BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Hechos

1. Día 14 de desembre de 2016 tuvo entrada en el Registro general de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (reg. nº 28631) una solicitud del alcalde del Ayuntamiento de Sóller de creación y clasificación de una plaza de tesorería de la corporación, de conformidad con la normativa vigente, reservada a personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional.

2. La Secretaría y la Intervención del Ayuntamiento de Sóller están clasificadas de clase segunda. Con respecto al puesto de trabajo de tesorería, no está reservado a personal funcionario de la Administración local con habilitación de carácter nacional, sino que actualmente un funcionario propio del Ayuntamiento ejerce sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 f del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional.

3. Mediante la aprobación del presupuesto municipal para el año 2016 (BOIB 107/2016, de 23 de agosto), el Ayuntamiento de Sóller modificó la relación de puestos de trabajo y dotó presupuestariamente el puesto de trabajo de tesorería reservado a personal funcionario de Administración local con habilitación de carácter nacional. El Ayuntamiento presentó un certificado acreditativo de la dotación presupuestaria suficiente para cubrir el puesto de trabajo de tesorería durante este ejercicio.

4. Mediante escrito de 19 de diciembre de 2016 el Servicio de Corporaciones Locales solicitó el Colegio de Secretarios e Interventores de las Islas Baleares que informara sobre la creación de este puesto de trabajo. En una Resolución de la Presidencia de 15 de febrero de 2017, el Colegio informó favorablemente la creación de la plaza de tesorería del Ayuntamiento de Sóller.

Fundamentos de derecho

1. El artículo 92 bis 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por el apartado 25 del artículo primero de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, dispone que el Gobierno tiene que regular las especialidades de la creación, la clasificación y la supresión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

2. El artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, modificado por el Real Decreto 834/2003, establece que los expedientes de clasificación serán resueltos por el órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente. Las resoluciones tienen que publicarse en los diarios oficiales y remitirse a la Dirección General de Función Pública, que las tiene que publicar conjuntamente en el Boletín Oficial del Estado al menos con carácter trimestral.

3. La disposición transitoria séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, según la redacción dada por la Ley 18/2015, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, establece que mientras no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985 y en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la Ley, mantiene la vigencia de la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del artículo mencionado.

4. De acuerdo con el artículo 92 bis 1 de la Ley 7/1985, el ejercicio de las funciones reservadas, entre ellas hay la tesorería que corresponde en exclusividad a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria séptima de la citada Ley.

5. El artículo 2.3 c del Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, atribuye el ejercicio de la competencia en materia de personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional que presta servicio en las corporaciones locales a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante la Dirección General de Función Pública y Administraciones Públicas.

Por todo ello, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Crear y clasificar el puesto de trabajo de tesorería del Ayuntamiento de Sóller reservado a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, perteneciente a la subescala de intervención tesorería.

2. Notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Sóller y al Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de las Illes Balears.

3. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears y trasladarla al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al efecto que dispone el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Interposición de recursos

Contra la presente resolución —que agota la vía administrativa— se puede interponer un recurso potestativo de reposición ante la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas en el plazo de un mes contador desde el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears, de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 57 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

También puede interponerse un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears en el plazo de dos meses contadores desde el día siguiente de la publicación de esta resolución, según los casos, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Palma, 23 de febrero de 2017

La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas

Catalina Cladera i Crespí