan únicamente al suelo rústico -no una reconsideración global del anterior PTI-.

En este sentido, la STS de 23 de abril de 1998:

“La naturaleza normativa del planeamiento y la necesidad de adaptarlo a las exigencias cambiantes del interés público, justifican plenamente el “ius variandi” que en este ámbito se reconoce a la Administración, y por ello, la revisión o modificación de un instrumento de planeamiento, no puede, en principio, encontrar límite en la ordenación establecida en otro anterior de igual o inferior rango jerárquico. Este “ius variandi” reconocido a la Administración por la legislación urbanística –artículos 47, 48, 49 y 50 de la ley del Suelo de 9 de abril de 1976– se justifica en las exigencias del interés público, actuando para ello discrecionalmente –no arbitrariamente– y siempre con observancia de los principios contenidos en el artículo 103 de la Constitución”.

Y como recoge la STS de 13 de junio de 2011 (RC 4045/2009):

"Con carácter general, la discrecionalidad del planificador, el conocido "ius variandi", no es más que la especie dentro del género de la discrecionalidad administrativa, que se proyecta también sobre otros ámbitos materiales de la actuación administrativa, que no viene al caso especificar. El ejercicio de esta potestad discrecional en el ámbito urbanístico se concreta en la libertad de elección que corresponde al planificador, legalmente atribuida, para establecer, reformar o cambiar la planificación urbanística. Discrecionalidad, por tanto, que nace de la ley y resulta amparada por la misma. Y esto es así porque legalmente ni se anticipa ni se determina el contenido de la decisión urbanística, sino que se confía en el planificador para que adopte la decisión que resulte acorde con el interés general.

En el bien entendido que no estamos sólo ante el ejercicio de una potestad sino también ante un deber administrativo de inexorable cumplimiento cuando las circunstancias del caso, encarnadas por el interés público, así lo demandan. En definitiva, la potestad de planeamiento incluye la de su reforma o sustitución, realizando los ajustes necesarios al ritmo que marcan las exigencias cambiantes del interés público.

La doctrina tradicional sobre el ejercicio del "ius variandi" reconoce, por tanto, una amplia libertad de elección al planificador urbanístico entre las diversas opciones igualmente adecuadas y, por supuesto, permitidas por la Ley. Ahora bien, como sucede con la discrecionalidad en general, el ejercicio de tal potestad se encuentra sujeto a una serie de límites, que no pueden ser sobrepasados".

La revisión del PTI tendrá un contenido mucho más amplio y en este sentido debe recordarse que de acuerdo con lo previsto en la LOT y en las DOT, el Plan Territorial Insular debe contener como determinaciones esenciales las áreas homogéneas de carácter supramunicipal, las áreas sustraídas al desarrollo urbano, las áreas de desarrollo urbano y el sistema de infraestructuras y equipamientos, objetivos para la consecución de los que el Plan Territorial Insular puede crear áreas de reconversión territorial, establecer determinaciones relativas en los asentamientos humanos y a las actividades y usos a realizar sobre el territorio, situar los equipamientos de interés comarcal y establecer determinaciones tendentes a evitar desequilibrios funcionales entre zonas limítrofes de los diferentes municipios, esto es, medios de actuación que se extienden a la totalidad de las islas y que, en consecuencia, inciden sobre todo el suelo, el urbano, el urbanizable y el suelo rústico.

La revisión del PTI alcanzará -o deberá pronunciarse sobre- todo aquel contenido.

Y en este sentido, basta leer el contenido de la NTC para comprobar el alcance limitado que ésta contiene frente al contenido que tendría una revisión del Plan Territorial vigente y además en determinados y concretos aspectos, únicamente aplicables, en el suelo rústico.

Estamos, sin lugar a dudas, ante un supuesto de modificación puesto que los cambios no implican una reconsideración total del Plan Territorial anterior. Esto es evidente.

Por otra parte se manifiesta que no se encuentra motivada la NTC.

Al respecto debe decirse que el artículo 4.1 de Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dispone:

“Artículo 4. Ordenación del territorio y ordenación urbanística.

1. La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.

El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado, con expresión de los intereses generales a que sirve.”

En función del contenido de la motivación, el Tribunal Supremo ha declarado que la motivación del planificador general tiene que ser tanto más precisa e intensa cuanto más reducido sea el ámbito territorial afectado por la ordenación. De acuerdo con tal criterio, cuando se trata de planeamiento general o sus revisiones, como dijimos en la STS de 11 de abril de 2011, recurso de casación 2660/2007 "...no hay que exigir una explicación detallada de cada determinación, basta que se expliquen y justifiquen las grandes líneas de la ordenación propuesta...", mientras que cuando se trata de planeamiento de desarrollo o de modificaciones puntuales del planeamiento general será necesaria una motivación más concreta y detallada (SSTS de 25 de julio de 2002, recurso de casación núm. 8509/1998, 11 de febrero de 2004, recurso de casación núm. 3515/2001 y 26 de enero de 2005, recurso de casación núm. 2199/2002).

Asimismo, en cuanto a la motivación de las normas territoriales cautelares ya ha tenido ocasión de pronunciarse el TSJIB en la sentencia número núm. 295, de 9 de marzo de 2001 en su fundamento jurídico tercero:

“…/…Tales argumentos complementarios como «el clamor social en contra del crecimiento urbanístico», las «noticias de prensa», los «criterios de la Conferencia de Río de Janeiro» no son sino argumentos que apoyan la necesidad de que se adopten medidas cautelares, pero si las medidas lo son para asegurar la elaboración de un instrumento de ordenación, no hace falta mayores justificaciones.

Una cosa es la finalidad de las medidas cautelares (asegurar la viabilidad y efectividad del futuro planeamiento de ordenación territorial) y otra la motivación o razones que aconsejen el cambio de criterios de ordenación; aunque bastaría la simple invocación al «ius variandi» de dicha ordenación para que sea innecesario analizar los «motivos» antes descritos. Con ello se quiere indicar que tales motivos –e incluso la supuesta adaptación al POOT–, no tienen entidad autónoma suficiente desde el momento en que se parte de la premisa reiterada que la función de la medida cautelar –finalidad–, lo es asegurar el proceso de formación de las DOT y el PTM.”

En este sentido, -es decir, para verificar la inexistencia de falta de motivación ni alejamiento de los intereses generales-, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha resaltado de manera reiterativa -Sentencias de 2 de enero de 1992, 13 de febrero de 1992 y 15 de diciembre de 1992 entre otras muchas- la importancia de la Memoria como documento integrando del Plan, puesto que ésta es ante todo la motivación de los Planes, es decir, la exteriorización de las razones que justifican el modelo territorial elegido o las alteraciones introducidas y, por consiguiente, las determinaciones de éste.

En cuanto al contenido de la memoria, la STS de 18 de octubre de 2012 (núm. de Recurso 1408/2010) -LA LEY 158818/2012-, señala:

“Sobre la exigencia de motivación de los planes de urbanismo es oportuno reiterar algunas consideraciones expuestas en nuestra STS de 14 de junio de 2011 (RC 3828/2007), reiteradas en la reciente STS de 12 de julio de 2012 (RC 3409 / 2010), en las que hemos dicho que "[...] la potestad de planeamiento, aún siendo discrecional, se circunscribe a un fin concreto: la satisfacción del interés público, hallándose condicionada al mismo tiempo por los principios de interdicción de la arbitrariedad e igualdad consagrados en los artículos 103.1, 9.3 y 14 de la Constitución. Así, entre otras, Sentencias de 26 de julio de 2006 (LA LEY 95385/2006) (casación 2393/2003), 30 de octubre de 2007 (casación 5957/2003) y 24 de marzo de 2009 (casación 10055/2004). En la primera de ellas se insiste precisamente en que "las potestades de planeamiento urbanístico se atribuyen por el ordenamiento jurídico con la finalidad de que la ordenación resultante, en el diseño de los espacios habitables, de sus usos y de sus equipamientos, y de las perspectivas de su desarrollo, ampliación o expansión, sirva con objetividad los intereses generales; no los intereses de uno o de unos propietarios; ni tan siquiera los intereses de la propia Corporación Municipal". También se ha afirmado en la jurisprudencia de esta Sala y Sección la necesidad de que el cumplimiento de este requisito teleológico se justifique y motive convenientemente en la memoria del instrumento de planeamiento ( sentencia de 20 de octubre de 2003 ), resultando dicha exigencia de motivación más rigurosa y precisa cuanto más reducido sea el ámbito territorial abarcado por la modificación", constituyendo así la motivación que se contiene en la Memoria una garantía primaria frente a la arbitrariedad en las determinaciones del planeamiento.”

En lo referente a la memoria en materia de ordenación territorial, debe señalarse como ha dicho la STJIB de día 30 de septiembre de 2003 -Id Cendoj: 07040330012003100762-:

“QUART.- Òbviament, la correcta motivació de les resolucions administratives, siguin del caire que siguin, no tan sols és un pur requisit formal sinó, a més a més, un mecanisme de garantia per als administrats, els quals, d'aquesta manera, poden conèixer les raons de les dites resolucions administratives i, conseqüentment, combatre-les en allò amb el qual s'estiguin en desacord. La falta de motivació, en la mesura que causi indefensió, és motiu d'anul·lació; per la qual cosa el rellevant no és tant l'anàlisi de la motivació expressada, com la realitat de l'indefensió eventualment provocada. En qualsevol cas, però, i ara continuarem en la dissertació, cal a dir-ho, que a l'expedient administratiu apareixen els informes i estudis així com tota la motivació emprada per la Norma Territorial Cautelar. Agradi o no, això són figues d'altre paner, la motivació existeix, i entenem, a més a més, que de forma suficient i raonada.

Al vuitè fonament de dret de la sentència núm. 45, actuacions 1356 de 2000, dictada el dia 24 de gener de 2003, diguérem sobre la motivació, i cal reproduir la dita tesi, que: "El elemento formal de la motivación se exige en la legislación procedimental en relación a los actos administrativos.

El artículo 22.2. de la Ley 50/97 exige en el caso de los reglamentos que en el expediente consten los informes, estudios y memoria sobre la finalidad de la norma.

Esa exigencia de informes y memoria se refuerza en los casos de normas urbanísticas.

El principio de interdicción de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos reclama la constancia de los verdaderos criterios que llevan a aprobar una norma, esto es, no basta que la exigencia de motivación quede cubierta formalmente.

Es precisamente por el amplio margen de discrecionalidad que concurre en estos casos por lo que la motivación tiene que acentuarse como garantía de la legalidad y razonabilidad de la norma ya que, como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2000, la motivación debe constar "en la medida necesaria para evidenciar que el contenido discrecional que incorpora la norma no supone un ejercicio arbitrario de la potestad reglamentaria".

Pues bien, la Norma Territorial Cautelar cubre plenamente los requerimientos de motivación o justificación y su razonabilidad salta a la vista ya en cuanto no se deja a un lado interesadamente la ocupación del suelo en la actualidad y sus ineludibles repercusiones; así, la memoria justificativa señala con toda claridad las necesidades derivadas de la evolución de ese proceso de ocupación, transformación y utilización del suelo.

A este respecto, debe señalarse también que la ordenación territorial, máxime en nuestro caso, esto es, en los territorios insulares, con la peculiaridad esencial de su limitada capacidad de desarrollo territorial, ha de contemplar el suelo singularmente desde la perspectiva de su protección como recurso limitado".

En el presente supuesto, si se analiza la memoria justificativa de la NTC -previa a una modificación del PTI- se puede comprobar cómo todas y cada una de sus determinaciones se encuentran justificadas por el actual contexto.

Así se puede leer en la memoria justificativa de la NTC:

 “.../...En cumplimiento, entre otros, de los anteriores requerimientos normativos, en esta legislatura el equipo de gobierno de esta Corporación quiere impulsar una revisión global del PTI y en este sentido ya se han empezado los trabajos para llevarlo a cabo.

Así, en el BOIB número 122, de 24 de septiembre de 2016 se ha publicado el edicto correspondiente al anuncio de licitación del contrato del servicio para la elaboración del diagnóstico para la revisión del Plan Territorial Insular de Ibiza.

No obstante lo anterior, como se ha dicho, se plantea en estos momentos la necesidad de modificar el vigente PTI -sin esperar la revisión global que será mucho más amplia- en determinados aspectos concretos que afectan únicamente al suelo rústico.

Efectivamente, el equipo de gobierno de esta corporación ha llegado a un acuerdo con unos objetivos concretos que afectan a aspectos puntuales de la regulación actual contenida en el PTI vigente.

Así, en primer lugar, se quiere llevar a cabo una reducción de las condiciones de edificación de las viviendas en suelo rústico, con el objetivo de reducir la presión edificatoria y la especulación existente sobre el suelo rústico y mitigar el impacto que las viviendas de grandes proporciones  provocan.

En efecto, la combinación de un marco jurídico muy flexible -único en Baleares- que permite, por un lado, la construcción de viviendas de grandes dimensiones en el suelo rústico, previa segregación de las fincas si procede, y, de otra, que estas viviendas se destinen a estancias turísticas, con la gran popularidad de la isla de Ibiza como destino turístico internacional, provoca una fuerte atracción de grupos de inversión que construyen viviendas en suelo rústico -donde el uso está permitido- que agotan los parámetros urbanísticos para destinarlos a alojamiento temporal ligado a usos turísticos y no para albergar y/o satisfacer las necesidades propias de una familia, tal y como inicialmente prevé la legislación balear del suelo rústico, que admite sólo este uso de vivienda ligado a las la residencia permanente de una familia.

Así, desde el equipo de gobierno se quiere invertir esta tendencia edificatoria y especulativa en el suelo rústico, limitando los parámetros de edificación y ocupación máximos actualmente establecidos en cuanto a las viviendas a edificar en el suelo rústico para adecuarlos a la finalidad que realmente deberían tener y así intentar disuadir su construcción para dedicarlas al uso turístico.

En segundo lugar, se quiere evitar la excesiva fragmentación de las parcelas y consiguiente urbanización difusa del suelo rústico, impidiendo que se pueda seguir edificando sobre las parcelas segregadas o divididas a partir de una fecha determinada -el día 1 de noviembre de 2016-, para dar seguridad jurídica y, al tiempo evitar especulaciones, una vez que se ha avanzado públicamente el contenido de una norma territorial cautelar a través de los medios de comunicación local.

A la vez que se quiere impedir seguir edificando sobre las fincas segregadas a partir del día 1 de noviembre de 2016, se quiere mantener la posibilidad de seguir edificando sobre las parcelas que se segreguen en virtud de título hereditario o donación de padres a hijos, siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en el vigente Plan territorial insular.

La norma se aplicaría, así, a las segregaciones efectuadas a partir del día 1 de noviembre que no provengan de título hereditario entre parientes o donación de padres a hijos y que cumplan con las condiciones señaladas en el vigente Plan territorial insular.

En tercer lugar, el equipo de gobierno quiere evitar que se sigan construyendo nuevas viviendas en terrenos que cuentan con la máxima protección ambiental derivada de las directivas comunitarias, como los incluidos en la Red Natura 2000, o bien en lugares donde el uso de vivienda tradicionalmente no se  ha implantado por tratarse de zonas boscosas y/o con un alto riesgo de incendio.

Con esta medida se pretende evitar el impacto paisajístico y ambiental que estas viviendas provocan en estos terrenos más merecedores de protección. Por otro lado, la construcción de nuevas viviendas en el SRC Forestal (SRC-F) o en el SRP-ARIP y APR de incendios, no sólo puede provocar un mayor riesgo de incendio, sino también dificultar su extinción, una vez declarado, dado que los medios de lucha contra los incendios se destinan a menudo con preferencia a impedir los daños a las personas y a las viviendas existentes en las masas forestales. 

Y, finalmente, en cuarto lugar, este equipo de gobierno quiere introducir toda una serie de medidas positivas de integración paisajística y ambiental.

Dentro de este paquete de medidas paisajísticas y ambientales, se quiere, en primer lugar, profundizar en las ya previstas en el Plan territorial insular vigente, en relación a la conservación de las fincas y elementos etnográficos existentes, ampliándolas y haciendo que se hagan cumplir con la exigencia de que la solicitud de construcción de nuevas edificaciones en suelo rústico incluya proyecto técnico que recoja estas medidas, de forma que no se pueda otorgar el certificado final de obra municipal de la edificación sin verificar el cumplimiento de estas medidas de integración paisajística y ambiental.

En segundo lugar, se quiere impedir la construcción de nuevos vallados de fincas y edificaciones con bloque y elementos ajenos a los sistemas tradicionales, de forma que los nuevos vallados sean con piedra seca, de la forma tradicional en que en Ibiza se han construido las paredes y con unas dimensiones máximas -1 metro de altura- para evitar la formación de pantallas visuales.

Efectivamente, en los últimos veinte años hemos asistido a un progresivo y continuo proceso de compartimentación del suelo rústico y con esta medida se quiere impedir que se sigan construyendo cierres con materiales y dimensiones impropias del suelo rústico, que causan un impacto muy negativo sobre el paisaje rural dado que provocan su fragmentación con pantallas visuales impropias de esta clase de suelo.

Con esta medida se quiere recuperar la contemplación del paisaje y el mantenimiento de la identidad territorial de campo abierto, propia del ámbito rural de esta isla.

Y, finalmente, dada la grave y prolongada sequía que sufrimos en el marco del cambio climático en que se encuentra el planeta, este equipo de gobierno quiere introducir una serie de medidas tendentes todas ellas a un mejor aprovechamiento y ahorro del agua, de forma que los nuevos proyectos de construcción de edificaciones en suelo rústico deban prever la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas para su reutilización en las necesidades de la edificación y/o de la finca; que tan sólo se pueda construir una piscina por vivienda, que la lámina de espejo de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no pueda exceder de unas medidas proporcionadas a los nuevos parámetros de ocupación de las viviendas y que se prevea la construcción de un aljibe con una capacidad mínima para cada nuevo uso de vivienda.

Por todo lo anteriormente dicho, se ha considerado necesario incorporar en una Norma Territorial Cautelar (NTC) previa a esta modificación puntual de unas normas de aplicación directa y cautelar, que se consideran prioritarias en orden a implementar medidas para garantizar la protección del suelo rústico de la isla, hasta que se proceda a la tramitación y aprobación de la mencionada modificación del PTI y para asegurar sus determinaciones futuras, sin perjuicio del contenido que resulte de la revisión global del plan que, repetimos, sigue su tramitación administrativa.

Finalmente, hay que decir que todas estas medidas relativas a la protección del suelo rústico han sido consensuadas entre los diferentes partidos políticos integrantes del gobierno de esta corporación.

.../...

El objeto de la Norma (artículo 1) es asegurar la viabilidad y efectividad de la modificación del vigente Plan Territorial Insular del año 2005, en el ámbito de la isla de Ibiza; el ámbito de aplicación de la Norma (artículo 2) se limita a los ámbitos de suelo rústico existentes en la isla de Ibiza, al disponer la isla de Formentera de su propio instrumento de ordenación territorial; en cuanto a las determinaciones relativas a las condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico (artículo 3) se reducen los parámetros relativos a la superficie construible máxima, el porcentaje máximo de ocupación de parcela y el volumen máximo del conjunto de las edificaciones; en cuanto a las determinaciones relativas a las segregaciones en suelo rústico (artículo 4) se prohíbe cautelarmente el uso de vivienda unifamiliar aislada en aquellas parcelas procedentes de una segregación, división o fragmentación, efectuadas en documento público a partir del día 1 de noviembre de 2016 -fecha establecida en orden a evitar movimientos de último momento no deseables desde que ha trascendido a la opinión pública y se ha publicado en los medios de comunicación el contenido de las presentes medidas cautelares-, excepto que éstas provengan de actos de donación de padres a hijos o a causa de herencia entre personas vinculadas por relación de parentesco, siempre que cumplan con las condiciones previstas en el vigente Plan Territorial Insular; en cuanto a las determinaciones relativas la implantación de nuevas edificaciones y usos en determinados terrenos (artículo 5) se establece una serie de espacios dignos de conservación (los incluidos en la Red Natura 2000, los calificados como Suelo Rústico Protegido Área Rural de Interés Paisajístico (SRP-ARIP) y, al tiempo, incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRP-APR) de Incendio y los calificados Suelo Rústico Común Forestal (SRC-F) donde cautelarmente se establece que no resulta factible ubicar nuevas viviendas unifamiliares aisladas (ni se permite su ampliación o cambio de uso) en orden a preservar aquellos lugares de su transformación, no obstante estableciendo que aquellos terrenos computan a los efectos de edificar fuera de aquellos espacios si la categoría subyacente de los terrenos lo permite; en cuanto a las medidas de integración paisajística y ambiental relativas a la recuperación y conservación de la finca (artículo 6) se establece la obligación de presentar junto con la solicitud de construcción de nuevas edificaciones en suelo rústico, con independencia de su uso, un proyecto técnico que recoja toda una serie de medidas de integración paisajística y ambiental que se tienen que llevar a cabo en la totalidad de la finca donde se quiere edificar y que su estricto cumplimiento debe verificarse en la correspondiente certificación municipal final de obras; en cuanto a las medidas de integración paisajística relativas a los vallados (artículo 7) se establece que los vallados, tanto de las fincas como de las edificaciones en suelo rústico que se lleven a cabo tienen que ser efectuados con piedra seca y de la manera constructiva tradicional en la zona o bien con vallas cinegéticas que permiten el paso de la fauna, limitándose su altura total a un metro en orden a evitar el efecto pantalla que actualmente se produce con los vallados; en cuanto a las medidas de ahorro de agua (artículo 8) se establece la necesidad de aprovechar al máximo este recurso tan escaso en nuestras islas del cual no es ajena la isla de Ibiza castigada gravemente en los últimos años por la sequía que se sufre, estableciéndose medidas en orden a la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas para su reutilización en las necesidades de la edificación y/o de la finca y su almacenamiento, que no se puedan construir más de una piscina por finca o limitar el tamaño de éstas en orden al ahorro de este recurso; en cuanto al régimen transitorio de la Norma (Disposición transitoria), hay que decir que esta Norma Territorial Cautelar no afecta a las licencias de edificación municipales ya concedidas y se adapta al régimen general vigente respecto de la normativa aplicable a los expedientes que se encuentran actualmente en tramitación, si bien se permite que los expedientes de licencia urbanística de edificación que resulten afectados por las determinaciones introducidas por la Norma puedan adaptar el correspondiente proyecto técnico a las nuevas determinaciones establecidas a la misma y no impedir la finalización de su tramitación; finalmente, en cuanto a la entrada en vigor y plazo de vigencia de la Norma (Disposición final) se recoge el régimen legal establecido en el artículo 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial.”

Lo mismo es predicable de los informes que obran en el expediente y que justifican la NTC. En especial el informe técnico y jurídico de día 16 de noviembre de 2016 emitido en relación a la presente NTC.

Se manifiesta asimismo que se está ante un fraude de ley -que negamos- puesto que la NTC, dicen, constituye la modificación (“revisión” dicen las personas alegantes) en sí misma.

El apartado 4 del artículo 6 del Código Civil establece:

“4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.”

Ante estas manifestaciones hay que decir que el fraude de Ley se refiere, por definición, a los actos realizados al amparo del texto de una norma pero que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, y no se encuentra prohibido lo que se ha hecho, sino que es perfectamente legal proceder a modificar puntualmente el Plan Territorial conforme a la LOT (artículo 10.2).

Efectivamente, la adopción de una NTC previa a la modificación del PTI es una facultad expresamente prevista en el artículo 10.2 en relación con el artículo 17.1 de la LOT que establece: “1. Simultáneamente o con posterioridad al acto de iniciación del procedimiento de formulación de un instrumento de ordenación territorial, o de revisión o modificación, el órgano competente para dictarlo puede apreciar motivadamente la necesidad de elaborar una norma territorial cautelar, y definir su ámbito, su finalidad y su contenido básico..../...”

No se trata de un fraude de ley, ni un mecanismo habitual. De hecho, las anteriores normas cautelares previas a la redacción del PTI han sido expresamente confirmadas por numerosas sentencias del TSJIB.

Y así mismo, hay que aclarar que la NTC puede anticipar las determinaciones de la modificación del instrumento de ordenación al cual precede, precisamente para asegurar sus determinaciones (que es su finalidad). 

La STJIB núm. 42/2003, de 24 de febrero de 2003, ya señaló respecto de las normas territoriales cautelares:

"La función institucional que cumplen las Normas Territoriales Cautelares, concretada en el aseguramiento cautelar de la viabilidad y eficacia del instrumento de ordenación del territorio, precisa que su contenido dispositivo pueda ser coextenso con el legalmente definido para dicho instrumento, de modo que pueden así establecer cualesquiera de las determinaciones propias de esos instrumentos, pero el contenido de la Norma Territorial Cautelar tampoco ha de ser necesariamente el mismo del instrumento cuya viabilidad y eficacia garantiza puesto que no son un avance o resumen anticipado de aquel, con lo que a esa función institucional de aseguramiento cautelar sirven cualesquiera medidas cautelares, bien que, en todo caso, han de ser medidas proporcionadas y adecuadas a la finalidad ya indicada, lo que incluye la suspensión de determinadas actuaciones de ejecución, medida compatible -y alternativa- con la suspensión total o parcial del planeamiento urbanístico". Del hecho de que la N.T.C adopte como única medida la suspensión de actividades de urbanización y edificación en determinados ámbitos y suelos que reúnan las condiciones especificadas en la misma, no le priva de su condición de "norma".

-EN CUANTO A LA IMPOSIBILIDAD De ADOPTAR UNA REVISIÓN DEL PTI -AUNQUE SEA CAUTELAR- SIN UN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA REALIDAD.

Dicen:

Es decir, que con la aprobación del PTI en 2005 la presión edificatoria y las licencias de obra nueva caen de 150 media año a 50/60 media año, lo que demuestra una vez más lo falaz de los argumentos que motivan -presuntamente- la medida que se adopta y además ponen de manifiesto la extraordinaria necesidad del diagnóstico previo de la realidad para la adopción de medidas tan extraordinarias.

Se reitera que el contenido de una revisión del PTI tendrá un contenido mucho más amplio del que ahora se pretende con esta modificación que sólo afecta a determinados aspectos del plan y únicamente respeto de una parte del suelo rústico.

Véase asimismo en ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LA FALTA DE UN ANÁLISIS PREVIO QUE JUSTIFIQUE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS”.

-EN CUANTO A LA REDUCCIÓN DE LA EDIFICABILIDAD A LA MITAD ES ARBITRARIA, Y EN IGUAL SENTIDO LA PROHIBICIÓN DE AMPLIACIÓN O CAMBIO DE USO DE VIVIENDAS EXISTENTES.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartados:

- EN CUANTO A QUE LA LIMITACIÓN IMPUESTA A LA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR IMPIDE El USO AGRÍCOLA DE LAS FINCAS TANTO PROFESIONAL COMO RECREATIVO.

- EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE AMPLIACIÓN O REFORMA INTEGRAL DE LAS VIVIENDAS LEGALES EN SUELO FORESTAL, LIC Y ZEPA O ÁREA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS.

- POR LO QUE HACE A LA PROHIBICIÓN DE CUALQUIER ACTUACIÓN INCLUSO EN VIVIENDAS LEGALES EN SUELO RED NATURA 2000 NO ES CONFORME CON LAS PROPIAS LEYES QUE LA REGULAN.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENOS RED NATURA”

Y véase contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartado “EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE AMPLIACIÓN O REFORMA INTEGRAL DE LAS VIVIENDAS LEGALES EN SUELO FORESTAL, LIC Y ZEPA O ÁREA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS.”

- EN CUANTO A La ARBITRARIEDAD DE LA NORMA RELATIVA A LAS SEGREGACIONES.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartado “EN CUANTO A QUE ESTA MODIFICACIÓN EMPOBRECE A LOS PROPIETARIOS QUE CUIDAN Y MANTIENEN SUS FINCAS.”

- EN CUANTO A LAS SUPUESTAS MEDIDAS De INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Dicen:

Por otro lado, las medidas adoptadas son claramente desproporcionadas, no adecuadas y arbitrarias.

Pueden darse piscinas de gran amplitud que generan mayor ahorro de agua que las de las medidas que se autorizan por cuanto el ahorro de agua no depende del espejo de agua de la piscina sino de las medias de tratamiento.

La norma relativa a los cerramientos nuevamente supone el mejor ejemplo de adoptar medidas al tun-tun sin saber la realidad de las cosas. Nadie puede afirmar con sensatez que un cerramiento de un metro de altura puede contribuir a los fines agrícolas y ganaderos de las edificaciones en suelo rústico

Que los vallados sólo puedan tener una altura TOTAL de 1 metro en vez de 1,5 metros, hace simplemente imposible que los ganaderos puedan tener al ganado en libertad dentro de la parcela por razones obvias. Más allá de las cuestiones de seguridad e intimidad que ello implica para cualquier propietario rústico.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA”

Dice el artículo 7 NTC:

“Artículo 7. Medidas de integración paisajística relativas a los vallados.

Los vallados de las fincas y edificaciones sólo se podrán realizar con piedra seca y de la manera tradicional de la zona o bien con las vallas cinegéticas que permitan el paso de la fauna. Su altura total no podrá superar un metro.”

Se cuestiona la altura máxima de los vallados.

En el informe técnico y jurídico que obra en el expediente de la NTC de día 16 de noviembre de 2016 consta al respeto:

“4.2.- Relativas a los vallados de las fincas

4.2.1.- Marco vigente

La Norma 20 del vigente PTI de Ibiza, aprobado en 2005, recoge:

“Norma 20 Cerramientos de fincas

1 Con carácter general, los planeamiento deberán fomentar el que las fábricas de cerramiento macizo se circunscriban al cierre de las zonas que constituyan el entorno próximo de las edificaciones, sus dependencias exteriores, sus zonas ajardinadas y huertos y, en general, las zonas exteriores relacionadas con el uso residencial, potenciando el uso de cerramientos de rejilla diáfana o vegetales en el resto de casos.

2 Los cerramientos de las fincas podrán ser exclusivamente:

2.1 En las zonas protegidas por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears, de las características y condiciones señaladas en la Disposición adicional 21 de las Directrices de Ordenación Territorial

2.2 En el resto de zonas:

a. Macizos, de mampostería tradicional de piedra o de fábrica acabada a la manera tradicional del lugar o pintada, con una altura máxima de 1 m, pudiéndose rematar hasta los 2 m de altura con elementos metálicos diáfanos tradicionales en la zona que habrán de mantener en todo caso sus condiciones de diafanidad.

b. De seto vegetal hasta 2 m de altura.

c. Únicamente de rejilla que no supere los 2 m de altura.

3 Excepcionalmente, se admitirán fábricas macizas de altura superior a 1 m en el caso de contención de tierras, canalización de aguas o para evitar inundaciones en campos, debiendo justificarse debidamente su necesidad.

4 Resultan en todo caso prohibidos:

a. Los cerramientos vistos de ladrillo, bloque cerámico o de hormigón y similares

b. Los cerramientos constituidos por elementos de forja impropios del medio rústico de ambas islas.

5 Además de lo establecido en los puntos anteriores:

a. Si una parcela estuviera cerrada total o parcialmente con pared de piedra seca deberá conservarse y restaurarse en su totalidad.

b. Deberán dejarse en las fábricas macizas las separaciones o aberturas necesarias para permitir el paso del agua y de la fauna silvestre.

c. No se autorizarán nuevos cerramientos de fincas en el Pla de Corona y en el Pla d’Albarca, y en las zonas en que no son tradicionales.”

Con la regulación actual, fuera de los ámbitos de la LEN, se permite la construcción de cierres y muros de bloque de un metro, que se pueden rematar hasta los 2 m de altura con elementos metálicos.

El Convenio Europeo del Paisaje, las recomendaciones de la Comisión de Expertos del Consejo de Europa para su despliegue, y las conclusiones de las diferentes reuniones y encuentros de científicos y responsables políticos que ha habido para evaluar el seguimiento, bajo los auspicios del mismo Consejo de Europa, destacan la importancia de las acciones de mejora y creación del paisaje entendidas como ordenación de éste.

El Convenio entiende el paisaje como una calidad de todo el territorio y como un elemento esencial de calidad de vida, por lo que es necesario proteger lo más valioso, pero al mismo tiempo, recuperar o mejorar hasta donde sea posible el que está deteriorado o es banal.

A lo largo de las últimas décadas y por causas diversas, el paisaje tradicionalmente agrario, que transmitía una imagen general de coherencia, estabilidad y armonía, ha sufrido un proceso de transformación paisajística acusado y rápido que ha comprometido algunos de los valores.

Hemos asistido a un proceso de compartimentación del suelo rústico, donde cada propiedad ha considerado necesario cerrar su perímetro con muros de obra rematados con elementos de opacidad visual.

Esto ha causado una grave pérdida de paisaje, especialmente desde las principales vías de comunicación, por el efecto pantalla de los sucesivos cierres de fincas.

Este fenómeno ha sido propiciado por una normativa laxa y por una mala aplicación de ésta.

Así, la Norma 20 del Plan Territorial vigente establece que, fuera del suelo rústico protegido, los cierres podrán ser:

Macizos, de mampostería tradicional de piedra o de fábrica acabada a la manera tradicional del lugar o pintada, con una altura máxima de 1 m, pudiéndose rematar hasta los 2 m de altura con elementos metálicos diáfanos tradicionales en la zona que habrán de mantener en todo caso sus condiciones de diafanidad.

La expresión "mampostería tradicional de piedra" no especifica que se trata de piedra seca, y la expresión "fábrica acabada a la manera tradicional del lugar o pintada" legitima toda pared que no sea de piedra seca como "tradicional" y al mismo tiempo permite cerrar fincas con paredes de bloque pintadas, siempre que no se vea el bloque.

La experiencia de más de diez años de aplicación de esta norma nos ha permitido documentar que, una vez se ha levantado el cierre de un metro de altura, éste se remata con elementos vegetales o telas sintéticas, que lejos de ser los elementos diáfanos a que hace referencia la Norma 20, acontecen pantallas visuales de opacidad paisajística. Asimismo, raramente se prevé en su ejecución el paso de la fauna.

En cuanto a las zonas protegidas, la Norma 20 mencionada establece que

“Los cerramientos de las fincas podrán ser exclusivamente:

2.1 En las zonas protegidas por la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears, de las características y condiciones señaladas en la Disposición adicional 21 de las Directrices de Ordenación Territorial

Y la Disposición adicional 21 que dice de les DOT establece:

“En las áreas de especial protección de interés para las Illes Balears, los cerramientos de las fincas se regirán por las siguientes reglas:

1. Los cerramientos de las explotaciones agrarias que no supongan obras de fábrica se efectuarán siguiendo los sistemas tradicionales de la zona y sin que sea necesaria la obtención de licencia municipal.

2. En los casos no comprendidos en el punto anterior, se realizarán con piedra arenisca o caliza en muros de pared seca y queda expresamente prohibido el enfoscado de los mismos. La altura máxima del cerramiento macizo será de 1 metro, y se admitirá sobre su coronación y hasta una altura máxima de 2,20 metros, la disposición de elementos diáfanos ejecutados mediante los sistemas tradicionales de la zona.

De esto se desprende que en el suelo rústico protegido (esto incluye ARIP y ANEI), sólo se pueden hacer paredes de piedra seca. Pero la experiencia en la aplicación de esta norma nos ha permitido constatar que ésta raramente se aplica, y los vallados en suelo rústico protegido reciben normalmente el mismo tratamiento que en el resto del territorio.

Finalmente, hay que mencionar la casuística de los puntos de acceso a las fincas, normalmente materializados como portales monumentales flanqueados por grandes pilares de obra o bien por tramos de muro que a menudo llegan a los dos metros de altura o los superan.

A diferencia de Formentera, donde por determinadas razones históricas vinculadas a una extensión territorial y una geografía muy específicas, siempre se delimitaban las propiedades (con pared seca), en Ibiza tradicionalmente no se cerraban las fincas de manera perimetral.

En este sentido, y a la vista de la casuística expuesta en materia de paisaje, se propone la adopción de la pared de piedra seca como propia, tradicional y característica del paisaje de Ibiza como sistema de cierre, en su caso, de las fincas rústicas. Así mismo, establecer una altura máxima de un metro permite a la vez delimitar claramente las propiedades sin formar pantalla visual, permitiendo la contemplación del paisaje y el mantenimiento de la identidad territorial de campo abierto propia del ámbito rural de esta isla.

En este sentido, resulta aclaratorio comparar normativa similar respecto a los cierres de finca.

El Plan Territorial de Mallorca establece a su Norma 22.c.3 que los cierres ?(...) serán de sillares de marés sin labrar o de pared de piedra en seco con una altura máxima de un metro en ambos casos (...).

El Plan Territorial de Menorca sólo una altura máxima en relación a la "regularización como huertos de esparcimiento de parcelaciones existentes" (Artículo 56.3.c), y dice que "Los muros de cierre de las parcelas, así como los límites con vías de comunicación, tienen que ser de piedra seca y no pueden superar una altura de 1,4 m".

El texto refundido de las Normas subsidiarias (NNSS) de planeamiento del municipio de Formentera establece en su artículo 42.1 que “Los cerramientos únicamente podrán ser: a. Macizos, de mampostería tradicional de piedra con una altura máxima de 0.80 m, admitiéndose una altura superior cuando deban cumplir funciones de contención de tierras, lo que deberá justificarse adecuadamente"

4.2.2.- Propuesta de modificación

Dado que el equipo de gobierno ha señalado como objetivo que se impida la construcción de nuevos cierres y muros de bloque y elementos ajenos a los sistemas tradicionales y que se fije una altura máxima total en un metro de éstos, la redacción de la norma podría quedar de la siguiente manera:

 “Los vallados de las fincas y edificaciones sólo se podrán realizar con piedra seca y de la manera tradicional de la zona o bien con las vallas cinegéticas que permitan el paso de la fauna. Su altura total no podrá superar un metro.”

Con esta medida se impide que se sigan construyendo vallados con materiales y dimensiones impropias del suelo rústico, que causan un impacto muy negativo sobre el paisaje rural dado que provocan su fragmentación con pantallas visuales impropias de esta clase de suelo.

Así, los nuevos vallados de fincas y edificaciones tendrán que hacerse de la manera que es propia del suelo rústico en Ibiza, bien con piedra seca y de la manera tradicional de la zona o bien con las vallas cinegéticas que permiten el paso de la fauna. Con la limitación de su altura a un metro se evitan nuevas pantallas visuales.”

En relación a la alegación relativa a que la regulación de los vallados (artículo 7) va en contra del artículo 99 de la Ley 12/2014 agraria y la petición de eliminar este artículo de la Norma cautelar o que no sea aplicable a las explotaciones agrarias, debe decirse que se trata de una medida de protección del paisaje pensada únicamente para los vallados de las fincas, es decir, del perímetro de toda una finca, así como de las edificaciones, y no para los vallados necesarios para el rebaño, que, lógicamente, tendrían que poder tener las dimensiones necesarias para esta finalidad, para garantizar su seguridad y también proteger los cultivos. En este sentido, no se considera contrario a esta norma que en las explotaciones agrarias se pueda hacer un vallado con materiales diáfanos tradicionales para el rebaño, ya se trate de cabras, ovejas, equinos o vacuno, que no suponga un cierre de toda la finca, de una altura superior a un metro si ello resulta necesario para que los animales no salgan y proteger a la vez los cultivos. Se propone, en este sentido, aceptar la alegación, con la siguiente redacción:

“En las explotaciones agrarias, los vallados para el rebaño podrán superar la altura de un metro, siempre que sean diáfanos tradicionales y resulten necesarios para que no salgan los animales o para proteger los cultivos de la finca de este rebaño.”

Por lo que, se propone estimar esta alegación y añadir un segundo apartado al artículo 7 de la NTC, que quedaría así:

"En las explotaciones agrarias, los vallados para el rebaño podrán superar la altura de un metro, siempre que sean diáfanos tradicionales y resulten necesarios para que no salgan los animales o para proteger los cultivos de la finca de este rebaño".

-EN CUANTO A QUE NO ES COHERENTE QUE Se INSTE A LOS AYUNTAMIENTOS CON PLANEAMIENTO PARALIZADO A NO SEGUIR CON SU TRAMITACIÓN HASTA QUE LAS MODIFICACIONES DE LEYES SECTORIALES SE VEAN APROBADAS Y A la vez DICTAR MODIFICACIONES DEL PTI.

Dicen:

Aprobar una modificación encubierta del PTI -Una REVISIÓN-como se ha hecho a través de una NTC, sin saber qué alcance tendrán las modificaciones que se introduzcan en la Ley del Suelo, Ley de Turismo y Ley agraria, que se están redactando en sede parlamentaria, resulta de todo punto imprudente pues nos embarca en una modificación que será papel mojado y no es más que pura propaganda y una manera de decir que se ha cumplido un acuerdo político.

De hecho las indicaciones del Consell respecto de los planeamientos municipales es no iniciar las modificaciones hasta que no se aclare la modificación de dichas leyes y sin embargo, la incongruencia del Presidente del Consell es manifiesta al modificar la espina dorsal del PTI sin saber qué normativa autonómica será aplicable.

Esta alegación es puramente política. En la NTC ya se ha explicado que lo que ahora se pretende es modificar puntualmente el PTI en suelo rústico, sin perjuicio de la revisión que está en trámite.

- EN CUANTO A LA FALTA DE LA MÁS MÍNIMA VOLUNTAD DE CONSENSO TERRITORIAL.

Dicen:

Nunca en la historia de la ordenación territorial de la isla de Ibiza se había producido una imposición de un modelo sin haberlo tratado de consensuar con la fuerza política que más apoyo popular tiene, y por lo tanto, también cuyo modelo territorial más apoyo ciudadano ostenta; y aún menos, jamás se había impuesto un determinado modelo territorial sin oír a toda la sociedad civil y colectivos profesionales o ciudadanos afectados directamente por el modelo que se impone.

