BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

De conformidad con el artículo 59.5 de la LRJAP y PAC, y como ha sido imposible notificar el acuerdo de demolición del Consejo de Dirección de la Agencia de protección de la legalidad urbanística y territorial de Mallorca que se dirá al Sr. (datos personales ocultos), se procede mediante esta publicación a la formal notificación del mencionado Acuerdo que resulta del siguiente tenor literal:

«1 - Ordenar al Sr. (datos personales ocultos), heredero de la Sra(datos personales ocultos)y propietario actual del pleno dominio de la finca, la demolición de las obras en la parcela 103, del polígono 8 dentro del término municipal de Santa Margalida, realizadas sin licencia y no legalizadas, consistentes en 30% de las obras que faltan para finalizar la construcción de la vivienda de 85,50 m²; porche de 77 m² (descontando la valoración de los 77 m² de la plataforma-terraza correspondiente en este porche que se hizo en la inspección del 12 de diciembre de 2002); terrassa-solarium de 60 m²; pavimento de hormigón estampado de unos 255 m²; piscina de 28 m²; 50% de las obras restantes que faltan para acabar la reforma del almacén agrícola de 38,50 m²; ampliación del almacén agrícola de unos 28 m².

Todo eso a costa de los mencionados interesados, e impedir definitivamente los usos a qué dieran lugar.

2 - Señalar que la demolición, con intervención de facultativo competente, tiene que ser ejecutada, visto el informe técnico de fecha 8 de octubre de 2014, dentro del plazo de TRES MESES desde la notificación del acuerdo de concesión de la preceptiva licencia municipal que lo autorice, la cual tendrá que ser instada dentro del plazo máximo de dos meses a partir de la recepción del presente acuerdo.

3 - Percibir a los interesados que el incumplimiento de la orden de eliminación de las obras ilegales y de restitución de la parcela a su estado anterior determinará, de acuerdo con el artículo 153 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, la imposición de multas coercitivas y, en su caso, la ejecución subsidiaria por parte de la Agencia de protección de la legalidad urbanística y territorial de Mallorca, siendo todos los gastos que se originen a cargo de los interesados».

4 - Dar traslado del presente acuerdo a los interesados y al Ayuntamiento de Santa Margalida.»

Todo eso queda sujeto a los términos de la aprobación del acta.

Contra este Acuerdo, que no pone fin a la vía administrativa, se puede interponer el recurso de alzada ante el Consejo Ejecutivo del Consejo Insular de Mallorca dentro del plazo de UN MES, contador a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo. Contra la desestimación expresa del recurso de alzada podrá interponerse el recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo de Palma que corresponda, en el plazo de DOS MESES, contadores a partir del día siguiente de la notificación de la desestimación del mencionado recurso. Una vez transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin que se haya notificado la resolución, podrá interponerse el recurso contencioso administrativo, contra la desestimación presunta del recurso de alzada, sin limitación temporal, mientras no haya resolución expresa.

No obstante lo anterior, se puede ejercitar, si es el caso, cualquier otro recurso que se estime pertinente. Todo eso de conformidad con el artículo 4.2 de los Estatutos de la Agencia, aprobados por el Pleno del Consejo Insular de Mallorca, en sesión de día 10 de noviembre de 2008 (BOIB núm 160, 13/11/08), la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Se les recuerda que el horario de consulta de los expedientes es de 9 a 14 horas, del lunes al viernes. Los días para hablar con los técnicos son los martes y jueves, de 9 a 14 horas, con cita previa (tfno.: 971173854-971173937).

  Palma, 18 de diciembre de 2014

El secretario de la Agencia de Disciplina Urbanística

Manuel García Aguirre