Sección V. Anuncios
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PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS
Núm. 18500
Proyecto de ley de la renta social garantizada de las Illes Balears (RGE núm. 10606/15)
Información sobre la tramitación en el Parlamento de las Illes Balears (participaciociutadana@parlamentib.es) del Proyecto de ley de la renta social garantizada de las Illes Balears (RGE núm. 10606/15).
Dado que la Mesa del Parlamento de las Illes Balears, en sesión de día 23 de diciembre de este año, ha acordado admitir a trámite el Proyecto de ley de la renta social garantizada de las Illes Balears (RGE núm. 10606/15), por el procedimiento de urgencia, para hacer efectivo el artículo 117.2 del Reglamento del Parlamento se publica el mencionado proyecto de ley, cuyo texto se transcribe a continuación.
En la sede del Parlamento, 23 de diciembre de 2015.
La presidenta del Parlamento de las Illes Balears:
María Consuelo Huertas Calatayud.
PROYECTO DE LEY DE LA RENTA SOCIAL GARANTIZADA
DE LAS ILLES BALEARS
Exposición de motivos
I
La crisis social y económica que vive las Illes Balears en el contexto del Estado español y de Europa provoca que haya personas que están en situación de pobreza severa, sin recursos básicos para tener una vida digna.
Estas situaciones de desigualdad económica producen al mismo tiempo procesos de riesgo de exclusión social. Todos los indicadores señalan que los últimos años se han ampliado las desigualdades sociales.
En las Illes Balears la pobreza ha aumentado hasta el punto que uno de cada cinco isleños dispone de rentas inferiores al umbral de la pobreza y el aumento es mayor en los colectivos que se encuentran en pobreza severa. Destaca, entre estos grupos de población, las personas menores de edad que sufren privaciones de necesidades básicas en el seno de sus familias.
La crisis económica y la destrucción de empleo han acelerado la falta de ingresos. El nivel histórico de desocupación (más de 120.000 personas según la Encuesta de Población Activa de 2014) provoca que 38.500 hogares en las Illes Balears en el año 2014 tuvieran todos sus miembros en situación de paro y que 20.900 hogares en las Illes Balears no tuvieran perceptores de ingresos.
La persistencia de la desocupación pone en peligro la protección económica de las personas sin trabajo en el momento que se agotan las prestaciones y los subsidios por paro. En este caso, el 30% del total de personas en situación de paro lo está desde hace más de un año y más del 25% desde hace dos años. Por otra parte, el 58,7% del total de personas demandantes de empleo no percibe ninguna prestación o subsidio por desempleo.
II
La Constitución establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones a fin de que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, así como para eliminar los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud; facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social y, en consecuencia, para avanzar en la lucha para la erradicación real de la pobreza en que vive una parte muy importante de la población.
El Estatuto de autonomía de las Illes Balears, modificado por la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma, establece en el Título III bajo la rúbrica de las competencias de la comunidad autónoma de las Illes Balears, la competencia exclusiva en acción y bienestar social, que incluye el desarrollo comunitario y la integración; el voluntariado social, los complementos de la seguridad social no contributiva; las políticas de protección y el apoyo a las personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales; las políticas de atención a personas dependientes, y las políticas de atención a las personas y a los colectivos en situación de pobreza o necesidad social. También se recoge en el artículo 30, apartado 16, como competencia exclusiva de la comunidad autónoma la protección social de la familia y la conciliación de la vida familiar y laboral.
Las anteriores competencias tienen su fundamento en el artículo 12.3 del Estatuto sobre los principios rectores de la actividad pública, en el cual se expresa un mandato a los poderes públicos:
Las instituciones propias de la comunidad autónoma de las Illes Balears, para cumplir las finalidades que les son propias y en el marco de las competencias que les atribuye este Estatuto, tienen que promover, como principios rectores de la política económica y social, el desarrollo sostenible encaminado al pleno empleo, la cohesión social y el progreso científico y técnico de manera que asegure a toda la ciudadanía el acceso a los servicios públicos y el derecho a la salud, la educación, la vivienda, la protección social, el recreo y la cultura.
III
La Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears fija los objetivos de las políticas de servicios sociales en términos de:
La Ley, en la descripción de las necesidades de atención prioritaria, destaca también las dificultades de integración social vinculadas a condiciones laborales precarias, desocupación y pobreza.
