1. De acuerdo con el artículo 3.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se considera que no forman parte del sector público las siguientes entidades: a) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. c) Las Universidades Privadas. d) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 2. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo las siguientes cuestiones: a) Las cuestiones que se susciten en relación con la preparación. adjudicación y modificación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. b) Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas. c) Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. d) Todas las respuestas son correctas. 3. Indique cuál de los siguientes no es un procedimiento de adjudicación de los contratos administrativos: a) Diálogo competitivo. b) Concursos de proyectos. c) Diálogo para la investigación. d) Asociación para la innovación. 4. Señale la respuesta incorrecta. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral quedan excluídos del ámbito de la presente Ley. b) Aquellos contratos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario. c) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. d) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación. 5. Los contratos menores, de acuerdo con el artículo 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: a) No podrán tener una duración superior a dos años. b) No podrán tener una duración superior a un año. c) No podrán tener una duración superior tres años. d) No podrán tener una duración superior a dieciocho meses. 6. De acuerdo con el artículo 65 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, solo podrán contratar con el sector público: a) Las personas naturales o jurídicas españolas, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en alguna prohibición de contratar. b) Las personas jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en alguna prohibición de contratar. c) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en alguna prohibición de contratar. d) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que no tengan plena capacidad de obrar y que no estén incursas en alguna prohibición de contratar. 7. El contrato de energía eléctrica de un centro público educativo es un contrato: a) De obras. b) De servicios. c) De suministros. d) De gestión de servicios públicos. 8. De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que: a) Sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. b) No sean contrarios al principio de igualdad de trato. c) No sean contrarios al principio de confidencialidad. d) No sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración. 9. ¿Cuál de los siguientes contratos no es un contrato administrativo regulado por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014? a) Contrato de servicio de limpieza. b) Contrato de obras para la construcción de un colegio. c) Contrato de suministro de medicamentos. d) Compraventa de un edificio para oficinas administrativas. 10. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no se consideran sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los contratos siguientes: a) Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica, o los relativos al tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación audiovisual o radiofónica. b) Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente, o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado, cuando la protección de los intereses esenciales de que se trate no pueda garantizarse mediante la aplicación de las normas que rigen los contratos sujetos a regulación armonizada en esta Ley. c) Aquellos que tengan por objeto los servicios jurídicos de representación y defensa legal de un cliente por un procurador o un abogado, ya sea en un arbitraje o una conciliación celebrada en un Estado o ante una instancia internacional de conciliación o arbitraje, o ya sea en un procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado o ante órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales. d) Todas las respuestas son correctas. 11. De acuerdo con el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: a) El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. b) Podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo. c) Deberá preverse siempre la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. d) El órgano de contratación nunca podrá limitar el número de lotes para los que un mismo candidato o licitador puede presentar una oferta. 12. De acuerdo con el artículo 37.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente: a) Salvo que el contrato se tramite de forma urgente. b) Salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, carácter de emergencia. c) Nunca, salvo que el contrato se tramite de forma urgente. d) Salvo que el contrato tenga consecuencias económicas. 13. En el procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: a) Solo se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica. b) La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. c) La oferta se entregará en tres sobres o archivos electrónicos. d) Se requerirá constitución de garantía definitiva. 14. La construcción de una autopista es un contrato administrativo: a) De obra. b) De servicios. c) De suministros. d) De concesión de servicios. 15. De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tendrán la consideración de contratos privados: a) Los que celebren las Administraciones Públicas que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3. b) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. c) Los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria. d) Todas las respuestas son correctas. 16. De acuerdo con el artículo 36.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán celebrados: a) En el lugar donde se encuentre la sede del contratista. b) En el lugar donde se lleve a cabo la ejecución del contrato. c) En el lugar donde se encuentre la sede del órgano de contratación. d) En el lugar donde designen las partes. 17. Los expedientes de contratación administrativa, de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, pueden ser de tramitación: a) Ordinaria y urgente. b) Ordinaria y por emergencia. c) Ordinaria. d) Ordinaria, por urgencia y por emergencia. 18. Señale la respuesta incorrecta en relación con la prórroga de los contratos administrativos de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014: a) El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas. b) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. c) Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses. d) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con un mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. 19. De acuerdo con el artículo 36.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 del artículo 36, se perfeccionan: a) Con su formalización. b) Con su aprobación. c) Con su adjudicación. d) Con su publicación. 20. De acuerdo con el artículo 32.1de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios: a) A cambio de una compensación tarifaria. b) Valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado, previo encargo a esta. c) siempre y cuando la persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado respecto de ellos. d) Todas las respuestas son correctas. 21. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 39.