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    <env:contingut rdf:parseType="Literal">![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;1. El 30 de marzo de 2026 el Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca, en sesión ordinaria, acordó aprobar inicialmente el anteproyecto de explotación para la prestación del servicio público de inspección técnica de vehículos, que incluye el estudio económico-financiero y de viabilidad económica del servicio como anexo IV.2. Todo ello, dentro de las actuaciones preparatorias para la tramitación del contrato administrativo de concesión de servicios para la mencionada prestación de servicio público.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;2. En el mismo acuerdo, se declaró la urgencia en la tramitación del expediente y en las actuaciones preparatorias y se abrió un período de exposición pública mediante la inserción de los edictos correspondientes en el tablón de edictos, en la web de la corporación y en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) por un plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio. El acuerdo se publicó en el BOIB núm. 45 de 7 de abril de 2026.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;3. El 24 de abril de 2026, dentro del transcurso del mencionado período de exposición pública, la empresa TÜV RHEINLAND presentó un escrito con tres alegaciones (RE: GE/011772/2026).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;4. Constan en el expediente el informe técnico y el jurídico, de acuerdo con los cuales se propone dar respuesta a cada una de las alegaciones presentadas.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;&lt;strong&gt;Primera alegación:&lt;/strong&gt; «De acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 44, relativo a la sucesión de empresas, la subrogación del personal de las estaciones de ITV de Maó y Ciutadella se debería prever en los futuros pliegos del concurso».&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;De acuerdo con el artículo 130 de la LCSP, cuando una norma legal o un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, se debe trasladar a los licitadores, en el mismo pliego, la información que le haya facilitado previamente la empresa empleadora actual sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación, para permitir una evaluación exacta de los costes laborales que implicará esta medida.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;De acuerdo con esto, está previsto que en los mismos pliegos se incluya la información que, una vez requerida, facilitará la adjudicataria actual sobre la subrogación de personal.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;&lt;strong&gt;Segunda alegación:&lt;/strong&gt; «La propuesta de incremento de tarifas del 12 %, teniendo en cuenta que las tarifas actuales están un 26,35 % por debajo de la media nacional, que la tasa de inflación ha aumentado un 22,20 % desde el último incremento y que el nivel de vida/costes en la isla de Menorca es superior a la media nacional, hace necesario prever en el estudio económico poder revisar anualmente las tarifas de los servicios de inspección.»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Por una parte, el artículo 289 de la LCSP contiene el derecho de los concesionarios a recibir las contraprestaciones económicas previstas en el contrato. En el mismo sentido, el punto 4.1 del estudio económico prevé las retribuciones que recibirán los futuros concesionarios, sobre las cuales dice:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;El concesionario percibe directamente del usuario las tarifas aprobadas por el Consell Insular de Menorca, establecidas mediante ordenanza y con los límites fijados en el Decreto 99/2005, de 30 de septiembre (o norma que lo sustituya). Estas tarifas tienen la consideración de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias. [...] La retribución depende de la utilización real del servicio. [...] La administración no compensa posibles pérdidas derivadas de un número de inspecciones inferior al previsto. [...]. Los riesgos económicos derivados de la explotación del servicio corresponden íntegramente a los concesionarios.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Por otra parte, el artículo 285.1 de la LCSP, a la hora de regular los «pliegos y el anteproyecto [...]» en el contrato de concesión de servicios, dice lo siguiente:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas deberán hacer referencia, como mínimo, a los aspectos siguientes: [...]&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:80px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;b) fijarán las condiciones de prestación de los servicios y, en su caso, fijarán las tarifas que hubieran de abonar los usuarios, los procedimientos para su revisión, y el canon o la participación que hubiera de satisfacerse a la Administración. En cuanto a la revisión de tarifas los pliegos de cláusulas administrativas deberán ajustarse a las previsiones contenidas en el capítulo II, del título III del libro primero.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Dentro de este contexto y a efectos de la aplicación del artículo 103 de la LCSP, sobre la procedencia y los límites de la revisión de precios dice: &lt;strong&gt;«Se entenderá por “precio” cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, sean abonadas por la Administración o por los usuarios».&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Según el estudio económico, la retribución que debe recibir el concesionario son las tarifas que abonarán los usuarios (el precio).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Continuando con la procedencia y los límites de precios del artículo 103.2 de la LCSP, este remite a la Ley 2/2015 (LDEE), de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, remisión que debe entenderse ahora hecha, en el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero (RDEE), mediante el cual se desarrolla dicha Ley.