1. En materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, señale la respuesta incorrecta en relación al concepto de registro electrónico: a) Las Administraciones Públicas dispondrán de registros electrónicos para la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones, que deberán ser plenamente interoperables de manera que se garantice su compatibilidad informática e interconexión en los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 60 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. b) Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico Central en el que hará asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente. c) Los organismos públicos y entidades de derechos público vinculados o dependientes de cada Administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a la que estén vinculados o de la que dependan. d) Los registros electrónicos admitirám documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación del registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos. 2. En materia de registro electrónico, el Registro Electrónico General es: a) Un registro electrónico del que dispondrá cada Administración Pública y en el que se realizará el asiento de cualquier documento que se presente o se reciba en cualquier órgano administrativo de esta administración. Aquellos organismos públicos o entidades de derecho público vinculado o dependiente de esta administración, dispondrán de su propio registro electrónico, plenamente interoperable e interconectado con el registro electrónico general de cuya administración dependan. b) Un registro electrónico del que dispondrá cada Administración Pública y en el que se realizará el asiento de cualquier documento que se presente o se reciba en cualquier órgano administrativo de esta administración, así como también en cualquier organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente. c) Un registro electrónico del que dispondrá cada Administración Pública y en el que se realizará el asiento de cualquier documento que se presente o se reciba en cualquier órgano administrativo de esta administración. Aquellos organismos públicos o entidades de derecho público vinculado o dependiente de esta administración, podrán disponer de su propio registro electrónico, totalmente independiente del registro electrónico general de cuya administración dependan. d) Un registro electrónico del que dispondrá cada Administración Pública y en el que se realizará el asiento de cualquier documento que se presente o se reciba en cualquier órgano administrativo de esta administración, así como también en cualquier organismo público o entidad de derecho privado vinculado o dependiente. 3. Si un organismo público o entidad de derecho público opta por disponer de su propio registro electrónico, este registro debe ser: a) Plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. b) Plenamente interoperable, exportable en formato de datos abiertos e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. c) Plenamente interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a la que esté vinculado o de la que dependa. d) Plenamente interoperable, exportable en formato de datos abiertos e interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración a la que esté vinculado o de la que dependa. 4. En materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ¿qué documentos admitirán los registros electrónicos? a) Documentos electrónicos interoperables correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación de registro, cumplimentados de acuerdo con formatos abiertos. b) Documentos electrónicos normalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación de registro, cumplimentados de acuerdo con formatos abiertos. c) Documentos electrónicos digitalizados correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación de registro, cumplimentados de acuerdo con formatos preestablecidos. d) Todas las respuestas son incorrectas. 5. Si un interesado presenta en el Registro Electrónico General del Gobierno de las Illes Balears un documento, cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación, ¿se tendrá por presentado? a) No, tal y como lo establecen el artículo 16.9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 37.4 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. b) Sí, tal y como lo establecen el artículo 16.8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 37.4 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. c) Sí, tal y como establece el artículo 37.4 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que deroga el artículo 16.9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. d) No, tal y como establece el artículo 37.4 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 6. De acuerdo con el artículo 37.4 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, no se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. En estos supuestos: a) El órgano ejecutivo competente para la tramitación del procedimiento notificará esta circunstancia al interesado y le informará de los requerimientos exigidos por la legislación específica aplicable. b) El órgano administrativo competente para la tramitación del procedimiento notificará esta circunstancia al interesado y le informará de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable. c) El órgano ejecutivo competente para la tramitación del procedimiento comunicará esta circunstancia al interesado y le informará de los requerimientos exigidos por la legislación específica aplicable. d) El órgano administrativo competente para la tramitación del procedimiento comunicará esta circunstancia al interesado y le informará de los requisitos exigidos por la legislación específica aplicable. 