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, serán nulos de pleno derecho los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra alguna de las causas siguientes: a) El incumplimiento grave de normas de derecho de la Unión Europea en materia de contratación pública que conllevara que el contrato no hubiera debido adjudicarse al contratista, declarado por el TJUE en un procedimiento con arreglo al artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. b) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. c) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional; o la falta de habilitación empresarial o profesional cuando sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato; o la falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario; o el estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. d) No haber llevado a efecto la formalización del contrato, en los casos en que se hubiese interpuesto el recurso especial en materia de contratación a que se refieren los artículos 44 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin respetar la suspensión automática del acto recurrido en los casos en que fuera procedente, o la medida cautelar de suspensión acordada por el órgano competente para conocer del recurso especial en materia de contratación que se hubiera interpuesto. 22. De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no podrán contratar con el sector público: a) Las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo. b) Las personas que hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la competencia, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. c) Las personas que hayan solicitado la declaración de concurso voluntario. d) Todas las respuestas son correctas. 23. De acuerdo con el artículo 153.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, si el contrato no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la formalización del contrato deberá efectuarse: a) No más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. b) No más tarde de los quince días naturales siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. c) No más tarde de los diez días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. d) No más tarde de los diez días naturales siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 24. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. c) Haber sido declaradas solventes en cualquier procedimiento. d) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo. 25. De acuerdo con el artículo 74 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar: a) Estar en proceso de consecución de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera que se determinen por el órgano de contratación. b) Estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando esta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley. c) Estar en proceso de consecución de las condiciones mínimas de solvencia profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. d) Estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación. Sin que este requisito pueda ser sustituido por el de la clasificación. 26. De acuerdo con el artículo 81.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la clasificación de las empresas en tanto se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó su concesión: a) Tendrá una vigencia de diez años. b) Tendrá una vigencia de cinco años. c) Tendrá una vigencia indefinida. d) Tendrá una vigencia de tres años. 27. De acuerdo con el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos del sector público tendrán siempre: a) Un precio incierto e indeterminado. b) En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará conjuntamente. c) Un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. d) Un precio indeterminado, en el que no se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido. 28. De acuerdo con el artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar: a) Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a en los contratos de concesión de servicios. b) En todo caso cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 25 por ciento de su importe. c) Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 30 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. No obstante, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no será exigible a en los contratos de concesión de servicios. d) En todo caso cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 10 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización. 29. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los casos en que el órgano de contratación haya acordado la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se determinará el importe de la misma: a) Que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. b) Que no podrá ser superior a un 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. c) Que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. d) Que no podrá ser superior a un 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 30. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas deberán constituir a disposición del órgano de contratación una garantía definitiva: a) De un 3 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. b) De un 2 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. c) De un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. d) De un 10 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 31. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no tendrán carácter administrativo: a) Los contratos de concesión de servicios. b) Los contratos de concesión de obras. c) Los contratos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. d) Los contratos de servicios. 32. De acuerdo con el artículo 26.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos privados se regirán por las normas de derecho privado: a) En cuanto a sus efectos y extinción. b) En cuanto a su preparación y adjudicación. c) En cuanto a su preparación, adjudicación y extinción. d) En cuanto a su preparación. 33. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, son contratos de suministro: a) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles. b) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por precio unitario. c) Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 34. De acuerdo con el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la adjudicación se realizará, ordinariamente: a) Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor ciclo de vida. b) Utilizando un único criterio de adjudicación basado en el precio y utilizando el procedimiento restringido. c) Utilizando un único criterio de adjudicación basado en el precio y utilizando el procedimiento abierto. d) Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido. 35. Señale la respuesta incorrecta. Las garantías definitivas exigidas en los contratos celebrados con las Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna o algunas de las siguientes formas: a) En efectivo o en valores, que en todo caso serán de Deuda Pública. b) Mediante un aval. c) Mediante un contrato de seguro de caución. d) Todas las respuestas son correctas. 36. De acuerdo con el artículo 110 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la garantía definitiva únicamente responderá de los siguientes conceptos: a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo. b) De las penalidades impuestas al contratista. c) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato. d) Todas las respuestas son correctas. 37. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el expediente de contratación se deberá justificar: a) La elección del procedimiento de licitación. b) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato. c) El presupuesto de licitación del contrato sin incluir el valor estimado del contrato. d) El informe de insuficiencia de medios en los contratos de servicios. 38. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con el artículo 119 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, podrán ser objeto de tramitación urgente con las siguientes especialidades: a) Los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. b) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación. c) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización. d) Se dispondrá de un plazo de diez días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes. 39. Cuando la Administración tenga que contratar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará ante una tramitación: a) De riesgo. b) De excepción. c) De urgencia. d) De emergencia. 