BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

De conformidad con lo previsto en el art. 8 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas i Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, a continuación se hace público el siguiente Convenio núm. 36/15:

Convenio de colaboración entre el Consell Insular d’Eivissa y el Ayuntamiento de Eivissa para la gestión del Plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (PPB), para el año 2015.

Eivissa, 9 de diciembre de 2015

Por un lado, el Honorable. Sr. Vicent Torres Guasch, Presidente del Consell Insular d’Eivissa, de conformidad con lo que dispone el artículo 9 de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de Consejos Insulares y el artículo 52 del Reglamento Orgánico del Consell Insular.

Y de otra, el Ilustrísimo Sr. Rafael Ruiz González, Alcalde del Ayuntamiento de Eivissa, actuando en nombre y representación de esta Institución, de conformidad con lo que dispone el artículo 21.1b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen local.

Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar este convenio y

Exponen

I. El artículo 9.2 de la Constitución Española prevé que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.

También establece a sus artículos 41, 139 y 149.1.1, que los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad; así como que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y, que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los derechos constitucionales.

II. Nuestro Estatuto de Autonomía (según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, que lo reformó) establece en el art. 12 los principios rectores de la actividad pública, y dispone que las instituciones propias de la Comunidad Autónoma tienen que promover, entre otros, la cohesión social y el derecho a la protección social. Así mismo, en su artículo 16.4 dispone que las Administraciones Públicas, en el marco de sus competencias respectivas, tienen que promover las condiciones necesarias porque los derechos sociales de los ciudadanos de las Islas Baleares y de los grupos y colectivos en que se integran sean objete de una aplicación real y efectiva.

III. La Ley 4/2009, de 11 de junio, de Servicios Sociales en las Islas Baleares, tiene como finalidad principal conseguir el mayor bienestar social posible al territorio de las Islas Baleares, de forma progresiva y en todos sus aspectos, mediante un sistema de acción social integrado por servicios sociales y medidas de asistencia social que favorezcan el desarrollo pleno de la persona dentro de la sociedad para superar y prevenir las causas determinantes de su marginación y promover la plena integración social.

IV. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (después de la reforma operada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) establece el art. 25.1 que el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal en los términos que prevé este artículo, y en el art. 25.2 prevé que ejerce, en todo caso, como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: letra e) Evaluación y información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. De otra parte, el artículo núm. 36 atribuye a los Consejos Insulares la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios.

Por el contrario, el art. 6 del Decreto Ley 2/2014, de 21 de noviembre, de medidas urgentes para aplicar a las Islas Baleares la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, dispone que los municipios continuaran ejerciendo las competencias en materia de prestación de servicios sociales y de promoción y reinserción social que se preveían como propias antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, mientras no hayan sido asumidas por parte de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

V. La citada Ley 4/2009, de 11 de junio, a su art. 38.1.a) prevé que serán competencia de los municipios, entre otros, crear, organizar y gestionar los servicios sociales que consideren necesarios dentro de su municipio, tanto propios como delegados por otras administraciones, de acuerdo con la cartera de servicios sociales y el plan estratégico correspondiente, y los planes estratégicos autonómico y balear. Así como el art. 12 prevé que los servicios sociales comunitarios son el primer nivel del sistema público de servicios sociales.

VI. El Consell Insular d’Eivissa asumió competencias en materia de servicios sociales, asistencia social y seguridad social en virtud de la Ley 12/1993, de 20 de diciembre, y de la Ley 14/2001, de 29 de octubre, en los términos y con el alcance que se establecen en estas leyes.

VII. La Ley 8/2000, de 27 de octubre de Consejos Insulares, contempla a su artículo 46 que los Consejos Insulares podrán subscribir convenios o acuerdos de cooperación con el resto de administraciones públicas, en los cuales se establezcan libremente los instrumentos de colaboración necesarios para el logro de finalidades comunes de interés público y, de una manera especial, con los municipios de la misma isla para garantizar el acceso de la población al conjunto de los servicios municipales y la mayor eficacia de su prestación.

VIII. El Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en Corporaciones Locales, surgió en 1988 a iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objeto de articular la cooperación económica y técnica entre administraciones y con el fin de conseguir la colaboración del Estado y las Comunidades Autónomas para financiar conjuntamente una red de atención de servicios sociales municipales que permitiera garantizar las prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad, y ayudar así a las Entidades locales en el cumplimiento de las obligaciones que, de acuerdo con la Ley reguladora de las bases de régimen local, tienen que llevar a cabo en relación con la prestación de servicios sociales.

