BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

El artículo 25.1 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, establece que, mediante un acto motivado, los órganos administrativos pueden delegar el ejercicio de sus competencias, conservando la titularidad, en otros órganos de la Administración autonómica de rango igual o inferior, aunque no sean jerárquicamente dependientes.

El artículo 7.2 de la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dispone que el consejero competente en materia de función pública puede delegar, en los términos que establece la normativa vigente, las competencias que le atribuye esta Ley en los consejeros y en los presidentes de las entidades autónomas dependientes de la Administración autonómica. Asimismo, este precepto dispone que los órganos que ejercen estas competencias por delegación pueden, a su vez, delegarlas en órganos que dependen jerárquicamente y en órganos de las entidades autónomas que también dependen.

En este sentido, mediante la Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 4 de septiembre de 2015 (BOIB nº. 148, de 8 de octubre), se delegó en los titulares de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma el ejercicio de determinadas competencias administrativas en materia de gestión del personal respecto del personal adscrito en las consejerías respectivas. Además, mediante la Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 21 de septiembre de 2015 (BOIB nº. 148, de 8 de octubre), se delegó en el consejero competente en materia de función pública docente el ejercicio de determinadas competencias administrativas en materia de gestión del personal docente.

Mediante el Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (BOIB nº. 120, de 8 de agosto).

Por todo ello, y de acuerdo con las atribuciones que tengo conferidas por el artículo 11 de la Ley 3/2003, dicto la siguiente

RESOLUCIÓN

Primero

Delegar en el secretario general de la Consejería de Educación y Universidad las competencias que, de acuerdo con la legislación aplicable, corresponden al consejero de Educación y Universidad en las materias siguientes:

1. En materia de personal, las competencias que se enumeran a continuación, delegadas mediante las resoluciones de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 4 y 21 de septiembre de 2015:

a) Proponer, en los términos que determine la normativa vigente, la concesión de la retribución económica de las gratificaciones por servicios extraordinarios al personal funcionario o de las horas extras al personal laboral, prestados fuera del horario y la jornada habituales de trabajo, cuando no se tengan que compensar con tiempo de descanso.

b) Iniciar los procedimientos disciplinarios del personal funcionario y del personal laboral en cualquier caso, y resolver los procedimientos disciplinarios del personal laboral cuando los hechos puedan constituir faltas leves.

c) Tramitar y resolver los permisos, las licencias, los derechos de reducción de jornada y flexibilización horaria y, en general, todos los derechos derivados de las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar vigentes, así como las licencias por maternidad y/o paternidad en los supuestos de embarazo y parto, adopción o acogimiento.

d) Tramitar y resolver los permisos y derechos a los que tenga derecho una funcionaria en razón de la violencia de género.

e) Tramitar y resolver los derechos a que hace referencia el artículo 85.2 de la Ley 3/2007, con respecto al personal funcionario declarado judicialmente víctima de cualquier tipo de violencia.

f) Formalizar las diligencias de toma de posesión, de incorporación y de cese en el cargo del personal de la Consejería.

g) Tramitar y formalizar los contratos de trabajo del personal laboral no docente para prestar servicios en los centros docentes, en las modalidades de interinidad y de contratación eventual, para suplir bajas producidas por incapacidad temporal y por vacaciones, permisos, licencias y reducciones de jornada.

h) Gestionar y tramitar las bolsas de trabajo del personal laboral no docente de duración determinada que tiene que prestar servicios en los centros dependientes de la Consejería de Educación y Universidad, en cualquier modalidad.

2. En materia de contratación, el ejercicio de todas las facultades y actuaciones previstas en la legislación de contratos del sector público para todos los contratos cuyo presupuesto de licitación no supere los 500.000,00 euros, así como las modificaciones, las prórrogas, las resoluciones o rescisiones y las revisiones de precios de estos contratos que tampoco superen la cantidad mencionada, sea cuál sea el procedimiento de adjudicación, y, en particular, las facultades y actuaciones siguientes:

a) Dictar la resolución de inicio del expediente.

b) Aprobar el expediente.

c) Aprobar y disponer el gasto correspondiente.

d) Designar los miembros de las mesas de contratación.

e) Adjudicar los contratos.

f) Formalizar los contratos.

g) Aprobar la liquidación y la devolución de las garantías.

h) Firmar los documentos administrativos necesarios para formalizar los encargos de gestión que se tengan que suscribir con las entidades que tengan la consideración de medio propio de acuerdo con los artículos 4.1.n y 24.6 del Texto refundido de la Ley de contratos del sector público, aprobado por el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

3. En materia de subvenciones, el ejercicio de todas las facultades y actuaciones previstas en la legislación reguladora de las subvenciones autonómicas, excepto las siguientes:

a) Aprobar las convocatorias.

b) Solicitar la autorización para el pago anticipado de subvenciones a que se refiere el artículo 37.1.b del Texto refundido de la Ley de subvenciones, aprobado por el Decreto legislativo 2/2005, de 28 de diciembre, cuando el anticipo que se tenga que autorizar supere los 500.000,00 euros.

c) Dictar las resoluciones finales de los procedimientos de concesión de subvenciones de cuantía superior a 500.000,00 euros.

d) Dictar las resoluciones finales de todos los procedimientos de revocación, de reintegro y sancionadores.

4. En materia de procedimientos de responsabilidad patrimonial derivados de reclamaciones de indemnización por daños y perjuicios formuladas ante la Administración educativa de la Comunidad Autónoma, el ejercicio de todas las facultades y actuaciones previstas en la legislación reguladora de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, en particular las siguientes:

a) Dictar el acuerdo de iniciación de los procedimientos y nombrar a la persona instructora.

b) Dictar la resolución de inadmisión, de desistimiento o de archivo en los supuestos previstos legalmente.

c) Dictar la resolución de estimación o desestimación de la reclamación de indemnización en reclamaciones de cuantías de hasta 30.000 euros.

Segundo

Disponer que las delegaciones a que se refiere esta Resolución se entienden sin perjuicio de las potestades de revocación y avocación que corresponden al consejero de Educación y Universidad.

Tercero

Disponer que los actos administrativos que se adopten por delegación tienen que indicar expresamente esta circunstancia, junto con la especificación del órgano que delega.

Cuarto

Dejar sin efectos la Resolución de la consejera de Educación, Cultura y Universidades de 11 de noviembre de 2014 por la cual se delegan determinadas competencias en el secretario general de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades (BOIB nº 160, de 22 de noviembre).

Quinto

Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Sexto

Disponer que esta Resolución tenga efectos a partir del día siguiente de haberse publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 19 de octubre de 2015

El consejero de Educación y Universidad

Martí X. March Cerdà