El artículo 25 de la Ley 4/2009 hace referencia a las prestaciones básicas garantizadas en los términos siguientes:
La cartera de servicios garantizará la respuesta inmediata a las situaciones de emergencia social y las prestaciones que den cobertura a las necesidades básicas de las personas beneficiarias de esta ley.
Se consideran necesidades básicas:
1. El alojamiento, la alimentación y la vestimenta.
2. La accesibilidad a la información y a los recursos del sistema de los servicios sociales, sin que la carencia de recursos económicos ni las limitaciones físicas ni intelectuales de la persona puedan impedirlo.
Por otra parte, en el artículo 35, apartado m se atribuye como competencia del Gobierno de las Illes Balears la de crear, organizar, financiar y gestionar los programas y los centros de servicios sociales que por su naturaleza sean de carácter suprainsular.
La garantía de estas prestaciones básicas se tiene que procurar elevando los niveles de renta de las familias a fin de que puedan satisfacer los mínimos vitales. La prestación de una renta social que asegure la cobertura de necesidades básicas es un instrumento que puede ser eficaz, porque incide en la raíz del problema: la falta de recursos económicos de las familias.
IV
En el marco de la Estrategia Europea 2020, la Comisión Europea se plantea el objetivo de reducir en 20.000.000 el número de personas en situación de pobreza y exclusión social para el año 2020. Con este objetivo, lanza la Plataforma de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, que insta a los estados miembros a trabajar con el fin de mejorar el acceso al trabajo, a la seguridad social, a los servicios básicos (asistencia sanitaria, vivienda, etc.) y a la educación; utilizar mejor los fondos de la Unión Europea para dar apoyo a la inclusión social y combatir la discriminación, y avanzar hacia la innovación social para encontrar soluciones inteligentes en la Europa que surge de la crisis, especialmente de cara a un apoyo social más eficaz. Más recientemente el Comité Económico y Social Europeo ha emitido un dictamen para reclamar un plan de rescate social con el fin de poder hacer efectiva la Estrategia Europa 2020.
La Unión Europea proclamó en el 2010 el Año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Aunque la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020 está prevista para el año 2015, la red de entidades European Anti Poverty Network (EAPN) −involucradas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los Estados miembros de la UE− ha emitido un informe en octubre de 2014, cuyo objetivo era proporcionar una síntesis de la evaluación intermedia que las redes nacionales de EAPN han hecho en relación con los respectivos programas de reforma, con el fin de determinar hasta qué punto se cumplen los objetivos sociales de pobreza, de empleo y de educación. La conclusión no es optimista y el estudio alerta que, si bien se han visto algunos signos de recuperación en algunos países, la crisis social de Europa sigue empeorando: la pobreza ha aumentado en 10 millones desde el año 2009, con una desigualdad creciente en la mayoría de los países.
Finalmente, se tiene que hacer mención a que los partidos políticos con representación parlamentaria junto con la Red para la Inclusión Social de las Illes Balears firmaron el Pacto para la Inclusión Social el mes de octubre de 2014. Uno de los principales objetivos de este marco de colaboración era “impulsar y ejecutar un conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar las condiciones de los colectivos más vulnerables de las Illes Balears...”. Entre una de estas medidas, hay la “de implementar progresivamente una renta social como prestación de derecho, que incluya los diferentes perfiles sociolaborales, que se adapte a las necesidades actuales y que esté dotada de manera adecuada”.
V
Los antecedentes normativos de ámbito autonómico de esta renta social garantizada los podemos encontrar en el Decreto 117/2001, de 28 de septiembre, de regulación de la renta mínima de inserción, en qué se concibió la renta mínima de inserción (en adelante, RMI) como una prestación ligada a la inserción sociolaboral. La práctica constata que hay personas que difícilmente pueden acceder en condiciones normales al mercado laboral y menos en la coyuntura actual.
Con el objetivo de revisar y adecuar la normativa a las necesidades sociales detectadas y surgidas a raíz de la actual coyuntura socioeconómica, en la que los nuevos perfiles de la exclusión en las Illes Balears no se adaptan al dispositivo básico del RMI, que es la de la inserción laboral –ya que, de cada vez, estas personas se encuentran más alejadas del mercado de trabajo–, se quiere impulsar esta Ley como un instrumento de protección social a la familia y de lucha contra la exclusión social.