Cuestión de cariz político.

Asimismo, en cuanto a la participación pública, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NTC.”

- EN CUANTO A LA INSEGURIDAD JURÍDICA POR LA RETROACTIVIDAD DE LA NTC (SEGREGACIONES Y EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN).

Dicen:

“El Art. 4 prohíbe el uso de vivienda unifamiliar en las parcelas resultantes de actos de segregación o división posteriores a la fecha de 01.11.2016 salvo cuando tales actos se efectúen por razones hereditarias, estableciendo dicha fecha, según se dice en Memoria' con la finalidad de evitar movimientos de última hora no deseables, una vez han sido anticipadas y de conocimiento público las determinaciones de la NTC.

En ningún apartado de la Norma se justifica la adopción de este criterio siendo absolutamente arbitraria la fijación de esa fecha y no otra sin tomar en consideración si estamos ante expedientes de segregación que deberían haber sido resueltos por la administración dado el tiempo transcurrido- o de expedientes de reciente solicitud que aún estuvieran en plazo para ser resueltos'.

En todo caso, es absurdo y arbitrario el establecimiento de 1 mes de efectos retroactivos en el caso de las SEGREGACIONES, efectuadas en documento público a partir del 1 de Noviembre de 2016, con prohibición en tales casos de vivienda unifamiliar, violando así el principio de la IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES, base de la seguridad jurídica de todo estado de derecho.”

En el informe técnico y jurídico que obra en el expediente de la NTC de día 16 de noviembre de 2016, consta al respeto:

“2.- En cuanto a las reglas de segregaciones en suelo rústico

2.1.- Marco vigente en las Illes Balears 

El artículo 6 de la Ley 9/1999, del 6 de octubre, de medidas cautelares y de emergencia relativas a la ordenación del territorio y al urbanismo en las Illes Balears (BOCAIB núm. 128, de 12 de octubre) estableció lo siguiente:

“Artículo 6. Moratoria de adquisición de derechos edificatorios en nuevas segregaciones en suelo rústico.

Las parcelas de suelo rústico que se hayan segregado con posterioridad al día 16 de julio de 1997, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 8 de julio, de Suelo Rústico de las Illes Balears, no serán edificables con la finalidad de vivienda unifamiliar hasta la aprobación del correspondiente Plan Territorial Parcial, que establecerá las determinaciones que regulen este supuesto. A efectos de acreditar la fecha de segregación, sólo se considerará la que figure en documento público.”

Los correspondientes instrumentos de ordenación territorial de cada isla determinaron el régimen de segregaciones derivado de esta norma legal.

Así, para poder autorizar el uso de vivienda, en los lugares donde este uso no esté prohibido, el apartado 4 de la Norma 20 del Plan Territorial Insular de Mallorca, aprobado por el Pleno del Consejo de Mallorca con fecha 13/12/2004, BOIB 188 ext de 31/12/2004 (y objeto de posteriores modificaciones), recoge los requisitos que deben cumplir las parcelas segregadas, según su fecha de segregación:

Norma 20. Condiciones y parámetros para el uso de vivienda unifamiliar aislada (AP)

Sin perjuicio del cumplimiento de lo regulado en la norma 19.3 y, en su caso, de las condiciones de integración paisajística y ambiental establecidas en la norma 22, en las Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP), Áreas de Interés Agrario (AIA), Áreas de Transición de Harmonización (AT-H), Suelo rústico de Régimen General Forestal (SRG-F), Áreas de Prevención de Riesgos (APR) y Suelo rústico de Régimen General (SRG), para la implantación del uso de vivienda unifamiliar aislada, se deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales, que el planeamiento general podrá desarrollar más restrictivamente:

1. Que en la zona donde se pretende implantar no esté prohibido por el planeamiento general y que se cumplan las condiciones que establezca.

2. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, sólo se podrá autorizar una vivienda por parcela. Esta prescripción también será aplicable a las zonas ARIP definidas en la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears.

3. Cuando suponga una nueva construcción de edificaciones o un cambio de uso de otras ya existentes, la parcela deberá contar con la superficie señalada para este uso por el planeamiento general, que, en todo caso, no podrá ser inferior a:

a. Cincuenta mil metros cuadrados (50.000 m2) para los terrenos calificados como Suelo rústico de Régimen General Forestal (SRG-F) y Áreas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP).

b. Catorce mil metros cuadrados (14.000 m2) para los terrenos calificados como Áreas de Interés Agrario (AIA), Áreas de Transición de Harmonización (AT-H) y Suelo rústico de Régimen General (SRG).

A efectos de autorización de nuevas viviendas en todas las Áreas de Prevención de Riesgos (APR) la parcela mínima será la correspondiente a la calificación del suelo rústico subyacente, y si no fuera conocida, la correspondiente al suelo rústico colindante. Si fuesen varias las calificaciones de suelos rústicos colindantes, se aplicará la más restrictiva.

En las Áreas de Prevención de Riesgos de incendio, sin perjuicio de aquello regulado anteriormente, cuando se destinen a usos o actividades que supongan vivienda, se deberán incorporar medidas de seguridad vial para garantizar el acceso de personas y vehículos, depósitos de agua para una primera situación de emergencia, así como también actuaciones a la vegetación en un radio de 30 metros alrededor de las edificaciones para reducir la carga de combustible.

4. Que, por lo que respecta a la fecha de división, segregación o fragmentación de la parcela, acreditada ésta mediante su constancia en documento público, se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

a. Que la parcela donde se pretende implantar el uso de vivienda unifamiliar proceda de una división, segregación o fragmentación practicada antes del día 16 de julio de 1997.

b. En caso de parcelas segregadas desde el día 16 de julio de 1997 y antes del 13 de octubre de 1999, solo se podrá autorizar el uso de vivienda unifamiliar cuando esta división, segregación o fragmentación no haya dado lugar, simultánea o sucesivamente, a más de cinco unidades registrales independientes, excluida la finca matriz, excepto que con posterioridad se hayan vuelto a agrupar por debajo de este límite o que se trate de actuaciones amparadas en el punto c. siguiente y se cumpla con el requisito de parcela mínima de esta norma.

c. En las parcelas segregadas desde el día 13 de octubre de 1999, queda prohibido el uso de vivienda unifamiliar excepto en aquellas que provengan de una primera división, segregación o fragmentación practicada en documento público en virtud de donación de padres a hijos —o a hijos de hijos premuertos— o debido a herencia entre padres e hijos —incluida la sustitución para el caso de premoriencia y la sucesión por derecho de representación—, limitada la excepción, en ambos supuestos, a un máximo de una parcela por hijo y una sola vez, por lo que esta excepción ya no se podrá aplicar a las nuevas fragmentaciones que se puedan hacer de las parcelas resultantes de esta primera.

Juntamente con la solicitud inicial de licencia, se deberá presentar una certificación expedida por el Registro de la Propiedad acreditativa del historial continuado de la parcela, que indique si ha sido objeto de alguna división, segregación o fragmentación y, si procede, si lo ha sido por donación, herencia o cualquier otra causa que conste en el Registro.”

Así, en Mallorca, cualquier parcela segregada a partir del 13 de octubre de 1999 (fecha de entrada en vigor de la mencionada Ley 9/99) está prohibido el uso de vivienda excepto que se trate de una primera división, segregación o fragmentación practicada en documento público en virtud de donación de padres a hijos o a causa de herencia entre padres e hijos, limitada la excepción, en ambos supuestos, a un máximo de una parcela por hijo.

En Menorca, la matriz de ordenación de usos prohíbe el uso residencial en todo el suelo rústico, con lo que no hay que prever ninguna regla de segregaciones dado que no se pueden edificar nuevas viviendas unifamiliares en el suelo rústico de la isla de Menorca.

En Ibiza y Formentera, el PTI de 2005 estableció un sistema diferente, permitiendo el uso de vivienda, tanto en parcelas segregadas a título oneroso, como gratuito (hereditario o donación) pero exigiendo una superficie de parcela superior cuando la segregación no es por razones hereditarias (apartados 2 y 3 de la Norma 16 del PTI de Ibiza).

En el Plan Territorial vigente, aplicable en la isla de Eivissa, se prevé:

“Norma 16 Segregaciones y divisiones de fincas en suelo rústico

1 Los nuevos usos de vivienda que se proyecten sobre fincas registrales procedentes del fraccionamiento simultáneo o sucesivo de terrenos clasificados como suelo rústico se podrá autorizar cuando:

a. No constituyan parcelación urbanística.

b. Respeten la parcela mínima más restrictiva definida por la normativa aplicable a la licencia.

c. Se ajusten a los requisitos que a continuación se exponen.

2 En el caso de que de una finca registral ubicada en suelo rústico y las categorías SRC-SRG o SRC-AT  y como consecuencia de uno o varios actos de disposición –ya sea por división, fragmentación o segregación simultánea o sucesiva- resulten más de dos fincas independientes, incluida la matriz, la superficie exigida para la construcción de una vivienda en la tercera y sucesivas fincas será el resultado de aplicar sucesivamente el factor multiplicador 2 elevado a (n-2) a la superficie mínima más restrictiva exigida por la normativa en cada uno de los ámbitos territoriales concretos, siendo n el número de fincas segregadas, fragmentadas o divididas a partir del día 17.07.1997, incluido éste.

3 En el caso que de una finca registral ubicada en suelo rústico en categoría distinta de SRC-SRG o SRC-AT  y como consecuencia de uno o varios actos de disposición, ya sea por división, fragmentación o segregación simultánea o sucesiva- resulten dos o más fincas independientes, incluida la matriz, la superficie exigida para la construcción de una vivienda en la segunda y sucesivas fincas será el resultado de aplicar sucesivamente el factor multiplicador 2 elevado a (n-1) a la superficie mínima más restrictiva exigida por la normativa en cada uno de los ámbitos territoriales concretos, siendo n el número de fincas segregadas, fragmentadas o divididas a partir del día 17.07.1997, incluido éste.

4 Cuando la finca sometida a operaciones de segregación, fragmentación o división tenga diversas calificaciones que impliquen la exigencia de superficies mínimas distintas de las señaladas para SRC-SRG o SRC-AT, resultará de aplicación el factor señalado en el apartado 3 anterior.

5 Tan sólo se autorizará la construcción de nuevas viviendas sobre fincas procedentes de segregaciones, fragmentaciones o divisiones de fincas, cuando la totalidad de fincas resultantes de una misma finca, incluida la matriz y/o la remanente, cumplan con las reglas anteriores, excepto en el caso en que se practique un única segregación con la finalidad de agrupar la finca segregada a otra colindante para que ésta tenga la superficie mínima exigible.

Las segregaciones, fragmentaciones o divisiones de fincas realizadas de acuerdo con las reglas anteriores no se reputarán constitutivas de parcelación urbanística prohibida salvo que puedan dar lugar a la formación de un núcleo de población, supongan obras de urbanización conjunta o sean el resultado de un plan de urbanización unitario o bien tengan o prevean una distribución, forma parcelaria, elementos y características propias de las actuaciones en suelo urbano o urbanizable que, de consumarse, podrían dar lugar, por efecto de la transformación, a la pérdida de los elementos de identidad del suelo rústico.

6 En el caso de que se pretenda la construcción de nuevas viviendas en fincas derivadas de otra finca en la que existan una o más viviendas, previa su autorización deberá acreditarse el correspondiente expediente de desvinculación establecido en el art. 15 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, de Suelo Rústico de las Illes Balears, debiendo acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a. Si la vivienda o viviendas preexistentes cuentan con licencia, habrá de constar inscrita en el Registro de la Propiedad la declaración de obra nueva de cada una de ellas sobre fincas registrales independientes, que habrán de contar con la mayor de las siguientes superficies:

1 La exigida en el proyecto autorizatorio, con un mínimo de 15.000 m2

2 La necesaria para que la vivienda cumpla con la totalidad de parámetros aplicables de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de la segregación, fragmentación o división.

b. Si la vivienda o viviendas no cuentan con licencia y han prescrito los plazos para la adopción de medidas para el restablecimiento de la legalidad urbanística, la declaración de obra nueva habrá de efectuarse sobre fincas registrales independientes que habrán de contar con la mayor de las siguientes superficies:

1 La exigida por la norma más restrictiva que resulte de aplicación a la fecha de segregación o división.

2 La necesaria para que la vivienda cumpla la totalidad de parámetros aplicables a dicha fecha.

c. En todo caso, para calcular la superficie mínima de las fincas sobre las que se proyecte la construcción de nuevas viviendas se incluirán en la letra “n” del factor multiplicador que corresponda, las fincas independientes sobre las cuales queden situadas las viviendas existentes.

7 Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de esta Norma no será de aplicación cuando, cumpliéndose lo exigido en la Norma 15, se trate de fincas registrales resultantes de la división, segregación y fragmentación -efectuadas por una sola vez- practicadas en documento público en virtud de actos dispositivos derivados de testamentos o pactos sucesorios o que sean necesarios para llevar a cabo la partición de los bienes por razón hereditaria o para proceder al pago de la legítima, o cuando se trate de donaciones de padres a hijos, en los términos que el artículo 14 bis de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears establece y siempre que el número de fincas derivadas de ésta operaciones no supere el número de hijos del donante.

8 A los efectos de construcción de nuevas viviendas, las fincas adquiridas con posterioridad a la fecha de aprobación inicial del PTI en virtud de título diferente de los previstos en el apartado 7 anterior, sólo podrán beneficiarse del régimen que dicho apartado prevé cuando hayan transcurrido 15 años desde la fecha de su adquisición en documento público.

9 Las licencias municipales de segregación habrán de hacer constar las limitaciones en cuanto a la construcción de viviendas que del contenido de ésta Norma se derivan y establecerán la necesidad de su constancia registral como condición limitativa de licencia.”

Y, por lo que hace al régimen transitorio, el PTI d’Eivissa recoge:

Disposición transitoria 4. Régimen de las parcelas segregadas

 A efectos del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 6 de la Ley 9/1999, de 6 de octubre, de medidas cautelares y de emergencia relativas a la ordenación del territorio y el urbanismo en las Illes Balears, se establece lo siguiente:

1 Lo señalado en los apartados 2 y 3 de la norma 16 no será de aplicación a las fincas procedentes de una división, segregación o fragmentación practicadas en documento público notarial entre los días 17 de julio de 1997 y la fecha de aprobación inicial del PTI, ambos incluidos, siempre y cuando:

a. Cumplan -excepto para el SRC-SRG y el SRC-F, en que podrá ser de 14.000 m2- con la parcela mínima más restrictiva que resulte de la aplicación del PTI.

b. Las operaciones mencionadas en el apartado 1 no hayan dado lugar a más de cuatro fincas registrales independientes, incluida la matriz, o con posterioridad a su segregación hayan sido  reagrupadas hasta un máximo de cuatro fincas resultantes.

Para las sucesivas segregaciones y/o divisiones de estas fincas o de la que éstas derivan, les será de aplicación el régimen establecido en el presente plan para este tipo de operaciones, computándose las ya realizadas a efectos del cálculo de la superficie mínima susceptible de uso de vivienda.

2 Para la aplicación de lo señalado en el apartado 1 anterior:

a. No se computarán las fincas registrales que hayan sido segregadas y edificadas legalmente conforme al procedimiento establecido en la Ley 6/1997, de 8 de julio, de Suelo Rústico de las Illes Balears.

b. A efectos de acreditar la fecha de segregación en lo que respecta al número máximo de segregaciones permitidas se estará a la que figure en escritura pública y, en caso de duda, a la prioridad registral.

3 Para las fincas registrales independientes existentes a la entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 8 de julio, de Suelo Rústico de las Illes Balears, que no hayan sido objeto de segregaciones, fragmentaciones o divisiones desde aquella fecha, la parcela mínima aplicable en SRC-SRG y SRC-F será de 14.000 m2, resultando de aplicación a las mismas el resto de condiciones de edificación que el PTI establece en proporción a la superficie de parcela existente.

4 Las fincas segregadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 8 de julio, de Suelo Rústico de las Illes Balears se podrán acoger a la posibilidad de reagrupación contemplada en el apartado 1.b. si las operaciones a que se refiere el apartado 1 han dado lugar a más de cuatro fincas registrales independientes y resultarán de aplicación el resto de condiciones de ordenación que el PTI establece.”

Y en las NS de Formentera, que son a la vez instrumento de ordenación territorial, se prevé un régimen de segregaciones muy similar, aunque más restrictivo.

Por lo tanto, de los instrumentos de ordenación territoriales donde el uso de vivienda no se encuentra prohibido a todos los efectos (todos menos Menorca) se deriva que las segregaciones por razones hereditarias, o bien, son las únicas que pueden dar lugar al uso de vivienda si se trata de una primera segregación entre padres e hijos -caso del PTI de Mallorca- o bien suponen la aplicación, por una sola vez, de un régimen de segregaciones más ventajoso que las segregaciones efectuadas por otras causas, en no tener que aplicar los factores multiplicadores a las segundas y sucesivas fincas resultantes -caso de Ibiza y Formentera-. 

2.2.- Propuesta de modificación

El segundo objetivo del equipo de gobierno señalado anteriormente consiste en que la norma territorial cautelar previa a la tramitación de la revisión del PTI:

“2.- Evite la excesiva fragmentación de las parcelas y consiguiente urbanización difusa del suelo rústico, impidiendo que se pueda seguir edificando sobre las parcelas segregadas o divididas a partir del día 1 de noviembre de 2016, para dar seguridad jurídica y al tiempo evitar especulaciones una vez ha trascendido el contenido de la norma, y siempre que estas fragmentaciones no provengan de título hereditario o donación de padres a hijos, con las condiciones que señala el PTI".

El uso de vivienda unifamiliar aislada es declarado expresamente como un uso condicionado por los arts. 3, 19 y 25 de la Ley del suelo rústico (LSR). Así, el artículo 25 de este texto legal dispone que estas actividades sólo podrán efectuarse en las zonas en que este uso no esté declarado prohibido por los instrumentos de planeamiento general y con las condiciones que se  establezcan.

Esta concreta concepción del régimen del uso de vivienda ha sido objeto de crítica por parte de la doctrina, que reiteradamente ha puesto de manifiesto que el punto más discutible de la LSR es que parece consagrar un derecho subjetivo innato a construir viviendas unifamiliares si se poseen los requisitos y condiciones establecidas en la Ley, a diferencia de la normativa básica estatal tradicional, donde la posibilidad de implantación de estos usos siempre se ha previsto de forma excepcional, ya desde eI artículo 85 del TRLS/1976, ante el que la jurisprudencia nunca se había atrevido a decir que existiera un derecho del propietario de suelo rústico a edificar una vivienda en su terreno.

Debe tenerse en cuenta que la legislación básica estatal en materia de régimen del suelo -aplicable en las Illes Balears- no confiere ningún derecho edificatorio en el suelo rústico, sino que, al contrario, las posibilidades edificatorias en esta clase de suelo se recogen con un carácter muy excepcional y ligado al procedimiento y a las condiciones previstas en la normativa de ordenación territorial y urbanística, de forma que sólo de forma excepcional se podrán legitimar en esta clase de suelo actos y usos específicos que sean de interés público o social, y que contribuyan a la ordenación y desarrollo rurales, o que tengan que ser emplazados en el medio rural.

Así, el artículo 3 del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del suelo y Rehabilitación Urbana, contiene las políticas a que obliga la aplicación del principio de desarrollo sostenible:

"Artículo 3 Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible

1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de los fines específicos que les atribuyan las Leyes.

2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a:

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.

d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo.

Y el artículo 13 del mismo texto legal básico estatal recoge el contenido del derecho de propiedad en el suelo en situación rural:  

"Artículo 13 Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural: facultades

1. En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

La utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice.

Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural".

La matriz de suelo rústico de las Directrices de Ordenación Territorial (Ley 6/1999, de 3 de abril) establece en su anexo I que “Las determinaciones de los usos de esta matriz tienen el carácter de nivel de protección mínima del suelo rústico, y se pueden incrementar por los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico.”

Vemos como la propia legislación autonómica faculta los instrumentos de ordenación territorial y urbanística para el establecimiento de condiciones más restrictivas que las previstas en la legislación del suelo rústico.

Así pues, los  Planes territoriales insulares pueden establecer condiciones más restrictivas que las previstas en la Ley del suelo rústico, las cuales resultarían de aplicación preferente dado el carácter de norma de mínimos de la legislación del suelo rústico balear.

Interesa reseñar que la segregación en suelo rústico no determina por sí misma un derecho a edificar una vivienda tal y como reiteradamente señala la jurisprudencia de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB). En este sentido, entre otras, sentencia de la sala contenciosa del TSJIB número 256/2008, de 28 de mayo de 2008 (núm. de recurso 125/2005), Id Cendoj: 07040330012008100204:

“SEGUNDO. EL SUPUESTO DERECHO A CONSTRUIR EN SUELO RÚSTICO.

El punto de partida de la argumentación del recurrente es el de que, tras la segregación, tenía "derecho" a construir una vivienda unifamiliar aislada en cada una de las 13 parcelas y que este derecho se le ha suprimido retroactivamente por normas posteriores a la segregación, primero de modo suspensivo y cautelar por efecto de la Ley 9/1999 y ahora de modo definitivo por el PTM.

No obstante, la argumentación quiebra por su base por cuanto el titular de una parcela de suelo rústico en junio de 1999 no tenía "derecho" a la edificación de una vivienda unifamiliar asilada, sino que dicho uso, por no ser relacionado con el destino y naturaleza agrícola de las fincas rústicas, no es era un uso admitido, sino un uso condicionado (art. 19 Ley 6/1997 de Suelo Rústico en IB) y la Administración dispone de discrecionalidad técnica para modificar estas condiciones o requisitos, de modo que se aplicarán las condiciones vigentes al momento de solicitarse la licencia de edificación -o más exactamente las vigentes al tiempo de resolverse la petición en plazo-.

Así pues, las fincas rústicas del recurrente no habían ganado, desde su segregación en junio de 1999, el derecho a ser edificadas siempre y en cualquier momento aún cuando se modificasen las condiciones o requisitos para su edificación, haciéndolas invulnerables a cualquier cambio de condiciones. Este derecho, ni siquiera se produce en su totalidad en el suelo urbano.

En el suelo rústico, las fincas no llevan incorporado el "derecho a ser edificadas" ya que dicho uso no es consustancial a dicho suelo, sino artificial, siendo el legislador el que podrá atribuirle, en determinadas condiciones, ese uso artificial y no inherente al derecho de propiedad sobre suelo rústico.

El legislador reconoció el uso condicionado de vivienda unifamiliar para parcelas rústicas como las del recurrente, pero ello fue así hasta el 13.10.1999 en que el mismo legislador indicó ( art. 6 Ley 9/1999 ) que tales parcelas "no serán edificables con la finalidad de vivienda unifamiliar hasta la aprobación del correspondiente Plan Territorial Parcial, que establecerá las determinaciones que regulen este supuesto", por lo que las fincas para las que no se hubiese presentado solicitud de licencia antes de la fecha indicada en su Disposición Transitoria, "no serán edificables con la finalidad de vivienda unifamiliar".

Posteriormente el PTM ahora impugnado, por remisión de la Ley 9/1999, no hace sino precisar de modo definitivo las condiciones a que dicha Ley le encomendaba.”

En consecuencia, no  habría objeción en prever en el PTI de Ibiza o, en su caso en la NTC previa, que podría tener el mismo alcance y contenido-, en la línea del régimen previsto en el PTI de Mallorca de 2004, la prohibición del uso de vivienda en las segregaciones, divisiones o fragmentaciones practicadas a partir de la aprobación de la Norma, excepto que provengan de título hereditario o donación de padres a hijos y siempre que, en este caso, se cumpliera con todas las condiciones previstas en el PTI.

En la redacción actual del apartado 7 de la Norma 16 del PTI, que prevé las excepciones a las reglas de segregaciones de los apartados 2 y 3 de la misma Norma, se exige a las donaciones inter vivos que se produzcan entre padres e hijos y en cambio no aparece ninguna exigencia de vínculo familiar en relación a las segregaciones por causa hereditaria, entre las cuales también se encuentran los pactos sucesorios, respecto de los que nuestro derecho foral no exige que se celebren entre parientes. Por eso, y atendida la voluntad expresada por el equipo de gobierno de evitar las especulaciones, se considera adecuada limitar la excepción debido a herencia a las personas vinculadas por relación de parentesco.  

Finalmente, hay que aclarar que con el último inciso final señalado en el objetivo transcrito relativo a que la excepción hereditaria “cumpla con todas las condiciones previstas en el PTI”, se quiere poner de manifiesto que para poder aplicar esta excepción hereditaria se deben cumplir todas las condiciones previstas en el PTI aprobado en 2005, de forma que no será aplicable si ya no fuera posible el uso de vivienda en la parcela segregada por herencia o donación de padres a hijos, bien porque, por ejemplo, con anterioridad a la segregación por razón hereditaria se hubiera producido una segregación que incumpliera la regla de segregaciones del PTI o, bien, porque, por ejemplo, ya se hubieran agotado las posibilidades edificatorias a consecuencia de la aplicación de las reglas de segregaciones previstas en el PTI, dado que la excepción hereditaria prevista en el PTI es sólo aplicable por una sola vez.

La redacción de esta norma podría quedar de la siguiente manera:

“En las parcelas procedentes de una segregación, división o fragmentación, efectuadas en documento público a partir del día 1 de noviembre de 2016, queda prohibido el uso de vivienda unifamiliar, excepto que provengan de donación de padres a hijos o a causa de herencia entre personas vinculadas por relación de parentesco y que cumplan con las condiciones previstas en el vigente Plan Territorial Insular.”

Por otra parte, en cuanto a las alegaciones respecto de LA IRRETROACTIVIDAD PROHIBIDA por la Ley, hay que decir que partimos de la aplicación a los reglamentos de lo previsto en el artículo 9.3 CE, que establece:

“3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.”

De entrada debe decirse que la NTC no es una norma sancionadora; entonces veremos si es restrictiva de derechos individuales en el sentido reclamado por la CE.

Tal y como señaló el Tribunal Supremo, en STS de 15 de noviembre de 1999 (RJ 1999, 9300), recaída en el recurso de casación núm. 305/1997 (FJ 1r):

“[ ] La retroactividad de las normas en nuestro ordenamiento viene marcada por los determinados preceptos y criterios jurisprudenciales. El  artículo 2.3  del  Código Civil  (LEG 1889, 27)   contiene una norma de aplicación subsidiaria, al establecer la irretroactividad de las Leyes, si éstas no dispusieran lo contrario. El artículo 9.3  CE eleva a rango constitucional la prohibición de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Y, en fin, el artículo 62.2 LRJ-PAC  (RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246)   establece la sanción de nulidad para los reglamentos que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos.

No existe, por tanto, una interdicción general de la retroactividad de las normas, pero en todo caso, cualquiera que sea el criterio interpretativo que se adopte en relación con el mencionado  artículo 2.3  CC , ya se entienda que establece una regulación subsidiaria común para cualquier disposición escrita con carácter de generalidad, como ha entendido esta Sala en múltiples Sentencias (SSTS 22 de noviembre de 1980 , 13 de noviembre de 1981 , 26 de enero de 1982 , 29 de marzo de 1982 y 15 de abril de 1997 ), o se mantenga la tesis que la entiende referida sólo a las disposiciones con rango de ley y que existe una prohibición absoluta de retroactividad para los reglamentos, lo cierto es que resultan ineficaces, con nulidad absoluta, las normas reglamentarias retroactivas que sean restrictivas de derechos individuales (cfr. STS 26-2-1999 ).

Por otra parte, es bien conocida la diferencia de los distintos niveles o grados de retroactividad. Tanto de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, que tiene una primera manifestación en la Sentencia 6/1983, de 4 de febrero , y luego múltiples referencias en sucesivas Sentencias, como con la Jurisprudencia de esta Sala (SSTS 18 y 22 de junio de 1994 , 5 de febrero de 1996 y 15 de abril de 1997 ), ha de distinguirse entre: una retroactividad de grado máximo, que aplica la nueva norma a la relación o situación básica creada bajo el imperio de la norma antigua y a todos sus efectos consumados o no; una retroactividad de grado medio, en la que la nueva norma se aplica a los efectos nacidos con anterioridad pero aún no consumados o agotados; y, en fin, una retroacción de grado mínimo, en la que la nueva normativa sólo tiene efectos para el futuro aunque la relación o situación básica haya surgido conforme a la anterior norma. Esta retroactividad de carácter mínimo, en la que se pretenden anudar efectos «ex novo» a situaciones producidas con anterioridad a la propia norma, es aceptada pacíficamente por el Tribunal Constitucional y por este Alto Tribunal, ya que se trata de una retroactividad impropia, en la que la norma incide sobre situaciones o relaciones jurídicas actuales no concluidas ( SSTC 42/1986 , 99/1987 , 227/1988 , 210/1990 y 182/1997 , entre otras, y SSTS de 18 de marzo de 1995 , 15 de abril de 1997 , y 17 de mayo de 1999 , entre otras muchas)…./…”.

Conviene recordar que, conforme a una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 90/2009, de 20 de abril, el principio de interdicción de retroactividad  de las normas se refiere a las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, cuyo alcance y su significado debe entenderse en los siguientes términos:

"A lo anterior debe añadirse también que es doctrina reiterada de este Tribunal la de que el principio de irretroactividad de las leyes consagrado en el art. 9.3 de la Constitución concierne sólo a las sancionadoras no favorables y a las restrictivas de derechos individuales, en el sentido que hemos dado a esta expresión( SSTC 27/1981 (LA LEY 216/1981), de 20 de julio, FJ 10 ;6/1983 (LA LEY 126-TC/1983), de 4 de febrero, FJ 2 ;150/1990 (LA LEY 59210-JF/0000), de 4 de octubre, FJ 8 ;173/1996 (LA LEY 147/1997), de 31 de octubre , FJ 3), a saber, que la "restricción de derechos individuales" ha de equipararse a la idea de sanción, por lo que el límite de dicho artículo hay que considerarlo referido a las limitaciones introducidas en el ámbito de los derechos fundamentales y de las libertades públicas (del título I de la Constitución) o en la esfera general de protección de la persona( STC 42/1986 (LA LEY 563-TC/1986), de 10 de abril , FJ 3).”

Efectúa así la STC 270/2015 (FD 7º) las siguientes precisiones sobre el concepto de retroactividad prohibida por el artículo 9.3 CE :

“ [...] Como ya señalábamos desde nuestros primeros pronunciamientos ( SSTC 42/1986, de 10 de abril, FJ 3 , y 65/1987, de 21 de mayo , FJ 19), lo que se prohíbe en ese art. 9.3 CE es la retroactividad entendida como incidencia de la nueva ley en los efectos jurídicos ya producidos de situaciones anteriores. La irretroactividad sólo es aplicable a los derechos consolidados, asumidos e integrados en el patrimonio del sujeto y no a los pendientes, futuros, condicionados y expectativas [por todas, SSTC 99/1987, de 11 de junio, FJ 6 b ), y 178/1989, de 2 de noviembre , FJ 9], de forma que sólo puede afirmarse que una norma es retroactiva a los efectos del art. 9.3 CE cuando incide sobre relaciones consagradas y afecta a situaciones agotadas [ STC 99/1987 , FJ 6 b)], supuesto en el que la prohibición de retroactividad operaría plenamente y solo exigencias cualificadas del bien común podrían imponerse excepcionalmente a tal principio.

Por el contrario, en el caso de la retroactividad impropia, que incide en situaciones no concluidas, hay que reconocer al legislador un amplio margen de libertad, de suerte que no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida las disposiciones que, carentes de efectos ablativos o peyorativos hacia el pasado, despliegan su eficacia inmediata hacia el futuro aunque ello suponga incidir en una relación o situación jurídica aún en curso.

En suma, conforme a la doctrina de este Tribunal, el art. 9.3 CE no contiene una prohibición absoluta de retroactividad que conduciría a situaciones congeladoras del ordenamiento contrarias al art. 9.3 CE (STC 126/1987, de 16 de julio, FJ 11), ni impide que las leyes puedan afectar a derechos e intereses derivados de situaciones jurídicas que siguen produciendo efectos, pues no hay retroactividad proscrita cuando una norma regula pro futuro situaciones jurídicas creadas con anterioridad a su entrada en vigor o cuyos efectos no se han consumado, ya que el legislador puede variar ex nunc el régimen jurídico preexistente de los derechos individuales, siempre que se ajuste a las restantes exigencias de la Constitución ( STC 227/1988, de 29 de noviembre , FJ 9).”

Pues bien, la segregación en suelo rústico no determina por sí misma un derecho a edificar una vivienda. Por eso, no existe anulación de ningún derecho ya que el uso edificatorio no es consustancial a los usos del suelo rústico. Así, no se puede hablar de un derecho adquirido a poder edificar una vivienda en aquel tipo de suelo (tratándose además de un uso condicionado ex artículo 19.2.a) LSR), por lo que no hay que hablar de irretroactividad prohibida por la CE.

Conviene recordar, finalmente, que en relación al mencionado artículo 6 de la Ley 9/1999, que dispuso que las parcelas segregadas más de dos años antes, concretamente a partir de la entrada en vigor de la LSR, el 16 de julio de 1997, no serían edificables para el uso de vivienda hasta que el correspondiente instrumento territorial de cada isla regulara el supuesto, ya se plantearon múltiples cuestiones de inconstitucionalidad por los afectados, con similares argumentos que los que se vierten ahora contra el artículo 4 de la NTC que nos ocupa (arbitrariedad, vulneración de los principios de irretroactividad de disposiciones restrictivas, de igualdad, de seguridad jurídica y vulneración  del derecho de propiedad) y que fueron resueltos por el TSJIB, que consideró en todos el casos que no procedía platear ninguna cuestión de inconstitucionalidad contra este precepto legal.

Los mismos argumentos resultan de aplicación al artículo 4 de la NTC en tramitación.

Así, por ejemplo, el Fundamento tercero de la STSJIB núm. 402, de 26 de abril de 2002 recoge:   

"TERCERO. ACERCA DE LA PRETENSION DE QUE SE PLANTEE CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 6 DE LA LEY 9/1999.

Como quiera que la resolución impugnada se ajusta plenamente a lo dispuesto en dicho precepto legal, sólo la inconstitucionalidad de la norma legal puede servir a los fines pretendidos por el recurrente.

Con la base de un dictamen jurídico de D. Jesús Ángel que acompaña a su demanda, se invoca que el indicado precepto legal por cuanto es contrario a los principios constitucionales de igualdad (art. 14 Constitución), seguridad jurídica (art. 9.4°) y vulnerador del derecho a la propiedad privada (art. 33); por lo que procede un examen de si la norma con rango de Ley pudiera ser contraria a la Constitución al objeto de plantear cuestión de inconstitucionalidad:

A) SUPUESTA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

Entiende el recurrente que el art. 6 de la Ley 9/1999 al establecer un régimen urbanístico distinto según la parcela se haya segregado antes o después del 16.07.1997 -fecha entrada en vigor de la Ley 6/1997, de 8 de julio, de Suelo Rústico de las Illes Balears-, supone una diferencia de trato contrario al principio de igualdad por cuanto carece de toda justificación objetiva y razonable ya que no guarda relación alguna con las características físicas o naturales de las fincas, ni con su extensión superficial, que son los criterios establecidos en la legislación de la que traen su causa los Planes Territoriales cuya efectividad se trata de garantizar.

Al respecto debe indicarse que el art. 6 de la Ley 9/1999, se configura como medida preventiva o moratoria para asegurar la elaboración de unos concretos instrumentos de ordenación territorial (Plan Territorial Parcial) al objeto de garantizar la efectividad de las futuras determinaciones normativas y evitar que durante el período de elaboración de dicho instrumento, se produzcan actos o procesos edificatorios que se consoliden y petrifiquen situaciones que chocarían con la nueva ordenación, provocando que nazca inútil. Desde esta perspectiva, es consustancial a toda moratoria cautelar la necesidad de fijar un momento a partir de la cual se aplique o fijación de actos a los que afecte. Admitida esta evidencia, siempre existirá un "antes" y un "después" del momento de arranque de la medida cautelar y desde esta perspectiva siempre existirá desigualdad de trato entre las actuaciones que evitaron la vigencia de la norma cautelar, y las que irremediablemente quedan afectados por la misma. Cualquiera que sea el criterio que se adopte para fijar la fecha de efectividad, siempre existirá desigualdad de trato.

La cuestión se desplaza a determinar si el momento de inicio de eficacia de la norma cautelar -y para el caso, más concretamente, los actos que a partir de determinado momento quedan afectados-, carece de fundamento razonable y generando por tanto intolerable discriminación. Ello implica el análisis de si -para nuestro caso- existe justificación urbanística o de ordenación territorial que justifique la fijación de la fecha 16.07.1997 (poco más de dos años antes de la publicación de la Ley 9/1999).

En este punto, de la Exposición de Motivos de la Ley y de su propio articulado, se desprende que dicha norma tiene por objeto corregir y paliar "la intensa presión edificatoria sobre el suelo rústico " y desde esta perspectiva no cabe duda que la presión edificatoria sobre el suelo rústico no se concreta únicamente en el acto constructivo o en la solicitud de licencia para edificación de vivienda en dicho suelo, sino que al estar vinculadas las posibilidades de construcción a las dimensiones de la parcela, resulta innegable -y el presente supuesto es un ejemplo- que la segregación de fincas rústicas es el precedente necesario para la futura edificación, de tal modo que la segregación de fincas rústicas por la "la intensa presión edificatoria " a que hace referencia la Ley, no responde a fines agrícolas o ganaderos propios de su naturaleza rústica, sino claramente a fines urbanísticos. Debe repetirse que el caso que nos ocupa es un ejemplo de ello.

Sobre la base de lo anterior, es lógico y razonable que si se trata de evitar la intensa presión edificatoria sobre el suelo rústico, ello se haga tomando como referencia la operación urbanística previa (la segregación) y que precisamente por este carácter previo y anticipado a la misma edificación, se acuerde fijar la eficacia de la medida con efectos retroactivos para comprender toda una serie de supuestos que de otro modo no les afectaría la norma territorial que se ha de elaborar.

Se trata en suma de evitar que los primeros pasos del proceso edificatorio en suelo rústico (la segregación) genere derechos a una edificación que el posterior Plan Territorial no pueda corregir, naciendo hipotecado.

.../...

En conclusión, sí existe argumento objetivo y razonable para la medida cautelar prevista en el art. 6, y la fijación como fecha de referencia al de 16.07.1997, fecha de entrada en vigor de la Ley 6/1997 que regula precisamente las condiciones de autorización de segregaciones en suelo rústico.

B) SUPUESTA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Entiende el recurrente que quienes segregaron sus fincas rústicas conforme a la normativa entonces vigente, sufren ahora una consecuencia desfavorable que no está justificada por un fin público de protección del suelo rústico, quebrando el principio de seguridad jurídica y de confianza legítima.

A ello debe responderse lo indicado en el apartado anterior.

No obstante, interesa reseñar que la segregación en suelo rústico no determina por sí misma un derecho a edificar una vivienda. Por ello, no existe anulación de derecho alguno por cuanto el uso edificatorio no es consustancial a los usos del suelo rústico.

En suma el recurrente entiende que como segregó conforme a la Ley, debe tener derecho a edificar en parcela resultante. No obstante, ello será así si la norma aplicable a su solicitud de licencia lo permite.

C) SUPUESTA VULNERACION DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

La parte recurrente entiende que la suspensión del posible uso edificatorio por plazo máximo de 5 años (período máximo de elaboración del Plan Territorial Parcial), determina suspender "un uso edificatorio que es legítimo".

En este punto, no puede sino recordarse que la función del suelo rústico está relacionada con los valores agrícolas, forestales, pecuarios, cinegéticos, naturales, paisajísticos ,que determina el que se preserve de los procesos de desarrollo urbanístico (art. 2 Ley 6/97, de Suelo Rústico), por lo que el posible usos edificatorio no es consustancial a dicho suelo, sino artificial, siendo el legislador el que podrá atribuirle, en determinadas condiciones, ese uso artificial y no inherente al derecho de propiedad sobre suelo rústico. Desde esta perspectiva, lo que en un momento el legislador permite, puede condicionarlo o restringirlo luego sin que el titular del suelo rústico pueda invocar un derecho edificatorio preexistente. Como este derecho no existe, en nada se vulnera el derecho de propiedad si se suspende la posibilidad de tales usos o si, posteriormente, el Plan Territorial lo prohíbe o restringe".

En el mismo sentido se pronunció la STSJIB núm. 962, de 22 de noviembre de 2002.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone estimar la alegación relativa a los vallados de fincas, en el sentido anteriormente expuesto y desestimar el resto de alegaciones efectuadas en el Modelo 3, y en cuanto a los expedientes en tramitación, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

IV.- ALEGACIONES MODELO 4 (5 alegaciones)

Alegan:

FALTA DE PARTICIPACIÓN Y CONSENSO SOCIAL CON LOS PRINCIPALES SECTORES AFECTADOS. INSUFICIENTE MOTIVACIÓN Y FALTA De ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE La APROBACIÓN DE LA NTC. DISCRIMINACIÓN Y TRATO INJUSTO DE LOS PROPIETARIOS TRADICIONALES DEL SUELO RÚSTICO. INDEFENSIÓN E INSEGURIDAD JURÍDICA EN MATERÍA DE TERRITORIO. LA LIMITACIÓN IMPUESTA A LA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR IMPIDE El USO AGRÍCOLA DE LAS FINCAS TANTO PROFESIONAL COMO RESIDENCIAL. NULIDAD DE LA DELIMITACIÓN DEL SRF-F Y LAS APR De INCENDIOS. CONCEPCIÓN ERRÓNEA SOBRE LAS MEDIDAS De AHORRO De AGUA.  INCOMPATIBILIDAD DE LA VIDA EN EL CAMPO CON LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR LA NTC.

