BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES

Puesto que no ha podido ser notificado a la Sra. Carmen Muntanyola Vilamala en el domicilio que aparece en el expediente de obras núm.332/11, por el presente Anuncio se notifica la resolución de Alcaldía de fecha 27 de enero de 2012, de acuerdo con lo que dispone el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común:

‘La Alcaldía, en fecha 27 de enero de 2012, ha dictado la siguiente resolución en relación a las obras objeto del expediente de referencia:

‘Vista la solicitud de la Sra. Mª Carmen Muntañola Vilamala de la licencia de legalización de cambio de uso de sótano en la vivienda, en la c/. Maressers núm. 8A, de la Cala de Sant Vicenç, de acuerdo con el proyecto técnico presentado.

Vistos los informes técnico y jurídico emitidos al efecto, en fechas 28-12-11 y 26-01-12, respectivamente.

HE RESUELTO no conceder la licencia de obra solicitada, de acuerdo con lo señalado en los citados informes técnico y jurídico

que se consideran parte integrante de la presente resolución.’

Lo que le comunico a los efectos correspondientes, adjuntándole una fotocopia de los informes técnico y jurídico de fecha 28/12/11 y 26/01/12 respectivamente, emitidos al efecto.

Contra esta resolución que agota la vía administrativa se pueden interponer, alternativamente, los recursos siguientes:

a) Directamente el recurso contencioso-administrativo ante el tribunal que resulte competente, en el plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

b) El recurso de reposición potestativo ante el órgano que ha dictado esta resolución, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la notificación de la presente resolución. Contra la desestimación por silencio del recurso de reposición, que se producirá por el transcurso de un mes desde su presentación sin que se haya resuelto expresamente ni se haya notificado, podrá interponerse el recurso contencioso-administrativo en el plazo de seis meses, a contar a partir del día siguiente a la presunta desestimación.

No obstante lo anterior, se puede ejercitar, si procede, cualquier otro recurso que estime pertinente. Todo ello de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa-administrativa y de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

Pollença, 27 de enero de 2012. La Secretaria

Pollença, 14 de septiembre de 2012

El Alcalde

Bartomeu Cifre Ochogavia