La renta social garantizada es una prestación económica de carácter periódico, que se caracteriza como un derecho subjetivo, de carácter individual, a la cual se puede acceder vistos los ingresos económicos del núcleo familiar o de convivencia, de carácter subsidiario con respecto a las prestaciones económicas que tienen un mayor o igual importe, y complementario de otras prestaciones económicas que tengan un menor importe y que puedan corresponder a las personas destinatarias. El derecho subjetivo a la renta social garantizada no está condicionado a la obligación de participar en ningún tipo de actividad de inserción laboral o social.
Esta Ley establece los requisitos para acceder al derecho a la prestación económica, su duración temporal, las obligaciones de la persona titular durante el tiempo que cobra la renta social garantizada, la posibilidad de modificación de la cuantía de la prestación, y la posibilidad de suspensión y de pérdida del derecho.
La financiación de la renta social garantizada se tiene que hacer íntegramente con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, y la cuantía de la prestación es la misma que la de la renta mínima de inserción, prevista en el Decreto 117/2001, de 28 de septiembre y que se establece en el anexo de esta Ley. Se prevé que este baremo se vaya actualizando anualmente por resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, la cual se tiene que publicar en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Por otra parte, la renta social garantizada es una prestación de carácter asistencial que complementa el sistema público estatal de pensiones contributivas o no contributivas, y en este sentido es una prestación dineraria que se encuentra excluida de la legislación de subvenciones, tal como se establece en el artículo 2.3. a) del Texto refundido de la Ley de subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, aprobado por el Decreto legislativo 2/2015, de 28 de diciembre, en relación con el artículo 2.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
La aprobación de una Ley sobre la materia es necesaria para diseñar un marco normativo común en todo el territorio de la comunidad autónoma, que posibilite que cualquier persona ciudadana, independientemente del municipio donde viva, pueda beneficiarse de la prestación de renta social.
La Ley consta de 32 artículos, divide en 3 títulos. El primero hace referencia a las disposiciones generales y se divide en dos capítulos. El título II hace referencia al régimen económico de la renta y a su tramitación, y se divide en dos capítulos. El título III hace referencia a las infracciones y al régimen sancionador. Además consta de dos disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales.
Finalmente, consta de un anexo en el que se aprueba el baremo de la prestación de la renta social garantizada. Este anexo contiene los importes para el ejercicio 2016, de manera que tiene carácter transitorio. No obstante, vista su referencia constante a lo largo del articulado, así como su trascendencia a la hora de calcular las prestaciones, conviene incluirlo en el anexo. Asimismo, se prevé que los importes reflejados en este anexo se puedan ir revalorizando por resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación.
Título I
Disposiciones generales
Capítulo I
Objeto, definición y naturaleza de la prestación
Artículo 1
Objeto
Esta ley tiene por objeto regular la renta de social garantizada de las Illes Balears como prestación económica periódica dirigida a la cobertura de los gastos básicos de las personas, familias u otros núcleos de convivencia que se encuentren en situación de pobreza, de acuerdo con el artículo 4 de esta Ley.
Artículo 2
Definición y naturaleza de la renta social garantizada
La renta social garantizada:
Capítulo II
Personas destinatarias, requisitos y obligaciones
Artículo 3
Definición de las personas destinatarias
A efectos de esta Ley, se entiende que son personas destinatarias:
Artículo 4
Situaciones de necesidad para atender
Artículo 5
Núcleo familiar, unidad familiar y hogar independiente
1. A efectos de esta Ley, se entiende por:
a) Núcleo familiar, el grupo de convivencia por vínculo de matrimonio u otra relación estable análoga, y sus descendientes hasta el primer grado.
b) Unidad familiar el conjunto formado por dos o más núcleos familiares, o bien por un núcleo familiar y unos o más hogares unipersonales, que conviven en el mismo domicilio y que se encuentran emparentados por consanguinidad hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado.
c) Hogar independiente el marco físico de residencia permanente de un núcleo familiar o de una unidad familiar o de una persona sola. En este último caso se define, además, como hogar unipersonal.
2. La relación de parentesco se tiene que referir respecto de la persona solicitante o titular de la prestación económica.
3. Dentro de la misma unidad familiar no puede haber más de dos núcleos familiares perceptores de la renta social garantizada.
4. La convivencia que surja por razones de amistad, o de otros de análogas, tiene que tener el tratamiento de hogar unipersonal, a efectos de la prestación económica de la renta social garantizada.
