1. La Constitución española de 1978 garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española en: a) El artículo 148. b) El artículo 2. c) El artículo 146. d) El artículo 12. 2. De acuerdo con la Constitución española, pueden acceder al autogobierno y constituirse en comunidad autónoma: a) Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica. b) Las provincias con características históricas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica, cultural o económica. c) Las provincias limítrofes con características históricas, culturales o económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad cultural histórica. d) Las provincias, los territorios insulares y las provincias con características históricas, culturales y económicas comunes. 3. ¿En qué título de la Constitución se regula el acceso a la autonomía de las provincias y regiones de España y la distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas? a) En el título VII. b) En el título VI. c) En el título VIII. d) En el título III. 4. La organización institucional de las comunidades autónomas constituidas de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución se basa en: a) Un parlamento, un consejo de gobierno, un presidente y un tribunal de justicia. b) Una asamblea legislativa, un consejo de gobierno presidido por un presidente y un tribunal superior de justicia. c) Una asamblea legislativa, un consejo de gobierno y un presidente. d) Un parlamento, un consejo de Gobierno y un presidente. 5. La Constitución española de 1978, respecto de las comunidades autónomas, prohíbe: a) El desarrollo de competencias atribuidas al Estado. b) La federación entre comunidades autónomas. c) La regulación de las instituciones propias. d) Los convenios entre comunidades autónomas para la gestión y la prestación de servicios propios. 6. En cuanto a los convenios entre comunidades autónomas, la Constitución establece: a) Que es imprescindible la autorización de las Cortes Generales cuando se trate de convenios para la gestión y prestación de servicios propios de las comunidades que lleven a cabo el convenio. b) Que sólo se comunican al Congreso de los Diputados si se trata de convenios distintos de los de gestión y prestación de servicios propios. c) Que los ha de autorizar el Congreso de los Diputados con independencia del objeto del convenio. d) Que han de comunicarse a las Cortes Generales cuando se trate de convenios para la gestión y prestación de servicios propios de las comunidades que llevan a cabo el convenio. 7. La delimitación del territorio de las comunidades autónomas se regula: a) En la Constitución española de 1978. b) En una ley aprobada por el Senado. c) En una ley aprobada por la asamblea legislativa correspondiente. d) En el Estatuto de autonomía. 8. La Constitución española define los estatutos de autonomía: a) Como la norma fundacional básica de cada comunidad autónoma. b) Como la norma orgánica básica de cada comunidad autónoma. c) Como la norma institucional básica de cada comunidad autónoma. d) Como la norma institucional básica de las regiones y nacionalidades que han accedido a la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución. 9. De acuerdo con la Constitución española de 1978, las competencias que asume cada comunidad autónoma se establecen: a) En las leyes de transferencias de competencias. b) En las leyes de traspaso de competencias. c) En los estatutos de autonomía. d) En la Constitución española. 10. La distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas se establece: a) En los artículos 149 y 150 de la Constitución española, respectivamente. b) En los artículos 148 y 149 de la Constitución española, respectivamente. c) En los artículos 149 y 148 de la Constitución española, respectivamente. d) En los artículos 150 y 149 de la Constitución española, respectivamente. 11. De acuerdo con el sistema de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, podemos distinguir las materias siguientes: a) Materias que corresponden exclusivamente al Estado; materias en que el Estado legisla y las comunidades autónomas ejecutan esta legislación, y materias que corresponden exclusivamente a las comunidades autónomas. b) Materias que corresponden exclusivamente al Estado; materias en que el Estado legisla y las comunidades autónomas ejecutan esta legislación; materias en que el Estado aprueba la legislación básica, mientras que el desarrollo legislativo y la ejecución corresponde a las comunidades autónomas, y materias que corresponden exclusivamente a las comunidades autónomas. c) Hay materias en que el Estado y las comunidades autónomas tienen indistintamente competencias legislativas y ejecutivas. d) Las respuestas b) y c) son correctas. 