1) Según el art. 25.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida: a) Por la Constitución. b) Por una norma con rango de Ley. c) Por disposición de rango legal o reglamentario. d) Por las normas específicas de cada órgano. 2) Según el art. 25.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿a quién corresponde el ejercicio de la potestad sancionadora? a) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal. b) A los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. c) A los órganos y unidades administrativas que la tengan expresamente atribuida por disposición de rango legal. d) A los órganos y unidades administrativas que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. 3) Según el art. 25.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las disposiciones de este Capítulo serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria: a) Respecto del personal funcionario y laboral. b) Respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. c) Respecto del personal a su servicio, con exclusión del personal eventual. d) Respecto del personal funcionario. 4) Según el art. 26.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento que: a) Se dicte la resolución sancionadora. b) Se produzcan los hechos que constituyan infracción administrativa. c) Se inicie el procedimiento sancionador. d) La sanción sea firme en vía administrativa. 5) Según el art. 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables afecta a: a) La tipificación de la infracción. b) La tipificación de la infracción y a la sanción. c) La tipificación de la infracción, a la sanción y a sus plazos de prescripción. d) La tipificación de la infracción, a la sanción, a la caducidad y a sus plazos de prescripción. 6) Según el art. 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo producirán efecto retroactivo las disposiciones sancionadoras? a) Cuando favorezcan al presunto infractor. b) Cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor. c) Cuando perjudiquen al presunto infractor. d) Cuando perjudiquen al presunto infractor o al infractor. 7) Según el art. 26.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, una modificación de los plazos de prescripción: a) No producirá efecto retroactivo. b) Producirá efecto irretroactivo si favorece al presunto infractor. c) Producirá efecto irretroactivo si favorece al presunto infractor o al infractor. d) Producirá efecto retroactivo si favorece al presunto infractor o al infractor. 8) Según el art. 27.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las infracciones administrativas se clasificarán: a) Por la Ley en leves, graves y muy graves. b) Por la Ley o el reglamento en leves, graves y muy graves. c) Por la Constitución o la Ley en leves, graves y muy graves. d) Por la Ley en graves y muy graves. 9) El art. 27.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, dispone que únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso estarán delimitadas: a) Por la Ley. b) Por una norma de rango legal o reglamentario. c) Por una norma de rango legal o reglamentario, o por un acto administrativo de alcance general. d) Por la Ley, con excepción de las sanciones leves. 10) Según el art. 27.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, no serán susceptibles de aplicación analógica: a) Las normas definidoras de infracciones. b) Las normas definidoras de infracciones y sanciones. c) Las normas definidoras de sanciones. d) Las normas definidoras de derechos, infracciones y sanciones. 11) Según el art. 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, solo pueden ser sancionados cuando una ley les reconozca capacidad de obrar: a) Las personas jurídicas. b) Las personas físicas. c) Los patrimonios independientes o autónomos. d) Todas las respuestas son correctas. 12) Según el art. 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo pueden ser sancionadas las uniones y entidades sin personalidad jurídica? a) En ningún caso. b) Cuando una ley les reconozca capacidad de obrar. c) Cuando sus estatutos les reconozcan capacidad de obrar. d) Cuando una ley o un reglamento les reconozcan capacidad de obrar. 13) Según el art. 28.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuándo pueden ser sancionadas las personas físicas? a) Cuando cometan hechos que sean constitutivos de una infracción administrativa. b) Cuando cometan hechos que sean constitutivos de una infracción administrativa y una Ley les reconozca capacidad de obrar. c) Cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar. d) Cuando cometan hechos que sean constitutivos de una infracción administrativa y una Ley les reconozca personalidad jurídica. 14) Según el art. 29.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las sanciones administrativas: a) No pueden implicar privación de libertad. b) Pueden implicar privación de libertad con autorización judicial previa. c) Solo pueden implicar privación de libertad con carácter subsidiario. d) Pueden implicar privación de libertad con el consentimiento del interesado. 15) Según el art. 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, es un criterio de graduación de la sanción: a) La existencia de intencionalidad. b) La naturaleza de las infracciones causadas. c) La persistencia en la conducta sancionadora. d) Todas las respuestas son correctas. 16) Según el art. 29.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para apreciar reincidencia debe existir: a) Una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. b) Una infracción cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. c) Una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución judicial firme. d) Una infracción cuando así haya sido declarado por resolución judicial firme. 17) Según el art. 29.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión: a) Constituye un supuesto de reiteración. b) Constituye una infracción continuada. c) Constituye una sanción continuada. d) Las respuestas a) y b) son correctas. 18) Según el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en defecto de una ley específica las infracciones graves prescriben: a) A los seis meses. b) Al año. c) A los dos años. d) A los tres años. 19) Según el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en defecto de una ley específica las sanciones impuestas por faltas leves prescriben: a) A los seis meses. b) Al año. c) A los dos años. d) A los tres años. 20) Según el art. 30.