5. No se pierde la condición de hogar independiente cuando el marco físico de residencia permanente deja de serlo por causas de fuerza mayor, justificadas adecuadamente al expediente.
Artículo 6
Requisitos de las personas titulares
Artículo 7
Obligaciones de las personas destinatarias
Las personas destinatarias de la renta social garantizada están obligadas a:
Título II
Régimen económico y tramitación de la prestación
Capítulo I
Importe de la prestación económica y régimen económico
Artículo 8
Importe de la prestación económica
1. El importe de la prestación económica de la renta social garantizada se compone por la prestación básica de carácter periódico, a la cual se añadirán las prestaciones complementarias de carácter finalista que correspondan en función de las cargas familiares de la persona solicitante.
2. Estas prestaciones complementarias se calculan en función de las personas integrantes del núcleo familiar y de acuerdo con los siguientes porcentajes:
a) 30% de la cuantía básica para la primera persona integrante adicional;
b) 20% de la cuantía básica para la segunda persona integrante adicional;
c) 10% de la cuantía básica para cada una de las restantes personas integrantes del núcleo familiar, hasta el importe máximo previsto en el baremo de la prestación.
3. En ningún caso el cómputo total de la prestación básica y de las prestaciones complementarias pueden ser superiores al 125% del salario mínimo interprofesional.
4. El importe mínimo de la renta social garantizada es del 25% de la prestación básica, redondeándola a la centena superior.
5. El baremo de la prestación económica de la renta social garantizada, contenido en el anexo, se tiene que revalorizar anualmente, mediante resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de acuerdo con el porcentaje que a estos efectos se apruebe anualmente en la Ley en que se aprueben los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Esta Resolución se tiene que publicar en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
6. Cuando la persona solicitante sea integrante de un núcleo familiar, que conviva en una unidad familiar más amplia, el conjunto de la unidad familiar en ningún caso puede acumular, entre los recursos propios y los que les correspondería de la aplicación del baremo, una cuantía superior al doble del baremo correspondiente al núcleo familiar solicitante.
Artículo 9
Cálculo del importe de la prestación económica
1. A efectos del cálculo del importe de la prestación económica:
2. Se computan como ingresos los percibidos por las personas destinatarias de la renta social por los conceptos siguientes:
a) Las pensiones de jubilación, discapacidad, viudedad y orfandad, las prestaciones y los subsidios por desempleo, y las pensiones de alimentos reconocidas judicialmente y efectivamente percibidas.
b) Los rendimientos de trabajo remunerado.
c) Los rendimientos económicos que se deriven de la explotación de los bienes muebles e inmuebles.
d) Cualquier otro ingreso no previsto expresamente.
3. No se computan las prestaciones finalistas como las ayudas puntuales de emergencia, becas de escoleta infantil y comedor, becas de formación para personas adultas, ayudas para hijos y/o hijas a cargo, ayudas para el alquiler, ayudas económicas del sistema de atención a la dependencia, así como las ayudas por acogimientos familiares.
Artículo 10
Financiación de la renta social garantizada
La renta social garantizada se tiene que financiar con cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears, sin perjuicio de las aportaciones que puedan hacer otros entes.
Capítulo II
Gestión de los expedientes de la prestación
Sección 1ª
Normas generales, solicitud y procedimiento
Artículo 11
Órgano competente en la gestión de la renta
La Consejería de Servicios Sociales y Cooperación es el órgano competente para conceder, modificar, renovar, suspender o extinguir la prestación económica de la renta social garantizada de las Illes Balears.
Artículo 12
Inicio del procedimiento y presentación de solicitudes
1. El procedimiento administrativo para conceder la prestación económica se tiene que iniciar a instancia de parte, por medio de una solicitud de la persona interesada y de acuerdo con el modelo que la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación ponga a disposición de las personas interesadas en sus oficinas de información y en su sede electrónica. Este modelo indicará la documentación que hay que adjuntar.
2. La solicitud se tiene que presentar preferentemente en el registro general de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación, sin perjuicio de la posibilidad de presentación, conforme a lo que se dispone en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y a través de la sede electrónica.
Artículo 13
Revisión y enmienda de la solicitud
1. El órgano instructor tiene que comprobar que tanto la solicitud como la documentación adjunta están completos y son correctos. Asimismo, puede solicitar a otros organismos los datos e informes que hagan falta, en cuyo caso se hará con la autorización previa de la persona solicitante.