12. Se entiende que una competencia es concurrente: a) Cuando el Estado ostenta la facultad de dictar las bases sobre una materia y la comunidad autónoma puede asumir la legislación de desarrollo. b) Cuando el Estado y la comunidad autónoma tienen la posibilidad de concurrir con idénticas facultades en la regulación de una materia. c) Cuando el Estado ostenta todas las facultades sobre una materia, excepto la de ejecución, que corresponde a las comunidades autónomas. d) Cuando los estatutos de autonomía les atribuye ese carácter. 13. Respecto de las competencias exclusivas del Estado que establece el artículo 149: a) Las comunidades autónomas no pueden ostentar ninguna facultad. b) Las comunidades autónomas pueden dictar normas legislativas, para sí mismas, en el marco de los principios, bases y directrices fijadas por una ley estatal, siempre que las Cortes Generales les atribuya esta facultad. c) Las comunidades autónomas tienen competencias de desarrollo normativo, si la competencia estatal exclusiva es sobre las bases. d) Los estatutos de autonomía pueden asumir algunas de ellas en virtud del principio dispositivo. 14. En cuanto al sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas encontramos: a) Las competencias exclusivas del Estado, de acuerdo con el artículo 148 de la Constitución. b) Las competencias que pueden ser asumidas por las comunidades autónomas, según el artículo 149 de la Constitución. c) El resto de competencias, de las que la facultad o la materia no se menciona expresamente como exclusiva del Estado, que pueden ser asumidas por las comunidades autónomas, según el apartado 3 del artículo 149 de la Constitución. d) Todas las respuestas son correctas. 15. Di cuál de las competencias siguientes es concurrente entre el Estado y las comunidades autónomas: a) Defensa. b) Medio ambiente. c) Cultura. d) Legislación sobre productos farmacéuticos. 16. En los Estatutos aprobados por el procedimiento del artículo 151, la organización institucional autonómica se basa, entre otros, en una asamblea legislativa elegida por sufragio: a) Universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio. b) Universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas culturas del territorio. c) Proporcional, con arreglo a un sistema de representación universal que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 17. ¿Por qué una comunidad autónoma puede tener competencia exclusiva en materias que no están incluidas en la lista del artículo 148 de la Constitución española? a) Las comunidades autónomas no pueden tener competencia exclusiva en materias que no están incluidas en el artículo 148. b) Porque el sistema de distribución de competencias en la Constitución no es un sistema cerrado, por lo que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en aquellas materias no atribuidas al Estado. c) Porque la Constitución prevé que el Senado, por mayoría absoluta, puede atribuir a las comunidades autónomas competencias no incluidas en el artículo 148. d) Porque la Constitución prevé que el Congreso de los Diputados, en materias de competencia estatal, atribuya a las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en del marco de los principios, las bases y las directrices fijados por una ley estatal. 18. Son competencias compartidas: a) Aquellas en las que las facultades de Estado y las de las comunidades autónomas son coincidentes. b) Aquellas que los estatutos de autonomía les atribuya ese carácter. c) Aquellas que la Constitución atribuye al Estado la función legislativa y a las comunidades autónomas únicamente la función ejecutiva. d) Aquellas en las que determinadas facultades corresponden al Estado y otras corresponden a las comunidades autónomas. 19. Según la doctrina, una competencia es exclusiva: a) Cuando un ente aglutina todas las facultades posibles sobre una materia determinada. b) Cuando un ente se atribuye con exclusividad una facultad sobre una materia. c) Cuando un ente conserva todas las facultades de la misma calidad sobre una materia. d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 20. La tenencia y el uso de armas y explosivos: a) Es competencia exclusiva de las comunidades autónomas en su territorio. b) Se trata de una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. c) Es competencia de la Administración local. d) Es competencia exclusiva del Estado. 