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;El punto 2 del artículo 9 del RDEE establece la previsión siguiente:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Será necesario para llevar a cabo la revisión periódica y predeterminada de precios (debe entenderse que en el momento de llevarse a cabo) que acumuladamente se den las circunstancias siguientes:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom:0px; margin-left:80px; margin-right:0px; margin-top:0px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;a) Que el período de recuperación de la inversión del contrato sea igual o superior a cinco años&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom:0px; margin-left:80px; margin-right:0px; margin-top:0px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;b) Que así se haya previsto en los pliegos, los cuales deberán detallar la fórmula de revisión aplicable.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En el punto 5.4.1 del estudio económico se detallan las inversiones necesarias y, en el punto 5.8, sobre la recuperación de la inversión, se concluye que el período de recuperación de las inversiones necesarias será inferior a los cinco años, lo cual hará inviable, ya de entrada, la posibilidad de prever ninguna revisión, ni periódica ni predeterminada en los pliegos de las tarifas.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Por otra parte, según el punto 10 del artículo 103 de la LCSP, el hecho de que no sea posible la revisión periódica y predeterminada de precios no imposibilita la solicitud del restablecimiento del equilibrio económico en las circunstancias previstas en la LCSP, sobre todo con base al artículo 290 y relacionados.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;&lt;strong&gt;Tercera alegación:&lt;/strong&gt; «Si, como en los anteriores concursos, el canon se convierte en un elemento de las ofertas que deberán presentar aquellos que quieran optar al contrato concesional, habría que gestionarlo correctamente para que no pueda influir en el equilibrio económico de dicho contrato. No tiene justificación económica que el importe de canon previsto en el estudio económico se convierta en canon mínimo en los pliegos del concurso.»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Una de las principales novedades de la LCSP, mediante la cual se transpusieron al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, fue la incorporación en la normativa española del concepto de «riesgo operacional en las concesiones».&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;El artículo 15 de la LCSP define el contrato de concesión de servicios y especifica que el derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional y se remite al artículo 14.4, en el que, tras definirlo, señala:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Se considera que el concesionario asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones normales de funcionamiento, este pueda recuperar las inversiones efectuadas ni cubrir los costes en que haya incurrido como consecuencia de la explotación de las obras que sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el concesionario no sea meramente nominal o despreciable.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En el artículo 285.2 de la misma Ley, en relación con las actuaciones preparatorias del contrato de concesión de servicios, se establece (en el punto 2) que «la tramitación del expediente debe ir precedida de la realización y la aprobación de un estudio de viabilidad de estos o, en su caso, de un estudio de viabilidad económico-financiera, que tienen carácter vinculante en los supuestos en que concluyan en la inviabilidad del proyecto». Dicho artículo también establece (en el punto 1, apartado c) que se deben regular «la distribución de riesgos entre la Administración y el concesionario en función de las características particulares del servicio, si bien en todo caso el riesgo operacional le corresponde al contratista».&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Dentro del anteproyecto y concretamente en el estudio económico (anexo IV.2), se concluye la viabilidad del proyecto y se lleva a cabo un análisis sobre la transmisión del riesgo operacional que debe asumir obligatoriamente el concesionario. Entre otros aspectos, también define la función del canon a satisfacer por el concesionario (punto 4.2):&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;div style="page-break-after:always"&gt;&lt;span style="display:none"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Su función es: Garantizar que los concesionarios afronten un riesgo económico real en la ejecución del contrato; Compensar a la administración por los gastos derivados de su actividad de control y gestión del servicio; Evitar que las empresas adjudicatarias gocen de una posición excesivamente favorable en un sector con una demanda prácticamente asegurada.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;De todo ello se concluye que el canon fijado en función de las características particulares del servicio de las ITV es uno de los elementos básicos dentro de la distribución de riesgos entre el concesionario y el Consell Insular, según el estudio económico que contiene el anteproyecto, y debe convertirse en canon mínimo en los pliegos, por el motivo principal de que se mantenga la transmisión del riesgo operacional previsto en el régimen de concesión para serlo.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En cuanto a la cuestión sobre la gestión correcta que se debe hacer del canon para que no pueda influir en el equilibrio económico, se debe dejar claro que los licitadores son los únicos responsables de la oferta que presenten y, sobre todo, de su viabilidad económica.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;No obstante, esto no implica que el Consell Insular, en la elaboración de los pliegos, no pueda tomar todas las medidas que crea oportunas para evitar que las ofertas presentadas por los licitadores, respecto del canon y otros aspectos, puedan poner en peligro ni la viabilidad económica del servicio público de las ITV, ni tampoco una correcta ejecución del contrato.