7. ¿Qué significa que los registros de todas y cada una de las Administraciones Públicas deben ser plenamente interoperables? a) Que garantizarán su compatibilidad informática e interconexión. b) Que garantizarán la transmisión telemática de los asientos registrales. c) Que garantizarán la transmisión telemática de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. d) Todas las respuestas son correctas. 8. De acuerdo con el artículo 38 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, la presentación por medio del servicio electrónico para la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que no dispongan de modelos normalizados de presentación, independientemente de las Administraciones Públicas u organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes a las que vayan dirigidos: a) No genera ninguna anotación en el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. Este servicio electrónico es una pasarela de interconexión con el Registro Electrónico General de la administración u organismo al que va dirigido el asiento, registro al que se genera la anotación. b) Genera una anotación en el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. c) Este servicio electrónico debe ser accesible desde la sede electrónica del PAGe de la Administración General del Estado. d) Las respuestas b) y c) son correctas. 9. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué ámbito del sector público dispondrá de un registro electrónico de apoderamientos? a) El ámbito estatal. b) El ámbito autonómico. c) El ámbito local. d) Todas las respuestas son correctas. 10. Los asientos que se efectúen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deben tener un contenido mínimo de información. Señale cuál de las siguientes opciones no forma parte de este contenido mínimo obligatorio: a) Nombres y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado. b) Tipo de poder. c) Archivo notarial. d) Periodo de tiempo por el que se otorga el poder. 11. De acuerdo con el artículo 6.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, uno de los datos obligatorios que deben contener los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos es: a) Fecha de caducidad del poder. b) Identificación del funcionario habilitado que registra el asiento. c) Fecha de inscripción. d) Número de días naturales por los que se otorga el poder. 12. ¿Cuál es la actuación correcta en caso de que se detecte un código malicioso susceptible de afectar a la integridad o la seguridad del sistema en documentos que hayan sido registrados? a) Se anulará el asiento registral y se comunicará esta circunstancia al interesado para que pueda realizar la enmienda. b) No existe la posibilidad de registrar un código malicioso, ya que el registro electrónico general cumple con el Esquema Nacional de Seguridad, y no permite la recepción de documentos que no sigan formatos preestablecidos por la Norma Técnica de Interoperabilidad correspondiente. c) Se anulará el asiento registral y se notificará esta circunstancia al interesado para que pueda realizar la enmienda. d) Se debe requerir la subsanación al interesado que los haya aportado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.3 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. 13. De acuerdo con el artículo 32 del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, la representación puede acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia, entre otros: a) Mediante el apoderamiento efectuado por comparecencia electrónica en las oficinas de asistencia en materia de registros o comparecencia personal en la correspondiente sede electrónica o sede electrónica asociada. b) Mediante la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente o en sus registros particulares de apoderamientos. c) Mediante un certificado electrónico de representante. d) Mediante un documento privado cuya matriz conste en un archivo notarial o una inscripción practicada en un registro mercantil. 14. ¿Qué reglamento regula el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado? a) La Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre. b) El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos. c) El Real Decreto 113/2003, de 5 de noviembre. d) No existe ninguna normativa que lo regule. 15. Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones Públicas: a) Serán plenamente interoperables, de forma que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. b) Estarán plenamente interconectados, de forma que se garantice su compatibilidad informática e intermediación, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros. c) Serám plenamente interoperables, de forma que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en un registro de la Administración u Organismo al que se dirijan. d) Estarán plenamente interconectados, de forma que se garantice su compatibilidad informática e intermediación, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en un registro de la Administración u Organismo al que se dirijan. 16. El derecho a comunicarse con las administraciones públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración es propio de: a) Quienes de conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen capacidad jurídica frente a las administraciones públicas. b) Quienes de conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas. c) Quienes de conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen capacidad jurídica y capacidad de obrar ante las administraciones públicas. d) Todas las respuestas son incorrectas. 