21. ¿Cuál de las siguientes competencias es exclusiva del Estado?: a) La asistencia social. b) La determinación de las fuentes del derecho, con respeto a las normas de derecho foral o especial. c) La determinación de las fuentes del derecho, excepto las normas autonómicas, en cuyo caso la competencia corresponde a la comunidad autónoma. d) Los puertos y aeropuertos deportivos. 22. ¿Cuál de las siguientes competencias corresponde al Estado, según la Constitución española? a) Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en el territorio de las comunidades autónomas. b) El fomento y la coordinación general de la búsqueda científica y técnica. c) La ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. d) La agricultura y la ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 23. ¿Cuál de las siguientes competencias pueden asumir las comunidades autónomas?: a) Las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica. b) La iluminación de costas y señales marítimas. c) Las obras públicas de interés general. d) Los aprovechamientos forestales. 24. ¿Es posible que las comunidades autónomas legislen sobre las relaciones laborales de trabajadores y empresarios radicados en el territorio respectivo? a) Sí, porque se trata de una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. b) Sí, porque las comunidades autónomas tienen competencias de desarrollo en materia laboral. c) No, se trata de una competencia exclusiva del Estado; las comunidades autónomas sólo tienen competencias de ejecución. d) No, salvo que lo hayan asumido en los estatutos de autonomía correspondientes. 25. ¿A quien corresponde la competencia en materia de legislación procesal? a) Al Estado, como competencia exclusiva, incluida la ejecución en el territorio de las comunidades autónomas. b) Al Estado, como competencia exclusiva. c) A las comunidades autónomas en caso de haberse recogido en los respectivos estatutos de autonomía. d) A las comunidades autónomas en cuanto a la normativa de desarrollo. 26. ¿Mediante qué instrumento del Estado puede una comunidad autónoma asumir competencias en materia de justicia? a) Mediante una ley marco. b) Mediante una ley ordinaria. c) Mediante una ley de armonización. d) Mediante una ley orgánica. 27. En el supuesto de que una comunidad autónoma no cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen, o bien actúe de forma que atente gravemente contra el interés general de España: a) El Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, puede adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general mencionado. b) El Gobierno, con requerimiento previo al presidente de la asamblea legislativa de la comunidad autónoma, con la mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligar a la comunidad autónoma al cumplimiento de dichas obligaciones o para la protección del interés general mencionado. c) El Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. d) El Gobierno, con requerimiento previo al presidente de la comunidad autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, puede adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 28. Señala la respuesta correcta: a) Las comunidades autónomas pueden convocar referéndums en su territorio. b) Las comunidades autónomas pueden convocar referéndums siempre que la consulta no afecte a las instituciones de autogobierno. c) La competencia para autorizar convocatorias de consultas populares por vía de un referéndum corresponde siempre al Estado. d) La Constitución no prevé esta competencia en su título VIII. 29. De acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, cuando el Gobierno adopte las medidas que corresponda: a) Puede dar instrucciones exclusivamente a la administración de la comunidad autónoma afectada. b) Puede dar instrucciones exclusivamente al personal de la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma afectada. c) Sólo puede dar instrucciones al gobierno de la comunidad autónoma afectada. d) Puede dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma afectada. 30. La finalidad del Fondo de Compensación que prevé el título VIII de la Constitución es: a) Garantizar un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos. b) Compensar servicios estatales asumidos por las comunidades autónomas. c) Corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. d) Ninguna de las respuestas es correcta. 31. ¿Qué ley regula el Fondo de Compensación previsto en el artículo 158 de la Constitución? a) La Ley 22/2003, de 26 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. b) La Ley 21/2004, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Constitucional. c) La Ley 22/2001, de 27 de diciembre, reguladora de los Fondos de Compensación Interterritorial. d) No hay ninguna ley que regule el Fondo de Compensación previsto en la Constitución. 