Piden:

“la total retirada de esta NTC, así como también se solicita que el Consejo de Eivissa promueva la derogación de los artículos del DL 1/16 que afectan al suelo rústico de lbiza, y en su lugar se inicie un pormenorizado proceso en el que participen todos los colectivos afectados para que el nuevo instrumento de planeamiento territorial resulte con el mayor consenso posible.”

CONTESTACIÓN

- EN CUANTO A LA FALTA DE PARTICIPACIÓN Y CONSENSO SOCIAL CON LOS PRINCIPALES SECTORES AFECTADOS.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NTC”.

- EN CUANTO A LA INSUFICIENTE MOTIVACIÓN Y FALTA DE ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DE LA APROBACIÓN DE LA NTC.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LA FALTA DE UN ANÁLISIS PREVIO QUE JUSTIFIQUE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS”.

- EN CUANTO A LA DISCRIMINACIÓN Y TRATO INJUSTO DE LOS PROPIETARIOS TRADICIONALES DEL SUELO RÚSTICO.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A QUE SE IDENTIFICA CONSTRUCCIÓN EN SUELO RÚSTICO CON ESPECULACIÓN.”

- EN CUANTO A LA  INDEFENSIÓN E INSEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA DE TERRITORIO.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC.”

- EN CUANTO A LA LIMITACIÓN IMPUESTA A LA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR IMPIDE El USO AGRÍCOLA DE LAS FINCAS TANTO PROFESIONAL COMO RESIDENCIAL.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartado “EN CUANTO A QUE LA LIMITACIÓN IMPUESTA A LA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR IMPIDE El USO AGRÍCOLA DE LAS FINCAS TANTO PROFESIONAL COMO RECREATIVO”.

-EN CUANTO A LA NULIIDAD DE LA DELIMITACIÓN DEL SRF-F Y LAS APR DE INCENDIOS.

Dicen:

“Resulta procedente poner de relieve que la delimitación vigente de las zonas forestales calificadas en el PTI como Suelo Rústico Común Forestal (SRC-F), igual que las áreas de Protección de Riesgo de Incendios, NUNCA ha sido sometida a información pública, es decir los afectados nunca han podido poner de manifiesto los evidentes errores e imprecisiones que existen en la cartografía. En efecto se da la circunstancia que entre el trámite de aprobación inicial del PTI vigente (30 de julio de 2004), y la aprobación definitiva (21 de marzo de 2005), se modificó íntegramente la cartografía forestal y de APRs. Así, si en primer lugar para delimitar el SRC-F se había utilizado el lnventario Forestal Nacional, finalmente se adoptó el Mapa Topográfico Balear de 2002. Esta decisión respondió, según el informe técnico, a la gran cantidad de alegaciones en contra de la primer delimitación, pero impidió en la práctica la formulación de alegaciones en contra de la segunda, hoy aún vigente. Para las APRs se adoptaron para la aprobación definitiva los planes INUNBAL y INFOBAL, con planos que también son diferentes a los de la aprobación inicial.

Estamos por tanto ante una evidente vulneración del derecho a la participación ciudadana en la tramitación del planeamiento. Port tanto la delimitación del SRC-F no se ha hecho con las necesarias garantías de seguridad jurídica aI tratarse de un modificación sustancial que exigía un nuevo trámite de información pública, siendo su omisión causa de nulidad según jurisprudencia abundante, (STS de 25 de septiembre de 2013, recurso 655712011, por ejemplo).

De todo ello resulta que la actual prohibición de implantación de viviendas en SRCF, así como el resto de disposiciones relativas a este tipo de suelo dispuestas por la NTC, nace de una disposición viciada de nulidad.”

Al respeto hay que señalar, en primer lugar, que la NTC no efectúa ninguna delimitación de terrenos (de hecho no contiene anexo cartográfico) y no constituye además esta NTC un “acto de aplicación” de aquel PTI, sino una disposición de carácter general que le precede.

Asimismo, no consta ningún pronunciamiento judicial respecto de la “nulidad” de la delimitación que el PTI de 2005 efectuó de los tipos de suelos rústicos forestales (SRC-F), a los que se refieren las personas alegantes por haber cartografiado los suelos forestales realmente existentes en el vuelo aéreo de 2002, debiendo recordar que, en cuanto a la acción de nulidad, los dos primeros apartados del artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre –al igual que lo establecía antes el artículo 102.1 y 2 LRJ-PAC-, dicen:

“Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos.

1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.

2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2.”

Y en este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2011 (RJ 2011, 5415), Sección Quinta, recurso de casación 3397/2007, declara:

“La revisión de oficio contra disposiciones generales se encuentra reconocida en el citado artículo 102, apartado 2, al solventar algunas dudas que la redacción anterior a la reforma por  Ley 4/1999  suscitaba al respecto. Ahora bien, esa revisión de oficio contra reglamentos tiene, por lo que hace al caso, una limitación subjetiva esencial y es que únicamente puede iniciarse de oficio por la Administración. De modo que los particulares no están legitimados para instar tal revisión, porque han sido excluidos de esa “acción de nulidad”, como se califica en la exposición de motivos de la citada  Ley 4/1999 . La revisión de oficio de las normas reglamentarias (artículo 102.2 de la  Ley 30/1992 ) no puede ser instada por los particulares, a diferencia de la revisión contra los actos administrativos nulos (artículo 102.1 de la misma  Ley ) que puede ser instada por iniciativa de la propia Administración o a solicitud del interesado. Resulta significativo a estos efectos comparar ambos apartados, para apreciar que se ha excluido del apartado 2 del citado artículo 102 toda referencia a “instancia de parte”.

O la STS de 21 de mayo de 2015 (RJ 2015\2467):

“La sentencia ahora recurrida, por otra parte, fundamenta su decisión en otras sentencias de éste Tribunal, como son las de 16 y 22 de noviembre de 2006 , en las que se señala que si bien fué la  Ley 4/1999, de 13 de enero  (RCL 1999, 114 y 329) , la que introdujo en el apartado 2 del artículo 102 de la LRJAP y PAC la revisión de oficio de las disposiciones generales en los supuestos previstos en el artículo 62.2 de la propia Ley, el propio legislador en la exposición de motivos de aquella Ley dijo muy claro que " esa posible revisión de oficio de las disposiciones generales nulas no opera, en ningún caso, como acción de nulidad ".

En ambas sentencias se concluye que "no es posible instar el procedimiento administrativo regulado en el  artículo 102   de la Ley 30/1992 para revisar disposiciones de carácter general radicalmente nulas ."

En la misma línea se inscribe la  sentencia de éste Tribunal de 25 de mayo de 2010  (RJ 2010, 8588), relativa a un Plan Parcial, y en la que, después de recordar, de acuerdo con reiterada jurisprudencia que cita, que la revisión de oficio de las disposiciones generales no puede operar como acción de nulidad, concluye afirmando que " sólo la Administración Pública que .... aprobó [el Plan Parcial] estaría facultada para, siguiendo el procedimiento previsto en el  artículo 102.2   de la Ley 30/1992, declarar su nulidad con las consecuencias previstas en el apartado 4 del mismo precepto ".

Por su parte, la  sentencia de ésta Sala y Sección de 16 de febrero de 2011  (RJ 2011, 1511)  -recurso de casación 199/2007 - se enfrenta también a la cuestión ahora debatida, dado que se trataba de un proceso entre una Administración Autónoma y un Ayuntamiento en relación precisamente con un Estudio de Detalle.

Pues bien, esa sentencia, tras rechazar el procedimiento de declaración de lesividad a que se refiere el  artículo 103   de la Ley 30/1992 , dada la naturaleza de disposición general de los Estudios de Detalle, y recordar, una vez más, que la revisión de oficio de las disposiciones generales nulas no operan, en ningún caso, como acción de nulidad, declara que: " Debiera ser o haber sido por tanto, el propio Ayuntamiento, ahora recurrente, quien aprobó el cuestionado Estudio de Detalle contrario al ordenamiento previsto de Carreteras del Estado, por no respetar las distancias que éste establece, el que debería haber promovido el procedimiento de revisión de oficio de una disposición administrativa de rango superior, o bien la propia Administración Autónoma haber impugnado dicho Estudio de Detalle en sede jurisdiccional, o impugnarle de forma indirecta, al combatirse en ésta vía judicial cualquier acto de aplicación de aquel ".

Por tanto, obligado es concluir de acuerdo con las referidas sentencias, que cuando el artículo 102.2 de la LRJAP y PAC alude a las "Administraciones públicas" se está refiriendo a aquella que en cada caso haya aprobado la disposición administrativo de que trate.

Procede, pues, rechazar el único motivo de carácter formulado.”

Por otra parte, también debe recordarse que con ocasión del dictado de actos de aplicación de disposiciones de carácter general cabe el recurso indirecto contra la disposición general ex artículo 26 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señalando la Jurisprudencia que no se pueden alegar, en ningún caso, contra la disposición general cuestiones formales respecto de su elaboración y aprobación.

- EN CUANTO A LA CONCEPCIÓN ERRÓNEA SOBRE LAS MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA”.

- EN CUANTO A LA INCOMPATIBILIDAD DE LA VIDA EN EL CAMPO CON LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR LA NTC.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartado “EN CUANTO A QUE EL CAMPO TIENE QUE SER VIABLE PARA ESTAR CONSERVADO, NO ES UN JARDÍN DECORATIVO PARA QUIEN LO VISITA.”

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar las alegaciones efectuadas en el Modelo 4, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO Al RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

V.- ALEGACIONES MODELO 5 (2 alegaciones)

Alegan:

NULIDAD RADICAL DEL ACUERDO POR FALTA De acuerdo PREVIO O SIMULTÁNEO EN ORDEN A LA REVISIÓN DEL PTI. NULIDAD DEL ACUERDO POR FALTA DE SOLICITUD DEL PRECEPTIVO INFORME DE COSTAS. POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA, POR CONCULCAR LOS SIGUIENTES DERECHOS CONSTITUCIONALES: 1. PROSCRIPCIÓN DE La ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN (ART. 9.3 CE). 2. VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA. 3. DERECHO A DISPONER DE LA PROPIA HERENCIA (ART. 33 CE). 4. UTILIDAD PÚBLICA, INTERÉS SOCIAL E INDEMNIZACIÓN. PÉRDIDA DE DERECHOS EDIFICATORIOS DE LAS FINCAS EN ARIP Y SRC-F. ILEGALIDAD DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA. OTRAS CONSIDERACIONES.

Piden:

Es por ello, que la LEGALIDAD y la JUSTICIA obliga a dejar sin efecto el acuerdo en orden al establecimiento de la Norma Territorial Cautelar aprobada, so pena, no ya de conculcar los legítimos derechos e intereses de los administrados, sino de incurrir en responsabilidades, que pudieran ser, incluso personales, de los cargos públicos que, sabedores de su ilegalidad e injusticia, las han adoptado.

CONTESTACIÓN

- EN CUANTO A NULIDAD RADICAL DEL ACUERDO POR FALTA DE ACUERDO PREVIO O SIMULTÁNEO EN ORDEN A LA REVISIÓN DEL PTI.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 3, apartado “- EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DE LA CONSEJERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y MOVILIDAD DE DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016.../...?

-EN CUANTO A LA  NULIDAD DEL ACUERDO POR FALTA DE SOLICITUD DEL PRECEPTIVO INFORME DE COSTAS.

Algunas alegaciones manifiestan que la NTC incumple disponer del informe de la Demarcación de Costas del Estado previsto en los artículos 112 y 117 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas (LC).

Previamente hay que decir que la ausencia de eventuales informes preceptivos y, si procede, vinculantes, a emitir por los órganos de la Administración Estatal en la aprobación de la NTC, se trataría de una vulneración del principio de jerarquía normativa por incumplir la ley que exige aquel informe, no como hacen algunas alegaciones de calificarlo de nulidad de pleno derecho por infracciones del artículo 62 de la LRJ-PAC o artículo 47 de la Ley 39/2015, ya que se refieren aquellos artículos al procedimiento de aprobación de actos administrativos.

Efectivamente, el artículo 112.a) de la LC dice:

“Artículo 112

Corresponde también a la Administración del Estado emitir informe, con carácter preceptivo y vinculante, en los siguientes supuestos:

a) Planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o revisión, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación.

.../...”

Como se puede ver, la LC se refiere a los instrumentos que afecten al litoral que es el contenido de la LC, explicitando el artículo 117 LC aquel informe:

“Artículo 117

1. En la tramitación de todo planeamiento territorial y urbanístico que ordene el litoral, el órgano competente, para su aprobación inicial, deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del proyecto correspondiente a la Administración del Estado para que ésta emita, en el plazo de un mes, informe comprensivo de las sugerencias y observaciones que estime convenientes.

.../...”

Y refuerza esta tesis el artículo 222.1.a) del Real decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, cuando establece:

“Artículo 222. Supuestos de informe preceptivo y vinculante de la Administración General del Estado.

1. Corresponde también a la Administración General del Estado emitir informe en los siguientes supuestos:

a) Planes y normas de ordenación territorial o urbanística y su modificación o revisión, en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de este reglamento y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación. Se entienden incluidos todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, sea cual sea su denominación, incluyendo los Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano y los Estudios de Detalle u otros de similar contenido, que incidan sobre el dominio público marítimo-terrestre y sus zonas de servidumbre.

.../...

3. El informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente será vinculante en los siguientes aspectos:

a) En los supuestos de las letras a) y d) del apartado 1, cuando el informe proponga objeciones basadas en el ejercicio de facultades propias, bien derivadas de la titularidad demanial, como son las orientadas por la necesidad de asegurar la protección de la integridad del dominio público y su libre utilización, o bien derivadas de otras competencias sectoriales de la Administración General del Estado.

Se trata de instrumentos que inciden sobre el dominio público o sus zonas de servidumbre.

El artículo 117 LC se refiere a todo plan que “ordene el litoral” y en este sentido hay que decir que la NTC no ordena el litoral.

Así, son varias las ocasiones en que la LC se refiere a los instrumentos urbanísticos o de ordenación territorial con incidencia en las determinaciones de la LC en cuanto al litoral. Así, a modo de ejemplo:

Artículo 28

.../...

2. Para asegurar el uso público del dominio público marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en espacios calificados como de especial protección, la previsión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfico rodado deberán estar separados entre sí, como máximo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso público a su terminación.

Artículo 30

1. La ordenación territorial y urbanística sobre terrenos incluidos en una zona, cuya anchura se determinará en los instrumentos correspondientes y que será como mínimo de 500 metros a partir del límite interior de la ribera del mar, respetará las exigencias de protección del dominio público marítimo-terrestre a través de los siguientes criterios:.../...”

Artículo 116

Las Administraciones públicas cuyas competencias incidan sobre el ámbito espacial contemplado en la presente Ley ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a aquéllas.

Disposición Transitoria Tercera

.../...

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la ordenación territorial y urbanística del litoral existente a la entrada en vigor de la presente Ley deberá adecuarse a las normas generales y específicas que se aprueben conforme a lo previsto en los artículos 22 y 34.

En cambio, la presente NTC, por su contenido, sólo afecta al suelo rústico y básicamente sobre el uso de vivienda unifamiliar aislada (no afecta ni a los suelos urbanos ni a los urbanizables) y no ordena el litoral, ni afecta al dominio público ni a las servidumbres legales previstas en la LC, donde, por cierto, aquel uso de vivienda ya resulta prohibido por la propia LC.

Además, en el suelo rústico en las Illes Baleares ya existe una categoría de suelo rústico protegido llamada Área de Protección Territorial (APT), del artículo 19.1.e.e.1) DOT.

El artículo 19.1.e) DOT dispone:

“e) Las áreas de protección territorial (APT), que son, independientemente de su inclusión en las categorías anteriores, las siguientes: La franja de 500 metros para las islas de Mallorca, de Menorca y de Eivissa, y la de 100 metros para la de Formentera, medidas desde el límite interior de la ribera del mar.

…./…”

En esta APT de costas el uso de vivienda unifamiliar aislada se encuentra prohibido conforme la matriz de ordenación del suelo rústico de las DOT.

Además, de acuerdo con el artículo 23.1 LC:

“Artículo 23

1. La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

Y conforme al artículo 25.1.a) LC:

“Artículo 25

1. En la zona de servidumbre de protección estarán prohibidos:

a) Las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

.../...”

Y de acuerdo con el artículo 32.2 LC se prohíbe expresamente en el dominio público marítimo-terrestre las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

Por todo lo anteriormente dicho, se concluye de lo expuesto que no es aplicable asimismo a la NTC que nos ocupa, que de ninguna forma ordena el litoral, el artículo 117 de la LC.

- EN CUANTO A LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA, POR CONCULCAR LOS SIGUIENTES DERECHOS CONSTITUCIONALES:

1.PROSCRIPCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN (ART. 9.3 CE).

Dicen:

“Es llamativo que la memoria que se acompaña a la norma y que debería servir para explicar el por qué de la misma, se limita a reproducir, sin formular razonamiento alguno, el texto del acuerdo.

Se obvia que toda motivación debe partir de unas premisas, o situaciones fácticas, de las que a través de un razonamiento lógico, se infiere o alcanza una conclusión, siendo necesario exponer el por qué y para qué, se pasa de una situación (actual) o otra, situación jurídica (resultante), en este caso, buscada por la norma. La memoria publicada, supone un sonrojante acto de despotismo y desconsideración para el administrado, que le produce gran indefensión, al no poder rebatir el por qué de la necesidad del cambio normativo pretendido.”

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LA FALTA DE UN ANÁLISIS PREVIO QUE JUSTIFIQUE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS.”

2.VULNERACION DEL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA. 

Dicen:

“La aprobación de dicha norma, absolutamente arbitraria, injustificada e injustificable, sin determinar las medidas correctoras, de carácter económico, para corregir las responsabilidades patrimoniales de la Administración que ha adoptado el acuerdo, vulnera claramente las disposiciones del art.33.1 CE, en el que se reconoce el derecho de todos los españoles a LA PROPIEDAD PRIVADA y a la propia herencia.

Al privar a las fincas objeto de segregación de derechos edificatorios y la posibilidad de que dichas fincas se vean "contaminadas" por actos de terceros, viene a conculcar el fundamental derecho a la propiedad privada, que rige la sociedad española desde la Constitución que nos dimos en 1978, imponiendo a los administrados responsabilidades derivadas de actos de terceros por quienes ninguna obligación tienen, de responder.

Siendo contrario a Justicia y a Derecho la mera posibilidad de recibir una "SANCIÓN" (la perdida por derechos edificatorios) por un hecho de un tercero, cual pasará si el propietario de la finca matriz o de cualquiera de las fincas resultantes, incurre en una segregación o transmisión contraria a la Ley.”

No hay que olvidar que el ordenamiento jurídico español en materia de urbanismo y ordenación del territorio está conformado fundamentalmente por los principios constitucionales, la legislación urbanística estatal y autonómica en función de sus respectivas competencias, sus reglamentos ejecutivos y el planeamiento, de forma que los planes tienen carácter normativo con rango de disposición reglamentaria.

La CE establece el principio de reserva de ley para la regulación del régimen jurídico del derecho de propiedad, pero en cuanto a la delimitación del contenido de este derecho, la ley no se agota en sí misma, de forma que ésta remite al planeamiento, norma de rango reglamentario que la desarrolla in extenso.

Esto determina que en el planeamiento rige el principio de jerarquía normativa, que por fin, se representa como una figura de corte piramidal, a tenor de la que, los planes de rango superior vinculan y obligan al planeamiento de inferior nivel, quedando éstos subordinados a las prescripciones y normas que aquellos contienen sin poder contradecirlas.

En este sentido, STJIB número 523/2007, de día 6 de junio de 2007:

“SEPTIMO. ACERCA DE LA SUPUESTA VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

La actora sostiene que la Norma Territorial Cautelar vulnera los principios de de legalidad y de jerarquía normativa.

La potestad planificadora en general y, en concreto, la que la Ley 14/2000, de 21 de diciembre , de

ordenación Territorial, atribuye a la Comunidad Autónoma y los Consells Insulars, incluye la modulación de la materialización de derechos de urbanización o de edificación sobre determinados terrenos, de acuerdo con su mayor o menor grado de transformación.

En la determinación del régimen urbanístico de la propiedad del suelo ha de intervenir norma con rango de ley, pero no opera reserva de ley absoluta sino relativa, de modo que, en conjunción con la ley, la delimitación y definición de su régimen corresponde a normas administrativas, que es lo que ocurre en el presente caso, donde se parte de las leyes estatales y autonómicas y se hace intervenir a normas autonómicas reguladoras de la ordenación del territorio.

La Norma Territorial Cautelar, como los Planes Territoriales Insulares, tienen carácter supramunicipal, por lo que tampoco cabe apreciar la vulneración que al respecto se señala en la demanda.

A mayor abundamiento, no puede sino repetirse que la NTC únicamente produce un efecto suspensivo del proceso edificador, de tal modo que la afectación del derecho de propiedad se producirá, en su caso, y dependiendo del contenido, con el Plan Territorial Insular.”

Así, no puede sino recordarse que la función del suelo rústico está relacionada con los valores agrícolas, forestales, pecuarios, cinegéticos, naturales, paisajísticos,...lo que determina  que se preserve de los procesos de desarrollo urbanístico (artículo 2 LSR), por lo que el posible uso edificatorio no es consustancial a este suelo, sino artificial, siendo la normativa  vigente en cada momento la que podrá atribuirle, en determinadas condiciones, este uso artificial y no inherente al derecho de propiedad sobre suelo rústico.

Desde esta perspectiva, lo que en un momento la normativa permite, puede condicionarlo o restringirlo después sin que el titular del suelo rústico pueda invocar un derecho edificatorio preexistente.

3. DERECHO A DISPONER DE LA PROPIA HERENCIA (ARTÍCULO 33 CE).

Dicen:

“El artículo 4, del acuerdo, pretende privar, del derecho a disponer de la propia herencia, so pena de que el bien a transmitir pierda de forma sustancial su valor (pérdida de derechos edificatorios).

Así, para que los bienes relictos no pierdan su valor, se obliga a transmitirlos a favor de personas con algún parentesco, privando así al propietario del bien, que bien por carecer de familiares, bien por incurrir éstos en causa de desheredación o, bien, por voluntad de agradecer, después de muerto, los servicios y atenciones prestadas por un no familiar, quiere disponer de dichos bienes en favor de alguien que no ostenta la condición de pariente. En clara y flagrante restricción de derechos.

Normas básicas, fundamentales, que rigen nuestra sociedad y que se ven claramente conculcadas, en aras a la protección de un bien o interés superior, que no se alcanza a comprender.”

No hay que olvidar que estamos hablando de suelo rústico donde no existe un “derecho” a edificar como parece que se identifica este tipo de suelo y además, con la NTC no existe ningún tipo de vulneración del artículo 33 CE, puesto que no han sido ni estarán privados de sus bienes y derechos las personas alegantes por su aprobación.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 3, apartado “EN CUANTO A LA INSEGURIDAD JURÍDICA POR LA RETROACTIVIDAD  DE LA NTC (SEGREGACIONES Y EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN)”

4. UTILIDAD PÚBLICA, INTERÉS SOCIAL E INDEMNIZACIÓN.

Finalmente, en cuanto a los derechos indemnizatorios, se debe empezar diciendo -tal y como manifiesta reiteradamente la Jurisprudencia- que la mera alteración del planeamiento como regla general no conferirá «per se» un derecho a obtener una indemnización, por considerarse que las limitaciones que impone el planeamiento son meras limitaciones y deberes que definen el contenido normal del derecho a la propiedad, principio éste que de forma tradicional se ha recogido en nuestro derecho, así en la Ley de 1956, TRLS’76, en el Texto Refundido de 1992, en el artículo 6 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo y artículo 4.1 del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el cual establece:

“1. La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.”

Disponiendo, por lo que se refiere régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo, el apartado 1 del artículo 11 del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre “1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.”

Añadiendo el apartado 2 de este artículo 11 que:

“2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.”

Por otra parte, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 13 (Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural: facultades) del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, en el suelo en situación rural del artículo 21.2.a) las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

Dice este Artículo 21.2.a) del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre:

“2. Está en la situación de suelo rural:

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o urbanística.”

Por su parte, el artículo 9.4 LSR establece:

“4. La imposición a los instrumentos municipales de planeamiento general de parámetros o condiciones diferentes de las señaladas en esta ley y en sus reglamentos, solo podrá efectuarse mediante la legislación agraria, los instrumentos de ordenación regulados en la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial de las Illes Balears, o las figuras de ordenación y gestión previstas por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y la biodiversidad, y la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental.”

En la LSR, el uso de vivienda es un uso condicionado (artículo 19.2), de forma que, según el artículo 25 del mismo texto legal:

“Las actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar sólo podrán efectuarse en las zonas en que tal uso no esté declarado prohibido por los instrumentos de planeamiento general y las condiciones que en ellos se establezcan.

Así las cosas, la explotación de los recursos naturales es el destino propio del suelo rústico y el uso de vivienda resulta excepcional  y sólo será posible si la ordenación urbanística y/o territorial no lo prohíbe.

Y en este sentido, no hay que olvidar que en el Anexo I de las DOT, la matriz de ordenación del suelo rústico (modificada por el Decreto ley 2/2016, de 22 de enero), apartado Regulación de los usos, recoge:

“Regulación de los usos:

1. Admitido sin perjuicio del cumplimiento de la normativa específica.

2. Condicionado según establece el Plan Territorial Insular.

2-3 Prohibido con las excepciones que establece el Plan Territorial Insular. En el caso de vivienda unifamiliar aislada se entenderá que el uso es condicionado hasta que el Plan Territorial Insular establezca las excepciones correspondientes.

3. Prohibido.

Las determinaciones de los usos de esta matriz tienen el carácter de nivel de protección mínima del suelo rústico, y se pueden incrementar por los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico.

Asimismo, hay que mencionar que de acuerdo con la disposición adicional quinta de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears “Las disposiciones de la presente ley tienen carácter de mínimas y, en consecuencia, prevalecerán las determinaciones de los planes de ordenación territorial y de los instrumentos de planeamiento general que supongan una mayor restricción”.

O lo previsto a la DA Segunda de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad:

“Disposición adicional segunda. Medidas adicionales de conservación en el ámbito local.

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias y en el marco de lo establecido en la legislación estatal y autonómica, podrán establecer medidas normativas o administrativas adicionales de conservación del patrimonio natural y la biodiversidad.”

El derecho a edificar en suelo rústico sólo se puede considerar integrado en el patrimonio privado una vez el propietario haya obtenido la preceptiva licencia y, en consecuencia no es posible obtener una pretensión indemnizatoria por una pérdida de expectativas.

En este sentido se pronuncian, entre otras muchas, las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears núm. 454/2003, de 27 de mayo; del Juzgado Contencioso administrativo núm. 2 de Palma de Mallorca de 5 de abril de 2003 y del Juzgado Contencioso administrativo núm. 1 de Palma de 30 de abril de 2003.

Por lo tanto, la prohibición o limitación de este uso atípico del suelo rústico no puede conferir, per se, derechos indemnizatorios.

En definitiva, el establecimiento de limitaciones o prohibiciones en cuanto a la admisión de usos atípicos en suelo rústico no comporta derecho a indemnización, que únicamente se reserva para los usos tradicionales o consustanciales vinculados a la explotación de los recursos naturales. Así, según la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1998:

“En el supuesto examinado sólo hubiera podido hablarse de una privación de derechos patrimoniales propios del contenido del derecho de propiedad ya incorporados en el supuesto, no alegado, de que el nuevo régimen de propiedad del suelo hubiera privado a su propietario de usos acordes con su clasificación como suelo no urbanizable –agrícolas, ganaderos, forestales, etc- de los que se hubiera visto privado...”

En este mismo sentido se pronuncia la STJIB núm. 96/2005, de 4 de febrero, en relación a los efectos derivados de la entrada en vigor de la Ley balear 9/1999:

“TERCERO. INEXISTENCIA DE DERECHO ABSOLUTO A EDIFICAR EN SUELO RÚSTICO.

Sólo cabe indemnización por reducción o supresión de aprovechamientos urbanísticos cuando éstos han sido ya patrimonializados, lo que no puede ocurrir en suelo rústico por no existir un aprovechamiento inherente al mismo.

El propietario del suelo rústico tiene derecho a usar y disfrutar de su propiedad conforme a la naturaleza de los terrenos (art. 20 Ley 6/1998, de 13 de abril ), por lo que de conformidad con dicha normativa básica no existe un "derecho a edificar" como inherente al suelo rústico.

El art. 3 de la Ley 6/1997, de 8 de julio de Suelo Rústico en Illes Balears, remarca que el destino del suelo rústico es el relacionado con el uso y explotación racional de los recursos naturales y que las actividades relacionadas con el uso de la vivienda unifamiliar son "condicionados" y dependientes de la posible autorización administrativa. El posterior art. 10 de la misma Ley al definir el contenido del derecho de propiedad del suelo rústico, indica que la calificación como rústico protegido o rústico común "supondrá la determinación de las limitaciones legales que delimitan el contenido del derecho de propiedad y su concreción mediante la definición de las facultades y deberes que lo integran, en el marco de las condiciones básicas fijadas por la legislación estatal". Tratándose de suelo rústico protegido -como es el caso, al tratarse de ANEI-, las limitaciones legales a la posibilidad constructiva, adquieren mayor vigor.

Es cierto que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 el propietario de un terreno de suelo rústico con la categoría de ANEI que reuniese los requisitos establecidos en el planeamiento y legislación aplicable -en particular la superficie mínima- podría obtener autorización para edificar vivienda unifamiliar aislada, pero no era un derecho inherente y comprendido dentro del derecho de propiedad de dicho suelo, sino un posible uso condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos y que, para el caso en cuestión, dichos requisitos no existían. En concreto el recurrente sólo es propietario de una finca no segregada, no de cuatro como computa en su petición de indemnización, lo que se expone a modo de ejemplo de que el recurrente ni tenía el derecho a construir inherente a su propiedad, ni podía obtener autorización para ello en las condiciones que reunía la indicada finca.

En definitiva no hay derecho a indemnización por nuevas limitaciones y deberes que definen el contenido normal de la propiedad según su calificación urbanística ( art. 87.1º TRLS/76 ) y debe reiterarse que la función del suelo rústico está relacionada con los valores agrícolas, forestales, pecuarios, cinegéticos, naturales, paisajísticos,...que determina el que se preserve de los procesos de desarrollo urbanístico ( art. 2 Ley 6/97 , de Suelo Rústico), por lo que el posible uso edificatorio no es consustancial a dicho suelo, sino artificial, siendo el legislador el que podrá atribuirle, en determinadas condiciones, ese uso artificial y no inherente al derecho de propiedad sobre suelo rústico. Desde esta perspectiva, lo que en un momento el legislador permite, puede condicionarlo o restringirlo luego sin que el titular del suelo rústico pueda invocar un derecho edificatorio preexistente. Como este derecho no existe, en nada se vulnera el derecho de propiedad si se suspende, prohíbe o restringe la posibilidad de edificar en suelo rústico.

Por último, debe rechazarse el argumento de que sea de aplicación el art. 43 de la LS/98 ya que en absoluto nos encontramos con una "vinculación o limitación singular" entendiendo como tal la que supuestamente afectaría de modo exclusivo a la finca del recurrente. Antes al contrario, afecta a toda finca ubicada en terreno rústico protegido con la categoría ANEI”.

Así las cosas, las limitaciones o prohibiciones a la edificación de viviendas unifamiliares en suelo rústico, derivadas de la ordenación territorial y/o urbanística, no confieren derechos indemnizatorios.

En efecto, la revisión o alteración del planeamiento -urbanístico o territorial- como regla general no dará lugar a la indemnización puesto que son los propios planes los que definen el contenido concreto del derecho de propiedad en cada caso, estableciendo sus precisos límites. Teniendo en cuenta que será la modificación del PTI quién establezca la correspondiente ordenación de forma definitiva.

Así mismo, en cuanto a la eventual responsabilidad patrimonial, si procede, ésta se tendrá que ventilar con ocasión de aprobar definitivamente la modificación del PTI. En este sentido, la STJIB número 97, de día 4 de febrero de 2003 dictada a propósito de una NTC, establece:

“Pues bien, en cuanto a que en la Norma Territorial Cautelar falta previsión de indemnización cuando establece la medida de suspensión de obras de urbanización en suelo urbanizable con Plan Parcial, en primer término, debe reiterarse que se trata de un mecanismo específico y distinto de la suspensión del otorgamiento de licencias y, además, también ha de tenerse en cuenta que el reconocimiento de responsabilidad no era procedente por cuanto, como ya se ha indicado, la Norma Territorial Cautelar no anula licencia alguna puesto que no afecta a su validez, como tampoco priva del ius edificandi, bien que incide en el ejercicio de ese derecho, pero solo de forma provisional y cautelar, con lo que cualquier eventual responsabilidad patrimonial se anuda temporalmente a la aprobación definitiva del Plan Territorial Parcial -ahora Insular-.

En efecto, ni siquiera de la invocación del principio de confianza legítima puede extraerse la conclusión de que en la Norma Territorial Cautelar tuviera que incluirse una cláusula general de reconocimiento de la responsabilidad puesto que, en realidad, de lo que aquí se trataría no era sino de meras expectativas subjetivas ya que el Consell Insular ha ejercitado la potestad atribuida por la Ley y ha actuado un mecanismo provisional y cautelar que aquella contempla -Disposición Adicional Tercera, apartado 3, de la Ley 8/87-, esto es, ninguna confianza fundada ha sido burlada ya que existía una previsión legal de que pudieran dictarse Normas Territoriales Cautelares en ejercicio del ius variandi, que es lo que ha ocurrido.”

Hay que recordar que la NTC no afecta a las licencias de edificación ya otorgadas tal y como se recoge en la Memoria Justificativa “.../...en cuanto al régimen transitorio de la Norma (Disposición transitoria), hay que decir que esta Norma Territorial Cautelar no afecta a las licencias de edificación municipales ya concedidas..”

O en la STJIB de 6 de mayo de 2005 (Id Cendoj: 07040330012005100193):

“SEPTIMO. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

Combatida en el presente contencioso la Norma Territorial Cautelar , esto es, en cuanto ahora interesa, la medida cautelar suspensiva que precede al instrumento de ordenación territorial, aquí el Plan Territorial Insular, como quiera que el posible derecho de la recurrente a exigir indemnización, al igual que en materia de urbanismo - artículo 44.1. de la Ley 6/98 y artículo 121.4 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico -, no cabe ejercitarse sino una vez aprobado definitivamente aquel y si su ordenación fuese incompatible con la ejecución suspendida, al fin, tampoco cabe estimar la pretensión de indemnización que se contiene en la demanda.

Por todo lo anterior, debe desestimarse la demanda.”

En definitiva, este carácter estatutario de la propiedad inmobiliaria significa que su contenido será en cada momento el que derive de la ordenación urbanística o territorial, siendo pues lícita la modificación de ésta, modificación que, por otro lado, no tiene que dar lugar a indemnización, en principio, ya que como ya se ha dicho las facultades propias del dominio, en cuanto creación del ordenamiento, serán las concretadas en la ordenación vigente en cada momento.

- EN CUANTO A LA PÉRDIDA DE DERECHOS EDIFICATORIOS DE LAS FINCAS EN ARIP Y SRC-F.

Dicen:

“La norma no previene la necesaria indemnización en relación a fincas, nacidas, jurídicamente, con anterioridad a la aprobación de la norma, situadas, en toda su extensión, en suelo calificado como ARIP o SRC-F, a las que se ha privado de la posibilidad de construir una vivienda unifamiliar, posibilidad de que disponían anteriormente. Modificación normativa que puede y debería conllevar una compensación económica, por la pérdida de valor de las mismas.

Fincas que, además, habrían servido para pago de derechos legitimarios, habrían sido hipotecadas en garantía de un préstamo, adquiridas mediando certificado de calificación urbanística, y cuyo valor económico, hoy residual, por las dificultades de dotarles de una actividad económica, siquiera agrícola o ganadera, había sido tenido en cuenta a tal fin. Siendo que los titulares de dichos derechos dominicales o de crédito, se ven ahora privados de ellos, sin compensación económica alguna.”

Contestada en el apartado anterior.

- EN CUANTO A LA ILEGALIDAD DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC.”

- EN CUANTO A OTRAS CONSIDERACIONES.

Dicen:

“A todo lo ya manifestado, cabe añadir, que la NTC, carente de objeto, adoptada en claro menoscabo de los derechos legítimos de los administrados, no obedece a causas objetivas, no da respuesta a una necesidad de dar protección a ningún interés social y carece de utilidad pública, responde únicamente a la voluntad, torticera, de los políticos que promueven la norma territorial cautelar, de disponer, de los derechos de unos, en favor de otros, sin justa causa ni contraprestación económica alguna.

Incluso en aquellos supuestos en que, la edificación sería posible, se impone al administrado, una carga económica, indecente e imposible de asumir, en la gran mayoría de los supuestos, que favorece precisamente, aquello que tratan de evitar, la especulación, obligando a los residentes a tener que vender sus propiedades para poder cumplir con sus obligaciones económicas, derivadas, por ejemplo, del pago de los derechos hereditarios.

Al imponer medidas de integración paisajística (art. 6 de la NTC), se está lastrando económicamente, al solicitante de la licencia, quien vendría obligado a sustituir, por ejemplo, vallas, muros de contención de tierras, edificaciones, para los que en su día obtuvo la preceptiva licencia y fueron construidos con arreglo a la misma.”

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartado “EN CUANTO A QUE EL CAMPO TIENE QUE SER VIABLE PARA ESTAR CONSERVADO, NO ES UN JARDÍN DECORATIVO PARA QUIEN LO VISITA.”

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar las alegaciones efectuadas en el Modelo 5, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

VI.- ALEGACIONES MODELO 6 (6 alegaciones)

Alegan:

FALTA DE ACTO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO. INCOMPETENCIA DEL ÓRGANO QUE DICTA LA NORMA. FALTA DEL INFORME PREVIO DE LA DEMARCACIÓN DE COSTAS. RETROACTIVIDAD  DEL ARTÍCULO 4 NTC. SOBRE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA. AMPLIACIÓN DE VIVIENDAS EXISTENTES. CUESTIONES SOCIALES (IDENTIFICACIÓN DEL SUELO RÚSTICO CON La ESPECULACIÓN E  INDEFENSIÓN, DAÑOS Y PERJUICIOS A LOS PROMOTORES. CUESTIONES TÉCNICAS (PISCINAS, VOLUMEN DE LAS EDIFICACIONES, VIVIENDAS EN RED NATURA).

Piden:

.../...

“A. Estimar el presente escrito

B. Declarar la nulidad de pleno derecho de la aprobación inicial de la NTC con los motivos expuestos en el cuerpo del presente documento por la vulneración reiterada de numerosas leyes, incluso de la suprema que es la Constitución, la cual vela, entre otros, por los derechos fundamentales.

C. Procedan a la emisión del pertinente informe dado que han superado con creces el período de tres meses que la Ley concede para la emisión del mismo.

OTROSí SOLICITA: Subsidiariamente, en caso de no estimar la petición de nulidad de la norma, se disponga la anulación de los artículos que violan derechos o normas de rango o fuerza superior, dejando en todo caso sin efecto la suspensión del procedimiento administrativo relativo a las solicitudes de licencia que ya estaban en trámite con anterioridad a la publicación de esta disposición.”

CONTESTACIÓN

Ya se ha dicho al principio que no era objeto de este informe dar respuesta a expedientes concretos.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 3.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 5, apartado “EN CUANTO A LA  NULIDAD DEL ACUERDO POR FALTA DE SOLICITUD DEL PRECEPTIVO INFORME DE COSTAS.”

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar las alegaciones efectuadas en el Modelo 6, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

VII.- ALEGACIONES MODELO 7 (3 alegaciones)

Alegan:

NULIdAd DEL ACUERDO De INiCIo DE LA CONSEJERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE TERRTORIo Y MOVILIDAD DE DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016. NULIdAd DEL ACUERDO De INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PTI POR falta DE MOTIVACIón. NULIdAd DEL ACUERDO De APROBACIÓN INICIAL DE LA NTC. FRAUDE DE LEY. LA IMPOSIBILIDAD De ADOPTAR UNA REVISIÓN DEL PTI -AUNQUE SEA CAUTELAR- SIN DIAGNóStIco PREVIO DE LA REALIDAD. LA REDUCCIÓN DE La EDIFICABILIDAD A LA MITAD ES ARBITRARIA, Y EN IGUAL SENTIDO LA PROHIBICIÓN De AMPLIACIÓN O CAMBIO De USO De VIVIENDAS EXISTENTES. LA PROHIBICIÓN DE CUALQUIER ACTUACIÓN INCLUSO EN VIVIENDAS LEGALES EN SUELO RED NATURA 2000 NO ES CONFORME CON LAS PROPIAS LEYES QUE LA REGULAN. La ARBITRARIEDAD DE LA NORMA RELATIVA A LAS SEGREGACIONES. INSEGURIDAD JURÍDICA POR LA RETROACTIVIDAD  DE LA NTC (SEGREGACIONES Y EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN).

Piden:

SOLICITO

PRIMERO.- Que tenga por presentado este escrito de alegaciones en tiempo y forma y en su virtud declare la nulidad del acuerdo de inicio del procedimiento de modificación del PTI de fecha 8 de noviembre de 2016 de la Consellera de Territorio y Movilidad por aplicación del artículo 47.1.b) de la ley 39/2015.

SEGUNDO.- Que en consecuencia, igualmente, declare Nula la aprobación inicial de la NTC realizada por el Pleno de 30 de noviembre por incumplir el artículo 17 LOT, con infracción del artículo 47.1.e de la Ley 39/2015.