17. El derecho a ser asistido en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas es titularidad de: a) Las personas físicas, en general. b) Las personas físicas mayores de edad. c) Los ciudadanos y ciudadanas con capacidad jurídica. d) Todas las respuestas son incorrectas. 18. ¿Cuál de estos sujetos está obligado a recibir por medios electrónicos las notificaciones generadas por la Agencia Tributaria de las Illes Balears en el ejercicio de sus funciones? a) Las personas jurídicas. b) Los registradores de la propiedad, cuando deben relacionarse con la administración en ejercicio de su actividad profesional. c) Las comunidades de bienes. d) Todas las respuestas son correctas. 19. Las notificaciones que la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación debe practicar en el marco de un procedimiento administrativo a una comunidad de bienes, ¿se deben realizar por medios electrónicos? a) Verdadero. b) Sólo si el interesado lo solicita. c) Falso. d) Verdadero, dado que una comunidad de bienes tiene personalidad jurídica. 20. ¿Pueden las personas físicas elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para ejercer sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos? a) Sí, salvo en determinados casos. b) Sí, siempre. c) No siempre. d) Las respuestas a) y c) son correctas. 21. ¿Está obligado un notario a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas? a) Sí, siempre. b) Sólo si debe realizar trámites en el ejercicio de su actividad profesional. c) Sí, siempre que esté colegiado. d) No. 22. Cuando una persona física no obligada a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas comunica su derecho a relacionarse por medios electrónicos, los efectos de la comunicación se producen: a) A partir del día siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento tenga constancia de la comunicación. b) A partir del quinto día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento tenga constancia de la comunicación. c) A partir del tercer día hábil siguiente a aquel en que el órgano competente para tramitar el procedimiento tenga constancia de la comunicación. d) Todas las respuestas son incorrectas. 23. En caso de que una persona jurídica tenga que recibir una notificación de un procedimiento que debe iniciar de oficio la administración pública y ésta no tiene los datos de contacto electrónicos para hacer el aviso de la puesta a disposición, como debe efectuarse la notificación? a) En papel. b) Por medios electrónicos, poniendo la notificación a su disposición en la sede electrónica. c) Por medios electrónicos, poniendo la notificación a su disposición en la carpeta ciudadana. d) Todas las respuestas son incorrectas. 24. En todo caso, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para realizar cualquier trámite de un procedimiento administrativo los siguientes sujetos: a) Quienes representan a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. b) Las comunidades de propietarios. c) Los empleados de las administraciones públicas para realizar trámites y actuaciones personales. d) Todas las respuestas son incorrectas. 25. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas: a) Las administraciones públicas pueden establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para determinados colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. b) Las administraciones públicas pueden establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica y dedicación profesional quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. c) Las administraciones públicas pueden establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para determinados colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional o otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. d) Todas las respuestas son incorrectas. 26. ¿En cuál de estas actividades profesionales es obligatorio relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas en el ejercicio de sus funciones? a) Medicina. b) Farmacia. c) Notaría. d) Todas las respuestas son correctas. 27. ¿Las personas físicas están obligadas a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas? a) No, en general. b) En determinados casos sí. c) Algunos colectivos sí lo están. d) Todas las respuestas son correctas. 28. Indique la respuesta correcta: a) Las personas interesadas que se relacionen con las administraciones públicas a través de medios electrónicos tienen derecho a consultar en el Punto de Acceso General electrónico el estado de la tramitación de los procedimientos. b) Las personas interesadas que se relacionen con las administraciones públicas a través de medios electrónicos tienen derecho a consultar en el Punto de Acceso General electrónico el órgano competente para instruir el procedimiento. c) Las personas interesadas que se relacionen con las administraciones públicas a través de medios electrónicos tienen derecho a consultar en el Punto de Acceso General electrónico los actos de trámite que se han dictado en el procedimiento. d) Todas las respuestas son correctas. 29. ¿Cuál de esta información tiene derecho a consultar en el Punto de Acceso General electrónico la persona interesada que se relaciona electrónicamente con las administraciones públicas? a) La identificación de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas bajo cuya responsabilidad se tramita el procedimiento administrativo. b) Los actos de trámite dictados en el procedimiento. c) Los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. d) Todas las respuestas son correctas. 