40. De acuerdo con el artículo 122 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán: a) Los criterios de solvencia y adjudicación del contrato. b) Podrán también especificar si va a exigirse la transferencia de derechos de propiedad intelectual o industrial. c) Los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato. d) Todas las respuestas son correctas. 41. De acuerdo con el artículo 140.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las circunstancias relativas a la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar: a) Deberán concurrir en la fecha de inicio de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. b) Deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas y subsistir en el momento de perfección del contrato. c) Deberán concurrir en la fecha inicial de presentación de ofertas aunque no subsistan en el momento de perfección del contrato. d) Deberán concurrir en la fecha final de presentación de ofertas aunque no subsistan en el momento de perfección del contrato. 42. De acuerdo con el artículo 145.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la adjudicación de los siguientes contratos: a) Aquellos con proyectos o presupuestos que no hayan podido ser establecidos previamente y deban ser presentados por los candidatos o licitadores. b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la prestación es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas o por reducciones en su plazo de ejecución. c) Contratos de concesión de obras y de concesión de servicios. d) Todas las respuestas son correctas. 43. De acuerdo con el artículo 150.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el órgano de contratación adjudicará el contrato: a) Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación. b) En los procedimientos negociados, de diálogo competitivo y de asociación para la innovación, la adjudicación concretará y fijará los términos definitivos del contrato. c) No podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego. d) Todas las respuestas son correctas. 44. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la tramitación del procedimiento abierto simplificado se ajustará a las siguientes especialidades: a) Las proposiciones pueden presentarse en cualquier registro. b) Procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores. c) La oferta se presentará en un único sobre o archivo electrónico en los supuestos en que en el procedimiento no se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor. En caso contrario, la oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos. d) La oferta se presentará en dos sobres o archivos electrónicos en todo caso. 45. De acuerdo con el artículo 167 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando se dé alguna de las siguientes situaciones: a) Cuando el órgano de contratación no pueda establecer con la suficiente precisión las especificaciones técnicas por referencia a una norma, evaluación técnica europea, especificación técnica común o referencia técnica, en los términos establecidos en esta Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. b) Cuando la prestación objeto del contrato incluya un proyecto o soluciones innovadoras. c) Cuando el contrato no pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o por los riesgos inherentes a la misma. d) Todas las respuestas son correctas. 46. De acuerdo con el artículo 168 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación únicamente en los siguientes casos: a) En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en los casos en que no se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento restringido, siempre que las condiciones iniciales del contrato se modifiquen sustancialmente, pudiéndose incrementar el presupuesto base de licitación. b) En los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios, en los casos en que no se haya presentado ninguna oferta; ninguna oferta adecuada; ninguna solicitud de participación; o ninguna solicitud de participación adecuada en respuesta a un procedimiento abierto o a un procedimiento restringido, siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen sustancialmente, sin que en ningún caso se pueda incrementar el presupuesto base de licitación ni modificar el sistema de retribución, y que se envíe un informe a la Comisión Europea cuando esta así lo solicite. c) En casos de emergencia. d) Cuando las obras, los suministros o los servicios puedan ser encomendados a varios empresarios. 47. De acuerdo con el artículo 190 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el órgano de contratación ostenta las siguientes prerrogativas: a) Interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. b) Modificarlos por razones de interés público. c) Declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato. d) Todas las respuestas son correctas. 48. De acuerdo con el artículo 204 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia cuando en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad: a) Hasta un máximo del quince por ciento del precio inicial. b) Hasta un máximo del diez por ciento del precio inicial. c) Hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial. d) Hasta un máximo del treinta por ciento del precio inicial. 49. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en los contratos se fijará un plazo de garantía a contar desde: a) La fecha de formalización del contrato. b) La fecha de recepción o conformidad del contrato. c) La fecha de aprobación del contrato. d) La fecha de pago del contrato. 50. De acuerdo con el artículo 211 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, no son causa de resolución del contrato: a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual. b) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. c) La prórroga del contrato. d) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 51. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista: a) Le será incautada la garantía. b) Deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. c) El expediente de resolución contractual deberá ser instruido y resuelto en el plazo máximo de ocho meses. d) El expediente de resolución contractual deberá ser instruido y resuelto en el plazo máximo de seis meses. 52. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la ejecución del contrato de obras comenzará: a) Con el acta de comprobación del replanteo. b) Con la formalización del contrato. c) Con la supervisión del proyecto. d) Con la aprobación del contrato. 53. De acuerdo con el artículo 29.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de servicios no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas, de: a) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. b) Treinta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. c) Veinticinco años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. d) Diez años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. 54. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que una administración compre vehículos es un contrato administrativo de: a) Servicios. b) Asistencia técnica. c) Suministro. d) Concesión de servicios. 55. De acuerdo con el artículo 87.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en todo caso, la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de solvencia económica y financiera del empresario: a) Frente a todos los órganos de contratación del sector público. b) Frente a todos los órganos de contratación del ámbito autonómico. c) Únicamente frente al órgano de contratación del procedimiento de licitación que se esté llevando a cabo. d) Frente a todos los órganos de contratación del ámbito comercial de que se trate. 56. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se transfiere al concesionario el riesgo operacional en los contratos: a) De suministros. b) De servicios y concesiones de servicios. c) Únicamente de concesiones de obras. d) De concesiones de servicios y de concesiones de obras.