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CONSEJO INSULAR DE EIVISSA
Núm. 493
Edicto de publicación del Convenio de colaboración entre la Consellería de Familia y Servicios Sociales del Govern de las Illes Balears y el Consell Insular d’Eivissa para llevar a cabo la valoración y tratamiento de menores víctimas de maltrato grave, urgente o abuso sexual, en el ámbito del Protocolo marco interdisciplinario de actuaciones en casos de maltrato infantil en las Islas Baleares.
De conformidad con lo previsto en el art. 8 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, a continuación se hace público el siguiente Convenio núm. 36/13:
Convenio de colaboración entre la Consellería de Familia y Servicios Sociales del Govern de las Illes Balears y el Consell Insular d’Eivissa para llevar a cabo la valoración y tratamiento de menores víctimas de maltrato grave, urgente o abuso sexual, en el ámbito del Protocolo marco interdisciplinario de actuaciones en casos de maltrato infantil en las islas Baleares.
Partes
Sandra Fernández Herranz, Consellera de Familia y Servicios Sociales en virtud del Decreto 7/2013, de 2 de mayo, del Presidente de las Illes Balears, por el que dispone el nombramiento de miembros del Govern de las Illes Balears (Boletín Oficial de las Islas Baleares nº 60 ext., de 2 de mayo), en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Decreto 25/2003, de 24 de noviembre, del Presidente de las Illes Balears (Boletín Oficial de las Islas Baleares nº 166, de 29 de noviembre), por el que se delega en los titulares de las consellerías la firma de determinados convenios de colaboración y acuerdos de cooperación, en relación con el artículo 80 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Vicent Serra Ferrer, Presidente del Consell Insular d’Eivissa, en virtud del acuerdo del Pleno de 1 de julio de 2011 y en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 9 q de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de Consells Insulars.
Antecedentes
1. La Comunidad Autónoma de las Illes Balears es competente en materia de protección del menor, de acuerdo con el artículo 30.39 del Estatuto de Autonomía, según redacción dada por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, que reformó dicho estatuto (antes art. 10.35). Igualmente, el artículo 70.8 del Estatuto de Autonomía atribuye a los consells insulars como propia competencia la tutela, acogimiento y adopción de menores.
2. A través de la Ley 8/1997, de 18 de diciembre, de Atribución de competencias a los consells insulars en materia de tutela, acogimiento y adopción de menores, y la Ley 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears, se atribuyen a los distintos consells insulars las competencias en materia de protección de menores, y en especial, la atención inmediata a los menores en situación de desamparo y las actuaciones protectoras inmediatas jurídicas y materiales, y se reserva al Govern de las Illes Balears, en materia de protección del menor, la potestad genérica de coordinar a los consells insulars en el ejercicio de sus competencias, con sus facultades conexas.
3. La Consellería de Familia y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Familia y Menores, de acuerdo con el artículo 2.7 a del Decreto 6/2013, de 2 de mayo, del Presidente de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consellerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, es competente en el orden de protección de menores.
4. El artículo 8 de la Ley 8/1997, antes mencionada, crea la Comisión Interinsular de Protección de Personas Menores de Edad, que en su sesión de 4 de abril de 2008 se marcó, como objetivo principal, elaborar y poner en marcha un protocolo marco interdisciplinario de actuaciones en casos de maltrato infantil en las islas Baleares. Este protocolo, aprobado en la sesión de 18 de noviembre de 2009 por la Comisión Interinsular antes mencionada, tiene como principal objetivo detectar con la máxima prontitud los maltratos infantiles –de la negligencia extrema al abuso- y establecer un trámite de notificación conjunta, para asegurar una coordinación eficaz entre las diferentes instituciones implicadas y favorecer, sin que mengüen las garantías procesales, asistenciales y de protección, que las actuaciones que se lleven a cabo con el menor sean sólo aquellas estrictamente necesarias para reducir la intimidación primaria y secundaria que padecen las víctimas durante la intervención de las instituciones.
5. El Protocolo mencionado prevé que cuando se comunique o se tenga conocimiento de un caso de maltrato grave, urgente o de abuso sexual, el servicio de protección de menores del Consell Insular correspondiente debe llevar a cabo una serie de actuaciones que van de la evaluación de los casos comunicados al tratamiento y seguimiento, si procede, de los casos en los que se haya adoptado una medida de protección..