2. Si la solicitud no cumple los requisitos necesarios o falta documentación, se tiene que requerir a la persona solicitante para que, en un plazo de diez días, subsane el error o adjunte los documentos preceptivos.
Artículo 14
Comprobación de los requisitos
1. Una vez completada la solicitud, el órgano instructor tiene que comprobar la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 6, y tiene que elevar la propuesta de resolución a la consejera.
2. No obstante lo anterior, si en la comprobación se constatara, que se han producido variaciones sobrevenidas que afecten al reconocimiento del derecho o la determinación del importe mensual o que hay circunstancias no comunicadas por la persona solicitante, con anterioridad a la emisión de la propuesta, se le tienen que poner los hechos de manifiesto, y se tiene que conceder un plazo de diez días para formular alegaciones y, si procede, aportar la documentación necesaria.
3. Cuando se compruebe que la persona solicitante cumple todos los requisitos, pero carece información de alguna persona integrante del núcleo a efectos de establecer las prestaciones complementarias, se tiene que aprobar la prestación básica a favor de la persona solicitante. Una vez recibida la información restante, en su caso, se tiene que dictar resolución con el importe total que corresponde a la unidad familiar. Esta nueva resolución producirá efectos a partir de la fecha que se indique, sin que en ningún caso pueda tener efectos retroactivos.
Artículo 15
Resolución del procedimiento
1. En el plazo de tres meses desde la entrada de la solicitud en el registro de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación, la consejera tiene que dictar y notificar la resolución. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución, se tiene que entender desestimada la solicitud.
2. La resolución estimatoria tiene que establecer, entre otros, la cuantía de la prestación, la relación de derechos y obligaciones que correspondan a las personas destinatarias y la fecha a partir de la cual la prestación tendrá efectos económicos.
Artículo 16
Comunicación y cesión de datos
1. Las administraciones públicas, en los términos previstos en la legislación reguladora de la protección de datos de carácter personal, se comunicarán los datos de este carácter relativos a las personas destinatarias, con su consentimiento, cuando su conocimiento sea necesario por el cumplimiento hasta directamente relacionados con las funciones legítimas de cedente y cesionario en relación con las actuaciones previstas en esta Ley.
2. Cuando la situación económica patrimonial de las personas interesadas se tenga que acreditar mediante certificaciones emitidas por la Administración tributaria estatal, las personas interesadas tienen que autorizar la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación para que soliciten directamente estas certificaciones.
Artículo 17
Duración de la prestación económica
1. La prestación se tiene que mantener mientras se mantengan las causas que motivaron la concesión, excepto que concurran las causas de suspensión o extinción establecidas en esta ley o en su desarrollo reglamentario.
2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación tiene que revisar anualmente el mantenimiento de las circunstancias que motivaron su concesión, y las personas destinatarias están obligadas a comunicar cualquier alteración de estas circunstancias, de acuerdo con el apartado c) del artículo 7.
3. Cuando se extinga la prestación, tienen que transcurrir 3 meses desde la resolución que acuerde la extinción, para poder presentar una nueva solicitud.
Artículo 18
Pago de la prestación económica
1. La concesión de la renta social garantizada tiene efectos económicos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de resolución de la concesión.
2. No obstante lo anterior, cuando la resolución se dicte una vez haya transcurrido el plazo de tres meses previsto por el artículo 15, y sea estimatoria, la prestación tiene efectos económicos a partir del primer día del mes siguiente del cumplimiento del plazo mencionado.
3. Los pagos se tienen que efectuar por mensualidades vencidas.
Sección 2
Modificación, suspensión y extinción
Artículo 19
Revisión del cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones
1. El órgano instructor puede comprobar de oficio, en cualquier momento, el mantenimiento de los requisitos que motivaron la concesión de la prestación así como su cuantía.
2. El órgano instructor puede hacer el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones por parte de las personas destinatarias, previstas por el artículo 7 de la ley. A estos efectos, se puede requerir la comparecencia personal a las personas beneficiarias titulares, así como requerir la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para percibir la renta social garantizada.
Artículo 20
Modificación de la prestación económica
1. La prestación económica concedida inicialmente puede experimentar modificaciones como consecuencia de los cambios ocurridos a la unidad familiar, los cuales pueden ser tanto de carácter personal como económico.