TERCERO.- Y en cualquier caso, en virtud de todas las Alegaciones expuestas anule y/o retire la NTC aprobada inicialmente con archivo del expediente.

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 3.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar las alegaciones efectuadas en el Modelo 7, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO Al RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

III.- ALEGACIONES MODELO 8 (39 alegaciones)

Alegan:

Dicen: “b) Dicho proyecto:

a. Fue entrado en el Ayuntamiento de ………….en fecha de ………, con registro de entrada ……….”

…/…respecto de la presente petición de licencia que es la que nos ocupa.

a. Debe entenderse que la documentación presentada fue la SUFICIENTE para informar el proyecto, porque así lo indica la LOUS y porque la Administración no ha dicho lo contrario en ningún momento.

b. Que la NTC deberá entrar EN VIGOR CON SU APROBACIÓN DEFINITIVA, y no con la aprobación inicial.

c. Que el plazo máximo de 3 meses para informar YA HA EXPIRADO. Más aún si cabe, teniendo en cuenta el punto anterior, por el que se infiere que dicha NTC aún no ha entrado en vigor, sólo está produciendo efectos.

d. Que la Administración NO HA INFORMADO a ninguno de los interesados que se hayan requerido otros informes preceptivos. De la misma manera, NO HA INFORMADO la recepción de los mismos. Por lo tanto, el plazo de 3 meses anteriormente citado debe entenderse como No AMPLIADO.

e. Que como estipula el artículo 139.3 de la LOUS, 'las licencias se otorgarán de acuerdo con la previsiones de la legislación y de la ordenación urbanísticas vigentes en el momento de su otorgamiento siempre que se resuelvan en plazo'. Teniendo pues en cuenta esto y lo citado anteriormente, el proyecto no debería verse afectado por la NTC y ser INFORMADO DE ACUERDO A LA NORMATIVA EN VIGOR EN EL MOMENTO DE SU PRESENTACION.

Piden:

“Y por lo tanto:

El técnico redactor del proyecto solicita que se modifique la redacción de la Norma cautelar a los efectos de clarificar y definir cuáles son los criterios para considerar, de acuerdo con la normativa aplicable, que la documentación se considera completa y que se proceda con la tramitación del expediente que nos ocupa y se le aplique la normativa en vigor en el momento del inicio de la tramitación de dicho expediente.”

CONTESTACIÓN

Ya se ha dicho al principio que no era objeto de este informe dar respuesta a expedientes concretos. Tratándose de suelo rústico, la documentación necesaria no sólo se contiene en la LOUS sino también en normativa reglamentaria como lo es el PTI (instrucciones técnicas).

Por otra parte, debe decirse que la NTC entra en vigor con su aprobación definitiva.

No obstante, lo anterior, la aprobación inicial de la NTC produce unos efectos legales “ope legis” por disponerlo así el artículo 17.3 LOT, que establece:

“3. La aprobación inicial de las normas territoriales cautelares significa la suspensión del otorgamiento de licencias y de autorizaciones para todas aquellas actuaciones que no se ajusten a sus determinaciones.”

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar las alegaciones efectuadas en el Modelo 8, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO Al RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

IX.- ALEGACIONES MODELO 9 (3 alegaciones)

Alegan:

NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DE LA CONSEJERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE TERRTORIO Y MOVILIDAD DE DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016. NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PTI POR FALTA DE MOTIVACION. NULIDAD DEL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA NTC. FRAUDE DE LEY. LA IMPOSIBILIDAD DE ADOPTAR UNA REVISIÓN DEL PTI -AUNQUE SEA CAUTELAR- SIN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA REALIDAD. LA REDUCCIÓN DE LA EDIFICABILIDAD A LA MITAD ES ARBITRARIA, Y EN IGUAL SENTIDO LA PROHIBICIÓN DE AMPLIACIÓN O CAMBIO DE USO DE VIVIENDAS EXISTENTES. LA PROHIBICIÓN DE CUALQUIER ACTUACIÓN INCLUSO EN VIVIENDAS LEGALES EN SUELO RED NATURA 2000 NO ES CONFORME CON LAS PROPIAS LEYES QUE LA REGULAN. LA ARBITRARIEDAD DE LA NORMA RELATIVA A LAS SEGREGACIONES. INSEGURIDAD JURÍDICA POR LA RETROACTIVIDAD  DE LA NTC (SEGREGACIONES Y EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN).

Piden:

SOLICITO

PRIMERO.- Que tenga por presentado este escrito de alegaciones en tiempo y forma y en su virtud declare la nulidad del acuerdo de inicio del procedimiento de modificación del PTI de fecha 8 de noviembre de 2016 de la Consellera de Territorio y Movilidad por aplicación del artículo 47.1.b) de la ley 39/2015.

SEGUNDO.- Que en consecuencia, igualmente, declare Nula la aprobación inicial de la NTC realizada por el Pleno de 30 de noviembre por incumplir el artículo 17 LOT, con infracción del artículo 47.1.e de la Ley 39/2015.

TERCERO.- Y en cualquier caso, en virtud de todas las Alegaciones expuestas anule y/o retire la NTC aprobada inicialmente con archivo del expediente.

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 3.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar las alegaciones efectuadas en el Modelo 9, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

X.- ALEGACIONES MODELO 10 (4 alegaciones).

Alegan:

FALTA DE RESPETO A LOS DERECHOS PRECEDENTES. ESTA MODIFICACIón EMPOBRECE A LOS PROPIETARIOS QUE CUIDAN Y MANTIENEN SUS FINCAS. NO Se HA TENIDO EN CUENTA A NADIE PARA APROBAR ESTA NORMA. LA DEMORA no debe SER EXCUSA.

Piden:

Que tenga por presentado este escrito y en su virtud sea retirada la Norma Territorial Cautelar aprobada inicialmente y dejada sin efectos, o bien que siendo efectiva, no sea aplicada al expediente anteriormente referenciado.

CONTESTACIÓN

- EN CUANTO A LA FALTA DE RESPETO A LOS DERECHOS PRECEDENTES.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

- EN CUANTO A QUE ESTA MODIFICACIÓN EMPOBRECE A LOS PROPIETARIOS QUE CUIDAN Y MANTIENEN SUS FINCAS.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartado “EN CUANTO A QUE ESTA MODIFICACIÓN EMPOBRECE A LOS PROPIETARIOS QUE CUIDAN Y MANTIENEN SUS FINCAS”.

- EN CUANTO A QUE NO SE HA TENIDO EN CUENTA A NADIE PARA APROBAR ESTA NORMA.

Se reitera que no hay que confundir el derecho a participar, que se materializa mediante el trámite de información pública conferido, con el hecho que se tengan que estimar las alegaciones formuladas relativas a que no se adopten las medidas previstas en la NTC tendentes a la preservación del suelo rústico.  

Véase contestación a MODELO 1, apartado “-EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NTC.”

-EN CUANTO A QUE LA DEMORA NO DEBE SER EXCUSA.

Dicen:

“La demora de la Administración, y en este caso el Consell Insular de Ibiza u otras Administraciones Públicas, no puede ser excusa o justificación para una aplicación de las nuevas determinaciones de la Norma Territorial Cautelar al expediente del firmante, sino precisamente todo lo contrario. Es decir, la simple demora, que perjudica a un administrado no puede servir después para aplicar una Norma que, de haber sido más diligente la Administración Pública no se habría aplicado. Por ello, aquella interpretación de que hablábamos en cuanto a que debe ser restrictiva tiene en este momento su total aplicación, ya que de otra manera sería el propio Consell Insular Juez y Parte y ello está absolutamente vedado por el Derecho. Esto no dejaría de ser un funcionamiento anormal de la Administración que no podría ser simplemente obviado por la Administración.”

Al respecto debe decirse que el régimen de los expedientes en tramitación se recoge a la Disposición transitoria (Régimen transitorio) de la NTC.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar las alegaciones efectuadas en el Modelo 10, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

XI.- ALEGACIONES MODELO 11 (4 alegaciones)

Alegan:

FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS AFECTADOS. NO SE HA INICIADO LA REVISIÓN O MODIFICACIÓN DEL PTI. EN CUANTO A LA REDUCCIÓN DE PARÁMETROS EDIFICATORIOS.

Piden:

SOLICITA AL HONORABLE PRESIDENTE DEL CONSELL INSULAR d'Eivissa, tenga por presentado este escrito, en tiempo y forma, efectuadas las alegaciones a la citada Norma Territorial Cautelar (NTC) y previo los trámites oportunos acuerde estimarlas en el sentido de SUSPENDER LA APROBACION INICIAL DE LA NORMA TERRITORIAL CAUTELAR, por la que se adoptan medidas provisionales para asegurar la efectividad de la futura modificación del Plan Territorial Insular d'Eivissa, por los motivos expresados en los precedentes hechos y en su lugar se inicie un pormenorizado proceso en el que participen todos los colectivos afectados para que el nuevo instrumento de planeamiento territorial resulte con el mayor consenso posible.”

CONTESTACIÓN

-EN CUANTO A LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LOS AFECTADOS.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NTC.”

-EN CUANTO A QUE NO SE HA INICIADO LA REVISIÓN O MODIFICACIÓN DEL PTI.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 3, apartado “EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DE LA CONSEJERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y MOVILIDAD DE DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016. EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PTI POR FALTA DE MOTIVACIÓN. EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA NTC. EN CUANTO AL FRAUDE DE LEY.”

- EN CUANTO A LA REDUCCIÓN DE PARÁMETROS EDIFICATORIOS.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartados:

- “EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA.”

- “EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENOS RED NATURA.”

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartados:

-“EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE AMPLIACIÓN O REFORMA INTEGRAL DE LAS VIVIENDAS LEGALES EN SUELO FORESTAL, LIC Y ZEPA O ÁREA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS”.

-“EN CUANTO A QUE EL CAMPO TIENE QUE SER VIABLE PARA ESTAR CONSERVADO, NO ES UN JARDÍN DECORATIVO PARA QUIEN LO VISITA.”

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar las alegaciones efectuadas en el Modelo 11.

III.B.2.- ALEGACIONES INDIVIDUALES.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número RGE
1	X2514240H	Consejo de Eivissa	15/12/2016	2016030777

Contenido del alegación: Pide aclaración sobre si la NTC afectará o no a su proyecto, señalando que el 04 de Marzo de 2016 presentó ante el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany el proyecto de licencia  para  una vivienda familiar y que el Ayuntamiento no remitió el proyecto al Consejo hasta el día 21 de noviembre de 2016. Que para avanzar el expediente, el 15 de junio de 2016 presentó ante Recursos Hídricos el dossier del proyecto básico junto a su proyecto de inundabilidad, obteniendo el informe favorable de este organismo.

Transcurridos 9 meses desde la presentación de su proyecto, y con la norma cautelar en marcha, desconoce si el proyecto se verá afectado por esta norma, aunque legalmente, en el momento en que  presentó la documentación podía construir una vivienda de 450m2 + 80m2 de anexo.

Señala que ha incurrido en gastos por valor de 36.000 euros, más un pago a cuenta al propietario del terreno por el valor de 20.000 euros y que tiene de plazo hasta el 1 de febrero 2017 para finalizar la compra del terreno y no lo puede hacer sin conocer cuándo podrá construir y cuántos metros. Que la norma cautelar habla de "expediente completo" pero no queda claro su significado y que ha consultado con varias personas (funcionarios, arquitectos, abogados) y cada cual tiene su propia interpretación.

Pide que se le aclare si la norma cautelar mencionada afectará a su proyecto.

CONTESTACIÓN

El trámite de alegaciones a una Norma Territorial Cautelar (NTC) no puede servir para dar respuesta a un expediente en tramitación, por la que se propone la desestimación de la alegación.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación, y, en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
2	B57916983	Consejo de Eivissa	19/12/2016	2016030983

Contenido de la alegación: expone su caso particular, que dice que es representativo de las dudas de interpretación que generará la disposición transitoria de la NTC. La entidad que representa, presentó solicitud de licencia para construir una vivienda unifamiliar el 18 de diciembre de 2015 en el Ayuntamiento de Sant Josep. El proyecto no fue remitido al Consejo Insular hasta el 3 de marzo de 2016 (exp.22/16). El 29 de julio de 2016 se solicitó información a la promotora sobre el camino de acceso y este requerimiento fue cumplido con fecha 19 de agosto de 2016.

El Departamento de Recursos Hídricos no ha emitido todavía su informe, a pesar de que ha transcurrido más de un año desde la solicitud de licencia.

La entidad que representa ha incurrido en gastos por importe de 52.000 euros.

Añade que la licencia tendría que haber sido otorgada antes del día 10 de octubre de 2016, que corresponde a 9 meses desde el día 18 de diciembre 2015 y 21 días de suspensión del procedimiento por enmienda de deficiencias. El hecho que falte el informe de recursos hídricos no es imputable a la promotora y se debe a un funcionamiento anormal de la Administración.

La redacción de la disposición transitoria tiene que modificarse para que los administrados no sufran las consecuencias de un funcionamiento anormal de la Administración.

Señala que convendría definir qué se entiende por "solicitud con documentación completa" y la expresión  "plazos legales para resolver el expediente" de la Disposición transitoria de la NTC.

Las irregularidades de la Administración son: remisión del expediente al Consejo tardía, emisión del informe de recursos hídricos excediendo el plazo legal, aprobación del proyecto por el Consejo Insular excediendo el plazo legal y solicitud de enmienda a la promotora seis meses después del inicio del procedimiento.

Expone que de las conversaciones mantenidas con letrados de la Administración parece que se entendería que una solicitud está completa cuando cuenta con todos los documentos a que se refiere el anexo II del Plan Territorial Insular y todos los informes sectoriales.

Que, asimismo, el plazo legal para resolver para el Consejo insular es de tres meses desde que el expediente está completo y de otros tres meses por el Ayuntamiento desde que recibe todos los informes preceptivos.

Señala que esta posible interpretación estaría vulnerando lo dispuesto a los arts. 29, 21 y 22.1, apartados a) y d) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y también los principios, reconocidos en el ámbito comunitario y en nuestro ordenamiento interno, de confianza legítima y seguridad jurídica.

Que ya se actuó en enero de 2016 por decreto-ley para proteger el interés público y que hay vulneración de los mencionados principios 

Añade: "La vulneración del principio de seguridad jurídica y la confianza legítima no se producen únicamente por un cambio normativo sino por la falta de aviso, la rigidez de la disposición transitoria, que resulta poco adecuada al modo de proceder de la Administración, a los elásticos plazos legales para resolver el procedimiento de solicitud de licencia, fraccionados entre diversas administraciones y condicionados por el silencio negativo de los informes preceptivos. La quiebra de los principios de confianza legítima y el de seguridad jurídica es realmente grave porque la Ley fija unos mecanismos indemnizatorios del todo insuficientes que no cubren las inversiones realizadas por los administrados"

Que la NTC se ha aprobado sin estudiar su incidencia sobre la economía, el trabajo y el medio ambiente y que afectará negativamente la economía y el trabajo, provocando que las fincas pierdan valor.

Que aumentará la ligitiosidad y que se pretende modificar una norma vigente desde 2005 y que no generaba conflictividad social y que afectará a proyectos como el suyo, que tendrían que tener licencia si la administración cumpliera con los plazos para resolver.

Pide: "que se tengan por realizadas las alegaciones y que se modifique la norma cautelar para que no afecte a proyectos como el de XX, presentado en diciembre de 2015 y que deberían contar con la licencia de obras si la Administración cumpliera los plazos establecidos en la legislación."

CONTESTACIÓN:

El trámite de alegaciones a una Norma Territorial Cautelar (NTC) no puede servir para dar respuesta a un expediente en tramitación, por lo que se propone la desestimación de la alegación. Por otro lado, el decreto-ley a que hace referencia la alegación fue aprobado por el Gobierno de las Illes Baleares, no por el Consejo Insular, y tiene un objeto y alcance diferentes a los de la presente Norma Territorial Cautelar.  

Los cambios normativos no vulneran los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. Si así fuera, el ordenamiento jurídico tendría que quedar congelado. La propia finalidad de la NTC -asegurar la viabilidad del futuro plano al cual sirve- determina el procedimiento que debe seguirse para su aprobación así como sus efectos suspensivos inmediatos (art. 17 LOT). En este procedimiento no está previsto ningún trámite de audiencia previo a su aprobación inicial.

Por otro lado, la aprobación de la NTC que se encuentra en tramitación tiene una motivación específica que se recoge en su Memoria, a la cual nos debemos remitir, y responde a la necesidad, expresada por el equipo de gobierno, de reducir la presión edificatoria en suelo rústico, diferente del existente cuando se tramitó -en 2004- el PTI que se pretende modificar.   

Hay que decir que junto a la documentación aprobada inicialmente, consta la redacción de una memoria análisis ambiental, cuyo contenido íntegro se expuso en el BOIB núm. 151, de fecha 1 de diciembre de 2016, junto al texto normativo y la memoria justificativa de la NTC.

Y en cuanto a la alegación relativa a que se ha aprobado sin conocer su incidencia sobre la economía, debe decirse que su motivación se ha fundado en la necesidad de proteger el territorio y contener la presión edificatoria en el suelo rústico, además de una serie de medidas de protección del paisaje y del ahorro del agua, para cumplir el mandato constitucional expresado a su art. 45, y según el cual, partiendo de que todo el mundo tiene derecho a disponer de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, y el deber de conservarlo, "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva."

En consecuencia, se propone desestimar esta alegación, y, en cuanto al régimen transitorio de la NTC, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha   RGE	Número  RGE
3	B57826026	Consejo de Eivissa	22/12/2016	2016031220

Contenido de la alegación: Pide que no se aplique a su proyecto el artículo 4 de la NTC, puesto que por el retraso de la administración al resolver el expediente de desvinculación no ha podido todavía segregar la finca. Subsidiariamente solicita que se le conceda un plazo máximo de seis meses para cumplir con las condiciones mencionadas en la Resolución 4/2016 de la CIOTUPHA, de fecha 30 de agosto de 2016.

Todo lo anterior en atención a que: "Ello al haberse producido en el presente caso un  funcionamiento anormal de la Administración por causas no imputables al solicitante que le han producido un perjuicio al ver limitadas las facultades de las que disponía hasta el día 1 de Noviembre en relación a la segregación instada y que no se habrían producido tales limitaciones si el procedimiento administrativo se hubiera resuelto en los plazos legales y/o normales".

CONTESTACIÓN

El trámite de alegaciones a una Norma Territorial Cautelar (NTC) no puede servir para dar respuesta a un expediente en tramitación, por lo que se propone la desestimación de la alegación.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI -CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha  RGE	Número  RGE
4	B57855942	Delegación de Gobierno Illes Balears	21/12/2016	5108e1603366853

Contenido de la alegación: explica que solicitó licencia de obras el 17 de abril de 2015 para un proyecto de vivienda unifamiliar con piscina. Que el Ayuntamiento se retrasó excesivamente en la remisión del expediente al Consejo Insular, el cual requirió a la promotora la aportación de documentación adicional para completar la solicitud, que presentó al Consejo Insular con fecha 10 de diciembre de 2015 (exp. 42/2015).

Que para mitigar el impacto de la construcción, se presentó un proyecto modificado que no tendría que pasar un nuevo trámite de exposición pública al mantener los parámetros del proyecto presentado inicialmente.

Que el único informe que carece es del Consejo Insular, que se ha excedido del plazo máximo de tres meses previsto en el artículo 36 de la Ley del suelo rústico.

Que la disposición transitoria de la NTC no aclara si el plazo máximo para resolver es el de tres meses que tiene el Ayuntamiento desde que recibe el informe del Consejo Insular, interpretación que sería posible y que significaría la inviabilidad jurídica del proyecto del expediente 42/2015 para modificar el proyecto introduciendo mejoras estéticas y reduciendo el impacto paisajístico.

Expone la misma fundamentación jurídica en contra del régimen transitorio de la NTC que aparece en la alegación anterior, relativa al número de orden 2.

El Ayuntamiento estaría dentro del plazo legal para resolver pero habría un retraso en la administración que tendría que indemnizar por el daño causado al administrado y sería discutible si este daño sería únicamente el coste del proyecto o la pérdida de valor de la finca por la reducción de los usos admisibles o de los parámetros aplicables.

Pide que se aclare la terminología de la norma cautelar y se excluya expresamente de su ámbito de aplicación a las modificaciones que no supongan un "incremento" de las condiciones de uso del suelo, altura, volumen, situación, de las edificaciones y ocupación máxima autorizadas. Si no, podría ser complicado aprobar modificaciones en el transcurso de las obras porque estarán referidas a una edificación que incumple los nuevos parámetros impuestos por la norma cautelar.

CONTESTACIÓN

Ya se ha dicho en el presente informe que no se procedería a contestar respecto de expedientes concretos.

No obstante lo anterior, hay que decir que en cuanto a las modificaciones durante la ejecución de las obras, su régimen se regula en el artículo 143 LOUS:

“Artículo 143

Modificaciones durante la ejecución de las obras

1. Cuando, una vez concedida una licencia urbanística o efectuada una comunicación previa que legitime ejecución de obras, se quiera modificar en su transcurso, estas deben ser oportunamente paralizadas cuando tengan por objeto variar el número de viviendas autorizado o si comporta alteración de las condiciones de uso del suelo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación máxima autorizadas. La normativa de aplicación a este tipo de modificaciones es la vigente en el momento de la solicitud de modificación de la licencia o de realización de la modificación de la comunicación previa.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si en el transcurso de la ejecución de las obras se modifica la estructura o la disposición interior o el aspecto exterior, sin alteración de ninguno de los parámetros previstos en el apartado 1 anterior, las obras no se deben paralizar durante la tramitación administrativa de la solicitud de modificación del proyecto o relación de obras a ejecutar. La autorización o denegación de las modificaciones corresponde al órgano que otorgó la licencia originaria. En este caso la normativa de aplicación a las modificaciones es la vigente en el momento de concesión de la licencia originaria o de presentación de la comunicación previa inicial, siempre que no se haya sobrepasado el plazo fijado para la ejecución de las obras.

3. En ningún caso pueden acogerse a los beneficios del apartado 2 de este artículo aquellas obras que se lleven a cabo en edificios catalogados o incluidos en conjuntos histórico-artísticos, sujetos a la legislación de protección del patrimonio histórico de las Illes Balears o catalogados o protegidos por el planeamiento urbanístico.

4. Si del contenido de la modificación de la comunicación previa a que se refieren los apartados anteriores, se desprende que las obras a ejecutar ya no pueden ser objeto de este procedimiento, el órgano municipal competente notificará a la persona interesada que las obras se deben paralizar y que debe proceder a la solicitud de licencia urbanística en los términos establecidos en esta ley.”

Y la NTC no puede alterar aquel régimen legal.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

Número de  Orden	Pasaporte- NIE-DNI- CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha  RGE	Número  RGE
5	B57876419	Delegación de Gobierno Illes Balears	21/12/2016	5108e1603366833

Contenido de la alegación: la persona alegante expone que obtuvo licencia de obras que está ejecutándose y desea realizar algunas modificaciones durante el transcurso de las obras. Además, adquirió otra finca rústica con la finalidad de agruparla y solicitar licencia para la construcción de un anexo, que ha acontecido inútil.

Añade que la disposición transitoria genera problemas de interpretación a la hora de aplicar el artículo 143 de la Ley balear de ordenación y uso del suelo (LOUS) referido a las modificaciones durante el transcurso de las obras dado que el artículo 143.2. de la LOUS hace referencia a la alteración y no al incremento de las condiciones de uso del suelo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación máxima autorizadas. De esta forma, la "alteración" puede ser cualquier cambio en el proyecto inicial. En estos casos se aplicaría la normativa vigente al tiempo de presentar la solicitud y las modificaciones podrían ser rechazadas por disposición de la moratoria.

En la línea de la alegación anterior, pide que la norma cautelar indique expresamente que no será de aplicación a las modificaciones durante el transcurso de las obras de proyectos que ya han obtenido licencia cuando se trate de modificaciones que no supongan un incremento de los parámetros aplicables.

Alega vulneración por la NTC de los principios de confianza legítima, proporcionalidad y seguridad jurídica, para acabar pidiendo que la NTC no afecte a ningún proyecto en tramitación ni a las ampliaciones de los mismos, por ser inversiones ya realizadas con unas determinadas expectativas, para las que la administración ha recibido ingresos tributarios y para las que la ley no prevé mecanismos indemnizatorios.

Finalmente, pide que la disposición transitoria sea más flexible y que introduzca plazos claros, por ejemplo, que afecte a proyectos de nuevas viviendas que se presenten a partir de diciembre de 2016 o proyectos de ampliación que se presenten a partir de abril de 2017.

CONTESTACIÓN

Ya se ha dicho en el presente informe que no se procedería a contestar respecto de expedientes concretos.

No obstante lo anterior, hay que decir que en cuanto a las modificaciones durante la ejecución de las obras, su régimen se regula en el artículo 143 LOUS:

“Artículo 143

Modificaciones durante la ejecución de las obras

1. Cuando, una vez concedida una licencia urbanística o efectuada una comunicación previa que legitime ejecución de obras, se quiera modificar en su transcurso, estas deben ser oportunamente paralizadas cuando tengan por objeto variar el número de viviendas autorizado o si comporta alteración de las condiciones de uso del suelo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación máxima autorizadas. La normativa de aplicación a este tipo de modificaciones es la vigente en el momento de la solicitud de modificación de la licencia o de realización de la modificación de la comunicación previa.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si en el transcurso de la ejecución de las obras se modifica la estructura o la disposición interior o el aspecto exterior, sin alteración de ninguno de los parámetros previstos en el apartado 1 anterior, las obras no se deben paralizar durante la tramitación administrativa de la solicitud de modificación del proyecto o relación de obras a ejecutar. La autorización o denegación de las modificaciones corresponde al órgano que otorgó la licencia originaria. En este caso la normativa de aplicación a las modificaciones es la vigente en el momento de concesión de la licencia originaria o de presentación de la comunicación previa inicial, siempre que no se haya sobrepasado el plazo fijado para la ejecución de las obras.

3. En ningún caso pueden acogerse a los beneficios del apartado 2 de este artículo aquellas obras que se lleven a cabo en edificios catalogados o incluidos en conjuntos histórico-artísticos, sujetos a la legislación de protección del patrimonio histórico de las Illes Balears o catalogados o protegidos por el planeamiento urbanístico.

4. Si del contenido de la modificación de la comunicación previa a que se refieren los apartados anteriores, se desprende que las obras a ejecutar ya no pueden ser objeto de este procedimiento, el órgano municipal competente notificará a la persona interesada que las obras se deben paralizar y que debe proceder a la solicitud de licencia urbanística en los términos establecidos en esta ley.”

Y la NTC no puede alterar aquel régimen legal.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha  RGE	Número  RGE
12	041440508M	Consejo de Eivissa	02/01/2017	2017000006

Contenido de la alegación: Señala que el precepto de la NTC que establece la obligación de eliminar los vallados que no sean tradicionales y que prevé que los nuevos vallados de fincas cuenten con una altura máxima de un metro, no garantizan la seguridad de los rebaños de ovejas, que  pueden verse atacados por perros o bien pueden saltar los muros de un metro, por lo que esta medida puede provocar que la gente deje de tener ovejas y esto incidiría también negativamente sobre el paisaje.

Pide que se autorice a las explotaciones que figuran en alta en el registro de explotaciones ganaderas  de la Consejería de Agricultura del Consejo de Eivissa a cerrar la propiedad con valla metálica de una altura de dos metros

CONTESTACIÓN

Ya se ha dicho que se propone añadir un segundo apartado al artículo 7 de la NTC, que quedaría así:

“En las explotaciones agrarias, los vallados para el rebaño podrán superar la altura de un metro, siempre que sean diáfanos tradicionales y resulten necesarios para que no salgan los animales o para proteger los cultivos de la finca de este rebaño.

En este sentido, véase, la contestación a la núm. de orden 1284 (alegación de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Agroeivissa sociedad cooperativa y la Cooperativa Agrícola de Santa Eularia).

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone estimar esta alegación en el sentido expuesto.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
19	037728168A	Consejo de Eivissa	03/01/2017	2017000109

Contenido de la alegación: Que por error en el PTI su finca se encuentra incluida en la Zona 1, a pesar de no cumplir con los requisitos establecidos por el PTI para esta zona, y así, su finca tiene una pendiente muy inferior al 40% que establece la norma y las cotas de la finca se encuentran muy por bajo de la media de la altitud redactada en la norma relativa a las elevaciones más significativas de Ibiza, que según la alegación, corresponde a "Sa Talaiassa", con una altitud de 487m. Que su finca cumple con la Disposición Transitoria 4 del PTI y que cuenta con toda la infraestructura desde hace muchos años.

Pide que se subsane el error de haber incluido su finca dentro de la zona 1.

CONTESTACIÓN

El objeto de la presente NTC no lo constituye modificar las zonas 1 del PTI vigente, y, además, la presente alegación no se refiere al contenido de la NTC, por lo que, esta alegación debe ser desestimada.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
216	X8882370T	Delegación de Gobierno Illes Balears	12/01/2017	5108e1700057829

Contenido de la alegación: alega que el 18 de marzo de 2016 solicitó licencia para construir sobre una parcela clasificada como ARIP y APR de incendios y que fue adquirida por más de un millón de euros en octubre de 2015.

Considera que la disposición transitoria vulnera los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y proporcionalidad y que no está debidamente justificado el  interés general.

Además, se ha adoptado la NTC antes de iniciar formalmente el procedimiento de modificación del Plan Territorial Insular, posibilidad no contemplada en el artículo 17 de la Ley de Ordenación Territorial y que todavía no se cuenta con el diagnóstico para la revisión del PTI.

El  interés general no puede legitimar una normativa que deja sin contenido el derecho de propiedad en terrenos rústicos forestales clasificados como de riesgo de incendio sin haber realizado un análisis serio sobre la relación entre la construcción de viviendas y los incendios en la isla de Ibiza.

Al no existir mecanismo de equidistribución en suelo rústico se vulnera el principio de igualdad entre los propietarios de suelo rústico.

Alega la necesidad de aclarar los términos "solicitud completa" y "plazo máximo para resolver" y que conforme a los arts. 21 y 22 de la ley 39/2015 el plazo máximo de suspensión de un procedimiento para  la emisión de un informe preceptivo es de seis meses pero que, por otra parte, el artículo 36.4 de la LSR determina que para el Ayuntamiento el plazo para resolver no empiece hasta que reciba el informe preceptivo de la CIOTUPHA.

Que ya se han dictado en el pasado varias normas cautelares con la misma motivación.

Que la NTC provoca efectos negativos para la economía -al provocar que las fincas bajen de valor- y el trabajo y que ocasionará más litigiosidad.

Pide que se anule la NTC y que subsidiariamente se modifique la disposición transitoria de la norma cautelar estableciendo sus efectos sólo para proyectos presentados con posterioridad a la entrada en vigor de la norma cautelar.

CONTESTACIÓN

Ya se ha dicho que el artículo 13.1 del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, dispone:

“Artículo 13. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural: facultades.

1. En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades del derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

La utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella legislación expresamente autorice.

Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural.

.../...”

En la LSR, el uso de vivienda es un uso condicionado (artículo 19.2.a)), de forma que, según el artículo 25 del mismo texto legal:

“Las actividades relacionadas con el uso de vivienda unifamiliar sólo podrán efectuarse en las zonas en que tal uso no esté declarado prohibido por los instrumentos de planeamiento general y las condiciones que en ellos se establezcan.”

Así las cosas, la explotación de los recursos naturales es el destino propio del suelo rústico y el uso de vivienda resulta excepcional y sólo será posible si la ordenación urbanística y/o territorial no lo impide. No existe un derecho a edificar en el suelo rústico.

Así, las DOT en su artículo 19 define las áreas sustraídas al desarrollo urbano con la calificación de suelo rústico protegido, entre las que figura la categoría de áreas naturales de prevención de riesgos (APR) que son las que presentan un manifiesto riesgo de inundación, de incendio, de erosión o desprendimiento, independientemente de su inclusión en las categorías de suelos áreas naturales de especial interés de alto nivel de protección (AANP), áreas naturales de especial interés (ANEI) o áreas rurales de interés paisajístico (ARIP) definidas previamente en este mismo artículo.

En cuanto a estas Áreas de Prevención de Riesgos, el artículo 21 DOT establece que los instrumentos de ordenación territorial y los instrumentos de planeamiento general deberán regular el suelo rústico y sus usos y actividades con sujeción a la matriz de ordenación del suelo rústico y sus definiciones del anexo I de esta Ley; a la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Illes Balears, y a la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias; asimismo, establecerán las normas urbanísticas y de integración paisajística y ambiental de ámbito supramunicipal, de acuerdo con los siguientes criterios: ” .../... 4. Para las áreas de prevención de riesgos (APR) de desprendimientos, de erosión, de incendios o de inundaciones, establecer las condiciones y limitaciones de desarrollo de los usos y de las actividades en función del nivel de riesgo; determinar las acciones de protección y de previsiones de las infraestructuras, siguiendo los criterios de la Administración Pública competente, así como promover las acciones que eviten estos riesgos..../...”

Así, la construcción de nuevas viviendas en el SRP-ARIP y APR de incendios, no sólo puede provocar un mayor riesgo de incendio, sino también dificultar su extinción, una vez declarado, ya que los medios de lucha contra los incendios se destinan a menudo con preferencia a impedir los daños a las personas y a las viviendas existentes en las masas forestales. 

Por lo que, en aquellos lugares (APR de incendios) se considera que no deben ubicarse nuevas viviendas conforme permite el artículo 9.d) LOT, precisamente por el riesgo de incendio.

Por lo que no hay que hablar de infracción del principio de igualdad con los otros propietarios de suelo rústico (se entiende que no sean APR-incendios), puesto que no son situaciones iguales.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
224	G57093841	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000776

Alegan:

La asociación de vecinos des Xarracó de Dalt se muestra disconforme con prohibir viviendas en zonas Red Natura 2000 en la NTC y en ANEI por Decreto Ley 1/2016.

Aportan contestación de la Dirección General de Medio Ambiento de la Comisión Europea que dice que no se encuentra prohibido edificar en aquellos lugares: que hay que hacer una evaluación ambiental.

Piden:

Retirada NTC y derogación de los artículos del Decreto Ley 1/2016 que prohibieron viviendas en ANEI y que si se modifica el PTI que se haga con transparencia contando con los afectados.

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENOS RED NATURA”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
234	G57115933	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000821

Contenido de la alegación: La Asociación de Productores de Agricultura Ecológica de Ibiza y Formentera (APAEEF), alega que las edificaciones de las explotaciones agrarias, de uso exclusivamente vinculados a la actividad agraria, no se vean afectadas por la restricción que la Norma cautelar prevé.

Respecto de las medidas de integración paisajística relativas a los vallados se enmienda la altura  máxima de un metro. Dicen que algunos rebaños necesitan una altura más elevada para su buen manejo, parámetro que quieren que se rectifique por tal motivo.

Piden que se prevean ayudas para el mantenimiento de los muros de piedra seca que se deben preservar.

En cuanto a las medidas de ahorro de agua, echan de menos la figura del “safareig”, tan necesario y beneficioso para el ejercicio de las explotaciones agrarias. Dicen que la importancia del  almacenamiento del agua hace que se pueda prever la construcción de balsas en las explotaciones agrarias, suelo rústico y forestal. El agua no hay que dajarla ir.

Piden que se tengan presentes los puntos mencionados y se les tenga presente como entidad a participar en las actuaciones que el Consejo de Ibiza lleve a cabo y que afecte al sector.

CONTESTACIÓN

Ya se ha dicho que los parámetros que prevé la NTC sólo se refieren al uso de vivienda unifamiliar aislada (incluidos los anexos que prevé la Norma 10.3 del PTI). También se ha dicho que se podría en este artículo 3 (Determinaciones relativas a las condiciones de edificación relativas  al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico) de la Norma cuando dice “incluidos los anexos”, añadir la expresión “destinados a este uso”, para aclarar que se trata de los anexos destinados a este uso de vivienda.

Así, de existir en la parcela otras edificaciones no destinadas al uso vivienda unifamiliar aislada (tales como: corrales, almacenes, albercas, etc), las mismas se encuentran reguladas en su normativa específica que es la agraria, derivado del artículo 21 LSR en relación con el Título IV de la LSR y la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, Agraria de las Illes Balears (BOIB núm. 175, de 23 de diciembre de 2014).

En cuanto a los vallados, ya se ha dicho en el presente informe que se propone añadir un segundo apartado al artículo 7 de la NTC, que quedaría así:

“En las explotaciones agrarias, los vallados para el rebaño podrán superar la altura de un metro, siempre que sean diáfanos tradicionales y resulten necesarios para que no salgan los animales o para proteger los cultivos de la finca de este rebaño.”

En cuanto a las medidas de ahorro de agua, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone estimar la alegación relativa a los vallados, en el sentido expuesto, y desestimar el resto de la alegación, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
305	G57582306	Consejo de Eivissa	13/01/2017	2017000926

Contenido de la alegación:

La Federación Pitiüsa de Razas Autóctonas (FEPIRA), pide la modificación del artículo 7 (Medidas de integración paisajística relativas a los vallados) para que recoja la posibilidad de realizar vallados cinegéticos de más de un metro de altura total para poder mantener el ganado dentro de unas zonas determinadas sin peligro de fuga ni de intrusión de otros animales.

Tal y como está redactado el punto, la altura total no puede ser de más de 1 metro. Esta altura se considera totalmente insuficiente para mantener cerrado el ganado, especialmente ovino y caprino.

En caso de aplicación del redactado actual haría inviables buena parte de las explotaciones ganaderas de la isla de Ibiza.

CONTESTACIÓN

En cuanto a los vallados –y por ello debe estimarse la alegación-, ya se ha dicho en el presente informe que se propone añadir un segundo apartado al artículo 7 de la NTC, que quedaría así:

“En las explotaciones agrarias, los vallados para el rebaño podrán superar la altura de un metro, siempre que sean diáfanos tradicionales y resulten necesarios para que no salgan los animales o para proteger los cultivos de la finca de este rebaño.”

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
306	041429294S	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017000932

Contenido de la alegación: se alega que se está limitando el uso residencial con el argumento de que las viviendas de más proporciones se destinan a usos turísticos cuando la limitación de los usos turísticos se puede llevar a cabo a través otros medios, como la modificación del PTI o de la ley turística en tramitación. De hecho, el anteproyecto de ley turística en tramitación exige una antigüedad mínima de diez años para las estancias turísticas.

El uso turístico se dará igual en viviendas de 300 m2 que en viviendas de 500 m2.

Falta de estudios previos para reducir el volumen máximo de 1.500 m3 a 900 m3.

El impacto de una vivienda sobre el paisaje no se vincula con su proporción sino que tiene más relación con el número de viviendas, con cómo se integran y con su tipología.

El riesgo de incendio procede del abandono de los cultivos y esto es lo que provocará la prohibición de edificar en estos terrenos forestales que originariamente tenían un uso agrícola.

Añade que puede llegar a entender la prohibición de derechos edificatorios en espacios protegidos por la Red europea Natura 2000 pero no en el SRC-Forestal y, en este caso, la medida es arbitraria dado que no se dan razones coherentes.

Es cierto que el ordenamiento balear dice que la normativa aplicable a las solicitudes de licencia es la vigente en el momento de resolver pero la Disposición transitoria de la NTC tendría que aclarar a qué expedientes se aplica.

Y concluye pidiendo: "Y, desde luego, deberían quedar fuera del ámbito temporal de aplicación de la norma, todos aquellos procedimientos en los que a la entrada en vigor de la NTC ya hubiera transcurrido el plazo legal para su resolución sin que hubiera recaído resolución expresa ni hubiera mediado tampoco, dentro del citado plazo legal para resolver, requerimiento alguno de subsanación en los términos previstos en el art. 71 de la Ley 30/1992, de Régimen jurídico de las Administraciones públicas y Procedimiento administrativo común (art. 68 de la vigente Ley de procedimiento 39/2015) pues no ofrece duda el hecho de que tales procedimientos no deben quedar afectados y que la normativa aplicable a los mismos será la vigente en el momento en que tuvieron que ser resueltos".

CONTESTACIÓN

La intención de la NTC es, entre otras, reducir la presión edificatoria en suelo rústico en cuanto a la construcción de viviendas unifamiliares y en este sentido establece toda una serie de medidas.

En cuanto a no permitir ubicar nuevas viviendas en suelos SRC-Forestal, la medida no es arbitraria sino coherente con lo que se manifiesta en la memoria justificativa respecto de que se trata de lugares donde tradicionalmente no se ubicaban las viviendas en las parcelas, además de incrementarse en aquellos lugares el riesgo de incendio, debiendo transformar los terrenos preexistentes (para evitar la propagación de los incendios forestales) por el hecho de ubicar nuevas viviendas.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
407	043107968B	Delegación de Gobierno Illes Balears	12/01/2017	5108e1700083403

Contenido de la alegación: la persona alegante solicitó el 9 de octubre y 18 de diciembre de 2015 licencia de obras por dos proyectos sobre dos parcelas situadas en el tm de Sant Josep de sa Talaia y adquiridas en diciembre de 2014.

La norma cautelar, en los términos en que está redactada, supone que no es posible lograr la aprobación de los proyectos debido al retraso de la administración en la tramitación de la licencia excediendo los plazos legales establecidos.

Considera que la disposición transitoria vulnera los principios de seguridad jurídica, confianza legítima y proporcionalidad, que vulnera el artículo 17 de la LOT y los arts. 9.3 y 33 de la Constitución y pide que se aclare su significado..

Alega que:

"La norma cautelar, que ya establece criterios de modificación del Plan Territorial Insular, desnaturaliza el derecho de propiedad hasta el punto de que se asemeja a una expropiación porque los derechos del propietarios son mínimos mientras que se mantiene inalterado el deber de cuidar la finca rústica. Esto es así en los suelos clasificados como forestal con riesgo de incendio y en los que perteneces a la Red Natura 2000".