Las prestaciones básicas de servicios sociales comprenden todas aquellas ayudas, fundamentalmente de carácter público, que se instrumentalizan para garantizar unos mínimos socialmente reconocidos para todos los ciudadanos (información y orientación, ayuda a domicilio y teleasistencia, alojamiento alternativo, prevención e inserción social, programa de voluntariado y cooperación social …).

IX. Concretamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares subscribieron un Convenio-Programa para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales en fecha 5 de mayo de 1988, el cual se ha prorrogado automáticamente con carácter anual, aprobándose cada año por el Consejo de Ministros la distribución territorial de los créditos presupuestarios destinados a la cofinanciación de programas de servicios sociales, entre los cuales hay el programa de prestaciones sociales básicas de servicios sociales de corporaciones locales. Programas que pueden ser promovidos y gestionados por las comunidades autónomas. En consecuencia, la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares determina la cuantía de las aportaciones a cada uno de los Consejos Insulares.

En los últimos años se han firmado diferentes convenios entre el Gobierno de las Islas Baleares (mediante la Consejería competente en materia de Asuntos Sociales) y el Consell Insular d’Eivissa para la gestión del programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de los ayuntamientos. Y después el Consell subscribe los correspondientes convenios con cada uno de los ayuntamientos de la isla de Eivissa, en los cuales el Consejo traspasa la cantidad del Gobierno (que incluye la del Ministerio) y añade su propia aportación porque estas administraciones locales lleven a cabo las prestaciones básicas de servicios sociales.

X. El Consell Insular d’Eivissa quiere continuar con esta cooperación con el Ayuntamiento para garantizar las prestaciones básicas que se ofrecen desde los servicios sociales comunitarios y conseguir una mayor proximidad de estos servicios sociales básicos a los ciudadanos en su propio municipio.

Y por todo lo expuesto, ambas partes otorgan el presente convenio con sujeción a las siguientes,

Cláusulas

Primera- Objeto

Este convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración entre el CIE y el Ayuntamiento para garantizar las prestaciones básicas que se ofrecen desde los servicios sociales comunitarios básicos: información y orientación, apoyo a la unidad de convivencia y ayuda a domicilio, alojamiento alternativo, prevención e inserción social, programa de voluntariado y cooperación social … (todas ellas, de acuerdo con el documento de definición y contenido de los programas de servicios sociales a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas en materia de financiamiento, que se adjunta al convenio). Se pretende, así una mayor proximidad de estos servicios básicos a los ciudadanos en su propio municipio.

El Plan de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales pretende cofinanciar proyectos que persigan los objetivos siguientes:

a) Proporcionar a la ciudadanía servicios sociales adecuados que permitan dar cobertura de sus necesidades básicas.

b) Dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales para el desarrollo de sus competencias.

c) Consolidar y ampliar la red básica de servicios sociales municipales, para desarrollar las prestaciones de servicios sociales de atención primaria, dentro de las cuales se incluye la ayuda a domicilio y la teleasistencia, previstas en el catálogo de servicios de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Segunda- Gestió del PPB

A los efectos de cobertura y financiación, se deben tener en cuenta, orientativamente, los siguientes criterios:

• La ratio básica de cobertura de profesionales se fija en un trabajador social y un educador social por cada 7.500 habitantes. El gasto salarial medio para un trabajador social o educador social se establece en 33.000 € anuales.
• El coste de la teleasistencia se establece en 13,50 €/mes, de los que se debe impulsar un máximo del 33% con cargo a este convenio.
• El servicio de ayuda a domicilio ordinario se establece, como máximo, en una hora diaria, con un coste de 16 €/hora.
• Dado que el Ayuntamiento puede tener costes de las prestaciones del SAD y la teleasistencia y ratios de coberturas profesionales diferentes a los que indica orientativamente este convenio, la justificación final del gasto se tiene que hacer sobre los costes reales.
• Las ayudas económicas de urgencia social se deben aplicar de acuerdo con la definición que hace el “Documento de definición y contenidos de los programas de servicios sociales a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas”, aprobado por la Coferencia Sectorial de 6 de mayo de 2015.
• Si procede, se puede destinar una partida a servicios de comedor social del municipio.

Tercera- Financiación, aportaciones económicas y justificación.