2. El procedimiento de modificación de la prestación económica se puede iniciar de oficio o a instancia de parte.
3. El procedimiento iniciado de oficio cuándo derive de una comprobación por la propia administración se tendrá que comunicar a la persona beneficiaria titular, quien dispondrá de un plazo de diez días para hacer las alegaciones o aportar la documentación que estime conveniente.
4. Cuando la modificación derive de la incorporación de cualquiera de las personas destinatarias a un puesto de trabajo normalizado, los ingresos que se deriven se tienen que computar en un 50% a efectos del cálculo del importe de la prestación por un periodo de 6 meses desde la resolución que acuerde esta modificación y mientras dure el contrato de trabajo. Una vez transcurrido este periodo se tienen que descontar íntegramente.
Artículo 21
Suspensión de la prestación económica
1. La prestación económica se puede suspender por alguno de los motivos siguientes:
2. Los efectos de la suspensión se tienen que determinar en la resolución que lo acuerde.
3. La desaparición de las circunstancias que hayan motivado la suspensión de la prestación económica tiene que dar lugar, a instancia del órgano instructor, a la reanudación de los efectos económicos de la prestación que tenía concedida la persona titular antes de que se resolviera la suspensión.
Artículo 22
Extinción de la renta social
1. La prestación de la renta social se extingue por alguna de las causas siguientes:
2. La Consejería de Servicios Sociales y Cooperación puede actuar de oficio, cuando tenga conocimiento de alguna de estas circunstancias, poniéndolo en conocimiento de la persona beneficiaria titular, quien dispondrá de un plazo de diez días hábiles para hacer las alegaciones o aportar la documentación que ame convenientes.
Artículo 23
Reintegro de la prestación
Las personas destinatarias, por iniciativa propia o por requerimiento de la Administración, tienen que reintegrar las cuantías recibidas por error o percibidas indebidamente cuando se produzcan algunas de las causas de extinción o suspensión de la prestación, por modificación de la prestación o cualquier otra causa admitida en derecho, de acuerdo con el artículo 40 del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de despliegue de determinados aspectos de la Ley de finanzas y de las de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears y el artículo 77 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Sección 3ª
Comisión Técnica de la renta social garantizada
Artículo 24
La Comisión Técnica de la renta social garantizada
1. Se crea la Comisión Técnica de la renta social garantizada, adscrita a la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación, con las funciones siguientes:
2. Esta Comisión tiene que estar formada por, como mínimo, tres personas funcionarias adscritas a la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación, las cuales tienen que ser nombradas por su consejera indicando, de entre ellas, las personas que tienen que ejercer la presidencia y la secretaría.
3. Mediante reglamento se pueden determinar las funciones, composición y régimen de funcionamiento de la Comisión Técnica de la renta social garantizada.
Título III
Régimen sancionador
Artículo 25
Sujetos responsables
Son sujetos responsables las personas físicas a las cuales sean imputables las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en este título.
Artículo 26
Infracciones
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones de las personas titulares de la prestación económica de la renta de social tipificadas como tales en esta Ley, que pueden ser especificadas en los reglamentos que la desplieguen. Las infracciones no pueden ser objeto de sanción sin la previa instrucción del procedimiento oportuno.
2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.
Artículo 27
Infracciones leves
Son infracciones leves:
Artículo 28
Infracciones graves
Son infracciones graves:
a) La reincidencia en una falta leve en un plazo de un año.
b) Las actuaciones dirigidas a obtener o conservar la renta social, sabiendo que no se cumplen los requisitos para tenerla, cuando de estas actuaciones se hubiera derivado una percepción indebida de la prestación económica en una cuantía inferior o igual al 100% de la cuantía máxima de la renta social que pudiera corresponder con carácter anual a una unidad familiar de las características de la persona infractora.
c) La utilización de la prestación para hasta diferentes de los establecidos a la Ley.
Artículo 29
Infracciones muy graves
Son infracciones muy graves:
Artículo 30
Sanciones
1. Las infracciones leves se sancionan con la extinción de la prestación económica y la prohibición de acceso a esta en un periodo no inferior a los 6 meses ni superior a los 12.
2. Las infracciones graves se sancionan con la extinción de la prestación económica y la prohibición de acceso a esta en un periodo no inferior a los 13 meses ni superior a los 23.