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las infracciones leves prescriben: a) A los seis meses. b) A los seis meses, salvo que una ley específica establezca un plazo distinto. c) Al año. d) Al año, salvo que una ley específica establezca un plazo distinto. 21) Según el art. 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿desde cuándo comenzará a contarse el plazo de prescripción de las infracciones continuadas o permanentes? a) Desde la notificación del inicio del procedimiento sancionador. b) Desde que se inició la conducta infractora. c) Desde la notificación de la sanción. d) Desde que finalizó la conducta infractora. 22) Según el art. 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable: a) Se reinicia el plazo de prescripción de la infracción. b) Se reinicia el plazo de prescripción de la sanción. c) Se reinicia el plazo de prescripción de la infracción y de la sanción. d) Se paraliza el plazo de prescripción de la infracción. 23) Según el art. 30.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, si el procedimiento de ejecución está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor: a) Vuelve a transcurrir el plazo de prescripción de la infracción. b) Vuelve a transcurrir el plazo de prescripción de la sanción. c) Se interrumpe el plazo de prescripción de la infracción. d) Se interrumpe el plazo de prescripción de la sanción. 24) Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes: a) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes. b) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus derechos. c) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos. d) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes, derechos y expectativas. 25) Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en cuál de los siguientes supuestos no habrá responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas? a) Cuando el particular tenga el deber jurídico de soportar los daños de acuerdo con la Ley. b) En los casos de fuerza mayor. c) En los casos de emergencia o fuerza mayor. d) Las respuestas a) y b) son correctas. 26) Según el art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas: a) Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. b) Presupone el derecho al reconocimiento de un daño individualizado. c) No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. d) Presupone el derecho al inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial. 27) Según el art. 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación: a) De actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos. b) De actos administrativos de naturaleza no expropiatoria de derechos. c) De actos legislativos y administrativos de naturaleza no expropiatoria de derechos. d) De actos legislativos y administrativos de naturaleza expropiatoria de derechos. 28) Según el art. 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, habrá responsabilidad del Estado legislador: a) Cuando los particulares no tengan el deber jurídico de soportar el daño y así se establezca en los propios actos legislativos. b) Cuando los particulares no tengan el deber jurídico de soportar el daño. c) En los casos de fuerza mayor. d) Cuando los particulares tengan el deber jurídico de soportar el daño y así se establezca en los propios actos legislativos. 29) Según el art. 32.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿en cuál de los siguientes supuestos puede surgir la responsabilidad patrimonial del Estado legislador? a) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional. b) Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma de rango legal o reglamentario contraria al ordenamiento jurídico. c) Cuando los daños deriven de la aplicación de un acto administrativo ilegal o de una norma de rango legal o reglamentario contraria al ordenamiento jurídico. d) Todas las respuestas son correctas. 30) Según el art. 32.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿desde cuándo producirá efectos la sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley? a) Desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». b) A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. c) Desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo que en esta sentencia se establezca otra cosa. d) A los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si en esta sentencia no se establece otra cosa. 31) Según el art. 32.7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿qué norma regirá la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia? a) La Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. b) La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. c) La Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. d) La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 32) Según el art. 32.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad, ¿qué órgano tramitará el procedimiento para fijar las indemnizaciones? a) El Consejo de Ministros. b) El Ministerio de Justicia. c) El Consejo de Ministros o el órgano de gobierno de las comunidades autónomas. d) El Consejo General del Poder Judicial. 33) Según el art. 34.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los casos de responsabilidad patrimonial la indemnización se calculará: a) De acuerdo con las valoraciones predominantes en el mercado. b) De acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables. c) De acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, y en su defecto, con las valoraciones predominantes en el mercado. d) De acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. 34) Según el art. 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los casos de responsabilidad patrimonial la cuantía de la indemnización se calculará con referencia: a) Al día en que la lesión efectivamente se produjo. b) Al día en que la lesión efectivamente se produjo y, subsidiariamente, al día de la tasación del daño. c) Al día de la tasación del daño. d) Al día de la tasación del daño y, subsidiariamente, al día en que la lesión efectivamente se produjo. 35) Según el art. 34.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, los intereses que procedan por la demora en el pago de la indemnización fijada en los procedimientos de responsabilidad patrimonial se exigirán con arreglo a lo establecido en: a) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. b) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autónomas. c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. d) La Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 36) Según el art. 34.