30. ¿En qué caso la Administración puede obligar a las personas físicas a relacionarse con ella por medios electrónicos? a) En los procedimientos de concesión de subvenciones, para determinados colectivos, cuando esté previsto en un reglamento. b) Cuando lo establezca por ley para determinados colectivos de personas físicas. c) Cuando lo establezca por reglamento para determinados colectivos de personas físicas y procedimientos d) Todas las respuestas son correctas. 31. ¿Cuál de estos principios generales no rige en las actuaciones y funcionamiento del sector público por medios electrónicos? a) El principio de facilidad de uso. b) El principio de personalización. c) El principio de planificación. d) El principio de proactividad. 32. En relación con la actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, se entiende por el principio de personalización y proactividad: a) La capacidad de las administraciones públicas para proporcionar servicios precumplimentados y de anticiparse a las posibles necesidades de los usuarios finales del servicio, partiendo del conocimiento adquirido por éstos. b) La capacidad para diseñar los servicios electrónicos centrándose en las personas usuarias. c) No existe este principio general. d) Todas las respuestas son incorrectas. 33. ¿Están obligadas las comunidades autónomas a dar el servicio de información telefónica 012? a) Sí. b) No. c) Solo en el caso de los ayuntamientos. d) No, se trata de un servicio que debe ofrecer la Administración general del Estado. 34. ¿Cuál de estas administraciones públicas no está obligada a ofrecer el servicio de información telefónica 012? a) No hay ninguna administración pública obligada a dar este servicio. b) Las comunidades autónomas. c) Los ayuntamientos. d) La Administración general del Estado. 35. ¿Qué órgano directivo de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears desempeña las funciones en materia de atención a la ciudadanía? a) La Dirección General de Participación, Transparencia y Voluntariado. b) La Oficina de Atención en Materia de Registro. c) La Dirección General de Calidad y Servicios. d) Todas las respuestas son incorrectas. 36. En relación con la atención a la ciudadanía, indique la respuesta correcta: a) La atención e información ciudadana es una competencia que ejerce la Consejería de Presidencia. b) La atención e información ciudadana es una competencia que ejerce la Dirección General de Calidad de los Servicios. c) La atención e información ciudadana es una competencia que ejerce la Consejería de Salud y Consumo. d) Todas las respuestas son incorrectas. 37. Indique la respuesta correcta en relación con la asistencia en el uso de medios electrónicos: a) Las administraciones públicas deben garantizar que los interesados se puedan relacionar con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios. b) Las administraciones públicas deben garantizar que los ciudadanos puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios. c) Las administraciones públicas deben garantizar que las personas físicas puedan relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios. d) Las administraciones públicas deben garantizar que las personas jurídicas se puedan relacionar con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios. 38. ¿A quiénes deben asistir en el uso de medios electrónicos las administraciones públicas? a) A la ciudadanía. b) A los interesados, en determinados casos. c) A las personas físicas. d) A las personas jurídicas. 39. Indique la respuesta correcta. Si un ciudadano se presenta ante una oficina de asistencia en materia de registros para presentar una solicitud en una convocatoria de subvenciones: a) Será atendido en el uso de medios electrónicos, dependiendo del funcionario. b) Será asistido en el uso de medios electrónicos, especialmente en el caso de una empresa que carece de los medios electrónicos adecuados. c) Será asistido en el uso de medios electrónicos, salvo que el interesado sea una persona jurídica, entre otros casos. d) Todas las respuestas son correctas. 40. Si una persona presenta una solicitud en una convocatoria de ayudas ante una oficina de asistencia en materia de registros de la Administración autonómica y no dispone de firma electrónica: a) La oficina de asistencia en materia de registros no es un canal de atención a la ciudadanía si el procedimiento está publicado en la Sede Electrónica. b) La firma electrónica la podrá hacer cualquier funcionario, siempre que el interesado no sea una sociedad anónima. c) Las administraciones públicas deben garantizar que los interesados se puedan relacionar con la Administración a través de medios electrónicos. d) Las respuestas b) y c) son correctas. 41. Indique la respuesta correcta en relación con el Punto de Acceso General electrónico (PAGe): a) El PAGe dispondrá, al menos, de una sede electrónica, a través de la que se podrá acceder a determinados servicios. b) El PAGe debe facilitar el acceso a los servicios, trámites e información de los órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes de la Administración Pública correspondiente. c) La Sede Electrónica dispondrá de un Punto de Acceso General electrónico (PAGe), a través del que se podrán acceder a los servicios y trámites. d) Todas las respuestas son incorrectas. 