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;5. De acuerdo con los informes técnico y jurídico, se han introducido de oficio los cambios que a continuación se detallan:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;5.1. Sobre el estudio económico-financiero y de viabilidad económica que contiene el anteproyecto de explotación del servicio de ITV aprobado inicialmente (anexo IV.2):&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En relación con este estudio y dentro del plan interno de preparación de las actuaciones previas, han surgido dudas sobre las diferentes apreciaciones en torno al término «precio» y sus diferentes acepciones en la LCSP y también dentro del régimen económico privado y del contable.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En el estudio económico del servicio de ITV se utilizan diferentes acepciones del término «precio»: estimaciones de precio, precio estimado, precio del contrato, etc., los cuales en ningún caso se discuten.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;No obstante, estas acepciones diferentes a raíz del concepto «precio» creaban dudas en el ámbito interno, como cuál era el «valor estimado del contrato» según el artículo 101.1 b de la LCSP.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Por ello, se solicitaron unos cambios al autor del estudio con fines aclaratorios en cuanto al concepto y un apartado específico sobre la determinación del valor estimado del contrato según dicho artículo 101.1 b, que no han modificado ni los cálculos ni las apreciaciones del informe económico.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;5.2. De acuerdo con el informe jurídico, se ha añadido de oficio en el texto principal del anteproyecto (en el punto 4.4, en cuanto a los aspectos económicos, y después del párrafo que comienza diciendo: «Por lo tanto, el órgano de contratación podrá introducir modificaciones [...]» el texto siguiente:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«No obstante, y en relación con la posibilidad de introducir en los pliegos la revisión periódica y predeterminada de las tarifas, se debe tener en cuenta que, dadas las características particulares de esta concesión, esto no es posible por los motivos siguientes:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En cuanto a la procedencia y los límites de precios del artículo 103.2 de la LCSP, este nos remite a la Ley 2/2015 (LDEE), de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, remisión que debe entenderse hecha ahora, en el artículo 9 del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero (RDEE), mediante el cual se desarrolla dicha Ley.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;El punto 2 del artículo 9 del RDEE establece:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Será necesario para llevar a cabo la revisión periódica y predeterminada de precios (debe entenderse que en el momento de llevarse a cabo) que acumuladamente se den las circunstancias siguientes:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom:0px; margin-left:80px; margin-right:0px; margin-top:0px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;a) Que el período de recuperación de la inversión del contrato sea igual o superior a cinco años.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom:0px; margin-left:80px; margin-right:0px; margin-top:0px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;b) Que así se haya previsto en los pliegos, los cuales deberán detallar la fórmula de revisión aplicable.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En el punto 5.4.1 del estudio económico se detallan las inversiones que son necesarias y en el punto 5.8 sobre la recuperación de la inversión se concluye que el período de recuperación de las inversiones necesarias será inferior a los cinco años, lo cual hace inviable ya de entrada la posibilidad de prever ninguna revisión, ni periódica ni predeterminada, de las tarifas en los pliegos.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Por otra parte, según el punto 10 del artículo 103 de la LCSP, el hecho de que no sea posible la revisión periódica y predeterminada de precios no imposibilita la solicitud del restablecimiento del equilibrio económico en las circunstancias previstas en la LCSP, sobre todo de acuerdo con el artículo 290 y relacionados.»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;5.3. De acuerdo con el informe técnico, se han introducido de oficio en el anteproyecto los cambios que se detallan a continuación:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En el documento principal del anteproyecto:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Después del primer párrafo del punto 6.1 del anteproyecto, &lt;strong&gt;donde decía&lt;/strong&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«Se adjudicarán dos lotes para la prestación del servicio de ITV, que se definen a continuación:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;LOTE 1: Ciutadella: estación fija con 1 línea de inspección para vehículos ligeros y 1 línea universal.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;LOTE 2: Maó: estación fija con 1 línea de inspección para vehículos ligeros y 1 línea universal.»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Ahora dice:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«Se adjudicarán dos lotes para la prestación del servicio de ITV, que se definen a continuación:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;LOTE 1: Ciutadella: estación fija con 1 línea de inspección para vehículos ligeros y 1 línea universal.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;LOTE 2: Maó: estación fija con 1 línea de inspección para vehículos ligeros, 1 línea universal y un box externo de inspección de motos u otras etapas.»