.../...

"Se aprueba la norma cautelar antes de iniciar formalmente el procedimiento de modificación del Plan Territorial Insular, posibilidad no contemplada en el art. 17 de la Ley de Ordenación Territorial".

.../...

"Hasta la fecha sólo se ha publicado el edicto para el anuncio de licitación del contrato de servicio para la elaboración de diagnóstico para la revisión del Plan Territorial Insular de Ibiza (BOIB de 24 de septiembre de 2016). Con el diagnóstico del territorio pendiente de realizar se está regulando las dimensiones de las viviendas y se está impidiendo construir en determinadas categorías de suelo en los que sus propietarios podían hacerlo desde hace décadas".

.../...

"Al no existir mecanismos de equidistribución en suelo rústico se vulnera el principio de igualdad entre los propietarios de suelo rústico porque el ordenamiento jurídico no prevé mecanismos indemnizatorios que cubran el daño económico causado a los propietarios de suelo".

.../...

"La disposición transitoria utiliza dos conceptos que no se definen ni en la propia ley ni en otras y que pueden generar problemas de interpretación. Conviene definir qué se entiende por "solicitud completa" y por "plazos legales para resolver el expediente".

.../...

"En las normas cautelares aprobadas con anterioridad no se había utilizado esta redacción:

• Decreto Ley 1/2007 de 23 de noviembre de medidas cautelares hasta la aprobación de las normas de protección de áreas de especial valor ambiental para las Islas Baleares.

• Decreto Ley 1/2016 de 12 de enero de 2016 de medidas urgentes en materia urbanística.

• Acuerdo del pleno del Consell Insular de 9 de junio de 2008 aprobando inicialmente una norma cautelar para asegurar la viabilidad y efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular d'Eivissa.

• Acuerdo del pleno del Consell Insular de 30 de noviembre de 2016."

Señala, finalmente, que en sus expedientes no se cuenta todavía con el informe del Consejo Insular ni con el del Departamento de Recursos Hídricos a pesar de que han transcurrido los plazos legales sobradamente.

Que la NTC no ha analizado los efectos sobre la economía y el trabajo y que ocasionará litigiosidad y responsabilidad patrimonial de la administración al no haber cumplido la administración los plazos legales para resolver. Tampoco han sido calculadas las posibles indemnizaciones y que los gastos de los dos proyectos de la persona alegante ascienden a los doscientos mil euros en concepto de: "asesoramiento jurídico para la tramitación de la licencia, anteproyectos, estudios de ingeniería en relación a un torrente, proyecto eléctrico para dotar de electricidad a las viviendas y los dos proyectos básicos".

Pide que se anule la norma cautelar hasta que se realice un diagnóstico del territorio y de los  efectos de la norma sobre la economía y el trabajo y subsidiariamente, que se modifique la disposición transitoria de la norma cautelar estableciendo sus efectos sólo para proyectos presentados con posterioridad a su entrada en vigor el 2 de diciembre de 2016.

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
450	041455700V	Consejo de Eivissa	16/01/2017	2017001149

Contenido de la alegación: efectúa las siguientes alegaciones fundamentales:

- Improcedencia de la Norma sin tener un diagnóstico de la situación real.

- Nulidad del acuerdo  de aprobación inicial de la NTC.

- Falta de la motivación exigida.

- Falta de la más mínima voluntad de consenso territorial.

- Esta NTC beneficia en los grandes capitales y perjudica a los pequeños propietarios.

- No es cierta la supuesta indemnidad de esta NTC con los herederos.

- La reducción de la edificabilidad a la mitad es arbitraria y es injusta con los payeses y en igual sentido lo es la prohibición del cambio de uso a agroturismo.

- La permanente manía de los partidos de izquierdas de dictar normas prohibitivas y moratorias lo único que provoca es una explosión de solicitudes de licencias.

- No se puede pretender que se inste a los Ayuntamientos con planeamiento paralizado a no seguir con su tramitación hasta que las modificaciones de leyes sectoriales se vean aprobadas y a la vez dictar modificaciones del PTI.

-La prohibición de cualquier actuación incluso en viviendas legales en Red Natura 2000 no es conforme con las propias ley que la regulan.

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
685	Q0767003G	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001418

Alegan

El Colegio Oficial de  Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Ibiza y Formentera (COAATEEEF), alegan en contra de la NTC:

Retroactividad de las segregaciones (artículo 4 NTC): Interdicción de la arbitrariedad y de confianza legítima, manifestando que se lesionan derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

Carencia absoluta de participación de aquel colectivo en la NTC o en una revisión del PTI, y de la ciudadanía. Actuación opaca del Consejo: se vulnera la Carta Europea de Ordenación del Territorio.

No existe ningún acto de iniciación del procedimiento para modificar el PTI o al menos no lo conocen: ha habido desviación de poder del Pleno.

Ante todas estas irregularidades se ven obligados a informar a la Comisión de Coordinación de Política Territorial a los efectos de que efectúe recomendaciones al Consejo para que anule esta aprobación inicial. También piden informes que haya hecho aquella Comisión de coordinación.

Dicen que falta publicación de la información pública en un diario de mayor tirada.

Piden: Anular la NTC.

CONTESTACIÓN

El Colegio manifiesta que falta la publicación de la información pública de la NTC en un diario de mayor tirada. Al respeto debe decirse que, además de en el BOIB, el edicto de apertura del periodo de información pública de la mencionada Norma fue publicado en los diarios locales, Diario de Ibiza y Periódico de Ibiza en fecha 2 de diciembre de 2016.

Asimismo hay que manifestar que vistos los apartados a) y b) del artículo 4 del Decreto 13/2001, de 2 de febrero, de organización y funcionamiento de la Comisión de Coordinación de Política Territorial (publicado en el BOIB núm. 18, de 10 de febrero de 2001, modificado por el Decreto 74/2001, de 25 de mayo, y 159/2003, de 29 de agosto), no es preceptivo el informe de la Comisión de Coordinación de Política Territorial para aprobar la NTC ex artículo 17 LOT (cómo sí se pide para aprobar un Plan Territorial).

Así mismo, véase contestación ALEGACIONES MODELO 3, apartados:

- EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DE LA CONSEJERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y MOVILIDAD DE DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016. -EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PTI POR FALTA DE MOTIVACIÓN. -EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA NTC. -EN CUANTO AL FRAUDE DE LEY.

-“EN CUANTO A LA INSEGURIDAD JURÍDICA POR LA RETROACTIVIDAD DE LA NTC (SEGREGACIONES Y EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN).”

Y véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NTC”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación, y en cuanto al régimen transitorio, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
814	B87219812	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001566

Contenido de la alegación:

La persona alegante es propietaria de unos terrenos en cala d'Hort, incluidos en terrenos situados dentro de Red Natura 2000.

Expone al respecto:

"Sin embargo, en la Norma Territorial Cautelar aprobada inicialmente parece olvidarse algo de vital importancia, y es que ni la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la Conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), ni ninguna otra normativa comunitaria o estatal, establece que el uso de vivienda unifamiliar esté prohibido. Lo cierto es que lo que dispone y exige el artículo 39 de la citada Ley es un estudio de evaluación de repercusiones ambientales que deberá referirse a los objetivos de conservación de los hábitats y especies afectadas. Es decir, lo que se impone es la emisión de un informe preceptivo sobre cualquier proyecto que pueda afectar un lugar de la red Natura 2000 de forma apreciable, y se indica expresamente (número 1 del artículo 39) que dicho informe "tiene por objeto la evaluación de las repercusiones ambienta/es del . . . proyecto en relación con los objetivos de conservación del mencionado lugar".

De igual forma, el artículo 21 de la Ley autonómica 5/2005 (LECO) establece la posibilidad de autorizar tales usos en los espacios protegidos:

"Art. 21. Usos autorizables.

1. Se consideran usos o actividades autorizables los previstos como tales en los instrumentos de planeamiento medioambiental por ser, bajo determinadas condiciones, compatibles con la protección del medio natural sin deterioro de sus valores, así como todos los usos no definidos como permitidos o prohibidos.

2. Dentro del ámbito territorial de los espacios naturales protegidos, la autorización, la licencia o la concesión de usos y actividades corresponde a los órganos competentes en razón de la materia, los cuales tienen que solicitar con carácter preceptivo, antes de resolver, informe al órgano competente en materia de espacios naturales protegidos.

3. El informe tiene que limitar sus pronunciamientos a la adecuación del uso o de las actividades pretendidos con los objetivos de protección en base a las disposiciones contenidas en los instrumentos de declaración o planificación previstos en esta Ley y tiene que evacuarse en el plazo de dos meses desde que el expediente completo tenga entrada en el registro del mencionado

órgano.

4. Este informe será vinculante, en cuanto a los aspectos mencionados en el apartado anterior, cuando sea desfavorable al uso pretendido o imponga condiciones fundamentadas en las disposiciones de los instrumentos de planificación o declaración previstos en esta Ley ... ".

Luego la protección de tales espacios incluidos en la Red Natura 2000 no pasa necesariamente por la prohibición total y absoluta de cualquier uso edificatorio, sin tener en cuenta las características, extensión del hábitat en el que se pretende ubicar la vivienda, su localización concreta, etc... y, menos aún, con la ampliación de una vivienda existente o el cambio de uso a los fines de hotel rural. No existe normativa alguna de protección ambiental que así lo establezca.

Tampoco puede asociarse la prohibición de construcción en ARIP (y ni tan siquiera en el Suelo rústico común - Forestal) a un pretendido mayor riesgo de incendio toda vez que no se trata, en el caso de ARIP, de terrenos que necesariamente deban situarse siquiera en zona de protección de riesgo de incendios, tal es el caso de la parcela donde se sitúa la vivienda unifamiliar que pretende destinarse al uso de hotel rural, o se trata en otros casos de terrenos agrícolas o de cultivo que han sufrido un proceso de reforestación espontánea precisamente por el abandono de aquellas actividades agrarias".

Añade que: "En cualquier caso y de aprobarse definitivamente la NTC en su redacción actual, afectando a los proyectos en curso que se habrían solicitado con arreglo a una normativa que permitía su autorización, en tal supuesto la Administración vendría obligada cuando menos a indemnizar por los perjuicios derivados de la modificación normativa, toda vez que se trata de una lesión patrimonial que el administrado no tiene el deber jurídico de soportar.

Tampoco se entiende ni se explica en la Memoria en qué medida la efectiva satisfacción de los intereses generales se vería frustrada por la autorización de los expedientes ya en curso y la afectación de modo exclusivo a todos aquellos que se presentaran con posterioridad a la aprobación de la citada normativa, ni consta igualmente y en otro caso las consecuencias económicas para las arcas de la administración insular por razón de posibles responsabilidades patrimoniales derivadas de la denegación de tales licencias solicitadas con anterioridad".

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartados:

-“EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

- “EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENOS RED NATURA.”

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
815	Y1191714Y	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001567

Contenido de la alegación

Alega que tiene una opción de compra sobre un terreno y que considera que la NTC es nula por los siguientes motivos:

- Nulidad radical del acuerdo por falta de acuerdo previo o simultáneo en orden a la revisión del PTI.

-Nulidad del acuerdo por falta de solicitud del preceptivo informe de costas.

- Posible inconstitucionalidad de la NTC por vulnerar la proscripción de arbitrariedad contenida en  el artículo 9.3 CE: la Memoria se limita a reproducir el articulado y carece la motivación, produciendo arbitrariedad e indefensión.

- La NTC no determina las medidas correctoras, de carácter económico para corregir las responsabilidades patrimoniales de la administración que ha tomado el acuerdo, vulnerando el artículo 33.1 de la CE, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la propia herencia. Dice al respecto: "Al privar a las fincas objeto de segregación de derechos edificatorios y la posibilidad de que dichas fincas se vean "contaminadas" por actos de terceros, viene a conculcar el fundamental derecho a la propiedad privada, que rige la sociedad española desde la Constitución que nos dimos en 1978, imponiendo a los administrados responsabilidades derivadas de actos de terceros por quienes ninguna obligación tienen, de responder. Siendo contrario a Justicia y a Derecho la mera posibilidad de recibir una "sanción" (la perdida por derechos edificatorios) por un hecho de un tercero, cual pasará si el propietario de la finca matriz o de cualquiera de las fincas resultantes, incurre en una segregación o transmisión contraria a la Ley".

Añade:

- "La absoluta FALTA DE UNA MEMORIA ECONÓMICA, que prevea y de solución a las consecuencias indemnizatorias que conllevará necesariamente la NTC aprobada, a modo de ejemplo:

- Gastos realizados por los administrados en la buena fe y al amparo de la norma suspendida (gastos en proyectos, en segregaciones, ... ).

- Perdida económica, consecuencia de actos llevados a cabo, al amparo de la norma suspendida y que no podrán concretarse (p. ej. quien otorgó un derecho de opción de compra sobre un bien que se ve privado de sus características fundamentales, ... ).

Conculca el derecho de los administrados a ser resarcidos económicamente por los actos de la Administración que, en aras al interés público, que no es el caso, se ven privados de sus bienes o derechos".

.../...

- " Además, existe, en su artículo 4, una evidente RETROACTIVIDAD (prohibida por el art. 9.3 de la Constitución Española; art. 2.3 Código civil; 39 de la L 39/2015 de Procedimiento administrativo), pues afecta a todas aquellas segregaciones que hubieran tenido lugar por documento público a partir del día 1 de noviembre de 2016, desconociendo el por qué de dicha fecha, un mes anterior a la fecha de publicación de la norma objeto de ésta alegación.

.../...

- " DERECHO A DISPONER DE LA PROPIA HERENCIA (art. 33 CE).- El artículo 4, del acuerdo, pretende privar, del derecho a disponer de la propia herencia, so pena de que el bien a transmitir pierda de forma sustancial su valor (pérdida de derechos edificatorios). Así, para que los bienes relictos no pierdan su valor, se obliga a transmitirlos a favor de personas con algún parentesco, privando así al propietario del bien, que bien por carecer de familiares, bien por incurrir estos en causa de desheredación o, bien, por voluntad de agradecer, después de muerto, los servicios y atenciones prestadas por un no familiar, quiere disponer de dichos bienes en favor de alguien que no ostenta la condición de pariente. En clara y flagrante restricción de derechos".

.../...

"- UTILIDAD PÚBLICA, INTERÉS SOCIAL E INDEMNIZACIÓN. Establece el artículo 33.3 de nuestra norma fundamental, que nadie podrá ser privado de sus bienes o derechos, sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

../...

Discrepamos que la utilidad pública e interés social de las medidas adoptadas. Interés social y utilidad pública, que no se dice cual es y como se pretende satisfacerla.

Así, v. gr., la reducción del tamaño de las piscinas, se defiende en el ahorro de agua, cuando la pérdida es mínima, más si la comparamos con la perdida, conocida y consentida, de las distintas redes de suministro público de agua potable. Ignorando, por otra parte, la función que tienen estas a la hora de recoger agua para apagar los incendios y que se verá enormemente dificultada por sus dimensiones, más reducidas.

-" PÉRDIDA DE DERECHOS EDIFICATORIOS FINCAS EN ARIP Y SRC-F. NECESARIA COMPENSACIÓN ECONÓMICA".

Fincas que, además, habrían servido para pago de derechos legitimarios, habrían sido hipotecadas en garantía de un préstamo, adquiridas mediando certificado de calificación urbanística, . . . y cuyo valor económico, hoy residual, por las dificultades de dotarles de una actividad económica, siquiera agrícola o ganadera, había sido tenido en cuenta a tal fin. Siendo que los titulares de dichos derechos dominicales o de crédito, se ven ahora privados de ellos, sin compensación económica alguna.

Siendo necesario en Justicia, regular dichas situaciones, de forma que conservaran derechos edificatorios, siquiera sea, trasladando su edificabilidad, a otras fincas, situadas en SRC.

Faltando la preceptiva memoria económica a la norma urbanística inicialmente aprobada".

-  "ILEGALIDAD DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Conforme a la LOUS (Art. 139) las licencias urbanísticas deberán otorgarse en el plazo máximo de tres meses, viniendo obligada la administración, en éste caso, los Ayuntamientos, a otorgar la

licencia, caso de demorarse más de tres meses, en base a la normativa vigente al cumplirse dicho plazo; a contar desde la fecha de la solicitud.

Plazo que si bien, puede ser objeto de suspensión, por causas tasadas y legalmente establecidas: falta de documentación o necesidad de recabar informes de otras administraciones. Para que dicha suspensión se dé, será preciso, en todo caso, que se notifique al interesado el acuerdo en tal sentido, adoptado por la administración competente, en éste caso, por los Ayuntamientos (art. 22 Ley 39/2015).

Por otra parte, la única documentación imprescindible o legalmente exigida para que se solicite la licencia, con arreglo al artículo 139.1 de la LOUS, es el proyecto técnico ajustado a las normas que recoge el Código Técnico de la Edificación, suscrito por técnico competente.

De ahí que consideremos que dicha norma de régimen transitorio, además de contravenir otra de rango superior, pretende extender sus efectos retroactivos, a expedientes que ya debieron ser resueltos, con una interpretación extensiva y contra legem, de otras normas de carácter administrativo.

Siendo que pretende ir más allá de lo que la ley previene, extendiendo sus efectos a licencias solicitadas, que ya debieron ser resueltas y que, en todo caso, se habrían ganado por silencio administrativo positivo.

No previéndose, mediante la oportuna memoria económica, las consecuencias económicas de tener que indemnizar, cuando menos, por los gastos de tramitación de la petición de licencia, a todos aquellos que amparados en la buena fe en las administraciones, hicieron la oportuna solicitud y si que se verían afectadas por esta NTC".

- OTRAS CONSIDERACIONES.-

.../....

"obligando a los residentes a tener que vender sus propiedades para poder cumplir con sus obligaciones económicas, derivadas, por ejemplo, del pago de los derechos hereditarios.

Al imponer medidas de integración paisajística (art. 6 de la NTC), se está lastrando económicamente, al solicitante de la licencia, quien vendría obligado a sustituir, por ejemplo, vallas, muros de contención de tierras, edificaciones, . . . para los que en su día obtuvo la preceptiva licencia y fueron construidos con arreglo a la misma.

Quién determina que medio de construcción, que materiales, son o no tradicionales?

Qué es lo que determina su carácter tradicional?

Qué funcionario y bajo qué criterios objetivos, determina si un

elemento constructivo es o no tradicional? ...

Cuando se exige el mantenimiento de los cultivos y explotaciones agrarias, tradicionales será posible implantar el riego por goteo, o será preceptivo mantener los sistemas de riego por inundación?

Son muchísimas las cuestiones sin resolver, a las que necesariamente debe darse respuesta a fin de evitar la "dictadura del funcionario" y su arbitrariedad.

La NTC y sus prescripciones, impidiendo el cambio de uso, de edificaciones situadas en suelo protegido (cuando ello no estaba proscrito por la licencia en su día concedida), estableciendo límites, de todo tipo, edificatorios, de uso, en la disponibilidad de las fincas, creadas y ejecutadas al amparo de licencia. Todo ello, sin prever indemnización económica alguna a sus titulares, supone un evidente expolio de derechos, que contraviene la Constitución Española".

Pide que se deje sin efecto la NTC "so pena, no ya de conculcar los legítimos derechos e intereses de los administrados, sino de incurrir en responsabilidades, que pudieran ser, incluso personales, de los cargos públicos que, sabedores de su ilegalidad e injusticia, las adopten".

CONTESTACIÓN

En respuesta a lo anterior debe decirse que se ha efectuado un análisis previo, de cariz técnico y jurídico, de las medidas que recoge la Norma territorial cautelar, de acuerdo con los objetivos de contención de las posibilidades edificatorias del suelo rústico expresados por el equipo de gobierno.

La normativa vigente no exige un estudio económico previo a una norma territorial cautelar, sino únicamente una memoria ambiental, que es el documento que se ha sometido a información pública, junto con el resto de documentación del expediente.

Por otro lado, ya hemos dicho que según la legislación básica estatal del suelo, en suelo rústico no existe un derecho a edificar y que las meras expectativas no son indemnizables. En consecuencia, no hay ninguna privación de bienes o derechos que haya que indemnizar, ni se vulnera el artículo 33 de la CE. 

Además, la NTC presente, como toda norma cautelar tiene una carácter provisional y regirá hasta la aprobación inicial del instrumento al cual sirve, la modificación puntual del PTI en tramitación.

El estudio económico será exigible a la modificación puntual del PTI, de acuerdo con el artículo 86 de las DOT, que establece:

“Artículo 86.

Los instrumentos de ordenación territorial previstos en estas directrices deberán contener una valoración económica de los recursos naturales afectados. Específicamente se analizará el coste de las medidas necesarias para evitar, con carácter preventivo, los daños previsibles sobre la calidad ambiental, el paisaje y los recursos naturales, y para establecer la adecuada implicación de los procesos económicos terciarios con la conservación y el mantenimiento del patrimonio natural y paisajístico.”

Respete de expedientes en tramitación, véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

Así mismo, resulta de plena aplicación la doctrina establecida por la Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears, según la cual no resulta exigible ningún derecho indemnizatorio derivado de una norma cautelar, debiendo estarse -para el caso en que se afectara a derechos consolidados o patrimonializados, que no es el caso- a lo que finalmente resulte del instrumento de ordenación territorial que finalmente se apruebe.

Así, la STSJIB núm. 662, de 2 de septiembre de 2003, dictada en relación a la Norma Territorial Cautelar aprobada definitivamente por el Pleno del Consejo Insular de Eivissa y Formentera, en la sesión de 27 de octubre de 2000, en la que, entre otras, se establecía la suspensión de la eficacia de las licencias otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley de disciplina urbanística, cuando en el momento de la aprobación inicial de la NTC no se hubiera expedido y visado el certificado final de las obras que autorizan, recoge:

".../...

La Norma Territorial Cautelar no desclasifica terrenos ni afecta al contenido consolidado de derechos patrimoniales, con lo que ha de estarse al Plan Territorial Insular y, mientras tanto, no cabe aceptar la tesis de la actualidad de la lesión ya que ni se producen daños o perjuicios que supongan lesión antijurídica ni puede evadirse el efecto cautelar previsto para asegurar la eficacia de aquel.

En ese sentido, conforme resulta de lo previsto en los artículos 44.1. de la Ley 6/98 y 121.4. del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el derecho a exigir indemnización queda suspendido hasta que, tras la aprobación definitiva del Plan, se demuestre la incompatibilidad con sus determinaciones.../...".

En efecto, en aquel momento, frente a una norma cautelar que establecía la suspensión de la eficacia de las licencias otorgadas antes de la entrada en vigor de la Ley de disciplina urbanística, cuando en el momento de la aprobación inicial de la norma cautelar no se hubiera expedido y visado el certificado final de las obras que autorizan, el Tribunal Superior de Justicia consideró que, ya que la norma cautelar no extinguía licencias (cosa que sí puede hacer el instrumento de ordenación territorial al que asegura) sino que únicamente suspendía sus efectos, cualquier eventual responsabilidad patrimonial tenía que ir ligada a la aprobación del futuro Plan territorial insular.

Respecto de esta suspensión señala el mismo Tribunal que “el mecanismo de la suspensión es el que mejor representa esa finalidad de “contención de las posibilidades de urbanizar o edificar.../...” (Sentencia del TSJIB núm. 530/2005, de 24 de junio, ID CENDOJ 07040330012005100256).

Pero es que, cómo hemos dicho, en este caso, no se afecta a ninguna situación patrimonializada o derecho adquirido, sino que se está al régimen legal establecido en la materia, en cuanto a la normativa aplicable a las solicitudes de licencia.

Tampoco se está afectando al derecho a la herencia ya que no se está privando a nadie de ninguna herencia, sino únicamente impidiendo las nuevas viviendas sobre fincas segregadas a partir del día 1 de noviembre de 2016, excepto que la segregación provenga de donación de padres a hijos o debido a herencia entre personas vinculadas por relación de parentesco y que cumplan con las condiciones previstas en el vigente Plan territorial insular.

Véase asimismo, contestación ALEGACIONES MODELO 5.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
835	041449884C	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001588

Contenido de la alegación

- Tanto esta NTC como el Decreto ley 1/16 se han aprobado sin tener en cuenta la ciudadanía. Es  nula la aplicación de los principios de participación y transparencia.

- El procedimiento de urgencia empleado está totalmente injustificado. Resulta necesario realizar un proceso con el más amplio consenso posible con toda la sociedad, en particular con los colectivos más afectados  (principalmente los propietarios y los profesionales del mundo agrario).

- Falta un análisis previo que justifique las soluciones tomadas y las consecuencias sociales y económicas de estas medidas. El estudio, anunciado como necesario, se realizará  con posterioridad a la aprobación inicial (anuncio de licitación del contrato de servicio para la elaboración del diagnóstico para la revisión del Plan Territorial Insular de Ibiza publicado en BOIB núm. 122, de 24 de Septiembre de 2016).

- En la Memoria Justificativa se identifica construcción en suelo rústico con especulación, sin distinguir entre los promotores, ni el tipo de suelo, ni la finalidad o circunstancias de la construcción.

 - La redacción de la disposición transitoria produce indefensión y grandes perjuicios a todos los promotores que, de buena fe, solicitaron antes de la entrada en vigor de la NTC la correspondiente  licencia para la construcción de edificaciones en suelo rústico y en los que ya ha transcurrido el plazo de tres meses para resolver.

Se producirán discrepancias entre los diferentes entes en relación a su interpretación y aplicación y esta inseguridad jurídica no se puede permitir.

 - La retroactividad  de un mes prevista para las segregaciones resulta absurda y arbitraria y de nada sirve para asegurar la viabilidad y efectividad de la modificación del futuro PTI puesto que nadie puede segregar en este plazo de un mes, puesto que es imposible obtener la preceptiva licencia de segregación, para cuya concesión los Ayuntamientos tardan entre 8 y 12 meses de media y resulta preceptiva para otorgar la escritura pública de segregación. Por lo tanto, esta retroactividad  de un más resulta inútil, genera inseguridad jurídica y graves perjuicios. 

- La medida de reducción del tamaño de las piscinas no supone una mejora apreciable en los efectos de la sequía y no se incide en el gran consumo de agua que se produce en otras situaciones, como el riego de los jardines, o el consumo en zonas urbanas o las pérdidas de agua de la red de suministro.

No tiene sentido establecer una limitación en relación a la superficie (35 m2) si ya existe una limitación volumétrica de 60 m3, que resulta suficiente por sí misma a efectos de conservar los recursos hídricos, dado que la coexistencia de los dos parámetros define de forma excesiva las proporciones de una piscina, que tendría una profundidad media de 1,70 m y un espejo de agua de 35 m2, limitando fundamentalmente la libertad de diseño y uso de las mismas. Supone un grave perjuicio para familias que quieran destinar un espacio de la piscina a zona infantil o para personas con discapacidad, para las que se recomienda una altura no superior a 50 cm. Por ejemplo, si se quiere destinar un área de 15 m2 para estos usos, sólo quedaría dedicar 20 m2 - insuficientes- para el uso  estándar (1,70 cm), mientras que el volumen de agua empleado en toda la piscina, 41,5 m3, estaría muy lejos del volumen máximo permitido (60 mn3), pero se haría inviable.

Pide la total retirada de la NTC y que el Consejo promueva la derogación de los artículos del DL 1/16 que afectan al suelo rústico de Ibiza y, en su lugar, se  inicie un proceso en el cual participen todos los colectivos afectados por el nuevo instrumento para que resulte el mayor consenso posible.

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartados:

-EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NTC.

- EN CUANTO A LA FALTA DE UN ANÁLISIS PREVIO QUE JUSTIFIQUE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS.

- EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENOS RED NATURA.

- EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC.

-EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
906	041454620H	Consejo de Eivissa	17/01/2017	2017001661

Contenido de la alegación:

En cuanto al artículo 4 relativo a las segregaciones en suelo rústico efectuadas a partir del día 1 de noviembre, señala que la exposición de motivos justifica la medida para "evitar movimientos de último momento no deseables desde que ha trascendido a la opinión pública y se ha publicado en los medios de comunicación el contenido de las presentes medidas cautelares".

Añade lo siguiente: "Que la redacción del artículo entendemos que responde a la voluntad de salvar aquellas divisiones que por motivo de arraigo se lleven a cabo para poder dividir la tierra entre los herederos. Pero considerando que la realidad social del momento actual es que las propiedades pueden formar parte del patrimonio familiar bien mediante la titularidad de personas físicas, bien a través de empresas patrimoniales, cuando en ambos casos se puede garantizar el arraigo en estas divisiones, entendemos que la redacción debe garantizar que las sociedades patrimoniales disfruten del mismo régimen. Por lo que proponemos que se entienda que las parcelas procedentes de segregación, división o fragmentación efectuada debido a disolución de la empresa familiar (entendida como aquella formada sólo por socios que tienen relación de parentesco) y/o la escisión de la misma están excepcionadas del régimen general de prohibición del uso de vivienda unifamiliar aislada".

Por otro lado, considera que el régimen transitorio de la NTC es contrario a principios de irretroactividad de normas desfavorables por establecer la aplicación de un nuevo régimen a expedientes de segregación en trámite desde mucho antes de la aprobación de la medida cautelar, una vez transcurrido sobradamente el periodo legalmente establecido para la resolución de la licencia, en cuanto que la justificación a la que atiende esta retroactividad según dispone la exposición de motivos es el indeseable efecto especulatorio, de movimientos de último momento, lo que no sucede con los expedientes de segregación en trámite, que injustificadamente se les aplica un régimen más desfavorable que a los expediente de licencia para construir"

Entendemos que hay que establecer un régimen transitorio para los expediente de segregación en el mismo sentido, y que no está justificada la diferenciación entre unos y otras.

Pide la estimación íntegra de las alegaciones formuladas contra el artículo 4 y la disposición transitoria de la norma territorial cautelar.

CONTESTACIÓN

Dentro del apartado 7 de la Norma 16 (Segregaciones y divisiones de fincas en suelo rústico) del vigente PTI ya no entraba el supuesto que pide la persona alegante. Aquel apartado 7 se refiere a actos traslativos del dominio efectuados “inter vivos” y/o derivados “mortis causa”, pero únicamente respecto de personas físicas.

“7 Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 de esta Norma no será de aplicación cuando, cumpliéndose lo exigido en la Norma 15, se trate de fincas registrales resultantes de la división, segregación y fragmentación -efectuadas por una sola vez- practicadas en documento público en virtud de actos dispositivos derivados de testamentos o pactos sucesorios o que sean necesarios para llevar a cabo la partición de los bienes por razón hereditaria o para proceder al pago de la legítima, o cuando se trate de donaciones de padres a hijos, en los términos que el artículo 14 bis de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de Espacios Naturales y de Régimen Urbanístico de las Áreas de Especial Protección de las Illes Balears establece y siempre que el número de fincas derivadas de ésta operaciones no supere el número de hijos del donante.”

Es más, el apartado 8 de esta Norma 16 PTI establecía:

“8 A los efectos de construcción de nuevas viviendas, las fincas adquiridas con posterioridad a la fecha de aprobación inicial del PTI en virtud de título diferente de los previstos en el apartado 7 anterior, sólo podrán beneficiarse del régimen que dicho apartado prevé cuando hayan transcurrido 15 años desde la fecha de su adquisición en documento público.”

Es decir, en lo que ahora nos interesa, si por motivo de disolución/escisión de una persona jurídica, una persona física adquiere ahora en propiedad suelo rústico, deberá tenerse en cuenta que a los efectos de construcción de nuevas viviendas, si aquella persona física pretende acogerse a lo que prevé aquel apartado 7 de la Norma 16, resultará antes aplicable lo que establece el apartado 8 de la Norma 16 PTI y no se podrá acoger hasta que “hayan transcurrido 15 años desde la fecha de su adquisición en documento público.”

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1096	G57895666	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001872

Contenido de la alegación:

La asociación de vecinos de la venda des Fornàs dice que si contemplamos el plano nº 15 del PTI veremos claramente que el 85% de los más de 12 kilómetros cuadrados quedan inedificables ni para nueva vivienda ni para ampliación de las existentes.

Dicen que “la Venda de Fornàs no està castigada per els seus propietaris sinó per la pròpia administració i algunes empreses privades amb el vist i plau de l'administració que tenen un consum de territori actual i en el futur immediat de més de 96 ha (tot el casc urbà de Sant Antoni de Portmany, incloent-hi ses Variades, tot el mirall marítim del Club nàutic, el camp del Portmany, etc, només tenen 84 ha).”

Dicen “Amb quina autoritat pot un executiu crear aquest tipus de normes de protecció territorial quan estan a punt de construir una depuradora dins Sa Coma, permet dipòsits de vehicles abandonats,dipòsit d'aigua dalt el puig de Can Negre, tolera el creixement de la Pedrera de Cas Capità i observa de forma callada la autorització de la Pedrera de S'Espartar contigua a la anterior (tot dins Aneis desclassificats per interès general).

Això sense mencionar els passos donats en el tema de la nova línia de REE que busca solucions que no costin sous públics, bé i que a Mallorca, Calvià concretament, se va invertir sou públic per afrontar la diferència de preu que suposava desviar del seu curs i soterrar una línia de similars característiques justament amb la entrada d'aquest Govern que formau part.”

Tampoco están de acuerdo en supeditar el certificado de final de obra de una vivienda hasta que las medidas de integración estén finalizadas, puesto que las dimensiones de algunas fincas es de más de 100 ha.

Así mismo, ni comprenden ni comparten la medida de no poder cambiar la actividad en las casas ya existentes o con una determinada antigüedad: Si per una banda es pretén que l'actual territori rústic estigui cuidat com un jardí, amb terres llaurades, parets fetes i sense esportells i tot ben cuidat i per l'altre es limita desenvolupar  l'economia als propietari,s ja me direu ¿qui paga les despeses que comporta aquest manteniment? (Les subvencions són lentes, miserables i ferragoses). Trobam doncs una greu contradicció.

Cuestionan que se quiera evitar la contaminación del subsuelo.

Se muestran disconformes con los vallados de un metro y dicen “l'administració no pot assegurar la seguretat de les cases disperses i si tampoc podem posar un tancament de 2 metres d'altura al perímetre de la casa estam exposats encara a més robatoris”

Piden que sea retirada la Norma Territorial Cautelar para iniciar posteriormente un verdadero proceso de consenso y dicen “utilitzant totes les ferramentes al abast (el ja constituït Consell sectorial de Veïns, Cooperatives agrícoles, associacions, grups politics amb representació, etc) i tancar un pacte territorial que pugui servir com a mínim per els propers 20 anys.

i i És preferible una mala solució que no tenir solució ! !”

CONTESTACIÓN

Esta alegación expresa una opinión.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1109	Q0775001A	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001889

Contenido de la alegación:

Alegaciones presentadas por la Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio Oficial de Arquitectos de las Illes Balears, con nre 1889, de fecha 18 de enero de 2017.

Se solicita la anulación de la actual tramitación de la NTC con objeto de iniciar una nueva tramitación y exposición pública una vez resueltas las deficiencias que se mencionan en el informe del catedrático de la UIB, Sr. Avel·lí Blasco, que se adjunta como alegaciones.

En este informe, emitido en lengua castellana, se alegan dos cuestiones de forma y tres de fondo, que se resumen así:

·           Falta de adopción por el Pleno del Consejo del acto formal de inicio del procedimiento de modificación del PTI de manera previa o simultánea a la aprobación inicial de la presente NTC, tal y como exige el artículo 17.1 de la LOT. La adopción de este acto de inicio del procedimiento para la modificación del PTI corresponde al Pleno del Consejo, de acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 2/2001, de 7 de marzo, el cual establece que la aprobación de los planes territoriales corresponde al Pleno del Consejo Insular, sin distinguir entre aprobación inicial y definitiva.

No se puede tener como acto de inicio del procedimiento de modificación del PTI el anuncio de licitación del contrato de servicio para la elaboración del diagnóstico para la revisión del PTI que aparece en el BOIB de 24 de septiembre de 2016, firmado por el Secretario Técnico de Turismo, Interior, Territorio y Movilidad del Consejo Insular y que lo lógico habría sido que esta decisión se hubiera tomado en el mismo plenario en el cual se aprobó inicialmente la NTC.

·           Falta del preceptivo, y previo a la aprobación inicial de la NTC, informe de la Demarcación de Costas exigido por el artículo 117.1 de la Ley de Costas a los instrumentos de planeamiento territorial y urbanístico que ordenan el litoral, que determina la nulidad de la NTC por carecer de un informe preceptivo, de acuerdo con el artículo 47.1.e) de la Ley 39/2015, de fecha 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.  Señala que a la NTC le es exigible esta disposición dado que si, según la jurisprudencia que cita, tiene un contenido similar o coextenso al del PTI, estamos ante un auténtico instrumento de ordenación territorial. Este instrumento, además, ordena el litoral dado que, según dice, la jurisprudencia lo extiende a cualquier instrumento de planeamiento o de ordenación territorial cuyo ámbito superficial  colinda con el dominio público marítimo y terrestre y que en el presente caso, hay muchas parcelas de suelo rústico que colindan con el dominio público y que estas parcelas - de titularidad privada y contiguas al dominio público y ordenadas por la NTC- se encuentran sujetas a las servidumbres de tránsito y de protección de costas. Invoca al respeto la STS de 19 de enero de 2012 (RJ Westlaw 2012/3145). El carácter inmediatamente suspensivo que tiene la NTC, derivado del artículo 17.3 de la LOT, no puede justificar la no petición de este informe dado que la NTC tiene una contenido material propio.

·           Y, en cuanto al fondo, se alega en relación a tres cuestiones: el artículo 4 de la NTC, su régimen transitorio y el artículo 5.2 relativo a la ampliación de viviendas existentes.

En relación a la primera cuestión de fondo planteada,  se dice, en primer lugar, que el artículo 4 de la NTC es nulo dado que la prohibición del uso de vivienda se retrotrae al día 1 de noviembre de 2016, fecha anterior al momento de la adopción del acuerdo del Pleno aprobando inicialmente la NTC y su publicación y esto resulta contrario al artículo 2.3 del Código civil -que sólo permite la retroactividad  a las leyes, no a los reglamentos-, y a los arts. 39.3 y 47.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y el artículo 9.3 de la Constitución, que sólo permiten la retroactividad de las normas que produzcan efectos favorables para los interesados. 

·           En segundo lugar, se alega en relación al contenido de la Disposición Transitoria de la NTC, según la cual, "las determinaciones cautelares contenidas en esta Norma no serán de aplicación a las solicitudes de licencia urbanística de edificación que cuenten con la documentación completa y respecto de las que al tiempo de la entrada en vigor de aquéllas hubiera transcurrido ya el plazo máximo legal para resolver el correspondiente procedimiento administrativo", lo siguiente, básicamente:

Que el hecho que la norma resulte aplicable a aquellas solicitudes que estén en tramitación y que no cuenten con la documentación completa va más allá de lo que prevén las leyes a todos los efectos, citando al respeto: el artículo 139 de la LOUS, del que se deriva que basta que la solicitud de licencia defina suficientemente las actuaciones edificatorias que se pretendan llevar a cabo, bastando al respeto el proyecto técnico; el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, que prevé un procedimiento para requerir al interesado cuando la solicitud no viene acompañada de los preceptivos documentos, en relación al artículo 22.1 del mismo precepto legal, al disponer la posibilidad de suspensión del procedimiento cuando falten documentos necesarios y en el artículo 21.3 de la misma ley, que prevé que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado -como en el caso de las solicitudes de licencias de obras- el plazo para resolver el procedimiento empieza a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico u organismo competente para tramitarlo. De esto se deriva que un reglamento no puede crear nuevas causas de suspensión o interrupción del procedimiento al margen de las previstas legalmente y, en este sentido, el artículo 139.4 de la LOUS se remite a las causas de interrupción de los plazos previstas en el artículo 42.5 LRJ-PAC (actualmente, art. 22 de la Ley 39/2015).

Así pues, considera la alegación, que la NTC está creando una nueva causa de suspensión del plazo para resolver los procedimientos de obtención de licencia al margen de las causas previstas legalmente al exigir que las solicitudes de licencia de obras cuenten con la documentación completa para exonerarlas de su aplicación, ampliando el marco legal anteriormente referido y faltando la cobertura legal que lo permita. Además, considera que esta ampliación del marco legal infringe los principios de proporcionalidad y de menor onerosidad contenido en el artículo 56.1 de la Ley 39/2015 respecto de las medidas provisionales y cita al respeto la STC 104/97, de 2 de junio, en la que se considera que la falta de acreditación de la representación procesal tiene carácter enmendable, de forma que no puede provocar la inadmisión del escrito de forma automática sino después de que hayan sido requeridos y aportados los documentos omitidos.

Concluyen al respeto las alegaciones que esta Disposición transitoria parece contraria a estos principios de proporcionalidad y de menor onerosidad dado que hace posible que la falta de documentos no esenciales para resolver el procedimiento de obtención de licencia impida que se cierre el plazo máximo que tiene la administración para finalizar el procedimiento (tres meses, sin perjuicio de la posible interrupción o suspensión, de acuerdo con el artículo 139.4 LOUS).

Por eso se pide la flexibilización de la exigencia de haber presentado la "documentación completa", sustituyendo esta expresión por la de "documentación  esencial" o la "documentación imprescindible".