6. En la isla de Eivissa, el Govern de las Illes Balears no dispone de los recursos o servicios especializados para dar respuesta a aquellos casos de maltrato grave, urgente o abuso sexual a menores en los que no se ha hecho necesaria la adopción de ninguna medida jurídica de protección, de los que sí se dispone en la isla de Mallorca; así, tanto el Govern de las Illes Balears como el Consell Insular d’Eivissa, dado que este dispone del personal especializado y los medios requeridos, consideran adecuado que el Consell lleve a cabo todas las actuaciones necesarias en estos casos de menores víctimas de maltrato grave, urgente o de abuso sexual, se hayan adoptado o no medidas jurídicas de protección, como la valoración de los casos de maltrato grave, urgente o de abuso sexual que le sean comunicados o de los cuales tengan conocimiento, y que adopte, si procede, las medidas protectoras correspondientes, el tratamiento terapéutico que el menor víctima requiera (haya o no medida jurídica de protección), el posterior seguimiento del caso una vez finalizada la intervención, y el resto de actuaciones que prevé el protocolo antes mencionado y sean necesarias.
7. La Consellería de Familia y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Familia y Menores, y el Consell Insular d'Eivissa, se reafirman en la necesidad de continuar prestando estos servicios de valoración y, si procede, tratamiento terapéutico de los menores que hayan sido víctimas de maltrato grave o abuso o agresión sexual, tanto si se han adoptado medidas jurídicas de protección como si no.
8. Por otro lado, a través de este convenio de colaboración, el Consell Insular d’Eivissa se compromete a impulsar la detección de los casos de maltrato infantil y la notificación en el Registro Unificado de Maltrato Infantil en todos los ámbitos implicados, especialmente en las corporaciones locales de la isla de Eivissa.
9. El artículo 78.1 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears establece que la Administración de la Comunidad Autónoma puede suscribir convenios de colaboración con otras administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias.
10. El artículo 5.2 a de la Ley 8/2000, de 17 de octubre, de consells insulars, establece que la colaboración entre el Govern de les Illes Balears y los consells insulars se articulará, entre otros instrumentos, a través de convenios de colaboración.
Las dos partes nos reconocemos mutuamente la capacidad legal necesaria para formalizar este convenio, de acuerdo con las siguientes
Cláusulas
1. Objeto
Este convenio tiene como objeto la colaboración entre la Consellería de Familia y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Familia y Menores, y el Consell Insular d’Eivissa, para llevar a cabo la valoración y tratamiento a menores víctimas de maltrato infantil grave, urgente o de abuso sexual, en el ámbito del Protocolo marco interdisciplinario de actuaciones en casos de maltrato infantil en las islas Baleares, con un coste global de noventa mil euros (90.000 €).
Esta colaboración implica, entre otras, llevar a cabo las funciones siguientes:
a) Evaluar el contenido de la hoja de notificación y pedir toda la información disponible sobre el niño al centro educativo, a los servicios sociales municipales y al centro de atención primaria.
b) Emitir el informe sobre la situación del menor relacionada con la necesidad o no de protección.
c) Prestar apoyo y facilitar asesoramiento a los servicios sociales comunitarios en los casos en que la evaluación del caso resulte dudosa respecto a la exitencia de maltrato o no.
d) Informar a los padres o al tutor legal del menor, o hacer la derivación pertinente.
e) Tomar la decisión sobre la necesidad o no de adoptar una medida de protección con la derivación correspondiente.
f) Posibilitar el tratamiento terapéutico a los menores, tanto si se han adoptado medidas de protección para ellos como si no.
g) Coordinar el seguimiento de los casos junto con los servicios sociales municipales comunitarios, los profesionales de salud mental, el centro escolar y el correspondiente pediatra de atención primaria.
h) Realizar el resto de actuaciones que el Protocolo marco prevé que tienen que llevar a cabo los servicios de protección de menores de los consells insulars.
2. Financiación
El Consell Insular d’Eivissa se compromete a aportar la cuantía mínima de cuarenta y cinco mil euros (45.000,00 €) a cargo de la partida presupuestaria 2300 (administración servicios sociales) de los presupuestos del ejercicio 2013 para financiar las distintas actuaciones que son objeto de este convenio.