3. Las infracciones muy graves se sancionan con la extinción de la prestación económica y la prohibición de acceso a esta en un periodo no inferior a los 24 meses ni superior a los 36.
Artículo 31
Órganos competentes en el procedimiento sancionador
1. El órgano competente para instruir el procedimiento sancionador es la Comisión técnica de la renta social garantizada de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación.
2. El órgano competente para resolver los procedimientos sancionadores es la consejera de Servicios Sociales y Cooperación.
Artículo 32
Régimen supletorio y procedimiento sancionador
En todo aquello no previsto en esta Ley, así como con respecto al procedimiento sancionador, se tiene que aplicar el título IX de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears.
Disposición transitoria primera
Implementación de la renta social garantizada
1. A partir de la entrada en vigor de la Ley sólo podrán tener derecho a la renta social garantizada los núcleos familiares sin ingresos y con hijos y/o hijas menores de edad a cargo, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos.
2. La implementación de la renta social garantizada respecto de los núcleos familiares de parejas, de personas solas o de otras formas de convivencia sin menores de edad a cargo tiene que ser progresiva, mediante su inclusión dentro de la Cartera Básica de Servicios Sociales.
Disposición transitoria segunda
Reglas procedimentales aplicables hasta el desarrollo reglamentario
1. Hasta que no se produzca el despliegue reglamentario de esta ley, la Dirección General de Planificación y Servicios Sociales es el órgano instructor de la renta social garantizada.
2. Siempre y cuando se haya implementado el sistema informático que lo haga posible, las solicitudes de renta social garantizada también se pueden presentar telemáticamente, a través del registro telemático de la Consejería de Servicios Sociales y Cooperación, por lo cual hay que disponer de uno de los certificados electrónicos reconocidos por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, de acuerdo con el establecido en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos, y normativa autonómica aplicable.
En este último caso, la documentación requerida se puede anexar a la solicitud, en el momento de enviarla, o autorizar a la Administración la consulta de los datos contenidos en los certificados, en aquellos casos que haya esta opción. Asimismo, se pueden recibir las notificaciones que tenga que hacer la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, referidas a este procedimiento, a través del sistema de notificaciones telemáticas, disponible en el portal mencionado, si así lo indica el impreso de la solicitud y se ha dado de alta en el sistema.
Disposición final primera
Habilitación normativa
Se autoriza en el Gobierno de las Illes Balears para dictar las normas de desarrollo de esta Ley.
Disposición final segunda
Inclusión de la renta social garantizada dentro de la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2011-2014
Se añade dentro del contenido de la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2011-2014, regulada por el Decreto 56/2011, de 20 de mayo, por el cual se aprueba la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2011-2014, la prestación derivada de la renta social garantizada.
Disposición final tercera
Entrada en vigor
Esta Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Palma, 18 de diciembre de 2015
|
La presidenta |
La consejera de Servicios Sociales y Cooperación |
Francesca Lluch Armengol i Socias |
Fina Santiago Rodríguez |
|
Anexo
Baremo de la prestación de la renta social garantizada de las Illes Balears
Importes para el ejercicio 2016
Prestación básica mensual: 428,03 €
Cómputo total máximo mensual: 776,58 €
Prestación económica mínima: 108,00 €
Prestaciones adicionales mensuales para otros miembros del núcleo familiar
concepto |
% pb (*) |
importe unitario |
importe total |
|
Primera persona |
100 |
428,03 |
428,03 |
|
Segunda persona |
30 |
128,41 |
556,44 |
|
Tercera persona |
20 |
85,61 |
642,05 |
|
Cuarta persona |
10 |
42,80 |
684,85 |
|
Quinta persona |
10 |
42,80 |
727,65 |
|
Sexta persona |
10 |
42,80 |
770,45 |
|
Séptima persona |
1,43 |
6,13 |
776,58 |
(*) % PB: Porcentaje de la prestación básica.
1. El importe de la prestación es de 108,00 € a un máximo de 776,58 € mensuales. Todo eso depende del número de miembros del núcleo familiar.
2. La duración de la prestación es de 12 pagos mensuales, prorrogables por años naturales mientras se cumplan los requisitos de concesión.
3. Las prestaciones previstas se tienen que revalorizar anualmente de acuerdo con el artículo 8 de esta Ley, mediante resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación la cual se tendrá que publicar en el Boletín Oficial de las Illes Balears.