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los casos de responsabilidad patrimonial, ¿cuándo podrá sustituirse la indemnización por una compensación en especie? a) Cuando haya razones imperiosas de interés general. b) Cuando se prevea en las normas sectoriales específicas. c) Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público. d) En ningún caso. 37) Según el art. 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la Administración debe exigir responsabilidad patrimonial a las autoridades y demás personal a su servicio cuando haya: a) Dolo o culpa. b) Dolo o culpa graves. c) Dolo, o culpa o negligencia graves. d) Dolo, culpa, negligencia graves o imprudencia. 38) Según el art. 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para cuantificar la indemnización que deben abonar los empleados de la Administración en caso de responsabilidad patrimonial, se ponderará necesariamente: a) La experiencia profesional en la Administración. b) El grado consolidado. c) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. d) Todas las respuestas son correctas. 39) Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas se sustanciará conforme a lo dispuesto en: a) La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. c) La Ley de contratos del sector público. d) Todas las respuestas son correctas. 40) Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuál es el plazo para realizar alegaciones en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas? a) Tres días. b) Siete días. c) Diez días. d) Quince días. 41) Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuál es el plazo para practicar pruebas en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas? a) Tres días. b) Siete días. c) Diez días. d) Quince días. 42) Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ¿cuál es el plazo de audiencia en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas? a) Tres días. b) Siete días. c) Diez días. d) Quince días. 43) Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para formular la propuesta de resolución es de: a) Cinco días. b) Siete días. c) Diez días. d) Quince días. 44) Según el art. 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, el plazo para dictar resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas es de: a) Quince días. b) Diez días. c) Cinco días. d) No hay ningún plazo específico para dictar resolución. 45) Según el art. 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la fase instructora y la sancionadora podrán encomendarse al mismo órgano: a) En ningún caso. b) En caso de faltas leves. c) En los procedimientos simplificados. d) Las respuestas b) y c) son correctas. 46) Según el art. 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál es el plazo para formular alegaciones contra el acuerdo de iniciación de los procedimientos de naturaleza sancionadora? a) Cinco días. b) Diez días. c) Quince días. d) No se establece ningún plazo específico. 47) Según el art. 65.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el plazo para presentar alegaciones al acuerdo de iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial será: a) De diez días. b) No inferior a diez días. c) De cinco días. d) No inferior a cinco días. 48) Según el art. 67.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las solicitudes de responsabilidad patrimonial deben especificar: a) La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible. b) Las lesiones producidas. c) El momento en que la lesión efectivamente se produjo. d) Todas las respuestas son correctas. 49) Según el art. 81.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable es: a) Preceptivo. b) Preceptivo y vinculante. c) Facultativo. d) Facultativo y no vinculante. 50) Según el art. 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿de qué plazo dispone el instructor de un procedimiento de responsabilidad patrimonial para remitir la propuesta de resolución al órgano competente para solicitar el dictamen? a) Diez días a contar desde la finalización del procedimiento. b) Diez días a contar desde la finalización del trámite de audiencia. c) Diez días a contar desde el inicio de la fase de instrucción. d) Diez días a contar desde el inicio del trámite de audiencia. 51) Según el art. 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el plazo para dictar resolución podrá quedar suspendido un máximo de: a) Diez días. b) Quince días. c) Un mes. d) Dos meses. 52) Según el art. 85.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las reducciones del importe de la sanción por reconocimiento de la responsabilidad y por pago voluntario anterior a la resolución deberán estar determinadas: a) En la notificación de iniciación del procedimiento. b) En la notificación de la resolución final del procedimiento. c) En la notificación de la propuesta de resolución. d) En la notificación del trámite de audiencia. 53) Según el art. 90.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la resolución de los procedimientos de carácter sancionador: a) Incluirá la valoración de las pruebas practicadas. b) Fijará los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables. c) Fijará la infracción o infracciones cometidas. d) Todas las respuestas son correctas. 54) Según el art. 90.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿de qué plazo dispone el interesado para realizar alegaciones cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución? a) Cinco días. b) Siete días. c) Diez días. d) Quince días. 55) Según el art. 90.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuándo será ejecutiva la resolución que ponga fin a los procedimientos de carácter sancionador? a) Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. b) A partir del día siguiente a la notificación o publicación. c) Cuando sea firme en vía administrativa y judicial. d) Una vez transcurridos diez días desde la notificación o publicación. 56) Según el art. 90.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cómo se fijará la cuantía de los daños o perjuicios a las Administraciones cuando ésta no hubiera quedado determinada en el expediente sancionador? a) Mediante un procedimiento complementario, cuya resolución no será ejecutiva. b) Mediante un nuevo procedimiento que se tramitará de forma abreviada. c) Mediante un informe del órgano afectado. d) Mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.