Y, en cuanto al requisito contenido en esta transitoria relativo a que a la entrada en vigor de aquéllas hubiera transcurrido ya el plazo máximo legal para resolver el  procedimiento de otorgamiento de la licencia de edificación, señala, en primer lugar, que esta disposición está redactada de forma defectuosa dado que resulta incorrecto referirse a la entrada en vigor de las determinaciones cautelares de la NTC como consecuencia de la aprobación inicial de la Norma, puesto que la aprobación inicial de la NTC provoca que sus determinaciones produzcan efectos pero no entran en vigor hasta que la Norma no es aprobada definitivamente y publicada, pero esto no ha pasado todavía, ya que estamos ante la aprobación inicial. Señala, además, que la redacción que tenía el texto de la NTC aprobado inicialmente en fecha 23 de julio de 2002 por el mismo Consejo de Ibiza era diferente del actual ya que se decía que la nueva norma no sería de aplicación a las solicitudes de licencia urbanística de edificación presentadas en la forma debida respecto de las cuales a la entrada en vigor de aquéllas hubiera transcurrido el plazo máximo legal para resolver el correspondiente procedimiento administrativo. Se reconoce a continuación que esta transitoria, respecto de la que ha formulado las anteriores objeciones de ilegalidad, deriva del juego directo y conjunto de los arts. 139.3 de la LOUS -según el cual las licencias se otorgarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y de la ordenación urbanísticas vigentes en el momento de su otorgamiento siempre que se resuelvan en plazo y, si se resuelven fuera de plazo, se otorgarán de acuerdo con la normativa vigente en el momento en que se tuvieron que resolver- y 17.3 de la LOT, según el cual la aprobación inicial de las Normas Territoriales cautelares significa la suspensión del otorgamiento de licencias y autorizaciones para todas aquellas actuaciones que no se ajusten a sus determinaciones. Así, en relación al contenido de la tanto combatida anteriormente disposición transitoria de la NTC, se afirma en el informe que se acompaña a las alegaciones del Colegio de arquitectos que es perfectamente legal en base al juego de estos dos preceptos. Y así, dice textualmente el informe del catedrático: " Con carácter general cabe decir que esta regla -aunque estricta- es perfectamente legal en base al juego conjunto de los artículos 139.3 LOUS y 17.3 LOT. Sin perjuicio de ello, también debo señalar que el Consell Insular podría igualmente flexibilizar dicha regla sin problemas, tal y como ha sucedido en varias NTC de otros Consells Insulars...".

Y más adelante señala varios ejemplos de NTC tramitadas por el Consejo Insular de Menorca y Mallorca donde la solución adoptada ha sido diferente. Así, la disposición transitoria de la NTC que aprobó inicialmente el Consejo Insular de Menorca el 27.07.2000 con objeto de asegurar la viabilidad de su PTI decía: "tampoco quedarán afectados por la suspensión que en cuando a su ejercicio imponen los artículos 5 y 6 de esta norma aquellos derechos de edificación cuya  declaración o autorización hubiera sido solicitada ante el Ayuntamiento con anterioridad a los dos meses inmediatamente anteriores a la fecha de producción de efectos del acuerdo de aprobación inicial". Por lo tanto, dice el catedrático, textualmente, que "la NTC menorquina no se refería al impreciso "plazo máximo legal para resolver" como hace la Norma ibicenca, sino que especificaba de modo exacto el plazo al que se retrotraía la aplicación de la NTC (a saber: dos meses antes de publicarse su aprobación inicial. Esta disposición transitoria de la NTC se aprobó definitivamente en los mismos términos como estaba en la aprobación inicial (puede verse la Norma definitiva en el BOIB de 28.10.2000)". Cita también la disposición transitoria contenida en la segunda NTC que aprobó inicialmente el Consejo de Menorca el 03.05.2002 (BOIB de 04.06.2002) y según la cual siguen sujetas a la normativa anterior a ella "las actuaciones que tengan por objeto la construcción de nueva planta de edificaciones unifamiliares aisladas, de uso residencial o aquellas otras que supongan incremento del número de unidades de vivienda existentes o cambio de uso para la implantación del residencial, siempre que se haya presentado ante el Ayuntamiento la correspondiente solicitud de licencia antes de los tres meses inmediatamente a la fecha de producción de efectos del acuerdo de aprobación inicial de esta Norma." Esta solución implica que las solicitudes anteriores a estos tres meses antes de la publicación de la aprobación inicial quedaban fuera del ámbito de aplicación de la NTC, con independencia de que se hubiera producido o no una eventual interrupción o suspensión del plazo. Cita, también, como ejemplo, la disposición transitoria contenida en la NTC que aprobó inicialmente el Consejo Insular de Mallorca el 10.09.2015 para asegurar la viabilidad del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de la isla, según la cual: "El régimen previsto en esta disposición normativa no será de aplicación a los establecimientos comerciales que hayan obtenido la autorización autonómica para la instalación de gran establecimiento comercial, con anterioridad al día de publicación en el BOIB del anuncio de aprobación inicial de esta Norma territorial cautelar".  Y también cita la NTC que aprobó definitivamente el Consejo Insular de Menorca el 18.07.2016 para asegurar la viabilidad del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de la isla, cuya disposición transitoria establece que el régimen previsto en su disposición transitoria no será de aplicación a los establecimientos comerciales que hayan solicitado en forma la autorización autonómica para la instalación de gran establecimiento comercial antes del día que se publique en el BOIB el anuncio de aprobación inicial de esta Norma territorial cautelar". Ésta es la norma más respetuosa de todas las analizadas con los procedimientos que estuvieran en tramitación en el momento de la publicación de la aprobación inicial de la norma. Y finalmente, cita la disposición transitoria novena de la LOUS, según la cual "Esta ley no es aplicable a los procedimientos de restablecimiento del orden jurídico perturbado iniciados antes de su vigencia, que deben seguir tramitándose hasta su resolución de acuerdo con la normativa anterior" y también el Decreto Ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística, cuya disposición transitoria primera establece como regla general que "los proyectos presentados.... de solicitud de licencia urbanística o de informe preceptivo ante la administración municipal, turística o agraria, respectivamente, correspondientes a procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de este Decreto ley continúan su tramitación de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su inicio ante la administración turística, agraria o municipal..."

Concluyen las alegaciones de este apartado que todas estas fórmulas son más respetuosas con el criterio de menor onerosidad, como equivalente a perjuicio, carga, gravamen, que el artículo 56.1 de la Ley 39/2015 exige a todos los efectos para las medidas provisionales cautelares en los procedimientos administrativos y que también resulta aplicable a las presentes normas territoriales cautelares.

Se alega seguidamente que, del juego de los apartados 3 y 4 del artículo 139 de la LOUS se extrae que la administración municipal tiene el plazo de tres meses para resolver y notificar las solicitudes de licencia y que este plazo se empieza a contar desde la solicitud y sólo puede ser interrumpido o suspendido en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 39/2015. De este último precepto se deriva, según el catedrático, que, en el caso del informe previsto en el artículo 36.2 de la Ley 6/1997, de 8 de julio, de suelo rústico -que con carácter previo (y vinculante) a la resolución municipal sobre la solicitud de licencia para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico tiene que emitir la CIOTUPHA sobre el cumplimiento de los requisitos de parcela mínima y aprovechamiento- la petición de este informe sólo puede suspender el plazo de tres meses con que cuenta el Ayuntamiento para resolver la licencia si el Ayuntamiento que tramita el expediente acuerda efectivamente la suspensión y esta decisión suspensiva es comunicada formalmente al interesado. Si carece de alguno de estos requisitos (decisión suspensiva y comunicación al interesado) no operaría la suspensión del plazo, y, por lo tanto, la normativa aplicable sería la vigente cuando hayan transcurrido tres meses desde la solicitud de licencia. Si proyectamos este criterio sobre la NTC, según su parecer, la consecuencia es que cuando la disposición transitoria habla de que las determinaciones de la NTC no son aplicables a las solicitudes de licencia de edificación cuando ya haya transcurrido el plazo máximo para resolver el correspondiente procedimiento, este plazo se debe considerar de tres meses estrictamente si carece de alguna de las condiciones expuestas (falta de decisión suspensiva o de comunicación al interesado) y si el Ayuntamiento ha cumplido con estas dos condiciones, el plazo de tres meses que tiene el Ayuntamiento para resolver se habrá interrumpido por un plazo máximo de tres meses, que es el plazo de que dispone la CIOTUPHA para emitir su informe, según el artículo 36.4 de la LSR; plazo que, según el catedrático, no puede ser sobrepasado en aplicación del artículo 22.1.d) de la Ley 39/2015.

Finalmente, efectúa una serie de consideraciones sobre cómo debe aplicarse la disposición transitoria de la NTC y qué pasa si la administración que debe emitir el informe preceptivo lo hace fuera de plazo o no lo hace para acabar concluyendo que, del juego de los arts. 22.1d), 80.3 y 80.4 de la vigente Ley 39/2015 y del principio de autonomía municipal se deriva que si el informe preceptivo no se emite y recibe en el plazo señalado, la administración que tramita el expediente puede, e incluso, debe continuar con la tramitación del mismo, aunque al dictar la resolución pueda tener en cuenta el informe recibido fuera de plazo ya que seguirá corriendo el plazo máximo para resolver que tiene la administración que tramita el expediente. Cita al respeto dos sentencias del TS (de 24 de noviembre de 2011 y de 16 de octubre de 2014) en que se considera por este Tribunal que la falta de un informe preceptivo no determina la nulidad del instrumento de planeamiento afectado en aplicación del artículo 86.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Y finalmente cita la STS de 18 de marzo que aborda de pleno el problema de la eventual contradicción entre el artículo 42.5. c) y el artículo 83.3 de la LRJAP (actuales arts. 22.1d) y 80 de la Ley 39/2015) y explica cómo fueron introducidos en dos momentos temporales diferentes y cómo prevalece el texto del artículo 42.5c) de la LRJAP.

·      El tercer motivo de fondo es calificado como sugerencia y para que se modifique la redacción del artículo 5.2 de la NTC relativo a que "respecto de las viviendas existentes en estos terrenos a la entrada en vigor de la presente norma territorial, no se permiten su ampliación ni cambio de uso" se modifique su redacción para evitar que se aplique a viviendas que no han agotado los parámetros urbanísticos permitidos por la NTC y de esta forma puedan ser ampliadas hasta estos parámetros.

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 3, apartados:

-“EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DE LA CONSEJERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y MOVILIDAD DE DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016.../...?

-“EN CUANTO A LA INSEGURIDAD JURÍDICA POR LA RETROACTIVIDAD  DE LA NTC (SEGREGACIONES Y EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN).”

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 5, apartado “EN CUANTO A LA  NULIDAD DEL ACUERDO POR FALTA DE SOLICITUD DEL PRECEPTIVO INFORME DE COSTAS”.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartado “EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE AMPLIACIÓN O REFORMA INTEGRAL DE LAS VIVIENDAS LEGALES EN SUELO FORESTAL, LIC Y ZEPA O ÁREA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1115	G28570927	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001895

Contenido de la alegación:

NULIDAD DEL ACUERDO De INCI DE LA CONSEJERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE TERRTORI Y MOVILIDAD DE DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016. NULIDAD DEL ACUERDO De INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PTI POR FALTA DE MOTIVACIÓN. NULIDAD DEL ACUERDO De APROBACIÓN INICIAL DE LA NTC. FRAUDE DE LEY. LA IMPOSIBILIDAD De ADOPTAR UNA REVISIÓN DEL PTI -AUNQUE SEA CAUTELAR- SIN DIAGNÓSTICO PREVIO DE LA REALIDAD. LA REDUCCIÓN DE La EDIFICABILIDAD A LA MITAD ES ARBITRARIA, Y EN IGUAL SENTIDO LA PROHIBICIÓN De AMPLIACIÓN O CAMBIO De USO De VIVIENDAS EXISTENTES. LA PROHIBICIÓN DE CUALQUIER ACTUACIÓN INCLUSO EN VIVIENDAS LEGALES EN SUELO RED NATURA 2000 NO ES CONFORME CON LAS PROPIAS LEYES QUE LA REGULAN. La ARBITRARIEDAD DE LA NORMA RELATIVA A LAS SEGREGACIONES. LAS SUPUESTAS MEDIDAS De INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. INSEGURIDAD JURÍDICA POR LA RETROACTIVIDAD  DE LA NTC (SEGREGACIONES Y EXPEDIENTES EN TRAMITACIÓN). NO ES COHERENTE QUE Se INSTE A LOS AYUNTAMIENTOS CON PLANEAMIENTO PARALIZADO A NO SEGUIR CON SU TRAMITACIÓN HASTA QUE LAS MODIFICACIONES DE LEYES SECTORIALES SE VEAN APROBADAS Y A la vez DICTAR MODIFICACIONES DEL PTI. FALTA DE LA MÁS MÍNIMA VOLUNTAD DE CONSENSO TERRITORIAL.

Piden:

SOLICITO

PRIMERO.- Que tenga por presentado este escrito de alegaciones en tiempo y forma y en su virtud declare la nulidad del acuerdo de inicio del procedimiento de modificación del PTI de fecha 8 de noviembre de 2016 de la Consellera de Territorio y Movilidad por aplicación del artículo 47.1.b) de la ley 39/2015.

SEGUNDO.- Que en consecuencia, igualmente, declare Nula la aprobación inicial de la NTC realizada por el Pleno de 30 de noviembre por incumplir el artículo 17 LOT, con infracción del artículo 47.1.e de la Ley 39/2015.

TERCERO.- Y en cualquier caso, en virtud de todas las Alegaciones expuestas anule y/o retire la NTC aprobada inicialmente con archivo del expediente.

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 3.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1121	041431504V	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001910

Contenido de la alegación:

La persona alegante es el arquitecto que firma un proyecto de vivienda ubicada en el término municipal de Sant Josep de sa Talaia.

Expone que la aprobación inicial de la Norma Territorial Cautelar de fecha 1 de diciembre de 2016 supone una inseguridad jurídica manifiesta para el propietario de la parcela. Que ninguna de las  NTC aprobadas con anterioridad en ninguna de las de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears han sido aprobadas sin un plazo temporal de transitoriedad en su aplicación.

La Disposición Transitoria y la Disposición Final de la NTC resultan ambiguas y retroactivas y los requisitos para su aplicación no están claramente definidos.

No se especifica claramente una fecha para poder conocer si su proyecto se verá afectado por la aprobación del dicha NTC, como tampoco se prevé periodo de transición en el que poder aportar documentación y completar el expediente si así fuera necesario.

Que su proyecto se completó con fecha 05/07/2016, después del requerimiento recibido del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia y, así mismo se completó, con fecha 24/11/2016, después de requerimiento recibido del Consejo y a día 21/11/2016 y a día de hoy la Administración no ha puesto en su  conocimiento ninguna falta de información que impida informar el proyecto.

Según el artículo 139 de la LOUS 'la solicitud de la licencia definirá SUFICIENTEMENTE los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo que se pretenden realizar, mediante el documento oportuno que, cuando corresponda, será un proyecto técnico. Cuando se trate de un proyecto de edificación, su contenido y sus fases se ajustarán a las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación para estos proyectos, que serán redactados por personal técnico competente según lo que establezca la normativa estatal vigente'.

Y por tanto, " basta con que la solicitud de la licencia defina SUFICIENTEMENTE las actuaciones edificatorias que se pretenden llevar a cabo para que dicha solicitud sea admisible. La LOUS no especifica lo contrario, no dice que la información deba ser completa, sino SUFICIENTE. Por lo tanto, y como se ha comentado en el punto anterior, el proyecto fue presentado con la documentación completa, y en todo caso la SUFICIENTE. Si la Administración consideraba que dicha información debía complementarse debería haberlo notificado fehacientemente a los interesados. Y en todo caso, lo que ha de hacer la Administración es requerir al solicitante que subsane o aporte aquellos 'DOCUMENTOS PRECEPTIVOS' u obligatorios".

Que ya ha transcurrido el plazo legal que tenía la administración para resolver atendida la fecha de presentación del proyecto.

Por otro lado, dice que se quiere dar a entender que esta NTC entra en vigor con su aprobación inicial y que no entra en vigor hasta su aprobación definitiva.

Añade que : "Como estipula el artículo 139.4 de la LOUS, 'la resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses, sin perjuicio de la procedencia de la interrupción del plazo en los términos que fija el artículo 42.5 de la Ley 30/1992'. Este mismo artículo también dispone que 'transcurrido este plazo se podrá entender otorgada la licencia solicitada, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 d esta ley, y salvo en los casos en que una norma con rango de ley estatal o autonómica prevea expresamente el carácter negativo de la falta de resolución en plazo'. Por lo tanto, el plazo máximo para informar un proyecto son tres meses, de lo contrario la licencia podrá entenderse como otorgada. Dicho plazo puede suspenderse (y así a la práctica alargarse), según indica el artículo 22 de la Ley 39/2015 en los siguientes puntos: 'a) cuando debe requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicios necesarios .... b) cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en plazo indicado, proseguirá el procedimiento'.

.../...

"Debe indicarse que la Administración NO HA NOTIFICADO a los interesados la solicitud de informes preceptivos ni la recepción de los mismos, por lo tanto el plazo máximo legal para informar NO SE HA VISTO AMPLIADO respecto de los tres meses iniciales que estipula el artículo 139.4 de la LOUS".

Y pide:

"Teniendo pues en cuenta esto y lo citado anteriormente, el proyecto no debería verse afectado por la NTC y ser INFORMADO DE ACUERDO A LAS NORMATIVA EN VIGOR EN EL MOMENTO DE SU PRESENTACION.

Y por lo tanto:

El técnico redactor del proyecto pide, con el debido respeto, que se proceda con la tramitación del expediente que nos ocupa y se le aplique la normativa en vigor en el momento del inicio de la tramitación de dicho expediente".

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1124	041450980N	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001915

Contenido de la alegación: La persona alegante es el arquitecto que firma un proyecto de vivienda ubicada en el término municipal de Santa Eularia des Riu.

Expone que la aprobación inicial de la Norma Territorial Cautelar de fecha 1 de diciembre de 2016 supone una inseguridad jurídica manifiesta para el propietario de la parcela. Que ninguna de las  NTC aprobadas con anterioridad a ninguna de las de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears han sido aprobadas sin un plazo temporal de transitoriedad en su aplicación.

Que su proyecto se completó con fecha 05/07/2016, después del requerimiento recibido del Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu y, así mismo se completó, con fecha 24/11/2016, después de requerimiento recibido del Consejo y a día  21/11/2016 y a día de hoy la Administración no ha puesto en su  conocimiento ninguna falta de información que impida informar el proyecto.

Según el artículo 139 de la LOUS 'la solicitud de la licencia definirá SUFICIENTEMENTE los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo que se pretenden realizar, mediante el documento oportuno que, cuando corresponda, será un proyecto técnico. Cuando se trate de un proyecto de edificación, su contenido y sus fases se ajustarán a las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación para estos proyectos, que serán redactados por personal técnico competente según lo que establezca la normativa estatal vigente'.

Y por tanto, " basta con que la solicitud de la licencia defina SUFICIENTEMENTE las actuaciones edificatorias que se pretenden llevar a cabo para que dicha solicitud sea admisible. La LOUS no especifica lo contrario, no dice que la información deba ser completa, sino SUFICIENTE. Por lo tanto, y como se ha comentado en el punto anterior, el proyecto fue presentado con la documentación completa, y en todo caso la SUFICIENTE. Si la Administración consideraba que dicha información debía complementarse debería haberlo notificado fehacientemente a los interesados. Y en todo caso, lo que ha de hacer la Administración es requerir al solicitante que subsane o aporte aquellos 'DOCUMENTOS PRECEPTIVOS' u obligatorios".

Que ya ha transcurrido el plazo legal que tenía la administración para resolver atendida la fecha de presentación del proyecto.

Por otro lado, dice que se quiere dar a entender que esta NTC entra en vigor con su aprobación inicial y que no entra en vigor hasta su aprobación definitiva.

Añade que: "Como estipula el artículo 139.4 de la LOUS, 'la resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses, sin perjuicio de la procedencia de la interrupción del plazo en los términos que fija el artículo 42.5 de la Ley 30/1992'. Este mismo artículo también dispone que 'transcurrido este plazo se podrá entender otorgada la licencia solicitada, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 d esta ley, y salvo en los casos en que una norma con rango de ley estatal o autonómica prevea expresamente el carácter negativo de la falta de resolución en plazo'. Por lo tanto, el plazo máximo para informar un proyecto son tres meses, de lo contrario la licencia podrá entenderse como otorgada. Dicho plazo puede suspenderse (y así a la práctica alargarse), según indica el artículo 22 de la Ley 39/2015 en los siguientes puntos: 'a) cuando debe requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicios necesarios .... b) cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en plazo indicado, proseguirá el procedimiento'.

.../...

" Debe indicarse que la Administración NO HA NOTIFICADO a los interesados la solicitud de informes preceptivos ni la recepción de los mismos, por lo tanto el plazo máximo legal para informar NO SE HA VISTO AMPLIADO respecto de los tres meses iniciales que estipula el artículo 139.4 de la LOUS".

Y pide:

"Teniendo pues en cuenta esto y lo citado anteriormente, el proyecto no debería verse afectado por la NTC y ser INFORMADO DE ACUERDO A LAS NORMATIVA EN VIGOR EN EL MOMENTO DE SU PRESENTACION.

Y por lo tanto:

El técnico redactor del proyecto pide, con el debido respeto, que se proceda con la tramitación del expediente que nos ocupa y se le aplique la normativa en vigor en el momento del inicio de la tramitación de dicho expediente".

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1125	078290887Z	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017001916

Contenido de la alegación: La persona alegante es el arquitecto que firma un proyecto de vivienda ubicada en el término municipal de Sant Joan de Labritja.

Expone que la aprobación inicial de la Norma Territorial Cautelar de fecha 1 de diciembre de 2016 supone una inseguridad jurídica manifiesta para el propietario de la parcela. Que ninguna de las  NTC aprobadas con anterioridad en ninguna de las islas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears han sido aprobadas sin un plazo temporal de transitoriedad en su aplicación.

Que ninguna Administración le ha comunicado que le falte ninguna documentación o información.

Según  el artículo 139 de la LOUS 'la solicitud de la licencia definirá SUFICIENTEMENTE los actos de construcción o edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo que se pretenden realizar, mediante el documento oportuno que, cuando corresponda, será un proyecto técnico. Cuando se trate de un proyecto de edificación, su contenido y sus fases se ajustarán a las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación para estos proyectos, que serán redactados por personal técnico competente según lo que establezca la normativa estatal vigente'.

Y por tanto, " basta con que la solicitud de la licencia defina SUFICIENTEMENTE las actuaciones edificatorias que se pretenden llevar a cabo para que dicha solicitud sea admisible. La LOUS no especifica lo contrario, no dice que la información deba ser completa, sino SUFICIENTE. Por lo tanto, y como se ha comentado en el punto anterior, el proyecto fue presentado con la documentación completa, y en todo caso la SUFICIENTE. Si la Administración consideraba que dicha información debía complementarse debería haberlo notificado fehacientemente a los interesados. Y en todo caso, lo que ha de hacer la Administración es requerir al solicitante que subsane o aporte aquellos 'DOCUMENTOS PRECEPTIVOS' u obligatorios".

Que ya ha transcurrido el plazo legal que tenía la administración para resolver atendida la fecha de presentación del proyecto.

Por otro lado, dice que se quiere dar a entender que esta NTC entra en vigor con su aprobación inicial y que no entra en vigor hasta su aprobación definitiva.

Añade que : "Como estipula el artículo 139.4 de la LOUS, 'la resolución expresa deberá notificarse en el plazo máximo de tres meses, sin perjuicio de la procedencia de la interrupción del plazo en los términos que fija el artículo 42.5 de la Ley 30/1992'. Este mismo artículo también dispone que 'transcurrido este plazo se podrá entender otorgada la licencia solicitada, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 5 d esta ley, y salvo en los casos en que una norma con rango de ley estatal o autonómica prevea expresamente el carácter negativo de la falta de resolución en plazo'. Por lo tanto, el plazo máximo para informar un proyecto son tres meses, de lo contrario la licencia podrá entenderse como otorgada. Dicho plazo puede suspenderse (y así a la práctica alargarse), según indica el artículo 22 de la Ley 39/2015 en los siguientes puntos: 'a) cuando debe requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicios necesarios .... b) cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en plazo indicado, proseguirá el procedimiento'.

.../...

"Debe indicarse que la Administración NO HA NOTIFICADO a los interesados la solicitud de informes preceptivos ni la recepción de los mismos, por lo tanto el plazo máximo legal para informar NO SE HA VISTO AMPLIADO respecto de los tres meses iniciales que estipula el artículo 139.4 de la LOUS".

Y pide:

"Teniendo pues en cuenta esto y lo citado anteriormente, el proyecto no debería verse afectado por la NTC y ser INFORMADO DE ACUERDO A LAS NORMATIVA EN VIGOR EN EL MOMENTO DE SU PRESENTACION.

Y por lo tanto:

El técnico redactor del proyecto pide, con el debido respeto, que se proceda con la tramitación del expediente que nos ocupa y se le aplique la normativa en vigor en el momento del inicio de la tramitación de dicho expediente".

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1284	F07013444	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002103

Alegan:

La Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, Agroeivissa sociedad cooperativa y la Cooperativa Agrícola de Santa Eularia presentan un escrito de alegaciones conjunto con el siguiente contenido:

No se ha consultado a las cooperativas para hacer la NTC. No quieren ser “ciudadanos de segunda”.

Que la NTC no tiene en cuenta que se tiene que considerar la vivienda aneja a la explotación agraria, como una instalación propia de aquella actividad. Que se debe distinguir las viviendas no agrarias de los que son agrarias.

Que la NTC impide el desarrollo económico de las áreas rurales.

Que la memoria de la NTC no justifica la modificación que sólo afecta al suelo rústico.

Respecto de los parámetros que define la NTC: alegan que las viviendas anejas a explotación agraria se ven discriminadas frente a las otras viviendas residenciales, al computarles los anexos agrarios cuando éstos son necesarios para desarrollar su actividad económica. Que los nuevos parámetros impiden la construcción de viviendas de tipología ibicenca. Piden también que se vincule construcción de viviendas no agrarias al cultivo de toda la finca.

En cuanto a las segregaciones piden que se clarifique que sólo afecta a la segregada, no a la original (término “fragmentación” induce a error). Piden que donaciones también se permitan entre parientes, no sólo de padres a hijos.

Que se permita el uso de vivienda agraria en explotaciones agrarias en parcelas segregadas y también en parcelas segregadas de la que sea colindante, cumpliendo unidad mínima de cultivo. Que se permita ampliación y cambio de uso de las edificaciones en las explotaciones agrarias.

Piden modificar Norma 9 PTI respecto de explotaciones agrarias prioritarias, al ser muy restrictivo. Deben autorizarse los usos agrarios siempre que permitan una explotación agraria, sea prioritaria o no.

Respecto del artículo 6 de la NTC dicen que es muy costoso adecuar toda la finca o edificaciones en explotaciones agrarias. Que es absurdo que las medidas que el artículo 6 NTC deban contemplarse en un “proyecto técnico”.

Piden que no se requieran estas medidas de integración paisajística en las explotaciones agrarias puesto que ellos conforman el paisaje con su actividad.

Dicen que los vallados (artículo 7) van en contra del artículo 99 de la Ley 12/2014 agraria y piden eliminar este artículo de la NTC o que no sea aplicable a las explotaciones agrarias.

Respecto del artículo 8 (medidas ahorro agua) dicen que sería mejor establecer una superficie de cubierta a partir de la cual resulta necesario implementar aquellas medidas. Además que las “albercas” o un safareig es más adecuado para recoger agua y menos costoso que un aljibe que obliga a tener bombas de impulsión. Que no se ha de incidir tanto en tamaño de las piscinas sino en su gestión y que es mejor prohibir en jardinería especies que requieran gran cantidad de agua.

Pide que se tengan en cuenta sus alegaciones y que sean considerados personas interesadas en este expediente.

CONTESTACIÓN

Por lo que hace a las alegaciones relativas a la vivienda anexa a la explotación agraria, debe decirse que esta categoría no existe en nuestro ordenamiento jurídico como un uso admitido. La construcción de edificios unifamiliares destinados a vivienda de nueva planta en el suelo rústico, vinculados o no a una explotación agrícola, es uso condicionado.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la LSR establece, primero, que en terrenos clasificados como suelo rústico, la vivienda unifamiliar, anexa o no a explotación agrícola,  forestal, pecuaria o cinegética, constituye un uso condicionado y, segundo, que la actividad relacionada con el mismo no puede efectuarse en zona en la que tal uso lo prohíba un instrumento de planeamiento general, sea urbanístico o sea de ordenación territorial.

El artículo 21.1.a) (Actividades relacionadas con el destino o con la naturaleza de las fincas) de la LSR establece que “1. Tendrán la consideración de actividades relacionadas con el destino o con la naturaleza de las fincas las vinculadas a los siguientes usos: a) los afectos a la explotación agrícola, forestal, pecuaria y cinegética, así como a la conservación y a la defensa del medio natural…/…”

Y la LSR en el apartado 2 del artículo 22 (Actividades vinculadas a la explotación y a la conservación del medio natural), establece:

“2. Tendrán el carácter de edificios e instalaciones vinculados a las actividades señaladas en el punto 1.a) del artículo 21 de esta ley los regulados por su normativa sectorial, sin perjuicio de la tramitación que prevea la matriz de ordenación del suelo rústico de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears. Cuando comporten el uso de vivienda unifamiliar se tendrán que someter a los mismos trámites y cumplir idénticas condiciones que las determinadas por esta ley para las actividades vinculadas al uso de vivienda unifamiliar.”

Por lo tanto, la LSR no reconoce un trato singular respecto a la vivienda anexa a una explotación agraria, porque en estos casos siempre tiene que cumplir los mismos trámites e idénticas condiciones que las que tienen que soportar las que no tengan esta condición.

La NTC no impide el desarrollo económico de las áreas rurales, sino que prevé medidas de contención de las posibilidades edificatorias relativas al uso de vivienda en suelo rústico para preservarlo y proteger los valores que le son inherentes.

Respecto de los parámetros que define la NTC, éstos no impiden de ninguna forma la construcción de viviendas de tipología ibicenca ya que el concepto de tipología no tiene nada que ver con el tamaño de las viviendas sino con su composición.  

En cuanto a la petición relativa a que se clarifique la regla de segregaciones contenida en la norma cautelar de forma que la prohibición de los nuevas viviendas sólo afecte a la segregada y no a la finca original, ya que el término “fragmentación” induce a error, debe decirse, que efectivamente, la voluntad del equipo de gobierno ha sido impedir los nuevos usos de vivienda en las fincas que resulten de una segregación, división o fragmentación a partir del día 1 de noviembre de 2016, si la segregación no se efectúa por donación de padres a hijos o por herencia entre parientes. En consecuencia, si, por ejemplo, la finca matriz que se segrega ya cuenta con una vivienda propiedad de la persona donante o que quiere transmitir por título hereditario en la fecha de producción de efectos de la norma cautelar, en la finca donde se sitúe esta vivienda, después de la correspondiente segregación o segregaciones, no le será exigible la donación a un hijo o la transmisión por herencia entre parientes, pudiendo quedar en el patrimonio de la persona que segrega la finca para dar a los hijos o para transmitir por título hereditario entre parientes. Y esto es así porque esta finca resultante, con la vivienda existente, no puede dar lugar a una nueva vivienda y se entiende que es el resultado de haber dispuesto de la finca por razones hereditarias, de acuerdo con la Norma 16.7 del PTI.

En definitiva, la exigencia del título hereditario (intervivos o mortis causa) se refiere a todas las fincas que se segreguen de una misma finca y que puedan dar lugar a un nuevo uso de vivienda con posterioridad a la producción de efectos de la norma cautelar, en los términos expuestos en el párrafo anterior. 

En cuanto a la petición relativa a que las donaciones también se permitan entre parientes y no sólo de padres a hijos, debe decirse que esta exigencia -relativa a que la donación tiene que ser entre padres e hijos- ya deriva de la regulación contenida en la Norma 16.7 del Plan territorial insular.

En cuanto a la pretensión relativa a que se permita ampliación y cambio de uso de las edificaciones en las explotaciones agrarias, debe decirse que, de existir en la parcela otras edificaciones no destinadas al uso vivienda unifamiliar aislada (tales como: corrales, almacenes, albercas, etc), las mismas se encuentran reguladas en su normativa específica que es la agraria, derivado del artículo 21 LSR en relación con el Título IV de la LSR y la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, Agraria de las Illes Balears (BOIB núm. 175, de 23 de diciembre de 2014) y que no es el objeto de esta cautelar entrar a regular las dimensiones de los almacenes agrícolas y resto de construcciones agrarias.

En cuanto a la petición de modificar la Norma 9 del PTI respete de explotaciones agrarias prioritarias, al ser muy restrictivo, considerando que se han de autorizar los usos agrarios siempre que permitan una explotación agraria, sea prioritaria o no, hay que poner de manifiesto que no ha sido el objeto del texto aprobado inicialmente de esta cautelar, sometido al correspondiente trámite de información pública y a la correspondiente memoria ambiental, entrar en esta materia que afecta a los usos agrarios en terrenos incluidos en la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales, sin perjuicio que esta cuestión se pueda abordar de cara a la modificación del PTI o mediante  la correspondiente instrucción interpretativa del PTI, si procede.

En cuanto a la alegación en relación al artículo 6 de la NTC, en lo referente a que es muy costoso adecuar toda la finca o edificaciones en explotaciones agrarias, debe decirse que, en principio, la voluntad del equipo de gobierno fue la de aplicar las medidas de integración paisajística a todas las solicitudes de construcción de nuevas edificaciones en suelo rústico, con independencia de su uso. No obstante, también se puede establecer que la medida sea de aplicación sólo a las nuevas construcciones relativas al uso de vivienda unifamiliar ya que los artículos precedentes únicamente se aplican al uso de vivienda.

Es decir, modificar la redacción del artículo 6.1 NTC cuando dice “construcción de nuevas edificaciones en suelo rústico, con independencia de su uso”, por “construcción de nuevas viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico”

Por lo que, se propone modificar la redacción del artículo 6 NTC, que quedaría así:

“Artículo 6. Medidas de integración paisajística y ambiental relativas a la recuperación y conservación de la finca.

1. La solicitud de construcción de nuevas viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico deberá incluir proyecto técnico que recoja todas las medidas de integración paisajística y ambiental que deben llevarse a cabo en la totalidad de la finca, en función de sus características, tendentes a:

a) Recuperar y mantener la totalidad de los terrenos en buen estado según sus características naturales (mantener la masa boscosa en condiciones que minimicen la extensión de incendios forestales y de forma que no perjudiquen las especies protegidas que se hayan de preservar y, en zonas agrícolas, el mantenimiento de los cultivos tradicionales y de las plantaciones de frutales o bien, el mantenimiento de la explotación agraria existente).

b) Recuperar y mantener todos los elementos de valor etnográfico o cultural existentes en la finca (bancales, paredes, otros elementos de piedra seca...).

c) Eliminar los elementos tales como vallados, muros etc..., construidos sin seguir los sistemas y materiales tradicionales de Eivissa.

d) Reducir el impacto de la edificación sobre el cielo nocturno, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente en materia de contaminación lumínica.

2. No se podrá otorgar el certificado final de obra municipal de la edificación sin verificar el cumplimiento de estas medidas de integración paisajística y ambiental.”

En relación a la alegación relativa a que la regulación de los vallados (artículo 7) va en contra del artículo 99 de la Ley 12/2014 agraria y la petición de eliminar este artículo de la Norma cautelar o que no sea aplicable a las explotaciones agrarias, debe decirse que se trata de una medida de protección del paisaje pensada únicamente para los vallados de las fincas, es decir, del perímetro de toda una finca, así como de las edificaciones, y no para los vallados necesarios para el rebaño, que, lógicamente, deberían poder tener las dimensiones necesarias para esta finalidad, para garantizar su seguridad y también proteger los cultivos.

En este sentido, no se considera contrario a esta norma que en las explotaciones agrarias se pueda hacer un vallado con materiales diáfanos tradicionales para el rebaño, ya se trate de cabras, ovejas, equinos o vacuno, que no suponga un vallado de toda la finca, de una altura superior a un metro si ello resulta necesario para que los animales no salgan y proteger a la vez los cultivos. Se propone, en este sentido, aceptar la alegación, con la siguiente redacción:

"En las explotaciones agrarias, los vallados para el rebaño podrán superar la altura de un metro, siempre que sean diáfanos tradicionales y resulten necesarios para que no salgan los animales o para proteger los cultivos de la finca de este rebaño".

Por lo que, se propone estimar esta alegación y añadir un segundo apartado al artículo 7 de la NTC, que quedaría así:

“2. En las explotaciones agrarias, los vallados para el rebaño podrán superar la altura de un metro, siempre que sean diáfanos tradicionales y resulten necesarios para que no salgan los animales o para proteger los cultivos de la finca de este rebaño.”

Respecto a la alegación relativa al artículo 8 NTC (medidas ahorro agua), véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LAS MEDIDAS D?E HORRO DE AGUA”.

Efectivamente, como dice la alegación se podrían haber contemplado más medidas para el ahorro del agua pero la que se ha previsto -aljibe- se refiere a las nuevas construcciones en suelo rústico.

No obstante, también se puede establecer que la medida sea de aplicación sólo a las nuevas construcciones relativas al uso de vivienda ya que los artículos precedentes únicamente se aplican al uso de vivienda.

Es decir, modificar la redacción del artículo 8.1 NTC cuando dice “construcción de edificaciones en suelo rústico, con independencia de su uso” por “construcción de nuevas viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico”

Por lo que, se propone modificar la redacción del artículo 8 NTC, que quedaría así:

“Artículo 8. Medidas de ahorro de agua.

1. Los proyectos de construcción de nuevas viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico deberán prever la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas para su reutilización en las necesidades de la edificación y/o de la finca. Así mismo, se deberá prever su almacenamiento en un aljibe con capacidad suficiente para este uso, con una capacidad mínima de quince (15) m3.

2. El uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico no podrá dar lugar a la construcción de más de una piscina por finca.

La lámina de espejo de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no podrá exceder de treinta y cinco (35) m2 y su volumen, los sesenta (60) m3.”

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone estimar las alegaciones relativas a los artículos 6, 7, y 8 de la Norma cautelar, en el sentido expuesto anteriormente, y desestimar el resto de alegaciones efectuadas.

Número de Orden	Pasaporte- NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1422	041439665J	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002255

Contenido de la alegación: es propietario de varias fincas ubicadas en el Municipio de Sant Joan de Labritja, Venda de Xarraca, afectadas por la prohibición del artículo 5-1-b y 5-2, según el cual no se podrán ubicar viviendas unifamiliares, ni ampliación de las existentes, en terrenos ARIP y APR de incendios.

Pide: "Que en dicho plano que afecta a las fincas, se incluye una zona de campo cultivado no boscosa como zona de riesgo de incendio, visto que en la zona y fincas adyacentes la zona de incendios sólo comprende la zona boscosa y dada la afectación de la norma cautelar y el grave perjuicio que ello supone, fácilmente evaluable, solicita la revisión del área de previsión de riesgo de incendio en lo que a las fincas afecta, al suponer que hubo un error al realizar el plano y no se incluya en la misma zona de campo cultivado, no boscosa ya que considera que no hay mayor riesgo de incendio que en las fincas colindantes, así como que en dicha norma se permita la ubicación de viviendas unifamiliares en la zona de campo cultivado, no boscosa.

Se hace constar que la referida zona antes de la norma cautelar no afectaba a la ubicación de viviendas unifamiliares.

Se adjunta foto google, situación y sugerencia de modificación.

Por todo lo expuesto, ruego tenga por aceptada la presente alegación y previo los informes y trámites que estime oportunos acceda a lo solicitado"

CONTESTACIÓN

Ya se ha dicho que la NTC no contiene cartografía.

En cuanto a la delimitación de las APR-incendio, debe decirse que en cuanto al PTI vigente y tal y como consta en su memoria recoge la delimitación cartográfica que consta en el Plan especial de emergencias ante el riesgo de incendios forestales -INFOBAL-, aprobado por Decreto 41/2005, de 22 de abril (BOIB núm. 128 Ext., de 31-08-2005).

Consta así en la memoria del PTI “Se han ajustado los límites de las SRP-APR de incendios a las definidas en el Plan Especial de Emergencias en frente el Riesgo de Incendios Forestales en las Illes Balears”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1473	036183342H	Correos Barcelona	13/01/2017

Contenido de la alegación

Que desde el año 2008 los administrados están sufriendo las diferentes pretensiones de modificar el PTI en función de la composición política del Consejo, primando razones políticas sobre las urbanísticas.

Además, se están utilizando normas territoriales cautelares para mantener suspendida la efectividad del planeamiento y la concesión de licencias.

- En relación a los efectos de la NTC señala:

"Si bien la Ley 14/2000 de Ordenación Territorial, en su art. 17 contempla las NORMAS TERRITORIALES CAUTELARES, también es cierto que, al estar ante un Expediente tendente a la MODIFICACIÓN DEL P.T.I., resultan de aplicación los arts. 58 y 50 de la reciente y precitada Ley Autonómica 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo, en la que se establecen los trámites para la MODIFICACIÓN del Planeamiento Urbanístico y los PLAZOS MÁXIMOS de suspensión de licencias.

Dado que, como consta en la Norma Cautelar que nos ocupa, estamos en un Expediente tendente a la Modificación del P.T. 1 , se considera que debe prevalecer la Norma MÁS ESPECÍFICA que regula tal Modificación, y esta no es otra que la Ley Balear 2/2014 de "ORDEACIÓN Y USO DEL SUELO", por lo que, la suspensión de licencias y el plazo máximo de eficacia de la Norma Cautelar, debe adecuarse a los plazos y requisitos procedimentales establecidos en el art. 50 de dicha Ley de Ordenación y Uso del Suelo de 2014, y más cuando ya existió otra suspensión con la anterior Norma Cautelar, hasta el año 2010".