Por su lado, la Consellería de Familia y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Familia y Menores, se compromete a aportar la cuantía máxima de cuarenta y cinco mil euros (45.000,00 €) a favor del Consell Insular d’Eivissa, con cargo a la partida presupuestaria 18301.313C01.46100.30 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears del año 2013.
Estas aportaciones se tienen que dedicar a sufragar los gastos derivados de las actividades y actuaciones que son objeto de esta colaboración; entre otros, gastos de personal, en los que se incluirán los gastos derivados de la formación del personal, y de material fungible, de 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013.
3. Compromisos de las partes
3.1. El Consell Insular d’Eivissa se compromete a:
a) Destinar la cuantía económica que aporte la Consellería de Familia y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Familia y Menores, al objeto de este convenio.
b) Poner a disposición los medios personales y materiales necesarios para llevar a cabo las funciones que son objeto de este convenio.
c) Notificar todos los casos de maltrato infantil que tengan constancia en el Registro Unificado de Maltrato Infantil.
d) Impulsar la detección de los casos de maltrato infantil y la notificación al Registro Unificado de Maltrato Infantil en todos los ámbitos implicados, especialmente en las corporaciones locales de la isla de Eivissa.
e) Mantener una coordinación y colaboración con el equipo de coordinación de la Dirección General de Familia y Menores para tratar determinados casos específicos.
f) Aportar los datos estadísticos correspondientes los que deben comprender, como mínimo; número de nuevos casos atendidos, así como de los casos que ya están dentro del circuito de protección (distribuidos por género, edad y zona geográfica), tipología del abuso (intrafamiliar, extrafamiliar).
g) Elaborar una memoria final que contenga las actuaciones realizadas durante el año 2013, que se debe remitir a la Dirección General de Familia y Menores antes del 31 de enero de 2014.
3.2. La Consellería de Familia y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Familia y Menores, además de aportar la cuantía económica que establece la cláusula 2 de este convenio, se compromete a:
a) Colaborar activamente en la información y la formación continua y especializada, en materia de maltrato infantil y abusos sexuales infantiles, que requieran o necesiten a los profesionales adecuados de todos los ámbietos implicados.
b) Llevar a cabo las actuaciones necesarias para implantar el Protocolo marco de todos los ámbitos implicados.
c) Gestionar el Registro Unificado de Maltrato Infantil en el ámbito de las islas Baleares.
d) Actuar de interlocutor con el Ministerio competente en materia de menores y facilitar a la otra parte toda la información que necesite para llevar a cabo sus competencias.
4. Forma de pago y justificación del gasto
El abono de la cuantía que debe aportar la Consellería de Familia y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Familia y Menores se hará mediante la tramitación de dos propuestas de órdenes de pago:
- La tramitación del primer orden de pago, por un importe de 22.500,00 €, se hará una vez que se haya firmado este convenio, de manera anticipada de anticipo y eximirá al Consell Insular d’Eivissa de presentar ningún tipo de garantía de la cantidad que se le anticipa, de acuerdo con lo que prevé el artículo 25.3.d) del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de financiación y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
- La tramitación del segundo orden de pago, por un importe de 22.500,00 €, se hará con la previa presentación por parte del Consell Insular d’Eivissa de un informe del Área de Bienestar Social de esta entidad donde consten las actuaciones que se tienen que llevar a cabo durante el primer semestre del año 2013 en el marco de los compromisos logrados en este convenio de colaboración por esta entidad. Junto con este informe que se debe aportar antes del día 30 de septiembre de 2013, se deben aportar los datos estadísticos correspondientes al primer semestre del año 2013 a los que se hace referencia en la cláusula 3.1. f de este convenio. Este segundo pago se tramitará a modo de anticipo y eximirá al Consell Insular d’Eivissa de presentar ningún tipo de garantía de la cantidad que se le anticipa, de acuerdo con lo que prevé el artículo 25.3 d del Decreto 75/2004, de 27 de agosto, de desarrollo de determinados aspectos de la Ley de Finanzas y de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Con fecha máxima de 31 de enero de 2014, junto con la memoria final a la que hace referencia la cláusula 3.1 g de este convenio y de los datos estadísticos correspondientes al segundo semestre del año 2013, el Consell Insular d’Eivissa debe justificar a través de certificación de la Secretaría General relativo a la aplicación de las aportaciones a las que hace referencia la cláusula 2 de este convenio al objeto de este convenio. En este certificado debe constar una relación detallada y el desglose de los conceptos que se han pagado con los fondos recibidos.
