BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

La crisis económica ha tenido una especial incidencia entre los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Las personas con discapacidad y las personas en riesgo de exclusión social han sufrido en mayor grado las situaciones de desempleo y de exclusión del mercado de trabajo, presentan tasas de paro más altas y tasas de empleo más bajas. Además, los instrumentos específicos que se habían creado con anterioridad a la crisis económica, como los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, han visto reducida su capacidad para competir con las empresas ordinarias, con lo cual ha disminuido su eficacia en la integración laboral de estos colectivos.

Desde hace años, hay consenso general en el conjunto de la sociedad para dar una protección especial a las personas con discapacidad y a las personas en riesgo de exclusión social con la finalidad de facilitar su inserción laboral. Este consenso se refleja en la normativa laboral que regula los centros especiales de empleo y las empresas de inserción y, también, en la misma normativa que regula la contratación en el sector público, desde la Directiva 2014/24 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, hasta la reciente modificación de la Ley de Contratos del Sector Público.

Así, el artículo 4 de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social, modifica la disposición adicional quinta del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Así, se autoriza al Pleno a fijar porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de estos contratos en centros especiales de empleo y a empresas de inserción reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, o a fijar un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, con la condición que al menos el 30 % de los trabajadores de los centros especiales de empleo, de las empresas de inserción o de los programas sean trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social.

Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Sencelles, a propuesta de la Alcaldía, en fecha 10 de abril de 2017, adoptó, entre otros, el Acuerdo siguiente por unanimidad:

“Primero. Aprobar y fijar el porcentaje mínimo del 1,5 % de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de estos contratos, así como de reserva de la ejecución, a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción, reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, y a los programas de empleo protegido.

Segundo. Determinar que los centros especiales de empleo y las empresas de inserción tienen que estar inscritos en los registros de la Consejería de Trabajo, Comercio e Industria.

Tercero. Disponer que el presente acuerdo produzca efectos desde su publicación en el BOIB.

Cuarto. Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de las Illes Balears.”

Sencelles, 19 de abril de 2017

EL ALCALDE

Joan Carles Verd Cirer