El Consell Insular de Eivissa aportará al Ayuntamiento de Eivissa por un lado la cantidad de 358.665,37 €. Esta cuantía proviene de la aportación del Ministerio (5,00%), de la CAIB (80,23 %) y del propio Consell (14,77%).

Y por otro, 42.500 euros de sus presupuestos destinados a cofinanciar los gastos del Centro de Acogida Municipal (CAM) al ser el único equipo de estas características existente en la isla de Eivissa, y dar servicio a usuarios provinientes del resto de ayuntamientos.

Así que la cantidad total que el Consell Insular d’Eivissa aportará al Ayuntamiento de Eivissa será de 401.165,37 € para afrontar las actividades derivadas de este convenio.

La aportación del CIE (401.165,37 €) se transferirá al Ayuntamiento a partir de la firma del convenio.

Para la justificación final, el Ayuntamiento tendrá que presentar, como muy tarde el día 18 de enero de 2016, la siguiente documentación:

- Una memoria económica debe contener el balance final detallado de ingresos y gastos de los programas correspondientes al año 2015, donde queden reflejadas las distintas fuentes de financiación (subvenciones de administraciones públicas y otras entidades) y las partidas de gastos, y que se deberá acompañar de un certificado de la Secretaria General del Ayuntamiento, que acredite que la cantidad concedida se ha aplicado correctamente a la finalidad prevista, con expresión detallado del gasto.

- La ficha de evaluación de la aplicación PBSS-Evaluación, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el anexo correspondiente, siempre que el Ministerio lo haya puesto a disposición de las diferentes administraciones. En el caso que el Ministerio se retarde a facilitar el programa PBSS-Evaluación, las fichas se deben presentar en el plazo de treinta días naturales desde que se disponga.

Asimismo, deberán presentar, la ficha adjunta como anexo 1 al presente convenio, de recogida de información de los servicios sociales comunitarios básicos, como máximo el 10 de febrero de 2016. Esta ficha se tiene que presentar en formato escrito y electrónico.

En el supuesto que el Consell Insular d’Eivissa modifique los datos de justificación de este convenio, este cambio en los datos, sería efectivo, una vez se comunique al Ayuntamiento, sin necesidad de instrumentar una adenda al mencionado convenio.

En el supuesto que el total del gasto justificado por el Ayuntamiento sea inferior a la cantidad aportada por el Consell Insular (401.165,37 €), se tendrá que reintegrar la cantidad no justificada debidamente.

Cuarta.- Obligaciones del Ayuntamiento.

Asimismo, el Ayuntamiento estará obligado a cumplimentar el sistema de información de usuarios de los servicios sociales (SIUSS) así como aportar los datos que se soliciten por parte de este CIE, CAIB y Ministerio competente en materia de Asuntos Sociales (fichas de evaluación y presentación, etc.).

Quinta.- De la denuncia del convenio.

El convenio se resolverá si se dan las siguientes causas:

a) Mutuo acuerdo de las partes

b) Imposibilidad material o legal de cumplir las obligaciones que derivan del objeto del convenio.

c) Incumplimiento de las obligaciones por parte de cualquiera de las partes firmantes, o de ambas.

d) Denuncia de cualquiera de las partes con una antelación mínima de dos meses.

Sexta- Duración del convenio.

Este convenio será vigente desde que se formaliza, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2015, fecha de inicio de las acciones ya desarrolladas, hasta el 10 de febrero de 2016. En el caso que el Ministerio se retarde a facilitar el programa PBSS-Evaluación, la vigencia se prolongará hasta treinta días naturales desde que se disponga la documentación aportada por el Ministerio. No se prevé su prórroga.

El ámbito temporal dentro del cual se tienen que llevar a cabo las actuaciones amparadas por el convenio se entiende desde el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015 para todas las actuaciones.

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman este convenio, por duplicado ejemplar y en un solo efecto, en el lugar y la fecha indicados al encabezamiento.

El Presidente del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Torres Guasch

El Alcalde del Ayuntamiento de Eivissa, Rafael Ruiz Gonzáleze

Los anexos que se mencionan en el texto del convenio obran en el expediente de CONV.36/2015 en el Departamento de Coordinación del Consell Insular d’Eivissa.

Eivissa, 4 de marzo de 2016

El Secretario Técnico de Transparencia, Buen Gobierno, TIC, Bienestar Social, Sanidad y Participación Ciudadana
Federico L. Rey Castelló