En el caso que haya un remanente porque los gastos justificados hayan sido inferiores al coste total del convenio, el Consell Insular d’Eivissa debe tramitar la devolución de las cuantías aportadas por la Consellería de Familia y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Familia y Menores y no aplicadas al objeto del convenio previstas en el plazo máximo de un mes a partir de la notificación de la resolución de reclamación de las cuantías no acreditadas.
5. Comisión de seguimiento
Para ejecutar y desarrollar este convenio, se crea una comisión de seguimiento integrada por los siguientes miembros:
a) Dos personas en representación de la Consellería de Familia y Servicios Sociales, designadas por la Directora General de Familia y Menores.
b) Dos personas en representación del Consell Insular d’Eivissa, designadas por el Departamento de Sanidad y Bienestar Social.
El régimen de funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se debe ajustar a las normas contenidas en el capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El mismo órgano colegiado debe designar al Presidente, de entre sus miembros, y un funcionario de la Dirección General de Familia y Menores, que tiene que designar la Directora General, debe actuar como Secretario, con voz pero sin voto.
Son funciones de la Comisión de Seguimiento:
a) Velar por el cumplimiento de este convenio y resolver los problemas de interpretación que se puedan plantear.
b) Prestar el asesoramiento jurídico y técnico requerido por las partes firmantes.
c) Elevar a los órganos competentes de cada parte firmando las propuestas jurídicas o técnicas que consideren adecuadas en el marco de las actuaciones incluidas en el Protocolo marco.
d) Elaborar y aprobar los documentos, informes y protocolos que sean necesarios o adecuados para desarrollar el objeto del convenio.
e) Cualquier otra función que le encarguen las partes firmantes del convenio o que sea necesaria para desarrollar correctamente el objeto del convenio.
Antes de considerar, cuando sea pertinente, el conocimiento de los litigios producidos ante los órganos jurisdiccionales ordinarios, es un requisito procedimental previo intentar la conciliación en el sí de este órgano mixto.
6. Vigencia del convenio
Este convenio de colaboración se mantiene vigente, con efectos retroactivos, del 1 de enero de 2013 al 31 de enero de 2014. No obstante, se puede prorrogar mediante la subscripción de una adenda antes que finalice su vigencia, siempre que haya disponibilidad presupuestaria, que habrá de determinar los compromisos de gasto que asumirá la Consellería de Familia y Servicios Sociales, a través de la Dirección General de Familia y Menores. Las actuaciones y actividades que son objeto de este convenio se desarrollarán entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013.
7. Causas de resolución
Este convenio s’extinguirá por expiración del tiempo convenido en los puntos establecidos en la cláusula anterior, o por alguna de las siguientes causas:
a) El mutuo acuerdo de las partes, que se debe formalizar por escrito.
b) El incumplimiento grave o manifiesto de las obligaciones de una de las partes firmantes.
c) La imposibilidad sobrevenida, legal o material, de poder llevar a cabo el objeto del convenio.
d) La denuncia expresa de cualesquiera de las dos partes firmantes por rescindir unilateralmente el convenio, que se debe comunicar por escrito a la otra parte con una antelación mínima de tres meses.
En estos casos, se tendrán que reintegrar las cantidades percibidas como aportación económica derivada del convenio que no se hayan destinado al objeto de este convenio, sin perjuicio de la ejecución de las actividades en curso.
8. Protección de datos
Las partes firmantes de este convenio deben respetar la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, y la normativa que despliega, especialmente lo que hace referencia a la comunicación de datos de carácter personal entre las partes firmantes.
9. Régimen jurídico y jurisdicción competente
Este convenio de colaboración queda excluido del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en virtud de lo que establece la letra c del artículo 4.
Las cuestiones litigiosas que se puedan derivar de este convenio, dada la naturaleza jurídico administrativa, se deben someter a los juzgados o tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa de Palma, con la renuncia expresa de las partes a cualquier otra que les pueda corresponder.
Como prueba de conformidad, firmamos este convenio en tres ejemplares.
Palma, 19 de septiembre de 2013
Eivissa, 7 de enero de 2014
La Secretaria Técnica del Área de Economía, Bienestar Social y Agricultura,
Gema Marí Planells