BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Antecedentes

1. La normativa nacional y la comunitaria de contratos públicos establecen de forma expresa la posibilidad de incorporar requerimientos y valoraciones de tipo social en la adjudicación y ejecución de los contratos públicos.

2. El considerando 2 de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública, establece que «La contratación pública desempeña un papel clave en la Estrategia Europa 2020, establecida en la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010 titulada “Europa 2020, una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” (“Estrategia Europa 2020”), como uno de los instrumentos basados en el mercado que deben utilizarse para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo un uso más eficiente de los fondos públicos. Con ese fin, deben revisarse y modernizarse las normas vigentes sobre contratación pública […] a fin de incrementar la eficiencia del gasto público, facilitando en particular la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública, y de permitir que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.»

3. El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, prevé de manera expresa la posibilidad de que los órganos de contratación incorporen cláusulas sociales en las compras públicas: en el artículo 118, como condiciones especiales de ejecución; en el artículo 150, como criterios de adjudicación; en la disposición adicional cuarta, como criterios de desempate, y en la disposición adicional quinta, mediante los contratos reservados.

4. En el ámbito autonómico, la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública se ha plasmado en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2016 por el que se establecen directrices para la inclusión de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental (BOIB 54/2016, de 30 de abril).

En cuanto a los criterios de adjudicación de carácter social, el apartado quinto del Acuerdo establece que la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas tiene que aprobar una guía metodológica para la aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental.

Esta guía es necesaria para alcanzar los objetivos previstos en el Acuerdo del Consejo de Gobierno, dado que permite concretar los aspectos sociales que tienen que conducir a una contratación socialmente responsable, así como orientar a los órganos de contratación en la aplicación de cláusulas de carácter social en la contratación pública. Con esta guía los órganos de contratación dispondrán de una herramienta práctica para incluir efectivamente cláusulas de carácter social en la contratación.

Por todo ello, de acuerdo con la competencia prevista en el apartado 3 del artículo 2 del Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Aprobar la Guía para la inclusión de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental.

2. Publicar la Guía para la inclusión de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental en la página web de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (http://jcca.caib.es/).

3. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 30 de diciembre de 2016

La consejera de Hacienda y Administraciones Públicas

Catalina Cladera i Crespí