42. En relación con los canales de atención a la ciudadanía indique la respuesta correcta: a) Un canal es una estructura o medio de difusión de los contenidos y servicios, incluyendo el canal telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad. b) Un canal es una estructura o medio de difusión de los contenidos y procedimientos, incluyendo el canal presencial y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, etc.). c) Un canal es una estructura o medio de difusión de los contenidos y servicios, incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad. d) Un canal es una estructura o medio de difusión de los contenidos y servicios, incluyendo el canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos móviles, etc.). 43. ¿En qué tipo de canal debe ponerse a disposición de los interesados la información sujeta a las obligaciones de transparencia según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno? a) A través de los canales electrónicos, en particular en la página web. b) En la carpeta ciudadana. c) A través de los canales electrónicos, en particular la sede electrónica o página web. d) A través de los canales electrónicos, en particular la sede electrónica. 44. Indique la respuesta correcta en relación con la atención a la ciudadanía por medios electrónicos: a) Las administraciones públicas deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados de un procedimiento administrativo si no disponen de los medios electrónicos necesarios. b) Las administraciones públicas deben asistir en el uso de medios electrónicos a la ciudadanía cuando así lo solicite. c) Las administraciones públicas deben asistir en el uso de medios electrónicos a determinados interesados de un procedimiento administrativo. d) Las administraciones públicas deben asistir en el uso de medios electrónicos a todos los interesados de un procedimiento administrativo. 45. ¿La Administración pública debe asistir en el uso de medios electrónicos a una persona jurídica que tiene la condición de interesada en el procedimiento? a) Sí, dado que es una obligación de las administraciones públicas. b) Sólo si no dispone de los medios electrónicos necesarios. c) No. d) En determinados casos, como por ejemplo en lo referente a la identificación y firma electrónica. 46. ¿Qué hito marca la transformación de las oficinas de registro en oficinas de asistencia en materia de registros? a) La entrada en vigor de las previsiones de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico. b) El 2 de abril de 2002. c) La entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. d) Las respuestas a) y b) son correctas. 47. Cuando un ciudadano comparece ante una oficina de asistencia en materia de registros (OAMR) para presentar una solicitud de una convocatoria de subvenciones: a) El empleado público digitalizará el documento. b) El OAMR no digitalizará el documento si la normativa aplicable exige que se presente el documento en un soporte específico no susceptible de digitalización. c) No se tendrán por presentados aquellos documentos cuyo régimen especial establezca otra forma de presentar los documentos. d) Todas las respuestas son correctas. 48. ¿Qué órgano superior de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene las funciones de ordenación y coordinación de las oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR)? a) La Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad. b) La Dirección General de Modernización y Administración Digital. c) La consejería competente en materia de administración digital. d) La Dirección General de Calidad de los Servicios. 49. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿qué nuevas funciones en materia de administración electrónica han pasado a asumir las oficinas de registro? a) La anotación electrónica de los asientos de entrada y salida. b) El cotejo y expedición de copias compulsadas de documentos originales. c) La digitalización de documentos presentados en papel. d) Todas las respuestas son correctas. 50. En relación con las funciones de las oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR), ¿qué debe hacerse si, una vez digitalizado un documento, éste no puede ser devuelto al interesado? a) Debe conservarse durante tres meses. b) Debe enviarse al interesado a través del NOTIB. c) Debe conservarse durante seis meses. d) Todas las respuestas son incorrectas. 51. Cuando un documento se presenta ante una oficina de asistencia en materia de registros: a) Se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado. También se anotará la salida de documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. b) Se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado. También podrá anotarse la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares. c) Se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado. También se anotará la salida de documentos oficiales dirigidos a particulares. d) No se realizará ningún asentamiento. 52. ¿Cuál de estas funciones no está asignada a las oficinas de asistencia en materia de registros según el Real decreto 203/2021? a) La anotación, en su caso, de los asientos de salida de los documentos. b) La anotación de los documentos en el registro electrónico. c) La práctica de notificaciones mediante la aplicación NOTIB. d) La identificación o firma electrónica del interesado, salvo en el caso de personas jurídicas. 