32. El artículo 147 de la Constitución indica que los estatutos de autonomía deberán contener: a) La denominación de la comunidad que acuerden las entidades que hayan iniciado el procedimiento de autonomía. b) La denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. c) La denominación, organización y sede de las instituciones estatales en su territorio. d) Las competencias asumidas y asumibles dentro del marco establecido en la Constitución. 33. Indica cuál de las respuestas siguientes no forma parte del contenido que el artículo 147 de la Constitución establece para los estatutos de autonomía. a) Las competencias asumidas dentro del marco que establece la Constitución. b) Las competencias asumidas por el Estado dentro del marco que establece la Constitución. c) Las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a estas competencias. d) La delimitación del territorio de la comunidad autónoma. 34. De acuerdo con la Constitución española, los recursos de las comunidades autónomas están constituidos: a) Por sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. b) Por las transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. c) El producto de las operaciones de crédito. d) Todas son correctas. 35. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, la Constitución prevé un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos: a) Por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias, en su caso. b) Por el Gobierno entre las comunidades autónomas. c) Por el Gobierno entre las comunidades autónomas y provincias, en su caso. d) Por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas. 36. De acuerdo con la Constitución, el Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas: a) En materias atribuidas a la competencia del Estado, cuando así lo exija el interés general. b) Incluso en el caso de materias atribuidas a la competencia de las comunidades autónomas, cuando así lo exija el interés general. c) En materias atribuidas a la competencia del Estado, cuando así lo exija la seguridad del Estado. d) Incluso en el caso de materias atribuidas a la competencia de las comunidades autónomas, cuando así lo exija la seguridad del Estado. 37. El artículo 150 de la Constitución dispone que el Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas cuando así lo exija el interés general. ¿A quien corresponde apreciar esta necesidad? a) Al Congreso de los Diputados, por mayoría absoluta. b) A las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara. c) A las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios de los miembros de cada Cámara. d) Al Congreso de los Diputados, por mayoría de dos tercios de sus miembros. 38. Señala la respuesta incorrecta: a) Las diferencias entre los estatutos de las diferentes comunidades autónomas no pueden implicar privilegios económicos o sociales. b) Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. c) Ninguna autoridad, excepto el Gobierno de la nación, puede adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y el establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. d) Los municipios disfrutan de autonomía para gestionar sus respectivos intereses. 39. De acuerdo con la Constitución española, ¿quién puede adoptar medidas que obstaculicen la libertad de circulación y de establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio nacional? a) Las Cortes Generales, en cualquier caso. b) El Gobierno, mediante la correspondiente delegación legislativa. c) Ninguna autoridad puede adoptar medidas que directa o indirectamente lo obstaculicen. d) Las asambleas legislativas u órganos colegiados superiores de las diferentes comunidades autónomas . 40. ¿Cuál de las siguientes competencias corresponde al Estado, según la Constitución española? a) Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en el territorio de las comunidades autónomas. b) El fomento y la coordinación general de la búsqueda científica y técnica. c) La ordenación del territorio, el urbanismo y la vivienda. d) La agricultura y la ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 41. La Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre contratos. Esto implica: a) Que las comunidades autónomas no pueden regular la contratación pública que lleven a cabo sus instituciones. b) Que las comunidades autónomas tendrán que regular mediante un reglamento aquellos aspectos no considerados básicos por la normativa estatal. c) Que las comunidades autónomas pueden regular mediante una ley aquellos aspectos no considerados básicos por la normativa estatal. d) Ninguna de las respuestas es correcta. 