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En el punto 6.1 del anteproyecto, en la frase que da pie al listado de inspecciones que va desde la letra a hasta la m, &lt;strong&gt;donde decía&lt;/strong&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«Las inspecciones que se podrán realizar en todas las estaciones, incluida la móvil, se describen en el pliego de prescripciones técnicas, y son las siguientes:»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Ahora dice:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«Las inspecciones que se podrán llevar a cabo en todas las estaciones fijas se describen en el pliego de prescripciones técnicas, y son las siguientes:»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En el punto 6.1 del anteproyecto, después del listado de inspecciones que va de la letra a hasta la m y antes de la última frase del punto 6.1, se ha añadido la frase siguiente:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«Las inspecciones que se deben realizar en la unidad móvil son las mencionadas anteriormente excepto las letras g, h, j, k, l y m.»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En el punto 6.2, &lt;strong&gt;donde decía&lt;/strong&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«Inspecciones a ciclomotores»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Ahora dice:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«Inspecciones a ciclomotores y vehículos agrícolas»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;También en el punto 6.2, &lt;strong&gt;donde decía&lt;/strong&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«El Consell Insular de Menorca podrá exigir que la empresa concesionaria realice inspecciones técnicas de ciclomotores en las localidades y en los períodos que así lo establezca mediante una unidad móvil. No obstante, la empresa concesionaria podrá realizar inspecciones técnicas con unidades móviles cuando lo crea conveniente, lo cual deberá comunicar previamente al Consejo Insular.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En ningún caso se podrá considerar a las unidades móviles como una línea fija para realizar inspecciones en las propias estaciones.»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Ahora dice:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«El Consell Insular de Menorca podrá exigir que la empresa concesionaria realice inspecciones técnicas de ciclomotores y de vehículos agrícolas en las localidades y en los períodos que así lo establezca mediante una unidad móvil, cumpliendo con las pautas del pliego de prescripciones técnicas. No obstante, la empresa concesionaria podrá llevar a cabo inspecciones técnicas con unidades móviles cuando lo crea conveniente, lo cual deberá comunicar previamente al Consell Insular.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En caso de que sea necesario y con la justificación oportuna, se podrá considerar la unidad móvil como una línea adicional para hacer inspecciones de ciclomotores y vehículos agrícolas en las mismas estaciones. En tal caso, será necesaria la aprobación del Consell Insular.»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En el anexo I del anteproyecto, en el segundo párrafo del punto 14.2, DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO, &lt;strong&gt;donde decía:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«Sobre esta superficie se disponen dos edificaciones de geometría rectangular con una superficie total construida de 827,45 m²: la principal, destinada a las dos líneas de inspección existentes y a los servicios administrativos y de personal, con una superficie construida de 728,0 m², y una construcción secundaria dedicada al box de control de emisión de contaminantes (humos de vehículos diésel y ruido) y de ciclomotores, con una superficie construida de 99,45 m².»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Ahora dice:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«Sobre esta superficie se disponen dos edificaciones de geometría rectangular con una superficie total construida de 827,45 m²: la principal, destinada a las dos líneas de inspección existentes y a los servicios administrativos y de personal, con una superficie construida de 728,0 m², y una construcción secundaria dedicada al box de control de emisión de contaminantes (humos de vehículos diésel y ruido) y de ciclomotores, o bien a otras etapas de la inspección con una superficie construida de 99,45 m².»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;En la primera frase del punto 16, UNIDAD MÓVIL, &lt;strong&gt;donde decía:&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«En la estación de Maó se dispone de unidad móvil para la inspección periódica a ciclomotores.»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Ahora dice:&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-left:40px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;«Se dispone de unidad móvil para la inspección periódica a ciclomotores y vehículos agrícolas.»&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;6. El anteproyecto de explotación contiene los requisitos previos y específicos del contrato de concesión de servicios para la gestión de un servicio público, y principalmente son los siguientes:&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom:0px; margin-left:40px; margin-right:0px; margin-top:0px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;a) El establecimiento del régimen jurídico que declara expresamente que la actividad de la que se trata queda asumida por la administración respectiva como propia; determina el alcance de las prestaciones a favor de los administrados; regula los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio (artículo 284.2 LCSP).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom:0px; margin-left:40px; margin-right:0px; margin-top:0px"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;b) Un estudio de viabilidad económico-financiera y de viabilidad económica del proyecto de explotación (artículo 285.2 LCSP), que concluye la viabilidad del proyecto.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;7. La Oficina Nacional de Evaluación (ONE), órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, de acuerdo con el artículo 333 de la LCSP, tiene como finalidad analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesión de servicios siempre que el valor estimado supere el millón de euros.