53. Indique la respuesta correcta. Los documentos en soporte no electrónico presentados a través de las oficinas de asistencia en materia de registros: a) Se digitalizarán y se devolverán los documentos originales. b) Se digitalizarán y se incorporarán al expediente administrativo electrónico. c) Se digitalizarán y se custodiarán si en ese momento no es posible devolver el documento original. d) Todas las respuestas son correctas. 54. ¿Qué debe hacer una oficina de asistencia en materia de registros si debe enviar un documento a otra Administración y el tamaño de éste excede la capacidad que permite el Sistema de Interconexión de Registros (SIR)? a) El envío puede sustituirse por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros. b) El documento debe archivarse dentro de un dispositivo interno de memoria USB (pen drive) y enviarse a través de un ordenanza. c) El envío debe sustituirse por la puesta a disposición de los documentos, previamente depositados en un repositorio de intercambio de ficheros. d) Todas las respuestas incorrectas. 55. Entre las funciones de las nuevas oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR), ¿se encuentra la de recibir la documentación presentada por una persona jurídica? a) No, porque las personas jurídicas no pueden presentar documentos en papel. b) Sí. c) No, sus funciones son las previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. d) Todas las respuestas son correctas. 56. Si ante una oficina de asistencia en materia de registros (OAMR) alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración presenta su solicitud presencialmente: a) El OAMR no debe permitirle presentar documentación en papel. b) El OAMR le registrará la documentación, pero se le requerirá para que subsane la documentación. c) El OAMR tiene como función expresa asistir a los interesados en general. d) Todas las respuestas son incorrectas. 57. ¿Cuál de estas funciones es de las oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR)? a) La digitalización de los documentos presentados de forma presencial. b) La asistencia en la identificación y firma electrónica a los interesados en general. c) La práctica de notificaciones a los interesados que comparecen espontáneamente en una OAMR y así lo soliciten. d) Las respuestas a) y c) son correctas. 58. Indique la respuesta correcta. Las administraciones públicas deben asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre: a) Cuando así lo soliciten, especialmente en lo referente a firma electrónica. b) Cuando así lo soliciten, especialmente en lo referente a obtener copias auténticas. c) Cuando así lo soliciten, especialmente en lo referente a digitalización de documentos. d) Las respuestas a) y b) son correctas. 59. Entre las funciones de las oficinas de asistencia en materia de registros (OAMR), ¿se encuentra la de practicar notificaciones electrónicas a las personas interesadas? a) En determinados casos, sí. b) No. c) Sí, a todos los efectos. d) Todas las respuestas son incorrectas. 60. Una vez digitalizado un documento presentado por un interesado, ¿qué debe hacer la oficina de asistencia en materia de registros (OAMR)? a) Devolver una copia auténtica al interesado. b) Devolver el documento al interesado. c) Archivar el documento presentado. d) Destruir el documento presentado, en caso de que sea en papel. 61. La práctica de notificaciones electrónicas, ¿es una función de las oficinas de asistencia en materia de registros prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas? a) Sí. b) Siempre que dispongan de los medios electrónicos para su práctica. c) No. d) En determinados casos. 62. Si después de registrar una queja o sugerencia se concluye que se refiere a otra administración o entidad pública del Estado español: a) La dirección general competente en materia de calidad de los servicios debe remitirla a la entidad objeto de la queja, comunicándoselo a la persona interesada. b) La unidad administrativa correspondiente debe remitirla a la entidad objeto de la queja y debe comunicarlo a la persona interesada. c) La unidad administrativa correspondiente inadmitirá la queja o sugerencia y lo comunicará a la persona interesada. d) Todas las respuestas son incorrectas. 63. Cuáles de estos aspectos no regula la Orden de la consejera de Administraciones Públicas de 1 de agosto de 2014 por la que se desarrolla el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears: a) El modelo de la hoja de quejas y sugerencias. b) La forma y los medios de presentación de las quejas y sugerencias. c) La tramitación de las quejas y sugerencias mediante la aplicación de uso general QSSI. d) La información sobre el derecho y los sistemas de quejas y sugerencias. 64. Señale la respuesta incorrecta. La Orden de la consejera de Administraciones Públicas de 1 de agosto de 2014 por la que se desarrolla el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se aplica a los servicios que prestan: a) Los consorcios en los que participa la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. b) Las personas jurídicas adjudicatarias de contratos de servicios públicos. c) El sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. d) Los ayuntamientos. 65. En caso de que la respuesta a una queja o sugerencia presentados por un ciudadano no sea satisfactoria, este ciudadano puede: a) Interponer un recurso de alzada. b) Interponer una reclamación en vía administrativa. c) Dirigirse a la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios. d) Todas las respuestas son incorrectas. 