42. ¿Cuál de las siguientes competencias pueden asumir las comunidades autónomas? a) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. b) Iluminación de costas y señales marítimas. c) Obras públicas de interés general. d) Sanidad e higiene. 43. Una de las siguientes fuentes no constituye un recurso económico de las comunidades autónomas: a) Los ingresos de derecho privado. b) Los rendimientos procedentes de su patrimonio. c) El producto de las operaciones bursátiles. d) El producto de las operaciones de crédito. 44. Indica cuál de las siguientes competencias no es exclusiva del Estado: a) La legislación laboral, en todas sus manifestaciones, incluso las de ejecución. b) Las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica. c) La defensa y las fuerzas armadas. d) La hacienda general y la deuda del Estado. 45. ¿Cómo denomina la Constitución al órgano de gobierno de la comunidad autónoma? a) Consejo colegiado. b) Consejo. c) Consejo ejecutivo. d) Consejo de Gobierno. 46. De acuerdo con la Constitución, los Estatutos pueden establecer circunscripciones territoriales propias: a) Mediante la agrupación de municipios, aunque no sean limítrofes. b) Sin personalidad jurídica propia. c) Mediante la agrupación de municipios limítrofes. d) En ningún caso. 47. Según la Constitución española, las comunidades autónomas no pueden en ningún caso adoptar medidas tributarias: a) Sobre bienes situados en el interior de su territorio de propiedad privada. b) Sobre bienes situados fuera de su territorio, o que supongan un obstáculo para la libre circulación de mercancias o servicios. c) Que supongan un obstáculo para la competencia regulada. d) Que impidan la creación de multinacionales. 48. ¿Qué facultades pueden asumir las comunidades autónomas en materia de derecho de asilo? a) Ninguna. b) Legislación de desarrollo. c) De ejecución. d) Ninguna de las respuestas es correcta. 49. La organización judicial en el ámbito de las comunidades autónomas la culminan: a) Las audiencias provinciales correspondientes, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. b) Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. c) Un Tribunal Superior de Justicia, que asumirá en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma la jurisdicción que sobre este mismo tribunal ejercía el Tribunal Supremo. d) Por una audiencia territorial, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. 50. ¿Cuál de las materias siguientes no pueden asumir inicialmente las comunidades autónomas? a) La artesanía. b) La administración de justicia. c) El ordenamiento del territorio, el urbanismo y la vivienda. d) La organización de las instituciones básicas de autogobierno de las comunidades autónomas. 51. Las comunidades autónomas, respecto de los recursos tributarios del Estado: a) No pueden asumir ningún tipo de competencias. b) Pueden actuar como delegados del Estado en cuanto a la recaudación y la gestión, pero no la liquidación. c) Pueden actuar como delegados o colaboradores del Estado en cuanto a la recaudación, la gestión y la liquidación. d) Pueden actuar como delegados o colaboradores del Estado exclusivamente para la recaudación. 52. Para garantizar, entre otros, un nivel mínimo en la prestación de servicios públicos fundamentales en todo el territorio español: a) El Estado y las comunidades autónomas pueden establecer tributos especiales. b) Una ley orgánica establecerá el nivel mínimo y la forma de financiación para conseguirlo. c) Puede establecerse una asignación a las comunidades autónomas en los presupuestos generales del Estado. d) El Estado puede asumir directamente el ejercicio de competencias autonómicas. 53. En cuanto a la organización territorial del poder judicial, las comunidades autónomas: a) Pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio al margen de lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial, en aquellas instancias procesales que se agoten en el ámbito territorial de las comunidades autónomas. b) No pueden proponer al gobierno la fijación de los partidos judiciales de su ámbito territorial, de acuerdo con la independencia del poder judicial. c) No pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio porque es una competencia reservada al Estado. d) Pueden participar en la organización de las demarcaciones judiciales de su territorio, de acuerdo con los supuestos y en las formas que indiquen en sus estatutos. 54. En materia de propiedad intelectual e industrial corresponde a las comunidades autónomas: a) El desarrollo legislativo y la ejecución. b) La legislación y la ejecución. c) La ejecución. d) Las bases. 