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;No obstante, según las conclusiones del informe jurídico complementario al de la aprobación inicial de este expediente, finalmente no corresponde solicitar informe a la ONE, porque no se prevén en él aportaciones públicas ni ninguna medida de apoyo al financiación del concesionario y, en relación con las tarifas, son totalmente asumidas por el concesionario.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;8. Continuando con las consideraciones del informe jurídico, se debe prever que una vez adjudicados y formalizados los contratos de concesión se deben remitir al comité técnico de cuentas nacionales (disposiciones adicionales 45 y 46), a fin de que este organismo emita un informe sobre los efectos de la concesión de servicios en las cuentas económicas del Consell Insular de Menorca.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;9. Se hace constar que en el anteproyecto y en el estudio económico y de viabilidad económica, y en relación con el artículo 289 de la LCSP, el concesionario recibirá directamente de los usuarios la contraprestación económica en forma de tarifa, lo cual hace necesario aprobar la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter no tributario correspondiente.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;10. En cuanto a la competencia para aprobar definitivamente el expediente, se debe tener en cuenta que la Ley 4/2022, de 28 de junio, de consejos insulares, conllevó un cambio significativo respecto de la ley anterior, en el sentido de que atribuye al Consejo Ejecutivo el grueso de las competencias en materia de contratación, cualquiera que sea su cuantía y duración (a excepción de la contratación menor), y solo reserva al Pleno la competencia para crear, modificar y suprimir los servicios públicos de competencia insular, determinar sus formas de gestión y aprobar la prestación de los servicios públicos y de actividades económicas en régimen de monopolio de acuerdo con la legislación sobre la competencia.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;No se modifica la forma de gestión del servicio y se mantienen prácticamente las mismas condiciones establecidas en el proyecto de explotación anterior, actualizando el marco normativo e incluyendo un nuevo estudio económico-financiero y de viabilidad económica, motivo por el cual la aprobación de estos documentos corresponde al Consejo Ejecutivo.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Vista la propuesta del consejero ejecutivo del Departamento de Movilidad, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 33 de la Ley 4/2022, de 28 de junio, de consejos insulares, en relación con el Decreto de presidencia núm. 227/2023, de 17 de noviembre, de extinción de un departamento y reestructuración del resto de departamentos (BOIB núm. 158 de 21 de noviembre de 2023);&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;El Consejo Ejecutivo, por unanimidad y en votación ordinaria, adopta el siguiente&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;&lt;strong&gt;ACUERDO&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;&lt;strong&gt;Primero.&lt;/strong&gt; Aprobar definitivamente el proyecto de explotación para la prestación del servicio público de inspección técnica de vehículos que contiene el estudio económico-financiero y de viabilidad económica (anexo IV.2), con los cambios detallados en esta propuesta y que, según el informe técnico y el informe jurídico, no son esenciales sino que se recogen con fines aclaratorios.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;&lt;strong&gt;Segundo.&lt;/strong&gt; Trasladar a TÜV RHEINLAND las respuestas a las alegaciones presentadas y que constan en el punto 4 de esta propuesta.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;&lt;strong&gt;Tercero.&lt;/strong&gt; Publicar el acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de explotación para la prestación del servicio público de inspección técnica de vehículos, que se llevará a cabo mediante un contrato administrativo de concesión de servicios, en el Boletín Oficial de las Illes Balears a efectos de conocimiento general, así como en el tablón de edictos y la sede electrónica del Consell Insular de Menorca.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Contra este acuerdo, que no agota la vía administrativa, puede interponerse un recurso de alzada ante la Comisión de Gobierno, por administrativo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de Palma.delegación del Pleno del Consejo Insular de Menorca (Acuerdo de 31-7-2023, BOIB núm. 109 de 5-8-2023), en el plazo de un mes a partir del día siguiente en que se haya publicado, de acuerdo con el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. El mencionado recurso se entenderá desestimado, si no se notifica la resolución correspondiente, cuando hayan transcurrido tres meses des de su interposición. Contra la desestimación del recurso de alzada por silencio administrativo se puede interponer recurso contencioso.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt; &lt;/p&gt;

&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Maó, 10 de junio de 2026&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;span style="font-family:Times New Roman,Times,serif; font-size:12px"&gt;Por delegación del presidente&lt;span style="display:block; line-height:1.6; margin-bottom:0px; margin-top:0px"&gt; &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;El secretario del Consejo Ejecutivo&lt;span style="display:block; line-height:1.6; margin-bottom:0px; margin-top:0px"&gt; &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;Octavi Pons Castejón&lt;span style="display:block; line-height:1.6; margin-bottom:0px; margin-top:0px"&gt; &lt;/span&gt;(DP 129/2023, de 27 de julio)&lt;span style="display:block; line-height:1.6; margin-bottom:0px; margin-top:0px"&gt; &lt;/span&gt;(BOIB núm. 106 de 29-7-2023)&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
]]</env:contingut>
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