Tal criterio viene reforzado por lo previsto en todas las Legislaciones del Procedimiento Administrativo, Estatales o Autonómica, y en concreto, estuvo previsto en el art. 39. Bis. 1 de la Ley 30/92 (hoy derogada) de Procedimiento Administrativo, que disponía:

"Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individua/es o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias".

Lo anterior se halla hoy recogido en la actual Ley de Procedimiento Administrativo Común 29/2015 de 1 de Octubre, en su art. 129, sobre "PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN", en su apartado 1 y 3 se recoge, con otro redactado; lo anterior; en especial, la seguridad jurídica y la adopción de las medidas menos restrictivas, además de acudir al instrumento más adecuado para conseguir los fines pretendidos.

Dado que la menos intervención en la actividad de los particulares, de entre las dos contempladas, es la prevista en el art. 50 de la Ley 2/2014 de Ordenación y Uso del Suelo, la Norma Cautelar debería adaptarse a los plazos y requisitos para mantener o ampliar la suspensión contemplada en dicho art. 50 Y ASÍ SE SOLICITA".

- En cuanto al fondo, dice que hay contradicciones entre la memoria y el articulado, cuando aquélla señala que se quiere evitar que en suelo rústico las viviendas se destinen a usos turísticos. Que para lograr este objetivo hay otros medios, como controlar el uso de las viviendas en suelo rústico y estableciendo medidas, menos intervencionistas, como:

"a) Condicionar la licencia de obras al uso permanente de vivienda familiar.

b) Inscripción de tal condición en el Registro de la Propiedad

e) Prohibir usos turísticos, salvo el AGROTURISMO contemplado en la Legislación Turística y en la Urbanística, obligatorias y de mayor rango que esta Norma Cautelar

d) Denegar cédulas de Habitabilidad por cambio de uso.

e) Etc, etc"

- Y en relación a las prohibiciones de nuevas viviendas en determinados terrenos, así como su ampliación, se alega:

"Realmente es un CONTRASENTIDO: Por un lado se quiere respetar el derecho a  poder edificar en suelos rústicos (en los permitidos por el P.T.I.) viviendas familiares permanentes (SEGÚN LA MEMORIA) y, sin embargo, con su articulado lo que se hace es ESTABLECER NUEVAS PROHIBICIONES para edificar tales edificaciones familiares.

Incluso, en el apartado 2 del art. 5, se PROHIBE la ampliación de viviendas ya existentes en dichos suelos por las posibles necesidades familiares de ampliación de la vivienda, como era habitual y tradicional en todos los municipios de IBIZA.

Tal prohibición no tiene justificación alguna , ni en sí misma, ni en la Norma Cautelar.

Históricamente hay personas que viven en y del campo, tanto como profesión de agricultor o similar, como de forma de vida vocacional alejadas de los Núcleos Urbanos. Con la Norma Cautelar que nos ocupa , a tales personas se les excluye de su sistema de vida, forzándolos a una vida urbanita.

Según la Memoria Justificativa, se prevé mantener la tradición constructiva en suelos rústicos pero, por el contrario, se limitan o eliminan todos los derechos edificatorios para viviendas tradicionales en dichos suelos rústicos, incluidas las ampliaciones derivadas de necesidades familiares, lo que supone un contrasentido de la Norma Cautelar con su propia justificación".

- Dice que hay contradicción entre los arts. 3 y 5 de la NTC:

" Otra CONTRADICCIÓN a señalar que se contiene en la NORMA TERITORIAL CAUTELAR, o, como mínimo la CONFUSIÓN A QUE PUEDEN DAR LUGAR, se contiene entre los arts. 3 y 5 de la misma.

El Art. 3 establece los parámetros edificatorios para las viviendas unifamiliares en Suelo Rústico (SRP-ARP; SRC-F).

Sin embargo, el ART.5.1) PROHIBE las viviendas unifamiliares en Suelo SRC-F, así como también PROHIBE ampliar las existentes (Art. 5.2.c), cuando puede ser posible que las existentes no superen los parámetros "limitativos" admitidos en el art. 3.

En virtud de lo anterior, siendo consecuentes con la MEMORIA O JUSTIFICACIÓN de la Norma Cautelar sometida a información pública, lo coherente sería:

A) Respetar y mantener las condiciones de edificabilidad, para viviendas familiares aisladas, en suelo rústico, en las Zonificaciones permitida en el P.T.I., ELIMINANDO las limitaciones del art.5.

B) Dado que en el art. 3 se admite la edificabilidad para el Suelo SRC-F (0'0084 m2/m2), su ocupación (1'2%) y el volumen máximo (900 m3), debería suprimirse la prohibición contenida en el art. 5.2.c).

C) Las viviendas existentes en el Suelo Rústico, en todas sus categorías o zonificaciones, deberían poder ser AMPLIADAS, siempre que se justifique la necesidad familiar y se mantenga el uso de vivienda permanente.

D) A la vez, la Normativa futura, debería recoger que en estos suelos RÚSTICOS, las nuevas edificaciones , deberán implantarse en la zona con menor impacto ambiental, lo cual no tiene que porqué consistir en su mayor protección urbanística, pues resultará de menor impacto, la ubicación en la parte más baja de la finca; en la que se pueda acceder por caminos o viales existentes; en la que esté más próxima a núcleos o urbanizaciones colindantes, etc.

Seguidamente, cita la Norma 14 del PTI, que contiene la reglas para minimizar el impacto de las edificaciones en suelo rústico y alega, que en desarrollo del apartado c) de la Norma 14.1 del PTI

"y como justificaciones para un menor impacto, entre otras posibles, cabe citar las siguientes en orden a la ubicación de las edificaciones admisibles en suelo rústico:

1°) Situar la edificación, respetando las distancias normativas, lo más cerca posible de los núcleos urbanos colindantes con la finca.

2°) Ubicar la edificación lo más próxima a viales y servicios preexistentes.

3°) Colocar la edificación en el espacio que exija menores alteraciones de la topografía original de los terrenos.

4°) Situar la edificación respetando, en la mayor medida posible, la mayor superficie restante en su naturaleza originaria.

Con tales medidas la edificación posible en el suelo rústico quedaría, por un lado, integrada o absorbida por la realidad colindante y, por otro , el resto de finca quedaría protegida ambientalmente y con menor impacto visual"

Pide que la Norma Territorial recoja lo anterior, que es consecuencia y coherente con su memoria justificativa.

Añade que la NTC vulnera las determinaciones de la Ley de 13 de Diciembre de 2007, para el  Desarrollo Sostenible del Medio Rural " en cuyo Art. 2.2.f) , se establece como objetivo de la Ley:

"Facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural y favorecer una ordenación y un urbanismo adaptados a sus condiciones especificas ..... " I també vulnera "el  Real Decreto de 8 de Junio de 2001 que reguló la Mejora y Modernización de las Explotaciones Agrícolas , cuyo Art. 3, a la vivienda adscrita a la explotación y sus anexos, se les considera como "elementos para tal explotación agrícola . El mismo trato Normativo existe en Baleares para las viviendas y anexos adscritos a la explotación agrícola, en el Decreto nº 53 de 16 de Junio de 2006, en su Art. 5.4., al que me remito".

Finalmente, solicita la estimación de sus alegaciones y que se le dé traslado del informe que se emita por los servicios del Consejo, antes de la aprobación de la NTC, respecto de estas alegaciones.

CONTESTACIÓN

La duración máxima de vigencia de la NTC viene establecida en su normativa específica que lo es la LOT, por lo que no es aplicable la LOUS que se refiere a instrumentos urbanísticos.

El artículo 17.5 LOT in fine establece “Este plazo será de tres años para las normas territoriales cautelares previas a la aprobación de planes territoriales insulares y de planes directores sectoriales o a la modificación de cualquier instrumento de ordenación territorial”

No hay contradicción entre el artículo 3 y 5 de la NTC puesto que los terrenos a que se refiere el artículo 5 NTC tal y como en aquel artículo se indica “Estos terrenos computarán a efectos de la aplicación de la regla de proporcionalidad establecida en la Norma 14 del vigente Plan Territorial Insular para las fincas sujetas a distintas calificaciones, siempre que la categoría subyacente lo permita.”. Es decir, en aquellos lugares no se pueden ubicar nuevas viviendas, pero se puede edificar fuera de aquellos espacios y aquellos terrenos computan a tal efecto. Para que computen, deben fijarse parámetros.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartado “EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE AMPLIACIÓN O REFORMA INTEGRAL DE LAS VIVIENDAS LEGALES EN SUELO FORESTAL, LIC Y ZEPA O ÁREA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS.”

Por lo que hace a las alegaciones relativas a la vivienda anexa a la explotación agraria, debe decirse que esta categoría no existe en nuestro ordenamiento jurídico como un uso admitido. La construcción de edificios unifamiliares destinados a vivienda de nueva planta en el suelo rústico, vinculados o no a una explotación agrícola, es uso condicionado.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la LSR establece, primero, que en terrenos clasificados como suelo rústico, la vivienda unifamiliar, anexa o no a explotación agrícola,  forestal, pecuaria o cinegética, constituye un uso condicionado y, segundo, que la actividad relacionada con el mismo no puede efectuarse en zona en la que tal uso lo prohíba un instrumento de planeamiento general, sea urbanístico o sea de ordenación territorial.

El artículo 21.1.a) (Actividades relacionadas con el destino o con la naturaleza de las fincas) de la LSR establece que “Tendrán la consideración de actividades relacionadas con el destino o con la naturaleza de las fincas las vinculadas a los siguientes usos: a) los afectos a la explotación agrícola, forestal, pecuaria y cinegética, así como a la conservación y a la defensa del medio natural…/…”

Y la LSR en el apartado 2 del artículo 22 (Actividades vinculadas a la explotación y a la conservación del medio natural), establece:

“2. Tendrán el carácter de edificios e instalaciones vinculados a las actividades señaladas en el punto 1.a) del artículo 21 de esta ley los regulados por su normativa sectorial, sin perjuicio de la tramitación que prevea la matriz de ordenación del suelo rústico de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial de las Illes Balears. Cuando comporten el uso de vivienda unifamiliar se tendrán que someter a los mismos trámites y cumplir idénticas condiciones que las determinadas por esta ley para las actividades vinculadas al uso de vivienda unifamiliar.”

Por lo tanto, la LSR -en las Illes Balears- no reconoce un trato singular respecto a la vivienda anexa a una explotación agraria, porque en estos casos siempre debe cumplir los mismos trámites e idénticas condiciones que las que tienen que soportar las que no tengan esta condición.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1511	041448026W	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002376

Contenido de la alegación: pide que se revise la NTC para evitar los efectos perjudiciales para el interés general y para la persona alegante. Alega que la NTC contiene normas que son del todo arbitrarias y que afectan de manera importante al derecho de propiedad de las personas que tienen terrenos en suelo rústico.

Por lo que se refiere a las condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico (artículo 3 de la NTC), le parece excesiva e injustificada la reducción de los parámetros de las edificaciones que efectúa este precepto y, así mismo, resulta arbitraria y contraria al artículo 9.3 de la Constitución.

Si bien se justifica la reducción aprobada en el informe técnico que obra en el expediente, esta justificación resulta insuficiente, puesto que no se justifica de ninguna forma el por qué de esta reducción y no otra, ni tampoco su efectividad para evitar la especulación inmobiliaria y el cambio de uso residencial y cambio de uso residencial a turístico.

La regulación actual ya es muy restrictiva y no resulta necesario todavía reducir más la edificabilidad en suelo rústico.

Considera también arbitraria la regulación de las segregaciones en suelo rústico contenida en el artículo 4 de la NTC, que obedece a la petición del equipo de gobierno de evitar la excesiva fragmentación de las parcelas y consiguiente urbanización difusa del suelo rústico.

Esta intención o pretensión no viene acompañada de una justificación que la haga razonable y que ampare una pérdida tan importante de derechos para los propietarios de parcelas rústicas.

La regulación actual del PTI ya limita demasiado las posibilidades de segregación y no resulta necesario limitarlo más y que con la actual regulación ya se está garantizando que el territorio no se fragmente demasiado y que no se urbanice demasiado el suelo rústico.

Tanto en la memoria como en el informe técnico no se aporta ningún dato que indique que esta regulación resulta insuficiente, de forma que no se justifica la necesidad de limitar de este modo el derecho a la propiedad.

Finalmente, pide, para el supuesto en que se quiera seguir en la línea de prohibir el uso de vivienda unifamiliar en parcelas segregadas, opina que se deberían tomar en consideración algunas situaciones especiales como las siguientes a los efectos de establecer excepciones:

"Que se trate de la segregación de parcelas situadas en suelo rústico-área de transición, ya que se trata de zonas que en un futuro cercano es posible que se califiquen como urbanas.

Que se trate de la segregación de una finca discontinua registra! que con tal segregación lo que se pretenda sea separar jurídicamente parcelas que físicamente ya lo están. Se trata del supuesto en que una única finca registra! contiene varias parcelas que por diversos motivos han quedado separadas físicamente unas de otras, bien por pasar entre ellas una carretera o camino, bien por una anterior segregación, etc.

Que se pretenda segregar para "agregar a "o "agrupar con" otra finca y así aumentar su superficie.

Que el propietario necesite segregar una parte para pagar el impuesto que grava la adquisición de la finca; o que lo necesite para invertir en la mejora de la propia finca o para su explotación, etc.

Que se trate de la segregación de una parcela que lleva muchos años en el patrimonio del propietario, por ejemplo unos 10 o 15 años".

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 5, apartado “EN CUANTO A LA POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA, POR CONCULCAR LOS SIGUIENTES DERECHOS CONSTITUCIONALES:.../...”

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartado “EN CUANTO A QUE LA LIMITACIÓN IMPUESTA A LA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR IMPIDE EL USO AGRÍCOLA DE LAS FINCAS TANTO PROFESIONAL COMO RECREATIVO.”

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1515	041459995B	Consejo de Eivissa	18/01/2017	2017002381

Contenido de la alegación: la entidad que representa presentó solicitud de licencia de obras el 4 de agosto de 2016 y hasta la fecha no ha recibido ningún requerimiento de enmienda y muy probablemente el expediente no ha sido remitido todavía al Consejo.

Que la NTC se ha aprobado antes de iniciar formalmente el procedimiento de modificación del Plan Territorial Insular, posibilidad no contemplada por el artículo 17 de la Ley de ordenación territorial.

Que la redacción de la disposición transitoria debe modificarse para que los administrados no sufran las consecuencias de un funcionamiento anormal de la Administración. El Consejo puede estar todavía en plazo para emitir su informe pero esto es por culpa del Ayuntamiento que ha tardado al remitir el proyecto al Consejo. 

Señala que convendría definir qué se entiende por "solicitud con documentación completa" y la expresión  "plazos legales para resolver el expediente" de la Disposición transitoria de la NTC.

Añade que el plazo legal para resolver para el Consejo insular es de tres meses desde que el expediente está completo y de otros tres meses para el Ayuntamiento desde que recibe todos los informes preceptivos.

Señala que esta posible interpretación estaría vulnerando lo dispuesto en los arts. 29, 21 y 22.1, apartados a) y d) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y también los principios, reconocidos en el ámbito comunitario y en nuestro ordenamiento interno, de confianza legítima y seguridad jurídica.

Que ya se actuó en enero de 2016 por decreto-ley para proteger el interés público y que hay vulneración de los mencionados principios. 

Añade: "La vulneración del principio de seguridad jurídica y la confianza legítima no se producen únicamente por un cambio normativo sino por la falta de aviso, la rigidez de la disposición transitoria, que resulta poco adecuada al modo de proceder de la Administración, a los elásticos plazos legales para resolver el procedimiento de solicitud de licencia, fraccionados entre diversas administraciones y condicionados por el silencio negativo de los informes preceptivos. La quiebra de los principios de confianza legítima y el de seguridad jurídica es realmente grave porque la Ley fija unos mecanismos indemnizatorios del todo insuficientes que no cubren las inversiones realizadas por los administrados"

Y que es conveniente que la NTC valore el incumplimiento de los plazos de la administración al definir los efectos de la NTC sobre los proyectos en tramitación y tendría que establecer un plazo claro, con independencia de si la documentación se encuentra completa o no, y en virtud de los principios de proporcionalidad, confianza legítima y seguridad jurídica, establecer un plazo, de forma que la NTC no afecte a las solicitudes presentadas tres meses antes de los efectos suspensivos de la NTC. 

Que la NTC se ha aprobado sin estudiar su incidencia sobre la economía, el trabajo y el medio ambiente y que afectará negativamente la economía y el trabajo, provocando que las fincas pierdan valor.

Que aumentará la ligitiosidad y que se pretende modificar una norma vigente desde 2005 y que no generaba conflictividad social y que afectará a proyectos como el suyo, que deberían tener licencia si la administración cumpliera con los plazos para resolver.

Que los nuevos parámetros no se fundamentan en un análisis del territorio y que para reducir el impacto de las viviendas sobre el territorio intervienen otros factores, como la ubicación de la vivienda, su volumetría, la existencia de masa boscosa, la proximidad a viales públicos...Una vivienda de 500 m2 que no es visible desde ningún vial público tiene mucho menos impacto que otra de 100 m2 en una gran explanada, como Sant Jordi, y cercano a lugares de tránsito de personas y vehículos.   

Y que los mayores gastos de agua se producen por la agricultura y la industria y no por las piscinas, que con los actuales sistemas mantienen el agua muchos años y que lo adecuado sería establecer tributos especiales para las piscinas destinados a mejorar el suministro de agua de la isla.

Pide: "que se tengan por realizas las alegaciones y que se modifique la norma cautelar para que no afecte a proyectos como el de XX, presentado hace más de tres meses desde que se iniciaron los efectos suspensivos de la norma cautelar."

CONTESTACIÓN 

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartados:

- “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

-  “EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte- NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1926	B84399716	Delegación de Gobierno Illes Balears	18/01/2017	5108e1700134200

Alegación idéntica a la anterior.

Contenido de la alegación: la entidad que representa presentó solicitud de licencia de obras el 4 de agosto de 2016 y hasta la fecha no ha recibido ningún requerimiento de enmienda y muy probablemente el expediente no ha sido remitido todavía al Consejo.

Que la NTC se ha aprobado antes de iniciar formalmente el procedimiento de modificación del Plan Territorial Insular, posibilidad no contemplada por el artículo 17 de la Ley de ordenación territorial.

Que la redacción de la disposición transitoria debe modificarse para que los administrados no sufran las consecuencias de un funcionamiento anormal de la Administración. El Consejo puede estar todavía en plazo para emitir su informe pero esto es por culpa del Ayuntamiento que ha tardado al remitir el proyecto al Consejo. 

Señala que convendría definir qué se entiende por "solicitud con documentación completa" y la expresión  "plazos legales para resolver el expediente" de la Disposición transitoria de la NTC.

Añade que el plazo legal para resolver para el Consejo insular es de tres meses desde que el expediente está completo y de otros tres meses para el Ayuntamiento desde que recibe todos los informes preceptivos.

Señala que esta posible interpretación estaría vulnerando lo dispuesto en los arts. 29, 21 y 22.1, apartados a) y d) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y también los principios, reconocidos en el ámbito comunitario y en nuestro ordenamiento interno, de confianza legítima y seguridad jurídica.

Que ya se actuó en enero de 2016 por decreto-ley para proteger el interés público y que hay vulneración de los mencionados principios. 

Añade: "La vulneración del principio de seguridad jurídica y la confianza legítima no se producen únicamente por un cambio normativo sino por la falta de aviso, la rigidez de la disposición transitoria, que resulta poco adecuada al modo de proceder de la Administración, a los elásticos plazos legales para resolver el procedimiento de solicitud de licencia, fraccionados entre diversas administraciones y condicionados por el silencio negativo de los informes preceptivos. La quiebra de los principios de confianza legítima y el de seguridad jurídica es realmente grave porque la Ley fija unos mecanismos indemnizatorios del todo insuficientes que no cubren las inversiones realizadas por los administrados"

Y que es conveniente que la NTC valore el incumplimiento de los plazos de la administración al definir los efectos de la NTC sobre los proyectos en tramitación y tendría que establecer un plazo claro, con independencia de si la documentación se encuentra completa o no, y en virtud de los principios de proporcionalidad, confianza legítima y seguridad jurídica, establecer un plazo, de forma que la NTC no afecte a las solicitudes presentadas tres meses antes de los efectos suspensivos de la NTC. 

Que la NTC se ha aprobado sin estudiar su incidencia sobre la economía, el trabajo y el medio ambiente y que afectará negativamente la economía y el trabajo, provocando que las fincas pierdan valor.

Que aumentará la ligitiosidad y que se pretende modificar una norma vigente desde 2005 y que no generaba conflictividad social y que afectará a proyectos como el suyo, que deberían tener licencia si la administración cumpliera con los plazos para resolver.

Que los nuevos parámetros no se fundamentan en un análisis del territorio y que para reducir el impacto de las viviendas sobre el territorio intervienen otros factores, como la ubicación de la vivienda, su volumetría, la existencia de masa boscosa, la proximidad a viales públicos...Una vivienda de 500 m2 que no es visible desde ningún vial público tiene mucho menos impacto que otra de 100 m2 en una gran explanada, como Sant Jordi, y cercano a lugares de tránsito de personas y vehículos.   

Y que los mayores gastos de agua se producen por la agricultura y la industria y no por las piscinas, que con los actuales sistemas mantienen el agua muchos años y que lo adecuado sería establecer tributos especiales para las piscinas destinados a mejorar el suministro de agua de la isla.

Pide: "que se tengan por realizas las alegaciones y que se modifique la norma cautelar para que no afecte a proyectos como el de XX, presentado hace más de tres meses desde que se iniciaron los efectos suspensivos de la norma cautelar."

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte- NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1940	X6295123T	Correos Santa Eularia	18/01/2017

Contenido de la alegación: La persona alegante es un arquitecto que considera que la aprobación inicial de la NTC supone una inseguridad jurídica manifiesta para todos aquellos expedientes que han tenido entrada en el Consejo Insular de Ibiza con anterioridad a su publicación y por lo tanto sujetos a la normativa urbanística general aplicable en su momento.

Ninguna de las NTC aprobadas con anterioridad en cualquiera de las islas de la CAIB han sido aprobadas sin un plazo temporal de transitoriedad en su aplicación.

La NTC es ambigua por lo que respecta a su régimen transitorio y a su entrada en vigor y es retroactiva, sin explicitar los requisitos para su aplicación. No se especifica claramente ni una fecha ni un margen de aplicación para aquellos proyectos anteriores y si estos proyectos se ven o no afectados, ni tampoco se prevé un periodo de transición en el que poder aportar documentación y completar el expediente si así fuera necesario. Esto supone una inseguridad jurídica manifiesta.

Que con la aprobación inicial la NTC empieza a producir efectos pero no entra en vigor.

Pide que la NTC no sea retroactiva y por lo tanto no tenga que afectar a los expedientes de otorgamiento de licencias anteriores a la NTC.

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
1960	041427006G	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	15/01/2017	149

Contenido de la alegación: la persona alegante es un vecino de San Juan y propietario de una finca de 120.000 m2 con una casa de más de cuatro siglos, de 450 m2, con sus corrales y construcciones típicas del medio rural. Considera que la NTC supone la pérdida de su principal activo. Que las casas grandes siempre han existido y que no son en principio más perjudiciales para el medio ambiente y el paisaje que las más pequeñas. Las que, además, se destinen al alquiler turístico no tienen más capacidad de alojamiento por el hecho que sean usadas temporalmente. La solución pasa por más vigilancia, más exigencia en el cumplimiento de las condiciones para las que se autoriza la actividad y mayor carga fiscal.

Hay otros medios para evitar la especulación del suelo que no sea cortar de raíz la posibilidad de vender una parte del patrimonio privado. 

Señala que en los últimos 30 años ha añadido otras dependencias de menor entidad, destinadas a usos secundarios (taller, garaje, leñera,  etc.), que suman otras 100 m2  aproximadamente.

Para poner a la venta una porción de la finca, encargó en el mes de septiembre los trabajos necesarios para obtener la correspondiente licencia de segregación. Dado que las últimas construcciones se realizaron sin la preceptiva licencia  de obras, ha tenido que elaborar un proyecto de legalización que, atendida la antigüedad de la mayor parte de las construcciones, la sobrada superficie de la parcela y su calificación como SRC-RG y SRC-F, cumple con todas las exigencias del PTI vigente.

Pues bien, la entrada en vigor de la NTC pone en entredicho la posibilidad de legalizar las construcciones existentes y, en consecuencia, la segregación. Esto supone un verdadero atentado contra la economía de su familia dado que lo no poder venderla le priva de su principal activo para la última etapa de su vida, sin que pueda ser sospechoso que su plan de jubilación sea una especulación. 

Pide que se mantengan las condiciones del PTI vigente, tanto en cuanto a los procesos de legalización como de segregación, anulando el artículo 4 de la NTC.

CONTESTACIÓN

Ya se ha dicho que la potestad de planificar -como función pública indisponible- va provocando cambios en los planes y no se puede pretender que una ordenación se mantenga inalterada en el tiempo “sine die”.

Véase asimismo contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartado “EN CUANTO A QUE ESTA MODIFICACIÓN EMPOBRECE A LOS PROPIETARIOS QUE CUIDAN Y MANTIENEN SUS FINCAS.”

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

Número de Orden	Pasaporte - NIE - DNI - CIF alegante	Identificación registro de entrada	Fecha RGE	Número  RGE
2151	041437091S	Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja	18/01/2017	383

Alega que esta NTC se ha aprobado sin tener en cuenta a los propietarios y principales afectados. Se ha tramitado prescindiendo absolutamente de los principios de participación y transparencia. El procedimiento se ha llevado a cabo por la vía de urgencia, siendo totalmente injustificada. Se necesita realizar este proceso con el más amplio consenso posible de toda la sociedad, en particular de los colectivos más afectados (principalmente los propietarios y los profesionales del mundo agrario).

Existe una discriminación entre el suelo rústico común respecto al suelo rústico protegido, tanto a efectos edificatorios cómo en cuanto a las explotaciones agrarias, sin que se haya previsto ningún tipo de medidas compensatorias.

Los terrenos clasificados como suelo rústico ARIP se diferencian muy poco de los calificados como suelo rústico común, y en la práctica existen explotaciones agrarias iguales o en mejores condiciones, en algunos casos, de las que se encuentran en terrenos calificados como suelo rústico común.

En cuanto al suelo rústico protegido calificado como ANEI, esta NTC los trata todos iguales, sin tener  cuenta las diferentes orografías, así como los antecedentes históricos de los usos que se han venido desarrollando desde tiempos inmemoriales en los mismos. En consecuencia, sólo se ha tomado en consideración las posibilidades edificatorias en estos tipos de espacios sin tener en cuenta el uso agrario, forestal, etc. de los terrenos o las edificaciones existentes.

Por otro lado, se prohíbe taxativamente cualquier cambio de uso, lo que dificulta considerablemente a los propietarios de terrenos, el mantenimiento de sus fincas, teniendo en cuenta el bajo rendimiento de la agricultura en general y de esta tipología de terrenos en particular.

Pregunta si el Consejo se ha planteado la posibilidad de poder emplazar en las viviendas existentes agro-estancias. Esta actividad complementaria a la agrícola, posibilitaría el apoyo económico de los propietarios de las fincas y el mantenimiento del paisaje agrícola tradicional de la isla de Ibiza.

Concluye con una serie de cuestiones relativas a las limitaciones que todo esto supone para las personas que viven en estos espacios desde hace muchas generaciones, a la injusta discriminación hacia los propietarios de estos terrenos, que, además, en el norte de la isla se dan en un porcentaje muy elevado.

Pide la retirada de esta NTC, o en su caso, que se tengan en consideración las alegaciones presentadas con carácter previo a su aprobación definitiva y que se tenga en consideración a los afectados para garantizar el mayor consenso posible.

CONTESTACIÓN

Las explotaciones agrarias ya se regulan a su normativa específica, básicamente constituida en las Illes Balears por la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, Agraria de las Illes Balears (BOIB núm. 175, de 23 de diciembre de 2014). Y ya se ha dicho en el presente informe  que se modifica la NTC para clarificar determinados aspectos en orden a no afectar a las explotaciones agrarias.

Véase también contestación a MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LA NTC.”

De acuerdo con la motivación anteriormente expuesta, se propone desestimar esta alegación.

III.B.3.- INFORMES EMITIDOS

Una vez publicado en el BOIB núm. 151, de fecha 1 de diciembre de 2016, el edicto núm. 13597, correspondiente al acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Eivissa, de aprobación inicial de la Norma Territorial cautelar por la que se adoptan medidas para asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del plan territorial insular de Ibiza, consta en el expediente que solicitaron los informes a todos los Ayuntamientos de la isla de Eivissa y al Gobierno de las Illes Balears, de acuerdo con el artículo 17.2.b) de la LOT.

Además, se pidió informe a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, al Instituto Balear de la Mujer, al Consejo Económico y Social de las Illes Balears y al Presidente del Consejo Insular de Formentera.

Los informes recibidos han sido los siguientes:

1.- Informe de la Delegación del Gobierno (RGE  31234, día 22/12/2016, hora 15:24 )

2.- Informe del Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu (RGE 329, día 09/01/2017, hora 13:21).

3.- Informe del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja (RGE 344, día 09/01/2017, hora 14:26)

4.- Informe del Gobierno de las Illes Balears (Consejería de Territorio, Energía y Movilidad) (RGE 3337, día 26/01/2017, hora 17:35)

5.- Consejo Económico y Social de las Illes Balears (RGE 4094, 06/02/2017, hora 18:39) 

1.- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ILLES BALEARS

El escrito firmado por el Secretario General de la Delegación del Gobierno afirma que, de acuerdo con el artículo 17.2.b) de la Ley balear 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, no corresponde la emisión de informe en el plazo señalado y, en consecuencia, se devuelve la documentación enviada con objeto de realizar, en su caso, la tramitación conforme a esta previsión legal.

CONTESTACIÓN

Efectivamente, a diferencia de lo previsto en el artículo 10 de la LOT para los planes territoriales, el artículo 17 LOT no menciona para la NTC la necesidad de solicitar informe a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

2.- AYUNTAMIENTO DE SANTA EULARIA DES RIU

Se acompaña de informe jurídico donde se exponen las siguientes consideraciones jurídicas:

·           Nulidad de la norma ya que no se ha seguido el procedimiento del artículo 17.1 LOT al faltar el acuerdo de inicio del procedimiento de formulación de la modificación del PTI de Ibiza, no figurando en la página web del Consejo Insular de Eivissa ningún anuncio en relación al inicio de esta modificación. Añade que el órgano competente para adoptar este acuerdo es el Pleno del Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10.1a) de la LOT en relación a los arts. 58 y 74 de su Reglamento Orgánico (BOIB núm. 136, de 18-09-2010), en el artículo 8.1.uno) de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de Consejos Insulares y a los arts. 1 y 3.2 de la Ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los Consejos Insulares en materia de ordenación del territorio. El artículo 3.2 de la Ley 2/2001 funciona como límite a la potestad organizativa de los Consejos Insulares.

·           Inanidad en la motivación de la NTC. Se señala al respecto que el transcurso del plazo de diez años no es una causa de modificación de la NTC, sino de revisión; que la normativa sobrevenida que se cita no incide de ninguna forma en las determinaciones que son objeto de la NTC; que, en cuanto a la Memoria justificativa de la NTC, que no es cierto que el marco legal que se tiene en Ibiza sea el único en Baleares ya que el límite de los 1.500 m3 para las nuevas viviendas se define también en Mallorca y que en todo Baleares es posible destinar las viviendas en suelo rústico a estancias turísticas.

·           Falta de motivación de la NTC. Faltan informes o estudios que, sin integrarse en el contenido documental de la NTC, pongan de manifiesto la existencia de elementos de riesgo para la futura eficacia de la modificación del PTI que se plantea. Falta una verdadera justificación objetiva y lo que hay es una justificación meramente subjetiva, que expresa la voluntad de quien adopta la decisión.

·           Defectuosa redacción del artículo 2 de la NTC: el ámbito de aplicación es el suelo rústico según el artículo 2 de la NTC y en cambio hay artículos de la NTC en los que no se precisa cuál es su ámbito de aplicación, lo que debería aclararse por razones de seguridad jurídica.

·           Falta de justificación de los parámetros del artículo 3 de la NTC: no se justifica la real motivación de la reducción de parámetros, ni se valora las repercusiones de su fijación. Señala que no es la protección del suelo rústico la que ha motivado la reducción de estos parámetros sino reducir la presión edificatoria en el suelo rústico y la especulación existente, a la hora que mitigar el impacto que causan las grandes dimensiones de las viviendas que provocan que se destinen a viviendas turísticos, en contra de lo que prevé la ley del suelo rústico, que admite únicamente el uso de vivienda unifamiliar, ligado a la residencia permanente de una familia.

·           Defectuosa redacción del artículo 4 NTC. Se señala que si lo que de verdad se quería era evitar la urbanización difusa del suelo rústico, no se tendría que haber establecido ninguna fecha para los actos de división y así la afectación habría sido mucho más grande. Tampoco se entiende porque se fijó la fecha 1 de noviembre y no el común de tres meses previsto en el planeamiento. Tampoco se entiende a qué se refiere la expresión "documento público" de este artículo, si a la licencia de parcelación o a la escritura pública y se debería aclarar este extremo. Que el otorgamiento de la escritura es facultativo y que no es lógico que se refiera a la escritura pública, que es un documento del ámbito del derecho privado.

·           Sorpresiva redacción de los artículos 5 y 8. No se entiende por qué no se permite el cambio de uso de las viviendas existentes y que el impacto paisajístico de las edificaciones no suele depender del uso de las edificaciones sino de su morfología. Y, en cuanto a la redacción del artículo 8, no se entiende la relación entre las medidas de ahorro de agua y el tamaño de las piscinas ya que el ahorro de agua dependerá más del sistema de tratamiento del agua.

·           Necesidad de aclarar la redacción de la Disposición Transitoria de la NTC, bien estableciendo una fecha a partir de la cual serían aplicables sus determinaciones o bien concretando qué se considera documentación completa y cuándo se considera que ha transcurrido el plazo máximo para resolver.

·           Omisión de la valoración de las repercusiones económicas derivadas de las determinaciones de la NTC. Sin cita de ningún precepto legal se afirma que carece un estudio económico y financiero donde se justifique una disposición de medios económicos para hacer frente a las consecuencias económicas -pago de los proyectos presentados- que se derivan de la aplicación de determinaciones de la NTC.         

CONTESTACIÓN

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 3, apartados:

- EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DE LA CONSEJERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y MOVILIDAD DE DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016.

EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PTI POR FALTA DE MOTIVACION. EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA NTC. EN CUANTO AL FRAUDE DE LEY.

En cuanto a cuando se dice “Tampoco se entiende a qué se refiere la expresión "documento público" de este artículo, si a la licencia de parcelación o a la escritura pública y se debería aclarar este extremo“, debe decirse que lo que pretendía la NTC es referirse -como lo hace el PTI- al documento público notarial (a la escritura pública), por lo que, a los efectos de aclarar este tema, se propone añadir al artículo 4 NTC la expresión “notarial” después del término “documento público”.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA”

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartado “EN CUANTO AL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA NTC”.

Así mismo, la normativa vigente no exige un estudio económico previo a una norma territorial cautelar, sino únicamente una memoria ambiental, que es el documento que se ha sometido a información pública, junto con el resto de documentación del expediente.

Por otro lado, ya hemos dicho que según la legislación básica estatal del suelo, en suelo rústico no existe un derecho a edificar y que las meras expectativas no son indemnizables.

Además, la NTC presente, como toda norma cautelar tiene una carácter provisional y regirá hasta la aprobación inicial del instrumento al cual sirve, la modificación puntual del PTI en tramitación.

El estudio económico será exigible a la modificación puntual del PTI, de acuerdo con el artículo 86 de las DOT, que establece:

“Artículo 86.

Los instrumentos de ordenación territorial previstos en estas directrices deberán contener una valoración económica de los recursos naturales afectados. Específicamente se analizará el coste de las medidas necesarias para evitar, con carácter preventivo, los daños previsibles sobre la calidad ambiental, el paisaje y los recursos naturales, y para establecer la adecuada implicación de los procesos económicos terciarios con la conservación y el mantenimiento del patrimonio natural y paisajístico.”

3.- AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE LABRITJA

Se presenta un escrito de alegaciones en el que se pone de manifiesto que no hay nada que alegar en contra de las condiciones para las nuevas edificaciones, si bien se propone que los muros sean de un metro en caso de contener partes macizas y que con elementos ligeros diáfanos puedan llegar a una altura máxima de un metro y cincuenta centímetros, para garantizar la seguridad de las fincas y de sus habitantes.

En cuanto a las medidas de ahorro de agua, llama la atención que no se haya previsto un aljibe para el vaciado del agua proveniente de las piscinas para su posterior reutilización.

Y, en cuanto a las normas que afectan al uso del suelo y que impedirán las nuevas edificaciones destinadas a vivienda sobre Red natura 2000, SRP-ARIP de incendios y SRC-F, se alega, en primer lugar, que se ha aprobado inicialmente la NTC sin haber iniciado el procedimiento de modificación de la NTC en contra de lo establecido en el artículo 17 LOT.

En segundo lugar, se alega que la mayor parte (un 61%) de la superficie del municipio de San Juan es suelo rústico protegido y que el municipio cuenta con una superficie muy pequeña de suelo urbano (un 0,88 %) y esto provoca que la aplicación de la NTC suponga una discriminación en relación a otros municipios de la isla donde las posibilidades edificatorias en el suelo rústico común son mucho más elevadas. Hay muchos terrenos ARIP que se diferencian muy poco del suelo rústico común al existir desde hace muchos años destacadas explotaciones agrarias. En una parte de los terrenos ANEI también hay explotaciones agrarias.

Además de no poderse edificar nuevas viviendas, la mayor parte de las edificaciones se encontrarán en situación de inadecuación con el PTI, con las consecuencias legales que esto supondrá.

Añade que resulta contradictorio fijar parámetros máximos (artículo 3 NTC) para viviendas en zonas donde este uso se encuentra prohibido (artículo 5). Señala que no se aclara si estos parámetros incluyen o no la piscina. Concluyen las alegaciones que "estas medidas adoptadas por la NTC, si bien pueden tener una finalidad positiva en el conjunto de la isla, no lo son para un municipio con una densidad de 46,59 habitantes por km2 y sin posibilidad de crecimiento del suelo urbano" y que este municipio se merece un régimen especial y que en la propia memoria del PTI se señala la necesidad de dinamización económica y corrección del desequilibrio territorial y que tampoco se ha aprobado el plan especial de es Amunts, que hubiera regulado el suelo rústico del municipio sin necesidad de dictar una NTC, y que, entre los criterios previstos para este plan especial figura la "Instrumentalización, en todo caso, de medidas de compensación y de otra índole que permitan la participación de la zona en las rentas derivadas del turismo". 

Se pide, finalmente, la suspensión de la aprobación inicial de la NTC hasta que se tramite la aprobación del PTI.

CONTESTACIÓN

En cuanto a los vallados, véase contestación ALEGACIONES MODELO 3, apartado “EN CUANTO A LAS SUPUESTAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA”.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 1, apartados:

- EN CUANTO A LAS MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA.

- EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE VIVIENDAS EN TERRENOS RED NATURA.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 3, apartados:

- EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DE LA CONSEJERA EJECUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y MOVILIDAD DE DÍA 8 DE NOVIEMBRE DE 2016.

EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DEL PTI POR FALTA DE MOTIVACIÓN. EN CUANTO A LA NULIDAD DEL ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA NTC. EN CUANTO AL FRAUDE DE LEY.

Véase contestación ALEGACIONES MODELO 2, apartado “EN CUANTO A LA PROHIBICIÓN DE AMPLIACIÓN O REFORMA INTEGRAL DE LAS VIVIENDAS LEGALES EN SUELO FORESTAL, LIC Y ZEPA O ÁREA DE PROTECCIÓN DE INCENDIOS”.

Por otra parte debe aclararse que las piscinas computan como ocupación de parcela y no deriva de la presente NTC. La NTC no modifica cómo se computan los porcentajes. La “Instrucción 4. Conceptos sobre los cómputos” del PTI, apartado 7 dice:

“7 Se entiende por superficie ocupada la de la proyección vertical sobre un plano horizontal de la superficie comprendida entre las líneas externas de todas las plantas, incluidos o excluidos los sótanos, semisótanos, terrazas exteriores, espacios pavimentados o piscinas, según señalen las ordenanzas municipales, e incluyendo porches y cuerpos o elementos volados, excepto aleros o cornisas de hasta 50 cm.

En suelo rústico, computará como superficie ocupada la de la proyección vertical sobre un plano horizontal de la superficie comprendida entre las líneas externas de todas las plantas, incluidas las piscinas y las terrazas cubiertas mediante porche o pérgola.”

Por acuerdo de la CIOTUPHA de 29 de abril de 2011 se procedió a la aprobación definitiva parcial de la revisión del planeamiento general del municipio de San Joan de Labritja mediante Normas subsidiarias de planeamiento (PL-01/2010).

Este acuerdo se publicó en el BOIB número 104, de 7 de julio de 2011.

Y en el artículo 8.2.05 (PISCINAS) de las Normas subsidiarias del municipio de Sant Joan de Labritja se recoge “En suelo rústico se podrán construir piscinas con las siguientes condiciones: …/…c) La suma de la superficie de los elementos constructivos (terrazas descubiertas, pérgolas, etc.), piscina, alberca para riego y otras edificaciones no superará el porcentaje de ocupación de la parcela.