66. El plazo de que dispone la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para resolver una queja o sugerencia es de: a) Quince días hábiles en el caso de las quejas; no existe plazo en el caso de las sugerencias. b) Quince días hábiles. c) Quince días naturales. d) Todas las respuestas son incorrectas. 67. ¿Es aplicable el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a las personas jurídicas privadas? a) No. b) Sí, en determinados casos. c) Sí. d) Sólo en lo que se refiere a las quejas. 68. Según el artículo 2 del Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears una queja es: a) Una manifestación o declaración efectuada por una persona física para hacer constar la disconformidad con la prestación de un servicio público. b) Una manifestación o declaración efectuada por una persona física o jurídica para hacer constar la disconformidad con la prestación de un servicio público o privado. c) Una manifestación o una declaración efectuada por los ciudadanos y ciudadanas para hacer constar la disconformidad con la prestación de un servicio público. d) Las respuestas a) y c) son correctas. 69. ¿Quién es el órgano competente para resolver una queja o sugerencia dirigidas al Hospital Mateu Orfila? a) La Gerencia del IB-Salut. b) La Dirección del Hospital. c) La dirección general competente en materia de salud. d) El Departamento de Bienestar Social del Consejo Insular de Menorca. 70. ¿Cuál es el órgano competente para resolver una queja o sugerencia según el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears? a) El órgano superior competente por razón de la materia, a excepción de quienes hagan referencia a la prestación de servicios sanitarios y asistenciales. b) La dirección general competente en materia de calidad de los servicios. c) La Dirección de los centros sanitarios, educativos, sociosanitarios y asistenciales en caso de que la queja o sugerencia haga referencia a la prestación de servicios de estos centros. d) Todas las respuestas son incorrectas. 71. Eliminada 72. Señale la respuesta correcta según indica el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de las quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears: a) Si transcurrido el plazo de quince días la persona interesada no ha obtenido una respuesta, puede dirigirse a la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios, para que, como órgano inspector, lleve a cabo las actuaciones necesarias para conocer los motivos que hayan podido ocasionar falta de contestación y adoptar las medidas pertinentes. b) Si transcurrido el plazo de quince días naturales la persona interesada no ha obtenido una respuesta, puede dirigirse a la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios, para que, como órgano inspector, lleve a cabo las actuaciones necesarias para conocer los motivos que hayan podido ocasionar la falta de contestación y adoptar las pertinentes medidas. c) Si transcurrido el plazo de quince días hábiles la persona interesada no ha obtenido una respuesta, puede dirigirse a la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios, para que, como órgano inspector, lleve a cabo las actuaciones necesarias para conocer motivos que hayan podido ocasionar la falta de contestación y adoptar las medidas pertinentes. d) Si transcurrido el plazo de un mes la persona interesada no ha obtenido una respuesta, puede dirigirse a la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios, para que, como órgano inspector, lleve a cabo las actuaciones necesarias para conocer los motivos que hayan podido ocasionar la falta de contestación y adoptar las pertinentes medidas. 73. Señale la respuesta correcta en relación con las quejas y sugerencias relativas a servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma: a) La presentación de una queja no impide el ejercicio del derecho genérico de petición reconocido en el artículo 29 de la Constitución. b) La formulación de una queja tiene la calificación de recurso administrativo si cumple los requisitos del artículo 115 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. c) La Ley orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición se aplica subsidiariamente en defecto de previsión del Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. d) La formulación de una queja o sugerencia en ejercicio del derecho de petición se tramita de conformidad con la Ley orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del derecho de petición. 74. En relación con las quejas y sugerencias, los órganos o entes que utilizan una aplicación distinta a la de uso general (QSSI) deben remitir a la dirección general competente en materia de atención e información ciudadana la siguiente información: a. Tiempo máximo de respuesta. b. Número de sugerencias que se han presentado. c. Materia o motivo de la queja o de la sugerencia. d. Todas las respuestas son correctas. 75. Indique la respuesta correcta en relación con las quejas y sugerencias: a. En cada consejería deben constituirse equipos de mejora encargados de analizar todas las quejas y sugerencias. b. En cada consejería y ente del sector público instrumental deben constituirse equipos de mejora encargados de analizar todas las quejas y sugerencias. c. Los equipos de mejora deben constituirse en el seno de los órganos y entes a los que les es de aplicación el Decreto 82/2009, de 13 de noviembre, por el que se regula la gestión de quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. d. En cada consejería y ente del sector público instrumental deben constituirse equipos de mejora o unidades administrativas especializadas encargados de analizar todas las quejas y sugerencias.