55. Las leyes marco que atribuyen a las comunidades autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en materias de competencia estatal: a) Establecen la modalidad de control que los tribunales tienen que ejercer sobre las normas que dicten las comunidades. b) Establecen la modalidad de control que las Cortes Generales tienen que ejercer sobre las normas que dicten las comunidades autónomas, sin perjuicio de la competencia de los tribunales. c) Fijan los principios, las bases y las directrices a los cuales han de someterse las normas que dicten las comunidades autónomas. d) Las respuestas b) y c) son correctas. 56. Las comunidades autónomas disfrutarán de autonomía financiera para el desarrollo y la ejecución de sus competencias de acuerdo con los principios de: a) Solidaridad entre todas las comunidades autónomas. b) Progresividad, reparto equitativo de la riqueza y justicia distributiva. c) Coordinación con las haciendas locales. d) Coordinación con la hacienda estatal y solidaridad entre todos los españoles. 57. La armonización de las disposiciones normativas de las comunidades autónomas: a) Se efectuará sólo en el caso de materias atribuidas al Estado que hayan sido transferidas o delegadas a las comunidades autónomas. b) Esta armonización no afectará las normas dictadas para el desarrollo de las materias atribuidas a la competencia de las comunidades autónomas. c) Corresponderá al Estado, que dictará leyes en las que se establecerán los principios necesarios para conseguir esta armonía. d) La armonización se efectuará cuando así lo exija el interés de la seguridad nacional. 58. De acuerdo con el artículo 149.1.27 de la Constitución, el Estado tiene competencia exclusiva sobre normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión. Esto implica: a) Que corresponde al Estado el establecimiento de los criterios generales de regulación de esta materia, que han de comunes a todo el Estado. b) Un límite dentro del cual han de moverse los órganos de las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias. c) La posibilidad de que el Estado atribuya esta competencia en la comunidad autónoma mediante una ley de transferencia. d) Las respuestas a) y b) son correctas. 60. ¿Es posible que el Estado transfiera o delegue en las comunidades autónomas funciones correspondientes a materias de titularidad estatal? a) Sí, mediante un Real Decreto Ley, el Estado puede transferir materias de su competencia. b) No; si una materia es competencia del Estado, éste ejerce todas las funciones. c) No; la Constitución lo prohíbe. d) Sí, pero sólo en aquellas materias cuya naturaleza las haga susceptibles de transferencia o delegación. 61. ¿Qué ocurre con las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución española? a) Corresponden en todo caso a las comunidades autónomas. b) Corresponden en todo caso al Estado. c) Podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de los estatutos respectivos. d) Corresponderán al Estado o a las comunidades autónomas según que la materia tenga o no interés general. 62. ¿A quien corresponde la competencia sobre las materias que no hayan asumido los estatutos de autonomía? a) Corresponde al Estado o a las comunidades autónomas según si la materia tiene interés general o no. b) Corresponde al Estado. c) Corresponde a las comunidades autónomas en caso de tratarse de materias de ámbito autonómico. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 63. La cláusula residual que establece el artículo 149.3 de la Constitución: a) Opera a favor de las comunidades autónomas sólo en el supuesto de que el Estado no asuma expresamente las competencias. b) Opera a favor del Estado sólo en el caso de que las comunidades autónomas no asuman expresamente las competencias. c) Atribuye a las comunidades autónomas las funciones legislativas y ejecutivas. d) Atribuye al Estado únicamente la función legislativa. 64. En caso de conflicto entre las normas estatales y las de las comunidades autónomas, el artículo 149.3 de la Constitución establece que: a) Las normas estatales prevalecen sobre las de las comunidades autónomas. b) Las normas estatales prevalecen sobre las de las comunidades autónomas siempre que no se trate de competencias atribuidas en exclusiva a las comunidades autónomas. c) Es una manifestación de la supremacía del derecho estatal sobre el autonómico. d) Debe atenderse al sistema competencial. 65. La cláusula de supletoriedad que establece el artículo 149.3 de la Constitución dispone expresamente que: a) En cualquier caso, el derecho estatal será supletorio del derecho de las comunidades autónomas. b) El derecho estatal será supletorio del derecho de las comunidades autónomas sólo en las materias que estas no hayan regulado. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Ninguna de las respuestas es correcta. 66. El principio de prevalencia que establece el artículo 149.3 de la Constitución española: a) No atribuye superioridad natural del derecho estatal sobre el de las comunidades autónomas. b) No supone que en todos los conflictos entre una norma estatal y una norma autonómica tenga que aplicarse siempre el derecho estatal por ser prevalente. c) Opera junto al principio de competencia, respetándolo. d) Todas las respuestas son correctas. 67. Puede una comunidad autónoma atribuirse funciones legislativas sobre las instituciones de crédito cooperativo público y territorial: a) No, porque se trata de una competencia exclusiva del Estado, de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución. b) No, sólo puede tener competencias de ejecución. c) Sí, porque la exclusividad del Estado sólo está referida en las bases de la ordenación del crédito. d) Sí; es una materia sobre la cual la Constitución no atribuye ninguna competencia en el Estado. 68. ELIMINADA 69. ¿El Estado y las comunidades autónomas pueden compartir funciones legislativas sobre una determinada materia de la competencia exclusiva del Estado? a) No, se trata de una competencia exclusiva; si la tiene el Estado, ya no pueden tenerla las comunidades autónomas. b) Sí, cuando las comunidades autónomas tienen competencias de desarrollo en el marco de la legislación básica del Estado. c) No, cuando el Estado tiene la competencia legislativa, las comunidades autónomas sólo pueden tener la potestad reglamentaria. d) No, esta posibilidad resultaría contradictoria. 70. En el supuesto de que una comunidad autónoma no haya asumido como propia la competencia sobre una de las materias que prevé el artículo 148 de la Constitución: a) La asunción de las competencias del artículo 148 por parte de las comunidades autónomas es obligatoria. b) No tiene competencia sobre la materia de que se trate, dado que rige el principio dispositivo. c) La competencia corresponderá en el Estado. d) Las respuestas b) y c) son correctas. 71. Indica cuál de las respuestas es la correcta en relación a la cláusula de supletoriedad: a) La cláusula de supletoriedad permite al Estado dictar normas sobre materias competencia de las comunidades autónomas a efectos de ser aplicadas por aquellas comunidades que no hayan regulado la materia de su competencia o estén pendientes de regularla. b) La supletoriedad sólo es predicable de las normas dictadas por el Estado en materias de su competencia. c) La supletoriedad permite al legislador estatal, en materias en las que tiene atribuidas competencias sobre lo básico, elaborar ex profeso una regulación sobre el desarrollo que, si se tercia, pueda completar supletoriamente las lagunas provocadas por una inactividad autonómica en el ejercicio de estas competencias. d) Ninguna de las respuestas es correcta. 72. El Estado puede transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante una ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. En este caso: a) La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros y de personal, así como las formas de control que reserve a los tribunales. b) La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. c) El Estado no podrá reservarse medidas de control, y tendrá que prever en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros y de personal. d) El Estado tendrá que dictar las leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas con las estatales. 73. Indica la respuesta incorrecta: a) Las comunidades autónomas tienen funciones legislativas en aquellas materias de las que el artículo 149 de la Constitución atribuye la competencia exclusiva al Estado. b) Las comunidades autónomas tienen funciones legislativas si la competencia exclusiva del Estado es sobre las bases de una materia determinada. c) Las comunidades autónomas no pueden dictar leyes orgánicas. d) La competencia exclusiva del Estado sobre el procedimiento administrativo común permite a las comunidades autónomas legislar sobre las especialidades derivadas de la organización propia. 74. Señala la respuesta incorrecta. El control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas lo ejerce: a) El Tribunal Constitucional. b) El Gobierno de la nación. c) La jurisdicción contenciosa administrativa. d) Las Cortes Generales. 75. ¿Qué órgano es el competente para conocer los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas?: a) El Tribunal Supremo. b) El Consejo de Estado. c) El Tribunal Constitucional, d) La Comisión Constitucional.