4.- GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS

Se señala en el informe emitido que la reducción de los parámetros supone un régimen más restrictivo respecto del PTI vigente y los mínimos del artículo 28 de la Ley 6/97 de suelo rústico; que se limitan las segregaciones y que la prohibición de nuevas viviendas supone restringir el nivel de protección mínima de la matriz del suelo rústico de las DOT; que se fijan medidas de integración para nuevas construcciones tendentes a la protección etnológica y natural y para los vallados, tendentes a la protección del paisaje y previsiones de ahorro de agua en nuevas edificaciones.

Se señalan como mejoras en la redacción dos cuestiones: que tal vez sería más correcto hacer referencia a la licencia de primera ocupación o utilización de los edificios (artículo 134.1 m) de la LOUS) en lugar de la referencia que el artículo 6.2 de la NTC hace al certificado final de obra y que el artículo 7 debería añadir que es de aplicación al suelo rústico, aunque ya se deriva del ámbito de aplicación de la Norma definido en el artículo 2.

CONTESTACIÓN

En la versión definitiva de la NTC se propondrá aceptar parte de las sugerencias efectuadas por el Gobierno. Respecto del “certificado final de obra municipal” al que se refiere el apartado 2 del artículo 6 NTC debe decirse que éste es diferente a la licencia de primera ocupación o utilización de los edificios o al menos lo pretendido en la NTC.

Efectivamente, es práctica habitual en los Ayuntamientos de la isla que, al finalizar las obras, se expide informe técnico municipal de conformidad de éstas con el proyecto autorizado por el Ayuntamiento y seguidamente se certifica el contenido del informe técnico municipal.

Por lo que no se modifica la redacción de este apartado del artículo 6 NTC ya que lo que se quiere conseguir es que se verifique por los servicios técnicos del Ayuntamiento, además del resto de las previsiones del proyecto autorizado, la ejecución de estas medidas de integración paisajística y ambiental. Es decir, que no se dé el visto bueno municipal sin que se acredite la ejecución, además, de estas medidas. Asimismo, ningún Ayuntamiento de la isla ha pedido modificar este apartado.

Respecto del artículo 7 NTC -vallados- es evidente que se refiere al suelo rústico atendido lo que dispone el artículo 2 (Ámbito de aplicación) de la NTC. No obstante lo anterior se clarifica en el artículo 7 NTC que se refiere a “suelo rústico”.

Así el artículo 7 NTC, quedaría:

“Artículo 7. Medidas de integración paisajística relativas a los vallados.

1. Los vallados de las fincas y edificaciones en suelo rústico sólo se podrán realizar con piedra seca y de la manera tradicional de la zona o bien con las vallas cinegéticas que permitan el paso de la fauna. Su altura total no podrá superar un metro.

2. En las explotaciones agrarias, los vallados para el rebaño podrán superar la altura de un metro, siempre que sean diáfanos tradicionales y resulten necesarios para que no salgan los animales o para proteger los cultivos de la finca de este rebaño.”

5.- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL

En el escrito remitido por la secretaria general de la consejería de Trabajo, Comercio e Industria del Gobierno de las Illes Balears, se señala que la sesión constitutiva del Consejo Económico y Social de las Illes Balears todavía no se ha llevado a cabo y, por lo tanto, las funciones consultivas preceptivas que prevé el artículo 2 de la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del Consejo Económico y Social de las Illes Balears no rigen actualmente, de acuerdo con lo que establece el punto cuarto del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2016 por el que se dejan sin efecto las suspensiones de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se suspende la vigencia de la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del Consejo Económico y Social de las Illes Baleares, y su funcionamiento, que dispone "las funciones consultivas a las que se refiere la letra a del artículo 2.1 de la Ley 10/2000 deberán ejercerse en todos aquellos procedimientos que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la sesión constitutiva del CES.”

CONTESTACIÓN

La Norma Territorial Cautelar, aprobada inicialmente, es una disposición de carácter general de rango reglamentario del Consejo Insular de Eivissa, y por su contenido normativo que afecta únicamente al suelo rústico donde no existe un “derecho a edificar”, de entrada parece que no precisaría de informe del Consejo Económico y Social. No obstante, por razones de seguridad jurídica se consideró adecuado en su momento la solicitud de aquel informe.

El apartado Cuarto del acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2016 por el que se levantan las suspensiones de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se suspenden la vigencia de la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del Consejo Económico y Social de las Illes Balears, y su funcionamiento (BOIB núm. 54, de 30 de abril de 2016), establece:

“Cuarto. Disponer que las funciones consultivas a las que se refiere la letra a del artículo 2.1 de la Ley 10/2000 deberán ejercerse en todos aquellos procedimientos que se hayan iniciado con posterioridad a la fecha de la sesión constitutiva del CES.”

Ahora queda claro que tampoco resultaría necesario disponer de este informe en la NTC, ya que el procedimiento de la NTC será siempre anterior a la fecha de aquella sesión constitutiva. 

IV.- EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA NTC.

La Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears (BOIB núm. 106, de 20 de agosto de 2016), dispone:

“Artículo 13

Particularidad de la evaluación ambiental estratégica de las normas territoriales cautelares

1. Las normas territoriales cautelares previas a la formulación, la revisión o la modificación de un instrumento de ordenación territorial incluirán una memoria-análisis de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, que se someterá al trámite de información pública y a la consulta de las administraciones públicas afectadas, junto con la norma territorial cautelar.

2. La intervención del órgano ambiental se efectuará después de la información pública y de la consulta a las administraciones públicas, y antes de la aprobación definitiva. A este efecto, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental todo el expediente administrativo, con la norma territorial cautelar, la memoria-análisis, los informes de las administraciones públicas afectadas, las alegaciones y la valoración.

3. La declaración ambiental estratégica se formulará en el plazo máximo de un mes que se contará desde la entrada de la solicitud y de toda la documentación en el registro del órgano competente para emitirla, y se publicará en el plazo de quince días hábiles en el Boletín Oficial de las Illes Balears. Esta declaración no es impugnable, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, correspondan contra el acto o la disposición de aprobación o adopción de la norma territorial cautelar.”

A estos efectos, el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 12/2016, de 17 de agosto, señala:

“2. La intervención del órgano ambiental se efectuará después de la información pública y de la consulta a las administraciones públicas, y antes de la aprobación definitiva. A este efecto, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental todo el expediente administrativo, con la norma territorial cautelar, la memoria-análisis, los informes de las administraciones públicas afectadas, las alegaciones y la valoración.”

El órgano sustantivo lo es este Consejo Insular y el órgano ambiental lo es la Comisión de Medio ambiente de las Illes Balears ex artículo 7.1 de la Ley 12/2016, por lo que -antes de su aprobación definitiva por el Pleno del Consejo- debe remitirse -preferentemente por un medio electrónico- copia de todo el expediente administrativo de la NTC a la Comisión de Medio ambiente de las Illes Balears para que formule la declaración ambiental estratégica de la NTC, con el texto de la norma territorial cautelar, la memoria-análisis, los informes de las administraciones públicas afectadas, las alegaciones presentadas y su valoración.

Esta “valoración” de las alegaciones presentadas, es novedad de la Ley 12/2016 y no se contemplaba a la normativa anterior. Efectivamente, el apartado 1 de la Disposición adicional séptima de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y de evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears establecía:

“Disposición adicional séptima Evaluación ambiental de normas de carácter transitorio o provisional

1. En la tramitación de normas territoriales cautelares previas a la formulación, revisión o modificación de un instrumento de ordenación territorial, es preceptivo que, tras los plazos de información pública y de consulta a las administraciones públicas posteriores a su aprobación inicial y antes de su aprobación definitiva, se someta el documento a dictamen del órgano ambiental.

A tal fin, el documento incorporará una memoria-análisis relativa a los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente de las referidas normas territoriales cautelares.

La decisión del órgano ambiental deberá formularse en el plazo máximo de un mes, a contar desde la entrada de la solicitud y de la totalidad de documentación en el registro del órgano competente para emitirla.

…/…”

Y a los efectos de la valoración de las alegaciones y de los informes emitidos, como se desprende del presente informe técnico, la NTC puede sufrir cambios -tanto la memoria como el articulado- respecto de la versión que tenía en su aprobación inicial, por lo que, a los efectos de remitir a la Comisión de Medio ambiente de las Illes Balears, todo el expediente así como la mencionada valoración del trámite de participación pública, debe contarse con el parecer del equipo de gobierno respeto de aquella valoración.

Por lo que, se someterá este informe al Consejo Ejecutivo del Consejo con carácter previo a su remisión a la Comisión de Medio ambiente de las Illes Balears a los efectos de solicitar la declaración ambiental estratégica de la norma territorial cautelar ex artículo 13.3 de la Ley 12/2016. Todo lo anterior sin perjuicio que la aprobación definitiva de la NTC corresponde al plenario de la corporación ex artículo 17.2.c) LOT, así como la estimación o desestimación de las alegaciones y/o informes formulados a la aprobación inicial.

Fruto de las presentes alegaciones e informes, la norma para su aprobación definitiva experimenta pequeños cambios en su redacción (memoria y artículos), a los efectos de otorgar mayor seguridad jurídica y claridad en sus determinaciones positivas. Todo lo anterior se refleja en la memoria justificativa de la NTC.

Así, el texto definitivo de la NTC (que incluye los cambios propuestos) se adjunta como Anexo al presente informe.

CONCLUSIÓN

Habiéndose tramitado la NTC conforme dispone la LOT, solicitados los informes preceptivos  y el trámite de audiencia y no desvirtuando las alegaciones presentadas, salvo algún pequeño cambio, la NTC inicialmente aprobada, SE INFORMA FAVORABLEMENTE continuar su tramitación para su aprobación definitiva conforme al texto que se propone y consta en el Anexo de este informe.

Lo que se informa a los efectos oportunos, no obstante lo anterior, el órgano competente para su aprobación definitiva (Pleno del Consejo)  resolverá lo que estime adecuado. En la correspondiente aprobación definitiva se dará cumplida respuesta a las alegaciones  efectuadas y a los informes emitidos.

Ibiza, 10 de marzo de 2017

Los letrados

Las arquitectas

ANEXO (en rojo los cambios propuestos a la redacción inicial de la NTC para su aprobación definitiva)

NORMA TERRITORIAL CAUTELAR POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS PROVISIONALES PARA ASEGURAR LA VIABILIDAD Y LA EFECTIVIDAD DE LA MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL INSULAR DE IBIZA

Memoria justificativa

1.- El Plan Territorial Insular de Ibiza y Formentera (PTI), fue aprobado definitivamente por el Pleno del Consejo en fecha 21 de marzo de 2005 (BOIB núm. 50, de día 31 de marzo de 2005).

2.- En el BOIB núm. 169, de 4 de diciembre de 2008, se publicó el acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Eivissa, de día 28 de noviembre de 2008, de aprobación definitiva de una norma territorial cautelar por la cual se adoptan medidas provisionales para asegurar la viabilidad y la efectividad de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza.

Por otra parte, en el BOIB núm. 113, de 31 de julio de 2010, se publicó el acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Eivissa, de día 30 de julio de 2010, de aprobación inicial de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza y su publicación, el cual fue revocado por acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Eivissa, en sesión de día 25 de octubre de 2010 (BOIB núm. 162, de 6 de noviembre de 2010), indicando que este hecho comporta la derogación de la Norma Territorial Cautelar aprobada el 28 de noviembre de 2008.

3.- Dado que han pasado ya más de diez años desde la entrada en vigor del mencionado Plan, y que el contexto normativo bajo el que se aprobó el Plan no es el mismo de aquel momento, se plantea en el seno del Consejo, sin perjuicio del procedimiento de su revisión la adopción de determinadas medidas cautelares en orden a asegurar una modificación puntual del mismo.

Efectivamente, respecto del marco normativo después de diez años, entre mucho otros,  debe hacerse mención, a nivel estatal, a la entrada en vigor del Real decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015) donde se manifiesta que las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo tienen como finalidad común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible.

Señalándose que en virtud del principio de desarrollo sostenible, las mencionadas políticas tienen que propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, la ocupación, la cohesión social, la igualdad de trato y de oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, contribuyendo en particular a:

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación urbanística.

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.

d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo.

Por su parte, a nivel Balear, la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo (BOIB núm. 43, de 29 de marzo de 2014) en cuanto a las finalidades y atribuciones de la actividad urbanística señala que las mencionadas políticas públicas, además, tienen que contribuir, entre otros, a asumir y concretar los objetivos y principios establecidos en la Carta Europea de Ordenación del Territorio; a la eficacia de las medidas de conservación y mejora de la natura, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje; a vincular los usos del suelo a la utilización racional y sostenible de los recursos naturales, teniendo en cuenta la capacidad de crecimiento insular limitada y la escasez de recursos hídricos; a evitar la especulación del suelo y garantizar la disponibilidad de suelo para usos urbanísticos, una previsión de dotaciones y equipamientos urbanos adecuada y el acceso a una vivienda digna; a valorar las funciones agrarias, ganaderas, forestales, territoriales, ecológicas y paisajísticas de las áreas rurales o a considerar los efectos paisajísticos en toda actuación urbanística.

Así mismo, se podrían mencionar otras normas sectoriales posteriores a la entrada en vigor de aquel Plan y dónde resulta necesario su adaptación a las disposiciones de aquellas leyes.

Por ejemplo, la Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears o la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears (BOIB núm. 106, de 21 de julio de 2012), o la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears (BOIB núm. 138, de 9 de octubre de 2014), la Ley 11/2014, de 15 de octubre, de comercio de las Illes Balears (BOIB número 143, de 18 de octubre de 2014) o la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears (BOIB núm. 175, de 23 de diciembre de 2014).

Finalmente, hay que hacer mención del Decreto ley 1/2016, de 12 de enero, de medidas urgentes en materia urbanística (BOIB núm. 6, de 13 de enero de 2016) donde en el artículo segundo establece la modificación de la matriz de ordenación de usos del anexo 1 de la Ley 6/1999, de 3 de abril, de las directrices de ordenación territorial y de medidas tributarias, y recupera gran parte de la vigencia que tenía antes de la entrada en vigor de la Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears con alguna modificación en la regulación de los usos.

4.- En cumplimiento, entre otros, de los anteriores requerimientos normativos, en esta legislatura el equipo de gobierno de esta Corporación quiere impulsar una revisión global del PTI y en este sentido ya se han empezado los trabajos para llevarlo a cabo.

Así, en el BOIB número 122, de 24 de septiembre de 2016 se ha publicado el edicto correspondiente al anuncio de licitación del contrato del servicio para la elaboración del diagnóstico para la revisión del Plan Territorial Insular de Ibiza.

No obstante lo anterior, como se ha dicho, se plantea en estos momentos la necesidad de modificar el vigente PTI -sin esperar la revisión global que será mucho más amplia- en determinados aspectos concretos que afectan únicamente al suelo rústico.

Efectivamente, el equipo de gobierno de esta corporación ha llegado a un acuerdo con unos objetivos concretos que afectan a aspectos puntuales de la regulación actual contenida en el PTI vigente vigente y en este sentido, mediante resolución del Departamento de Territorio y Movilidad de día 8 de noviembre de 2016 de inicio/encargo formal de los trabajos a los servicios del Departamento, se han iniciado las tareas de modificación del Plan Territorial.

Así, en primer lugar, se quiere llevar a cabo una reducción de las condiciones de edificación de las viviendas en suelo rústico, con el objetivo de reducir la presión edificatoria y la especulación existente sobre el suelo rústico y mitigar el impacto que las viviendas de grandes proporciones  provocan.

En efecto, la combinación de un marco jurídico muy flexible -único en Baleares- que permite, por un lado, la construcción de viviendas de grandes dimensiones en el suelo rústico, previa segregación de las fincas si procede, y, de otra, que estas viviendas se destinen a estancias turísticas, con la gran popularidad de la isla de Ibiza como destino turístico internacional, provoca una fuerte atracción de grupos de inversión que construyen viviendas en suelo rústico -donde el uso está permitido- que agotan los parámetros urbanísticos para destinarlos a alojamiento temporal ligado a usos turísticos y no para albergar y/o satisfacer las necesidades propias de una familia, tal y como inicialmente prevé la legislación balear del suelo rústico, que admite sólo este uso de vivienda ligado a las la residencia permanente de una familia.

Así, desde el equipo de gobierno se quiere invertir esta tendencia edificatoria y especulativa en el suelo rústico, limitando los parámetros de edificación y ocupación máximos actualmente establecidos en cuanto a las viviendas a edificar en el suelo rústico para adecuarlos a la finalidad que realmente deberían tener y así intentar disuadir su construcción para dedicarlas al uso turístico.

En segundo lugar, se quiere evitar la excesiva fragmentación de las parcelas y consiguiente urbanización difusa del suelo rústico, impidiendo que se pueda seguir edificando sobre las parcelas segregadas o divididas a partir de una fecha determinada -el día 1 de noviembre de 2016-, para dar seguridad jurídica y, al tiempo evitar especulaciones, una vez que se ha avanzado públicamente el contenido de una norma territorial cautelar a través de los medios de comunicación local.

A la vez que se quiere impedir seguir edificando sobre las fincas segregadas a partir del día 1 de noviembre de 2016, se quiere mantener la posibilidad de seguir edificando sobre las parcelas que se segreguen en virtud de título hereditario o donación de padres a hijos, siempre que se cumpla con las condiciones señaladas en el vigente Plan territorial insular.

La norma se aplicaría, así, a las segregaciones efectuadas a partir del día 1 de noviembre que no provengan de título hereditario entre parientes o donación de padres a hijos y que cumplan con las condiciones señaladas en el vigente Plan territorial insular.

En tercer lugar, el equipo de gobierno quiere evitar que se sigan construyendo nuevas viviendas en terrenos que cuentan con la máxima protección ambiental derivada de las directivas comunitarias, como los incluidos en la Red Natura 2000, o bien en lugares donde el uso de vivienda tradicionalmente no se  ha implantado por tratarse de zonas boscosas y/o con un alto riesgo de incendio.

Con esta medida se pretende evitar el impacto paisajístico y ambiental que estas viviendas provocan en estos terrenos más merecedores de protección. Por otro lado, la construcción de nuevas viviendas en el SRC Forestal (SRC-F) o en el SRP-ARIP y APR de incendios, no sólo puede provocar un mayor riesgo de incendio, sino también dificultar su extinción, una vez declarado, dado que los medios de lucha contra los incendios se destinan a menudo con preferencia a impedir los daños a las personas y a las viviendas existentes en las masas forestales. 

Y, finalmente, en cuarto lugar, este equipo de gobierno quiere introducir toda una serie de medidas positivas de integración paisajística y ambiental.

Dentro de este paquete de medidas paisajísticas y ambientales, se quiere, en primer lugar, profundizar en las ya previstas en el Plan territorial insular vigente, en relación a la conservación de las fincas y elementos etnográficos existentes, ampliándolas y haciendo que se hagan cumplir con la exigencia de que la solicitud de construcción de nuevas viviendas en suelo rústico incluya proyecto técnico que recoja estas medidas, de forma que no se pueda otorgar el certificado final de obra municipal de la edificación sin verificar el cumplimiento de estas medidas de integración paisajística y ambiental.

En segundo lugar, se quiere impedir la construcción de nuevos vallados de fincas y edificaciones con bloque y elementos ajenos a los sistemas tradicionales, de forma que los nuevos vallados sean con piedra seca, de la forma tradicional en que en Ibiza se han construido las paredes y con unas dimensiones máximas -1 metro de altura- para evitar la formación de pantallas visuales, sin perjuicio que en las explotaciones agrarias pueda superarse esta altura en determinadas condiciones para garantizar la seguridad de los rebaños y de los cultivos.

Efectivamente, en los últimos veinte años hemos asistido a un progresivo y continuo proceso de compartimentación del suelo rústico y con esta medida se quiere impedir que se sigan construyendo cierres con materiales y dimensiones impropias del suelo rústico, que causan un impacto muy negativo sobre el paisaje rural dado que provocan su fragmentación con pantallas visuales impropias de esta clase de suelo.

Con esta medida se quiere recuperar la contemplación del paisaje y el mantenimiento de la identidad territorial de campo abierto, propia del ámbito rural de esta isla.

Y, finalmente, dada la grave y prolongada sequía que sufrimos en el marco del cambio climático en que se encuentra el planeta, este equipo de gobierno quiere introducir una serie de medidas tendentes todas ellas a un mejor aprovechamiento y ahorro del agua, de forma que los nuevos proyectos de construcción de viviendas en suelo rústico deban prever la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas para su reutilización en las necesidades de la edificación y/o de la finca; que tan sólo se pueda construir una piscina por vivienda en suelo rústico donde su volumen de agua no pueda exceder de los sesenta (60) m³ y que se prevea la construcción de un aljibe con una capacidad mínima para cada nuevo uso de vivienda.

Por todo lo anteriormente dicho, se ha considerado necesario incorporar en una Norma Territorial Cautelar (NTC) previa a esta modificación puntual de unas normas de aplicación directa y cautelar, que se consideran prioritarias en orden a implementar medidas para garantizar la protección del suelo rústico de la isla, hasta que se proceda a la tramitación y aprobación de la mencionada modificación del PTI y para asegurar sus determinaciones futuras, sin perjuicio del contenido que resulte de la revisión global del plan que, repetimos, sigue su tramitación administrativa.

Finalmente, hay que decir que todas estas medidas relativas a la protección del suelo rústico han sido consensuadas entre los diferentes partidos políticos integrantes del gobierno de esta corporación.

5.- Una vez redactada la Norma Territorial Cautelar, ésta es el reflejo normativo de lo que se ha motivado en el apartado 4 anterior y consta de un total de ocho artículos, una Disposición Transitoria y una Disposición Final.

6.- Después del trámite de participación pública, la Norma experimenta pequeños cambios en su redacción, a los efectos de otorgar mayor seguridad jurídica y claridad en sus determinaciones positivas.

En el artículo 3 (Determinaciones relativas a las condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico) de la Norma cuando dice “incluidos los anexos”, se añade la expresión “destinados a este uso”, para aclarar que se trata de los anexos destinados a este uso de vivienda.

Así mismo, en orden a dar seguridad jurídica, y para eliminar las dudas interpretativas que plantea el Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu en su informe emitido durante el trámite conferido, se añade en el artículo 4 de la presente Norma la expresión “notarial” después del término “documento público” ya que éste es el documento al que se ha estado siempre en aplicación de la normativa de segregaciones contenida en el vigente Plan Territorial Insular (Norma 16 y Disposición transitoria cuarta) a los efectos de nuevas viviendas en suelo rústico.

Para adecuar la literalidad del artículo 5 (Determinaciones relativas a la implantación de nuevas edificaciones y usos en determinados terrenos), apartado 2 a la finalidad de la norma - esto es, que no se incremente la presión edificatoria en aquellos lugares, así como que no aparezcan nuevas actividades, de tipo turísticas, que fomenten o incrementen la presión sobre aquellos espacios-, se considera adecuado añadir a la expresión "cambio de uso" el término "a actividades turísticas" y, de este modo, no impedir los cambios de usos a actividades no turísticas relacionadas con el mundo agrario.

En la misma línea, aunque el artículo 2 de la Norma ya especificaba que su ámbito de aplicación es el suelo rústico de la isla de Ibiza, se clarifica, de acuerdo con la sugerencia efectuada en el informe de la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad del Gobierno, que el artículo 7 de la Norma, en lo referente a las medidas de integración paisajística relativas a los vallados, afecta sólo a los vallados de fincas y edificaciones en suelo rústico. Así mismo, y aunque el artículo 7 no se quería referir a los vallados derivados de las necesidades pecuarias, fruto de las alegaciones presentadas en este sentido por el sector agrario, se incluye un nuevo apartado segundo para permitir que en las explotaciones agrarias los vallados para el rebaño puedan superar la altura  de un metro, para garantizar la seguridad del propio rebaño, así como de los cultivos de la explotación.

Así mismo, en aplicación del principio de proporcionalidad, y de acuerdo con las alegaciones formuladas en este sentido por el sector agrario, se especifica que las medidas de integración paisajística relativas a la recuperación y conservación de la finca (artículo 6) serán de aplicación en relación a las solicitudes de construcción de nuevas viviendas en suelo rústico. Igualmente, y por la misma razón, las medidas de ahorro de agua relativas a la recogida de aguas pluviales y a la construcción de un aljibe, contenidas en el apartado 1 de artículo 8 de la Norma, serán exigibles únicamente a los proyectos de construcción de nuevas viviendas en suelo rústico.

En cuanto a las piscinas debe decirse que si bien es cierto que la medida relativa a las dimensiones de las piscinas se contemplaba también como de integración paisajística y, por ello, se quiso inicialmente regular también su espejo de agua, en proporción a los nuevos parámetros de ocupación de las viviendas, fruto de las alegaciones se verifica que como medida de ahorro de agua bastaría con haber limitado el volumen de las piscinas, y por ello se modifica el apartado 2 del artículo 8 (Medidas de ahorro de agua) de la NTC en el sentido de modificar allí donde dice “La lámina de espejo de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no podrá exceder de treinta y cinco (35) m2 y su volumen, los sesenta (60) m3.”, por la frase “El volumen de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no podrá exceder los sesenta (60) m3”.

Y, en cuanto al régimen transitorio inicialmente previsto, éste se clarifica. Así pues, teniendo en cuenta que la aprobación inicial de la presente NTC se publicó en el BOIB el día 1 de diciembre de 2016, y para evitar conflictos interpretativos y ofrecer mayor seguridad jurídica en la aplicación de una norma territorial cautelar como esta, se establece que la presente norma territorial cautelar se aplique a los proyectos relativos al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico presentados ante el Ayuntamiento correspondiente a partir del día 1 de septiembre de 2016- con lo que los proyectos presentados entre los días 1 de septiembre y 1 de diciembre quedarían afectados por las determinaciones de la NTC- y, así mismo, se aplique esta NTC a los presentados anteriormente al día 1 de septiembre de 2016 y que a fecha 31 de agosto de 2016 no contaran con la documentación completa para resolver el expediente, entendida la expresión "documentación completa" como proyecto técnico más la documentación referida en las instrucciones 5 y 6 en cuanto a las viviendas unifamiliares aisladas del Anexo II -Instrucciones técnicas- del PTI (BOIB número 50, de 31 de marzo de 2005).

De esta forma, tanto la CIOTUPHA como los Ayuntamientos deberán aplicar la norma cautelar a todos los proyectos presentados dentro de los tres meses anteriores a la fecha de publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación inicial de la NTC y también a los expedientes presentados anteriormente a estos tres meses que, a fecha 31 de agosto de 2016, no tuvieran la documentación completa, en el sentido expuesto anteriormente; de forma que la NTC no resultaría de aplicación a los proyectos que cuenten con la documentación completa con anterioridad a los tres meses antes de la publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación inicial.

Con esta solución se clarifica qué se considera documentación completa a efectos de la aplicación de la NTC y, asimismo, se establece un periodo de aplicación de la norma común a todas las administraciones que intervienen en el procedimiento y, que, además coincide con el plazo -3 meses- con que cuenta la CIOTUPHA para la emisión de su informe desde que el expediente se encuentra completo. Y además, este periodo de aplicación a los proyectos presentados dentro de los tres meses anteriores a la publicación en el BOIB del acuerdo de aprobación inicial de la NTC no genera per se ningún perjuicio que no deba soportarse, ya que la normativa aplicable en Baleares es la vigente en el momento del vencimiento del plazo que tiene la administración para resolver. Y en el caso del informe preceptivo de la CIOTUPHA se dispone de tres meses para su emisión (a contar desde la fecha en que el expediente se encuentra completo). Y respecto de los proyectos presentados anteriormente a estos tres meses, se exigirá, de acuerdo con la legislación balear y doctrina jurisprudencial, que a fecha 31 de agosto de 2016 -día anterior a este periodo de tres meses- los proyectos correspondientes se encontraran completos, con objeto de poder determinar la no aplicación de la NTC, puesto que si en esta fecha ya se encuentran completos (con independencia de cuándo se hayan completado) el día del vencimiento del plazo de tres meses para emitir el informe, el 30 de noviembre, no podía aplicarse la NTC ya que se publicó el día 1 de diciembre de 2016.  

Y finalmente, se aclara que, en cuanto al resto de actuaciones diferentes a la construcción de nuevas viviendas (ampliaciones, piscinas, cambios a usos turísticos, etc..) las determinaciones de la presente norma territorial cautelar no se aplicarán si la fecha del vencimiento del plazo para resolver la solicitud correspondiente es anterior al día 1 de diciembre de 2016, fecha de publicación del acuerdo de aprobación inicial de la norma.

El objeto de la Norma (artículo 1) es asegurar la viabilidad y efectividad de la modificación del vigente Plan Territorial Insular del año 2005, en el ámbito de la isla de Ibiza; el ámbito de aplicación de la Norma (artículo 2) se limita a los ámbitos de suelo rústico existentes en la isla de Ibiza, al disponer la isla de Formentera de su propio instrumento de ordenación territorial; en cuanto a las determinaciones relativas a las condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico (artículo 3) se reducen los parámetros relativos a la superficie construible máxima, el porcentaje máximo de ocupación de parcela y el volumen máximo del conjunto de las edificaciones; en cuanto a las determinaciones relativas a las segregaciones en suelo rústico (artículo 4) se prohíbe cautelarmente el uso de vivienda unifamiliar aislada en aquellas parcelas procedentes de una segregación, división o fragmentación, efectuadas en documento público notarial a partir del día 1 de noviembre de 2016 -fecha establecida en orden a evitar movimientos de último momento no deseables desde que ha trascendido a la opinión pública y se ha publicado en los medios de comunicación el contenido de las presentes medidas cautelares-, excepto que éstas provengan de actos de donación de padres a hijos o a causa de herencia entre personas vinculadas por relación de parentesco, siempre que cumplan con las condiciones previstas en el vigente Plan Territorial Insular; en cuanto a las determinaciones relativas la implantación de nuevas edificaciones y usos en determinados terrenos (artículo 5) se establece una serie de espacios dignos de conservación (los incluidos en la Red Natura 2000, los calificados como Suelo Rústico Protegido Área Rural de Interés Paisajístico (SRP-ARIP) y, al tiempo, incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRP-APR) de Incendio y los calificados Suelo Rústico Común Forestal (SRC-F) donde cautelarmente se establece que no resulta factible ubicar nuevas viviendas unifamiliares aisladas (ni se permite su ampliación o cambio de uso a actividades turísticas) en orden a preservar aquellos lugares de su transformación, no obstante estableciendo que aquellos terrenos computan a los efectos de edificar fuera de aquellos espacios si la categoría subyacente de los terrenos lo permite; en cuanto a las medidas de integración paisajística y ambiental relativas a la recuperación y conservación de la finca (artículo 6) se establece la obligación de presentar junto con la solicitud de construcción de nuevas viviendas en suelo rústico, con independencia de su uso, un proyecto técnico que recoja toda una serie de medidas de integración paisajística y ambiental que se tienen que llevar a cabo en la totalidad de la finca donde se quiere edificar y que su estricto cumplimiento debe verificarse en la correspondiente certificación municipal final de obras; en cuanto a las medidas de integración paisajística relativas a los vallados (artículo 7) se establece que los vallados, tanto de las fincas como de las edificaciones en suelo rústico que se lleven a cabo tienen que ser efectuados con piedra seca y de la manera constructiva tradicional en la zona o bien con vallas cinegéticas que permiten el paso de la fauna, limitándose su altura total a un metro en orden a evitar el efecto pantalla que actualmente se produce con los vallados y estableciendo una excepción para permitir que en las explotaciones agrarias los vallados para el rebaño puedan superar la altura de un metro, para garantizar la seguridad del propio rebaño, así como de los cultivos de la explotación; en cuanto a las medidas de ahorro de agua (artículo 8) se establece la necesidad de aprovechar al máximo este recurso tan escaso en nuestras islas del cual no es ajena la isla de Ibiza castigada gravemente en los últimos años por la sequía que se sufre, estableciéndose medidas en orden a la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas de las nuevas viviendas para su reutilización en las necesidades de la edificación y/o de la finca y su almacenamiento, que no se puedan construir más de una piscina por finca o limitar su volumen máximo en orden al ahorro de este recurso; en cuanto al régimen transitorio de la Norma (Disposición transitoria), hay que decir en primer lugar que esta Norma Territorial Cautelar no afecta a las licencias de edificación municipales ya concedidas y en segundo lugar, por lo que hace a los expedientes en tramitación, para evitar conflictos interpretativos y ofrecer mayor seguridad jurídica en la aplicación de una norma territorial cautelar como esta, teniendo en cuenta que la aprobación inicial de la presente NTC se publicó en el BOIB el día 1 de diciembre de 2016, se establece que la presente norma territorial cautelar se aplique a los proyectos relativos al uso de vivienda unifamiliar, presentados ante el Ayuntamiento correspondiente a partir del día 1 de septiembre de 2016- con lo que los proyectos presentados entre los días 1 de septiembre y 1 de diciembre quedarían afectados por la aprobación inicial de la NTC- y, así mismo, se aplique a los presentados anteriormente al día 1 de septiembre de 2016 y que a fecha 31 de agosto de 2016 no contaran con la documentación completa para resolver el expediente, entendida la expresión "documentación completa" en el sentido expuesto anteriormente -proyecto técnico más la documentación referida en las instrucciones 5 y 6 en cuanto a las viviendas unifamiliares aisladas del Anexo II -Instrucciones técnicas- del PTI (BOIB número 50, de 31 de marzo de 2005).

Asimismo, se permite que los expedientes de licencia urbanística de edificación que resulten afectados por las determinaciones introducidas por la Norma puedan adaptar el correspondiente proyecto técnico a las nuevas determinaciones establecidas a la misma y no impedir la finalización de su tramitación; finalmente, en cuanto a la entrada en vigor y plazo de vigencia de la Norma (Disposición final) se recoge el régimen legal establecido en el artículo 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial.

Visto que, en virtud del artículo 70.13 de la ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears (BOE núm. 52, de día 1 de marzo de 2007), y de los puntos 1 y 4 del artículo 1 de la ley 2/2001, de 7 de marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de ordenación del territorio (BOIB núm. 32, de 15 de marzo de 2001) son competencias propias de los consejos insulares las relativas a la elaboración y la aprobación de los planes territoriales insulares y las relativas a la elaboración y la aprobación de las normas territoriales cautelares que tengan que preceder la formulación, la revisión o la modificación de los instrumentos de ordenación territorial que corresponde aprobar a los consejos insulares.

Así, y al efecto de evitar que las futuras medidas que pueda determinar la modificación del vigente Plan Territorial Insular no surjan ya limitadas en cuanto a su efectividad por situaciones consolidadas contradictorias con la futura ordenación, se considera del todo necesario la adopción de las medidas de orden cautelar que se establecen en la siguiente normativa.

NORMATIVA

Artículo 1. Objeto.

Es objeto de esta Norma, de acuerdo con lo señalado en el artículo 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, el establecimiento de determinaciones cautelares de ordenación territorial dirigidas a asegurar la viabilidad y efectividad de la modificación del Plan territorial insular de Ibiza y Formentera, publicado en el BOIB número 50, de 31 de marzo de 2005 (vigente Plan Territorial Insular), en el ámbito de la isla de Ibiza (Plan Territorial Insular de Ibiza).

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las determinaciones establecidas en la presente norma resultarán de aplicación a los diferentes ámbitos de suelo rústico existentes en la isla de Ibiza que se relacionan en los artículos siguientes, con independencia de la clasificación asignada por el planeamiento municipal vigente.

Artículo 3. Determinaciones relativas a las condiciones de edificación relativas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico.

A las edificaciones destinadas al uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico, incluidos los anexos destinados a este uso, les resultarán de aplicación los siguientes parámetros según las categorías  recogidas en el vigente Plan Territorial Insular o en el planeamiento urbanístico adaptado a este instrumento, y que el planeamiento general podrá fijar más restrictivamente:

a) Superficie construible máxima:

En Suelo Rústico Protegido Área Rural de Interés Paisajístico -SRP-ARIP- y Suelo Rústico Común Forestal -SRC-F- 0,0084 m2/m2 y al resto de categorías de suelo rústico 0,014 m2/m2.

b) Porcentaje máximo de ocupación de parcela:

En SRP-ARIP y SRC-F 1,2 % y al resto de categorías de suelo rústico 2 %.

c) Volumen máximo del conjunto de las edificaciones: 900 m3.

Artículo 4. Determinaciones relativas a las segregaciones en suelo rústico.

En las parcelas procedentes de una segregación, división o fragmentación, efectuadas en documento público notarial a partir del día 1 de noviembre de 2016, queda prohibido el uso de vivienda unifamiliar, excepto que provengan de donación de padres a hijos o a causa de herencia entre personas vinculadas por relación de parentesco y que cumplan con las condiciones previstas en el vigente Plan Territorial Insular.

Artículo 5. Determinaciones relativas a la implantación de nuevas edificaciones y usos en determinados terrenos.

1. En los siguientes terrenos no se podrán ubicar nuevas viviendas unifamiliares aisladas:

a) los incluidos en la Red Natura 2000,

b) los calificados como Suelo Rústico Protegido Área Rural de Interés Paisajístico (SRP-ARIP) y, al mismo tiempo, incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRP-APR) de Incendio delimitadas en el plano 3 (Áreas de prevención de riesgos) del vigente Plan Territorial Insular.

c) los calificados por el vigente Plan Territorial Insular o por los instrumentos de planeamiento adaptados al mismo como Suelo Rústico Común Forestal (SRC-F).

Estos terrenos computarán a efectos de la aplicación de la regla de proporcionalidad establecida en la Norma 14 del vigente Plan Territorial Insular para las fincas sujetas a distintas calificaciones, siempre que la categoría subyacente lo permita.

2. Respecto de las viviendas existentes en estos terrenos a la entrada en vigor de la presente norma territorial, no se permiten su ampliación ni cambio de uso a actividades turísticas.

Artículo 6. Medidas de integración paisajística y ambiental relativas a la recuperación y conservación de la finca.

1. La solicitud de construcción de nuevas viviendas en suelo rústico deberá incluir proyecto técnico que recoja todas las medidas de integración paisajística y ambiental que deben llevarse a cabo en la totalidad de la finca, en función de sus características, tendentes a:

a) Recuperar y mantener la totalidad de los terrenos en buen estado según sus características naturales (mantener la masa boscosa en condiciones que minimicen la extensión de incendios forestales y de forma que no perjudiquen las especies protegidas que se hayan de preservar y, en zonas agrícolas, el mantenimiento de los cultivos tradicionales y de las plantaciones de frutales o bien, el mantenimiento de la explotación agraria existente).

b) Recuperar y mantener todos los elementos de valor etnográfico o cultural existentes en la finca (bancales, paredes, otros elementos de piedra seca...).

c) Eliminar los elementos tales como vallados, muros etc..., construidos sin seguir los sistemas y materiales tradicionales de Eivissa.

d) Reducir el impacto de la edificación sobre el cielo nocturno, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente en materia de contaminación lumínica.

2. No se podrá otorgar el certificado final de obra municipal de la edificación sin verificar el cumplimiento de estas medidas de integración paisajística y ambiental.

Artículo 7. Medidas de integración paisajística relativas a los vallados.

1. Los vallados de las fincas y edificaciones en suelo rústico sólo se podrán realizar con piedra seca y de la manera tradicional de la zona o bien con las vallas cinegéticas que permitan el paso de la fauna. Su altura total no podrá superar un metro.

2. En las explotaciones agrarias, los vallados para el rebaño podrán superar la altura de un metro, siempre que sean diáfanos tradicionales y resulten necesarios para que no salgan los animales o para proteger los cultivos de la finca de este rebaño.

Artículo 8. Medidas de ahorro de agua.

1. Los proyectos de construcción de nuevas viviendas unifamiliares aisladas en suelo rústico deberán prever la recogida de las aguas pluviales de las cubiertas para su reutilización en las necesidades de la edificación y/o de la finca. Así mismo, se deberá prever su almacenamiento en un aljibe con capacidad suficiente para este uso, con una capacidad mínima de quince (15) m3.

2. El uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico no podrá dar lugar a la construcción de más de una piscina por finca.

El  volumen de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no podrá exceder de los sesenta (60) m3.

Disposición transitoria. Régimen transitorio.

1. Las determinaciones cautelares contenidas en la presente norma territorial cautelar se aplicarán a los proyectos relativos a la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico,   presentados ante el Ayuntamiento a partir del día 1 de septiembre de 2016, éste incluido.

Así mismo, las determinaciones cautelares contenidas en la presente norma territorial cautelar se aplicarán a los proyectos presentados con anterioridad al día 1 de septiembre de 2016, y que a fecha 31 de agosto de 2016 no contaran con la documentación completa para resolver el expediente.

Al efectos de la aplicación del párrafo anterior, se entiende que la documentación se encuentra completa cuando conste en el expediente el correspondiente proyecto técnico exigido por la normativa aplicable, redactado por personal técnico competente, así como la documentación que para el uso de vivienda unifamiliar piden las Instrucciones 5 y 6 del Anexo II del Plan Territorial Insular (BOIB núm. 50, de 31 de marzo de 2005) .

2. En cuanto al resto de solicitudes de licencia urbanística, las determinaciones de la presente norma territorial cautelar no se aplicarán si la fecha del vencimiento del plazo para resolver la solicitud correspondiente es anterior al día 1 de diciembre de 2016.

3. Las solicitudes de licencia urbanística en tramitación que resulten afectadas por la presente Norma, podrán continuar con su tramitación si adaptan el correspondiente  proyecto a lo previsto en la misma.

Disposición final. Entrada en vigor y plazo de vigencia.

Esta Norma entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears y, desde entonces, regirá durante un plazo máximo de tres años, o hasta la aprobación inicial de la modificación del Plan Territorial Insular de Ibiza si ésta se produce antes de agotarse el mencionado plazo.

Todo lo anterior, sin perjuicio de los efectos legales producidos por el acto de su aprobación inicial, al amparo del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial.